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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02399-01

Fecha
29 de julio de 2022
Consejero ponente
Carmelo Perdomo Cueter
Citada por
5 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02399-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1. Revócase el fallo de 26 de mayo de 2022, a través del cual el Consejo de Estado (sección primera) negó las pretensiones de la acción de tutela de la referencia, en su lugar: 1.1 Ampárase el derecho constitucional fundamental al debido proceso de la señora Myriam Delfina Cely Sabogal, en armonía con lo expuesto en la parte motiva. 1.2 Déjase sin efectos la sentencia de 2 de noviembre de 2021, por cuyo conducto el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (subsección B de la sección segunda) decidió, en segunda instancia, el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la tutelante contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y la Fiduprevisora S. A. (expediente 11001-33-42-054-2018- 00479-01), en cuanto a la reliquidación de la pensión de invalidez pretendida en ese asunto, conforme a la motivación. 1.3 En consecuencia, ordénase a los señores magistrados de la subsección B de la sección segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, dentro del término de diez (10) días siguientes a la notificación de esta providencia, dicten un nuevo fallo dentro del aludido asunto ordinario, en atención a las consideraciones planteadas en esta decisión. 2. Adviértese a las autoridades indicadas en el numeral precedente, que el incumplimiento de lo dispuesto en esta providencia dará lugar a las sanciones establecidas en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991. 18 Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-02399-01 Actora: Myriam Delfina Cely Sabogal 3.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-02399-01

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter

29 de julio de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

Bogotá, D. C., veintinueve (29) de julio de dos mil veintidós (2022)

Acción : Tutela (impugnación)
Expediente : 11001-03-15-000-2022-02399-011
Actora : Myriam Delfina Cely Sabogal
Demandados : Magistrados de la subsección B de la sección segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Tema : Tutela contra providencia judicial; derechos
constitucionales fundamentales al debido proceso, igualdad,
mínimo vital y seguridad social

Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por la actora contra la
sentencia de 26 de mayo de 2022, emitida por el Consejo de Estado (sección
primera), que negó el amparo deprecado.

I. ANTECEDENTES

1.1 La solicitud de amparo. La señora Myriam Delfina Cely Sabogal, a
través de apoderado, presenta acción de tutela con el fin de obtener la
protección de sus derechos constitucionales fundamentales al debido proceso,
igualdad, mínimo vital y seguridad social, presuntamente quebrantados por los
señores magistrados de la subsección B de la sección segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.

Como consecuencia de lo anterior, pide se deje sin efectos el fallo de 2 de
noviembre de 2021, mediante el cual el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca (subsección B de la sección segunda) confirmó el de 13 de
septiembre de 2019, con el que el Juzgado Cincuenta y Cuatro (54)
Administrativo de Bogotá accedió parcialmente 2 a las pretensiones de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, que promovió contra la
Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio y la Fiduciaria La Previsora S. A. (Fiduprevisora S.
A.) [expediente 11001-33-42-054-2018-00479-01]; en su lugar, se ordene a

1
Resulta oportuno precisar que las presentes diligencias reposan en el expediente digital contenido en la
herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI.
2
Comoquiera que no concedió las súplicas relacionadas con la reliquidación de la pensión de invalidez de la
accionante y la condena en costas, pero declaró la nulidad parcial de la Resolución 8508 de 27 de agosto de
2018, por cuyo conducto la secretaría de educación de Bogotá negó el reintegro del dinero descontado a ella
por concepto de salud y, en consecuencia, condenó a dicha entidad a su devolución frente a la mesada
pensional adicional de diciembre de cada año.

Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-02399-01
Actora: Myriam Delfina Cely Sabogal

las autoridades accionadas dictar una nueva providencia en la que se «[…]
reliquid[e su] pensión de invalidez […], [con el] 75% del último salario
devengado sobre el cual cotizó […], incluyendo TODOS los factores
salariales devengados en el año anterior al retiro del servicio […]».

1.2. Hechos. Relata la accionante que «[…] nació el 10 de junio de 1963[,]
laboró como docente al servicio del Estado desde el 22 de mayo de 1989
hasta el 25 de septiembre de 2017 […]» y, como padeció una pérdida de su
capacidad laboral del 85% (según dictamen emitido por Medicol Salud3), la
secretaría de educación de Bogotá, a través de Resolución 6801 de 14 de
septiembre de 2017, le reconoció pensión de invalidez, «[…] aplicando el
75% sobre los factores salariales devengados en el último salario percibido a
su retiro del servicio […]», sin embargo, solo incluyó la asignación básica.

Que el 15 de noviembre de 2018 solicitó la reliquidación de su prestación
social, para que se tuvieran en cuenta todos los factores salariales devengados
durante el año anterior a la fecha de retiro del servicio, de conformidad con el
Decreto 1848 de 1969, lo que le fue negado, por conducto de Resolución 8508
de 27 de agosto de 2018, habida cuenta de que el cálculo efectuado en el acto
administrativo de reconocimiento pensional se encuentra ajustado a derecho,
puesto que los emolumentos incorporados son solo aquellos sobre los cuales
se hubiere aportado al sistema de seguridad social.

Dice que, por lo anterior, instauró demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y la Fiduciaria La Previsora
S. A. (Fiduprevisora S. A.) [expediente 11001-33-42-054-2018-00479-01],
encaminada a obtener la anulación de las mencionadas Resoluciones y lo
deprecado en sede administrativa, de la que conoció el Juzgado Cincuenta y
Cuatro (54) Administrativo de Bogotá que, con fallo de 13 de septiembre de
2019, accedió parcialmente a las pretensiones formuladas, al estimar, entre
otras cosas, que su pensión de invalidez fue liquidada en debida forma, pues
no era dable incluir factores salariales no consignados en la Ley 62 de 1985.

Que contra la referida decisión judicial interpuso recurso de apelación,
desatado el 2 de noviembre de 2021 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca (subsección B de la sección segunda), en el sentido de

3
Con fecha de estructuración de 25 de septiembre de 2017.
2

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Actora: Myriam Delfina Cely Sabogal

confirmarla, al considerar que «[…] en cumplimiento [del] artículo 1° de la
Ley 62 de 1985; el único factor salarial que aparece certificado en [su] favor
[…] es la asignación salarial […]», régimen que le es aplicable, comoquiera
que fue vinculada antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003.

Sostiene que la providencia cuestionada adolece de defecto sustantivo, dado
que las autoridades accionadas no tuvieron en cuenta que, «[…] de
conformidad con el parágrafo transitorio 1 del artículo 1° del Acto
Legislativo 01 de 2005[,] a los docentes vinculados con anterioridad a la Ley
812 de 2003 les asiste el derecho a que el reconocimiento de la pensión de
invalidez se estudie bajo lo preceptuado en los Decretos 3135 de 1968 [y]
1848 de 1969 […]» y, en razón a que el último «[…] no detalló qu[é] factores
se deben incluir en el ingreso base de liquidación, es necesario remitirse al
[artículo 45 del] Decreto Ley 1045 de 1978 […]», en esa medida, no era dable
aplicarle la Ley 33 de 1985 y los factores enunciados en el artículo 1° de la
Ley 62 de ese año.

Que la mencionada determinación judicial, además, desconoce el criterio
jurisprudencial fijado por el Consejo de Estado4, según el cual «[…] el monto
de la pensión de invalidez se liquidar[á] con base en el último salario
devengado por el empleado oficial y la inclusión de todos los demás factores
salariales [recibidos] en el último año de servicios conforme a lo
contemplado en el Decreto 1045 de 1978 […]» (artículo 45).

1.3 Contestaciones de la acción.

1.3.1 Los señores magistrados de la subsección B de la sección segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por conducto del ponente de la
decisión censurada, solicitan negar el amparo deprecado, por cuanto se hizo un
correcto y adecuado análisis de la controversia suscitada, sin embargo, se
«[…] at[ienen] a lo que se demuestre durante el trámite de la referencia».

1.3.2 La señora Ministra de Educación Nacional5, a través del señor representante
judicial y jefe de la oficina asesora jurídica de esa cartera, pide su
desvinculación dentro del asunto, por cuanto carece de legitimación en la
causa por pasiva, comoquiera que «[…] no tiene competencia para

4
No especificó la sentencia.
5
Vinculada a estas diligencias en calidad de tercera con interés, junto con los señores Juez Cincuenta y
Cuatro (54) Administrativa de Bogotá y presidente de la Fiduprevisora S. A.
3

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Actora: Myriam Delfina Cely Sabogal

pronunciarse sobre los hechos y pretensiones de la [actora] […]», toda vez
que «[…] no es […] responsable de la conducta cuya omisión genera la
vulneración alegada […], y […] es claro que […] no tiene injerencia en la
decisión que se tome al respecto».

1.3.3 La señora Juez Cincuenta y Cuatro (54) Administrativa de Bogotá aduce
que «[…] no ha vulnerado los derechos fundamentales alegados por la
accionante como quiera que durante el trámite que se surtió en [primera
instancia] se actuó de manera eficiente y diligente, respetando los términos
legales y conforme a derecho, valorando los medios probatorios pertinentes y
que fueron considerados […] para el caso en estudio».

1.3.4 El señor presidente de la Fiduprevisora S. A. guardó silencio en la
oportunidad prevista para el efecto.

1.4 Providencia impugnada. Con sentencia de 26 de mayo de 2022, el
Consejo de Estado (sección primera) negó el amparo deprecado, al considerar
que la determinación objeto de discusión en el trámite constitucional de la
referencia «[…] se fundamentó en la interpretación vigente de la norma
aplicable al caso concreto, esto es, la Ley 33 de 1985, modificada por el
artículo 1.º de la Ley 62 de 1985, conforme a la cual los factores salariales
que se deben incluir en el ingreso base de liquidación para la pensión son
únicamente aquellos sobre los cuales se hayan efectuado aportes o
cotizaciones al sistema de pensiones […]».

1.5 Impugnación. Inconforme con la determinación adoptada, la tutelante
la impugnó, dado que como «[…] se vinculó al magisterio oficial el día 22 de
mayo de 1989 […], [esto es], antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003, […] l[a] disposici[ón que le es aplicable es] […] la Ley 91 de 1989, la
cual, a su turno, como lo ha entendido la jurisprudencia del Consejo de
Estado establecí[a] como régimen pensional [de] los docentes nacionales y
nacionalizados el previsto para los empleados públicos del orden nacional, a
saber, en el Decreto Ley 3135 de 1968 y los Decretos 1848 de 1969 y 1045 de
1978».

Agrega que «[…] centenares de despachos [j]udiciales, de la [j]urisdicción
[c]ontencioso [a]dministrativa del país incluyendo el Consejo de Estado, han
fallado a favor de empleados públicos y docentes que solicitaron la inclusión
de la totalidad de los factores salariales para la liquidación de su pensión de
4

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Actora: Myriam Delfina Cely Sabogal

invalidez, indicando que si bien es cierto se demuestra que no se realizaron
las cotizaciones de algunos [de ellos] […], se reconoce el derecho a la
reliquidación […]».

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia. En virtud de los artículos 326 del Decreto ley 2591 de
19917 y 258 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 20199 expedido por la sala
plena del Consejo de Estado, esta subsección es competente para conocer de la
presente impugnación.

2.2 La acción. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86
de la Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de
1992, 1382 de 2000 y 1983 de 2017, como mecanismo directo y expedito para
la protección de los derechos constitucionales fundamentales, permite a las
personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
trámite preferente y sumario, el amparo inmediato de ellos cuando quiera que
resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

2.3 Cuestión preliminar. La Sala observa que la accionante pide se deje sin
efectos el fallo de 2 de noviembre de 2021, mediante el cual el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca (subsección B de la sección segunda)
confirmó el de 13 de septiembre de 2019, con el que el Juzgado Cincuenta y
Cuatro (54) Administrativo de Bogotá accedió parcialmente a las pretensiones
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 11001-33-42-054-2018-
00479-01).

6
«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro
de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente […]».
7
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
8
«ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS ACCIONES DE TUTELA, DE CUMPLIMIENTO,
POPULARES Y DE GRUPO.
[…]
Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se
someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y
serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya
correspondido el reparto […]».
9
«Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado».
5

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Actora: Myriam Delfina Cely Sabogal

No obstante, cabe precisar que en dicha providencia, objeto de censura, pese a
que no se concedió la súplica relacionada con la reliquidación de su pensión
de invalidez y la condena en costas, se ordenó a la entidad allí demandada a
reintegrarle el dinero descontado a ella por concepto de salud frente a la
mesada pensional adicional de diciembre de cada año.

En ese orden de ideas, solo se analizará lo referente al reajuste pensional
deprecado por la actora, por cuanto frente a los descuentos por salud no
expuso reproche alguno.

2.4 Problema jurídico. Se contrae a determinar si es dable a través de la
acción de tutela, examinar el eventual quebranto de derechos de linaje
constitucional fundamental que pueda comportar la sentencia de 2 de
noviembre de 2021, mediante la cual el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca (subsección B de la sección segunda) confirmó la de 13 de
septiembre de 2019, con la que el Juzgado Cincuenta y Cuatro (54)
Administrativo de Bogotá accedió parcialmente a las pretensiones del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, que promovió contra la
Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio y la Fiduprevisora S. A. (expediente 11001-33-42-
054-2018-00479-01), en lo que atañe a las súplicas relacionadas con la
reliquidación de su pensión de invalidez; y, en caso afirmativo, si se han
vulnerado las garantías superiores al debido proceso, igualdad, mínimo vital y
seguridad social invocadas en la solicitud de amparo.

2.5 La acción de tutela contra providencias judiciales. El debate
jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional que
declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más
adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la
amenaza de derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en
sede de tutela, con la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en
apariencia revestido de forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de
hecho.

La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de
1994 se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia
fuera calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura
cuando se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos
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Actora: Myriam Delfina Cely Sabogal

protuberantes: (i) defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión
controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto
fáctico, que ocurre cuando resulta indudable que el juez carece de sustento
probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se
sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello; y (iv) defecto procedimental, que aparece en aquellos
eventos en los que se actuó completamente al margen del proceso establecido.
Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de
unificación proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las
cuales están las sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002.
Posteriormente, mediante sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional
destacó el carácter excepcional de la acción de tutela, vale decir cuando de
manera protuberante se vulneran o amenazan derechos fundamentales.

Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los
eventos excepcionales de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente
para identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de
orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se
afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos
porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.

Tales presupuestos son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. (ii) Que se hayan agotado todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable. (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez.
(iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la
misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna
y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. (v) Que la actora
identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración
como los derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso
judicial siempre que esto hubiese sido posible. (vi) Que no se trate de
sentencias de tutela, en consideración al riguroso proceso de selección que
hace la Corporación.

Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra
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sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de
causales genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar la
excepcionalidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, la cual
solamente cuando tenga indudable relevancia constitucional resulta
procedente.

Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la
decisión que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de
competencia; (ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto
fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo probatorio que permita
la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto
material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre
las consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o
tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo
adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin
motivación, que implica el incumplimiento por parte de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte
Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para
garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la
Constitución, que procede cuando la decisión judicial supera el concepto de
vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no se está ante una
burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que afectan
derechos fundamentales.

Por otra parte, se destaca que la sala plena de lo contencioso administrativo
del Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela
resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales10, rectificó su
posición mediante sentencia de 31 de julio de 201211, en el sentido de disponer

10
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-
administrativo del Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2)
31 de enero de 1992, AC – 016, C. P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P.
Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio
de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-
01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-01, C. P. Ligia López
Díaz. 8) 16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
11
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
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que la acción constitucional es procedente contra providencias, cuando
vulneren derechos constitucionales fundamentales, con observancia de los
parámetros fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro
determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que esta subsección con
anterioridad al fallo citado ha aplicado en los términos antes expuestos12.

Por último, en el fallo de 5 de agosto de 201413, proferido por la sala plena de
lo contencioso-administrativo, por importancia jurídica, se unificó el criterio
de que esta acción constitucional procede siempre y cuando se respete el
principio de autonomía del juez natural, y se cumplan los requisitos generales
y específicos precisados por la Corte Constitucional, entre los que destacaron
el de inmediatez y subsidiariedad.

2.6 Caso concreto. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de
la acción de tutela contra providencias judiciales, en el sub lite se observa que
(i) el asunto planteado comporta relevancia constitucional, pues recae sobre la
presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso,
igualdad, mínimo vital y seguridad social; (ii) contra la decisión objeto de
censura no procede recurso alguno, en atención a que fue emitida en segunda
instancia y se encuentra ejecutoriada; (iii) se establecieron los hechos que
originaron el supuesto quebranto de las aludidas garantías superiores; (iv) el
requisito de inmediatez se satisface, toda vez que la determinación judicial
atacada 14 quedó ejecutoriada el 16 de noviembre de 2021 y la solicitud de
amparo se instauró el 28 de abril de 2022, es decir, dentro de un término
prudencial (5 meses y 12 días); y (v) la providencia acusada no desató una
acción de tutela.

En razón a que se colman los anteriores presupuestos, esta Sala examinará el
fondo del asunto conforme a las causales específicas denominadas defecto
sustantivo y desconocimiento del precedente invocadas por la actora.

12
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008,
exp. 2008-00779-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P.
Víctor Hernando Alvarado Ardila. 3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando
Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de
febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp.
2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-00540-00, C. P. Gerardo
Arenas Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp.
2011-01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P.
Gerardo Arenas Monsalve.
13
Sentencia de unificación, proferida por la sala plena de lo contencioso-administrativo el 5 de agosto de
2014, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, expediente 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
14
Notificada por correo electrónico el 10 de noviembre de 2021.
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2.6.1 Defecto sustantivo. Sea lo primero anotar que el artículo 230 de la
Constitución Política prevé que los jueces se encuentran sometidos al imperio
de la ley. En virtud de dicho mandato, las autoridades judiciales deben decidir
las controversias de acuerdo con las normas que regulan la materia, como
expresión del principio de legalidad.

La jurisprudencia constitucional 15 ha estimado que la providencia judicial
proferida con desconocimiento del sistema normativo incurre en el
denominado defecto sustantivo, que se configura cuando la controversia es
decidida con fundamento en una disposición legal inaplicable al caso
concreto, bien porque fue derogada, declarada inexequible, versa sobre otro
asunto que no tiene relación con el decidido, la interpretación que hace de ella
el juez es paradójica o simplemente se omite aplicarla. Al respecto, la Corte
Constitucional sostuvo:

Esta Corporación ha caracterizado este defecto como la existencia de
una falencia o yerro en una providencia judicial, originada en el proceso
de interpretación y aplicación de las disposiciones jurídicas al caso
sometido al conocimiento del juez. Para que el defecto dé lugar a la
procedencia de la acción de tutela, debe tratarse de una irregularidad de
alta trascendencia, que lleve a la emisión de un fallo que obstaculice o
lesione la efectividad de los derechos constitucionales16.

2.6.2 Desconocimiento del precedente. Al respecto, se precisa que el
desconocimiento del precedente tiene dos modalidades: (i) como causal
autónoma de procedencia de la tutela contra providencia judicial cuando se
trata del precedente constitucional, y (ii) como defecto sustantivo por el
desconocimiento del precedente judicial. La primera tiene su origen en el
artículo 241 superior y se predica exclusivamente de los precedentes fijados
por la Corte Constitucional en su jurisprudencia 17 , y la segunda hace
referencia a cuando la autoridad jurisdiccional se aparta del precedente
horizontal o vertical sin justificación suficiente, lo que lleva a concluir que la

15
Sentencias T-781 de 2011 y T-907 de 2012, entre otras.
16
Sentencia T-259 de 29 de marzo de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
17
Sentencia T-360 de 2014: «[…] En este orden de ideas, el precedente constitucional puede llegar a
desconocerse cuando: (i) se aplican disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por sentencias
de control de constitucionalidad, (ii) se contraría la ratio decidendi de sentencias de control de
constitucionalidad, especialmente la interpretación de un precepto que la Corte ha señalado es la que debe
acogerse a la luz del texto superior, o (iii) se desconoce la parte resolutiva de una sentencia de exequibilidad
condicionada, o (iv) se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte Constitucional
a través de la ratio decidendi de sus sentencias de control de constitucionalidad o de revisión de tutela».
10

Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-02399-01
Actora: Myriam Delfina Cely Sabogal

providencia adolece de un defecto sustantivo18 en virtud de los principios del
debido proceso, igualdad y buena fe19.

2.6.3 Solución al caso concreto. En el sub lite se tiene que la actora aduce
que la providencia censurada incurre en (i) defecto sustantivo, porque las
autoridades accionadas se apartaron de las disposiciones normativas que
gobiernan la pensión de invalidez para los servidores públicos, como lo son
los Decretos 1848 de 1969 y 1045 de 1978, para en su lugar, aplicar las Leyes
33 y 62 de 1985, lo que quebranta sus garantías superiores, comoquiera que le
causa un perjuicio económico, al no tener en cuenta para efectos del cálculo
pensional, la totalidad de los emolumentos que devengaba al momento de su
retiro; y (ii) desconocimiento del precedente, por cuanto inobserva el criterio
jurisprudencial fijado por el Consejo de Estado, consistente en que el monto de
la mencionada pensión debe liquidarse con base en el último salario y la
inclusión de todos los factores recibidos con el último salario, conforme al
artículo 45 del Decreto 1045 de 1975.

Con el fin de determinar si los anteriores reproches tienen o no asidero
jurídico, resulta oportuno indicar que en lo que se refiere a la pensión por
invalidez el Decreto 3135 de 1968, «por medio del cual se prevé la
integración de la seguridad social entre el sector público y el privado y se
regula el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores
oficiales», en su artículo 23, consagra:

La invalidez que determine una pérdida de la capacidad laboral no
inferior a un 75%, da derecho a una pensión, pagadera por la respectiva
entidad de previsión con base en el último sueldo mensual devengado,
mientras la invalidez subsista, así:

a) El cincuenta por ciento (50%) cuando la pérdida de la capacidad
laboral sea del 75%;

b) Del setenta y cinco por ciento (75%) cuando la pérdida de la
capacidad laboral exceda del 75% y no alcance al 95%;

c) El ciento por ciento (100%) cuando la pérdida de la capacidad laboral

18
Ver sentencia T-087 de 2007, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa. Ver también, sentencias T-193 de 1995
M. P. Carlos Gaviria Díaz, T-1625 de 2000 M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, T-522 de 2001 M. P.
Manuel José Cepeda Espinosa, T-462 de 2003 M. P. Eduardo Montealegre Lynnet, T-292 de 2006 M. P.
Manuel José Cepeda Espinosa, T-436 de 2009 M. P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-161 de 2010 M. P.
Jorge Iván Palacio Palacio y SU-448 de 2011 M. P. Mauricio González Cuervo.
19
Ver entre otras, sentencias T-049 de 2007 M. P. Clara Inés Vargas Hernández, T-464 y T-794 de 2011 M.
P. Jorge Iván Palacio Palacio y C-634 de 2011 M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
11

Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-02399-01
Actora: Myriam Delfina Cely Sabogal

sea superior al 95%.

Posteriormente, el Decreto 1848 de 1969, a través del cual se reglamentó el
precitado Decreto ley 3135 de 1968, en lo pertinente, dispuso:

Artículo 60. Derecho a la pensión. Todo empleado oficial que se halle en
situación de invalidez, transitoria o permanente, tiene derecho a gozar de
la pensión de invalidez a que se refiere este capítulo.

Artículo 61. Definición. 1. Para los efectos de la pensión de invalidez, se
considera inválido el empleado oficial que por cualquier causa, no
provocada intencionalmente, ni por culpa grave, o violación injustificada
y grave de los reglamentos de previsión, ha perdido en un porcentaje no
inferior al setenta y cinco por ciento (75%) su capacidad para continuar
ocupándose en la labor que constituye su actividad habitual o la
profesional a que se ha dedicado ordinariamente.

2. En consecuencia, no se considera inválido al empleado oficial que
solamente pierde su capacidad de trabajo en un porcentaje inferior al
setenta y cinco por ciento (75%).

Artículo 62. Calificación de la incapacidad laboral. 1. La calificación del
grado de invalidez se efectuará por el servicio médico de la entidad de
previsión social a la cual esté afiliado el empleado oficial que pretende el
reconocimiento y pago de la pensión de invalidez.

2. En defecto de dicha afiliación esa calificación se hará por el servicio
médico de la entidad o empresa empleadora.

3. Las entidades y empresas oficiales que no tengan servicio médico,
deberán contratar dicho servicio con la Caja Nacional de Previsión
Social, para la calificación a que se refiere este Artículo.

Artículo 63. Cuantía de la pensión. El valor de la pensión de invalidez se
liquidará con base en el último salario devengado por el empleado oficial
y será equivalente al grado de incapacidad laboral, conforme a los
porcentajes que se establecen a continuación, así:

a. Cuando la incapacidad sea superior al noventa y cinco por ciento
(95%), el valor de la pensión mensual será igual al último salario
devengado por el empleado oficial, o al último promedio mensual, si
fuere variable.

b. Si la incapacidad excediere del setenta y cinco por ciento (75%) sin
pasar del noventa y cinco por ciento (95%), la pensión mensual será
equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del último salario
devengado por el empleado oficial, o del último promedio mensual.
12

Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-02399-01
Actora: Myriam Delfina Cely Sabogal

c. Si la incapacidad laboral es del setenta y cinco por ciento (75%), dicha
pensión será igual al cincuenta por ciento (50%) del último salario
devengado por el empleado oficial, o del último promedio mensual, si
fuere variable.

De lo anterior, se colige que el empleado público que por cualquier causa, no
provocada intencionalmente, ni por culpa grave o violación injustificada y
grave de los reglamentos de previsión, ha sufrido pérdida de su capacidad
laboral o profesional, tendrá derecho a una pensión por invalidez equivalente
al (i) ciento por ciento (100%) del último salario recibido o promedio
mensual, si su incapacidad excede el 95%; (ii) setenta y cinco por ciento
(75%) del último salario devengado o promedio mensual, si su incapacidad
está entre el 75% y el 95%; y (iii) cincuenta por ciento (50%) del último
salario o promedio mensual, si su incapacidad es igual o inferior al 75%.

Asimismo, para efectos de determinar la base de liquidación pensional por
invalidez se debe tener en cuenta el último salario devengado, esto es, todo lo
recibido por el empleado o trabajador como consecuencia directa o indirecta
de su relación laboral, que comprende los sueldos, primas, bonificaciones y
demás reconocimientos que se hagan directa o indirectamente por causa o por
razón del trabajo o empleo sin ninguna excepción.

Lo anotado, en concordancia con el Decreto 1045 de 1978, por el que se fijan
las reglas generales para la aplicación de las disposiciones sobre prestaciones
sociales de los empleados públicos y trabajadores oficiales del orden nacional,
cuyo artículo 45 prevé:

De los factores de salario para la liquidación de cesantía y pensiones.
Para efectos del reconocimiento y pago del auxilio de cesantía y de las
pensiones a que tuvieren derecho los empleados públicos y trabajadores
oficiales, en la liquidación se tendrá en cuenta los siguientes factores de
salario:

a) La asignación básica mensual;

b) Los gastos de representación y la prima técnica;

c) Los dominicales y feriados;

d) Las horas extras;

e) Los auxilios de alimentación y transporte;
13

Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-02399-01
Actora: Myriam Delfina Cely Sabogal

f) La prima de navidad;

g) La bonificación por servicios prestados;

h) La prima de servicios;

i) Los viáticos que reciban los funcionarios y trabajadores en comisión
cuando se hayan percibido por un término no inferior a ciento ochenta
días en el último año de servicio;

j) Los incrementos salariales por antigüedad adquiridos por disposiciones
legales anteriores al Decreto-Ley 710 de 1978;

k) La prima de vacaciones;

En el caso sub examine se observa, en la sentencia objeto de reproche, que los
señores magistrados de la subsección B de la sección segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca concluyeron que, comoquiera que la
tutelante fue vinculada antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, el
régimen que gobierna la prestación social otorgada es el contenido en la Ley
33 de 1985, lo que significa que para el cálculo del monto pensional el IBL
corresponde a los factores salariales enunciados en el artículo 1° de la Ley 62
de ese año y sobre los cuales se hayan efectuado los respectivos aportes.

Asimismo, estimaron que no procede el reajuste pensional solicitado por la
tutelante con la totalidad de los factores devengados durante el año anterior a
su retiro, como las primas de servicios, navidad y vacaciones, en la medida en
que no se encuentran previstos en la Ley 62 de 1985, puesto que solo pueden
incluirse en su base pensional los emolumentos sobre los cuales se efectuaron
cotizaciones, en este caso, solo la asignación salarial, la cual fue tenida en
cuenta en la liquidación de la prestación.

Dicha decisión la adoptaron con fundamento en la sentencia de unificación
SUJ-014-CE-S2 de 25 de abril de 201920, en la que se precisó que existen dos
regímenes pensionales para los docentes oficiales. El primero establece que si
un maestro fue vinculado antes del 27 de junio de 2003, se le reconoce una
pensión equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año,
conforme a las Leyes 33 y 62 de 1985 y 91 de 1989. El segundo determina
que si un profesor fue incorporado después de la fecha en mención, se aplica
lo dispuesto en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con inclusión de los

20
Expediente 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-2017), C. P. César Palomino Cortés.
14

Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-02399-01
Actora: Myriam Delfina Cely Sabogal

factores sobre los que se hayan efectuado los aportes a pensión y los previstos
en el Decreto 1158 de 1994

Por consiguiente, como la actora el 22 de mayo de 1989 se incorporó a la
docencia oficial, esto es, antes de la entrada en vigor de la aludida Ley 812 de
2003 (27 de junio de 2003), a juicio de los magistrados demandados, «[…]
goz[a] del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los
servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, [por
ende], los factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los
que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º
de la Ley 62 de [ese año], y por lo tanto, […]» solo es dable que se le incluya
la asignación básica, pues «[…] es el único [emolumento] que aparece
certificado en [su] favor […]».

Ahora bien, de la documentación obrante en el expediente se advierte que (i)
la secretaría de educación de Bogotá le otorgó a la tutelante pensión de
invalidez (al haber sufrido una pérdida de su capacidad laboral del 85%), por
conducto de Resolución 6801 de 14 de septiembre de 2017, con base en el
75% del último salario devengado, en cuantía de $2.351.228 y con efectividad
a partir del 25 de septiembre de ese año (fecha en que fue retirada del servicio
por invalidez), de conformidad con, «[…] entre otras, las Leyes 91 de 1989 y
965 de 2005, [y] los Decretos 3135 de 1968 […] [y] 1848 de 1969 […]»; (ii)
los emolumentos salariales que devengó durante el año anterior al retiro del
servicio fueron sueldo y primas especial, de servicios y navidad 21 ; y (iii)
mediante Resolución 8508 de 27 de agosto de 2018, la aludida secretaría negó
la reliquidación deprecada, al considerar que el cálculo elaborado en el acto
administrativo de reconocimiento pensional se encuentra ajustado a derecho,
puesto que los factores salariales para tal efecto son solo aquellos
consignados en el artículo 1° de la Ley 62 de 1985 y sobre los cuales se
hubieren realizado los correspondientes aportes.

Al respecto, cabe precisar que, de acuerdo con el artículo 63 del Decreto 1848
de 1969, el empleado público que haya sufrido pérdida de su capacidad
laboral o profesional en un porcentaje entre el setenta y cinco por ciento (75%)
y el noventa y cinco por ciento (95%), tendrá derecho a una pensión por
invalidez equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del último salario

21
Según consta en certificado de sueldos de 5 de junio de 2018 suscrito por el señor secretario de educación
de Bogotá, que reposa en el folio 30 del expediente ordinario.
15

Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-02399-01
Actora: Myriam Delfina Cely Sabogal

devengado o promedio mensual, y para efectos de determinar la respectiva
base de liquidación pensional se debe tener en cuenta todo lo recibido por el
trabajador como consecuencia directa o indirecta de su relación laboral, lo que
comprende los sueldos, primas, bonificaciones y demás reconocimientos que
se hagan directa o indirectamente por causa o por razón del trabajo o empleo
sin ninguna excepción, tal como lo dispone el artículo 45 del Decreto 1045 de
1978.

De lo anterior se colige que en este asunto se configura el defecto sustantivo
invocado, comoquiera que las autoridades accionadas al momento de adoptar
la decisión cuestionada acogieron, para efectos de dilucidar si procedía o no el
reajuste pensional, el ingreso base de liquidación previsto en las Leyes 33 y
62 de 1985, disposiciones que atañen exclusivamente a pensiones de
jubilación, mas no de invalidez, como la discutida en el sub lite, a pesar de
que en la Resolución 6801 de 14 de septiembre de 2017, a través de la cual se
le otorgó a la tutelante pensión de invalidez, se aplicaron los Decretos 3135 de
1968 y 1848 de 1969, lo que quebranta sus garantías superiores, puesto que
negaron las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho con fundamento en un régimen jurídico que, en efecto, no le
correspondía.

En un caso de similares contornos, la sección segunda de esta Corporación se
pronunció en los siguientes términos22:

De acuerdo con las consideraciones expuestas en la decisión acusada,
anteriormente trascritas, sin mayor esfuerzo, llama la atención de la Sala,
como, luego de motivarse el acápite de “El régimen legal aplicable en
materia de pensión de invalidez de docente oficial”, de acuerdo a las
disposiciones de los artículos 81 de la Ley 812 de 2003, 15 de la Ley 91
de 1989 y, 61 y 63 del Decreto 1848 de 1968, finalmente, se resuelve la
solicitud de reliquidación de la pensión de invalidez de la señora Doralba
Zapata Henao, con fundamento en la Ley 33 de 1985, cuyo artículo 3 fue
modificado por la Ley 62 de 1985, las cuales regulan, únicamente, lo
pertinente a la pensión de jubilación de empleados oficiales.

Y, con fundamento en normativa no aplicable al asunto, manifiesta
acogerse a la sentencia de unificación del 29 de abril de 2019, que se
refiere a “pensión de jubilación docente” sin ningún análisis detallado de
su porqué, pese a que la controversia a decidir no correspondía a la
reliquidación de una pensión de jubilación, sino de invalidez; cuya

22
Sentencia de 8 de marzo de 2021, expediente: 11001-03-15-000-2020-05040-01.
16

Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-02399-01
Actora: Myriam Delfina Cely Sabogal

regulación, como se dejó señalado a lo largo de la presente providencia,
corresponde a las disposiciones del Decreto Ley 3135 de 1968 y los
Decretos 1848 de 1969 y 1045 de 1978, como lo invocó la parte actora
en su escrito de amparo.

En este punto, aclara la Sala que ni si quiera hay lugar a determinar si en
el presente caso aplica o no la referida sentencia de unificación para
desatar la pretensión de reliquidación de una pensión de invalidez de
docente oficial, pues es claro, que el Tribunal accionado lo hizo
siguiendo el equivocado análisis normativo realizado, como si tratara de
un asunto de “pensión de jubilación”.

En ese orden de ideas, se concluye que las autoridades accionadas vulneraron
las garantías superiores invocadas por la actora, habida cuenta de que
desatendieron lo dispuesto en los artículos 63 y 45 de los Decretos 1848 de
1969 y 1045 de 1978, en su orden, para concluir que en el IBL de la pensión
de invalidez de aquella solo pueden incluirse los factores salariales enunciados
en la Ley 62 de 1985 y sobre los cuales se haya cotizado, a pesar de que la
normativa que regula esa prestación social en ningún momento prevé esa
condición.

Por último, resulta necesario aclarar que como en el presente asunto los
señores magistrados de la subsección B de la sección segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca incurrieron en defecto sustantivo, la Sala se
sustraerá de verificar el cargo relativo al desconocimiento del precedente
expuesto por la accionante, toda vez que para dictar una decisión de reemplazo
las autoridades accionadas deberán examinar de nuevo la normativa y
jurisprudencia aplicables a su caso.

A partir de los anteriores prolegómenos y comoquiera que la providencia
cuestionada adolece de defecto sustantivo, se impone revocar la sentencia
impugnada, para en su lugar: (i) amparar el derecho constitucional
fundamental al debido proceso23 de la tutelante; (ii) dejar sin efectos el fallo de
2 de noviembre de 2021, mediante el cual el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca (subsección B de la sección segunda) decidió, en segunda
instancia, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que
promovió la actora contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional -

23
No se tutelará la garantía superior a la igualdad de la demandante, puesto que no se acreditó que con la
providencia atacada se le haya dado un trato diferente al recibido por otra persona en sus mismas condiciones,
y en cuanto a las de seguridad social y mínimo vital, tampoco se advierten vulneradas, comoquiera que el sub
lite se discute la reliquidación, mas no el reconocimiento pensional.
17

Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-02399-01
Actora: Myriam Delfina Cely Sabogal

Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y la Fiduprevisora S.
A. (expediente 11001-33-42-054-2018-00479-01), en cuanto a la reliquidación
de la pensión de invalidez pretendida en ese asunto; y (iii) ordenar a las
autoridades accionadas que dentro de los diez (10) días siguientes a la
notificación de esta decisión, profieran una nueva providencia, en atención a las
consideraciones expuestas en esta sentencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

1. Revócase el fallo de 26 de mayo de 2022, a través del cual el Consejo de
Estado (sección primera) negó las pretensiones de la acción de tutela de la
referencia, en su lugar:

1.1 Ampárase el derecho constitucional fundamental al debido proceso de la
señora Myriam Delfina Cely Sabogal, en armonía con lo expuesto en la parte
motiva.

1.2 Déjase sin efectos la sentencia de 2 de noviembre de 2021, por cuyo
conducto el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (subsección B de la
sección segunda) decidió, en segunda instancia, el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho promovido por la tutelante contra la Nación -
Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio y la Fiduprevisora S. A. (expediente 11001-33-42-054-2018-
00479-01), en cuanto a la reliquidación de la pensión de invalidez pretendida
en ese asunto, conforme a la motivación.

1.3 En consecuencia, ordénase a los señores magistrados de la subsección B
de la sección segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que,
dentro del término de diez (10) días siguientes a la notificación de esta
providencia, dicten un nuevo fallo dentro del aludido asunto ordinario, en
atención a las consideraciones planteadas en esta decisión.

2. Adviértese a las autoridades indicadas en el numeral precedente, que el
incumplimiento de lo dispuesto en esta providencia dará lugar a las sanciones
establecidas en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991.
18

Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-02399-01
Actora: Myriam Delfina Cely Sabogal

3. Notifíquese esta determinación judicial a las partes por el medio más
expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

4. Comuníquese el presente fallo a la sección primera de esta Corporación y
remítasele copia.

5. Ejecutoriada esta providencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley
2591 de 1991 envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS

19

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