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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05527-01

Fecha
4 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05527-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR el fallo de tutela proferido el 25 de septiembre de 2025 por la Subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado que negó la solicitud de amparo y, en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por la señora Noris Pérez Criado, por no cumplir el requisito general de relevancia constitucional, por las razones señalas en la parte motiva. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro del término legal.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-05527-01

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

4 de diciembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá, D.C., cuatro (4) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 11001 03 15 000 2025 05527 01
Accionante: Noris Pérez Criado
Accionados: Tribunal Administrativo del Cesar y Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito de Valledupar
Medio de control: Acción de tutela
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial
Decisión: Revoca el fallo de primera instancia que negó el amparo y, en
su lugar, declara improcedente la solicitud de amparo por no
cumplir el requisito general de relevancia constitucional

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante en contra del fallo de
tutela proferido el 25 septiembre de 2025 por la Subsección A, Sección Segunda del
Consejo de Estado, que negó la solicitud de amparo.

1. SÍNTESIS DEL CASO

La señora Noris Pérez Criado, actuando por conducto de apoderado, promovió acción de
tutela en contra del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Valledupar y el
Tribunal Administrativo de Cesar, con el fin que se amparen sus derechos fundamentales
al debido proceso, acceso efectivo a la administración de justicia e igualdad, y para ello,
formuló las siguientes pretensiones1:

PRIMERA.- DECLARAR que el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de
Valledupar y el Honorable Tribunal Administrativo del Cesar al proferir las
Sentencias de Primera Instancia del 02 de diciembre de 2024 y de Segunda
Instancia del 27 de febrero de 2025, vulneraron a la señora NORIS PÉREZ
CRIADO los derechos fundamentales a la igualdad frente a la aplicación de la
jurisprudencia relacionada con la inclusión de los factores salariales sobre los que
se realizaron aportes dentro del IBL de la pensión de invalidez, el debido proceso
judicial, el acceso efectivo a la administración de justicia, el derecho a la seguridad
social y demás derechos constitucionales que resulten del estudio y análisis de
los hechos que fundamentan la acción.

SEGUNDA. - En consecuencia, DECLARAR que las Sentencias de Primera y
Segundo Grado proferidas por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de

1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso

con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 05527 00.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Accionante: Noris Pérez Criado
Accionados: Tribunal Administrativo del Cesar y Otro

Valledupar y el Honorable Tribunal Administrativo de Cesar, carecen de efectos
legales.

TERCERA.- En su lugar, ORDENAR a la Corporación Judicial tutelada para que
realice los trámites procesales pertinentes encaminados a dictar Sentencia de
Segundo Grado fundamentada en la normatividad vigente, valorando las pruebas
aportadas y la línea jurisprudencial contenida, especialmente, en la Sentencia
Unificada del 25 de abril del 2019, proferida por la Sección Segunda del Consejo
de Estado y las providencias señaladas en los fundamentos de la acción
constitucional, que sostienen que en las liquidaciones de las pensiones de
invalidez de los docentes del sector oficial deben tenerse en cuenta los factores
salariales sobre los que se realizaron aportes.

CUARTA.- Como consecuencia de lo anterior, se ORDENE a la entidad accionada
proferir Sentencia a través de la cual se declare la nulidad del Acto Administrativo
demandado y, en virtud de ello, se ordene el reconocimiento y pago de la pensión
de invalidez de la docente a partir del 01 de julio de 2020, en cuantía equivalente
al 100% del IBL conformado por todos los factores salariales es decir, asignación
básica, bonificación pedagógica, prima de navidad, prima de servicios, prima de
vacaciones y bonificación mensual devengados en el año anterior a la fecha de
estructuración de la invalidez. (Negrillas y subrayados originales del escrito de
tutela.)

2. SITUACIÓN FÁCTICA

La accionante informó que se desempeñó como docente adscrita a la Secretaría de
Educación del Departamento del Cesar desde el 5 de mayo de 1995 hasta el 30 de junio
de 2020 y que, mediante dictamen de pérdida de capacidad laboral del 14 de noviembre
de 2019, se le calificó con una pérdida del 99% por enfermedad de origen laboral.

Relató que, mediante la Resolución nro. 002970 del 29 de mayo de 2020, la Secretaría
de Educación Departamental de Cesar la retiró del servicio oficial docente en virtud de su
de su enfermedad y de la existencia del dictamen de pérdida de capacidad laboral.

Manifestó que, mediante la Resolución nro. 003080 del 4 de junio de 2020, la Secretaría
de Educación Departamental de Cesar, en representación del Ministerio de Educación
Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), le
reconoció la pensión de invalidez “en cuantía del 100% del (sic) del IBL, para efectos de
lo cual solo se tuvo en cuenta la asignación básica como único factor salarial, mesada
efectiva a partir del 01 de julio de 2020”2.

Señaló que “al examinar la constancia de salarios de su último año de servicios de la
señora NORIS PÉREZ CRIADO, claramente se puede observar que además de la
asignación básica, la docente percibía otro tipo de ingresos que constituyen salarios, tales
como: Bonificación Mensual Docente, Bonificación Pedagógica, Prima de Navidad, Prima
de Servicios y Prima de Vacaciones Docentes”3.

Indicó que, en virtud de lo anterior y que su pensión fue reconocida conforme los Decretos
Leyes 3135 de 1968 y 1848 de 1969, presentó demanda de nulidad y restablecimiento

2 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso

con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 05527 00.
3 Ibidem.

2

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del derecho tendiente a obtener la nulidad parcial del acto administrativo que le reconoció
la pensión y lograr, a título de restablecimiento del derecho, que su pensión fuera ajustada
con base a lo establecido en el Decreto 1045 de 1978 incluyendo, además, en el índice
base de liquidación, los demás factores salariales que había percibido.

La demanda correspondió por reparto al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de
Valledupar que, en sentencia del 2 de diciembre de 2024 negó las pretensiones.

Inconforme con la anterior decisión interpuso recurso de apelación y el Tribunal
Administrativo del Cesar, en sentencia del 27 de febrero de 2025, notificada el 4 de marzo
de 2025, la revocó y en su lugar accedió a las pretensiones declarando la nulidad parcial
del acto administrativo demandado y, a título de restablecimiento del derecho, ordenó a
la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio reliquidar y pagar la pensión de invalidez en un monto del 100% sobre el
ingreso base de liquidación determinado por los factores que fueron tenidos en cuenta
por al entidad demandada, adicionando la bonificación mensual docente, con efectos
fiscales a partir del 1 de julio de 2020.

En el acápite del escrito de tutela denominado “PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE
TUTELA”, aseguró que la presente solicitud de amparo cumple con los requisitos
generales de procedencia de acción de tutela contra providencia judicial, comoquiera
que:

La cuestión tiene relevancia constitucional, en la medida en que los derechos
fundamentales a la igualdad frente a la ley y la jurisprudencia, debido proceso,
seguridad social y acceso efectivo a la administración de justicia de un docente
oficial están siendo vulnerados por los accionados, teniendo en cuenta que, en
primera medida, el Juzgado Tercero Administrativo del circuito de Valledupar,
denegó las pretensiones de la demanda y, en segunda instancia, el Tribunal
Administrativo del Cesar ordenó re liquidar la pensión de invalidez únicamente con
la inclusión de la asignación básica y la bonificación mensual, omitiendo que la
norma a aplicar contempla como factores a tener en cuenta para este tipo de
prestación no solo los antes referenciados sino también la Bonificación
Pedagógica, Prima de Navidad, Prima de Servicios y Prima de Vacaciones
Docentes, ignorando la protección consagrada en los artículos 48 y 53 de la
Constitución Política y omitiendo la correcta aplicación de las normas
correspondientes a los factores salariales a tener en cuenta para efectos del
reconocimiento de las pensiones del trabajador, contrariando a la vez postulados
mínimos de razonabilidad jurídica.

Agregó que también cumple con el requisito de subsidiariedad porque agotó todos los
medios de defensa judicial que tenía a su alcance y de inmediatez porque la sentencia
de segunda instancia acusada se notificó el 4 de marzo de 2025 y la acción de tutela se
radicó el 4 de septiembre de 2025.

Anotó que:

Queda claro que el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Valledupar y el
Tribunal Administrativo del Cesaren las providencias de primera y segunda
instancia, vulneraron la norma procedimental al no valorar los sucesos fácticos y
probatorios propuestos en la demanda, violando con ellos los derechos
fundamentales a la igualdad, debido proceso, acceso a la administración de
justicia, derechos adquiridos con justo título y seguridad social.

3

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Accionante: Noris Pérez Criado
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En cuanto a los requisitos específicos, alegó que las providencias atacadas incurrieron
en defecto sustantivo, violación directa de la constitución y desconocimiento del
precedente.

Frente al derecho sustantivo expuso que “en el presente caso se configuró (…) debido a
que la autoridad judicial accionada aplicó de forma equivocada lo establecido en el
Decreto 3135 de 1968 en concordancia con el 1848 de 1969 y 1045 de 1978,
desconociendo la inclusión de la Bonificación Pedagógica, Prima de Navidad, Prima de
Servicios y Prima de Vacaciones Docentes”4.

Sostuvo que:

[…] la “Bonificación pedagógica” devengada por la docente, constituye base de
cotización y debe ser incluida en la liquidación, en razón a que, fue creada por el
Decreto 2354 del 19 de diciembre de 2018 que dispone que se reconoce al
docente o directivo docente que haya laborado un año continuo de servicios
efectivamente prestado y se paga una sola vez al año en porcentajes del 6%, 11%,
y 15% sobre la asignación básica, dependiendo de la fecha de causación de la
bonificación y “constituye factor salarial para todos los efectos legales […].

Aclaró que:

[…] si bien es cierto no se desconoce la sentencia de unificación del Consejo de
Estado SUJ-014-CE-S2-2019 del veinticinco (25 de abril de dos mil diecinueve
(2019), es preciso aclarar que el fallo mencionado solo se ocupó de la liquidación
de las pensiones de jubilación y vejez de los docentes oficiales vinculados
pertenecientes al régimen de excepción del Magisterio, pero nada dijo respecto a
la forma de liquidación de la pensión de invalidez de la que son beneficiarios los
mismos funcionarios, con lo cual quedaría incólume las sentencias y las tesis que
al respecto ya manejaba el honorable Tribunal para la resolución de este tipo de
casos.

Resulta pertinente mencionar que, en sentencias de fecha 08 de marzo de 2021
Radicado No 11001-03-15-000-2020-05040-01, 17 de noviembre de 2021
Radicado No 11001-03-15-000- 2021-03752-01 y 29 de julio de 2022 Radicado
11001-03-15-000-2022-02399-01 la Sección Segunda del Consejo de Estado
señaló cuales eran los factores salariales para determinar los ingresos base de
liquidación de la pensión de invalidez […].

Arguyó que:

[…] teniendo en cuenta que la prestación reclamada es un REAJUSTE DE UNA
PENSIÓN DE INVALIDEZ PARA DOCENTES DEBIDAMENTE AFILIADOS AL
MAGISTERIO, se concluye que el único régimen que resulta aplicable es el
instituido en el inciso 3 del artículo 81 de la Ley 812 del 2003 y el Decreto 1848 de
1969, en concordancia con el decreto 1045 de 1978 normas de las que se
concluye en (sic) la mesada pensional de la señora NORIS PÉREZ CRIADO debe
liquidarse con la inclusión de todos los factores salariales devengados durante el
último año de servicios o fecha de estructuración de la invalidez, sin importar si
sobre ellos se hicieron o no aportes para pensión, es decir, ASIGNACIÓN
BÁSICA, BONIFICACIÓN PEDAGÓGICA, BONIFICACIÓN MENSUAL, PRIMA
DE NAVIDAD, PRIMA DE SERVICIOS Y PRIMA DE VACACIONES DOCENTES
[…].

4 Ibidem.

4

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Accionante: Noris Pérez Criado
Accionados: Tribunal Administrativo del Cesar y Otro

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 4 de septiembre de 20255 y correspondió por reparto a la
Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado que por auto del 5 de septiembre
de 20256 la admitió y dispuso notificar7 al Tribunal Administrativo del Cesar y al Juzgado
Tercero Administrativo del Circuito de Valledupar, como parte accionada; así como
vincular a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y todos los demás vinculados en el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, como terceros interesados en el resultado del
proceso.

De igual forma, requirió al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Valledupar,
para que allegara copia digital o el hipervínculo de consulta del expediente
correspondiente al proceso identificado con el radicado nro. 20001 33 33 003 2021 00007
00/01, el cual fue remitido8.

3.2. La titular del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Valledupar rindió
informe9 en el que solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela.

Expuso que a la accionante no se le han trasgredidos los derechos fundamentales
invocados, comoquiera que en el proceso ordinario objeto de debate se le respetaron y
salvaguardaron todas las etapas y actuaciones correspondientes en los términos
regulados en el CPACA.

Resaltó que la sentencia de primera instancia adoptada por el despacho a su cargo fue
objeto de control judicial por vía de recurso de apelación ante el Tribunal Administrativo
del Cesar, por lo que “no le asiste razón a la accionante al alegar vulneración del debido
proceso, al libre acceso a la administración de justicia y a la doble instancia”.

3.3. La profesional universitaria de la oficina jurídica del Ministerio de Educación Nacional
allegó escrito10 en el que solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela
y se desvincule a dicha entidad del presente trámite tutelar.

Manifestó que “el Ministerio de Educación Nacional no tiene competencia directa ni
injerencia en las decisiones judiciales adoptadas por los despachos judiciales
accionados”.

Señaló “el debate planteado por la señora Noris Pérez Criado se refiere a la reliquidación
de su pensión de invalidez como docente, con inclusión de determinados factores

5 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001

03 15 000 2025 05527 00.
6 Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001

03 15 000 2025 05527 00.
7 Esta orden se cumplió el 9 de septiembre de 2025. Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la

Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 05527 00.
8 Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001

03 15 000 2025 05527 00.
9 Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001

03 15 000 2025 05527 00.
10 Visto en los índices 11, 13, 14 y 15 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con

radicado nro. 11001 03 15 000 2025 05527 00.
5

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salariales (…), asunto que fue objeto de un proceso (…) en primera (…) y en segunda
instancia (…)”.

3.4. El magistrado ponente de la decisión cuestionada rindió informe11 en el que solicitó
que se declare la improcedencia de la acción de tutela o, en su defecto, se niegue el
amparo deprecado.

Indicó que la accionante no agotó el procedimiento previsto en el artículo 261 de la Ley
1437 de 2011, modificado por el artículo 72 de la Ley 2080 de 2021, el cual regula el
recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia.

Aseveró que “la decisión del 27 de febrero del 2025 fue orientada en atención a los
preceptos legales y jurisprudencia[les] contenidos en la parte motiva de la decisión”.

4. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

La Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado, en sentencia del 25 de
septiembre de 202512, negó la desvinculación presentada por el Ministerio de Educación
Nacional y negó las pretensiones de la solicitud de amparo al considerar que la autoridad
judicial accionada no incurrió en los defectos alegados, comoquiera que “analizó
detalladamente el Decreto 3135 de 1968, en concordancia con los Decretos 1848 de
1969 1045 de 1978 y 2354 de 2048, a fin de resolver la controversia planteada por la
señora Noris Pérez Criado en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho”.

Para ello, inicialmente expuso que se cumple con los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales y frente a la relevancia constitucional
adujo que se satisface dicho requisito debido a que el asunto en cuestión “se centra en
establecer una posible vulneración iusfundamental como consecuencia de la presunta
incursión de la autoridad judicial accionada en el defecto sustantivo y desconocimiento
del precedente judicial”.

Posteriormente descendió a analizar los mencionados defectos y sobre el sustantivo
explicó que no se configura debido a que: “la autoridad judicial accionada realizó un
análisis adecuado de las disposiciones legales que rigen la pensión de invalidez de los
empleados oficiales vinculados al servicio educativo con anterioridad al 27 de junio de
2003, y en particular, sobre los factores salariales a tener en cuenta en la liquidación de
dicha prestación”.

A su turno, en cuanto al desconocimiento del precedente anotó que tampoco se configura
porque las sentencias citadas en el escrito de tutela analizaron circunstancias fácticas
distintas a las planteadas por la accionante.

Finalmente arguyó que “la ahora autoridad judicial accionada aseguró que para realizar
la liquidación de la pensión de invalidez debe atenderse a los factores salariales
dispuestos en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, de modo que no se desconoció la
normatividad aplicable al caso concreto ni tampoco se adoptó una decisión judicial

11 Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001

03 15 000 2025 05527 00.
12 Visto en el índice 18 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001

03 15 000 2025 05527 00.
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adversa a las sentencias proferidas el 17 de septiembre de 2021 y 29 de julio de 2022
por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado”.

5. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN

5.1. Inconforme con el fallo de primera instancia, la accionante lo impugnó13 manifestando
lo siguiente:

• CONFIGURACIÓN DEL DEFECTO SUSTANTIVO
(…)

Si bien acierta el despacho en la explicación que hace sobre lo dicho por el
honorable Consejo de Estado en su Sentencia de Unificación de fecha 28 de
agosto de 2018, se comete un grave error al tomar como referencia un fallo de
unificación que fue dictado con el fin de regular el reconocimiento de las pensiones
de vejez de los funcionarios públicos beneficiarios del régimen de transición de la
ley 100 de 1993, tema que resulta ser totalmente ajeno al régimen prestacional de
los docentes del magisterio.

Ahora bien en gracia de discusión si lo que se quisiera es hacer mención a la
sentencia de unificación que reguló lo relacionado con las pensión de jubilación
de los docentes del magisterio, entonces debía haberse hecho referencia a la
Sentencia SUJ-014 -CE-S2 -2019 del veinticinco (25) de abril de dos mil
diecinueve (2019), pero incluso en ese hipotético caso también se hubiese
incurrido en un grave error, pues como ya se advirtió en el presente caso estamos
frente al reconocimiento de una PENSIÓN DE INVALIDEZ, tema que no fue objeto
de discusión en ninguna de las mencionadas providencias.

Así las cosas, se reitera que en el caso de mi mandante sí se incurrió en un defecto
sustantivo, toda vez que se interpretaron y aplicaron de forma incorrecta
disposiciones que regían otros tipos de prestaciones diferentes a aquella que le
fue reconocida a la señora NORIS PÉREZ CRIADO, hecho con el que se
vulneraron sus derechos fundamentales a la seguridad social e igualdad ante la
ley.

(…)

En este caso, el Tribunal Administrativo de Cesar, no realizó una interpretación
sistemática de la norma, en tanto omitió aplicar los Decretos:

Decreto 1045 de 1978: factores salariales.
Decreto 2354 de 2018: bonificación pedagógica como factor salarial.

Por el contrario, en cuanto a la integración del IBL de la pensión de invalidez de la
señora NORIS PÉREZ CRIADO, el Tribunal consideró únicamente el Decreto
2354 del 19 de diciembre de 2018 para efectos de la liquidación, de donde se
desprende que sólo la asignación básica y la bonificación mensual ingresaría
como factor salarial a tener en cuenta para tal fin.

(…)

13 Visto en el índice 23 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001

03 15 000 2025 05527 00.
7

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La frase "Donde el legislador no distingue, no le es dado hacerlo al intérprete"
cobra relevancia en este caso, pues tal y como se desprende de la lectura del
Decreto Ley 1045 de 1978, la inclusión de los factores Prima de Navidad, Prima
de Servicios y Prima de Vacaciones Docentes, no es opcional pues el legislador
dejó en claro su carácter de factor salarial, mismo que no puede ser desconocido
por la autoridad judicial, mucho menos con base a una Sentencia de Unificación
que no trató en lo absoluto el régimen pensional de los docentes del magisterio.

(…)

Por lo anterior, se encuentra que el Tribunal Administrativo de Cesar realizó una
interpretación restrictiva de la norma y no sistemática, en tanto omitió aplicar los
Decretos que crearon las asignaciones adicionales para los docentes, dentro de
los que se encuentran los BONIFICACIÓN PEDAGOGICA (sic), PRIMA DE
NAVIDAD, PRIMA DE SERVICIOS, PRIMA DE VACACIONES DOCENTES y
sobre los que se debían REALIZAN (sic) APORTES, y en caso de que tal
descuento hubiese sido omitido tal situación no puede devenir en el
desconocimiento de los derechos prestacionales de la accionante, ya que tal
conclusión significaría la imposición de las consecuencias negativas del
empleador sobre su trabajador.

(…)

• DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE

En este punto, también es importante recordar los fundamentos expuestos dentro
de los alegatos de conclusión y recurso de apelación presentados ante los jueces,
mismos que fueron desconocidos sin mayor reparo, esto a pesar de que los fallos
allí citados correspondían a casos con características altamente similares a
aquellas que rodean el presente caso.

(…)

IV. CONCLUSIONES

(…)

Se configura un defecto sustantivo por la omisión de aplicar Decretos 3135 de
1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, que determinan los factores salariales válidos
para el cálculo de la pensión.

Se configura desconocimiento del precedente al ignorar las sentencias que
ratifican la inclusión de dichos factores.

Todo lo anterior permite concluir que la sentencia de Segunda Instancia afecta
gravemente los derechos fundamentales del actor, es decir, la igualdad ante la
Ley, el debido proceso, la seguridad social, el acceso a la administración de
justicia y lo consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política. (Mayúsculas
y negrillas originales del escrito de impugnación).

8

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5.2. Por auto proferido el 15 de octubre de 2025 se concedió la impugnación14 y la misma
fue asignada a esta Sección por acta de reparto del 28 de octubre de 202515.

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con
lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991 16, en
concordancia con el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo
de 201517, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202118, así como
con fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo
de 201919, modificado por el Acuerdo nro. 434 del 10 de diciembre de 2024, proferido por
la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de procesos entre las
secciones.

6.2. HECHOS RELEVANTES

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente20:

6.2.1. La señora Noris Pérez Criado, actuando por conducto de apoderado, promovió
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación - Ministerio
de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
pretendiendo la nulidad parcial del acto administrativo contenido en la Resolución nro.
003080 del 4 de junio de 2020, por la cual se le reconoció la pensión de invalidez.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condene a la entidad demandada
a reliquidar y pagar la pensión de invalidez “actualizando el monto de la misma,
incluyendo todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios,
es decir Asignación Básica, Bonificación Mensual Docentes, Bonificación Pedagógica,
Prima de Navidad, Prima de Servicios y Prima de Vacaciones Docentes”.

14 Visto en el índice 25 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001

03 15 000 2025 05527 00.
15 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001

03 15 000 2025 05527 01.
16 El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada debidamente la

impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico
correspondiente. El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma, cotejándola
con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y
ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del
expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de
inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
17 Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
18 "Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela".
19 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de

abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
20 Lo que se desprende del expediente correspondiente al proceso de nulidad y restablecimiento del

derecho identificado con el radicado nro. 20001 33 33 003 2021 00007 00/01. Visto en los índices 10 y 12
de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 05527
00.
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Accionante: Noris Pérez Criado
Accionados: Tribunal Administrativo del Cesar y Otro

6.2.2. La demanda correspondió por reparto al Juzgado Tercero Administrativo del
Circuito de Valledupar que, en sentencia del 2 de diciembre de 2024 negó las
pretensiones.

6.2.3. Inconforme con la anterior decisión, la parte demandante, hoy accionante,
interpuso recurso de apelación y el Tribunal Administrativo de Cesar, en sentencia del 27
de febrero de 2025 resolvió lo siguiente:

REVOCAR en todas sus partes la sentencia proferida por el Juzgado Tercero
Administrativo Oral del Circuito de Valledupar, el día 2 de diciembre de 2024, por
medio de la cual se negó las pretensiones de la demanda, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia. En su lugar se dispone:

PRIMERO: DECLARAR la nulidad parcial de la Resolución No. 003080 del 4 de
junio de 2020, mediante la cual la Nación – Ministerio de Educación Nacional –
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, reconoció y ordenó el
pago de una pensión de invalidez a la señora NORIS PÉREZ CRIADO, en tanto
aquella omitió incluir la bonificación mensual docentes, conforme se expuso en la
parte motiva de la presente sentencia.

SEGUNDO: Como consecuencia de la declaración anterior y a título de
restablecimiento del derecho, se ordena a La Nación - Ministerio de Educación
Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, reliquidar y
pagar a favor de la señora NORIS PÉREZ CRIADO, la pensión de invalidez,
calculada en un monto del 100% sobre el ingreso base de liquidación, determinado
por los factores que fueron tenidos en cuenta por la entidad demandada en la
Resolución 003080 del 4 de junio de 2020, adicionando la bonificación mensual
docente, con efectos fiscales a partir del 1° de julio de 2020.

(…)

TERCERO: Sin condena en costas de segunda instancia por las consideraciones
expresadas en este fallo.

6.3. ANÁLISIS DE LA SALA

Teniendo en cuenta lo que es motivo de impugnación, la Sala considera necesario
resolver si, en este caso, frente a los reparos expuestos por la accionante en el escrito
de tutela y analizado en el fallo de primera instancia, se reúne el requisito general de
relevancia constitucional, y para ello, examinará: (i) los criterios que la jurisprudencia
constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte de
evidente relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el (ii) caso concreto.

6.3.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional

La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial es que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido,
señaló que:

[…] el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela
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debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a
resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes […]21.

Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las razones
por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional; de otro modo, si no lo
hace, estaría involucrándose en aspectos que le corresponde resolver al juez natural y,
precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.

A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y en la sentencia SU –
573 de 2019 explicó que este requisito persigue tres finalidades22:

(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional
que afecten los derechos fundamentales.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces.

Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional deben estar
reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la relevancia 23. De manera
que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la acción de tutela será improcedente por no
superar la relevancia constitucional.

6.3.2. Caso concreto

La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, analizará el tercer
criterio que la compone, el cual busca impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

Frente a este elemento, la Corte Constitucional ha dicho que24 “la tutela no es una
instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos de mera legalidad. Según la
jurisprudencia constitucional, “la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios”, pues la competencia del
juez de tutela se restringe “a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección
efectiva de los derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de carácter legal”
(Se destaca).

En la sentencia SU 215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la tutela contra
providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio de corrección respecto del
fallo cuestionado, “circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos
de interpretación que dieron origen a la controversia judicial. Como se expresó con

21 Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba Triviño.
22 Este criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU 128 de 2021 y SU 103 de 2022.
23 Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la sentencia del 29

de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado. Expediente nro. 11001
0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
24 Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.

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claridad en la Sentencia SU-128 de 2021, este “enfoque impide que el mecanismo de
amparo constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para
discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a
la controversia judicial” (…)”. (Se destaca).

En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través de la acción
de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha la
convicción que genera en el fallador las pruebas allegadas al expediente, o la
inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en la interpretación de las normas
de carácter legal que regulan el caso, resulta evidente que este mecanismo constitucional
está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el proceso ordinario y como una
instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo la autonomía e independencia
del juez natural.

La Sala considera que, en este evento, no se cumple el requisito de relevancia
constitucional, comoquiera que el tercer elemento que la compone, esto es, impedir que
la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las
decisiones de los jueces, no está superado.

Ello, por cuanto, a través de la solicitud de amparo, el accionante pretende reabrir el
debate resuelto en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, dado que las
inconformidades expuestas, tanto en el escrito de tutela como en la impugnación, están
encaminadas a controvertir la interpretación normativa y jurisprudencial adoptada por el
tribunal accionado, en tanto que alega que “la autoridad judicial accionada aplicó de forma
equivocada lo establecido en el Decreto-Ley 3135 de 1968, en concordancia con los
Decretos 1848 de 1969 y 1045 de 1978, desconociendo la inclusión de la Bonificación
Pedagógica, Prima de Navidad, Prima de Servicios y Prima de Vacaciones Docentes”25.

Bajo dicho contexto, la Sala observa que la parte accionante está utilizando la acción de
tutela como una instancia o recurso adicional al proceso ordinario para insistir que no solo
se le debe reliquidar la pensión incluyendo la asignación básica y la bonificación para
continuar cuestionando la interpretación normativa y jurisprudencial adoptadas por el
mensual docente, sino las demás mencionadas en el párrafo anterior, lo cual ya fue objeto
de debate.

Al respecto, el tribunal accionado, en la sentencia se segunda instancia acusada indicó
lo siguiente:

la Sala de Decisión advierte, que la Secretaría de Educación Departamental del
Cesar, en nombre y representación de la Nación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, reconoció la pensión de invalidez a la
señora NORIS PÉREZ CRIADO, teniendo en cuenta el 100% del promedio de los
factores salariales devengado en el año anterior al de estatus de pensionado
(2019-2020) y como factores salariales sólo el salario básico.

Sin embargo, en el último año antes de adquirir el estatus de pensionado (2019-
2020), la actora demostró que devengó otros factores salariales diferentes a los
tenidos en cuenta por la entidad demandada, tales como: la bonificación mensual,
la bonificación pedagógica, la prima de servicio, prima de navidad y prima de
vacaciones.

25 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso

con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 05527 00.
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No obstante, tal como consideró el a quo, los factores prima de navidad, prima de
vacaciones y prima de servicios no podían ser incluidos en la base pensional, en
la medida en que aunque están enlistados en el decreto que cobija el asunto, no
se demostró que sobre ellos se hubiese efectuado aportes a pensión.

De otro lado, en relación a la inclusión de la bonificación mensual docente, lo
primero que aclara la Sala, es que el Consejo de Estado ha admitido que ésta sí
constituye factor salarial, por lo tanto, al ser un criterio de carácter vinculante para
el fallador, sobre esta orientación jurisprudencial se resolverá lo peticionado.

Conforme lo anterior, acorde con la jurisprudencia constitucional aludida en precedencia,
la tutela no cumple con el requisito de relevancia constitucional.

En este punto, la Sala destaca que el proceso judicial debate sobre las pretensiones, las
excepciones y los hechos que proponen demandante y demandado, y que la decisión del
juez se fundamenta precisamente en las razones de la demanda y de la contestación, las
pruebas y el derecho que ellas ponen a su disposición.

Por lo tanto, en los eventos en los cuales el juez decide precisamente sobre la
controversia que se le ha planteado, otorgándole la razón a alguna de las partes, está
ejerciendo las funciones que le han sido atribuidas por la Constitución y la ley, en el
ámbito de sus competencias; y cualquier desconocimiento que a tales atribuciones hiciera
el juez constitucional constituiría claramente un pronunciamiento por fuera de las
competencias que le corresponden, utilizando además el trámite de una acción que no
ha sido diseñada con ese propósito, como lo es la tutela.

En una condición de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional el que
vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin competencia, entraría
en la valoración legal y fáctica del proceso, para modificar una decisión del juez
competente para conocer del caso, en el escaso término legal que le da la ley para
pronunciarse, y siguiendo un procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con el
evidente riesgo de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga decirlo, no
tiene la formación requerida.

Bajo tales circunstancias, cuando el juez de la causa se limita a pronunciarse sobre las
cuestiones fácticas y de derecho que fueron el objeto del debate, porque así le fueron
planteadas por el demandante y el demandado en sus pretensiones, excepciones y
hechos, resuelve simplemente la controversia que le ha sido sometida, atendiendo sus
facultades constitucionales y legales; y no es el juez de constitucionalidad el llamado a
decirle cómo debe decidir el caso en particular, rompiendo por demás el equilibrio entre
las partes que precisamente se garantiza con el proceso diseñado para dirimir la
controversia.

Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha atendido el
debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que se toma, cuando ella está
por fuera de los planteamientos que en los hechos y en derecho han formulado
demandante y demandado, pues, en este caso, la decisión puede comprometer el núcleo
fundamental del debido proceso, en su elemento del derecho a la defensa, en la medida
en que tal decisión no haya podido ser controvertida. Pero es evidente que ese no es el
supuesto en la decisión que aquí se examina, ya que la parte accionante no alega que el
juez se haya desviado de los hechos o el derecho propuesto en el proceso.

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En consecuencia, la Sala concluye que la acción de tutela es improcedente por no
superar el requisito general de relevancia constitucional, razón por la cual se revocará el
fallo proferido el 25 de septiembre de 2025 por la Subsección A, Sección Segunda, del
Consejo de Estado que negó el amparo y, en su lugar, se declarará improcedente la
acción de tutela.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR el fallo de tutela proferido el 25 de septiembre de 2025 por la
Subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado que negó la solicitud de amparo
y, en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por la
señora Noris Pérez Criado, por no cumplir el requisito general de relevancia
constitucional, por las razones señalas en la parte motiva.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión, dentro del término legal.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 4 de
diciembre de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado

CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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