Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 85001-23-33-000-2021-00209-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 85001-23-33-000-2021-00209-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 85001-23-33-000-2021-00209-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
27 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., veintisiete (27) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 85001-23-33-000-2021-00209-01 (5792-2023)
Demandante: Sol Adriana Roldan Arias
Demandada: Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Sociales
del Magisterio
Tema: Reconocimiento de una pensión de invalidez
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
________________________________________________________________
Asunto
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la
sentencia proferida el 22 de junio de 2023 por el Tribunal Administrativo de
Casanare, por medio de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Sol Adriana Roldán Arias presentó demanda1 en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, en orden a que
1 Índice 3 del Tribunal Administrativo del Casanare, actuación denominada
1_ED_001DEMANDA(.PDF) NroActua 3.
2 En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 85001-23-33-000-2021-00209-01 (5792-2023)
Demandante: Sol Adriana Roldan Arias
se declarara la nulidad parcial de la Resolución 741 del 6 de julio de 2017, mediante
el cual la Secretaría de Educación de Yopal le reconoció una pensión de invalidez,
en los términos de la Ley 100 de 1993.
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) el reconocimiento de la pensión de invalidez en virtud de lo dispuesto en
el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 y el Decreto 1848 de 1969, a partir del 6 de julio
de 2017, con el 100% de lo percibido durante el último año de servicios [asignación
básica, bonificación mensual y las primas de navidad, vacaciones y servicios]; ii) el
pago de las mesadas dejadas de percibir desde la constitución del derecho hasta la
efectividad del pago; iii) el pago de los intereses moratorios; iv) el cumplimiento del
fallo en los términos de los artículos 189, 192, 194 y 195 del CPACA; y v) la condena
en costas y agencias en derecho a la demandada.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. Sol Adriana Roldán Arias laboró como docente adscrita a la Secretaría de
Educación de Yopal, en los siguientes periodos:
Desde Hasta
19 de mayo de 2003 31 de diciembre de 2003
13 de enero de 2004 30 de diciembre de 2005
1º de febrero de 2006 31 de diciembre de 2006
15 de enero de 2007 5 de julio de 2017
3.2.
Además de su vinculación como docente oficial, realizó cotizaciones a la
Administradora Colombiana de Pensiones3 de manera interrumpida entre 1993 y
2005, por 167,57 semanas.
3.3. El 8 de agosto de 2016, Medicol Salud emitió dictamen de calificación de
invalidez en el cual determinó en un 96% la pérdida de la capacidad laboral, causada
por una enfermedad de origen profesional.
3.4. El 31 de agosto de 2017, solicitó el reconocimiento y pago de una pensión de
invalidez, la cual fue reconocida mediante la Resolución 741, en cuantía del 54%
del IBL del promedio de lo devengado entre el 25 de marzo de 2006 y el 8 de agosto
de 2016, por $858.416, efectiva a partir del 6 de julio de 2017, en los términos
previstos en los artículos 21 y 43 de la Ley 100 de 1993. Devengó salario hasta el
5 de julio de 2017.
3 En adelante Colpensiones.
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Demandante: Sol Adriana Roldan Arias
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales, se señalaron los artículos 1, 2, 13, 23, 25, 48, 53 y 243 de la
Constitución Política; 15 Ley 91 de 1989; 81 de la Ley 812 de 2003; 60 a 63 del
Decreto 1848 de 1969.
5. En cuanto al concepto de violación expuso los siguientes argumentos4:
5.1. Los actos acusados vulneraron los postulados constitucionales y legales, al
pasar por alto que el presente asunto por tratarse de una pensión de invalidez de
origen profesional se regía por lo previsto en el Decreto 1848 de 1969, comoquiera
que la docente fue vinculada con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812
de 2003. Motivo por el cual la pretensión debió reconocerse en el 75% del IBL del
promedio de todos los factores devengados durante el último año de servicios.
5.2. Por lo anterior, la mesada debió liquidarse con inclusión de la asignación básica,
la bonificación mensual y las primas de vacaciones, de navidad y de servicios. En
consecuencia, erró la entidad al reconocer la pensión de invalidez en virtud de lo
dispuesto en los artículos 21 y 40 de la Ley 100 de 1993.
1.2. Contestación de la demanda
6.Mediante la providencia del 24 de febrero de 2023, el tribunal tuvo por no
contestada la demanda por parte del Fomag, al presentarse de forma
extemporánea5.
1.3. La sentencia apelada
7. El Tribunal Administrativo del Casanare, en sentencia proferida el 22 de junio de
20236 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, por lo que declaró
la nulidad de la Resolución 741 del 6 de julio de 2017 y, a título de restablecimiento
del derecho, condenó al Fomag al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez
a favor de la demandante con el 100% del último salario devengado en el 2017, en
proporción al tiempo laborado. Asimismo, ordenó el pago de la diferencia resultante
entre la nueva liquidación de la prestación y la antes reconocida y declaró la
4 Índice 3 del Tribunal Administrativo del Casanare, actuación denominada
1_ED_001DEMANDA(.PDF) NroActua 3.
5 Índice 19 de Samai del Tribunal Administrativo del Casanare, actuación denominada
15_AUTOQUERESUELVE(.pdf) NroActua 19.
6 Índice 28 del Tribunal Administrativo del Casanare, actuación denominada 22_FALLO(.pdf)
NroActua 28.
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Demandante: Sol Adriana Roldan Arias
prescripción de las mesadas causadas antes del 15 de julio de 2018. Lo anterior,
con sustento en los siguientes argumentos:
8. La docente fue vinculada al servicio público educativo mediante la Resolución
0594 del 19 de mayo de 2003, para ejercer su labor hasta el 31 de diciembre de ese
año en el Centro Social La Presentación Yopal, es decir antes del 27 de junio de
2003, fecha de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, por lo que el régimen
de su pensión de invalidez corresponde al establecido en las normas vigentes antes
de la entrada en vigencia de la referida norma, esto es, el Decreto Ley 3135 de 1968
y el Decreto 1848 de 1969, y no a la Ley 100 de 1993 como se dispuso en el acto
de reconocimiento aquí demandado.
9. Así las cosas, «para los docentes vinculados antes de la entrada en vigencia de la Ley
812 de 2003, el artículo 23 literal c) del Decreto 3135 de 1968 establece que se tiene
derecho a una pensión con base en el último sueldo mensual devengado liquidado en el
100% cuando la pérdida de capacidad laboral sea superior al 95%; por su parte, el artículo
63 del Decreto 1848 de 1969, señala la cuantía de la pensión y dispone que para una
incapacidad superior al 95%, la prestación equivale al último salario devengado por el
empleado oficial o al promedio mensual, si fuere variable. Presupuestos que resultan
aplicables a la docente, toda vez que, según el formulario de dictamen para la calificación
de pérdida de capacidad laboral y determinación de invalidez emitido el 08 de agosto de
2016, se evidencia que la actora presenta un porcentaje de pérdida de capacidad laboral
del 96% clasificándose en invalidez de origen profesional».
10. Como consecuencia, el Fomag deberá reconocer la prestación en cuantía del
100% del último salario devengado al momento del retiro, esto es $2’456.434
percibidos hasta el 5 de julio de 2017. En cuanto a los factores salariales, de
conformidad con el antecedente contenido en la sentencia de unificación SUJ-014-
CE-S2 del 25 de abril de 2019, serán tenidos en cuenta sobre los cuales la docente
hubiera aportado, según lo previsto en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985.
11. En ese orden, no serán incluidos para la liquidación las primas de navidad y
vacaciones, puesto que no se encuentran en la referida disposición. Ahora, en
cuanto a la bonificación mensual, si bien no se encuentra enlistada en esa norma,
«se precisa que aquella se creó con posterioridad a la última norma referida, pero reúne la
característica para que sea tenida en cuenta dentro del ingreso de liquidación, esto es, que
sobre ella se hubiesen efectuado los aportes».
12. En cuanto a la prescripción «a la demandante se le reconoció pensión de invalidez
mediante Resolución No. 741 de 06 de julio de 2017 y presentó la demanda el 15 de julio
de 2021, es decir cuando ya había transcurrido el término de 3 años establecido
normativamente para que operara dicho fenómeno. Por tanto, se evidencia que las
mesadas pensionales causados con anterioridad al 15 de julio de 2018 se encuentran
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Demandante: Sol Adriana Roldan Arias
prescritas».
1.4. Los recursos de apelación
13. 1.4.1. Sol Adriana Roldán Arias solicitó se revocara parcialmente la sentencia
de primera instancia7, con sustento en los siguientes argumentos:
14. Si bien el tribunal acertó al aplicar el régimen previsto en los Decretos 3135 de
1968 y 1848 de 1969, erró al omitir en la liquidación del IBL los factores que devengó
durante el último año de servicio, puesto que de conformidad con dichas
disposiciones8 deben incluirse todos los factores devengados durante el último año
de servicio o de la fecha de estructuración de la invalidez, sin que fuera relevante la
realización de aportes, de manera que debieron computarse las primas de servicios,
de navidad y de vacaciones que fueron relacionados en el certificado de salarios
proferido por la Secretaría de Educación de Yopal. Asimismo, en la sentencia de
unificación del 4 de agosto de 20109, se indicó la imposibilidad de extender a la
pensión de invalidez la delimitación de los factores salariales dispuesta para la
pensión de jubilación, puesto que esa prestación cuenta con normativa propia como
los decretos 1848 de 1969 y 1655.
15. Por su parte, la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado mediante
las sentencias proferidas el 8 de marzo de 2021, expediente 11001-03-15-000-
2020-05040-01, el 29 de julio de 2022, expediente 11001-03-15-000-2022-02399-
01 y el 17 de noviembre de 2022, expediente 11001-03-15-000-2021-03752,
concluyó que para las pensiones de invalidez reconocidas para los docentes y
funcionarios públicos a los que les resultara aplicable el régimen establecido en el
Decreto 1848 de 1969, los factores salariales computables eran los dispuestos en
el Decreto 1045 de 1978 además de los establecidos en el Decreto 1158 de 1994.
16. 1.4.2.El Fomag interpuso recurso de apelación10 con fundamento en los
siguientes aspectos:
17. Elrégimen aplicable para la liquidación de la pensión de invalidez de la
demandante era la Ley 100 de 1993, comoquiera que fue afiliada al Fomag desde
el nombramiento en provisionalidad «15 de enero de 2007 desde el 05 de julio de 2007»
de manera que al resultar vinculada después de la fecha de la entrada en vigencia
7 Índice 34 del Tribunal Administrativo del Casanare, actuación denominada
28_MemorialWeb_Recurso(.pdf) NroActua 34.
8 Artículos 63 del Decreto 1848 de 1969, 45 del Decreto 1045 de 1978.
9 Expediente 25000-23-25-000-2006-7509-01.
10 Índice 33 del Tribunal Administrativo del Casanare, actuación denominada
25_MemorialWeb_Recurso(.pdf) NroActua 33.
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de la Ley 812 de 2003 el IBL debió liquidarse, según lo dispuesto en el artículo 40
de la Ley 100 de 1993 y en el Decreto 1158 de 1994.
1.5. Intervenciones en segunda instancia
18. Por medio del auto del 19 de febrero de 202411, el magistrado ponente admitió el
recurso de apelación y prescindió de la etapa de alegatos, en virtud de lo previsto
en el numeral 5 del artículo 247 del CPACA.
1.6. El Ministerio Público
19. En esta oportunidad el Ministerio Público no emitió concepto.
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
20. Se contrae a establecer ¿si el régimen aplicable para el reconocimiento de la
pensión de invalidez de Sol Adriana Roldán Arias era el previsto en la Ley 100 de
1993?
21. Y ¿si en virtud de las disposiciones de los artículos artículos 63 del Decreto 1849
de 1969, 45 del Decreto 1045 de 1978, la Sentencia de Unificación del 4 de agosto
de 2010, expediente 25000-23-25-000-2006-7509-01 y las sentencias proferidas
por el Consejo de Estado el 8 de marzo de 2021, expediente 11001-03-15-000-
2020-05040-01, el 29 de julio de 2022, expediente 11001-03-15-000-2022-02399-
01 y el 17 de noviembre de 2022, expediente 11001-03-15-000-2021-03752, debe
incluirse en el ingreso base de liquidación todo lo devengado por la docente durante
el último año de servicio?
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
22. 2.2.1. Sobre el sistema de seguridad social creado por la Ley 100 de 1993 y
el régimen exceptuado de los docentes afiliados al FOMAG
23. La Constitución Política previó la seguridad social en su artículo 48 como «[…] un
servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y
control del Estado». Tiene esta connotación porque su finalidad es satisfacer, de
forma continua, una necesidad de carácter general consistente en amparar las
contingencias que se presenten para las personas derivadas de la vejez, invalidez,
11 Índice 4 de Samai, actuación denominada
4AUTOQUEADMITE57922023ADMISORIOAPELACION2080SINPRUEBASPDF(.pdf) NroActua 4.
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enfermedad o muerte12. La norma le otorgó en su inciso segundo la calidad de
«derecho irrenunciable», por lo que es considerado un derecho fundamental al
repercutir directamente en la vida y dignidad de las personas13.
24. En virtud de lo anterior, el Estado asumió la obligación de diseñar e implementar
el sistema de seguridad social que conlleva la integración de normas que, de
manera conjunta y coordinada, sirvan para regular la prestación de ese servicio
público y lograr su satisfacción14. Este mandato lo cumplió con la expedición de la
Ley 100 de 1993 que creó «el sistema de seguridad social integral» con el fin de «[…]
unificar la normatividad y la planeación de la seguridad social […]»15. El sistema quedó
conformado por cuatro componentes o subsistemas: el Sistema General de
Pensiones, el Sistema General de Salud, el Sistema General de Riesgos
Profesionales y los Servicios Sociales Complementarios.
25. La ley reguló el Sistema General de Pensiones en su libro primero y con él unificó
los regímenes que existían con antelación, así lo señaló de forma expresa y fue
expuesto en sus antecedentes legislativos16. Está integrado por dos regímenes
específicos, autónomos e independientes, denominados: « Régimen Solidario de
Prima Media con Prestación Definida» y «Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad».
Para cada uno dispuso las instituciones encargadas de administrarlos, la afiliación,
su financiación a través de cotizaciones obligatorias y subsidios del Estado, los
requisitos para obtener la prestación social, las diferentes pensiones que reconocen,
los beneficiarios y el monto pensional.
26. El Sistema General de Pensiones reglado en la Ley 100 de 1993 rige en su
integridad todo lo relacionado con el reconocimiento pensional y las entidades que
12 Sobre el particular se puede leer la providencia C-623 de 2004.
13 Al respecto se pueden consultar las siguientes sentencias. Sentencia T-019 de 2009, T-395 de
1998, T-076 de 1999, T-321 de 1999 y T-101 de 2001
14 El término «sistema lo define la RAE como un «Conjunto de reglas o principios sobre una materia
racionalmente enlazados entre sí».
15 Preámbulo y artículo 6.
16 Ibidem. En la exposición de motivos de la ley se explicó lo siguiente: «[l]a dispersión de regímenes
pensiónales dentro del sector público se corresponde con gran multiplicidad, de entidades, lo cual
se refleja en la existencia de cerca de un millar de cajas, y en una tendencia a la deserción de
entidades y afiliados de Cajanal, que se suponía debía haber sido la entidad para centralizar y
homogenizar la previsión del nivel nacional. (…) Por último, se unificarán los sistemas pensionales
vigentes para el sector público y el sector privado. Los trabajadores del sector público tendrían un
régimen de beneficios y contribuciones idéntico al del sector privado, que se realizaría a través de
los mismos fondos. (…) A la larga, se eliminará la multiplicidad de regímenes e instituciones
previsionales del sector público así como las inequidades dentro del mismo, y respecto a las
pensiones del sector privado. Como en el sector privado, los beneficios extraordinarios en el sector
público tendrán que ser complementarios voluntarios y a cargo de los trabajadores y los recursos
propios de las entidades; en ningún caso estarán a cargo del fisco o de terceros, y tendrán que:
constituirse efectivamente las reservas necesarias». Congreso de la República Gaceta No. 087 -
1992 páginas 11 y 12.
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Radicado: 85001-23-33-000-2021-00209-01 (5792-2023)
Demandante: Sol Adriana Roldan Arias
lo administran. Es así porque su finalidad fue unificar todos los regímenes
pensionales que existían antes de su expedición, lo que consiguió al disponer que
todos los trabajadores públicos, privados e independientes deben cotizar a sus
subsistemas.
27. No obstante, el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 exceptuó del sistema integral
de seguridad social contenido en esa norma, entre otros, a los afiliados al FOMAG,
para lo cual dispuso:
«Artículo 279. Excepciones. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la
presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional, ni al personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990, con excepción de aquel
que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no
remunerados de las Corporaciones Públicas.
Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán
compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este Fondo será
responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores que
se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se
expida». [Resalta la Sala].
28. Dentro de los denominados «regímenes exceptuados» de la aplicación de la Ley
100 de 1993, están comprendidos (i) los integrantes de las Fuerzas Militares y de la
Policía Nacional; (ii) el personal regido por el Decreto-Ley 1214 de 1990, excepto al
vinculado en vigencia de la referida ley; (iii) los miembros no remunerados de las
corporaciones públicas; (iv) los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio; y (v) los servidores de la Empresa Colombiana de Petróleos
vinculados antes de la vigencia de la Ley 797 de 200317.
29. Estos cuentan con normativa propia que fijan los requisitos que los trabajadores
beneficiarios deben cumplir para obtener la pensión y reglan sus distintas
modalidades de pensión.
Uno de los componentes que regula la Ley 91 de 1989 es el régimen prestacional
con el ánimo de lograr cierta unidad e igualdad frente a la disparidad anterior, por lo
que el artículo 15 ibidem prevé que a partir de su entrada en vigor, los docentes
nacionales y aquellos que ingresen del 1° de enero de 1990 en adelante, estarán
regulados por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden
nacional, entre ellas, los decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o
que se expidan en el futuro, verbigracia, la Ley 344 de 1996.
17 Artículo 3 que modificó el 15 de la Ley 100 de 1993.
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Demandante: Sol Adriana Roldan Arias
30. 2.3.2. Entrada en vigor del Acto Legislativo 1 de 2005 y sus efectos sobre
el régimen pensional de los docentes oficiales
31. El Acto legislativo 1 de 2005, en lo atinente al régimen pensional aplicable a los
docentes oficiales, prescribió que «[e]l régimen pensional de los docentes nacionales,
nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el
establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los
docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley,
tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema General de
Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003» (parágrafo transitorio
1º).
32. El mencionado artículo 81 de la Ley 812 de 200318, al que hace alusión el Acto
legislativo 1 de 2005, en lo concerniente al tema bajo estudio, previó:
«Régimen prestacional de los docentes oficiales. El régimen prestacional de
los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren
vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el
Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia
de la presente ley.
Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la
presente ley, serán afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio y tendrán los derechos pensionales del régimen pensional de prima
media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos
previstos en él, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57
años para hombres y mujeres.
[…]
El valor total de la tasa de cotización por los docentes afiliados al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio corresponderá a la suma de aportes que
para salud y pensiones establezcan las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003,
manteniendo la misma distribución que exista para empleadores y trabajadores.
La distribución del monto de estos recursos la hará el Consejo Directivo del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en lo correspondiente a las
cuentas de salud y pensiones.
[…]».
33. 2.2.2. Sobre el régimen de la pensión de invalidez docente
18 «Artículo 137. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga el
artículo 8º de la Ley 160 de 1994, el artículo 14 de la Ley 373 de 1997 y todas las disposiciones que
le sean contrarias». Decreto publicado en el diario oficial núm. 45.231 de 27 de junio de 2003.
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Radicado: 85001-23-33-000-2021-00209-01 (5792-2023)
Demandante: Sol Adriana Roldan Arias
34. Como se explicó en líneas anteriores, la Ley 812 de 2003 en su artículo 81
estableció que el régimen prestacional para los docentes nacionales,
nacionalizados y territoriales vinculados antes del 27 de junio de 2003 sería el
establecido en las normas vigentes con anterioridad a esa fecha, y respecto de
quienes se vincularan al servicio con posterioridad a la referida data, se regirían por
el régimen pensional de prima media con prestación definida previsto en las leyes
100 de 1993 y 797 de 2003.
35. En ese orden, los docentes oficiales que integran ese primer grupo estarán
regulados por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden
nacional, entre ellas, los decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978
mientras que, los del segundo grupo [quienes se vinculen con posterioridad al 27 de
junio de 2003], tendrán los derechos pensionales del régimen pensional de prima
media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos
previstos en él, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años
para hombres y mujeres.
36. Ahora bien, con el fin de establecer el marco normativo que rige el caso en
estudio, esto es el régimen pensional de invalidez de los docentes vinculados antes
de la entrada en vigor de la mencionada Ley 812, quienes de conformidad con la
Ley 91 de 1989 se rigen por las normas que se aplicaban a los empleados públicos
del orden nacional antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, dentro de
los cuales se encuentran los decretos ley 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de
1975.
37. En relación con el régimen en estudio, el artículo 23 del Decreto Ley 3135 de
1968 estableció el reconocimiento y pago de una pensión por invalidez, a favor de
los servidores públicos que fueran calificados con una pérdida de su capacidad
laboral igual o superior al 75%, en los siguientes términos:
«Artículo 23. Pensión de Invalidez. La invalidez que determine una pérdida de la
capacidad laboral no inferior a un 75%, da derecho a una pensión, pagadera por la
respectiva entidad de previsión con base en el último sueldo mensual devengado,
mientras la invalidez subsista:
a) El 50% cuando la pérdida de la capacidad laboral sea el 75%.
b) Del 75% cuando la pérdida de la capacidad laboral exceda del 75% y no alcance el
95%.
c) El 100% cuando la pérdida de la capacidad laboral sea superior al 95%.
Parágrafo. La pensión de invalidez excluye la indemnización».
38. Dicho artículo fue reglamentado por el Decreto 1848 de 1969, en sus artículos
60, 61 y 63, reguló la pensión de invalidez así:
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Radicado: 85001-23-33-000-2021-00209-01 (5792-2023)
Demandante: Sol Adriana Roldan Arias
«Artículo 60. Derecho a la Pensión. Todo empleado oficial que se halle en situación de
invalidez, transitoria o permanente, tiene derecho a gozar de la pensión de invalidez a
que se refiere este capítulo.
Artículo 61. Definición.
1. Para los efectos de la pensión de invalidez, se considera inválido al empleado oficial
que por cualquier causa, no provocada intencionalmente, ni por culpa grave, o violación
injustificada y grave de los reglamentos de previsión, ha perdido en un porcentaje no
inferior al 75% su capacidad para continuar ocupándose en la labor que constituye su
actividad habitual o la profesión a que se ha dedicado ordinariamente.
2. En Consecuencia no se considera inválido al empleado que solamente pierde su
capacidad de trabajo en un porcentaje inferior al 75%».
Artículo 63. Cuantía de la pensión. El valor de la pensión de invalidez se liquidará con
base en el último salario devengado por el empleado oficial y será equivalente al grado
de incapacidad laboral, conforme a los porcentajes que se establecen a continuación,
así:
a. Cuando la incapacidad sea superior al noventa y cinco por ciento (95%), el valor de
la pensión mensual será igual al último salario devengado por el empleado oficial, o al
último promedio mensual, si fuere variable.
b. Si la incapacidad excediere del setenta y cinco por ciento (75%) sin pasar del noventa
y cinco por ciento (95%), la pensión mensual será equivalente al setenta y cinco por
ciento (75%) del último salario devengado por el empleado oficial, o del último promedio
mensual.
c. Si la incapacidad laboral es del setenta y cinco por ciento (75%), dicha pensión será
igual al cincuenta por ciento (50%) del último salario devengado por el empleado oficial,
o del último promedio mensual, si fuere variable».
39. Por su parte, el Decreto 1045 de 1978 en el artículo 45, señaló respecto a los
factores de salario para liquidar pensiones, los siguientes:
«Articulo 45. De los factores de salario por la liquidación de cesantía y pensiones. Para
efectos del reconocimiento y pago del auxilio de cesantía y de las pensiones a que
tuvieren derecho los empleados públicos y trabajadores oficiales, en la liquidación se
tendrán en cuenta los siguientes factores de salario:
a. La asignación básica mensual;
b. Los gastos de representación y la prima técnica;
c. Los dominicales y feriados;
d. Las horas extras;
e. Los auxilios de alimentación y transporte;
f. La prima de Navidad;
g. La bonificación por servicios prestados;
h. La prima de servicios;
i. Los viáticos que reciban los funcionarios y trabajadores en comisión cuando se hayan
percibido por un término no inferior a ciento ochenta días en el último año de servicio;
j. Los incrementos salariales por antigüedad adquiridos por disposiciones legales
anteriores al decreto-ley 710 de 1978;
k. La prima de vacaciones;
l. El valor del trabajo suplementario y del realizado en jornada nocturna o en días de
descanso obligatorio;
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Radicado: 85001-23-33-000-2021-00209-01 (5792-2023)
Demandante: Sol Adriana Roldan Arias
ll. Las primas y bonificaciones que hubieran sido debidamente otorgadas con
anterioridad a la declaratoria de inexequibilidad del artículo 38 del decreto 3130 de
1968».
40. Por lo anterior, la cuantía de la pensión de invalidez de los docentes beneficiarios
del régimen de transición de la Ley 812 de 2003, depende del porcentaje de la
pérdida de capacidad laboral del docente así: si la incapacidad laboral es: i) del
75%, será igual al 50% del último salario devengado; ii) del 75% sin exceder el 85%,
será equivalente al 75% del último salario devengado; y iii) superior al 95%, el valor
de la pensión mensual será igual al último salario devengado.
41. Ahora bien, en cuanto a los factores que deben ser tenidos en cuenta para
efectos de la liquidación de la prestación, se deberá tener en cuenta los enlistados
en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, norma que fijó las reglas generales para
en relación con las prestaciones sociales de los empleados públicos y trabajadores
oficiales del orden nacional. En ese sentido se pronunció esta Corporación al
señalar:
«Asimismo, para efectos de determinar la base de liquidación pensional por invalidez se
debe tener en cuenta el último salario devengado, esto es, todo lo recibido por el
empleado o trabajador como consecuencia directa o indirecta de su relación laboral, que
comprende los sueldos, primas, bonificaciones y demás reconocimientos que se hagan
directa o indirectamente por causa o por razón del trabajo o empleo sin ninguna
excepción.
Lo anotado, en concordancia con el Decreto 1045 de 1978, por el que se fijan las reglas
generales para la aplicación de las disposiciones sobre prestaciones sociales de los
empleados públicos y trabajadores oficiales del orden nacional, cuyo artículo 45 prevé
[...]
Al respecto, cabe precisar que, de acuerdo con el artículo 63 del Decreto 1848 de 1969,
el empleado público que haya sufrido pérdida de su capacidad laboral o profesional en
un porcentaje entre el setenta y cinco por ciento (75%) y el noventa y cinco por ciento
(95%), tendrá derecho a una pensión por invalidez equivalente al setenta y cinco por
ciento (75%) del último salario devengado o promedio mensual, y para efectos de
determinar la respectiva base de liquidación pensional se debe tener en cuenta todo lo
recibido por el trabajador como consecuencia directa o indirecta de su relación laboral,
lo que comprende los sueldos, primas, bonificaciones y demás reconocimientos que se
hagan directa o indirectamente por causa o por razón del trabajo o empleo sin ninguna
excepción, tal como lo dispone el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978.»
2.3. Caso concreto
42. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
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Radicado: 85001-23-33-000-2021-00209-01 (5792-2023)
Demandante: Sol Adriana Roldan Arias
42.1. Sol Adriana Roldán Arias nació el 2 de julio de 197419.
42.2. El 8 de agosto de 2016, fue proferido el dictamen para la calificación de pérdida
de capacidad laboral y determinación de invalidez en el 96% de pérdida de la
capacidad laboral.
42.3. A través de la Resolución 741 de 201720 la secretaria de educación municipal
de Yopal, le reconoció pensión de invalidez en cuantía de $858.416, a partir del 6
de julio de 2017, como docente de vinculación departamental (Situado Fiscal).
Asimismo, indicó que la docente prestó sus servicios en los siguientes términos:
Entidad empleadora Entidad previsora Desde Hasta Días
Departamento Casanare Colpensiones 24/08/1993 07/10/1993 44
Departamento Casanare Colpensiones 01/04/1999 30/11/1999 240
Departamento Casanare Colpensiones 01/03/2000 30/06/2001 480
Departamento Casanare Colpensiones 01/08/2001 30/04/2002 270
Departamento Casanare Colpensiones 01/06/2002 30/06/2002 30
Departamento Casanare Colpensiones 01/07/2003 12/01/2004 192
Departamento Casanare Colpensiones 13/01/2004 06/04/2004 84
Departamento Casanare Colpensiones 01/08/2004 30/08/2004 30
Departamento Casanare Colpensiones 01/04/2005 15/05/2005 45
Municipio de Yopal F.N.P.S.M. 07/04/2004 30/07/2004 114
Municipio de Yopal F.N.P.S.M. 01/09/2004 30/03/2005 210
Municipio de Yopal F.N.P.S.M. 16/05/2005 30/12/2005 225
Municipio de Yopal F.N.P.S.M. 01/02/2006 08/08/2016 3.788
Total 5.752 (821
semanas)
42.4. El 18 de noviembre de 2020, la secretaria de educación de Yopal (Casanare)
certificó que la docente prestó sus servicios en los siguientes periodos:
Plantel educativo / acto administrativo Desde Hasta
Centro Social La Presentación / Res. 0594 del 19/05/2003 19/05/2003 31/12/2003
Centro Social La Presentación / Res. 0114 del 13/01/2004 13/01/2004 30/12/2005
Jorge Eliécer Gaitán Yopal (C) / Res.0126 del 31/01/2006 01/02/2006 31/12/2006
Gabriela Mistral Yopal (C) / Dec. 1769 del 15/11/2006 15/01/2007 18/09/2007
Carlos Lleras Restrepo Yopal (C) / Res. 1102 del 19/09/2007 19/09/2007 09/04/2008
Carlos Lleras Restrepo Yopal (C) / Res. 0488 19/04/2008 31/10/2011
Gabriela Mistral Yopal (C) / Dec. 1769 del 15/11/2006 15/01/2017 05/07/2017
19 Índice 3 del Tribunal Administrativo del Casanare, actuación denominada
1_ED_001DEMANDA(.PDF) NroActua 3.
20 Índice 3 del Tribunal Administrativo del Casanare, actuación denominada
1_ED_001DEMANDA(.PDF) NroActua 3.
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Demandante: Sol Adriana Roldan Arias
42.5. El 18 de noviembre, la secretaria de educación de Yopal (Casanare) certificó
mediante el formato único para la expedición de salarios, que durante el último año
de servicios comprendido entre el 15 de julio de 2016 y el 5 de julio de 2017, la
docente devengó asignación básica, bonificación mensual y las primas de
vacaciones y de servicios.
42.6. El 29 de diciembre de 2020, Colpensiones certificó el siguiente tiempo de
cotización:
Nombre o razón social Desde Hasta Semanas
Externado Salazar 24/08/1993 07/10/1993 6,43
Jose 01/04/1999 30/04/1999 0,71
Jose 01/05/1999 30/11/1999 30
Malagon 01/03/2000 31/03/2000 4,29
Malagon 01/04/2000 31/07/2000 17,14
Malagon 01/08/2000 31/08/2000 4,29
Gimnasio Británico 01/01/2001 31/01/2001 4,29
Gimnasio Británico 01/05/2001 31/05/2001 4,29
Gimnasio Británico 01/10/2001 30/04/2002 29,57
Gimnasio Británico 01/06/2002 30/06/2002 4,29
Coordinación Nacional 01/07/2003 31/07/2003 4,29
Coordinación Nacional 01/08/2003 31/08/2003 4,29
Coordinación Nacional 01/09/2003 30/09/2003 4,29
Coordinación Nacional 01/10/2003 31/10/2003 4,29
Fundación Universita 01/11/2003 30/11/2003 4,29
Fundación Universita 01/12/2003 31/12/2003 4,29
Coordinación Nacional 01/01/2004 31/01/2004 4,29
Coordinación Nacional 01/02/2004 29/02/2004 4,29
Coordinación Nacional 01/03/2004 31/03/2004 4,29
Fundación Universita 01/04/2004 30/04/2004 4,29
Fundación Universita 01/05/2004 30/06/2004 5,43
Fundación Universita 01/08/2004 30/09/2004 4,43
Fundación Universita 01/04/2005 30/06/2005 9,57
Total 167,57
2.4. Análisis sustancial
43. El Tribunal Administrativo del Casanare, accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda, para lo cual declaró la nulidad de la Resolución 741 del 6 de julio
de 2017, mediante la cual le fue reconocida pensión de invalidez a Sol Adriana
Roldán Arias y, a título de restablecimiento del derecho, condenó al Fomag al
reconocimiento y pago de la pensión de invalidez a favor de la demandante con el
100% del último salario devengado en el 2017, en proporción al tiempo laborado.
Asimismo, lo condenó al pago de la diferencia resultante entre la nueva liquidación
de la prestación y la antes reconocida y declaró la prescripción de las mesadas
14
Radicado: 85001-23-33-000-2021-00209-01 (5792-2023)
Demandante: Sol Adriana Roldan Arias
causadas antes del 15 de julio de 2018 y negó las demás pretensiones.
44. La demandante presentó recurso de apelación con el fin de que se revocara la
decisión adoptada por el tribunal de primera instancia, al considerar que si bien el
tribunal acertó al aplicar el régimen previsto en los Decretos 3135 de 1968 y 1848
de 1969, erró al omitir en la liquidación de la prestación los factores que devengó
durante el último año de servicio, puesto que de conformidad con dichas
disposiciones21 deben incluirse todos los factores devengados durante el último año
de servicio o de la fecha de estructuración de la invalidez, sin que fuera relevante la
realización de aportes, de manera que debieron computarse las primas de servicios,
de navidad y de vacaciones que fueron relacionados en el certificado de salarios
proferido por la Secretaría de Educación de Yopal. Asimismo, en la sentencia de
unificación del 4 de agosto de 201022, se indicó la imposibilidad de extender a la
pensión de invalidez la delimitación de los factores salariales dispuesta para la
pensión de jubilación, puesto que esa prestación cuenta con normativa propia como
los decretos 1848 de 1969 y 1655.
45. Además, solicitó se tuviera en cuenta los antecedentes proferidos por la Sección
Segunda, Subsección B, dentro de los expedientes con radicado 11001-03-15-000-
2020-05040-01, 11001-03-15-000-2022-02399-01 y 11001-03-15-000-2021-03752,
en los que se concluyó que para la liquidación de las pensiones de invalidez
reconocidas a los docentes o funcionarios públicos a los que les resultara aplicable
el régimen establecido en el Decreto 1848 de 1969, debían computarse los factores
salariales dispuestos en los decretos 1045 de 1978 y 1158 de 1994.
46. De otro lado, el Fomag solicitó se revocara la decisión adoptada por el tribunal
de primera instancia, al considerar que el régimen aplicable para la liquidación de la
pensión de invalidez de la demandante era la Ley 100 de 1993, comoquiera que fue
afiliada a ese fondo desde el nombramiento en provisionalidad «15 de enero de 2007
desde el 05 de julio de 2007» de manera que al resultar vinculada después de la fecha
de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 el reconocimiento pensional debió
efectuarse, según lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 100 de 1993 y en el
Decreto 1158 de 1994.
47. En ese orden se precisa que, inicialmente se determinará el régimen que le
resultaba aplicable a la demandante y luego se estudiará si le asiste derecho a la
reliquidación de la pensión de invalidez con la inclusión de las primas de servicios,
navidad y vacaciones.
48. Así las cosas, del material probatorio obrante en el expediente se evidenció que
21 Artículos 63 del Decreto 1848 de 1969, 45 del Decreto 1045 de 1978.
22 Expediente 25000-23-25-000-2006-7509-01.
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Radicado: 85001-23-33-000-2021-00209-01 (5792-2023)
Demandante: Sol Adriana Roldan Arias
la demandante fue vinculada al servicio oficial docente el 19 de mayo de 2003, es
decir antes de la fecha de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 [27 de junio
de 2003], por lo tanto, se encontraba excluida del régimen pensional contenido en
la Ley 100 de 1993, por lo que su situación pensional se regía por las normas de las
que eran beneficiarios los empleados del orden nacional antes de la entrada en vigor
de esta última disposición. Por lo tanto, para el reconocimiento de la pensión de
invalidez se deben atender las disposiciones previstas en los decretos 3135 de 1968
y 1848 de 1969, como en efecto lo determinó el Tribunal Administrativo de
Casanare. En ese orden, no hay lugar a acceder a la pretensión de revocatoria de
la entidad de previsión demandada.
49. En cuanto a lo expuesto en el recurso de apelación de la demandante, tal como
se explicó en el marco normativo y jurisprudencial de esta providencia, esta Sala
encuentra que le asiste razón, en cuanto a que, para efectos de establecer el ingreso
base de liquidación debían tenerse en cuenta los factores que sirvieron de base
para calcular los aportes previstos en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, estos
son: asignación básica, gastos de representación y prima técnica, dominicales y
feriados, horas extras, auxilios de alimentación y transporte, prima de navidad,
bonificación por servicios, prima de servicios, viáticos percibidos en comisión23,
incrementos salariales por antigüedad, prima de vacaciones, trabajo suplementario
y primas y bonificaciones «que hubieran sido debidamente otorgadas con
anterioridad a la declaratoria de inexequibilidad del artículo 38 del Decreto 3130 de
1968».
50. Lo anterior, por cuanto, para efectos de determinar los factores que debían
incluirse para la liquidación de la prestación, el tribunal sustentó su decisión en los
factores establecidos en la Ley 62 de 1985; pero, no tuvo en consideración que
dicha disposición modificó el artículo 3 de la Ley 33 de 1985, la cual estableció los
requisitos y la forma en la que debía concederse la pensión de jubilación, sin
embargo, no reglamentó en ese sentido el reconocimiento de la pensión de
invalidez, razón por la que se debe acudir a las disposiciones contenidas en los
decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978
51.Ahora bien, de acuerdo con el formato único para la expedición de salarios
expedido por la Secretaría de Educación de Yopal, durante el último año de
servicios comprendido entre el 15 de julio de 2016 y el 5 de julio de 2017, la docente
devengó asignación básica, bonificación mensual y las primas de vacaciones y de
servicios, factores a los que tiene derecho sean incluidos en la liquidación de la
pensión de vejez, de conformidad con lo establecido en el artículo 45 del Decreto
1045 de 1978.
23 En los términos previstos en el artículo 45.j del Decreto 1045 de 1978.
16
Radicado: 85001-23-33-000-2021-00209-01 (5792-2023)
Demandante: Sol Adriana Roldan Arias
52. Adicional a lo expuesto, se precisa que la docente tiene derecho a la inclusión
del factor denominado bonificación mensual, por cuanto, esta fue creada a través
del Decreto 123 de 2016, para los servidores públicos docentes y directivos
docentes al servicio del Estado, y se reconoció «mensualmente a partir del primero
(01) de enero de 2016 y hasta el treinta y uno (31) diciembre de 2016», la cual, de
manera expresa se estableció que constituiría factor salarial para todos los efectos
legales. Esta bonificación fue creada en iguales condiciones para el periodo
comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2017, a través del Decreto
983 de ese año.
53. En consonancia con lo anterior, se modificará la sentencia de primera instancia,
en el sentido de que la pensión de invalidez debe ser liquidada con la inclusión de
la asignación básica, la bonificación mensual y las primas de vacaciones y de
servicios. Asimismo, se modificará la parte resolutiva en el sentido de precisar que
la bonificación mensual que percibió la docente no fue creada por el Decreto 987 de
201724 sino por los decretos 123 de 2016 y 983 de 2017.
54. Finalmente, adujo la demandante que tenía derecho a la inclusión de los factores
salariales previstos en el Decreto 1158 de 1994, sin embargo, pese a que esto no
modifique la decisión anunciada en el párrafo anterior, para la Sala es importante
advertir que no le asiste razón a la recurrente, comoquiera que como se explicó en
líneas anteriores, la docente se encuentra excluida del régimen de prima media
contenido en la Ley 100 de 1993 y el referido decreto reglamentó esta última norma,
razón por la que no puede ser aplicada, salvó que, por el principio de favorabilidad
se optara por aplicar en su totalidad dichas disposiciones.
55. En consecuencia, la Sala revocará parcialmente la sentencia proferida el 22 de
junio de 2023 por el Tribunal Administrativo de Casanare, de conformidad con lo
dispuesto en las consideraciones de esta providencia.
2.6. Costas
56. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
24 Por el cual se fijan las escalas de asignación básica de los empleos del Servicio Nacional de
Aprendizaje – SENA y se dictan otras disposiciones en materia salarial.
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Radicado: 85001-23-33-000-2021-00209-01 (5792-2023)
Demandante: Sol Adriana Roldan Arias
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
57. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
58. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma25.
59. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
60. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de la condena en costas a la parte
demandada, pues no se observa que hubiese realizado análisis de temeridad o mala
fe.
4. Conclusión
61. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que para efectos de establecer
el ingreso base de liquidación deben tenerse en cuenta los factores que hayan
servido de base para calcular los aportes previstos en el artículo 45 del Decreto
1045 de 1978, por lo que se modificará la sentencia de primera instancia, en el
sentido de que la pensión de invalidez debe ser liquidada con la inclusión de la
asignación básica, la bonificación mensual y las primas de vacaciones y de
servicios. Asimismo, se modificará la parte resolutiva en el sentido de precisar que
la bonificación mensual que percibió la docente no fue creada por el Decreto 987 de
2017 sino por los decretos 123 de 2016 y 983 de 2017.
62. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
25En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
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Radicado: 85001-23-33-000-2021-00209-01 (5792-2023)
Demandante: Sol Adriana Roldan Arias
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero. Modificar el ordinal segundo de la sentencia proferida el 22 de junio de
2023 por el Tribunal Administrativo de Casanare, el cual quedará así:
«Segundo: Como consecuencia de la anterior declaración, a título de restablecimiento
del derecho se CONDENA a la Nación – Ministerio de Educación- Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio a reconocer y pagar la pensión de invalidez de la
demandante con el 100% del último salario devengado para el año 2017 incluyendo la
asignación básica, las primas de vacaciones y de servicios y la bonificación mensual
prevista en los decretos 123 de 2016 y 983 de 2017, en proporción al tiempo laborado.»
Segundo. Confirmar en lo demás lo dispuesto en la sentencia proferida el 22 de
junio de 2023 por el Tribunal Administrativo de Casanare, que accedió parcialmente
a lo pretendido en la demanda.
Tercero. No condenar en costas en esta instancia.
Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma SAMAI del
Consejo de Estado.
Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Con aclaración de voto Cfr. Rad. Av. 05001-23-
33-000-2020-00472-01 (1251-2024)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
VMT
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
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