Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-02868-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-02868-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-02868-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
7 de julio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., siete (7) de julio de dos mil veintitrés (2023)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 110010315000-2023-02868-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: YINETH CARMELA RINCÓN TORTELLO
TESIS: SE DENIEGA EL AMPARO SOLICITADO. LA AUTORIDAD
JUDICIAL ACCIONADA NO INCURRIÓ EN LOS DEFECTOS
ALEGADOS. PENSIÓN DE INVALIDEZ DE DOCENTE. INCLUSIÓN DE
FACTORES SALARIALES DEVENGADOS EN EL ÚLTIMO AÑO DE
SERVICIO. VINCULADA AL SERVICIO OFICIAL CON
POSTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY 812 DE
2003.
DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, A LA
IGUALDAD, A LA SEGURIDAD SOCIAL Y AL ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la solicitud de tutela presentada por la actora contra
el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR1.
1
En adelante el TRIBUNAL.
2
Número único de radicación: 110010315000-2023-02868-00
Actora: YINETH CARMELA RINCÓN TORTELLO
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
La señora YINETH CARMELA RINCÓN TORTELLO, actuando a
través de apoderado, en ejercicio de la acción de tutela prevista en
el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la
seguridad social, al acceso a la administración de justicia y al
principio de seguridad jurídica, los cuales, a su juicio, le fueron
vulnerados por el TRIBUNAL al haber proferido la sentencia de 24
de noviembre de 2022, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 200013333001-2021-00289-01.
I.2.- Hechos
Manifestó que laboró como docente al servicio de la Secretaría de
Educación del Cesar vinculada al FONDO NACIONAL DE
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO2 desde el 24 de
2
En adelante el Fomag.
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Número único de radicación: 110010315000-2023-02868-00
Actora: YINETH CARMELA RINCÓN TORTELLO
mayo de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2018.
Relató que mediante dictamen de 30 de septiembre de 2016, le fue
calificada la pérdida de la capacidad laboral en un 100%, por una
enfermedad de origen laboral, por lo que a través de la Resolución
núm. 8340 de 26 de noviembre de 2018 la Secretaría de Educación
Departamental del Cesar la retiró del servicio.
Sostuvo que mediante la Resolución núm. 836 de 12 de febrero de
2019, la Secretaría de Educación Departamental del Cesar, en
nombre del FOMAG, reconoció y ordenó el pago de su pensión de
invalidez en cuantía del 100% del último salario devengado, efectiva
a partir del 1o. de enero de 2019, para efectos de lo cual solo tuvo
en cuenta la asignación básica como factor salarial para la obtención
del IBL, sin tener en cuenta todos los factores salariales devengados.
Aseguró que, como consecuencia de lo anterior, promovió demanda
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra el FOMAG, con el fin de que se le ordenara el reajuste
de la liquidación de la pensión de invalidez teniendo en cuenta todos
los factores salariales devengados en el último año de servicio.
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Actora: YINETH CARMELA RINCÓN TORTELLO
Señaló que a la demanda le fue asignado el número único de
radicación 2021-00289-00 y le correspondió por reparto al
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
VALLEDUPAR3 que, en sentencia de 2 de agosto de 2022, denegó
las pretensiones.
Indicó que inconforme con lo anterior, interpuso recurso de apelación
ante el TRIBUNAL que, mediante sentencia de 24 de noviembre de
2022, revocó la decisión del a quo y, en su lugar, declaró la nulidad
del acto administrativo acusado, para lo cual ordenó la reliquidación
de su pensión de invalidez, calculada en un monto del 100% sobre
el ingreso base de liquidación, determinado por los factores salariales
que fueron tenidos en cuenta por la entidad demandada, adicionando
la bonificación mensual docente
I.3.- Fundamentos de la solicitud
Argumentó que la postura acogida por el TRIBUNAL desconoce sus
derechos fundamentales invocados, en la medida en que negó la
reliquidación de su pensión de invalidez con la inclusión de todos los
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En adelante el JUZGADO.
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factores efectivamente devengados en el último año de servicios,
bajo el argumento de que estos no fueron enlistados en la norma,
con sustento en un precedente jurisprudencial que no podía ser
aplicado al asunto.
Manifestó que el presente asunto reviste verdadera relevancia
constitucional, toda vez que estima vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad social
y al acceso a la administración de justicia al negarle la reliquidación
de su pensión con la inclusión de la prima de navidad, la prima de
servicios, la prima de vacaciones docentes y el subsidio de
alimentación.
Resaltó que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto
sustantivo por indebida aplicación de los Decretos 1848 de 1969, en
concordancia con las demás atinentes al asunto, desconociendo las
normas jurídicas que prevén el auxilio de alimentación y transporte,
la prima de navidad, la prima de servicios, la prima de vacaciones y
la bonificación pedagógica como factores a tener en cuenta dentro
de la liquidación de la pensión de invalidez.
En ese mismo sentido, refirió que el TRIBUNAL incurrió en
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desconocimiento del precedente judicial al no dar aplicación a lo
establecido por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de octubre de 2019, dentro del proceso identificado con el
número único de radicación 110010315000-2019-04192-00.
Destacó que, si bien no desconoce la sentencia de unificación del
Consejo de Estado de 25 de abril de 2019, dicho fallo se ocupó de la
liquidación de las pensiones de jubilación y vejez de los docentes
oficiales vinculados pertenecientes al régimen de excepción del
FOMAG, pero en él nada se dijo respecto de la forma de liquidación
de la pensión de invalidez de la que son beneficiarios los mismos
funcionarios.
Sostuvo que la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de
Estado, en sentencias de 8 de marzo de 2021 (radicación
110010315000-2020-05040-01), 29 de julio de 2022 (radicación
11001-03-15-000-2022-02399-01) y 17 de noviembre de 2022
(radicación 110010315000-2021-03752-01), dispuso que para las
pensiones de invalidez de docentes y/o funcionarios públicos a
quienes les es aplicable el régimen legal del Decreto 1848 de 1969,
los factores salariales que deben tenerse en cuenta son aquellos
mencionados en el Decreto 1045 de 1978 y no únicamente los
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Actora: YINETH CARMELA RINCÓN TORTELLO
mencionados en el Decreto 1158 de 1994, tratándose de pensión de
invalidez y no de jubilación.
Finalmente, aseveró que también se incurrió en violación directa de
la Constitución, al desconocer lo previsto en el artículo 53 de la Carta
Política.
I.4.- Pretensiones
Como consecuencia de lo anterior, la actora pretende lo siguiente:
“[…] se ORDENE a la entidad accionada proferir Sentencia a
través de la cual se declare la nulidad del Acto Administrativo
demandado y, en virtud de ello, se ordene el reconocimiento y
pago de la pensión de invalidez del docente a partir del 01 de
enero del 2019, en cuantía equivalente al 100% del IBL
conformado por todos los factores salariales es decir, asignación
básica, bonificación pedagógica, prima de navidad, prima de
servicio, prima de vacaciones y auxilio de alimentación y
transporte, devengados en el año anterior a la fecha de
estructuración de la invalidez […]”.
I.5.- Defensa
I.5.1.- El TRIBUNAL manifestó que no se avizora arbitrariedad o
contrariedad con el derecho en la decisión cuestionada que permita
asumir la vulneración de los derechos fundamentales invocados y
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hacer prosperar las pretensiones de la acción de tutela.
Comentó que, al analizar el caso concreto, pudo concluir que el
reconocimiento de la pensión de invalidez con fundamento en el
Decreto 1848 de 1969, está determinada por la ocurrencia de la
pérdida de la capacidad laboral, que a su paso define el monto de la
prestación, sin importar el tiempo de vinculación, razón por la cual el
FOMAG le reconoció a la actora la pensión de invalidez, teniendo en
cuenta el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral del 100%.
Ahora, sostuvo que lo demandado por la actora fue únicamente la
pensión en cuanto a la inclusión de todos los factores salariales
devengados en el último año de servicios, para lo cual se apoyó en
la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018 proferida por la
Sala Plena del Consejo de Estado que, pese a que no se trató de un
caso como el de la aquí accionante, sí trazó el camino a seguir en la
discusión objeto de debate, pues en esta se definió una serie de
subreglas.
Refirió que por ello trajo a colación la sentencia proferida en un caso
similar por la Sección Segunda -Subsección “A”- del Consejo de
Estado que negó la reliquidación pensional de un docente con la
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totalidad de factores salariales devengados en el último año de
servicios, dando aplicación a la sentencia de unificación de 28 de
agosto de 2018.
Destacó que los factores de prima de navidad, prima de servicios,
prima de vacaciones y subsidio de alimentación no están enlistados
en la ley, motivo por el cual al tenor del precedente jurisprudencial,
no podían ser incluidos en la base pensional. Ahora, en cuanto a la
inclusión de la bonificación mensual docente y la bonificación
pedagógica, indicó que aun cuando antes se consideraba que no
podían ser incluidos, dicha postura fue cambiada en virtud de los
precedentes del Consejo de Estado, quien ha admitido que estos si
constituyen factor salarial.
Así las cosas, adujo que teniendo en cuenta que la actora acreditó
que en el último año de servicios devengó el factor salarial de
bonificación mensual docente, accedió a que este fuera incluido en la
reliquidación de la pensión, lo que no ocurrió con la bonificación
pedagógica, pues frente a este la norma no le impuso al empleador
la carga de realizar los respectivos descuentos de cotización al
sistema de seguridad social en forma directa, por lo que no podía ser
incluido.
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Por lo anterior, solicitó denegar el amparo deprecado, comoquiera
que la providencia acusada no es constitutiva de vía de hecho
judicial, al haberse proferido con fundamento en las normas jurídicas
y en ejercicio de la autonomía del juez competente para el asunto.
I.5.2.- La FIDUPREVISORA S.A., vinculada en calidad de tercero
con interés directo en las resultas del proceso, solicitó declarar
improcedente la solicitud de amparo ante la ausencia de las causales
genéricas y específicas de procedibilidad, pues la accionada actuó
conforme a la normativa prevista para el asunto. Además, solicitó
que se le desvincule del presente trámite por no estar legitimada en
la causa por pasiva.
I.5.3.- El MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL también
solicitó declarar improcedente la solicitud de amparo de la referencia,
en la medida en que el actor no logró identificar una fundamentación
clara sobre la concreta relevancia constitucional y la necesidad de la
intervención del juez constitucional, pues no basta con mencionar los
derechos fundamentales que considera vulnerados.
Sumado a lo anterior, resaltó que no se acreditó la vulneración de
las garantías procesales y ni de los derechos fundamentales, además,
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la controversia es de naturaleza estrictamente económica.
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de
11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que
regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y
del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma
Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de
tutela.
Cuestión previa
La Sala pone de presente que previo al planteamiento del problema
jurídico, resulta necesario precisar los extremos de la litis para
efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como
el alcance del contenido de la sentencia.
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La Sala advierte que la FIDUPREVISORA S.A. solicitó ser
desvinculada del presente caso, por falta de legitimación en la causa
por pasiva.
Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001
de 30 de noviembre de 2006, se refirió a la falta de legitimación en
la causa por pasiva en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la
sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que
el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor
y las razones de la oposición por el demandado, mediante
sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación
en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación
con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las
partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso,
como en cualquier otro, el juez debe lograr que la
actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad
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y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia
que tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991
avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve
contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la
violación de los derechos fundamentales de las personas,
y lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera
de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del
trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable
del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no
puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su
contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se
rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la
conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su
conducta la que inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).
En el presente caso, independientemente de la prosperidad o no de
las pretensiones de la solicitud de amparo, comoquiera que la
FIDUPREVISORA S.A. es la entidad vocera y administradora de los
recursos del FOMAG, demandado en el proceso ordinario origen de
la controversia, es claro que debía ser notificada de la existencia del
presente trámite, en razón al interés directo que le asiste en las
resultas de este y, en consecuencia, se denegará su solicitud de
desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, como
en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente
providencia.
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La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
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En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
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se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
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demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en
que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.
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i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado
fuera del texto)
En el caso bajo examen, la actora pretende que se deje sin efecto la
sentencia de 24 de noviembre de 2022, proferida por el
TRIBUNAL, mediante la cual se denegó la reliquidación de su
pensión de invalidez, con la inclusión de todos los factores salariales
devengados en el último año de servicios, dentro del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número
único de radicación 2021-00289-01.
La controversia tiene origen en un proceso ordinario promovido por
la actora contra la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL – FOMAG, en el cual se ordenó reliquidar y pagar la
pensión de invalidez, calculada en un monto del 100% sobre el
ingreso base de liquidación, adicionando la bonificación mensual de
docente, sin la inclusión de la bonificación pedagógica, la prima de
navidad, prima de servicio, prima de vacaciones y auxilio de
alimentación y transporte.
A la citada providencia la actora le atribuye la vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la
seguridad social, al acceso a la administración de justicia y al
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principio de seguridad jurídica, habida cuenta que, a su juicio, la
autoridad judicial accionada incurrió en los defectos sustantivo,
desconocimiento del precedente y violación directa de la
Constitución.
Los disensos de la actora radican en que la decisión adolece del
defecto material, por indebida aplicación de los Decretos 1848 de
1969, en concordancia con el Decreto 1045 de 1978 y el Decreto
2354 de 2018.
Igualmente, sostuvo que la decisión incurrió en desconocimiento
del precedente judicial establecido en la sentencia de 31 de
octubre de 2019 por la Sección Quinta del Consejo de Estado y en
las sentencias de 8 de marzo de 2021, 29 de julio de 2022 y 17 de
noviembre de 2022 dictadas por la Sección Segunda, Subsección “B”
del Consejo de Estado, en las que se dispuso que para las pensiones
de invalidez de docentes y/o funcionarios públicos a quienes les es
aplicable el régimen legal del Decreto 1848 de 1969, los factores
salariales que deben tenerse en cuenta son aquellos de los
mencionados en el Decreto 1045 de 1978 y no únicamente los
mencionados en el Decreto 1158 de 1994, tratándose de pensión de
invalidez y no de jubilación.
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Sumado a ello, destacó que no se debió aplica la sentencia de
unificación del Consejo de Estado de 25 de abril de 2019, pues dicho
fallo se ocupó de la liquidación de las pensiones de jubilación y vejez
de los docentes oficiales vinculados pertenecientes al régimen de
excepción del FOMAG, pero en él nada se dijo respecto de la forma
de liquidación de la pensión de invalidez de la que son beneficiarios
los mismos funcionarios.
Finalmente, aseveró que también se incurrió en violación directa de
la Constitución, al desconocer lo previsto en el artículo 53 de la Carta
Política.
Por lo anterior, la Sala debe determinar si el caso cumple con los
presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela y, de
ser así, establecer si el TRIBUNAL vulneró los derechos deprecados
e incurrió en los defectos endilgados.
La Sala observa que en el presente caso se cumple con el requisito
de la relevancia constitucional, por cuanto la actora plantea con
suficiente carga argumentativa, las razones por las cuales, en su
criterio, la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos
endilgados y vulneró sus derechos fundamentales; contra la decisión
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cuestionada no proceden recursos y tampoco se estructuran las
causales de los recursos extraordinarios de revisión (artículo 248 y
ss. del CPACA) y unificación de jurisprudencia (artículo 256 y ss.,
ídem); la acción de tutela se interpuso en un plazo razonable4 y, por
último, la solicitud identifica los hechos y derechos que se estiman
lesionados.
Ahora bien, visto que el presente caso cumple con los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial, la Sala hará mención del marco jurídico de los defectos
alegados, para posteriormente analizar los reproches de la actora de
forma conjunta en el caso concreto.
Del defecto sustantivo
La Corte Constitucional5 ha precisado que el defecto sustantivo se
presenta cuando “[…] la autoridad judicial aplica una norma claramente
inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por
una interpretación que contraría los postulados mínimos de la razonabilidad
4
Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201, Consejero ponente: doctor Jorge
Octavio Ramírez Ramírez).
5 Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12 de marzo de 2012. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
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jurídica […]”.
En ese orden de ideas, respecto de los eventos que dan lugar a
conceder el amparo a los derechos fundamentales que resulten
vulnerados por la configuración del defecto sustantivo, en sentencia
T-949 de 20096, la Corte Constitucional señaló los siguientes:
“[…] (i) cuando la decisión judicial tiene como fundamento una
norma que no es aplicable, porque a) no es pertinente b) ha
perdido su vigencia por haber sido derogada, c) es inexistente d)
ha sido declarada contraria a la Constitución, e) a pesar de que
la norma en cuestión está vigente y es constitucional, “no se
adecúa a la situación fáctica a la cual se aplicó, porque a la
norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a
los expresamente señalados por el legislador”.
(ii) cuando pese a la autonomía judicial, la interpretación o
aplicación de la norma al caso concreto, no se encuentra, prima
facie, dentro del margen de interpretación razonable o “la
aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una
interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o
claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las
partes” o cuando en una decisión judicial “se aplica una norma
jurídica de manera manifiestamente errada, sacando del marco
de la juridicidad y de la hermenéutica jurídica aceptable tal
decisión judicial […]”
De igual forma, la Corte Constitucional7 ha dicho que al examinar
estos eventos, el Juez de tutela se debe limitar a verificar esa ruptura
6
M.P Mauricio González Cuervo.
7
Sentencia T-310 de 2009, M.P Luis Ernesto Vargas Silva.
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con el ordenamiento constitucional o legal, pues su decisión “[…]no
puede constituirse en un escenario para la evaluación acerca del
grado de convencimiento que ofrecen los razonamientos elaborados
por el Juez ordinario, sino que se restringe a identificar la
incompatibilidad entre estos y las normas jurídicas que regulan la
materia debatida en sede jurisdiccional […]”.
Desconocimiento del precedente judicial
Por su parte, en lo que respecta al desconocimiento del
precedente judicial se ha determinado que de acuerdo con lo
establecido en los artículos 228 y 230 de la Constitución Política, el
poder judicial es autónomo e independiente y los Jueces en sus
providencias solo están sometidos al imperio de la ley. Esta regla
general de independencia y autonomía no es absoluta, ya que
encuentra sus límites en la realización de otros valores
constitucionales, según lo ha definido la Jurisprudencia
constitucional.
En efecto, en la sentencia T-267 de 2013, la Corte Constitucional
puntualizó:
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“Es así como, en materia de decisiones judiciales, se destaca el
respeto por el principio de igualdad (artículo 13 de la Carta),
que supone no solamente la igualdad ante la ley sino también
de trato por parte de las autoridades y concretamente igualdad
en la interpretación y aplicación de la ley por las autoridades
judiciales, garantizándose de esta forma la seguridad jurídica y
con ella la certeza de la comunidad respecto a la forma en la
que se van a decidir los casos iguales. Como resultado de lo
anterior, surge como límite a la autonomía e independencia de
los Jueces el respeto por el precedente8”.
De la misma forma, en la sentencia C-590 de 2005, la Corte
Constitucional precisó que el desconocimiento del precedente
constituye una causal de procedibilidad de la acción de tutela cuando
la decisión judicial afecta derechos fundamentales de las partes. En
especial, respecto del precedente vertical, la Jurisprudencia de esa
Corporación ha sido enfática en sostener que el Juez no sólo está
vinculado por el artículo 13 de la Constitución Política, que impone la
igualdad de trato jurídico en la aplicación de la ley, sino también que
su autonomía se encuentra limitada por la eficacia de los derechos
fundamentales y, en particular, del debido proceso judicial9.
No obstante lo anterior, la Jurisprudencia Constitucional también ha
admitido la posibilidad de que un Juez se aparte de su propio
8
Ver, entre otras, sentencias C-836 de 2001, T-1130 de 2003, T-698 de 2004, T-731 de 2006, T-571
de 2007, T-808 de 2007, T-766 de 2008, T-014 de 2009 y T-100 de 2010, de la Corte Constitucional.
9
Sentencia T-766 de 2008. Magistrado ponente: doctor Marco Gerardo Monroy Cabra.
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precedente o del precedente de su superior jerárquico, siempre y
cuando se sustenten debidamente las razones de su posición
(principio de razón suficiente)10.
Violación directa de la Constitución
En cuanto al defecto por violación directa de la Constitución, es
menester advertir que la Corte Constitucional en su sentencia SU-
024 de 5 de abril de 201811, manifestó que:
« [...] Todas las causales específicas de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales conllevan en sí mismas
un quebrantamiento de la Carta Fundamental; sin embargo,
esta Corte estableció una causal denominada violación directa de
la Constitución, originada en la obligación que le asiste a
todas las autoridades judiciales de velar por el
cumplimiento del mandato consagrado en el artículo 4° de
la Carta Política, según el cual “la Constitución es norma de
normas”. De manera que en caso de incompatibilidad entre la
Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las
disposiciones constitucionales. […]» (Resaltado fuera de texto).
Esta causal especial de procedibilidad de la acción de tutela se
estructura cuando el Juez adopta una decisión que desconoce la
Carta Política, ya sea porque: “(i) deja de aplicar una disposición ius
10
Ver sentencia T-292 de 2006.
11 M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
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fundamental a un caso concreto; o porque (ii) aplica la Ley al margen
de los dictados de la Constitución”12.
En el primer caso, la Corte Constitucional ha dispuesto que procede
la tutela contra providencias judiciales por violación directa de la
Constitución: (a) cuando en la solución del caso se dejó de
interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el
precedente constitucional; (b) cuando se trata de un derecho
fundamental de aplicación inmediata y; (c) cuando el Juez en sus
resoluciones vulneró derechos fundamentales y no tuvo en cuenta el
principio de interpretación conforme a la Constitución 13. En el
segundo caso, ha dicho esa Corporación que, en virtud del artículo
4º Superior, el Juez debe aplicar las disposiciones constitucionales
con preferencia a las legales, mediante el ejercicio de la excepción
de inconstitucionalidad, cuando advierta incompatibilidad entre estas
y aquellas.
Ahora bien, corresponde determinar si el TRIBUNAL incurrió en los
12 Corte Constitucional, Sentencia T-704 de 2012. Magistrado ponente: doctor Luis Ernesto
Vargas Silva.
13 Ver entre otras, Sentencias T – 199 de 2005, Magistrado ponente: doctor Marco Gerardo
Monroy Cabra; T-590 de 2009, Magistrado ponente: doctor Luís Ernesto Vargas Silva y T-
809 de 2010, Magistrado ponente: doctor Juan Carlos Henao Pérez.
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defectos endilgados, para lo cual realizará el siguiente análisis i)
protección de la seguridad social en el ordenamiento interno, ii)
desarrollo jurisprudencial sobre el Ingreso Base de Liquidación de las
pensiones, iii) Sentencia de unificación proferida por la Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado el 28 de agosto
de 2018 y; iv) análisis del caso concreto.
Protección de la seguridad social en el ordenamiento interno
En el ordenamiento interno, el Sistema de Seguridad Social es el
conjunto de instituciones, normas y procedimientos, de los que
disponen las personas y la comunidad para gozar de una calidad de
vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas
que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la
cobertura integral de las contingencias, especialmente las que
menoscaban la salud y la capacidad económica de los habitantes del
territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la
integración de la comunidad14 y cuyo objeto es garantizar los
derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener
la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la
14
Preámbulo de la Ley 100.
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protección de las contingencias que la afecten.
Para efectos del cumplimiento de estos fines, el ordenamiento
permitió la existencia de diversos regímenes que posteriormente
fueron unificados con la entrada en vigencia de la Ley 100.
Asimismo, vale la pena resaltar que la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado15 para garantizar los derechos
adquiridos de las personas que pertenecían a los regímenes
especiales anteriores, sentó jurisprudencia y consideró que: i) el
artículo 36, inciso 3°, excluyó la aplicación ultractiva del ingreso base
de liquidación que establecía el régimen general de pensiones
anterior a dicha ley, y ii) que solo deben incorporarse aquellos
factores sobre los cuales se hayan realizado los aportes al sistema
de seguridad social, variando de esta forma la posición asumida por
la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de 4 de
agosto de 201016.
Desarrollo jurisprudencial sobre el Ingreso Base de
15
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación de 28 de
agosto de 2018, C.P. César Palomino Cortés, número único de radicación 2012-00143-01.
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 4 de agosto
de 2010, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, número único de radicación 2006-07509-01.
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Liquidación de las pensiones
En ese entendido, la sentencia proferida el 4 de agosto de 201017
por la Sección Segunda del Consejo de Estado al referirse a la
determinación del ingreso base de liquidación de las pensiones de
jubilación incluidas en el régimen de transición del artículo 36 de la
Ley 100, precisó que: i) debían ser reconocidas con el 75% del salario
promedio base para los aportes durante el último año de servicio,
siempre que prestara o hubiere prestado 20 años continuos o
discontinuos de servicios y tuviera 55 años de edad y ii) con base en
todos los factores salariales efectivamente devengados en el año
anterior a la adquisición del estatus de pensionado, dado que estas
no indican en forma taxativa los factores salariales que conforman la
base de liquidación pensional, ello, en los términos de la Ley 33 de
1985.
Lo anterior implicaba que, para determinar los requisitos de edad,
tiempo de servicios y monto de la pensión de los beneficiarios del
régimen de transición, se debía observar la normativa del régimen
que le aplicaba antes de la entrada en vigencia de la Ley 100, sin que
17
Proferida dentro del expediente identificado con el número único de radicación 2006-07509-01.
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pudiera acudirse a disposiciones distintas, en consonancia con el
principio de inescindibilidad18 de la norma.
Esta tesis fue reiterada en sentencia de unificación de 25 de febrero
de 201619, proferida por la Sección Segunda del Consejo de
Estado dentro del expediente identificado con el número único de
radicación 2013-01541-01.
Sentencia de unificación proferida por la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de 28 de
agosto de 2018
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, en sentencia de unificación jurisprudencial de 28 de agosto
de 2018, en los términos del artículo 271 del CPACA, sentó
jurisprudencia y fijó las siguientes reglas y subreglas sobre: i) el
ingreso base de liquidación establecido para el régimen de transición
18
De conformidad por lo establecido por la Corte Constitucional, en sentencia T-832 A de 2013, el
principio de inescindibilidad de la norma, establece que ésta debe “[…] aplicarse de manera íntegra en
su relación con la totalidad del cuerpo normativo al que pertenece, sin que sea admisible escisiones o
fragmentaciones tomando lo más favorable de las disposiciones en conflicto, o utilizando disposiciones
jurídicas contenidas en un régimen normativo distinto al elegido […]”.
19
Es importante resaltar que la sentencia de 25 de febrero de 2016 fue dejada sin efectos por la Sección
Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia de 15 de diciembre de 2016, y, en cumplimiento a
esta última, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
profirió sentencia el 9 de febrero de 2017, la cual será explicada en esta providencia.
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de las personas que cuentan con un régimen pensional especial y ii)
de los factores salariales que se deben incluir en el ingreso base de
liquidación. Textualmente, señaló:
“[…] 84. Planteadas así las tesis sobre el IBL aplicable en el régimen
de transición, la Sala advierte que el aspecto que ha suscitado
controversia es el periodo que se toma en cuenta al promediar el
ingreso base para fijar el monto pensional, pues el artículo 1 de la
Ley 33 de 1985 preveía como IBL el “salario promedio que sirvió
de base para los aportes durante el último año de servicio”,
mientras que el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
establece que el ingreso base para liquidar la pensión de vejez de
las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos
de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo
devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el
cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior,
actualizado anualmente con base en la variación del Índice de
Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. Es
decir, mientras el régimen general de pensiones de la Ley 33 de
1985 establece el último año de servicios, el artículo 36 de la Ley
100 de 1993 consagra la posibilidad que sea más de un año
dependiendo de la situación particular de la persona que está
próxima a consolidar su derecho pensional.
85. A juicio de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado una lectura del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
permite concluir que en el régimen de transición el IBL que debe
tenerse en cuenta para liquidar el monto pensional es el previsto
en el inciso 3 de dicha norma.
86. Como se dijo en párrafos anteriores el régimen de transición
prorrogó la vigencia de todos los regímenes pensionales anteriores
a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, otorgando efectos
ultractivos a algunos elementos constitutivos de dichos regímenes
para aquellas personas que se encontraban afiliadas a los mismos
y que estaban próximas a adquirir el derecho pensional. Tales
elementos son la edad, el tiempo de servicios y el monto de la
pensión.
87. Para establecer el monto de la pensión, el legislador, en este
caso de la Ley 100 de 1993, en desarrollo de su libertad de
configuración, fijó un elemento, el IBL, que cumpliría con la
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finalidad no solo de unificar la base de la pensión para todos
aquellos que estaban próximos a pensionarse, sino como
manifestación de los principios de solidaridad, universalidad y
sostenibilidad financiera para garantizar la viabilidad futura del
Sistema General de Pensiones; máxime teniendo en cuenta que el
periodo de transición abarcaría varias décadas20.
88. Como toda reforma pensional implica un cambio de las
condiciones para acceder a la pensión, es importante que ese
cambio no resulte traumático o desafortunado para aquellas
personas que, si bien no alcanzaron a consolidar su derecho
pensional bajo el régimen anterior, sí estaban próximos a adquirir
tal derecho y venían cotizando con la confianza legítima que se
pensionarían en las condiciones que los cobijaban.
89. Entonces la razonabilidad de ese cambio legislativo está en
poder conciliar la finalidad que motiva la reforma pensional con la
confianza y la expectativa de los ciudadanos que están próximos a
pensionarse, es decir, garantizar el interés general sin sacrificar del
todo el interés particular. Es importante precisar que un cambio en
el sistema de pensiones necesariamente implica el establecimiento
de requisitos y condiciones, en principio, menos favorables, para
adquirir la pensión, por eso se requiere un periodo de transición
que permita implementar de manera ponderada y equilibrada el
nuevo régimen, concretamente, para aquellas personas que, bajo
las condiciones legales anteriores, podrían adquirir su pensión en
un corto periodo de tiempo.
90. En el caso de la Ley 100 de 1993, el legislador quiso conciliar
la finalidad que motivó la reforma, con la protección frente al
impacto que el tránsito legislativo iba a generar, estableciendo un
régimen de transición especial para el grupo de personas a las que
ya se ha hecho referencia; régimen distinto tanto del anterior como
del nuevo, con unas reglas que conservaban los requisitos del
régimen anterior, pero con un elemento particular, concretamente,
el periodo que se iría a tener en cuenta para fijar el monto de la
mesada pensional; periodo que no es otro que el previsto en el
inciso 3 del artículo 36 o en el artículo 21 de la Ley 100 de 199321,
así:
20
En virtud del Acto Legislativo No. 1 de 2005, la aplicabilidad del régimen de transición corrió hasta el
31 de julio de 2010, o, excepcionalmente, hasta el 31 de diciembre de 2014, en el caso que los
beneficiarios contaran con 750 semanas de cotización o su equivalente en tiempo de servicios al
momento de la entrada en vigencia de dicho Acto Legislativo.
21
Aplicable en virtud del inciso 2 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 que dispone que las demás
condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por
las disposiciones contenidas en la presente Ley.
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• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la
pensión, el ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo
devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el
cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del Índice de Precios al
Consumidor, según certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será
el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el
afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de
la pensión, actualizados anualmente con base en la variación del
índice de precios al consumidor, según certificación que expida el
DANE.
91. Para la Sala Plena de esta Corporación esa es la lectura que
debe darse del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. El artículo 36
contiene todos los elementos y condiciones para que las personas
beneficiarias del régimen de transición puedan adquirir su pensión
de vejez con la edad, el tiempo de servicios o semanas de
cotización y la tasa de reemplazo del régimen anterior y con el IBL
previsto en el mismo artículo 36, inciso 3, y en el artículo 21 de la
Ley 100 de 1993. La regla establecida por el legislador en el inciso
3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 excluyó la aplicación
ultractiva del ingreso base de liquidación que consagraba el
régimen general de pensiones anterior a dicha ley. El
reconocimiento de la pensión en las condiciones previstas a
cabalidad por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 constituye un
verdadero beneficio para este grupo poblacional, porque frente a
los mismos requisitos que están consagrados para el Sistema
General de Pensiones, indudablemente, le son más favorables.
Fijación de la Regla Jurisprudencial sobre el IBL en el
régimen de transición
92. De acuerdo con lo expuesto, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo sienta la siguiente regla jurisprudencial:
“El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de
transición para aquellas personas beneficiarias del mismo
que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa
de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en
la Ley 33 de 1985”.
93. Para este grupo de beneficiarios del régimen de transición y
para efectos de liquidar el IBL como quedó planteado
anteriormente, el Consejo de Estado fija las siguientes subreglas:
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94. La primera subregla es que para los servidores públicos que
se pensionen conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985, el
periodo para liquidar la pensión es:
• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la
pensión, el ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo
devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el
cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del Índice de Precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será
el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el
afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de
la pensión, actualizados anualmente con base en la variación del
índice de precios al consumidor, según certificación que expida el
DANE. […]
96. La segunda subregla es que los factores salariales que se
deben incluir en el IBL para la pensión de vejez de los servidores
públicos beneficiarios de la transición son únicamente aquellos
sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al
Sistema de Pensiones.
97. Esta subregla se sustenta en el artículo 1° de la Constitución
Política que consagra el principio de solidaridad como uno de los
principios fundamentales del Estado Social de Derecho.
98. El artículo 48 constitucional define la Seguridad Social
como “un servicio público de carácter obligatorio que se prestará
bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a
los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los
términos que establezca la Ley”. El legislador (artículo 2 de la Ley
100 de 1993) explica este principio como “[…] la práctica de la
mutua ayuda entre las personas, las generaciones, los sectores
económicos, las regiones y las comunidades bajo el principio del
más fuerte hacia el más débil”.
99. La interpretación de la norma que más se ajusta al
artículo 48 constitucional es aquella según la cual en el
régimen general de pensiones, previsto en la Ley 33 de
1985, solo los factores sobre los que se haya realizado el
aporte o cotización pueden incluirse como elemento salarial
en la liquidación de la mesada pensional.
100. De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 por el cual
se adiciona el artículo 48, para adquirir el derecho a la pensión será
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necesario cumplir con la edad, el tiempo de servicio y las semanas
de cotización. Para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán
en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere
efectuado las cotizaciones.
101. A juicio de la Sala Plena, la tesis que adoptó la Sección
Segunda de la Corporación, en la sentencia de unificación del 4 de
agosto de 2010, según la cual el artículo 3 de la Ley 33 de 1985 no
señalaba en forma taxativa los factores salariales que conforman
la base de liquidación pensional, sino que los mismos estaban
simplemente enunciados y no impedían la inclusión de otros
conceptos devengados por el trabajador durante el último año de
prestación de servicio, va en contravía del principio de solidaridad
en materia de seguridad social. La inclusión de todos los factores
devengados por el servidor durante el último año de servicios fue
una tesis que adoptó la Sección Segunda a partir del sentido y
alcance de las expresiones “salario” y “factor salarial”, bajo el
entendido que “constituyen salario todas las sumas que habitual y
periódicamente recibe el empleado como retribución por sus
servicios” con fundamento, además, en los principios de
favorabilidad en materia laboral y progresividad; sin embargo, para
esta Sala, dicho criterio interpretativo traspasa la voluntad del
legislador, el que, por virtud de su libertad de configuración enlistó
los factores que conforman la base de liquidación pensional y a
ellos es que se debe limitar dicha base.
102. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo considera que
el tomar en cuenta solo los factores sobre los que se han efectuado
los aportes, no afecta las finanzas del sistema ni pone en riesgo la
garantía del derecho irrenunciable a la pensión del resto de
habitantes del territorio colombiano, cuya asegurabilidad debe el
Estado, en acatamiento de los principios constitucionales de
universalidad y eficiencia.
103. Por el contrario, con esta interpretación (i) se garantiza que
la pensión de los beneficiarios de la transición se liquide conforme
a los factores sobre los cuales se ha cotizado; (ii) se respeta la
debida correspondencia que en un sistema de contribución bipartita
debe existir entre lo aportado y lo que el sistema retorna al afiliado
y (iii) se asegura la viabilidad financiera del sistema […] (Se
resalta).
De lo anterior se colige que:
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El ingreso base de liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la
Ley 100, hace parte del régimen de transición para aquellas personas
beneficiarias que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y
tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la
Ley 33 de 1985. En esa medida, fijó como subreglas las siguientes:
• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a
la pensión, el ingreso base de liquidación será (i) el promedio
de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o
(ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior,
actualizado anualmente con base en la variación del Índice de
Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación
será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha
cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al
reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con
base en la variación del índice de precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE.
De acuerdo con la interpretación fijada por el Consejo de Estado, en
la segunda subregla establecida en la precitada sentencia de
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unificación, “[…] en el régimen general de pensiones, previsto
en la Ley 33 de 1985, solo los factores sobre los que se haya
realizado el aporte o cotización pueden incluirse como
elemento salarial en la liquidación de la mesada pensional
[…]”, subregla que, en tanto fija el sentido y alcance del artículo 3º
de la Ley 33 de 1985, se aplica a los beneficiarios del régimen de
transición.
Finalmente, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo señaló
que la citada sentencia de unificación tiene características de
permanencia, identidad y carácter vinculante y obligatorio,
señalando que las reglas jurisprudenciales que se fijaron se aplican
a todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa
como judicial, lo cual garantiza la seguridad jurídica y dan
prevalencia a los principios fundamentales de la Seguridad Social.
Es de mencionar que la Sala Plena de esta Corporación, en la
sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, excluyó la
aplicación de la primera regla hermenéutica22 a los educadores
22
“[…] 94. La primera subregla es que para los servidores públicos que se pensionen conforme a las
condiciones de la Ley 33 de 1985, el periodo para liquidar la pensión es:
• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de liquidación
será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado
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oficiales vinculados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, sin embargo, ello no aconteció respecto de la segunda.
Siendo ello así, de manera pacífica, esta Sección ha venido reiterando
que este segundo criterio tiene plena aplicación al régimen
excepcional de los docentes23.
Precisamente, la segunda subregla se refiere a los alcances
interpretativos del artículo 3º de la Ley 33 de 1985 que se aplica
tanto a los docentes como a los beneficiarios del régimen de
transición. Así, la citada subregla es del siguiente tenor: “[…] en el
régimen general de pensiones, previsto en la Ley 33 de 1985, solo
los factores sobre los que se haya realizado el aporte o cotización
pueden incluirse como elemento salarial en la liquidación de la
mesada pensional […]”.
durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del
Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los salarios o
rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento
de la pensión, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor,
según certificación que expida el DANE. […]”.
23
A modo de ejemplo se citan las siguientes sentencias: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia
de 19 de diciembre de 2018, Ponente: Oswaldo Giraldo López (11001-03-15-000-2018-03110-01 AC)
/ sentencia de 20 de noviembre de 2018, Ponente: Hernando Sánchez Sánchez (11001-03-15-000-
2018-03012-01 AC) / Sentencia de 19 de noviembre de 2018, Ponente: Roberto Augusto Serrato
Valdés.
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Así mismo, en sentencia de unificación jurisprudencial, proferida por
la Sección Segunda del Consejo de Estado el 25 de abril de 2019 24,
se establecieron las siguientes reglas jurisprudenciales sobre el
ingreso base de liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de
los docentes del servicio público oficial afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, al señalarse que:
“[…] De acuerdo con el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo
01 de 2005, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 81 de
la Ley 812 de 2003, son dos los regímenes prestacionales que
regulan el derecho a la pensión de jubilación y/o vejez para los
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al
servicio público educativo oficial. La aplicación de cada uno de estos
regímenes está condicionada a la fecha de ingreso o vinculación
al servicio educativo oficial de cada docente, así:
a. En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de
los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812
de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria
de jubilación para los servidores públicos del orden nacional
previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben
tener en cuenta son solo aquellos sobre los que se hayan
efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo
1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir
ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado
artículo.
b. Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia
de la Ley 812 de 2003, afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen
pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de
1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho
régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para
24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de unificación
de 25 de abril de 2019, C.P. César Palomino Cortés, número único de radicación
680012333000201500569-01.
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hombres y mujeres. Los factores que se deben incluir en el
ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto
1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las respectivas
cotizaciones […]”.
En ese orden de ideas, para determinar el ingreso base de liquidación
de la pensión de jubilación de los docentes, solo pueden incluirse los
factores salariales con fundamento en los cuales se realizaron
aportes al sistema de seguridad social en pensiones.
Finalmente, la Sección Segunda del Consejo de Estado señaló que la
citada sentencia de unificación tiene efectos retrospectivos con
características de permanencia, identidad y carácter vinculante y
obligatorio, señalando que las reglas jurisprudenciales que se fijaron
se aplican a todos los casos pendientes de solución tanto en vía
administrativa como judicial, lo cual garantiza la seguridad jurídica y
dan prevalencia a los principios fundamentales de la Seguridad
Social.
Análisis del caso concreto
Teniendo en cuenta lo anterior y para resolver el caso que nos ocupa,
se debe examinar lo decidido en la providencia de 24 de noviembre
de 2022 proferida por el TRIBUNAL, aquí cuestionada, en la cual se
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indicó lo siguiente:
[…] 8.4.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y JURISPRUDENCIALES. –
Regulación de la pensión de invalidez en los Decretos 3135
de 1968 y 1848 de 1969.
La pensión de invalidez es una prestación que tiene como finalidad
la protección del trabajador que se encuentra disminuido por una
contingencia física o mental que le impide el correcto desempeño
en sus labores, y por lo tanto se da aplicación a la norma que le
rige a cada persona.
Al respecto, al revisarse el contenido del Decreto Ley 3135 de 1968
se observa que en su artículo 23 se estableció el reconocimiento y
pago de una prestación pensional por invalidez, a favor de los
servidores públicos que experimentaran una pérdida de su
capacidad laboral igual o superior al 75%. Para el efecto dispuso
que:
“(…) PENSIÓN DE INVALIDEZ. La invalidez que determine una
pérdida de la capacidad laboral no inferior a un 75%, da derecho a
una pensión, pagadera por la respectiva entidad de previsión con
base en el último sueldo mensual devengado, mientras la invalidez
subsista.
a) El 50% cuando la pérdida de la capacidad laboral sea el 75%;
b) Del 75%, cuando la pérdida de la capacidad laboral exceda del
75% y no alcance el 95%;
c) El 100% cuando la pérdida de la capacidad laboral sea superior
al 95%. Parágrafo. La pensión de invalidez excluye la
indemnización (…)”. Sic-
Así mismo, el Decreto 1848 de 1969, en sus artículos 60, 61 y 63
dispuso lo relacionado con la pensión por invalidez, así: “(…)
Art. 60. DERECHO A LA PENSIÓN. Todo empleado oficial que se
halle en situación de invalidez, transitoria o permanente, tiene
derecho a gozar de la pensión de invalidez a que se refiere este
capítulo.
Art. 61. DEFINICIÓN.
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1.- Para los efectos de la pensión de invalidez, se considera inválido
al empleado oficial que por cualquier causa, no provocada
intencionalmente, ni por culpa grave, o violación injustificada y
grave de los reglamentos de previsión, ha perdido en un porcentaje
no inferior al 75% su capacidad para continuar ocupándose en la
labor que constituye su actividad habitual o la profesión a que se
ha dedicado ordinariamente.
2.- En Consecuencia no se considera inválido al empleado que
solamente pierde su capacidad de trabajo en un porcentaje inferior
al 75%.”
(…) “Art. 63. CUANTÍA DE LA PENSIÓN. El valor de la pensión de
invalidez se liquidará con base en el último salario devengado por
el empleado oficial y será equivalente al grado de incapacidad
laboral, conforme a los porcentajes que se establecen a
continuación, así:
a. Cuando la incapacidad sea superior al noventa y cinco por ciento
(95%), el valor de la pensión mensual será igual al último salario
devengado por el empleado oficial, o al último promedio mensual,
si fuere variable.
b. Si la incapacidad excediere del setenta y cinco por ciento (75%)
sin pasar del noventa y cinco por ciento (95%), la pensión mensual
será equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del último
salario devengado por el empleado oficial, o del último promedio
mensual.
c. Si la incapacidad laboral es del setenta y cinco por ciento (75%),
dicha pensión será igual al cincuenta por ciento (50%) del último
salario devengado por el empleado oficial, o del último promedio
mensual, si fuere variable” (Sic para lo transcrito).
Puede concluirse, que el reconocimiento de la pensión de invalidez
con fundamento en el Decreto 1848 de 1969, está determinada por
la ocurrencia de la pérdida de la capacidad laboral en el índice
descrito expresamente, que a su paso define el monto de la
prestación, sin importar el tiempo de vinculación del funcionario
público.
Pues bien, de las pruebas obrantes en el proceso, lo primero
que debe quedar claro en el sub examine, es que a la señora
YINETH CARMELA RINCÓN TORTELLO, el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, le reconoció una
pensión de invalidez teniendo en cuenta el porcentaje de
pérdida de la capacidad laboral del 100%, determinado por
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la UT Oriente Región 5, porcentaje que no está en discusión
en el presente medio de control, como quiera que lo
pretendido en el proceso es únicamente, la reliquidación de
la pensión en cuanto a la inclusión de todos los factores
salariales devengados por la actora por todo concepto.
[…]
Corolario con lo anterior, en el acto acusado, el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales liquidó la prestación teniendo en cuenta el
100% del promedio salarial del último año, dada la pérdida de su
capacidad laboral del 100%, incluyendo como factores salariales
únicamente, la asignación básica (Archivo 01, folios 10 y 11
OneDrive) […]” (Destacado fuera de texto).
Frente a lo pretendido en la demanda en relación con la reliquidación
de la pensión de invalidez con la inclusión de todos los factores
salariales devengados en el último año de servicio, el TRIBUNAL
accionado dijo:
“[…] Ahora bien, lo pretendido por la parte actora, se itera,
es la reliquidación prestacional con el fin de que le sean
incluidos todos los factores salariales devengados mientras
prestó sus servicios, a lo cual no accedió el juez señalando,
que si bien se demostró que la demandante devengó otros
factores salariales en el último año de servicio, no existía
constancia si sobre ellos se efectuó aportes a pensión.
Así las cosas, precisa esta Corporación, que la Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, al
definir su criterio de interpretación del artículo 36 de la Ley
100 de 1993, en la sentencia de unificación de fecha 28 de
agosto de 2018, Consejero Ponente Dr. CÉSAR PALOMINO
CORTÉS, dentro del proceso radicado con el No. 52001-23-
33-000-2012-00143-01, planteó una nueva línea
jurisprudencial en relación con la liquidación de las
pensiones de los servidores públicos, la cual pese a que no
haya sido emitida en un caso como el que se analiza en esta
oportunidad, indiscutiblemente traza el camino a seguir en
este tipo de circunstancias, ya que definió una serie de
subreglas, las cuales pueden ser empleadas como
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herramientas a la hora de resolver problemas jurídicos
como el que nos atañe en esta oportunidad.
En efecto, la máxima Corporación de lo Contencioso Administrativo
estableció la siguiente subregla en lo atinente a la reliquidación de
las pensiones, con base a los factores salariales a tener en cuenta:
[…]
En ese orden de ideas, si bien las reglas jurisprudenciales citadas
fueron desarrolladas al tratar un reajuste de una pensión de
jubilación, a quienes se les aplicara la Ley 33 de 1985, también lo
es que el Consejo de Estado en dicha sentencia fijó las bases para
la inclusión de factores salariales dentro de la liquidación pensional,
precisando claramente el artículo 48 de la Constitución Política en
concordancia con el artículo 1° del Acto Legislativo 01 de 2005,
según los cuales en la base de liquidación pensional sólo pueden
incluirse factores salariales enlistados en la ley siempre y
cuando sobre ellos se hubiese efectuado aportes a pensión,
tal como precisa la entidad demandada en su escrito de
apelación.
De otro lado, en cuanto al criterio interpretativo trazado en la
sentencia del 4 de agosto de 2010, emitido por esa Alta
Corporación, la misma sentencia de unificación de fecha 28 de
agosto de 2018, consagró que la inclusión de todos los factores
devengados por el servidor durante el último año de servicios fue
una tesis que adoptó la sección segunda a partir del sentido y
alcance de las expresiones “salario” y “factor salarial”, bajo el
entendido que “constituyen salario todas las sumas que habitual y
periódicamente recibe el empleado como retribución por sus
servicios” con fundamento, además, en los principios de
favorabilidad en materia laboral y progresividad; sin embargo,
para la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, dicho criterio interpretativo traspasa la
voluntad del legislador, el que, por virtud de su libertad de
configuración enlistó los factores que conforman la base de
liquidación pensional y a ellos es que se debe limitar dicha
base.
Ahora, si bien es cierto que la sentencia de unificación transcrita
opera únicamente para los servidores públicos beneficiarios del
régimen de transición, en el cual lógicamente no se incluye a los
docentes, también lo es que al venir aplicando este Tribunal el
criterio interpretativo consagrado en la sentencia del 4 de agosto
de 2010, el cual como se señaló, fue cambiado por la máxima
Corporación en la sentencia que se transcribe, ello es motivo
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suficiente para que en tales asuntos, se deje de utilizar como
referencia la sentencia del 4 de agosto de 2010, acogiendo por el
contrario apartes de la nueva sentencia de unificación, en lo
referente a los factores salariales que deben servir de base para la
liquidación pensional.
En virtud de lo anterior, este Tribunal ha cambiado el criterio
que venía adoptando al momento de resolver asuntos como
el que hoy se discute, para en su lugar, aplicar en su
integridad el nuevo precedente del Consejo de Estado, en
cuanto a los factores salariales que deben tenerse en cuenta
al momento de liquidar las pensiones para los docentes, en
el entendido que para la liquidación pensional deberá
tenerse en cuenta únicamente los factores salariales
devengados por éstos en el último año de servicios y/o en
el último año antes de adquirir el status, siempre que se
encuentren enlistados en la ley y sobre los mismos se
hubiere realizado los respectivos aportes.
Es menester señalar, que en un caso similar al presente, la Sección
Segunda Subsección A del Consejo de Estado, negó la reliquidación
pensional de un docente con la totalidad de factores salariales
devengados en el último año de servicios, dando aplicación a la
sentencia de unificación de la Sala Plena de esa corporación de
fecha 28 de agosto de 2018, Consejero Ponente: doctor CÉSAR
PALOMINO CORTÉS, Expediente 2012-00143-01, Demandante:
GLADIS DEL CARMEN GUERRERO DE MONTENEGRO. Dijo lo
siguiente: […]
En ese orden de ideas, en el presente caso, la Sala de Decisión
advierte, que la Secretaría de Educación Departamental del Cesar,
en nombre y representación de la Nación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, reconoció la pensión de
invalidez a la señora YINETH CARMELA RINCÓN TORTELLO,
teniendo en cuenta el 100% del promedio de los factores salariales
devengado en el último año de servicios (2018-2019) y como
factores salariales el salario básico.
Sin embargo, en el último año de servicio la actora devengó otros
factores salariales diferentes a los tenidos en cuenta por la entidad
demandada, tales como: la bonificación mensual, bonificación
pedagógica, prima de navidad, prima de servicios, prima de
vacaciones y subsidio de alimentación, tal como fue certificado por
la Secretaría de Educación Departamental.
Así las cosas, en cuanto a los factores salariales, prima de
navidad, prima de servicios, prima de vacaciones y subsidio
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de alimentación, tales factores no están enlistados en la ley,
motivo por el cual, al tenor del precedente jurisprudencial,
no podían ser incluidos en la base pensional, tal como
determinó el a quo.
Ahora bien, en cuanto a la inclusión de la bonificación mensual
docente y la bonificación pedagógica en el IBL pensional de la
demandante, lo primero que aclara la Sala, es que aunque en
anteriores oportunidades el Magistrado que aquí funge como
ponente era del criterio que estos factores al no estar enlistados en
la Ley 33 y 62 de 1985, no podían ser incluidos en la base
pensional, esta postura ha sido cambiada en virtud de los
precedentes del Consejo de Estado quienes han admitido que ellos
constituyen factor salarial, por lo tanto, al ser un criterio de
carácter vinculante para el fallador, sobre esta orientación
jurisprudencial se resolverá lo peticionado.
[…]
En consideración a lo anterior, como quiera que en el asunto de
marras la demandante acreditó que en el último año de servicios
devengó el factor salarial bonificación mensual docente, es
evidente que le asiste derecho a que éste sea incluido en el IBL
pensional, por lo que procedería la reliquidación prestacional
solicitada, contrario a lo afirmado por el a quo.
De otro lado, en lo concerniente a la bonificación pedagógica, factor
que también fue devengado en el último año de servicios de la
actora, y sobre el cual el recurrente solicita inclusión, es menester
recalcar que dicho emolumento fue creado mediante Decreto 2354
del 19 de diciembre del 2018, en cuyo artículo 3 se consagró
expresamente que éste constituye factor salarial para todos los
efectos legales. Así consagra la norma:
[…]
De conformidad con lo transcrito, si bien la norma advierte que este
emolumento constituye factor salarial para todos los efectos
legales, también lo es que a diferencia de la bonificación mensual
docentes, la norma no le impuso al empleador la carga de realizar
los respectivos descuentos de cotización al sistema de seguridad
social en forma directa, por lo tanto, para que dicho factor pueda
ser incluido en el IBL de la pensión del demandante, ésta debía
acreditar que sobre el mismo se efectuaron aportes a pensión,
circunstancia que en el sub examine se echa de menos.
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En consecuencia, no es posible acceder al reajuste pensional
pretendido con la inclusión del factor salarial, bonificación
pedagógica […]” (Destacado fuera de texto).
De los apartes transcritos, la Sala observa que el TRIBUNAL analizó
las pretensiones de la actora a la luz de las normas que regulan la
pensión de invalidez de los docentes, de lo cual logró concluir que
para el caso concreto era aplicable el régimen pensional previsto en
el Decreto 1848 de 1969 y en el Decreto 3135 de 1968, en relación
con el monto de la prestación, el cual tiene su fundamento en el
porcentaje de la pérdida de la capacidad laboral determinado.
Ahora, en lo que refiere a los factores salariales solicitados por la
actora, la autoridad judicial accionada apuntó que, aun en tratándose
de una pensión de invalidez, debe acogerse el precedente fijado por
el Consejo de Estado en la sentencia de unificación de 28 de agosto
de 2018, que determinó que los factores a tener en cuenta al
momento de liquidar la pensión eran sobre los cuales se hubiera
cotizado.
Por lo anterior, la Sala encuentra que no resulta procedente dejar sin
efectos la sentencia de 24 de noviembre de 2022, proferida por
TRIBUNAL, toda vez que se fundamentó en la interpretación vigente
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de las normas aplicables al caso concreto, conforme a las cuales los
factores salariales que se deben incluir en el ingreso base de
liquidación para la pensión de jubilación son únicamente aquellos
sobre los cuales se hayan efectuado aportes o cotizaciones al sistema
de pensiones.
En efecto, la Sala destaca que en la sentencia SUJ-014-CE-S2-2018
de 25 de abril de 2019, así como en la sentencia de unificación de 28
de agosto de 2018, la Sección Segunda del Consejo de Estado
estableció una regla aplicable en relación con la liquidación de las
pensiones bajo la interpretación del parágrafo transitorio 1 del Acto
Legislativo 01 de 2005, según el cual para la liquidación de las
pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales
cada persona hubiere efectuado las cotizaciones.
En el asunto bajo examen, en la medida en que la accionante ingresó
al servicio docente en vigencia de la Ley 812 de 2003, el régimen
aplicable es el de prima media previsto en la Ley 100 de 1993, de tal
forma que, bajo tal óptica, el referido precedente del 25 de abril de
2019 de la Sección Segunda del Consejo de Estado, resultaba
aplicable al caso en concreto ya que el mismo se gobierna, entre
otros, por lo preceptuado en el citado Acto Legislativo.
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En ese orden de ideas, en lo que tiene que ver con el defecto
sustantivo alegado, la Sala resalta que no tiene vocación de
prosperidad en la medida en que el TRIBUNAL sí tuvo en cuenta el
Decreto 1848 de 1969 y sus normas concordantes para efectos de
determinar el monto de la pensión por invalidez; mientras que en
cuanto a los factores salariales a incluir, tomó en consideración lo
dispuesto en el Acto Legislativo 01 de 2005, de tal forma que se
debían incluir únicamente sobre los cuales se efectuaron
cotizaciones.
Así las cosas, la Sala encuentra que lo que la actora pretende con la
presente acción de tutela es señalar que de conformidad con las
normas jurídicas referidas, corresponde ordenar la reliquidación de
su pensión con la inclusión de todos los factores salariales
devengados en el último año de servicios; no obstante, de la lectura
de las referidas disposiciones legales no es posible llegar a la
conclusión que se pretende en tanto que las mismas sí fueron tenidas
en cuenta para proferir la decisión controvertida.
En ese sentido, la Sala encuentra que para llegar a la conclusión
según la cual la actora sólo tenía derecho al reconocimiento de la
pensión con la inclusión de los factores salariales respecto de los
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cuales había realizado aportes, la autoridad judicial demandada no
dejó de aplicar la norma que correspondía, ni la aplicó de manera
indebida, irracional o arbitraria.
De esta manera, la Sala infiere que la autoridad demanda no
incurrió en un defecto sustantivo, conclusión que coincide con la
decisión de la Corte Constitucional en sentencia T-297 de 6 de agosto
202025 y en la que precisó que el problema de derecho sometido a
consideración de los Tribunales accionados, alusivo a la posibilidad o
no de incluir en el IBL factores salariales sobre los que no se hubieren
efectuado cotizaciones, guarda semejanza con uno de los aspectos
estudiados en las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU-
395 de 201726 y, por lo tanto, su aplicación a los casos concretos era
razonable y que la decisión de 28 de agosto de 2018 solamente
exoneró a los docentes oficiales de la aplicación del régimen de
transición de la Ley 100 de 1993, así como de la primera subregla
jurisprudencial adoptada en el fallo de unificación relativa al marco
temporal para establecer el monto de la mesada pensional; empero,
de ninguna manera dispuso la inaplicación de la regla segunda
25
Corte Constitucional, Sentencia T-297 de 6 de agosto de 2020, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
26
En el mismo sentido se pueden consultar las sentencias SU-427 de 2016, SU-395 de 2017 y SU-631
de 2017, SU-023, SU-068 y SU-114 de 2018, T-078 de 2014, T-494, T-643 y T-661 de 2017, T-039,
T-328 y T-368 de 2018, entre otras.
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concerniente a la imposibilidad de incorporar en el IBL los factores
sobre los que no se hubieren efectuado cotizaciones.
Ahora, frente al cargo por desconocimiento del precedente
judicial dispuesto en la sentencia de 31 de octubre de 2019 proferida
por la Sección Quinta del Consejo de Estado, la Sala advierte que en
ese asunto se amparó el derecho fundamental al debido proceso,
pero únicamente en lo que refiere a la bonificación mensual para los
docentes, asunto que no está en discusión en el caso concreto, pues
precisamente el TRIBUNAL en la providencia acusada ordenó
adicionar tal bonificación para efectos de la reliquidación pensional,
de tal forma que no resulta aplicable al asunto.
De otra parte, en cuanto a las sentencias de 8 de marzo de 2021
(radicación 110010315000-2020-05040-01), 29 de julio de 2022
(radicación 11001-03-15-000-2022-02399-01) y 17 de noviembre
de 2022 (radicación 110010315000-2021-03752-01) dictadas por la
Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado, tampoco
resultan se aplicables al caso sub examine.
En efecto, aun cuando dichas sentencias contienen la tesis que alega
la actora y en ellas se ordenó tener en cuenta para efectos de la
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reliquidación de la pensión por invalidez los factores salariales
mencionados en el Decreto 1045 de 1978, ello obedeció a que en
esos casos los actores ingresaron al servicio docente con anterioridad
a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, por lo que no les
resultaba aplicable el régimen dispuesto en la Ley 100 de 1993,
diferente a la situación de la señora RINCÓN TORTELLO.
En ese orden de ideas, se destaca que las sentencias que la actora
aduce no constituyen precedente judicial, toda vez que en las mismas
no se unificó jurisprudencia alguna frente al tema objeto de
controversia, tampoco se fijaron reglas jurisprudenciales que deban
ser aplicadas por la autoridad judicial y los hechos difieren a los
expuestos en el caso sub examine.
Finalmente, a juicio de la actora, también se incurrió en violación
directa de la Constitución, toda vez que el TRIBUNAL desconoció lo
previsto en el artículo 53 de la Carta Política; sin embargo, como ya
se dijo antes, la autoridad judicial accionada fundamentó su decisión
en las normas y la jurisprudencia aplicable al asunto y expuso de
forma razonada por qué no procedía la reliquidación de su pensión
de invalidez con la inclusión de todos los factores salariales
devengados en el último año de servicios, lo cual debe ser respetado
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en virtud de los principios de autonomía e independencia judicial, de
manera que tampoco se configura la causal de violación directa a la
Constitución.
Igualmente, las anteriores consideraciones concuerdan con las
expuestas por la Sala en sentencia de 16 de julio de 202027, en la
que se estableció que no era procedente acceder a las pretensiones
invocadas en sede de tutela en virtud de las reglas jurisprudenciales
fijadas por la Sala Plena de esta Corporación en sentencia de
unificación de 28 de agosto de 2018.
En ese orden de ideas, el análisis ni la decisión contenida en la
providencia controvertida, resultan caprichosos o excedidos, sino que
fueron adoptados a partir del alcance dado a la situación fáctica de
la demanda respectiva, a las pruebas aportadas al proceso y a la
jurisprudencia aplicable al asunto, por lo que de conformidad con la
autonomía judicial de la que goza el juez de conocimiento, se abstuvo
ordenar la reliquidación de la pensión de invalidez incluyendo todos
los factores salariales devengados en el último año de servicios.
27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de julio
de 2020, M.P. Oswaldo Giraldo López, número único de radicación 11001-03-15-000-2020-02272-
00(AC).
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De tal suerte que lo que se advierte es la inconformidad de la actora
con las razones de la providencia judicial acusada, no así la
vulneración de los derechos fundamentales invocados, motivo por el
cual, al no haberse acreditado los yerros endilgados, la Sala
denegará el amparo deprecado, como en efecto se dispondrá en la
parte resolutiva de la presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva presentada por la
FIDUPREVISORA S.A., por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DENEGAR el amparo solicitado por la actora, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
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eficaz.
CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 7 de julio de 2023.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente
Salva voto
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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