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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-02793-01

Fecha
13 de diciembre de 2023
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-02793-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la decisión impugnada, proferida el 21 de septiembre de 2023 por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en el entendido de declarar improcedente la acción de tutela promovida por los señores Misael José Muñoz Arismendi y Martha Jaqueline Méndez Carballo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión 18 Al respecto, por mencionar algunas, se pueden consultar las sentencias SU-424 de 2012 y T-584 de 2012. 16 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2023-02793-01 Demandante: Martha Jaqueline Méndez Carballo y otro

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-02793-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

13 de diciembre de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2023-02793-01
Demandante: Martha Jaqueline Méndez Carballo y otro

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., trece (13) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2023-02793-01
Demandante MARTHA JAQUELINE MÉNDEZ CARBALLO Y OTRO
Demandado COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL Y OTROS
Temas Acción de tutela contra providencias judiciales. Sanción disciplinaria.
Subsidiariedad.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por los señores Misael José Muñoz
Arismendi y Martha Jaqueline Méndez Carballo contra la sentencia de 21 de
septiembre de 2023, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, que dispuso:
“[…] Primero: Rechazar por improcedente la acción de tutela instaurada por los señores
Martha Jaqueline Méndez Carballo y Misael José Muñoz Arizmendi en contra de la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial y de las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial de
Córdoba y de Sucre, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
[…]”

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 24 de mayo de 20231, los señores Misael José Muñoz Arismendi y Martha
Jaqueline Méndez Carballo interpusieron acción de tutela, mediante apoderado
judicial, contra la Comisión Nacional de Disciplina judicial y las Comisiones
Seccionales de Disciplina Judicial de Córdoba y Sucre, por considerar vulnerados
sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la honra y al buen
nombre con ocasión a la expedición de los fallos sancionatorios, dictados dentro del
expediente Nro. 23001-11-02-000-2018-00236-00/01.

En consecuencia, formularon las siguientes pretensiones:
“1. TUTELAR los derechos fundamentales de mis representados al debido proceso,
presunción de inocencia, non bis- ídem, honra, buen nombre e igualdad. En
consecuencia:
2. REVOCAR la sentencia en segunda instancia, proferida por la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial, con ponencia del magistrado Juan Carlos Granados Becerra, en la
que se condena a mis representados con seis (6) meses de suspensión sin ejercer la
actividad profesional y al pago de ocho (8) SMMLV, por las razones que fueron expuestas
y las que se expondrán en la parte motiva de esta acción constitucional.
3. Como pretensión subsidiaria a la principal, solicito declarar la nulidad de todo lo actuado
por violación del Debido Proceso y falta de garantías de defensa y contradicción,

1 Samai, índice 2. Expediente Nro. 11001-03-15-000-2023-02793-00.
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notificación y principio de publicidad, dado que mis representados no fueron enterados
de la actuación ni en primera ni en segunda instancia, no pudieron defenderse y conocer
materialmente las fundamentos de su sanción.
4. ORDENAR a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Córdoba, que investigue de
oficio, por faltas al abogado Luis Eduardo Pérez pastrana que es quien, con su actuar, y
en compañía de su hermano Alfonso Pérez Ortiz se rebela contra la ética profesional y
las conductas que castiga la ley 1123 de 2007. Sin embargo, al tener el primero calidad
de abogado titulado, le compete a la referida entidad iniciar con la investigación por los
hechos que aquí se plasmaron, acompañado del acervo probatorio.
5. ORDENAR a la asociación Asolavamos y a su actual representante legal, retractarse, por
los mismos medios en que lo han hecho, de las afirmaciones deshonrosas y calumniosas
en contra de mis representados que han afirmado en los últimos seis (6) años desde que
se hizo la negociación con la Alcaldía de Montería, donde han afirmado y han regado en
toda la ciudad de Montería, que mis representados “son unos ladrones” y les “robaron”
su dinero producto del dinero que entregó el ente territorial en el mes de noviembre del
año 2017.
6. COMPULSAR COPIAS a la Fiscalía General de la Nación de Córdoba y al Gaula de la
Policía Metropolitana de Montería, con el fin de que investiguen penalmente a los señores
Alfonso Pérez Ortiz y Luis Alfredo Pérez Pastrana, la presunta comisión de delitos de
falsa denuncia, fraude procesal, y en calidad de determinadores o coautoría en otros tipos
penales, como las que han cometido los miembros de la agremiación: Amenazas,
extorsión, Constreñimiento, lesiones personales, injuria y calumnia agravadas y por vías
de hecho, entre otras. Así mismo para que esas entidades den impulso y celeridad
procesal a las denuncias presentadas. En el Gaula, reposa una denuncia penal por
Extorsión desde el año 2020 que presentó mi representado Misael Muñoz en contra de
su victimario Juan Carlos Alzandre González.
7. Solicito que se vincule a la Fiscalía General de la Nación de Córdoba, con el fin de que
aporte las pruebas de la investigación que fue presentada en contra de ellos por el punible
de Estafa. Así mismo del estado actual de las denuncias penales que han interpuesto mis
poderdantes en esa entidad contra sus victimarios.” (Sic a toda la cita)

2. Hechos

Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. Para el año 2009, los abogados Martha Jaqueline Méndez Carballo y el señor
Misael José Muñoz Arizmendi fueron contactados por el señor José de Dios
Alba (hoy fallecido), quien era líder de una comunidad de lavadores de carros
y motos, hoy Asolavamos, que ejercían su oficio en el espacio público en la
orilla del río Sinú. Con el proyecto de expansión de la Ronda del Sinú, el
alcalde de turno decidió desalojar a los lavadores, situación que generó una
problemática entre la asociación y la Alcaldía de Montería.

2.2. Los hoy accionantes aceptaron representar a los miembros de la mencionada
asociación, pactando como forma de pago la modalidad de honorarios a cuota
litis, con lo cual estuvo de acuerdo el señor Julio César Pérez Suárez, como
sucesor del señor José de Dios Alba.

2.3. Actuando como apoderados de la agremiación, los señores Méndez Carballo
y Muñoz Arizmendi presentaron acción de tutela contra la Alcaldía de
Montería, solicitando el amparo de los derechos al trabajo y al mínimo vital de
los lavadores de carros al no existir ninguna alternativa de reubicación. Acción
que fue negada en primera y segunda instancia.

2.4. La mencionada acción de tutela fue seleccionada por la Corte Constitucional
para eventual revisión, profiriéndose la sentencia T-458 de 2011, con ponencia
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del magistrado Jorge Pretelt Chaljub, en donde se decidió amparar los
derechos fundamentales de los lavadores de carros, ordenando el reintegro de
las personas a su lugar de trabajo, así como también, establecer un plan de
reubicación o alternativas económicas que permitiera que la asociación no se
viera afectada por la entrega del espacio en donde trabajaban.

2.5. Pese a existir un pronunciamiento de la Corte Constitucional las autoridades
de la Alcaldía de Montería no habían dado cumplimiento a la sentencia T-458
de 2011. Para noviembre de 2017, se logró llegar a un acuerdo económico
entre la agremiación y la alcaldía por la suma de $450.000.000, para que los
lavadores desalojaran el espacio público.

2.6. De la suma obtenida los hoy accionantes descontaron el 50% del valor por
concepto de honorarios, por la modalidad de cuota litis, en razón a los ocho
años de servicios, la defensa y los gastos que tuvieron que asumir inherentes
al proceso.

2.7. En el año 2018, la señora Nurys Ester González Coavas formuló queja
disciplinaria en contra de los accionantes, por la presunta apropiación de un
mayor porcentaje de las sumas de dinero pactadas inicialmente por concepto
de honorarios, en el caso de “Asolavamos” contra la Alcaldía de Montería.

Proceso que fue conocido por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Córdoba, quien dictó fallo de primera instancia el 13 de mayo de 2020,
declarando disciplinariamente responsable a los señores Méndez Carballo y
Muñoz Arismendi. Decisión que fue confirmada en segunda instancia por la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que dictó sentencia del 31 de marzo
de 2023, en la cual les impuso sanción consistente en la suspensión del
ejercicio de la profesión por el término de 6 meses y el pago de una multa de
8 smmlv.

De la existencia de este proceso disciplinario, conocieron los accionantes
hasta el 9 de mayo de 2023, cuando realizaron una consulta de procesos y
advirtieron su existencia, pues este trámite nunca les fue notificado por lo que
no ejercieron derecho de defensa ni contradicción.

2.8. Desde la fecha de la negociación con la Alcaldía de Montería, que adelantaron
como apoderados de la asociación, los actores han sido víctimas de
acusaciones, amenazas y agresiones que atentan contra su vida e integridad,
por parte de algunos integrantes de “Asolavamos”, quienes están inconformes
con los valores pagados.

2.9. Aseguran que, desde el año 2013 el señor Alfonso Pérez Ortiz ha intentado
participar del negocio pactado por los accionantes con la asociación de
lavadores de carros y motos, con la intención de quedarse con él y entorpecer
el desarrollo de los trámites que los accionantes adelantaron con la
comunidad, para ello se ha hecho pasar como apoderado de la asociación sin
serlo, por lo que, los señores Méndez Carballo y Muñoz Arismendi han
presentado denuncias penales en su contra.

3. Fundamentos de la acción

El apoderado de los actores expuso como fundamentos de esta acción múltiples

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inconformidades, en diferentes aspectos, que se han presentado a lo largo de los
años entre los señores Misael José Muñoz Arismendi, Martha Jaqueline Méndez
Carballo y la asociación de lavadores Asolavamos, Alfonso Pérez Ortiz, Luis Alfredo
Pérez Pastrana, entre otras personas y autoridades.

En primera medida, mencionó que contra los señores Muñoz Arismendi y Méndez
Carballo se adelantó el proceso disciplinario Nro. 23001-11-02-000-2018-00236-
00/01, sin que tuvieran conocimiento de su existencia, por lo que solo después de
que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial dictó sentencia de segunda instancia
consultaron el portal de la Rama Judicial y advirtieron la existencia de la sanción en
su contra, lo que vulneró sus derechos a la defensa y contradicción.

Al respecto señaló que, si bien ya existe sanción en contra de sus poderdantes lo
cierto es que las autoridades judiciales debieron eximirlos de la responsabilidad
disciplinaria, al configurarse varias de las causales del artículo 22 de la Ley 1123 de
2007, entre ellas obrar en estricto cumplimiento de un deber constitucional de mayor
importancia que el sacrificado.

Adicionó que en el proceso disciplinario tampoco se había desvirtuado la presunción
de inocencia de los hoy accionantes, pues la anotación del registro hacía referencia
a la palabra “presunta” al referirse a falta cometida, así: “[…] presunta comisión de la
falta descrita en el artículo 35 núm. 4 de la ley 1123 de 2007 […]” (Énfasis propio), lo que
significaba que no había claridad de que se hubiera cometido la falta, lo que es
contrario a la certeza que debe tener una sentencia.

Además realizó un recuento de los defectos que adolecía la sentencia del proceso
disciplinario, mencionando que existió error inducido pues la quejosa omitió aportar
los datos de notificación para así perjudicar a los accionantes; incurría en defecto
sustantivo pues no se aplicó el artículo 22, numeral 2 y siguientes de la ley 1123 de
2007; por desconocimiento del precedente al no haber tenido en cuenta la
jurisprudencia desarrollada en materia de cuota litis pues el cobro del 50% es
apropiado; en violación directa de la constitución pues a los accionantes se les
desconoció el derecho de defensa y publicidad en el proceso y se le dio mayor
prioridad a los supuestos económicos que al derecho a la vida de los accionantes;
y en defecto procedimental “al apelar una sentencia del año 2020 que hizo tránsito a cosa
juzgada”.

Como otro punto manifestó que, se vulneraba también el derecho al debido proceso,
en razón a que la señora Nurys Ester González Coavas no se encontraba legitimada
para presentar la queja disciplinaria en contra de los accionantes, pues ella no hacía
parte de la asociación de lavadores, simplemente se tuvo en cuenta como
beneficiaria por orden del representante legal, para que remplazara a su hermano
fallecido, quien sí pertenecía a esta agremiación.

Confirmó que a ella solo se le consignó $2.000.000, suma que efectivamente es
inferior a la pagada a los beneficiarios directos, pues el dinero excedente se le
consignó a las Directivas de la Asociación el 1 de diciembre de 2017, de
conformidad con un nuevo acuerdo al que llegaron para que los apoderados
recibieran como honorarios menos del 50% de lo obtenido. Sumado a ello, la
quejosa no aportó la dirección de notificación de los accionantes, de mala fe.

De otro lado señaló que, como consecuencia de la inconformidad de los miembros
de la asociación, estos adelantaron procesos penales contra los señores Muñoz
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Arismendi y Méndez Carballo por estafa, procesos que no prosperaron pues no se
encontró mérito en ellos.

Como otro aspecto añadió que algunos de los integrantes de la asociación han
agredido física y verbalmente a los accionantes, en su concepto, motivados por el
señor Alfonso Pérez Ortiz y Luis Alfredo Pérez Pastrana, razón por la cual, se han
presentado denuncias contra estos, sin que se advierta avance en las gestiones de
la Fiscalía General de la Nación, lo cual genera una vulneración al derecho a la
igualdad pues las denuncias presentadas contra Muñoz Arismendi y Méndez
Carballo si avanzaron.

Finalmente, puso de presente que aparentemente se adelanta otro proceso
disciplinario en contra de la abogada Martha Jaqueline Méndez Carballo en la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Sucre, por temas similares al discutido
en el proceso Nro. 23001-11-02-000-2018-00236-00/01, lo que vulneraría la
garantía del non bis in ídem. Como sucede con el proceso penal que fue archivado
al no encontrar méritos para continuar, en el cual se investigaron los mismos
hechos.

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. Mediante auto de 2 de junio de 20232, el despacho sustanciador requirió al
apoderado de la parte actora con la finalidad de que allegara: (i) el poder
especial para actuar en esta acción constitucional con el lleno de los requisitos,
e (ii) identificara las providencias judiciales que se cuestionan, para tener
claridad de las acciones y omisiones en las que incurrió la Comisión Nacional
de Disciplina judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial de
Córdoba y Sucre, al ser las accionadas. Requerimiento que fue subsanado por
la parte actora.

4.2. Con auto del 23 de junio de 20233, el magistrado ponente realizó un segundo
requerimiento a la parte demandante para solicitar: (i) que se expusieran las
razones por las cuales la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Sucre
podría estar vulnerando derechos, (ii) identificara el proceso disciplinario en el
cual se estaría vulnerando el principio de non bis in ídem, e (iii) indicara si
habían presentado algún derecho de petición ante esta Comisión Seccional
para solicitar información al respecto. Esto con la finalidad de que la
vinculación como demandado en el proceso no fuera una decisión arbitraria
sino fundada.

4.3. El 12 de julio de 20234, se admitió la acción de tutela interpuesta por los
señores Misael José Muñoz Arismendi y Martha Jaqueline Méndez Carballo
contra la Comisión Nacional de Disciplina judicial y las Comisiones
Seccionales de Disciplina Judicial de Córdoba y Sucre; se vinculó en calidad
de tercero a la señora Nurys Ester González y a las demás personas que
intervinieron dentro del proceso disciplinario Nro. 23001-11-02-000-2018-
00236-00/01; se reconoció al abogado Miguel Muñoz Méndez como
apoderado judicial de la parte demandante; y se dispuso efectuar las
notificaciones correspondientes.

2 Samai, índice 5. Expediente Nro. 11001-03-15-000-2023-02793-00.
3 Samai, índice 11. Expediente Nro. 11001-03-15-000-2023-02793-00.
4 Samai, índice 17. Expediente Nro. 11001-03-15-000-2023-02793-00.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-02793-01
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4.4. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Córdoba5, a través de la
magistrada María del Socorro Jiménez Causil informó que efectivamente
tramitó en primera instancia el proceso disciplinario Nro. 23001-11-02-001-
2018-00236-00, contra los doctores Martha Jaqueline Méndez Carballo y
Misael José Muñoz Arismendi.

Mencionó que dio apertura al proceso el 13 de junio de 2018, sin que
concurrieran los disciplinados a pesar de haberles notificado cada una de las
actuaciones, pero para garantizarles el derecho de defensa se les declaró
persona ausente y se les designó defensor de oficio, instancia que culminó con
la sentencia del 13 de mayo de 2020 en la que se les sancionó con “suspensión
del ejercicio de la profesión por el término de seis (6) meses y multa de ocho (8) salarios
mínimos legales mensuales, por hallarse acreditada la comisión de la falta disciplinaria
consagrada en el numeral 4° del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, por incumplimiento del
deber previsto en el numeral 8° del artículo 28 de la misma ley, a título de dolo […]”.

Señaló que el proceso fue remitido para trámite de segunda instancia el 10 de
marzo de 2023, para que allí se resolviera el recurso de apelación que fue
presentado por el defensor de oficio de los señores Méndez Carballo y Muñoz
Arismendi.

Solicitó que se negara el amparo, pues considera que no se han vulnerado los
derechos fundamentales de los accionantes, pues todo el trámite disciplinario
de primera instancia se ciñó rigurosamente a la Ley 1123 de 2007.

4.5. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial6, afirmó que no ha dictado
sentencia de segunda instancia dentro del trámite disciplinario Nro. 23001-11-
02-000-2018-00236-01, toda vez que el expediente fue recibido el 10 de marzo
de 2023 proveniente de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Córdoba, para resolver el recurso de apelación presentado el 19 de mayo de
2020 por el defensor de oficio de los disciplinados, contra la sentencia del 13
de mayo de 2020, en la que se le sancionó con suspensión del ejercicio de la
profesión por el término de 6 meses y multa de 8 smmlv.

Indicó que con la remisión del expediente se anexó un documento que permitía
advertir la posible dilación por parte de los empleados de la Secretaría de la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Córdoba, pues habiéndose
presentado recurso de apelación contra la sentencia el 19 de mayo de 2020,
solo pasó al despacho para que se estudiara si era viable conceder el recurso
el 9 de marzo de 2023. Por lo que se compulsaron copias para que se
adelantara la investigación disciplinaria correspondiente.

Frente al trámite que se le ha dado al proceso en segunda instancia se informó
que el expediente le fue repartido al magistrado Juan Carlos Granados Becerra
el 30 de marzo de 2023, para resolver el recurso de apelación presentado
contra el fallo de primera instancia, y que actualmente se encuentra la fila para
ser tramitado de conformidad con el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009, por lo
que no existe aún sentencia de segunda instancia.

Adujo que no existe vulneración alguna de derechos fundamentales, y que
tampoco se observaba que se hubiera configurado un defecto o una vía de

5 Samai, índice 24 y 25. Expediente Nro. 11001-03-15-000-2023-02793-00.
6 Samai, índice 27 y 33. Expediente Nro. 11001-03-15-000-2023-02793-00.
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hecho en la sentencia de segunda instancia, porque esta aún no se ha dictado,
por lo que solicitó se declarara la improcedencia de la acción, o en su defecto,
se negaran las pretensiones.

4.6. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Sucre y la señora Nurys
Ester González, a pesar de ser notificados en debida forma, guardaron
silencio.

5. Providencia impugnada

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en sentencia del 21 de
septiembre de 20237, rechazó por improcedente la solicitud de amparo, al no
encontrarse satisfecho el requisito de subsidiariedad.

Señaló que si bien los accionantes enunciaron los defectos especiales en los que
había incurrido la sentencia disciplinaria, resulta ser que la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial no ha dictado aún el fallo de segunda instancia en el proceso Nro.
23001-11-02-000-2018-00236-00/01, pues solo hasta el 30 de marzo de 2023 le fue
asignado el expediente al magistrado Juan Carlos Granados Becerra, lo que quiere
decir que no existe ninguna actuación a la que se le pueda endilgar la supuesta
amenaza o vulneración de derechos.

Añadió que, si lo cuestionado era la sentencia de primera instancia, mal haría el
juez constitucional al inmiscuirse en ese asunto cuando se encuentra en trámite el
proceso ordinario, por lo que no se puede invadir la órbita de la autoridad judicial
que tiene a cargo el conocimiento del proceso. Precisó que la acción de tutela no
es un mecanismo complementario al proceso ordinario, pues se debe respetar el
actuar del juez natural.

Así mismo, aseguró que al no haberse resuelto aún el proceso disciplinario, no es
posible en esta sede analizar los argumentos de disenso planteados. Precisó que
de considerar que se dio indebida notificación en el trámite de primera instancia
puede solicitar la nulidad dentro del proceso disciplinario, de conformidad con lo allí
establecido, por lo que los accionantes cuentan con otro mecanismo de defensa.

Tampoco demostraron la probable o inminente ocurrencia de un perjuicio
irremediable, que permitiera la procedencia de la acción de tutela. Y no se pronunció
frente al cargo formulado en contra de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial
de Sucre, pues afirmó que se quedaron en meras suposiciones y transgresiones
hipotéticas de derechos fundamentales, de conformidad con lo afirmado por el
apoderado en el escrito de aclaración.

6. Impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, el apoderado
de los accionantes impugnó el fallo de primera instancia y solicitó su revocatoria,
oponiéndose a que la acción fuera declarada improcedente.

Manifestó que no existe congruencia entre el escrito de amparo y la decisión de
primera instancia frente a aspectos tales como: los hechos, los antecedentes, los
derechos invocados, las consideraciones que fueron inexactas, la garantía de los

7 Samai, índice 37. Expediente Nro. 11001-03-15-000-2023-02793-00.
7

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derechos, y la errada interpretación de los principios consagrados en el Decreto
2591 de 1991.

Expuso que la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado incurrió
en un defecto fáctico por falta de valoración probatoria, pues en el fallo se afirmó
que el magistrado Granados Becerra no ha emitido sentencia de segunda instancia
en el proceso disciplinario, pero lo cierto es que dentro de los documentos aportados
se encuentra la “notificación por estado, realizada por la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial el día 30 de marzo de 2023” en la cual se evidencia que el magistrado Juan
Carlos Granados Becerra en sede de apelación emitió fallo en el que sancionó a los
hoy accionantes por “haberse apropiado de dineros que nos les correspondían, producto
de un trámite administrativo en contra de la Alcaldía de Montería”, registro que fue
removido de la página de la Rama Judicial.

El apoderado de los accionantes para desvirtuar la existencia de subsidiariedad
afirmó que se vulneraron los principios de legalidad y seguridad jurídica, al
desconocer que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial registró públicamente
la notificación por estado, antes mencionada, y se le dio mayor valor a la
manifestación del magistrado Granados en donde afirmó que el expediente le había
sido repartido el 30 de marzo de 2023 y que hasta el momento no se había
pronunciado de fondo.

Agregó que de no existir sentencia de segunda instancia en el proceso disciplinario
se habría configurado la prescripción de la acción, al haber transcurrido más de
cinco años desde la ocurrencia de los hechos en donde se acordó el pago de la
cuota litis. Pues la denuncia se presentó el 18 de mayo de 2018, la sentencia de
primera instancia se dictó el 13 de mayo de 2020, y a pesar de que se radicó recurso
de apelación, a la fecha la mencionada providencia no se encuentra en firme.

Sustentó que sí existe un perjuicio irremediable dado que con la sanción a sus
poderdantes se les está prohibiendo ejercer su profesión y adicionalmente deben
pagar una suma de dinero, lo que afecta su mínimo vital y de no poder pagar se le
perseguirían sus bienes.

Mencionó que los accionantes se encuentran en riesgo por las amenazas de muerte
de los miembros de la agremiación Asolavamos, indicó que en la acción de tutela
puso de presente esta situación solicitando a la Alcaldía de Montería que desalojara
a los lavadores que aún persisten en su ocupación y los reubicara, desalojo que
debía ser acompañado del Ministerio Público y de la Fiscalía General de la Nación,
pues de no ser así atentarían contra la integridad de los accionantes, aspecto
respecto del cual el juez de primera instancia guardó silencio pudiendo actuar de
oficio.

Adicionó que estas autoridades no son accionadas, pero que pudieron ser
vinculadas para solicitarles un informe de su gestión en cuanto a las denuncias
penales, razón por la cual solicitó se vincule a la “Fiscalía General de la Nación de
Córdoba, Dirección de Fiscalías de Montería”.

Finalmente, pidió la tutela de los derechos fundamentales, que se revocara el fallo
sancionatorio dictado por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial el 30 de marzo
de 2023, y que se decretara la prescripción de la acción disciplinaria.

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Demandante: Martha Jaqueline Méndez Carballo y otro

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19918, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. Planteamiento del problema jurídico

En los términos del escrito de impugnación, corresponde a la Sala determinar si le
asistió razón al juez de primera instancia al rechazar por improcedente la acción de
tutela a falta del requisito de subsidiariedad.

En caso de que la respuesta sea negativa la Sala determinará si resultó vulnerado
el derecho fundamental a la igualdad, al debido proceso, a la honra y al buen
nombre, de los señores Misael José Muñoz Arismendi y Martha Jaqueline Méndez
Carballo por parte de la Comisión Nacional de Disciplina judicial y las Comisiones
Seccionales de Disciplina Judicial de Córdoba y Sucre, al proferir el fallo de primera
y segunda instancia dentro del proceso disciplinario Nro. 23001-11-02-000-2018-
00236-00/01, respecto de los cuales se deberá analizar los defectos por error
inducido, sustantivo, desconocimiento del precedente, violación directa de la
constitución y defecto procedimental.

3. Naturaleza subsidiaria de la acción de tutela

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, uno de los requisitos
generales de procedibilidad es el de subsidiariedad. Norma que señala que la
solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.”.

A su turno, el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de tutela
es improcedente cuando existen otros medios de defensa judicial, a menos que se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Que la acción de tutela sea un mecanismo subsidiario de protección de derechos
fundamentales implica que los mecanismos ordinarios de defensa para la protección
de los derechos no pueden ser desplazados o suplantados por la acción de tutela,
siempre que estos sean idóneos y eficaces. Por tanto, la acción de tutela sólo
procede cuando no existen otros medios de defensa para amparar los derechos
fundamentales invocados o, en su defecto, siempre que ello sea necesario para
evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como
mecanismo transitorio de protección.

8 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
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Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe probar
que se agotaron y finalizaron los recursos que tenía a su disposición, pues de lo
contrario la tutela deviene improcedente.

La tesis de la Sección expuesta en diversas sentencias9, consiste en que, por regla
general, cuando existe otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz no es
procedente la acción de tutela. Por supuesto, la idoneidad y eficacia del medio de
defensa se definen en función del caso concreto, atendiendo a las circunstancias
en que se encuentra el solicitante y, además, dependen de la existencia o no de un
perjuicio irremediable.

Tanto la Constitución Política como el Decreto 2591 de 1991 dan la posibilidad al
juez de tutela de valorar las circunstancias particulares de cada caso y determinar
si la acción es procedente, o si, por el contrario, existen otros medios que permiten
satisfacer los derechos fundamentales del actor.

Siguiendo estos parámetros, la jurisprudencia constitucional ha considerado que la
existencia de otros medios de defensa no hace que automáticamente la acción de
tutela se torne improcedente, puesto que bajo ciertas circunstancias su carácter
subsidiario y residual puede llegar a tener algunas excepciones.

La Corte Constitucional en Sentencia SU-263 de 20157 precisó que eso puede
ocurrir “(i) Cuando los medios ordinarios de defensa judicial no son lo suficientemente idóneos y
eficaces para proteger los derechos presuntamente conculcados; (ii) Aun cuando tales medios de
defensa judicial sean idóneos, de no concederse la tutela como mecanismo transitorio de protección,
se produciría un perjuicio irremediable a los derechos fundamentales y (iii) Cuando el accionante es
un sujeto de especial protección constitucional (personas de la tercera edad, personas
discapacitadas, mujeres cabeza de familia, población desplazada, niños y niñas, etc.), y por tanto su
situación requiere de particular consideración por parte del juez de tutela.".

4. Análisis del caso

4.1. Como se expuso en los antecedentes de este proveído, es necesario estudiar
si se cumple con el requisito de subsidiariedad, para ello se procederá a
analizar el primer cargo expuesto en el escrito de impugnación.

La parte actora mencionó que la pretensión principal de esta acción
constitucional es revocar el fallo de segunda instancia proferido por la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial, dictado el 30 de marzo de 2023 en
el proceso disciplinario Nro. 23001-11-02-000-2018-00236-00/01, en donde se
les impuso a los accionantes sanción disciplinaria consistente en la suspensión
del ejercicio de la profesión por el término de 6 meses y multa de 8 smmlv.

Pretensión que aseguró se vio truncada por la falta de valoración probatoria
por parte de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
pues esta Subsección afirmó que dentro del mencionado proceso disciplinario
aún no se ha dictado sentencia de segunda instancia de conformidad con lo
informado por el magistrado Juan Carlos Granados Becerra, lo que implicaría
que el proceso no se ha resuelto de forma definitiva. En oposición a ello, la

9 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 24 de octubre de
2019. Radicación No. 11001-03-15-000-2019-00429-01. M.P. Milton Chávez García; sentencia del 2 de
octubre de 2019. Radicación No. 20001-23-33-000-2019-00185-0. M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto;
Sentencia del 25 de septiembre de 2019. Radicación 11001-03-15-000-2019-03851-00. M.P. Julio Roberto
Piza; Sentencia del 12 de septiembre de 2019. Radicación 11001-03-15-000-2019-03851-00. M.P. Jorge
Octavio Ramírez R.
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parte actora mencionó que en el escrito de tutela anexó prueba de la
notificación por estado del 30 de marzo de 2023 realizada por la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial (tomada de la página de la Rama Judicial), en
donde se demostraba que el magistrado Granados Becerra sí había dictado
fallo de segunda instancia, información que afirma fue removida de la página.

Respecto a este punto, la Sala considera necesario realizar la valoración del
documento que fue aportado con el escrito de tutela10, y que se adjuntó
nuevamente con el escrito de impugnación11. A continuación, obra captura de
pantalla del documento al que hace mención el apoderado de la parte actora:

Verificado el anterior, se encuentra que este no corresponde a una anotación
o registro de una notificación por estado de un fallo dictado dentro del proceso
disciplinario Nro. 23001-11-02-000-2018-00236-01, esto por cuanto esta
imagen corresponde a la “Identificación del proceso” en la página de consulta de
procesos de la Rama Judicial. En otras palabras, cuando se realiza la consulta
de un proceso judicial a través de la plataforma “Consulta de Procesos Nacional
Unificada”12, y el proceso es encontrado por el buscador (independientemente de
que se consulte con el número de radicado, o el nombre, o el juez), en la parte
inferior aparece un menú con las siguientes cuatro opciones: (i) Datos del
proceso, (ii) Sujetos procesales, (iii) Documentos del proceso, y (iv)
Actuaciones; si se despliega cada una de estas opciones aparecerá esa
información respecto del proceso buscado.

10 Samai, índice 2. Expediente Nro. 11001-03-15-000-2023-02793-00. El documento en mención obra en el
folio 38 del escrito de tutela (archivo pdf).
11 Samai, índice 42. Expediente Nro. 11001-03-15-000-2023-02793-00. El documento en mención obra en el
folio 8 del escrito de impugnación (archivo pdf).
12 https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/Procesos/NumeroRadicacion
11

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Para ejemplificar lo anterior, se adjunta la captura de pantalla del resultado de
la búsqueda del mencionado proceso, en la opción “Datos del proceso”, el cual
se encuentra actualmente disponible al público:

La imagen anterior se obtuvo de la búsqueda en la página de Consulta de
Procesos de la Rama Judicial, en esta se resaltó la “fecha de la consulta”, los
“datos del proceso” y el “contenido de la radicación”, los cuales corresponden de
forma idéntica a la información que contiene el documento aportado por los
accionantes y que consideran ya no está disponible para consulta.

Se debe indicar que la información que se ingresa en los “Datos del proceso”,
no corresponden a la última actuación que se ha surtido en el proceso, sino
que permite al público conocer la fecha en la que llegó el expediente a esa
instancia (en este caso llegó al juez de segunda instancia el 30-03-2023), informa
también el magistrado al cual le ha sido asignado el proceso (magistrado Juan
Carlos Granados Becerra), el trámite en el que está (apelación de sentencia de
primera instancia), y una breve descripción del contenido de radicación (es allí
en donde se indicó que este radicado corresponde a la apelación de la sentencia de
primera instancia del 13 de mayo de 2020, en la cual se sancionó a los hoy
accionantes, esta información es un resumen informativo elaborado por un
funcionario que diligencia esta información, pero no es copia de la parte resolutiva de
la sentencia).

Si lo que pretende la parte actora es consultar cuales han sido las últimas
actuaciones en esta instancia, debe desplegar el menú “Actuaciones”, como se
observa a continuación, y allí se mostrará desde el primer registro en esta
instancia (segunda instancia), hasta la última actuación registrada que es del 5
de diciembre de 2023 (paso al despacho cumplido auto), así:

12

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De esta última imagen se puede advertir que aún no se ha dictado sentencia
de segunda instancia en el proceso disciplinario Nro. 23001-11-02-000-2018-
00236-01, sino que actualmente se encuentra en trámite. Esto quiere decir que
la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, si realizó una
valoración adecuada de los documentos allegados y de los informes rendidos
por los accionados. Lo que implica que no existió vulneración del principio de
legalidad ni seguridad jurídica.

4.2. Adicionalmente, de la verificación del expediente Nro. 2018-00236-00/01, se
pudo concluir que la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Córdoba
dictó sentencia de primera instancia el 13 de mayo de 202013, que contra esta

13
En la sentencia de primera instancia se dispuso: “PRIMERO: Declarar disciplinariamente responsable a los
doctores MARTHA JAQUELINE MÉNDEZ CARBALLO, identificada con cédula de ciudadanía N° 45.483.255
y portadora de la Tarjeta Profesional N° 70.563 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, y MISAEL
JOSÉ MUÑOZ ARISMENDI, identificado con cédula de ciudadanía N° 11.075.530 y Tarjeta Profesional N°
77.480 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, como autores responsables de la falta disciplinaria
descrita en el numeral 4º del artículo 35 de la ley 1123 de 2007, por el incumplimiento del deber que
consagrado (sic) el numeral 8° del artículo 28 de la misma Ley, a título de dolo, por las razones expuestas
en la parte considerativa de esta providencia. SEGUNDO: IMPONER al doctor los doctores (sic) MARTHA
JAQUELINE MÉNDEZ CARBALLO, y MISAEL JOSÉ MUÑOZ ARISMENDI, sanción disciplinaria consistente
en SUSPENSIÓN DEL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN POR EL TÉRMINO DE SEIS (6) MESES Y MULTA
DE OCHO (8) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES a cada uno, de conformidad con
lo explicado en la parte interna de esta providencia. La multa deberá ser cancelada a órdenes del Consejo
Superior de la Judicatura dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la ejecutoria de la presente
13

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decisión el defensor de oficio (abogado Fabián Alonso Galvis Peña) presentó
recurso de apelación el 19 de mayo de la misma anualidad, sin que el proceso
lo hubiera pasado la Secretaría al despacho de la magistrada María del
Socorro Jiménez Causil para que se estudiara si era procedente conceder el
recurso, por lo que solo hasta febrero de 2023 los funcionarios de la Secretaría
advirtieron que el expediente estaba traspapelado y que no se le había dado
trámite, por lo cual, el funcionario responsable rindió informe14 y procedió a
pasar al despacho de la magistrada el expediente para continuar con la
siguiente etapa procesal.

Seguidamente, la Comisión Seccional dictó el auto del 9 de marzo de 2023,
en el que se concedió el recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia, se ordenó remitir el expediente a la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial, proceso que fue radicado en la segunda instancia el 30 de marzo de
2023 y se compulsó copias para que se investigara disciplinariamente a los
empleados de la Secretaría que estuvieron inmersos en la falta de trámite de
este proceso15.

4.3. De otro lado, los accionantes indicaron que de no existir fallo de segunda
instancia en el proceso Nro. 2018-00236-00/01 se habría configurado la
prescripción de la acción disciplinaria, al haber transcurrido más de cinco años
desde la ocurrencia de los hechos, y aseguraron que existe un perjuicio
irremediable pues con la sanción impuesta se les está prohibiendo ejercer su
profesión y afectando su mínimo vital.

Al respecto, se considera que actualmente se encuentra en trámite de segunda
instancia el proceso ordinario ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial,
lo que implica que tienen la oportunidad de participar en este, discutir allí las
inconformidades, presentar nulidades y allegar otras solicitudes. Por lo que, la
acción de tutela no es el medio idóneo para discutir el fallo de primera
instancia, ni para pedir el reconocimiento de la prescripción de la acción, más
aún cuando este último argumento no fue planteado en el escrito de tutela.

Se ha precisado que el requisito de subsidiariedad exige que el peticionario
despliegue de manera diligente los medios judiciales que estén a su
disposición, siempre y cuando sean idóneos y efectivos para la protección de
los derechos que se consideran vulnerados o amenazados, pues “una acción
judicial es idónea cuando es materialmente apta para producir el efecto protector de
los derechos fundamentales, y es efectiva cuando está diseñada para brindar una
protección oportuna a los derechos amenazados o vulnerados”16.

4.4. Como último aspecto a resolver se mencionó que los accionantes se
encuentran en riesgo por las amenazas de muerte de los miembros de la
agremiación Asolavamos, por lo que solicitaron que la Alcaldía de Montería
desaloje a los lavadores que aún persisten en su ocupación y los reubique,

providencia, en el Banco Agrario de Colombia, cuenta corriente N° 3-0820-000640-8, denominada CSJ-
MULTAS Y SUS RENDIMIENTOS-CUN, convenio 13474. En caso de no acreditarse el pago dentro del
término antes señalado, por Secretaría dese cumplimiento a lo ordenado en el artículo 10 de la Ley 1743 de
2014 y a la Circular DEAJC19-61 del 31 de julio de 2019.
14 En el expediente obra el informe rendido el 24 de febrero de 2023 por Ramiro Machado Petro (Citador).
15 En el expediente obra el Oficio Nro. CSDJC/1063-22 MSJC, mediante el cual la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Córdoba compulsó copias para adelantar las investigaciones disciplinarias
correspondientes.
16 Corte Constitucional. Sentencia T-260 de 6 de julio de 2018. M.P. Alejandro Linares Cantillo.
14

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desalojo que debe ser acompañado del Ministerio Público y de la Fiscalía
General de la Nación, pues de no ser así atentaría contra la integridad de los
accionantes, punto en el cual el juez de primera instancia guardó silencio.

Se debe advertir que no es posible considerar el amparo solicitado respecto
de estas autoridades, pues desde el escrito de tutela inicial no se tuvieron
como accionados, y mal haría este despacho al incluir órdenes respecto de
estas, cuando no fueron vinculadas al proceso, ni participaron del trámite de
esta acción constitucional, luego no pudieron ejercer su derecho de defensa y
contradicción.

De la narración de los hechos se advierten varias agresiones de las que los
accionantes manifiestan han sido víctimas desde hace varios años, pero no
resultan suficientes esas aserciones porque no se probó que se tratara de una
situación constante, permanente, inminente e impostergable. Luego, no hay
lugar a conceder el amparo ni siquiera como mecanismo transitorio al no
advertirse la existencia de un perjuicio irremediable.

En palabras de la Corte, para caracterizar un perjuicio como irremediable, es
necesario que se acrediten los siguientes requisitos: “(i) una afectación inminente
del derecho -elemento temporal respecto al daño-; (ii) la urgencia de las medidas para
remediar o prevenir la afectación; (iii) la gravedad del perjuicio -grado o impacto de la
afectación del derecho-; y (iv) el carácter impostergable de los remedios para la
efectiva protección de los derechos en riesgo”17.

Verificadas las circunstancias del caso, encuentra la Sala que no se configura
un perjuicio que se pueda catalogar como irremediable, en tanto que los
accionantes no probaron la urgencia que implique la intervención
impostergable del juez constitucional para la salvaguarda de sus derechos
fundamentales.

El hecho de mencionar un gran conjunto de situaciones diversas en las cuales
los accionantes han tenido que enfrentar a los miembros de la asociación de
lavadores, en diferentes momentos temporalmente, no implica que exista
actualmente un riesgo inminente, pues de haber sido así, el apoderado de los
accionantes no lo puntualizó, per se no se erige como una situación que
comporte asumir medidas urgentes e impostergables.

4.5. Bajo este panorama, la Sala modificará la decisión de primera instancia en el
sentido de no rechazar la acción, y en su lugar, se declarará la improcedencia
de esta acción de tutela, al advertir que este mecanismo constitucional se
dirige principalmente a atacar múltiples inconformidades procesales que
surgieron en la primera instancia y en lo que va corrido de la segunda instancia
del proceso disciplinario Nro. 2018-00236-00/01, lo cual, como se explicó
antes, configura la causal de improcedencia fijada en el numeral 1°del artículo
6º del Decreto 2591 de 1991 que señala:
“Artículo 6. Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos
medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante. […]. (Énfasis propio)

17 Corte Constitucional. Sentencia T-146 de 2019.
15

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Así las cosas, la presente acción de tutela se torna improcedente toda vez que
está en trámite la segunda instancia del proceso disciplinario ante la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial, de conformidad con los informes rendidos por
los accionados y lo explicado en la parte considerativa de esta providencia.

La Corte Constitucional ha reiterado que la acción de tutela no es un medio
judicial alternativo, adicional o complementario de los establecidos por la ley
para defensa de los derechos, porque con ella no se busca reemplazar los
procesos ordinarios o especiales y, menos aún, desconocer los mecanismos
dispuestos en estos procesos para controvertir las decisiones que se
adopten18.

De no ser así, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas
autoridades judiciales, concentrando en la jurisdicción constitucional todas las
decisiones inherentes a ellas, propiciando un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones por parte del Juez de tutela.

De manera que la actora no puede pretender convertir un medio residual y
subsidiario como es la acción de tutela, en un medio alternativo o adicional a
los establecidos en la ley, de los que ya ha hecho uso y están en curso, para
la defensa de sus derechos. Por esa vía lo que busca no es más que desplazar
las vías ordinarias existentes y que el Juez Constitucional reemplace a los
jueces naturales en su labor, lo que en sí mismo es contrario a la naturaleza y
propósito de la tutela.

5. Conclusión

En ese orden de ideas, la Sala confirmará la decisión impugnada, proferida en
sentencia del 21 de septiembre de 2023 por la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, en el entendido de declarar la improcedencia de la acción
por no cumplir con el requisito de subsidiariedad.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la decisión impugnada, proferida el 21 de septiembre de 2023 por
la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en el
entendido de declarar improcedente la acción de tutela promovida por los
señores Misael José Muñoz Arismendi y Martha Jaqueline Méndez Carballo,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión

18 Al respecto, por mencionar algunas, se pueden consultar las sentencias SU-424 de 2012 y T-584 de 2012.
16

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Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

17

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