Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-02806-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-02806-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-02806-01
Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio
24 de agosto de 2023
Demandante: Alonso Franco Arenas
Demandado: Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02806-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02806-01
Demandante: ALONSO FRANCO ARENAS
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN A
Temas: Tutela contra providencia. Defectos sustantivo y fáctico.
Condena en costas. Requisito de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra
el fallo de 29 de junio de 2023, por medio del cual el Consejo de Estado,
Sección Cuarta, negó la acción de tutela de la referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
El señor Alonso Franco Arenas, por conducto de apoderado, presentó acción de
tutela el 26 de mayo de 2023, contra el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido
proceso, de defensa, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia,
con ocasión de la sentencia de 21 de noviembre de 2022 proferida por la
mencionada autoridad judicial.
Lo anterior, por cuanto se revocó la decisión de 30 de marzo de 2017 dictada
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A
para, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda dentro del medio de
control de reparación directa que promovió contra la Nación - Fiscalía General
de la Nación, con radicado 25000-23-36-000-2014-00527-00/01.
1.2. Pretensiones
En consecuencia, el accionante solicitó:
“Que se deje sin vigencia alguna, anulándola, la sentencia de a subsección A de
la sección tercera del Consejo de Estado Aquí referida y el auto que decidió la
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Demandante: Alonso Franco Arenas
Demandado: Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A
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solicitud de aclaración y que dicte una nueva sentencia con base en estudio del
material probatorio existente.”1
La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:
1.3. Hechos
El señor Franco Arenas relató que la Fiscalía General de la Nación promovió
investigaciones por presuntos delitos cometidos en la venta y construcción del
edificio Figueras Plaza, las cuales a pesar de haber concluido con decisión de
preclusión, motivaron a la Fiscalía 163 Delegada ante los Jueces Penales del
Circuito de Bogotá a enviar copias para que fuera investigado por estafa
agravada, en su calidad de vicepresidente de crédito y cartera de la
Corporación de Ahorro y Vivienda Las Villas, litis que concluyó con decisión
absolutoria.
Adujo que ejerció el medio de control de reparación directa contra la Nación -
Fiscalía General de la Nación, con ocasión de los daños que le fueron
originados con la aludida investigación que duró “aproximadamente 12 años” y
lo privó de ocupar cargos bancarios en Colombia y el exterior, lo cual repercutió
en el ingreso base de cotización con el que le fue reconocida la pensión.
Narró que del asunto conoció el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A que, mediante sentencia de 30 de marzo de
2017, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda tras concluir que
la Fiscalía General de la Nación incurrió en defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia.
Explicó que dicha decisión tuvo respaldo en que se solicitó la absolución del
actor en la etapa de juzgamiento, dado que no se había cometido una conducta
típica a partir de las mismas pruebas en las que el ente investigador fundó la
acusación, lo que evidenciaba que se debió precluir la instrucción a favor del
señor Franco Arenas en este momento procesal.
Comentó que las partes interpusieron recurso de apelación contra la anterior
decisión; la Fiscalía General de la Nación argumentó que la vinculación al
proceso penal no constituía un daño antijurídico, aunado a que los elementos
probatorios aportados llevaban a inferir la posible comisión del punible por parte
del actor.
Refirió que su apoderado judicial recurrió el fallo de primera instancia, al
considerar que era procedente el reconocimiento de los perjuicios materiales
debido a que en el proceso existían documentos que acreditaban la afectación
profesional que tuvo, tales como: la certificación expedida por el DAS sobre la
investigación que se adelantó en su contra y el concepto de la Superintendencia
Financiera relacionado con la imposibilidad de que personas involucradas en
delitos contra el patrimonio puedan trabajar en la administración de entidades
financieras.
1
Trascripción literal del original con posibles errores.
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Señaló que en providencia de 20 de octubre de 2022 el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A, revocó el fallo del a quo y negó las súplicas
pues, en su criterio, las decisiones de la Fiscalía General de la Nación
relacionadas con la vinculación del señor Franco Arenas se sustentaron en la
ley, así como en las pruebas oportunamente aportadas al proceso penal, en
armonía con las circunstancias y elementos de juicio con los que contaba.
Precisó que dicha colegiatura desestimó la existencia del defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia por el hecho que la entidad
demandada solicitara la absolución del actor durante la audiencia de
juzgamiento, pues esto obedeció a la valoración de una prueba recaudada con
posterioridad a la acusación.
Indicó que el 14 de diciembre de 2022 presentó solicitud de aclaración de la
sentencia de segunda instancia, para lo cual trajo a colación algunos sucesos
del caso en particular, con el propósito de advertir que los argumentos que
sirvieron como base para dictar el fallo resultaban contrarios a la sana crítica;
además, hizo alusión a la condena en agencias en derecho que le fue impuesta.
Aludió que mediante auto de 17 de febrero de 2023 la subsección antes
mencionada negó su solicitud, al considerar que se limitó a oponerse a los
argumentos expuestos en la providencia objeto de aclaración, sin indicar
verdaderamente cuáles fueron las frases que ofrecían motivo de duda. A su
vez, puso de presente que la decisión relativa al pago de las costas estaba
justificada en las normas vigentes.
1.4. Sustento de la petición
A juicio del tutelante, la autoridad judicial accionada incurrió en defecto
sustantivo, al no estudiar los elementos del tipo penal de estafa frente a los
hechos del caso concreto y prescindir dentro de su interpretación de las normas
relativas a los contratos y obligaciones contenidas en los artículos 1502 a 1505,
1508 a 1521, 1536, 1548, 1602, 1608, 1625, 1849, 1850, 1851, 1857, 1866,
1867 y 1869 del Código Civil y 2432, 2433, 2434, 2435, 2439, 2444, 2445,
2448, 2449, 2452 y 2457 del Código de Comercio.
Sostuvo que la providencia controvertida adolece de defecto fáctico por
indebida valoración probatoria, concretamente de las sentencias proferidas
dentro del proceso penal, en las cuales se concluyó que su conducta no fue
constitutiva de delito alguno, por ello, aseguró que de no haber sido sesgada la
actuación de la Fiscalía General de la Nación, no lo hubiese vinculado a la
investigación.
En ese sentido, afirmó que no se tuvo en cuenta la certificación expedida por la
Superintendencia Financiera, en la que se indicó que una persona investigada
por el delito de estafa no podía pertenecer a una entidad financiera, con lo cual
se evidenciaba el daño que se le produjo. Agregó, que justamente esa
circunstancia le impidió ingresar al Banco Interamericano de Desarrollo - BID.
Consideró que la autoridad judicial se limitó a avalar la legalidad de la actuación
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de la Fiscalía General de la Nación, porque supuestamente el procesado
aprobó un crédito bancario para la construcción; sin embargo, como lo señaló el
juez de la absolución, de ese hecho no se podía derivar algún actuar
reprochable.
En su sentir, la vulneración de los derechos fundamentales invocados tuvo
origen en las denuncias irregulares de las personas que manifestaron que
fueron presionadas por el señor Franco Arenas para solicitar los créditos, las
cuales carecían de veracidad y la Fiscalía General de la Nación las estimó
suficientes para elevar la acusación en su contra.
Finalmente, el actor cuestionó la imposición de costas tras considerar que esta
decisión no fue motivada, sino que se limitó a hacer un cálculo aritmético sin
razonamiento alguno.
1.5. Actuación procesal en primera instancia
Mediante auto de 30 de mayo de 2023, el Consejo de Estado, Sección Cuarta
admitió la solicitud de tutela, ordenó notificar esta decisión a la parte actora y
como demandados a los magistrados de la Subsección A de la Sección Tercera
de esta corporación; además, vinculó al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A y a la Fiscalía General de la
Nación, en atención al interés que les asiste en las resultas de este proceso.
Remitidas las respectivas comunicaciones el 2 de junio de 2023, se presentaron
las siguientes intervenciones:
1.5.1. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
El magistrado ponente de la decisión cuestionada rindió informe el 5 de junio del
presente año, en el cual indicó que la tutela no tiene vocación de prosperidad,
pues i) el asunto carece de relevancia constitucional y ii) la providencia objeto de
debate no desconoció alguna garantía procesal, sino que con suficiente
argumentación jurídica dio por establecida la ausencia de la falla del servicio
atribuida a la entidad demandada.
Destacó que el accionante lejos de buscar la protección de sus derechos
fundamentales, pretende es desnaturalizar el mecanismo de protección
constitucional recabando en los cuestionamientos que invocó para considerar
que no debía ser objeto de una investigación por haber sido absuelto de
responsabilidad –lo que incluso planteó cuando solicitó aclaración del fallo–,
dando paso a una instancia adicional a la ya definida.
En cuanto a los reproches del accionante relacionados con las costas que le
fueron impuestas en segunda instancia, señaló que resultaban palmariamente
improcedentes ventilarlos en esta instancia constitucional, “en tanto que la ley
procesal civil prevé otros mecanismos de contradicción para atacar dicha
condena”.
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1.5.2. Fiscalía General de la Nación
En respuesta enviada el 6 de junio del año en curso la profesional especializada
de la Dirección de Asuntos Jurídicos solicitó declarar improcedente la acción
tutela pues, en su sentir, no cumple el requisito de subsidiariedad, toda vez que
el actor no señaló por qué a pesar de existir otro mecanismo judicial idóneo (sin
precisar a cuál hacía referencia) para ventilar la controversia objeto de esta
acción constitucional no hizo uso del mismo.
Agregó que la parte actora no identificó de manera precisa la presunta
afectación a sus garantías en el proceso de reparación directa y, en todo caso,
la decisión en cuestión no incurrió en los defectos alegados, pues se ajusta a
criterios de razonabilidad al fundar su conclusión en premisas ajustadas al orden
constitucional.
1.5.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección
A, remitió el expediente correspondiente al proceso dentro del cual se profirió la
providencia controvertida, pero no se pronunció respecto a los planteamientos
del tutelante.
1.6. Sentencia de primera instancia
El Consejo de Estado, Sección Cuarta, en providencia de 29 de junio de 2023,
negó el amparo solicitado por el señor Franco Arenas, al advertir que más allá
de evidenciarse la configuración del defecto fáctico planteado, lo que observaba
era la inconformidad del actor con los argumentos expuestos por la autoridad
judicial accionada.
La razón de ello la justificó en que la subsección censurada valoró las
sentencias absolutorias dictadas dentro del proceso penal, así como la prueba
sobreviniente que motivó las referidas decisiones y la llevó a colegir que la
actuación de la Fiscalía General de la Nación no constituía algún defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia que debiera resarcirse.
Explicó que en la sentencia cuestionada se incluyó el acápite denominado “[l]o
probado”, en el cual se enlistaron los hechos que dieron origen al proceso penal
y las decisiones proferidas por la Fiscalía General de la Nación, respecto de las
cuales destacó la resolución de acusación del 4 de mayo de 2005, en la que citó
las pruebas que se tuvieron en cuenta en ese momento procesal.
Advirtió que en la sentencia debatida también se pusieron de presente las
razones por las cuales el Juzgado Quince Penal del Circuito de Bogotá absolvió
en primera instancia al señor Franco Arenas y, posteriormente, se analizó la
responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación por la compulsa de copias
para investigar conductas penales y la vinculación a esta clase de procesos.
En cuanto a las certificaciones expedidas por la Superintendencia Financiera y
el Banco Interamericano de Desarrollo - BID, consideró que no era obligación
hacer un análisis concreto al respecto, pues no tenían incidencia para definir la
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responsabilidad de la entidad demandada, sino que eventualmente habrían sido
documentos relevantes para la indemnización de perjuicios.
Consideró que los argumentos expuestos por el actor para sustentar el presunto
defecto sustantivo invocado estaban encaminados a demostrar su inocencia
dentro del proceso iniciado en su contra. Sin embargo, esa fue una situación
analizada y decidida en las dos instancias del proceso penal, en las cuales se
declaró su absolución. Luego en el proceso de reparación directa no se
encontraba en discusión la inocencia del señor Franco Arenas, sino el
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia al vincularlo al
proceso penal.
1.7. Impugnación
Por medio de escrito enviado por correo electrónico el 11 de julio del año en
curso2, la parte actora impugnó el fallo de primera instancia tras señalar que el a
quo no abordó el estudio de fondo del asunto y realizó expresiones alejadas a la
realidad del caso, razones por las cuales no evidenció la vulneración de los
derechos fundamentales del señor Franco Arenas.
Insistió en que no existieron fundamentos fácticos ni jurídicos para inferir
razonablemente la posible comisión de una conducta punible por parte del
actor, ya que es totalmente carente de prueba, sino que además “es falaz que
se indicara que los denunciantes del señor Franco habían adquirido una
obligación que no les correspondía asumir”.
Afirmó que en la jurisdicción de lo contencioso administrativo no se pueden
desconocer las normas que regulan los negocios mercantiles, por lo que era
errado que la colegiatura enjuiciada desestimara sus argumentos relativos a
que no existió una prueba sobreviniente que incidió en el fallo absolutorio del
investigado.
Solicitó revocar el fallo de primera instancia por cuanto no pretendía con la
tutela acreditar la inocencia del tutelante, sino advertir las falencias de la
subsección enjuiciada, pues no es acertado que el accionante estuviera
procesado por más de 12 años con respaldo en que “los denunciantes no
tenían porqué hipotecar sus bienes”, sin tener algún elemento probatorio de
esto y prescindir de las normas civiles y comerciales aplicables.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la
parte actora contra la providencia dictada por el Consejo de Estado, Sección
2
Impugnación que fue presentada dentro del término establecido por el artículo 31 del Decreto
2591 de 1991, teniendo en cuenta que el fallo de primera instancia se notificó mediante correo
electrónico enviado el 6 de julio de 2023.
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Cuarta, el 29 de junio de 2023, según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991
y 1069 de 20153, así como en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala verificar si hay lugar a confirmar, revocar o modificar la
decisión proferida en primera instancia, para lo cual se debe analizar si la
solicitud de tutela cumple con los requisitos generales de procedibilidad y, de
superarse lo anterior, deberá verificar si el Consejo de Estado, Sección Tercera
Subsección A, vulneró los derechos fundamentales invocados del señor Franco
Arenas, al presuntamente incurrir en los defectos sustantivo y fáctico
planteados.
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio
de la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales; ii) el estudio sobre los requisitos adjetivos de procedibilidad; y
finalmente, de encontrarse superados se estudiará, iii) el fondo del reclamo.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 20124,
unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales y en ella concluyó:
“…si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la
componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004
(Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se
admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de
fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten
violatorias de tales derechos...”.
Conforme al anterior precedente, es claro que la corporación modificó su criterio
sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, conforme a él,
es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental.
Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los “…fijados hasta el
momento jurisprudencialmente…”. En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos
fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la
procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial no puede
ser ajena a esas características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin
3
Modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021.
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Proferida dentro del proceso con radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01.
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distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –
procedencia sustantiva– y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo
del asunto –procedencia adjetiva–.
En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces
para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente
reabrir el debate de instancia.
2.4. Examen de los requisitos: Procedencia adjetiva
2.4.1. En lo referente al requisito de relevancia constitucional cabe señalar
que la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 explicó que, dado
que las sentencias hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se presente un
mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial “...el juez de
tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene vedado adelantar un
control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada.”
Igualmente, enfatizó en que cuando se cuestiona una providencia de una alta
Corte, el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta
que la decisión fue proferida por un órgano de cierre. En ese sentido, el alto
tribunal constitucional consideró que la tutela implica un juicio de validez y no
una corrección del fallo objeto de reparo, por lo que no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o
formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural.
A su vez, la citada corporación precisó que el requisito de la relevancia
constitucional “protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la
tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates
meramente legales” y explicó en detalle los criterios que se deben tener en
cuenta para verificar si se supera esta exigencia, los cuales son:
“...(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que
la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
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fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.”5
En el caso que nos ocupa, lo primero que resulta oportuno señalar es que el a
quo no abordó el estudio de este presupuesto, pues tan solo hizo alusión a las
causales generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, razón por la cual es necesario realizar un
pronunciamiento al respecto.
El señor Franco Arenas controvierte la sentencia de 21 de noviembre de 2022,
por medio de la cual el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A,
revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de
la demanda que promovió para obtener el reconocimiento de los perjuicios que
le fueron ocasionados con la vinculación a un proceso penal por el delito de
estafa agravada, que culminó con decisión absolutoria.
En su sentir, dicha autoridad judicial incurrió en los defectos i) sustantivo, al no
estudiar los elementos del tipo penal de estafa y prescindir dentro de su
interpretación de las normas que regulan los contratos y obligaciones
contenidas en los Códigos Civil y de Comercio, así como en ii) fáctico por
indebida valoración de las sentencias proferidas dentro del proceso penal, las
cuales daban cuenta de la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación.
Adicionalmente, el actor cuestionó la imposición de costas en el fallo de
segunda instancia, al considerar que esta decisión no estuvo debidamente
motivada, sino que la subsección accionada se limitó a hacer un cálculo
aritmético sin razonamiento alguno.
En criterio de la Sala, no se cumple el requisito de relevancia constitucional en lo
concerniente al defecto sustantivo por cuanto la discusión propuesta por el
actor gira en torno a las normas que, a su juicio, debía aplicar la colegiatura
enjuiciada para solucionar la controversia, sin que exista una argumentación
tendiente a demostrar la grave vulneración de los derechos fundamentales
invocados, especialmente el del debido proceso.6
Nótese que justamente los planteamientos del actor versan respecto de la
controversia que propuso en el medio de control de reparación directa e,
inclusive, con aspectos propios del proceso penal, lo que evidencia que lo
pretendido en esta instancia constitucional es retrotraer la discusión relativa al
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.
5
Destacado por la Sala.
6
Al respecto, en la sentencia SU-215 de junio de 2022 la Corte Constitucional señaló que el
núcleo esencial de este derecho radica en «...hacer valer ante los jueces derechos e intereses
de las personas, mediante la defensa contradictoria, y de obtener, en fin, una respuesta fundada
en derecho”[121]. Sin embargo, los derechos al debido proceso y al acceso a la justicia no se
traducen en la obtención de una respuesta favorable. En efecto, la jurisprudencia
constitucional ha explicado que esta garantía se traduce en “la posibilidad de emplear
todos los medios legítimos y adecuados para ser oído y pretender una decisión
favorable”.»
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Lo anterior, pese a que la subsección en cuestión cerró el debate referido por el
demandante, pues actuó como órgano de cierre de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo dentro del proceso con radicado 25000-23-36-000-
2014-00527-01, situación distinta es que arribara a una conclusión desfavorable
a sus intereses, tras encontrar que “...la vinculación oficiosa del actor al proceso
penal no fue injustificada...”.
En lo referente al defecto fáctico se encuentra que también carece de
relevancia constitucional, pues con los argumentos expuestos por el tutelante no
se advierte, prima facie, alguna actuación desacertada por parte de la
colegiatura accionada, sino las inconformidades que tiene respecto del análisis
efectuado a las sentencias absolutorias, toda vez que no se declaró responsable
al ente investigador de los daños que le fueron ocasionados.
Adicionalmente, se observa que lo perseguido por el señor Franco Arenas es
convertir este mecanismo constitucional en una instancia adicional al medio de
control de reparación directa y reabrir el debate zanjado por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección A, toda vez que dicha colegiatura se
pronunció en cuanto a las decisiones proferidas en el marco del proceso penal
en el siguiente sentido:
“50. Precisado lo anterior, aunque es cierto que el señor Alonso Franco Arenas
fue favorecido con la sentencia absolutoria del 16 de julio de 2007 proferida por el
Juzgado 15 Penal del Circuito de Bogotá, la cual fue confirmada el 26 de marzo
de 2010 por el Tribunal Superior de Bogotá – Sala de Descongestión, y no casada
por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del
30 de mayo de 2012, también debe considerarse que durante la audiencia de
juzgamiento se practicaron nuevas pruebas, en concreto, se recibió la declaración
del señor Juan Camilo Ángel Mejía, experto en finanzas y negociaciones
comerciales, con la cual se pudo esclarecer el alcance de las actuaciones
desarrolladas por el acusado y por tanto, la falta de certeza sobre la atipicidad de
su conducta.
51. Se advierte, además, que esa misma prueba sobreviniente -la declaración del
experto Juan Camilo Ángel Mejía-, motivó la decisión de la Fiscalía de solicitar la
absolución del señor Franco Arenas en la audiencia de juzgamiento, sin que tal
determinación tenga el alcance de permear de arbitrariedad la decisión inicial
acusatoria que lo mantuvo vinculado al proceso penal, pues tal como se advirtió́ ,
la Fiscal partió de un sustento fáctico y jurídico, junto a lo cual, debe reiterarse
que al momento de calificar el mérito del sumario, no le era exigible al ente
acusador el grado de certeza sobre la comisión de la conducta punible, pues éste,
se itera, solo es exigido al juez penal al proferir una decisión condenatoria.”
Quiere ello decir que los cuestionamientos del tutelante están dirigidos a que se
modifique la valoración probatoria realizada por la autoridad judicial accionada,
al no estar de acuerdo con la misma, más allá de sugerir una controversia que
sea trascendente para la aplicación de la Constitución o la determinación del
contenido y alcance de algún derecho fundamental.
Cabe resaltar que en las sentencias SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022 la Corte
Constitucional puntualizó que para determinar si un asunto ventilado tiene
relevancia constitucional se debe analizar si la solicitud de amparo trasciende la
mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales”,
pues dicho enfoque impide que la tutela sea utilizada indebidamente para
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Demandante: Alonso Franco Arenas
Demandado: Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02806-01
debatir “asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron
origen a la controversia judicial”.
Entonces, el cuestionamiento sugerido por el accionante no podía limitarse a la
discrepancia de criterios respecto de las normas que debían ser aplicadas en la
decisión censurada y el estudio válido de las pruebas obrantes en el proceso de
reparación directa, sino que era necesario que expusiera razonamientos que
denotaran la existencia de una afectación desproporcionada a un derecho
fundamental producto de una actuación arbitraria de la colegiatura enjuiciada.
Por otro lado, el accionante insistió en la tutela en el reparo del recurso de
apelación relativo a la falta de apreciación de la certificación expedida por la
Superintendencia Financiera, sin siquiera tener en cuenta que en el fallo de
segunda instancia no se entró a verificar cuáles eran los perjuicios que había
lugar a reconocer, pues para ello primero era necesario que se encontrara
demostrado que la Fiscalía General de la Nación incurrió en alguna falla en el
servicio.
En lo que atañe a la condena en costas impuesta en la providencia de 21 de
noviembre de 2022, se advierte que la acción constitucional se torna
improcedente, en atención a que lo señalado por el señor Franco Arenas se
limita exclusivamente a la viabilidad de imponerle dicha sanción, es decir a una
cuestión meramente legal y de carácter patrimonial, de modo que la situación
descrita es “de competencia exclusiva del juez ordinario7”.
Se reitera que esta acción constitucional no constituye una tercera instancia en
la que la intervención del juez de tutela implique la realización de un nuevo
estudio de los fundamentos jurídicos que respaldaron la decisión objeto de
reproche, máxime si se tiene en cuenta que los jueces naturales están
amparados por los principios de autonomía e independencia judicial que
imponen el respeto por la cosa juzgada.
Así las cosas, se revocará la sentencia impugnada para, en su lugar, declarar la
improcedencia de la acción de tutela, dado que la parte actora no propuso algún
cuestionamiento relativo a la trasgresión de sus derechos fundamentales que
amerite la intervención del juez constitucional, en especial si se tiene en cuenta
que el estudio del requisito de relevancia constitucional es más riguroso cuando
se pretenden cuestionar sentencias proferidas por una alta Corte.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: Revócase la sentencia de 29 de junio de 2023 proferida por el
Consejo de Estado, Sección Cuarta, que negó la acción de tutela presentada
7
Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, reitera lo señalado en las providencias SU-
573 de 2017 y C-590 de 2005.
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por el señor Alonso Franco Arenas y, en su lugar, declárase improcedente, por
los motivos descritos anteriormente.
SEGUNDO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx”
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