Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05527-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-05527-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05527-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-05527-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
25 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05527-00
Accionante: Noris Pérez Criado
Accionados: Tribunal Administrativo del Cesar y otro
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial
Decisión: Se niega el amparo porque no se demostraron los defectos
alegados
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción
de tutela instaurada por la señora Noris Pérez Criado, quien actúa por conducto de
apoderado judicial en contra del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de
Valledupar y el Tribunal Administrativo del Cesar por la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia
y a la igualdad, supuestamente ocurrida con ocasión de las providencias del 2 de
diciembre de 2024 y del 27 de febrero de 2025, respectivamente, al interior del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 20001-33-
33-003-2021-00007-00/01.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
2. La señora Noris Pérez Criado se desempeñó como docente adscrita a la
Secretaría de Educación del Cesar desde el 5 de mayo de 1995 y estuvo afiliada al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Seguido a ello, manifestó
que, en el último año de servicios devengó además de la asignación básica
mensual, la bonificación mensual docente y pedagógica, las primas de navidad, de
servicios y de vacaciones.
3. Con posterioridad, esto es, el 14 de noviembre de 2019, la Unión Temporal
Oriente Región 5 expidió dictamen de invalidez en el que calificó a la señora Pérez
Criado con una pérdida de capacidad laboral del 99%, con ocasión de una
enfermedad de origen laboral.
4. Así las cosas, la Secretaría de Educación, a través de la Resolución 003080 del
4 de junio de 2020 la retiró del servicio oficial a partir del 30 de junio del mismo año.
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción De Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05527-00
Accionante: Noris Pérez Criado
En consecuencia, mediante Resolución 002970 del 29 de mayo de 2020 se le
reconoció la pensión de invalidez con la asignación básica como único factor salarial
para calcular el IBL y fijar la mesada.
5. En virtud de lo anterior, la señora Noris Pérez Criado, a través de apoderado
judicial, interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de
la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, a fin de que se declarara la nulidad parcial de la Resolución
003080 del 4 de junio de 2020 y, a título de restablecimiento del derecho se les
ordenara reliquidar la pensión de invalidez con la inclusión de todos los factores
salariales devengados en el último año de servicio.
6. El proceso correspondió por reparto al Juzgado Tercero Administrativo del
Circuito de Valledupar, autoridad judicial que, mediante sentencia anticipada del 2
de diciembre de 2024, negó las pretensiones de la demanda al considerar que, si
bien la señora Pérez Criado devengó la bonificación mensual y pedagógica en el
año anterior a la adquisición del status pensional, lo cierto era que dichas
prestaciones no constituían factor salarial. Por lo tanto, concluyó que en el IBL
únicamente se debían incluir los factores enlistados en el artículo 45 del Decreto
1045 de 1978, siempre que se acreditara la realización de aportes al sistema de
seguridad social, situación que, a su juicio, no aconteció.
7. En sede de apelación, el Tribunal Administrativo del Cesar, a través de la
sentencia del 27 de febrero de 2025, revocó la decisión judicial anterior, para en su
lugar, declarar la nulidad parcial del acto administrativo en cuestión y ordenar a las
entidades demandadas el pago de la pensión de invalidez sobre el 100 % del IBL,
incluyendo no solo la asignación básica, sino también la bonificación mensual
docente, toda vez que la señora Pérez Criado percibió dicho componente salarial
durante el año anterior a la adquisición de su condición pensional, y su empleador
tenía la obligación de efectuar los descuentos correspondientes para el sistema de
seguridad social. Sin embargo, no ordenó la inclusión de los otros factores salariales
porque si bien estaban enlistados en el Decreto 1045 de 1978, no se demostró
haber realizado los respectivos aportes sobre los mismos.
2.2. Fundamento jurídico
8. La parte accionante mencionó que la autoridad judicial accionada incurrió en los
siguientes defectos:
• Defecto sustantivo: al omitir que la reliquidación de la pensión de invalidez
de la accionante debía incluir todos los factores salariales devengados durante
el último año de servicios o fecha de estructuración de la invalidez,
independientemente de la realización de aportes en materia de seguridad
social, a saber: la bonificación pedagógica, primas de navidad, servicios y
vacaciones, aplicando indebidamente lo dispuesto en el Decreto 3135 de 1968
en concordancia con los Decretos 1848 de 1969, 1045 de 1978 y 2354 de 2018.
• Violación directa de la Constitución Política «[P]or desconocimiento de
los principios y protección establecida en el artículo 53».
www.consejodeestado.gov.co 2
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción De Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05527-00
Accionante: Noris Pérez Criado
• Desconocimiento del precedente judicial al desconocer las sentencias
proferidas el 8 de marzo de 2021 con radicado 11001-03-15-000-2020-05040-
01, el 17 de noviembre de 2021 con radicado 11001-03-15-000-2021-03752-01
y el 29 de julio de 2022 con radicado 11001-03-15-000-2022-02399-01,
mediante las cuales, supuestamente, se señalaron los factores salariales para
determinar el IBL de la pensión de invalidez.
2.3. Pretensiones
9. Con fundamento en lo anterior, solicitó:
«PRIMERA.- DECLARAR que el Juzgado Tercero Administrativo del
Circuito de Valledupar y el Honorable Tribunal Administrativo del Cesar
al proferir las Sentencias de Primera Instancia del 02 de diciembre de
2024 y de Segunda Instancia del 27 de febrero de 2025, vulneraron a la
señora NORIS PÉREZ CRIADO los derechos fundamentales a la
igualdad frente a la aplicación de la jurisprudencia relacionada con la
inclusión de los factores salariales sobre los que se realizaron aportes
dentro del IBL de la pensión de invalidez, el debido proceso judicial, el
acceso efectivo a la administración de justicia, el derecho a la seguridad
social y demás derechos constitucionales que resulten del estudio y
análisis de los hechos que fundamentan la acción.
SEGUNDA. - En consecuencia, DECLARAR que las Sentencias de
Primera y Segundo Grado proferidas por el Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito de Valledupar y el Honorable Tribunal
Administrativo de Cesar, carecen de efectos legales.
TERCERA.- En su lugar, ORDENAR a la Corporación Judicial tutelada
para que realice los trámites procesales pertinentes encaminados a dictar
Sentencia de Segundo Grado fundamentada en la normatividad vigente,
valorando las pruebas aportadas y la línea jurisprudencial contenida,
especialmente, en la Sentencia Unificada del 25 de abril del 2019,
proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado y las
providencias señaladas en los fundamentos de la acción constitucional,
que sostienen que en las liquidaciones de las pensiones de invalidez de
los docentes del sector oficial deben tenerse en cuenta los factores
salariales sobre los que se realizaron aportes.
CUARTA.- Como consecuencia de lo anterior, se ORDENE a la entidad
accionada proferir Sentencia a través de la cual se declare la nulidad del
Acto Administrativo demandado y, en virtud de ello, se ordene el
reconocimiento y pago de la pensión de invalidez de la docente a partir
del 01 de julio de 2020, en cuantía equivalente al 100% del IBL
conformado por todos los factores salariales es decir, asignación básica,
bonificación pedagógica, prima de navidad, prima de servicios, prima de
vacaciones y bonificación mensual devengados en el año anterior a la
fecha de estructuración de la invalidez». (Sic en toda la cita)
2.4. Intervenciones
10. La acción de tutela objeto de estudio fue admitida mediante auto del 5 de
septiembre de 2025, a través del cual se ordenó notificar al Tribunal Administrativo
del Cesar y al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Valledupar como
accionados y a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, y a todos los demás vinculados en el medio
de control referido como terceros interesados en el resultado del proceso.
www.consejodeestado.gov.co 3
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción De Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05527-00
Accionante: Noris Pérez Criado
11. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Valledupar adujo que las
autoridades judiciales accionadas no transgredieron los derechos fundamentales
invocados por la accionante. Además, señaló que el requisito de inmediatez no se
encuentra cumplido en el presente asunto, pues la acción de tutela se presentó seis
meses después de la notificación de la decisión judicial proferida en segunda
instancia. Asimismo, sostuvo que no se demostró la existencia de un perjuicio
irremediable que imponga la intervención del juez constitucional. Por lo tanto,
solicitó que se declare improcedente el escrito de referencia.
12. El Ministerio de Educación Nacional solicitó que se declare improcedente la
acción de tutela por incumplir el requisito de relevancia constitucional y se
desvincule a la entidad por falta de legitimación en la causa por pasiva.
13. No se rindieron más informes
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
14. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.
3.2. Cuestión previa
15. Si bien la parte accionante dirige la acción de tutela objeto de estudio en contra
de la sentencia proferida el 2 de diciembre de 2024 por el Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito de Valledupar y el 27 de febrero de 2025 por el Tribunal
Administrativo del César, lo cierto es que el litigio fue resuelto, en definitiva, por esta
última autoridad judicial. Por lo tanto, la Sala advierte que abordará únicamente la
decisión judicial proferida el 27 de febrero de 2025 por el Tribunal Administrativo del
Cesar.
16. Por otro lado, la parte accionante manifestó que la autoridad judicial accionada
incurrió en el presunto defecto por violación directa de la Constitución Política en
relación con el artículo 53. Sin embargo, no desarrolló una argumentación
fundamentada que le permita al juez constitucional inferir una posible trasgresión a
sus derechos fundamentales por parte del tribunal accionado. Por lo tanto, esta
Subsección se abstendrá de analizar dicha causal.
17. Finalmente, aunque el Ministerio de Educación Nacional solicitó su
desvinculación de la acción de tutela de la referencia, resulta imprescindible aclarar
que su vinculación obedeció a que en el medio de control cuestionado fungió como
entidad demandada, de modo que cuenta con interés directo en el resultado del
proceso. Por ende, se negará su solicitud.
www.consejodeestado.gov.co 4
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción De Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05527-00
Accionante: Noris Pérez Criado
3.3. Problema jurídico
De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe en determinar
si el Tribunal Administrativo del Cesar incurrió en los defectos sustantivo y
desconocimiento del precedente judicial, al proferir la sentencia del 27 de febrero
de 2025 al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado 20001-33-33-003-2021-00007-01.
3.4. Procedencia de la acción de tutela
18. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.
Fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las
personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las
autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer
decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa judicial
para hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene el
carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.
19. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales.
20. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del poder
en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores, principios y
derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspectiva, cualquier
autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es susceptible de ser
controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda los límites
que la Carta le impone.
21. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, como son:
22. Que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional;
23. Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa, tanto
ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el
amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio irremediable;
24. Que la presentación de la acción cumpla con el requisito de inmediatez;
25. Que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
www.consejodeestado.gov.co 5
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción De Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05527-00
Accionante: Noris Pérez Criado
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora;
26. Que se identifique la situación fáctica que devino en la vulneración de derechos;
27. Que no se trate sentencias de tutela.
3.3.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
que habilitan su interposición.
3.3.1.1. En efecto, esta Sala considera que tanto los hechos como los derechos
fundamentales presuntamente vulnerados se encuentran plenamente
individualizados.
3.3.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de
recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.
3.3.1.3. Se observa igualmente que la interposición 1 del mecanismo constitucional
se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más de
6 meses desde la notificación de la última providencia cuestionada 2.
3.3.1.4. El asunto a resolver cumple con el requisito de relevancia constitucional, en
la medida que se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental como
consecuencia de la presunta incursión de la autoridad judicial accionada en el
defecto sustantivo y desconocimiento del precedente judicial. Ello, debido a que en
la reliquidación de la pensión de invalidez no se incluyeron todos los factores
salariales devengados por la accionante durante el año en que adquirió su status
pensional, circunstancia que, supuestamente, se generó por el desconocimiento de
la normatividad aplicable al caso concreto y la jurisprudencia vigente.
28. Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.
3.5. El defecto sustantivo como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial
29. La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha delimitado el campo de
aplicación de la violación al debido proceso por defecto sustantivo en los siguientes
términos:
«Cuando en una providencia se desconocen las normas que son
evidentemente aplicables al caso, cuando se realiza una interpretación de la
normatividad (sic) que contraría los postulados mínimos de la razonabilidad
jurídica y cuando omite la aplicación de una regla definida por una sentencia
con efecto erga omnes. En suma, el defecto sustantivo se configura cuando la
interpretación y aplicación de la normatividad al caso concreto resulta contraria
a los criterios mínimos de juridicidad y razonabilidad que orientan al sistema
1 4 de septiembre de 2025.
2 4 de marzo de 2025.
www.consejodeestado.gov.co 6
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción De Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05527-00
Accionante: Noris Pérez Criado
jurídico»3.
30. En este sentido, dicha corporación ha identificado una serie de eventos en los
cuales se configura el defecto sustantivo como causal específica de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales:
«El defecto sustantivo como una circunstancia que determina cierta carencia
de juridicidad de las providencias judiciales, aparece, como ya se mencionó,
cuando la autoridad judicial respectiva desconoce las normas de rango legal
o infralegal aplicables en un caso determinado, ya sea por su absoluta
inadvertencia, por su aplicación indebida, por error grave en su interpretación
o por el desconocimiento del alcance de las sentencias judiciales con efectos
erga omnes cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma
sobre la que pesa la cosa juzgada.
En otras palabras, una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo:
(i) Cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida en
cuenta por el fallador.
(ii) Cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le
reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es
inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación
contra legem) o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de
las partes (irrazonable o desproporcionada), y, finalmente.
(iii) Cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto
de la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma
sobre la que pesa la cosa juzgada respectiva”.
Frente a la configuración de este defecto, puede concluirse que si bien es
cierto que los jueces dentro de la esfera de sus competencias cuentan con
autonomía e independencia judicial para interpretar y aplicar las normas
jurídicas, dicha facultad no es en ningún caso absoluta. Por tratarse de una
atribución reglada, emanada de la función pública de administrar justicia, la
misma se encuentra limitada por el orden jurídico preestablecido y,
principalmente, por los valores, principios, derechos y garantías que identifican
al actual Estado Social de Derecho».
«Ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación que el defecto sustantivo
que convierte en vía de hecho una sentencia judicial, opera cuando la decisión
que toma el juez desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le
reconocen al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al caso
concreto, bien sea, por ejemplo (i) porque ha sido derogada y ya no produce
ningún efecto en el ordenamiento jurídico, (ii) porque ella es claramente
inconstitucional y el funcionario se abstuvo de aplicar la excepción de
inconstitucionalidad, (iii) porque su aplicación al caso concreto es
inconstitucional, (iv) porque ha sido declarada inexequible por la propia Corte
Constitucional o, (v) porque, a pesar de estar vigente y ser constitucional, no
se adecúa a la circunstancia fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma
aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente
señalados por el legislador»4.
31. Tal como se desprende de los apartes transcritos, hay lugar a declarar que se
presentó un defecto sustantivo cuando la autoridad judicial desconoció las normas
3 Corte Constitucional, sentencia T-1143 de 28 de noviembre de 2003, magistrado ponente: Eduardo
Montealegre Lynett.
4 Corte Constitucional, sentencia T – 581 de 27 de julio de 2011, magistrado ponente: Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
www.consejodeestado.gov.co 7
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción De Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05527-00
Accionante: Noris Pérez Criado
que son aplicables al caso bien sea por realizar una interpretación que contraría los
postulados mínimos de razonabilidad jurídica, o porque se desconoció la normativa
aplicable o porque omitió tener en cuenta la ratio decidendi de una sentencia con
efectos erga omnes.
3.5.1. Análisis del presunto defecto sustantivo en el caso concreto
32. La parte accionante sostuvo que la autoridad judicial accionada incurrió en el
defecto sustantivo al omitir que la reliquidación de la pensión de invalidez de la
accionante debía incluir todos los factores salariales devengados durante el último
año de servicios o fecha de estructuración de la invalidez, independientemente de
la realización de aportes en materia de seguridad social respecto de los mismos, a
saber: la bonificación pedagógica, primas de navidad, servicios y vacaciones,
aplicando indebidamente lo dispuesto en el Decreto 3135 de 1968 5, en
concordancia con los Decretos 1848 de 1969 6, 1045 de 19787 y 2354 de 2018 8.
33. Con la finalidad de determinar si, en efecto, el tribunal accionado desconoció la
normatividad precitada, resulta imperativo analizar los argumentos que
fundamentaron su decisión. Al respecto, en la sentencia cuestionada, se estableció
lo siguiente:
«En virtud de lo anterior, aquellos docentes vinculados al servicio educativo a
partir del 27 de junio de 2003, están amparados por el régimen de prima media
descrito en la Ley 100 de 1993, mientras que a los nombrados con anterioridad
se les continuaría aplicando la Ley 91 de 1989; criterio que fue ratificado por el
parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005.
Ahora bien, de acuerdo con la Ley 91 de 1989, el régimen pensional aplicable a
los docentes nacionales y nacionalizados, en cuanto a la pensión de invalidez,
es el previsto para los empleados públicos del orden nacional, tal como se indica
en el Decreto Ley 3135 de 1968 y los Decretos 1848 de 1969 y 1045 de 1978.
(…)
Al respecto, al revisarse el contenido del Decreto Ley 3135 de 1968 se observa
que en su artículo 23 se estableció el reconocimiento y pago de una prestación
pensional por invalidez, a favor de los servidores públicos que experimentaran
una pérdida de su capacidad laboral superior al 95%. Para el efecto dispuso que:
“(…) PENSIÓN DE INVALIDEZ. La invalidez que determine una pérdida de la
capacidad laboral no inferior a un 75%, da derecho a una pensión, pagadera por
la respectiva entidad de previsión con base en el último sueldo mensual
devengado, mientras la invalidez subsista.
(…)
c) El 100% cuando la pérdida de la capacidad laboral sea superior al 95%
(…)
Así mismo, el Decreto 1848 de 1969, en sus artículos 60, 61 y 63 dispuso lo
relacionado con la pensión por invalidez, así:
(…) “Art. 63. CUANTÍA DE LA PENSIÓN. El valor de la pensión de invalidez se
liquidará con base en el último salario devengado por el empleado oficial y será
equivalente al grado de incapacidad laboral, conforme a los porcentajes que se
5 «Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado y se regula el
régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales».
6 «Por el cual se reglamenta el Decreto 1083 de 2015».
7 «Por el cual se fijan las reglas generales para la aplicación de las normas sobre prestaciones sociales de los
empleados públicos y trabajadores oficiales del sector nacional».
8 «Por el cual se crea la Bonificación Pedagógica para los docentes y directivos docentes de las plantas de
personal de docentes oficiales de las entidades territoriales certificadas en educación».
www.consejodeestado.gov.co 8
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción De Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05527-00
Accionante: Noris Pérez Criado
establecen a continuación, así:
a. Cuando la incapacidad sea superior al noventa y cinco por ciento (95%),
el valor de la pensión mensual será igual al último salario devengado por el
empleado oficial, o al último promedio mensual, si fuere variable.
(…)
Y, en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, se señalaron los factores de salario
para la liquidación de pensiones, así:
“ARTÍCULO 45. De los factores de salario para la liquidación de cesantía y
pensiones. Para efectos del reconocimiento y pago del auxilio de cesantía y de
las pensiones a que tuvieren derecho los empleados públicos y trabajadores
oficiales, en la liquidación se tendrá en cuenta los siguientes factores de salario:
(Ver Sentencia 2014-00099 de 2020 Consejo de Estado)
a) La asignación básica mensual;
b) Los gastos de representación y la prima técnica; (Ver Sentencia de la Corte
Suprema de Justicia No. 91 de 1986)
c) Los dominicales y feriados;
d) Las horas extras;
e) Los auxilios de alimentación y transporte;
f) La prima de navidad;
g) La bonificación por servicios prestados;
h) La prima de servicios;
i) Los viáticos que reciban los funcionarios y trabajadores en comisión cuando se
hayan percibido por un término no inferior a ciento ochenta días en el último año
de servicio;
j) Los incrementos salariales por antigüedad adquiridos por disposiciones legales
anteriores al Decreto-Ley 710 de 1978;
k) La prima de vacaciones;
l) El valor del trabajo suplementario y del realizado en jornada nocturna o en días
de descanso obligatorio;
ll) Las primas y bonificaciones que hubieran sido debidamente otorgadas con
anterioridad a la declaratoria de inexequibilidad del artículo 38 del Decreto 3130
de 1968.” (Sic)
(…)
Ahora bien, lo pretendido por la parte actora, se itera, es la reliquidación
prestacional con el fin de que le sean incluidos todos los factores salariales
devengados mientras prestó sus servicios, esto es, la bonificación mensual, la
bonificación pedagógica, las primas de servicios, de navidad y de vacaciones, a
lo cual no accedió el juez como quiera que, algunos factores no estaban incluidos
en la ley, y, no se demostró que sobre ellos se hubiese efectuado aportes.
Así las cosas, precisa esta Corporación, que la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, al definir su criterio de interpretación del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en la sentencia de unificación de fecha 28 de
agosto de 2018, Consejero Ponente Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS, dentro
del proceso radicado con el No. 52001-23-33-000-2012-00143-01, planteó una
nueva línea jurisprudencial en relación con la liquidación de las pensiones de los
www.consejodeestado.gov.co 9
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción De Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05527-00
Accionante: Noris Pérez Criado
servidores públicos, la cual pese a que no haya sido emitida en un caso como el
que se analiza en esta oportunidad, indiscutiblemente traza el camino a seguir en
este tipo de circunstancias, ya que definió una serie de subreglas, las cuales
pueden ser empleadas como herramientas a la hora de resolver problemas
jurídicos como el que nos atañe en esta oportunidad.
En efecto, la máxima Corporación de lo Contencioso Administrativo estableció la
siguiente subregla en lo atinente a la reliquidación de las pensiones, con base a
los factores salariales a tener en cuenta:
“(…)
96. La segunda subregla es que los factores salariales que se deben incluir en el
IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la
transición son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes
o cotizaciones al Sistema de Pensiones.
(...)
En ese orden de ideas, si bien las reglas jurisprudenciales citadas fueron
desarrolladas al tratar un reajuste de una pensión de jubilación, a quienes se les
aplica la Ley 33 de 1985, también lo es que el Consejo de Estado en dicha
sentencia fijó las bases para la inclusión de factores salariales dentro de la
liquidación pensional, precisando claramente el artículo 48 de la Constitución
Política en concordancia con el artículo 1° del Acto Legislativo 01 de 2005, según
los cuales en la base de liquidación pensional sólo pueden incluirse factores
salariales enlistados en la ley siempre y cuando sobre ellos se hubiese efectuado
aportes a pensión.
(...)
En ese orden de ideas, en el presente caso, la Sala de Decisión advierte, que la
Secretaría de Educación Departamental del Cesar, en nombre y representación
de la Nación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
reconoció la pensión de invalidez a la señora NORIS PÉREZ CRIADO, teniendo
en cuenta el 100% del promedio de los factores salariales devengado en el año
anterior al de estatus de pensionado (2019-2020) y como factores salariales sólo
el salario básico. Sin embargo, en el último año antes de adquirir el estatus de
pensionado (2019- 2020), la actora demostró que devengó otros factores
salariales diferentes a los tenidos en cuenta por la entidad demandada, tales
como: la bonificación mensual, la bonificación pedagógica, la prima de servicio,
prima de navidad y prima de vacaciones.
No obstante, tal como consideró el a quo, los factores prima de navidad, prima
de vacaciones y prima de servicios no podían ser incluidos en la base pensional,
en la medida en que aunque están enlistados en el decreto que cobija el asunto,
no se demostró que sobre ellos se hubiese efectuado aportes a pensión
(…)
[E]n relación con la bonificación pedagógica (…) ni la jurisprudencia ni la ley han
determinado que para este factor, la carga de efectuar aportes pensionales no se
le puede trasladar al docente, como sí lo especificaron en relación con la
bonificación mensual».
34. De la transcripción se tiene que la autoridad judicial accionada reconoció que a
los docentes vinculados al servicio educativo con anterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 812 de 2003, esto es el 27 de junio del mismo año, les aplica la
Ley 91 de 1989 9, la cual indica, a través de su artículo 2° que las prestaciones
sociales del personal nacional, causadas hasta la fecha de promulgación de dicha
norma, se reconocen y pagan de conformidad con lo dispuesto en los Decretos 3135
de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978.
9
«Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
www.consejodeestado.gov.co 10
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción De Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05527-00
Accionante: Noris Pérez Criado
35. En vista de lo anterior, estableció que, de conformidad con el literal c) del artículo
23 del Decreto 3135 de 1968, la pensión de invalidez se debía reconocer y pagar
sobre el 100% del último salario devengado, teniendo en cuenta que la pérdida de
capacidad laboral de la señora Noris Pérez Criado fue mayor al 95 %.
36. Adicionalmente, mencionó que el literal a) del artículo 63 del Decreto 1848 de
1969 indica que, cuando la pérdida de capacidad laboral es superior al 95%, el valor
de la pensión mensual es igual al último salario devengado por el empleado oficial,
o al último promedio mensual, si fuere variable.
37. Asimismo, señaló que el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978 determina los
factores salariales que deben considerarse al momento de liquidar las pensiones de
los empleados oficiales, dentro de los cuales se encuentran algunos de los
mencionados por la parte accionante, como las primas de navidad, de servicios y
de vacaciones.
38. Sin embargo, la autoridad judicial accionada adujo que los factores aludidos por
la parte demandante no serían incluidos en la reliquidación de la pensión de
invalidez, pues no se acreditó que la señora Pérez Criado hubiera efectuado aportes
sobre dichos conceptos al sistema de la seguridad social, lo cual era necesario de
conformidad con la jurisprudencia citada.
39. En relación con la bonificación pedagógica, aseguró que no existía normatividad
que indicará que la carga probatoria sobre la realización de aportes pensionales no
le correspondiera al docente, razón por la que tampoco encontró demostrado dicho
aspecto.
40. En ese orden de ideas, esta Subsección advierte que la autoridad judicial
accionada realizó un análisis adecuado de las disposiciones legales que rigen la
pensión de invalidez de los empleados oficiales vinculados al servicio educativo con
anterioridad al 27 de junio de 2003, y en particular, sobre los factores salariales a
tener en cuenta en la liquidación de dicha prestación, motivo por el cual, esta
Subsección no encuentra configurado el defecto sustantivo alegado.
3.6. Análisis del presunto defecto por desconocimiento del precedente
judicial en el caso concreto
41. Sobre el particular, la Corte Constitucional, al efectuar el estudio de exequibilidad
respecto del artículo 4 de la Ley 169 de 1896 10, precisó que de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 230 superior, los jueces solo están sometidos al imperio de
la ley y por tanto no están obligados a fallar en la misma forma como lo han hecho
en casos anteriores, siempre y cuando, «expongan clara y razonadamente los
fundamentos jurídicos que justifican su decisión».
42. Por tal razón, el mismo Tribunal Constitucional consideró en la Sentencia C-590
de 2005, que el desconocimiento injustificado del precedente judicial por parte del
juez, constituye una causal especial de procedibilidad de la acción de tutela.
10 Sentencia C-836 de 9 de agosto de 2001, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
www.consejodeestado.gov.co 11
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción De Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05527-00
Accionante: Noris Pérez Criado
43. Respecto del precedente vertical 11, la jurisprudencia constitucional ha sido
enfática en sostener que la autonomía del juez se encuentra limitada por el respeto
hacia las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía y, en especial,
por los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones.
44. Así, el precedente judicial vinculante está constituido por aquellas
consideraciones jurídicas que están cierta y directamente dirigidas a resolver el
asunto fáctico sometido a consideración del juez, es decir, está ligado a la ratio
decidendi o razón central de la decisión anterior, la que, al mismo tiempo, surge de
los presupuestos fácticos relevantes de cada caso 12.
45. Por consiguiente, si el juez en su sentencia justifica de manera suficiente y
razonable el cambio de criterio respecto de la línea jurisprudencial que ha seguido
en casos sustancialmente idénticos, quedan salvadas las exigencias de la igualdad
y de la independencia judicial; por tanto, no podrá reprocharse a la sentencia
arbitrariedad ni inadvertencia y el juez no habrá efectuado entre los justiciables
ningún género de discriminación 13.
46. En otros términos, solo los cambios de jurisprudencia no justificados o no
advertidos de manera franca serán pasibles de control de manera excepcional por
parte del juez de tutela, en tanto que constituyen manifestaciones de arbitrariedad
por parte del Juez que dejan irrealizadas la igualdad de quienes se encuentran en
idénticas circunstancias frente a la Ley.
3.6.1. Análisis de la presunta configuración del desconocimiento del
precedente judicial
47. La parte accionante manifestó que la autoridad judicial accionada incurrió en el
desconocimiento del precedente judicial en relación con las sentencias proferidas
por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado el 8 de marzo
de 2021 con radicado 11001-03-15-000-2020-05040-01, el 17 de noviembre de
2021 por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado con
radicado 11001-03-15-000-2021-03752-01 y el 29 de julio de 2022 con radicado
11001-03-15-000-2022-02399-01, mediante las cuales, supuestamente, se
señalaron los factores salariales para determinar el IBL de la pensión de invalidez.
48. Sin embargo, esta Sala anticipa que en el presente asunto no se configura el
defecto por desconocimiento del precedente judicial, toda vez que las sentencias
citadas analizaron circunstancias fácticas sustancialmente distintas a las planteadas
en la acción de tutela objeto de estudio, como se expondrá a continuación.
49. En la sentencia proferida el 8 de marzo de 2021, la autoridad judicial resolvió
amparar los derechos fundamentales de la señora Zapata Henao, al considerar que
el Tribunal Administrativo de Caldas había incurrido en el defecto sustantivo, por
cuanto aplicó la normatividad correspondiente a la pensión de jubilación de
empleados oficiales, pese a que la controversia versaba sobre la pensión de
11
Sentencia T-468 de 5 de junio de 2003, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
12
Sentencia T-049 de 1 de febrero de 2007: magistrado ponente: Clara Inés Vargas Hernández.
13
Sentencia T-123 de 21 de marzo de 1995, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
www.consejodeestado.gov.co 12
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción De Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05527-00
Accionante: Noris Pérez Criado
invalidez.
50. Ahora, si bien el ahora tribunal accionado hizo mención de algunas reglas de la
pensión de jubilación que no guardaban relación con el caso concreto, lo cierto es
que también realizó un estudio de las disposiciones legales que regulan la pensión
de invalidez, concluyendo que, aunque los factores alegados por la parte
demandante se encontraban contenidos en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978,
no se había acreditado la realización de aportes al sistema de seguridad social
sobre los mismos, motivo por el cual no fueron incluidos en la reliquidación de la
prestación económica.
51. De igual forma, en la sentencia proferida el 17 de septiembre de 2021 se resolvió
amparar el derecho fundamental al debido proceso de la señora Sánchez Pabón, al
encontrar configurado el defecto sustantivo, pues el Tribunal Administrativo de
Santander desatendió lo dispuesto en el artículo 63 del Decreto 1848 de 1969 y el
artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, en tanto consideró que en el IBL de la pensión
de invalidez únicamente podían incluirse los factores salariales enunciados en la
Ley 62 de 1985, siempre que se hubiere cotizado sobre estos.
52. En los mismos términos, la sentencia del 29 de julio de 2022 con radicado 11001-
03-15-000-2022-02399-01 amparó el derecho fundamental al debido proceso de la
señora Cely Sabogal, teniendo en cuenta que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca incurrió en un defecto sustantivo en cuanto desatendió «lo dispuesto
en los artículos 63 y 45 de los Decretos 1848 de 19699 y 1045 de 1978, en su orden,
para concluir que en el IBL de la pensión de invalidez de aquella solo pueden
incluirse los factores salariales enunciados en la Ley 62 de 1985 y sobre los cuales
se haya cotizado».
53. No obstante, la ahora autoridad judicial accionada aseguró que para realizar la
liquidación de la pensión de invalidez debe atenderse a los factores salariales
dispuestos en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, de modo que no se
desconoció la normatividad aplicable al caso concreto ni tampoco se adoptó una
decisión judicial adversa a las sentencias proferidas el 17 de septiembre de 2021 y
29 de julio de 2022 por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado.
54. Habida consideración de lo anterior, es evidente que la autoridad judicial
accionada no incurrió en el defecto alegado, pues analizó detalladamente el Decreto
3135 de 1968, en concordancia con los Decretos 1848 de 1969 1045 de 1978 y
2354 de 2048, a fin de resolver la controversia planteada por la señora Noris Pérez
Criado en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. En
consecuencia, se advierte que se negarán las pretensiones de la acción de tutela.
55. En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
www.consejodeestado.gov.co 13
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción De Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05527-00
Accionante: Noris Pérez Criado
FALLA
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por el Ministerio de
Educación por los motivos expuestos en esta decisión judicial.
SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la acción de tutela formulada por la señora
Noris Pérez Criado, de conformidad con los argumentos desarrollados en el
presente proveído.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: De no ser impugnada esta providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del
CPACA.
www.consejodeestado.gov.co 14
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.