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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02810-00

Fecha
11 de julio de 2023
Consejero ponente
Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02810-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLÁRASE la improcedencia de la solicitud de amparo presentada por Melba María González. SEGUNDO: NIÉGASE la solicitud de desvinculación elevada por la Fiduprevisora S.A., en calidad de vocera y administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. TERCERO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-02810-00

Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

11 de julio de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2023-02810-00
Accionante: Melba María González
Se declara improcedente por falta de relevancia constitucional

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá D.C. once (11) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02810-00
Accionante: Melba María González
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del
Derecho / Sanciones por mora en el pago de las cesantías / Régimen laboral y
prestacional de los docentes oficiales / Defecto sustantivo / Desconocimiento de las
reglas jurisprudenciales / Violación directa de la Constitución / Se declara la
improcedencia de la acción por falta de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada contra la sentencia del 11 de mayo de
2023 proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío. Esta sentencia confirmó la
sentencia de primera instancia dictada por el Juzgado Sexto Administrativo de Armenia
que negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado No. 63001-3333-006-2022-00061-02, adelantada por la accionante contra el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG y el Departamento
del Quindío.

La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para
conocer el asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución
Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 333 de 2021 y en
el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-02810-00
Accionante: Melba María González
Se declara improcedente por falta de relevancia constitucional

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1.- El 26 de mayo de 2023 Melba María González presentó, a través de apoderado
judicial, una acción de tutela para obtener el amparo de sus derechos fundamentales a
la igualdad, acceso a la administración de justicia, debido proceso y seguridad social. A
su juicio, dichas garantías constitucionales fueron vulneradas con ocasión a la sentencia
del 11 de mayo de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 63001-3333-006-
2022-00061-02.

2.- En la acción de tutela se formularon las siguientes pretensiones, que se transcriben
textualmente:

<<1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DEL
QUINDÍO en la sentencia proferida el día 11 de mayo de 2023, en el expediente rad. No.
63001-3333-006-2022-00061-02, transgredió los derechos fundamentales: AL DEBIDO
PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL
TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS
FUENTES FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA
IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO
CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA,
AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, de la accionante, por
considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la
abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción
contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos
fundamentales de la accionada.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral
anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que
sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre
de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes
decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada
en la demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en los siguientes expedientes:
[cita 22 expedientes del Consejo de Estado]>>.

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Accionante: Melba María González
Se declara improcedente por falta de relevancia constitucional

B. Hechos

3.- La accionante basó su solicitud de amparo en las siguientes afirmaciones:

3.1.- Se encuentra afiliada al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(en adelante, FOMAG), en virtud de su vinculación como docente oficial del
Departamento de Quindío.

3.2.- El 13 de julio de 2021 solicitó ante el FOMAG el pago de la sanción por mora
contenida en la Ley 50 de 1990, por la supuesta consignación extemporánea de sus
cesantías en el FOMAG; también solicitó el pago de la indemnización de que trata la Ley
52 de 1975 por el supuesto pago tardío de los intereses a las cesantías. La petición fue
remitida por competencia a la Fiduprevisora S.A., en calidad de vocera y administradora
del patrimonio autónomo FOMAG, pero esta entidad no respondió.

3.3.- La accionante promovió proceso de nulidad y restablecimiento del derecho para
que se declarara la nulidad del acto administrativo ficto y se condenara a la entidad
demandada al pago de la sanción moratoria establecida en la Ley 50 de 1990,
equivalente a un día de salario por cada día de retardo a partir del 15 de febrero de
2021, fecha en que se debió consignar el valor de las cesantías del año 2020 en el
respectivo fondo. De igual manera, pidió el reconocimiento de la indemnización por el
pago tardío de los intereses a las cesantías, de conformidad con el artículo 1º de la Ley
52 de 1975, la Ley 50 de 1990 y el Decreto 1176 de 1991.

3.4.- Mediante sentencia del 9 de agosto de 2022, el Juzgado Sexto Administrativo de
Armenia negó las pretensiones de la demanda. Indicó que el régimen salarial y
prestacional de los docentes oficiales es de carácter especial y se encuentra regulado
en la Ley 91 de 1989, donde no se prevén las figuras de la sanción moratoria por falta
de consignación de las cesantías ni la indemnización por el pago tardío de los intereses
a las mismas. Agregó que en la sentencia SU-573 de 2019 se estableció que la sanción
por mora en la consignación de cesantías no era aplicable al régimen especial de
cesantías previsto en la Ley 91 de 1989.

3.5.- La accionante interpuso recurso de apelación contra la decisión de primera
instancia. Explicó que en las sentencias C-741 de 2012 y C-486 de 2016 se señaló que
los docentes oficiales son servidores públicos bajo la modalidad de empleados públicos
y, por ello, les es aplicable el régimen general en todo aquello que no se encuentre
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Accionante: Melba María González
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regulado en el régimen especial, pues este no puede traer inmerso condiciones menos
favorables que el general. Además, invocó como precedente aplicable la sentencia SU-
098 de 2018 y otras decisiones de la Sección Segunda del Consejo de Estado, donde
se ha reiterado la misma regla jurisprudencia.

3.6.- Mediante sentencia del 11 de mayo de 2023, el Tribunal Administrativo del Quindío
confirmó la sentencia de primera instancia. Concluyó que la accionante no tenía derecho
al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la consignación tardía de las
cesantías en los términos de la Ley 50 de 1990 porque la cobija el régimen especial de
los docentes, establecido en la Ley 91 de 1989, donde no se prevé la figura de la sanción
moratoria ni una remisión al régimen general para tales efectos.

3.6.1.- Precisó que no era procedente aplicar por analogía el artículo 99 de la Ley 50 de
1990, pues ello desconocería el principio de inescindibilidad normativa. También explicó
que no había lugar a aplicar las sentencias SU-098 de 2018 y la SU-339 de 2019 por
favorabilidad, pues esa figura surge cuando existe duda en torno a la normatividad
aplicable, lo cual no ocurre en este caso.

3.6.2.- Agregó que acceder a lo pretendido por la accionante implicaría introducir un
cambio en la regulación del funcionamiento interno del FOMAG en lo que respecta a la
administración de los recursos, pues se desconocería que ese fondo no se maneja igual
que los privados, empezando porque no existen cuentas individuales para cada uno de
los docentes afiliados, sino que se rige por el principio de unidad de caja.

C. Fundamentos de la vulneración

4.- Aunque la accionante no encuadra sus reparos en los defectos desarrollados por la
jurisprudencia constitucional, a partir de los argumentos esgrimidos se infiere que alega
la configuración de (i) un defecto sustantivo, (ii) un desconocimiento de las reglas
jurisprudenciales y (iii) una violación directa de la Constitución.

4.1.- En cuanto al defecto sustantivo, sostiene que no se aplicaron en debida forma las
leyes 52 de 1975, 91 de 1989, 50 de 1990, 344 de 1996 y 1955 de 2019. Insiste en que,
según la Ley 91 de 1989 (que creó el FOMAG y reguló el régimen prestacional de los
docentes oficiales) el Ministerio de Educación Nacional, en calidad de empleador de los
docentes oficiales, debe pagar o consignar al FOMAG los recursos correspondientes a,
entre otros conceptos, las cesantías e intereses de las mismas.
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Accionante: Melba María González
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4.1.1.- Señala que esos recursos constituyen una de las fuentes de financiación de ese
fondo y deben consignarse en unas fechas previstas, de manera que se garantice la
disponibilidad de los mismos cuando el beneficiario solicite el pago de las cesantías
parciales o definitivas. De lo contrario, se corre el riesgo de afectar la estabilidad
financiera del fondo y se aumenta el riesgo de que este incurra en una sanción moratoria
en los términos de la Ley 1071 de 2006 (que modificó la Ley 244 de 1995 y consagra
una sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías que solicita el trabajador al
fondo en el cual está afiliado).

4.1.2.- Indica que la Ley 91 de 1989, que dispone el régimen especial de los docentes
oficiales, no es del todo excluyente con las reglas generales previstas para los demás
trabajadores públicos. En efecto, el artículo 15 de esa ley indica que las prestaciones
sociales de los docentes vinculados con posterioridad al 1º de enero de 1990 se regirán
por lo previsto en los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978 <<o que se
expidan en el futuro>>.

4.1.3.- En ese sentido, las Leyes 50 de 1990 y 344 de 1996 le serían aplicables a la
accionante, pues fueron proferidas con posterioridad a la Ley 91 de 1989. La primera
consagra la sanción moratoria por la consignación extemporánea de las mismas a cargo
del empleador y a favor del fondo al cual se afilió el empleado 1. Esta es la sanción
moratoria que exige a la accionante. Así, la Ley 344 de 1996 extendió la aplicación de
la Ley 50 de 1990 a ciertos empleados públicos.

4.1.4.- También exige la aplicación de la Ley 52 de 1975, que regula la indemnización
por el pago tardío de los intereses de las cesantías. A juicio de la accionante, las Leyes
52 de 1975 y 90 de 1990 (según el mandato de la Ley 344 de 1996) le son aplicables a
los docentes oficiales regidos por la Ley 91 de 1989.

4.1.5.- Por otro lado, reprocha una indebida aplicación del artículo 57 de la Ley 1955 de
2019. Esa norma positivizó el principio de unidad de caja, bajo el cual se rige el FOMAG.
Contrario a lo establecido en la sentencia cuestionada, ese principio no es contradictorio

1
A efectos de mayor claridad, cabe diferenciar la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 de aquella regulada
por la Ley 244 de 1995 (modificada por la Ley 1071 de 2006). La primera aplica al empleador que no afilia al trabajador
a un fondo de cesantías o no paga las cesantías anuales antes del 15 de febrero de cada año; mientras que la
segunda aplica al fondo de cesantías que, previa solicitud del empleado público, no le paga a este las cesantías
parciales o definitivas en los términos de ley.

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Se declara improcedente por falta de relevancia constitucional

con la aplicación de la Ley 50 de 1990, pues una cosa es el régimen de unidad de caja
y otro la procedencia de los recursos y la obligación de consignarlos en determinados
términos, so pena de una sanción. En otras palabras, en virtud de la Ley 50 de 1990, el
Ministerio de Educación Nacional debe consignar oportunamente las cesantías al
FOMAG y, una vez pagadas, el fondo las administrará bajo el principio de unidad de
caja; luego, ambas normas no son excluyentes y se refieren a asuntos distintos.

4.2.- En cuanto al desconocimiento de las reglas jurisprudenciales, la accionante afirma
que existe una postura uniforme y reiterada, tanto en la Corte Constitucional como en la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, encaminada a aplicar la sanción moratoria
prevista en la Ley 50 de 1990 a favor de los docentes oficiales.

4.2.1.- Al respecto, cita las sentencias SU-098 de 2018, SU-332 de 2019 y SU-041 de
2020. La primera de estas sostuvo que, en virtud del principio de favorabilidad, la Ley
50 de 1990 sí es aplicable a los docentes oficiales en lo que atañe a la sanción moratoria,
pues esta no fue prevista en el régimen especial. Así se garantiza el principio de
favorabilidad y el derecho a la igualdad entre los empleados públicos. Las dos últimas
sentencias reiteran esa postura.

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4.2.2.- Igualmente invoca veintidós (22)2 sentencias proferidas por esta Corporación y
diez (10)3 providencias proferidas por distintos juzgados administrativos.

4.3.- Por último, alega una violación directa de la Constitución porque se desconocieron
los principios de igualdad, favorabilidad laboral y progresividad por no aplicar las Leyes
52 de 1975 y 50 de 1990. Sostiene que la justificación de un régimen especial es que
este tenga mayores beneficios o al menos no sea menos favorable que el régimen

2
Expresamente invoca las siguientes sentencias proferidas por el Consejo de Estado: sentencia del 24 de enero de
2019, radicado No. 76001-23-31-000-2009-00867-01, Sección Segunda Subsección B, C.P. Sandra Liseth Ibarra;
sentencia del 29 de julio de 2019, radicado No. 11001-0315-000-2018-03499-01, Sección Tercera Subsección C, C.P. Nicolás Yepes Corrales; sentencia del 2 de diciembre de 2019, radicado No. 08001-23-33-000-2014-00173-01,
Sección Segunda Subsección A, C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas; sentencia del 10 de junio de 2019, radicado
No. 08001-23-33-000-2014-00208-01, Sección Segunda, Subsección B, C.P. Sandra Liseth Ibarra; sentencia de
unificación del 6 de agosto de 2020, radicado No. 08001-23-33-000-2013-00666-01, Sala Plena, C.P. Sandra Liseth
Ibarra; sentencia del 22 de octubre de 2020, Sección Segunda Subsección A, C.P. William Hernández Gómez;
sentencia del 12 de noviembre, radicado No. 08001-23-33-000-2014-00132-01, Sección Segunda, Subsección A,
C.P. William Hernández Gómez; sentencia del 17 de junio de 2021, radicado No. 08001-23-31-000-2014-00815-01,
Sección Segunda Subsección A, C.P. Gabriel Valbuena Hernández; sentencia del 17 de junio 2021, radicado No. 08001-23-33-000-2015-00331-01, Sección Segunda Subsección A, C.P. César Palomino Cortés; sentencia del 4 de
noviembre de 2021, radicado No. 19001-23-33-000-2015-00445-02, Sección Segunda Subsección A, C.P. William
Hernández Gómez; sentencia del 25 de noviembre de 2021, radicado No. 08001-23-33-000-2014-01127-01, Sección
Segunda Subsección B, C.P. Sandra Liseth Ibarra; sentencia del 25 de noviembre de 2021, radicado No. 40001-23-
40-000-2017-00134-01, Sección Segunda Subsección A; sentencia del 11 de noviembre de 2021, radicado No. 080001-23-40-000-2015-90008-01, Sección Segunda Subsección A, C.P. William Hernández Gómez; sentencia del
11 de noviembre de 2021, radicado No. 080001-23-40-000-2014-90022-01, Sección Segunda Subsección A, C.P. William Hernández Gómez; sentencia del 20 de enero de 2022, radicado No. 080001-23-33-000-2017-00931-01,
Sección Segunda Subsección A, C.P. Gabriel Valbuena Hernández; sentencia del 3 de marzo de 2022, radicado No. 080001-23-33-000-2015-00075-01, Sección Segunda, Subsección A, C.P. William Hernández Gómez; sentencia del
28 de abril de 2022, radicado No. 76001-23-33-000-2013-00756-01, Sección Segunda, Subsección B, C.P. Carmelo
Perdomo Cuéter; sentencia del 9 de mayo de 2022, radicado No. 080001-23-40-000-2017-00795-01, Sección
Segunda, Subsección A, C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas; sentencia del 19 de mayo de 2022, radicado No. 47001-23-33-000-2019-00359-01, Sección Segunda, Subsección B, C.P. Sandra Liseth Ibarra; sentencia del 1º de
julio de 2022, radicado No. 47-001-23-33-000-2019-00376-01, Sección Segunda, Subsección B, C.P. Sandra Liseth
Ibarra; sentencia del 22 de agosto de 2022, radicado No. 08001-23-33-000-2015-00509-01, Sección Segunda,
Subsección B, C.P. César Palomino Cortés; y sentencia del 22 de septiembre de 2022, radicado No. 08001-23-33-
000-2015-90124-01, Sección Segunda, Subsección B, C.P. César Palomino Cortés. 3
Sentencia del 23 de junio de 2022, radicado No. 66001-33-33-001-2022-00020-00 proferida por el Juzgado Primero
Administrativo de Pereira; sentencia del 9 de septiembre de 2022, radicado No. 70001-33-33-002-2022-00115-00
proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Sincelejo; sentencia del 21 de septiembre de 2022, radicado No. 05001-33-33-019-2022-00085-00 proferida por el Juzgado Diecinueve Administrativo de Medellín; sentencia del 27
de septiembre de 2022, radicado No. 76-001-33-33-002-2022-00095-00 proferida por el Juzgado Segundo
Administrativo de Buga; sentencia del 28 de septiembre de 2022, radicado No. 76111-33-33-003-2022-00066-00
proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de Buga; sentencia del 28 de septiembre de 2022, radicado No.

680013333002202200065-00 proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Bucaramanga; sentencia del 30
de septiembre de 2022, radicado No. 680013333009-2022-00109-00 proferida por el Juzgado Noveno Administrativo
de Bucaramanga; sentencia del 6 de octubre de 2022, radicado No. 27001-33-33-002-2022-00072-00 proferida por
el Juzgado Segundo Administrativo de Quibdó; sentencia del 25 de octubre de 2022 radicado No. 27001-33-33-005-
2022-00122-00 proferida por el Juzgado Quinto Administrativo de Quibdó; sentencia del 16 de noviembre de 2022
radicado No. 76147-33-33-002-2022-00008-00 proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Buga; y la
sentencia del 19 de enero de 2023 radicado No. 11001-3342-051-2022-00098-00 proferida por el Juzgado Cincuenta
y Uno Administrativo de Bogotá.

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general, pues de lo contrario se configuraría un trato discriminatorio. Así, es posible
aplicar lo previsto en las referidas leyes, sin que ello conlleve una vulneración al principio
de inescindibilidad de la ley laboral.

4.4.- Precisa que no es necesario que se profiera una sentencia de unificación en la
materia, pues ya existe una postura reiterada, uniforme y pacífica en la Sección Segunda
de esta Corporación, lo cual genera una confianza legítima en las providencias judiciales
que deben proferir los jueces. Es decir, que desconocer la postura actual de la
jurisprudencia configura una violación a la seguridad jurídica. No niega la posibilidad de
apartarse del precedente, pero reitera que para ello es necesario argumentar las
razones de forma suficiente, lo cual no sucedió en este caso.

D. Oposiciones e intervenciones

5.- El Tribunal Administrativo del Quindío (accionado) remitió copia digital del expediente
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 63001-3333-
006-2022-00061-02, pero no rindió informe.

6.- La Fiduprevisora S.A. (tercero con interés), en calidad de vocera y administradora
del patrimonio autónomo FOMAG, solicita que se declare la improcedencia de la acción
de tutela y su desvinculación del proceso. Recuerda que, en virtud del principio de
unidad de caja, en el FOMAG no hay cuentas individuales para los docentes y los valores
que corresponden a las cesantías no se consignan, sino que ya están presupuestados
y trasladados al fondo desde el primer mes de cada vigencia. Añade que anualmente se
realiza la actividad operativa de la liquidación de las cesantías, ya que los recursos están
inmersos en el FOMAG antes del 1º de febrero de cada vigencia.

6.1.- Alega que es imposible, desde un punto de vista jurídico, crear cuentas individuales
para cada uno de los afiliados, lo cual no puede ser ordenado por una autoridad judicial.
Señala que esa imposibilidad se extiende a la figura de la <<consignación de
cesantías>>. En lugar de una consignación, los docentes tienen la posibilidad de retirar
sus cesantías siempre que su solicitud cumpla con la ley. Por lo anterior, no puede
configurarse la sanción moratoria contemplada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990
para el caso del FOMAG, pues lo que reprocha esa ley es la consignación inoportuna
de las cesantías y, al estar prohibida la consignación de las cesantías de los docentes
del FOMAG, se descarta algún tipo de sanción.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-02810-00
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6.2.- Señala que la sentencia SU-098 de 2018 de la Corte Constitucional es una
sentencia de unificación de jurisprudencia perteneciente a la tipología <<interpretativa>>
y en donde el supuesto fáctico era distinto, como quiera que los docentes ni siquiera
estaban afiliados al FOMAG y, por tanto, sus cesantías no habían sido consignadas.

7.- El Juzgado Sexto Administrativo de Armenia (tercero con interés) solicita declarar la
improcedencia de la acción por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional.
Indica que la tutela no puede emplearse como una instancia adicional al proceso
ordinario, pues con ello se vulneraría la seguridad jurídica y la cosa juzgada. Además,
señala que la cuestión debatida corresponde a un asunto de carácter económico, lo cual
no reviste una trascendencia constitucional.

8.- El Departamento del Quindío (tercero con interés) pese a estar debidamente
notificado, guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES

9.- Se acogerá la posición mayoritaria de la Sala y se declarará improcedente la acción
de tutela por no acreditarse el requisito de relevancia constitucional, en la medida en
que se reiteran argumentos que fueron planteados y resueltos dentro del proceso
ordinario4.

10.- Además, se negará la solicitud de desvinculación elevada por la Fiduprevisora S.A.
en calidad de vocera y administradora del FOMAG, toda vez que esa entidad fue
vinculada al proceso en calidad de tercero con interés.

E. Sin perjuicio de la falta de relevancia constitucional, se constata que los cargos
formulados en el escrito de tutela no tienen vocación de prosperidad

11.- De cualquier manera, se advierte que la tutela no podía prosperar porque la
providencia objeto de reproche no incurrió en los defectos alegados por la accionante.
Los defectos invocados se analizarán en conjunto, pues tanto el defecto sustantivo como

4
El magistrado ponente considera que la presente acción debe estudiarse de fondo porque la accionante alega la
vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad, acceso a la administración de justicia, debido proceso y
seguridad social, y se identifican los defectos en los que supuestamente habría incurrido la decisión atacada:
sustantivo, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución. Sin embargo, acoge la posición
mayoritaria de la Sala, según la cual, cuando se reiteran argumentos que fueron resueltos dentro del proceso
ordinario, no se cumple con el requisito de relevancia constitucional.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-02810-00
Accionante: Melba María González
Se declara improcedente por falta de relevancia constitucional

la violación directa de la Constitución se resuelven al estudiar las reglas
jurisprudenciales aplicables al caso.

11.1.- La Corte Constitucional ha establecido que las reglas del precedente no son
absolutas y que las autoridades judiciales pueden apartarse de ellas, siempre que (i)
identifiquen el precedente del cual se apartan (carga de transparencia) y (ii) sustenten
suficientemente las razones para ello (carga de argumentación). Además, también ha
señalado que el precedente es vinculante siempre que sea uniforme y pacífico, pues de
lo contrario los jueces podrían adoptar una postura u otra, según las exigencias y
particularidades del caso5.

11.2.- En este caso, se considera que el tribunal accionado cumplió con las dos cargas
señaladas. Frente a lo primero, se advierte que en la providencia cuestionada se
identificó la sentencia SU-098 de 2018 (que fundamenta las otras sentencias invocadas
por la accionante, tanto de la Corte Constitucional, como del Consejo de Estado). De
igual manera, se citaron varias sentencias de esta Corporación que han adoptado la
postura señalada en esa sentencia de la Corte Constitucional, por lo que el tribunal
accionado referenció expresamente las reglas jurisprudenciales de las cuales se apartó.

11.3.- Luego, el tribunal accionado desarrolló las razones para apartarse de ese
precedente (carga de argumentación). Al respecto, señaló que los docentes afiliados al
FOMAG no tienen derecho al reconocimiento de la sanción moratoria consagrada en el
artículo 99 de la Ley 50 de 1990, toda vez que cuentan con un régimen especial donde
no se prevé esa figura, y tampoco existe una norma que la hiciere extensiva. También
afirmó que acceder a lo pretendido por la accionante implicaría introducir un cambio en
la regulación sobre el funcionamiento interno del FOMAG en lo que respecta a la
administración de los recursos.

11.4.- El tribunal identificó otras sentencias, tanto de la Corte Constitucional 6 como de
esta Corporación7, que sustentan la posición adoptada. Entre ellas se destaca la
sentencia SU-573 de 2019, en la que se conocieron varias acciones de tutela contra
providencias fundadas en los mismos supuestos que originaron este caso y en la que
se concluyó que la sentencia SU-098 de 2018 no era un precedente aplicable. Al

5
Entre otras, la sentencia SU-354 de 2017.
6
Corte Constitucional. Sentencia SU-573 de 2019. M.P. Carlos Bernal Pulido.
7
El tribunal referenció la sentencia del 24 de enero de 2019, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, radicado No. 76001-23-31-000-2009-00867-01, C.P. Sandra Lisseth Ibarra Vélez.

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Accionante: Melba María González
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respecto, el tribunal accionado afirmó:

<<No existe un criterio unificado al interior del órgano de cierre de esta jurisdicción
frente al tema aquí abordado, y los pronunciamientos que han determinado la
procedibilidad de la sanción deprecada se han proferido en asuntos en los que
han mediado supuestos fácticos que difieren de las circunstancias en las que se
enmarcan la situación jurídica del demandante (…)

Puesto que no existe una decisión unificada frente al tema aquí debatido y
contrario a lo esgrimido en la alzada, se itera, la SU-098 de 2018 no resulta
aplicable para resolver la controversia planteada, al tener origen en una situación
fáctica y jurídica distinta a la valorada en esta oportunidad>>.

11.5.- A partir de lo anterior, el tribunal accionado concluyó que no existe una postura
jurisprudencial unificada y, en todo caso, hay motivos para apartarse del precedente
invocado por la accionante. En ese sentido, esta Sala ya ha reconocido en otras
ocasiones la posibilidad de apartarse del precedente, siempre que se identifiquen las
sentencias y reglas que se dejarán de aplicar, y se expongan los motivos para ello8.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLÁRASE la improcedencia de la solicitud de amparo presentada por
Melba María González.

SEGUNDO: NIÉGASE la solicitud de desvinculación elevada por la Fiduprevisora S.A.,
en calidad de vocera y administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio.

TERCERO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más expedito
y eficaz.

8
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 30 de agosto de 2021, radicado No. 11001-03-
15-000-2021-04837-00; Sentencia del 21 de junio de 2023, radicado No. 11001-03-15-000-2023-02214-00; Sentencia
del 17 de mayo de 2023, radicado No. 11001-03-15-000-2023-01687-00.

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Accionante: Melba María González
Se declara improcedente por falta de relevancia constitucional

CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación, ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

QUINTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la Corporación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con aclaración de voto

Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
Con aclaración de voto

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