Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2014-00527-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2014-00527-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2014-00527-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
21 de noviembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil veintidós (2.022)
Radicación: 25000-23-36-000-2014-00527-01 (59.516)
Actor: Alonso Franco Arenas
Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa
Asunto: Sentencia
Temas: DAÑOS CAUSADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA – FALLA
EN EL SERVICIO – Vinculación oficiosa a un proceso penal – No se configuró.
Procede la Sala a resolver los recursos de apelación interpuestos por las partes
contra la sentencia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
Según la demanda, la Fiscalía General de la Nación le ocasionó un daño especial
al señor Alonso Franco Arenas al haber dispuesto su vinculación oficiosa a un
proceso penal por el delito de estafa agravada, que posteriormente culminó con su
absolución.
I. SENTENCIA IMPUGNADA
1. Corresponde a la sentencia del 30 de marzo de 2017, mediante la cual el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, dispuso,
lo siguiente (transcripción literal):
“PRIMERO: DECLARAR administrativamente responsable a la Nación –
Fiscalía General de la Nación - , por el daño antijurídico causado al señor
Alonso Franco Arenas, de conformidad con lo expuesto en esta sentencia.
“SEGUNDO: Como consecuencia de la declaración anterior, condenar a la
Nación – Fiscalía General de la Nación – a pagar al señor Alonso Franco
Arenas por concepto de perjuicios morales, la suma de TREINTA (30)
SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES.
“TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
1
Radicación: 25000233600020140052701 (59.516)
Actor: Alonso Franco Arenas
Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa
“CUARTO: CONDENAR en costas a la demandada, a favor del señor
Alonso Franco Arenas, por la suma de TRES (3) SALARIOS MÍNIMOS
LEGALES MENSUALES VIGENTES, que deberá pagar a la fecha de
ejecutoria de esta sentencia.
“QUINTO: Ejecutoriada esta decisión, por la Secretaría de la sección
LIQUÍDENSE los gastos ordinarios del proceso y DEVUÉLVASE el
remanente al demandante, si hay lugar, de conformidad con los artículos 7
y 9 del Acuerdo 2552 de 2004 del Consejo Superior de la Judicatura o el que
lo reglamente”1.
2. El anterior proveído decidió la demanda presentada el 23 de abril de 2014 2 por
el señor Alonso Franco Arenas en contra de la Nación – Fiscalía General de la
Nación, cuyas pretensiones, hechos principales y fundamentos legales son, los
siguientes:
Pretensiones
3. La parte actora pretende la declaratoria de responsabilidad con ocasión de su
vinculación oficiosa a un proceso penal, por el delito de estafa agravada, en su
calidad de vicepresidente de crédito y cartera de la Corporación de Ahorro y
Vivienda Las Villas (en adelante Corporación Las Villas), el cual culminó con su
absolución.
4. Por lo anterior, estimó la solicitud indemnizatoria en: i) ochocientos millones de
pesos ($800.000.000) por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de
daño emergente; ii) mil cuatrocientos veinticinco millones de pesos
($1.425.000.000) por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro
cesante, derivados de la imposibilidad de acceder a salarios iguales o similares a
los que venía devengando, así como, la consecuente incidencia de dicha
circunstancia en la valoración de su mesada pensional; y, iii) mil (1.000) salarios
mínimos mensuales legales vigentes por concepto de perjuicios morales, incluido
el daño a la vida de relación3.
Hechos
5. Como supuesto fáctico de las pretensiones, el demandante señaló que la
Fiscalía General de la Nación promovió investigaciones por presuntos delitos
cometidos en la venta y construcción del edificio Figueras Plaza, las cuales, a pesar
de haber concluido con decisión de preclusión y sin material probatorio adicional,
motivaron la compulsa de copias en su contra y su consecuente vinculación a un
1
Folios 140 reverso y 141 del cuaderno principal.
2
Folios 1 a 10 del cuaderno 1.
3
Folios 6 y 7 del cuaderno 1.
2
Radicación: 25000233600020140052701 (59.516)
Actor: Alonso Franco Arenas
Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa
proceso penal que se prolongó hasta la sede de casación, el cual concluyó con
decisión absolutoria.
6. Sostuvo que su vinculación al proceso penal por aproximadamente doce (12)
años lo privó de ocupar cargos bancarios en Colombia y el exterior, debido a que
tal como lo ha señalado la Superintendencia Financiera, no se puede posesionar en
el sector bancario a quien se encuentre sindicado de estafa agravada, lo cual,
además, repercutió en el ingreso base de cotización con el que le fue reconocido su
derecho pensional y en sus condiciones sociales, económicas y familiares.
7. Concluyó que la vinculación al proceso penal, le ocasionó perjuicios materiales
e inmateriales que deben indemnizarse por parte de la demandada.
La defensa
8. El 26 de mayo de 2014, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección A, admitió la demanda4. Notificado en debida forma el auto
admisorio, la demandada presentó los siguientes planteamientos de defensa.
9. La Nación - Fiscalía General de la Nación se opuso a las pretensiones de la
demanda, por considerar que actuó en cumplimiento de sus funciones
constitucionales y legales relativas a adelantar el ejercicio de la acción penal y
realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito,
sin que su actuar hubiera sido negligente, irregular o anormalmente deficiente.
10. Indicó que no incurrió en falla del servicio, debido a que obraban pruebas en
contra del señor Alonso Franco Arenas, entonces vicepresidente de crédito y cartera
de la Corporación Las Villas, que lo señalaban como responsable de haber otorgado
un crédito constructor a una sociedad sin capacidad financiera, de ahí que resultara
procedente la investigación de los hechos y su vinculación al proceso penal,
obligando a quienes permutaron sus predios, dueños del lote donde se construyó el
edificio Figueras Plaza, a pagar nuevamente el valor de sus apartamentos para
liberarlos de la hipoteca de mayor extensión.
11. En este sentido, propuso como excepciones: “ausencia de título de imputación
de falla del servicio” y “ausencia de daño extrapatrimonial por falta de pruebas”5.
4
Folio 14 y 15 del cuaderno 1.
5
Folios 31 a 41 del cuaderno 1.
3
Radicación: 25000233600020140052701 (59.516)
Actor: Alonso Franco Arenas
Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa
12. Concluida la audiencia de pruebas6, el a quo corrió traslado a las partes para
alegar de conclusión y al Ministerio Público para que emitiera concepto7.
13. La Nación – Fiscalía General de la Nación insistió en que la vinculación a un
proceso penal no genera un daño antijurídico, máxime cuando mediaban indicios
serios en contra del demandante y fue investigado por un hecho punible consagrado
legalmente. Asimismo, señaló que no obra prueba documental sobre las
oportunidades laborales a las que no pudo acceder el demandante ni de su perjuicio
moral8.
14. La parte actora reiteró lo manifestado en la demanda9.
15. El Ministerio Público indicó que la Fiscalía General de la Nación no es
responsable del daño, por cuanto existía probabilidad de verdad sobre la
responsabilidad del demandante, en tanto que indujo en error a los propietarios de
los apartamentos para que se obligaran a subrogar el crédito constructor, siendo
una carga que no debían asumir. Igualmente, señaló que el señor Alonso Franco
Arenas omitió su deber de estudiar las escrituras públicas de permuta, antes de
proceder al desembolso del valor de la hipoteca, siendo una conducta culposa que
le imponía la carga de soportar su vinculación a un proceso penal10.
La decisión
16. Al definir el caso, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. En primer
lugar, sostuvo que la sola investigación penal no configura los elementos de
procedencia del régimen de responsabilidad objetivo, dado el deber constitucional
de toda persona de colaborar con la administración de justicia, por lo que, en
6
Durante la actuación se decretaron y practicaron las siguientes pruebas: i) los documentos aportados con la
demanda, que comprenden: constancia de conciliación prejudicial fallida expedida por la Procuraduría 127
Judicial II para asuntos administrativos (folio 2, C.2.); sentencia de 30 de mayo de 2012 proferida por la Corte
Suprema de Justicia – Sala de Casación Penal (folios 3 a 74, C.2.); sentencia de 12 de diciembre de 2006
proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá – Sala Penal (folios 75 a 83, C.2.); sentencia de
16 de julio de 2007 proferida por el Juzgado 15 Penal del Circuito de Bogotá (folios 84 a 104); resolución de
acusación del 4 de mayo de 2005 dictada por la Fiscalía 163 de la Unidad Tercera de Fe Pública y Patrimonio
Económico (folios 105 a 115, C.2.); respuesta a consulta con radicación 2013068020-002-000 de 13 de
septiembre de 2013 de la Superintendencia de Sociedades (folios 116 y 117, C.2.); resolución de preclusión de
29 de agosto de 2003, proferida por la Fiscalía 111 Seccional de la Unidad Tercera de Delitos contra la fe pública
y el patrimonio económico de Bogotá (folios 118 a 122, C.2.); diligencia de indagatoria de 1º de abril de 2004
rendida por el señor Alonso Franco Arenas (folios 123 a 126, C.2.); ampliación de indagatoria de 22 de junio de
2004, rendida por el señor Alonso Franco Arenas (folios 128 a 133, C.2.); certificaciones académicas del señor
Alonso Franco Arenas (folios 134 y 135, C.2.); certificaciones laborales del señor Alonso Franco Arenas (folios
136 a 140, C.2.); ii) declaraciones rendidas durante la audiencia de pruebas del 14 de abril de 2015 por los
señores Germán Barriga Garavito, María Fernanda Maldonado Echeverri; y, iii) declaraciones escritas de 17 de
febrero de 2015 realizadas por los señores Daniel Gómez Martínez y Rodolfo Humberto Arenas Eslava.
7
Folios 84 a 88 del cuaderno 1.
8
Folios 89 a 102 del cuaderno 1.
9
Folios 103 a 121 del cuaderno 1.
10
Folios 122 a 127 del cuaderno 1.
4
Radicación: 25000233600020140052701 (59.516)
Actor: Alonso Franco Arenas
Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa
aplicación del principio iura novit curia, el asunto debía examinarse bajo el título de
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.
17. Seguidamente, sostuvo que no se demostró que la Fiscalía General de la
Nación hubiera incumplido con el deber de guardar la reserva de la investigación
penal o divulgado información del proceso durante la etapa de juzgamiento, de ahí
que no le fuera imputable una afectación a la honra del demandante ni su aludida
imposibilidad de desempeñar cargos dentro del sistema financiero.
18. No obstante lo anterior, consideró que el ente acusador incurrió en defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia, por cuanto, en la etapa de
juzgamiento solicitó la absolución del demandante por considerar que no se había
cometido una conducta típica, con base en las mismas pruebas que le sirvieron para
fundar la acusación, lo que, a su juicio, evidencia que los elementos probatorios no
permitían proferir la acusación, debiendo precluir la instrucción a favor del
demandante en esa etapa procesal.
19. En consecuencia, condenó a la Fiscalía General de la Nación al pago de los
perjuicios morales y negó los demás perjuicios solicitados por falta de prueba sobre
su acreditación, precisando que no se demostró una relación causal entre la
investigación penal y la pérdida de oportunidad laboral deprecada, dado que no se
probó que su desvinculación laboral o la imposibilidad de acceder a ofertas laborales
hubiera obedecido al proceso penal, máxime cuando aquél inició cinco años
después, además de lo cual, se acreditó que para el año 2010 el demandante
trabajó en una entidad del sistema financiero11.
II. EL RECURSO INTERPUESTO
Sustentación de los recursos de apelación
20. Inconforme con la decisión anterior, la Fiscalía General de la Nación interpuso
recurso de apelación en el cual solicitó revocar la sentencia proferida por el a quo,
por considerar que el cambio de interpretación jurídica respecto de las pruebas
obrantes en el proceso no constituye una falla en el servicio, más aún cuando al
momento de calificar el mérito del sumario no tenía los elementos de juicio para
precluir la investigación, pues, en su lugar, la acusación obedeció al pleno
convencimiento de que el ahora demandante “hizo caso omiso de la información
contenida en la escritura pública Nro. 5510 de 1993, en la cual consta el pago de
los apartamentos adquiridos por las tres familias propietarias del terreno del
proyecto, engañándoles al decirles que ese pago no tenía por qué se tenido en
11
Folios 129 a 141 del cuaderno principal.
5
Radicación: 25000233600020140052701 (59.516)
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cuenta por la Corporación e inducirlos en el error de tener que solicitar un crédito
individual para volver a pagar los inmuebles adquiridos”.
21. Así las cosas, puntualizó que no se configuró una falla en el servicio derivada
de la vinculación al proceso, puesto que dicha circunstancia no constituye una carga
antijurídica, más aún cuando la misma no fue injustificada; asimismo, indicó que, si
bien el juez de casación consideró que “la relación contractual que generó la
anómala situación era entre los socios y su sociedad, no entre aquellas y el banco”,
lo cierto era que solo con posterioridad a la acusación se tuvieron elementos de
juicio para comprender que el señor Franco Arenas podía solicitar la constitución de
nuevos créditos hipotecarios que conllevaron un pago adicional, situación que no
deja de ser irregular o anómala.
22. En último término, consideró que no había lugar a la imposición de condena en
costas, dado que no estaban acreditados los gastos procesales en que incurrió la
parte demandante, ni se evidenciaban comportamientos procesales que ameritaran
la condena12.
23. La parte actora apeló la decisión en lo relativo a la denegación de los perjuicios
materiales y el quantum del perjuicio moral reconocido, al estimar que el a quo
incurrió en grave error de hecho por defectuosa e indebida valoración probatoria, al
omitir aplicar la sana crítica, puesto que desconoció el contexto en el que se
produjeron los hechos, esto es, que en el país solamente existían catorce entidades
bancarias, y que la prohibición de salir del país que se le impuso en el marco del
proceso penal estaba acompañada de la anotación sobre la existencia de una
investigación penal, razón por la cual, la situación del demandante era ampliamente
conocida.
24. Bajo esta perspectiva, adujo que la falta de prudencia de la pasiva al llamarlo a
juicio criminal sin que existiera una conducta punible que le fuera imputable,
manteniéndolo sub judice a un proceso penal por más de 10 años, afectó su buen
nombre y honra, sin que fuera necesario la publicación en medios masivos para
encontrar acreditado dicho daño, pues para tal efecto basta con los elementos
probatorios sobre su vinculación al proceso, la prohibición de salir del país, la
anotación en los antecedentes del DAS y la imposibilidad de declarar que no estaba
sometido a investigaciones por delitos económicos para poder postularse y acceder
a un cargo en el sector financiero.
25. Además, señaló que no se valoraron los documentos en los que consta que
había hecho carrera como banquero en cargos reconocidos y de buenos ingresos,
así como sus posibilidades de desempeñarse profesionalmente en posiciones
directivas en otros bancos comerciales y en el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), a las cuales no pudo acceder por estar sujeto a una investigación penal por
12
Folios 146 a 149 del cuaderno principal.
6
Radicación: 25000233600020140052701 (59.516)
Actor: Alonso Franco Arenas
Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa
estafa agravada, tal como se deduce del concepto emitido por la Superintendencia
Financiera.
26. Así mismo, afirmó que el daño emergente deprecado por la venta de una casa
y sus vehículos automotores, estaba demostrado en sus declaraciones de renta; y
que el quantum del perjuicio moral reconocido por el a quo debía ser incrementado
atendiendo a la prolongación del padecimiento sufrido por él y su familia, su
educación y características personales13.
27. En proveído del 28 de agosto de 201714, esta Corporación admitió los recursos
de apelación interpuestos, y el 18 de octubre siguiente corrió traslado a las partes
para presentar alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera
concepto15.
28. La Fiscalía General de la Nación insistió en que la vinculación a un proceso
penal no constituye un daño antijurídico, especialmente porque la omisión del
demandante de revisar minuciosamente los contratos y escrituras públicas de
permuta debía ser objeto de investigación16.
29. La parte actora señaló que el a quo omitió valorar los documentos que
demuestran que tuvo una afectación laboral y profesional, específicamente la
certificación proferida por el DAS sobre la investigación que se adelantaba en su
contra por el delito de estafa agravada, así como, el concepto emitido por la
Superintendencia Financiera sobre la imposibilidad de que personas investigadas o
juzgadas por delitos contra el patrimonio económico puedan hacer parte de la
administración de entidades financieras17.
30. En esa oportunidad procesal, el Ministerio Público guardó silencio.
III. C O N S I D E R A C I O N E S
31. No existiendo razones o motivos que conduzcan a la Sala a declarar una nulidad
o a volver sobre la definición de su competencia, se procede a resolver los recursos
de apelación ya indicados.
Problema jurídico
32. Con base en los argumentos esbozados por las partes en sus respectivas
impugnaciones, el debate jurídico se orienta a determinar si la pasiva incurrió en
13
Folios 151 a 161 del cuaderno principal.
14
Folio 181 del cuaderno principal.
15
Folio 185 del cuaderno principal.
16
Folios 188 a 190 del cuaderno principal.
17
Folios 202 a 211 del cuaderno principal.
7
Radicación: 25000233600020140052701 (59.516)
Actor: Alonso Franco Arenas
Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa
una falla en el servicio al vincular oficiosamente al actor a un proceso penal por el
delito de estafa agravada, para posteriormente formular acusación con las mismas
pruebas que tiempo después le sirvieron para solicitar la absolución del ciudadano
Alonso Franco Arenas, lo que condujo a su absolución. En caso de que se concluya
que la demandada incurrió en una falla o, aún, de que el actor no hubiera estado
llamado a soportar el proceso penal que se siguió en su contra, se verificará si hay
lugar a reconocer las pretensiones de la demanda negadas en la sentencia de
primera instancia, específicamente, si procede reconocer un mayor quantum
indemnizatorio por concepto de perjuicio moral, así como, si hay lugar al
reconocimiento de los perjuicios materiales deprecados en la demanda.
Lo probado
33. En el expediente obra el siguiente material probatorio con el que esta
Subsección encuentra probados los hechos relevantes que a continuación se
indican:
• Entre el 12 de enero de 1993 y el 30 de julio de 1997, el señor Alonso Franco
Arenas se desempeñó como vicepresidente de la dependencia de riesgo de la
Corporación Las Villas18.
• Mediante resolución del 23 de abril de 2002, proferida dentro del sumario
288.723, la Fiscalía 163 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Bogotá
precluyó la investigación seguida en contra de los señores Juan Daniel Galán
Sarmiento – representante de la sociedad Rediseños y Construcciones Ltda.–,
Cecilia Lozada de Galán – propietaria de la sociedad Rediseños y Construcciones
Ltda. y subgerente de la sociedad Figueras Yelo Ltda. – y Jaime Mauricio Lozada
Arocha – gerente de la sociedad Figueras Yelo Ltda. – por los posibles delitos de
estafa, abuso de confianza, concierto para delinquir y abuso de personas en
inferioridad de condiciones, a la vez que, ordenó compulsar copias para investigar
la conducta del señor Alonso Franco Arenas.
• Como supuesto fáctico de la acción penal adelantada, se indicó que para el año
1993 la sociedad Rediseños y Construcciones Ltda. realizó un convenio con los
señores Asaad Matuk Morales, Efraín Giraldo Ramírez y Ana Vainberg de Bursztyn,
relativo a la permuta de sus propiedades para que fueran empleadas como terreno
en la construcción del edificio Figueras Plaza, a cambio de 2 apartamentos del
proyecto, para cada uno. Con este propósito se creó entre las partes la sociedad
Figueras Yelo Ltda., a la que, con intervención del señor Alonso Franco Arenas,
entonces vicepresidente de crédito de la Corporación Las Villas, le fue otorgado un
crédito constructor por valor total de mil seiscientos millones de pesos
($1.600.000.000), el cual fue garantizado mediante la constitución de una hipoteca
18
Folio 138 del cuaderno 2.
8
Radicación: 25000233600020140052701 (59.516)
Actor: Alonso Franco Arenas
Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa
abierta de primer grado sobre los lotes englobados y las edificaciones en ellos
construidas.
• Ante el impago de la obligación, la corporación prestamista inició acciones
legales tendientes a asegurar el pago mediante el embargo de los bienes dados en
garantía, y posteriormente, con la intervención del señor Franco Arenas, consiguió
que los antiguos propietarios del lote del proyecto realizaran el pago de la acreencia
con recursos propios o a través de créditos que la misma Corporación concedió a
cambio de la constitución de nuevas hipotecas individuales sobre sus
apartamentos.
• Bajo este contexto, se consideró que el señor Alonso Franco Arenas, como
vicepresidente de la mencionada corporación financiera, participó en: i) la
adjudicación del crédito constructor a la sociedad Figueras Yelo Ltda. por valor total
de mil seiscientos millones de pesos ($1.600.000.000), pese a que no tenía
capacidad financiera y su representante legal solo podía obligar a la sociedad hasta
por veinticinco millones de pesos ($25.000.000); y, ii) la recuperación de la cartera
vencida por la suma de seiscientos millones de pesos ($600.000.000), por cuanto,
no levantó el gravamen hipotecario de mayor extensión que pesaba sobre los
apartamentos de quienes los adquirieron mediante permuta – por ser dueños del
lote donde se construyó el proyecto -, y en su lugar, aquéllos se obligaron a pagar
nuevamente el valor de sus apartamentos con el objeto de liberarlos de la hipoteca
de mayor extensión, actuando bajo presión según afirmaron en sus denuncias19.
• Mediante resolución del 29 de agosto de 2003, proferida dentro del sumario
563.726, la Fiscalía 111 Seccional de la Unidad Tercera de Delitos contra la Fe
Pública y Patrimonio Económico, precluyó la investigación adelantada en contra de
los señores Juan Daniel Galán Sarmiento, Cecilia Lozada de Galán y Jaime
Mauricio Lozada Arocha, al determinar que existía cosa juzgada, por cuanto los
mismos hechos fueron investigados en contra de los mismos sindicados por la
Fiscalía 144 Seccional en el proceso con radicado 304.851, y por la Fiscalía 163
Seccional en la investigación 288.723, en los cuales se calificó el mérito del sumario
con resolución de preclusión, por considerar que los hechos investigados
escapaban del ámbito penal, puesto que versaban sobre relaciones civiles y
comerciales.
• En dicho proveído se adujo que los hechos que motivaron la investigación por
la ejecución del proyecto del edificio Figueras Plaza, correspondían, a: i) la
aprobación de un millonario crédito constructor a una sociedad con un ínfimo capital
social de tan solo cinco millones quinientos ochenta mil pesos ($5.580.000), el cual,
según los denunciantes había sido otorgado con la presunta complicidad del señor
Alonso Franco Arenas, vicepresidente de crédito y cartera de la Corporación Las
19
Si bien dicho proveído no obra en el expediente, la información se extrae de los antecedentes contenidos en
la resolución de acusación de 4 de mayo de 2005 obrante a folios 105 a 115 del cuaderno 2.
9
Radicación: 25000233600020140052701 (59.516)
Actor: Alonso Franco Arenas
Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa
Villas, y amigo personal del sindicado Jaime Mauricio Lozada Arocha; ii) la inclusión
de los apartamentos que habían sido adquiridos mediante permuta en el gravamen
que aseguraba el crédito constructor, sin haber dividido o limitado su monto; iii) la
adquisición del crédito por parte del gerente de la sociedad Figueras Yelo Ltda., en
exceso de sus facultades para contratar, dado que no contaba con la aprobación
de la junta directiva para el efecto; y, iv) la coacción ejercida sobre los afectados
por parte de los representantes legales de las sociedades Figueras Yelo Ltda. y
Rediseños y Construcciones Ltda., así como por el señor Alonso Franco Arenas,
para que se subrogaran el crédito constructor20.
• Con base en la compulsa de copias ordenada dentro del sumario 288.723, el 7
de octubre de 2002, la Fiscalía 163 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito
abrió la investigación previa de los hechos21.
• En diligencia de versión libre, el señor Alonso Franco Arenas dijo que, en su
calidad de vicepresidente de crédito y cartera de la Corporación Las Villas, era el
encargado de la calificación integral de los créditos constructor durante su
aprobación, otorgamiento y desembolso, así como de la fase de recuperación del
dinero prestado, bajo las políticas y procedimientos de la entidad.
• Reconoció que en ejercicio de tales facultades recomendó el otorgamiento de
un crédito constructor a la sociedad Figueras Yelo Ltda. en la junta directiva de la
Corporación Las Villas S.A. de 24 de noviembre de 1993, por considerar que existía
una fuente suficiente de pago y un adecuado nivel de garantías; a la vez que indicó
que la capacidad legal y financiera de la sociedad Figueras Yelo Ltda. era
responsabilidad del área jurídica.
• En cuanto al cumplimiento del pago, señaló que era obligación de la entidad
financiera monitorear las ventas de los inmuebles, mientras que al constructor le
correspondía cancelar las prorratas de los apartamentos que vendiera de contado,
lo cual no había realizado respecto de los apartamentos asignados a los dueños de
los lotes22.
• El 29 de enero de 2004, la Fiscalía 163 Delegada ante los Jueces Penales del
Circuito dispuso la apertura de la instrucción en contra del señor Alonso Franco
20
Folios 118 a 122 del cuaderno 2.
21
Aun cuando no se aportó la providencia mediante la cual la Fiscalía 63 Delegada ante los Jueces Penales
del Circuito dispuso la apertura de la investigación previa, la información se extrae de la sentencia de 12 de
diciembre de 2006 proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala Penal (folios 75 a 83
del cuaderno 2) y de 30 de mayo de 2012, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia (folios 3
a 73 del cuaderno 2)
22
Si bien la diligencia de versión libre no fue aportada al expediente, su contenido se extrae de los antecedentes
de la resolución de acusación de 4 de mayo de 2005 obrante a folios 105 a 115 del cuaderno 2.
10
Radicación: 25000233600020140052701 (59.516)
Actor: Alonso Franco Arenas
Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa
Arenas por el punible de estafa agravada, ordenando su vinculación mediante
indagatoria23.
• En la versión de indagatoria rendida el 4 de marzo24, 19 de abril25 y 22 de junio
de 200426, el señor Alonso Franco Arenas precisó que las personas que permutaron
sus inmuebles para adquirir como contraprestación apartamentos en el edificio
Figueras Plaza, fueron los únicos demandados ejecutivamente para que
respondieran por el saldo del crédito constructor, por cuanto sus apartamentos aún
estaban gravados con la hipoteca de mayor extensión, dado que el constructor no
había realizado el pago de las respectivas prorratas.
• Asimismo, aseguró que los saldos del crédito constructor debían pagarse con
las unidades que aún estaban gravadas con la hipoteca de mayor extensión, sin
importar que éstas ya hubieren sido pagadas al constructor, puesto que, pese a
haber analizado las escrituras públicas de permuta, desconocía las negociaciones
realizadas entre el constructor y los terceros adquirentes. En esta medida, reconoció
haber propuesto al comité de cartera un “Plan de Acción” para adjudicar las
prorratas adeudadas a quienes adquirieron los apartamentos mediante permuta, a
través del otorgamiento de créditos de remodelación, ampliación o subdivisión
(RAS), y haber contactado a dichas personas para realizar el trámite de aprobación.
• El 4 de mayo de 2005, la Fiscalía 163 Delegada ante los Jueces Penales del
Circuito de Bogotá calificó el mérito del sumario con resolución de acusación
proferida en contra del señor Alonso Franco Arenas, como presunto autor del delito
de estafa agravada por la cuantía (artículos 365 y 372, núm. 1º del Decreto 100 de
1980), por considerar acreditados los requisitos exigidos por el artículo 397 de la
Ley 600 de 2000.
• Como fundamento de su decisión, consideró que el sindicado se valió de una
indebida presión sobre los propietarios para que se obligaran a pagar, además de
los inmuebles, el saldo del crédito constructor, el cual no debían asumir puesto que
ya habían pagado el valor total de sus apartamentos con la permuta inicial,
inducción a error que les produjo un detrimento patrimonial, que devino en un
provecho económico ilícito a favor de un tercero.
• El ente instructor precisó que a la finalización de la obra en junio de 1995, se
produjo la liquidación del crédito constructor y su subrogación por créditos
individuales que no fueron asumidos por la sociedad constructora, por lo que, el
23
La información se extrae de la sentencia de 12 de diciembre de 2006 proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá – Sala Penal (folios 75 a 83 del cuaderno 2) y de 30 de mayo de 2012, la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia (folios 3 a 73 del cuaderno 2)
24
Según los antecedentes de la providencia del 12 de diciembre de 2006 dictada por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá – Sala Penal (folios 75 a 83 del cuaderno 2), el demandante rindió diligencia de
indagatoria el 4 de marzo de 2004.
25
Folios 123 a 126 del cuaderno 2.
26
Folios 128 a 133 del cuaderno 2
11
Radicación: 25000233600020140052701 (59.516)
Actor: Alonso Franco Arenas
Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa
señor Alonso Franco Arenas, en su calidad de vicepresidente de crédito y cartera,
asignó un porcentaje de la deuda a los apartamentos ya pagados que habían sido
adjudicados a los antiguos propietarios del lote, a quienes además les facilitó los
documentos para adquirir nuevos créditos individuales para efectuar el pago,
cuando lo correcto era que la deuda se asignara a las demás unidades del proyecto.
• Lo anterior fue sostenido por el órgano acusador con fundamento en las
siguientes pruebas – documentos no obrantes en el expediente –:
i) El acta de reunión de la junta directiva de la Corporación Las Villas de 24 de
noviembre de 1993, en la cual el señor Alonso Franco Arenas, recomendó la
aprobación del crédito constructor a la sociedad Figueras Yelo Ltda. por valor
de mil seiscientos millones de pesos ($1.600.000.000), esto es, con
anterioridad a la constitución de la sociedad.
ii) La escritura pública No. 5510 de 3 diciembre de 1993 contentiva de la permuta
de tres casas de propiedad de los señores Assaad Matuk, Efraín Giraldo y Ana
Vainberg de Bursztyn, por seis apartamentos que serían construidos en el
proyecto Figueras Plaza, documento que según afirmó la Fiscalía debió ser la
base del estudio de títulos elaborado por la Corporación Las Villas antes de
hacer los desembolsos correspondientes a través de la sociedad Figueras
Yelo Ltda.
iii) La escritura pública No. 3454 de 31 de julio de 1995, por medio de la cual
Figueras Yelo Ltda. transfirió la propiedad del apartamento 401 al señor Efraín
Giraldo Ramírez, manteniendo la hipoteca de mayor extensión, la cual, para la
Fiscalía contiene un contrato de compraventa inexistente puesto que no era
cierto que el mencionado señor hubiera cancelado nuevamente el precio
correspondiente al avalúo del inmueble, dado que su verdadero objeto era el
cumplimiento de la permuta realizada mediante la escritura pública No. 5510
de 3 diciembre de 1993.
iv) La escritura pública No. 3387 de 17 de julio de 1996, mediante la cual el señor
Efraín Giraldo hipotecó el apartamento 401 para garantizar el pago del nuevo
crédito que le fue otorgado a favor de la Corporación Las Villas, debido a que
Figueras Yelo Ltda. nunca canceló la hipoteca en mayor extensión del crédito
constructor.
v) La escritura pública No. 3423 de 18 de julio de 1996, por medio de la cual se
hipotecó el apartamento adjudicado a la señora Ana Vainberg de Bursztyn, al
hacerle exigible la hipoteca de mayor extensión, en aras de recuperar el saldo
insoluto del préstamo constructor.
vi) El doble pago realizado por el señor Assaad Matuk para adquirir el
apartamento 305, el cual se efectuó inicialmente mediante la permuta de su
predio y luego en efectivo.
vii) El litigio ante la jurisdicción civil instaurado por la corporación financiera
respecto del apartamento 507, que en virtud de la permuta correspondía al
señor Assaad Matuk, con el fin de asegurar el pago del crédito constructor.
12
Radicación: 25000233600020140052701 (59.516)
Actor: Alonso Franco Arenas
Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa
viii) Las declaraciones de los perjudicados, quienes coinciden en afirmar que el
señor Alonso Franco Arenas los presionó para tomar los créditos RAS con el
objeto de pagar la hipoteca de mayor extensión.
ix) La declaración rendida por la señora Esther América Paz Montoya,
representante legal de la Corporación Las Villas S.A., quien manifestó que el
responsable de recuperar el crédito constructor otorgado a Figueras Yelo Ltda.
era el vicepresidente Alonso Franco Arenas, dado que funcionalmente era el
responsable de dirigir el área técnica.
x) La certificación firmada por la representante legal de la Corporación Las Villas
S.A., mediante la cual se comprometía a liberar del gravamen a los
apartamentos que se encontraran totalmente pagados.
xi) La versión libre y de indagatoria del señor Alonso Franco Arenas, en la que
reconoció que existía una obligación futura con quienes adquirieron mediante
permuta, la cual, se concertó dos meses antes de la constitución de la hipoteca
de mayor extensión, en febrero de 1994; y además, admitió haber propuesto
al comité de cartera un “Plan de Acción” consistente en el otorgamiento de
créditos RAS a los permutantes, por el valor de las prorratas adeudadas, con
el fin de recuperar la cartera del crédito constructor, para lo cual los contactó
personalmente27.
• Durante la audiencia de juzgamiento, el experto en finanzas y negociaciones
comerciales, Juan Camilo Ángel Mejía, explicó las características del crédito
constructor y sus reformas, así como, lo relativo a la constitución de hipotecas de
mayor extensión, las diferentes formas de crédito, su pago y parte operativa, entre
otras características propias del negocio realizado con la sociedad Figueras Yelo
Ltda.
• En la misma audiencia pública y con base en la declaración del experto Juan
Camilo Ángel Mejía, la Fiscalía solicitó la absolución del acusado, aduciendo que
surgieron incógnitas probatorias en el decurso procesal sobre los aspectos material
y subjetivo del delito investigado. En este sentido, consideró que si bien los
perjudicados se encontraban en una ostensible situación de desventaja, por cuanto,
a pesar de haber pagado en su totalidad sus inmuebles habían recibido
apartamentos gravados, debiendo incurrir en erogaciones adicionales; “no se había
logrado consistencia en lo referente a la manipulación del encartado en relación con
las prorratas y otras conductas señaladas como presuntamente inapropiadas para
asegurar que AV-VILLAS no sufriera un desfalco económico, como tampoco a su
criterio se avizora[ba] la presión que el acusado pudiera haber ejercido sobre los
perjudicados para hacerlos incurrir en error en perjuicio pecuniario de estos”28.
27
Folios 105 a 115 del cuaderno 2.
28
Si bien el acta de la audiencia de juzgamiento no fue aportada al expediente, la información se extrae de la
sentencia de 16 de julio de 2007 proferida por el Juzgado 15 Penal del Circuito de Bogotá, obrante a folios 84
a 104 del cuaderno 2.
13
Radicación: 25000233600020140052701 (59.516)
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Referencia: Acción de reparación directa
• En sentencia del 16 de julio de 2007, el Juzgado 15 Penal del Circuito de
Bogotá, absolvió en primera instancia al señor Alonso Franco Arenas y ordenó el
desembargo de sus bienes, por considerar que no se habían demostrado los
elementos estructurales del tipo penal con grado de certeza, razón por la cual, “la
conducta endilgada se presenta[ba] del todo atípica”.
• Como fundamento de su decisión, señaló que el posible requerimiento que pudo
realizar el procesado en nombre de la Corporación Las Villas no podía considerarse
como una presión indebida, pues dentro de su ámbito funcional se encontraban las
labores tendientes a la recuperación de cartera; además, los afectados, en su
calidad de socios de Figueras Yelo Ltda., solicitaron los créditos RAS, aceptando
las prorratas, formas de pago y la hipoteca individual de los inmuebles, sin que se
hubiera probado que en las negociaciones que tuvieron con la entidad bancaria
estuviera implicado el sindicado29.
• Inconforme con la decisión anterior, la parte civil interpuso recurso de apelación,
el cual fue resuelto el 26 de marzo de 2010 por el Tribunal Superior de Bogotá –
Sala de Descongestión, autoridad que confirmó la sentencia absolutoria dictada a
favor del acusado Alonso Franco Arenas30.
• En sentencia del 30 de mayo de 2012, la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia decidió el recurso extraordinario de casación interpuesto por
los apoderados de la parte civil, resolviendo no casar la sentencia del 26 de marzo
de 2010, por cuanto no se demostró que hubiere incurrido en yerro alguno.
• Al respecto, sostuvo que el desmedro patrimonial de la parte civil no le era
imputable al establecimiento financiero ni a su funcionario, pues éste buscó, en
acuerdo con los socios de Figueras Yelo Ltda., el pago de un crédito que de todos
modos estaba garantizado con la hipoteca de mayor extensión, mediante la
constitución de créditos con mejores condiciones que facilitaran su pago y
extinguieran el gravamen.
• En este sentido, indicó que aun cuando ese nuevo mecanismo para asegurar el
pago hubiera sido admitido bajo presión, no se enmarcaba en los elementos
constitutivos del tipo penal de estafa – error o engaño –, pues, los socios sabían
que asumirían la deuda de la sociedad y así lo aceptaron al suscribir los convenios.
• Precisó, además, que la sociedad Figueras Yelo Ltda. dio en garantía la
totalidad del bien, sin reserva ni exclusión alguna, por lo que la corporación de
crédito podía involucrar los bienes objeto de intercambio en la hipoteca de mayor
extensión, estando en la facultad de perseguirlos para garantizar el crédito.
29
Folios 84 a 104 del cuaderno 2.
30
Si bien dicho proveído no obra en el expediente, la información se extrae de la sentencia de casación de 30
de mayo de 2012 obrante a folios 3 a 73 del cuaderno 2.
14
Radicación: 25000233600020140052701 (59.516)
Actor: Alonso Franco Arenas
Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa
• Como corolario de lo anterior, señaló que el incumplimiento de la sociedad
Figueras Yelo Ltda. no podía ser imputado a la Corporación Las Villas, pues “la
relación contractual que generó la anómala situación era entre los socios y su
sociedad, no entre aquellos y el banco” 31.
• El anterior proveído fue notificado mediante edicto fijado el 5 de junio de 2012,
desfijado el 7 de junio siguiente32.
Determinación de la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación
por la compulsa de copias para investigar conductas penales y la
vinculación a un proceso penal
34. Como punto de partida, se precisa que las entidades del Estado, como sujetos
de derechos y obligaciones, pueden ser potenciales causantes de daños a los
particulares. En tal caso y por sus efectos, el régimen de responsabilidad instituido
a partir del artículo 90 Superior, requiere de una interpretación sistemática con otras
disposiciones constitucionales que obran como parámetros orientadores del
régimen de responsabilidad estatal, como son, los artículos 2, 6, 209 y 299, que
definen los elementos axiológicos por los que el Estado está llamado a responder
patrimonialmente por los daños causados a los asociados33.
35. Sobre esta base, la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación se
analiza desde su facultad de compulsar copias y vincular a una persona a una
investigación penal, la cual se desprende del cumplimiento del deber legal que
tienen los servidores públicos de informar sobre hechos, actos u omisiones que se
estima, pueden llegar a ser constitutivos de una falta penal, en orden a que, se
adelante, si a ello hay lugar, la investigación correspondiente y se establezcan las
posibles responsabilidades.
36. Se trata de una obligación legal consagrada en el artículo 27 de la Ley 600 de
2000 – aplicable al sub examine -, reproducida en el artículo 67 del nuevo Código
Procesal Penal, en el que se prevé que toda persona tiene el deber de denunciar la
comisión de delitos y que el servidor público que “(…) conozca de la comisión de
una conducta punible que deba investigarse de oficio, iniciará sin tardanza la
investigación si tuviere competencia para ello”; la cual, encuentra soporte
constitucional en el artículo 250 Superior, que impone a la Fiscalía General de la
Nación la obligación de adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la
investigación de los hechos que revistan las características de un delito que lleguen
a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio,
siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen
la posible existencia del mismo.
31
Folios 3 a 73 del cuaderno 2.
32
Folio 74 del cuaderno 2.
33
Corte Constitucional en la sentencia SU-072 de 2018.
15
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37. En este sentido, la orden de remitir copias para que se investigue una posible
irregularidad con eventuales repercusiones penales34, así como, la vinculación a un
proceso penal ante la posible comisión de un delito, constituyen obligaciones del
órgano instructor que, en principio, no generan un daño antijurídico, pues se derivan
del cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales.
38. Además, conviene indicar que el solo hecho de permanecer vinculado al
proceso es una carga que se deriva de los deberes constitucionales consagrados
en el numeral 7 del artículo 95 Superior, que no puede calificarse como una ruptura
de los deberes que pesan sobre cualquier ciudadano, pues es precisamente a
través de esa colaboración que los operadores judiciales pretenden obtener la
verdad material de los hechos investigados y así lograr el fin constitucional de
construir un orden jurídico justo, tal como lo prescribe el Preámbulo de la Carta
Política.
39. Soportado en las anteriores premisas, solo será objeto de reproche la compulsa
de copias y la vinculación a un proceso penal efectuada sin que existan
fundamentos de hecho o de derecho que permitan inferir la probable comisión de
una falta penal, de lo cual resulte evidente que la decisión de la autoridad
jurisdiccional fue abiertamente desproporcionada, arbitraria o caprichosa, de ahí
que se deba determinar en cada caso si existía o no mérito para proferir una decisión
en tal sentido.
40. En el sub lite, se encuentra acreditado que, en proveído del 23 de abril de 2002,
la Fiscalía 163 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Bogotá dispuso
compulsar copias para que se investigara la conducta del señor Alonso Franco
Arenas, en el marco de la investigación que concluyó con resolución de preclusión
a favor de los señores Juan Daniel Galán Sarmiento, Cecilia Lozada de Galán y
Jaime Mauricio Lozada Arocha por los posibles delitos de estafa, abuso de
confianza, concierto para delinquir y abuso de personas en inferioridad de
condiciones.
41. Lo anterior, por considerar que el aquí demandante, en su calidad de
vicepresidente de crédito y cartera de la Corporación Las Villas, participó en:
i) La adjudicación de un crédito por valor total de mil seiscientos millones de
pesos ($1.600.000.000), para la construcción del edificio Figueras Plaza, en
unos predios que habían sido permutados por los señores Asaad Matuk
Morales, Efraín Giraldo Ramírez y Ana Vainberg de Bursztyn, a cambio de seis
apartamentos del proyecto de vivienda, a pesar de que la sociedad Figueras
34
Al respecto la Corte Constitucional en sentencias T- 354 de 2002 y T-738 de 2007, ha sostenido:
“la orden para que se investigue una posible irregularidad con eventuales repercusiones penales o disciplinarias
no constituye solo una facultad sino una obligación de los funcionarios. El comportamiento de quien ordena
remitir copias para iniciar una investigación no puede estimarse, en sí mismo, atentatorio de los derechos
fundamentales”.
16
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Yelo Ltda., solicitante del crédito, no tenía capacidad financiera y su
representante legal tampoco estaba autorizado para comprometer a la
sociedad por un monto superior a veinticinco millones de pesos ($25.000.000);
y,
ii) La recuperación de la cartera vencida del crédito constructor por la suma de
seiscientos millones de pesos ($600.000.000), sin haber levantado el
gravamen hipotecario de mayor extensión que pesaba sobre los apartamentos
de las personas que los adquirieron mediante permuta, quienes, en
consecuencia, se obligaron a pagar nuevamente el valor de sus apartamentos
con el objeto de liberarlos de la hipoteca de mayor extensión, actuando bajo
presión según afirmaron en sus denuncias.
42. Con el material probatorio previamente relacionado y sin que en el expediente
obren elementos de convicción adicionales, observa la Sala que la decisión de
compulsar copias estuvo soportada en fundamentos fácticos y jurídicos que
permitían inferir razonablemente la posible comisión de una conducta punible, en
tanto que, no solo mediaban las denuncias de quienes afirmaron haber sido
presionados por el señor Alonso Franco Arenas para subrogarse el crédito
constructor, sino que, efectivamente, aquellos habían adquirido una obligación que
en principio no les correspondía asumir.
43. En tal escenario, la discrecionalidad del operador del ente de investigación y
acusación, razonablemente podía comprender la determinación de emitir una orden
de compulsa de copias con el fin de que la autoridad competente determinara si la
conducta del señor Alonso Franco Arenas ameritaba su vinculación a una
investigación penal por el presunto delito de estafa agravada por la cuantía35.
44. Ya en lo que atañe a la vinculación del actor al proceso penal, de entrada,
evidencia la Sala que los antecedentes de las actuaciones aportadas al expediente
dan cuenta del agotamiento de la etapa de investigación previa y de la apertura de
la instrucción en contra del señor Alonso Franco Arenas36, actuaciones que si bien
no fueron aportadas al expediente, se encuentran reafirmadas con la resolución de
acusación proferida en contra del actor, con la que se prolongó su sujeción al
proceso penal.
35
Decreto 100 de 1980. “Artículo 356. Estafa. El que induciendo o manteniendo a otro en error, por medio de
artificios o engaños, obtenga provecho ilícito para sí o para un tercero con perjuicio ajeno, incurrirá en prisión
de uno a diez años y multa de …”
“Artículo 372. Circunstancias genéricas de agravación. Las penas para los delitos descritos en los capítulos
anteriores, se aumentarán de una tercera parte a la mitad, cuando el hecho se cometa:
“1o. Sobre una cosa cuyo valor fuere superior a cien mil pesos*, o que siendo inferior, haya ocasionado grave
daño a la víctima, atendida su situación económica...”
36
Se anota que en voces del artículo 333 de la aludida Ley 600 de 2000, a la Fiscalía General de la Nación le
corresponde vincular al proceso mediante indagatoria, a quien, en virtud de antecedentes y circunstancias
consignadas en la actuación o por haber sido sorprendido en flagrante conducta punible, considerara que
pudiera ser autor o partícipe de la infracción penal.
17
Radicación: 25000233600020140052701 (59.516)
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45. Al respecto, debe mencionarse que el artículo 397 de la Ley 600 de 2000
dispone como requisitos sustanciales de la resolución de acusación que “El Fiscal
General de la Nación o su delegado dictarán resolución de acusación cuando esté
demostrada la ocurrencia del hecho y exista confesión, testimonio que ofrezca
serios motivos de credibilidad, indicios graves, documento, peritación o cualquier
otro medio probatorio que señale la responsabilidad del sindicado”.
46. De acuerdo con lo anterior, no se advierte que la resolución de acusación
proferida por la Fiscalía 163 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de
Bogotá en contra del señor Alonso Franco Arenas por el delito de estafa agravada,
hubiera sido desproporcionada, arbitraria o caprichosa, pues, además de la
denuncia realizada por los afectados sobre la presión ejercida por el ahora
demandante para que aquéllos asumieran directamente el pago del crédito
constructor, como fundamento de la decisión se presentaron diferentes pruebas que
valoradas en su conjunto apuntaban a la posible responsabilidad del sindicado en
la conducta delictiva endilgada, estos fueron:
i) Las referidas a su participación en la aprobación de un crédito a una sociedad
carente de capacidad financiera y legal, entre las que se encuentran, el acta
de reunión de la junta directiva de la Corporación Las Villas de 24 de
noviembre de 1993, en la que recomendó la aprobación del crédito constructor
a favor de la sociedad Figueras Yelo Ltda., pese a que para ese momento no
había sido constituida.
ii) La atinente al pago total de los apartamentos del proyecto realizado por los
afectados mediante el contrato de permuta protocolizado en la escritura
pública No. 5510 de 3 diciembre de 1993 y la certificación firmada por la señora
Esther América Paz Montoya, representante legal de la Corporación Las Villas
S.A., mediante la cual se comprometía a liberar del gravamen a los
apartamentos que se encontraran totalmente pagados.
iii) Las relativas a las actuaciones desarrolladas por el sindicado para asegurar el
pago del saldo insoluto del crédito constructor, como fueron: a) la declaración
rendida por la representante legal de la Corporación Las Villas S.A., quien
manifestó que el responsable de recuperar el crédito constructor otorgado a
Figueras Yelo Ltda. era el vicepresidente Alonso Franco Arenas; b) la versión
libre y de indagatoria del señor Alonso Franco Arenas, en la que reconoció que
existía una obligación futura con quienes adquirieron mediante permuta, la
cual, se concertó dos meses antes de la constitución de la hipoteca de mayor
extensión, en febrero de 1994; y además, admitió haber propuesto al comité
de cartera un “Plan de Acción” consistente en el otorgamiento de créditos RAS
a los permutantes, por el valor de las prorratas adeudadas, con el fin de
recuperar la cartera del crédito constructor, para lo cual los contactó
personalmente; c) las declaraciones de los perjudicados, quienes coincidieron
en afirmar que el señor Alonso Franco Arenas los presionó para tomar los
créditos RAS con el objeto de pagar la hipoteca de mayor extensión; d) la
18
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Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa
escritura pública No. 3454 de 31 de julio de 1995, por medio de la cual se
transfirió la propiedad del apartamento 401 al señor Efraín Giraldo Ramírez,
manteniendo la hipoteca de mayor extensión, pese a que su pago se había
realizado mediante el contrato de permuta; e) las escrituras públicas Nos. 3387
y 3423 de 17 y 18 de julio de 1996, mediante las cuales los señores Efraín
Giraldo Ramírez y Ana Vainberg de Bursztyn hipotecaron sus apartamentos
para garantizar el pago del nuevo crédito que les fue otorgado para subrogar
el crédito constructor a favor de la Corporación Las Villas; f) el doble pago
realizado por el señor Assaad Matuk para adquirir el apartamento 305, el cual
se efectuó inicialmente mediante la permuta de su predio y luego en efectivo;
y, g) el litigio ante la jurisdicción civil instaurado por la corporación financiera
respecto del apartamento 507, que en virtud de la permuta correspondía al
señor Assaad Matuk, con el fin de asegurar el pago del crédito constructor.
47. A lo anterior se agrega que la Fiscalía 163 Delegada ante los Jueces Penales
del Circuito de Bogotá, en la resolución de acusación de 4 de mayo de 2005, expuso
sus argumentos de manera razonada, lógica y coherente, sin que se observe que
haya proferido esa decisión de forma arbitraria o sin sustento jurídico, sino en
atención a las conclusiones que arrojó la valoración y análisis que le hizo a los
medios probatorios con los que contaba en dicho momento procesal, de cara a la
conducta que se investigaba, pues los elementos de prueba concurrían a estimar
razonadamente la posible autoría del demandante en el ilícito, sin que dicho
razonamiento de manera alguna comporte un análisis o juicio sobre la inocencia del
señor Franco Arenas, la cual sin dubitación alguna fue definida prístinamente por el
juez natural de la causa, quien consideró que no existía certeza sobre la
configuración de los elementos estructurales del tipo penal.
48. Debe precisarse que en casos como el analizado, la responsabilidad del Estado
por la extralimitación de funciones o el uso indebido de competencias legales, debe
ser examinada dentro de los parámetros de la autonomía e independencia que tiene
la autoridad jurisdiccional para interpretar los hechos que se someten a su
consideración, por lo que corresponde a la parte actora demostrar que su
vinculación al proceso penal carecía de total fundamento fáctico y jurídico, lo cual,
no ocurrió en el presente asunto, pues, como se evidenció, los elementos
probatorios recaudados hasta la etapa de acusación eran indicativos de la probable
comisión de una conducta punible.
49. Aunado a lo cual, debe recordarse que el proceso penal reglado por la Ley 600
de 2000 se estructura sobre la base del principio de progresividad, lo cual implica
que en cada fase se exija un mayor grado de conocimiento del objeto de
investigación y los elementos del delito, de ahí que la investigación se adelante bajo
la posibilidad – apertura – y luego probabilidad – acusación – de la conducta punible,
19
Radicación: 25000233600020140052701 (59.516)
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mientras que, el grado de certeza solo sea exigido al momento de proferir sentencia
condenatoria37.
50. Precisado lo anterior, aunque es cierto que el señor Alonso Franco Arenas fue
favorecido con la sentencia absolutoria del 16 de julio de 2007 proferida por el
Juzgado 15 Penal del Circuito de Bogotá, la cual fue confirmada el 26 de marzo de
2010 por el Tribunal Superior de Bogotá – Sala de Descongestión, y no casada por
la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 30 de
mayo de 2012, también debe considerarse que durante la audiencia de juzgamiento
se practicaron nuevas pruebas, en concreto, se recibió la declaración del señor Juan
Camilo Ángel Mejía, experto en finanzas y negociaciones comerciales, con la cual
se pudo esclarecer el alcance de las actuaciones desarrolladas por el acusado y por
tanto, la falta de certeza sobre la atipicidad de su conducta.
51. Se advierte, además, que esa misma prueba sobreviniente- la declaración del
experto Juan Camilo Ángel Mejía -, motivó la decisión de la Fiscalía de solicitar la
absolución del señor Franco Arenas en la audiencia de juzgamiento, sin que tal
determinación tenga el alcance de permear de arbitrariedad la decisión inicial
acusatoria que lo mantuvo vinculado al proceso penal, pues tal como se advirtió, la
Fiscal partió de un sustento fáctico y jurídico, junto a lo cual, debe reiterarse que al
momento de calificar el mérito del sumario, no le era exigible al ente acusador el
grado de certeza sobre la comisión de la conducta punible, pues éste, se itera, solo
es exigido al juez penal al proferir una decisión condenatoria.
52. En este orden de ideas, se concluye que no se demostró que la pasiva hubiera
incurrido en falla alguna en el servicio capaz de activar un mecanismo resarcitorio,
pues las decisiones que adoptó relacionadas con la vinculación del señor Alonso
Franco Arenas, lejos de ser arbitrarias e irracionales, se sustentaron en la ley y en
las pruebas legal y oportunamente aportadas al proceso penal, en armonía con las
circunstancias y elementos de juicio con los que contaba el funcionario judicial en
ese momento sumarial; al margen de lo cual, analizada la conducta de la pasiva al
solicitar la absolución del ahora demandante durante la audiencia de juzgamiento,
tampoco se encuentra demostrada una falla en el servicio, pues aquello obedeció
a la valoración de un nuevo elemento probatorio recaudado con posterioridad a la
acusación.
53. Así, estando acreditado que la vinculación oficiosa del actor al proceso penal
no fue injustificada, se impone revocar la sentencia de primera instancia y, en su
lugar, denegar las pretensiones de la demanda.
37
Corte Suprema de Justicia, Sala Penal. Radicados 12.768, 19.192 de 2003; 14.470 de 2004, y 22.314 de
2004.
20
Radicación: 25000233600020140052701 (59.516)
Actor: Alonso Franco Arenas
Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa
Condena en costas
54. De conformidad con lo establecido en el artículo 188 del C.P.A.C.A. la
liquidación y ejecución de la condena en costas se sujetará a las reglas del Código
de Procedimiento Civil. En este orden de ideas, según lo dispuesto en el numeral 4
del artículo 365 del C.G.P., la Sala condenará en costas a la parte demandante,
toda vez que en esta providencia se revoca totalmente la sentencia de primera
instancia, de manera adversa a sus pretensiones.
55. Adicionalmente, considerando que el artículo 361 ejusdem prevé que las costas
están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados causados
durante el trámite de la controversia, así como por las agencias en derecho, las
cuales, se fijan con observancia de las tarifas establecidas por el Consejo Superior
de la Judicatura en el Acuerdo No. 1887 de 200338, en esta instancia, se fijan las
agencias en veintiocho millones cuatrocientos diez mil pesos ($ 28.410.000,00), a
cargo de la parte demandante y a favor de la Nación – Fiscalía General de la Nación,
que corresponden al 1% del valor de las pretensiones negadas en la sentencia39.
56. Ante esta definición, se impone la liquidación de las costas de manera
concentrada por parte del Tribunal de origen, en los términos del artículo 366 del
Código General del Proceso40.
IV. PARTE RESOLUTIVA
57. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 30 de marzo de 2017, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A.
SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda.
38
“CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
“3.1.3. Segunda instancia.
“Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la
sentencia”.
39
Las pretensiones deprecadas en la demanda ascienden a $ 2.841.000.000.
40
A cuyo tenor: “Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que
haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que
le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las
siguientes reglas (…)”.
21
Radicación: 25000233600020140052701 (59.516)
Actor: Alonso Franco Arenas
Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa
TERCERO: CONDENAR en costas a la parte actora, para lo cual se fija por
concepto de agencias en derecho, la suma de veintiocho millones cuatrocientos diez
mil pesos ($ 28.410.000,00) a favor de la Nación – Fiscalía General de la Nación,
que corresponden al 1% del valor de las pretensiones negadas en la sentencia.
CUARTO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que
se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el
enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
22
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