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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-02941-01

Fecha
26 de octubre de 2023
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-02941-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Confírmase la sentencia de 13 de julio de 2023, por medio del cual el Consejo de Estado, Sección Primera declaró improcedente la acción de tutela por 10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandantes: Mercedes Botello Hernández y otros Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2023-02941-01 no cumplir con el requisito de relevancia constitucional. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-02941-01

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

26 de octubre de 2023

Demandantes: Mercedes Botello Hernández y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02941-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., veintiséis (26) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02941-01
Demandantes: MERCEDES BOTELLO HERNÁNDEZ Y OTROS
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN
B
Tema: Tutela contra providencia judicial. Requisito de relevancia
constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra el
fallo de 13 de julio de 2023, por medio del cual el Consejo de Estado, Sección
Primera declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito
de relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

La señora Mercedes Botello Hernández y otros1, actuando por conducto de
apoderado judicial, instauraron acción de tutela contra la Sección Tercera,
Subsección B del Consejo de Estado, con el fin de que se proteja el derecho
fundamental al debido proceso, que se consideró vulnerado con la sentencia de
segunda instancia emitida por dicha corporación el 23 de noviembre de 2022,
dentro de la acción de grupo instaurada contra la Nación- Presidencia de la
República, Ministerio de Defensa Nacional- Policía Nacional, Departamento de
Norte de Santander y Municipio de Tubú, radicada bajo el número 54001-23-33-
000-2014-00438-02.

Con base en lo anterior, pidieron que se deje sin efectos el fallo cuestionado y
se ordene proferir una nueva sentencia en la que se tengan en cuenta las
normas propias de las acciones de grupo, la libertad probatoria, la valoración
razonable de las pruebas, la participación activa del juez y la oficiosidad en el
decreto de pruebas.

La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

2. Hechos

La Sala extrae los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión:

1 Soc. Recursos Agropecuarios S.A.S., Fabián Enrique Daza Ortega, Aura Stella Ortega Mejía,

Jairo Alonso Villamizar Florez, Ayde Silva Machado y Antonio Pérez Portilla.

1
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Demandantes: Mercedes Botello Hernández y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02941-01

El 9 de febrero de 2015, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander admitió
la acción de grupo impulsada por 508 palmicultores ubicados en la región del
Catatumbo, Norte de Santander, en contra de la Nación- Presidencia de la
República, Ministerio de Defensa Nacional- Policía Nacional, Departamento de
Norte de Santander y Municipio de Tubú, con el fin de obtener el reconocimiento
de perjuicios generados por el aislamiento y la incomunicación a la que fueron
sometidas las plantaciones de la región por cuenta del paro agrario adelantado en
la zona entre los días 11 de junio y 13 de agosto de 2013, que afectó a un número
estimado de 17.000 hectáreas.

El daño se hizo consistir en la presunta omisión de las entidades y autoridades
demandadas en el desarrollo del paro armado que generó bloqueos y aislamiento
de los cultivos en producción y, por ende, entorpeció las labores de
mantenimiento, cosecha, transporte y distribución de los frutos de la palma
aceitera cultivada en la región.

En primera instancia, el Tribuna Administrativo de Norte de Santander negó las
pretensiones de la demanda a través de sentencia de 25 de enero de 2018,
denegó las pretensiones de la demanda con sustento en que la obligación de
proteger a los habitantes de la región de El Catatumbo le corresponde a la Policía
Nacional; además, no existió certeza del daño ni de que sea imputable a dicha
autoridad.

Tras haber sido apelada dicha decisión, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B emitió fallo de segunda instancia el 22 de noviembre de 2022, en el
que confirmó la negativa de las pretensiones de la demanda, con fundamento en
que no se probó el daño, toda vez que las afectaciones, sobrecostos y pérdidas
alegadas no se sustentaron en documentos concretos que lo evidenciaran con
certeza tales como facturas o documentos contables o tributarios, los cuales
resultaban imprescindibles teniendo en cuenta que los perjuicios alegados eran
exclusivamente de orden material.

El Alto Tribunal precisó, además, que las cifras indicadas por los investigadores
en documento público se basaron en información entregada por los cultivadores,
pero no tuvieron soportes concretos, ni se probó que el grupo accionante se
tratara de cultivadores de palma que explotaran las extensiones de terreno
indicadas en la demanda.

3. Sustento de la petición

A juicio de la parte actora, la autoridad judicial accionada confundió el concepto
de prueba de la existencia del daño con el de perjuicios, toda vez que mezcló la
consecuencia notoria (daño) del hecho o acto dañoso que vulneró la situación de
orden público y los derechos de los palmicultores, con el de perjuicios que se trata
de la cuantificación del daño, al pedir documentos contables o tributarios cuando
precisamente lo que se reclama es que por cuenta del paro el grupo actor no
pudo trabajar, producir o vender, y lo que sí se calculó fue el impacto de las
pérdidas.

Manifestó que dicha confusión lesionó el debido proceso de los tutelantes pues el
daño y su cuantificación se encuentran demostrados con la prueba documental

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consistente en el estudio técnico elaborado por Fedepalma y soportado por
testimonios de técnicos y expertos en economía agrícola, quienes evidenciaron la
mengua en la producción, cosecha y comercialización en la zona.

Adujo que la providencia cuestionada pareciera premiar la inactividad de las
entidades accionadas respecto a su ejercicio del derecho de contradicción de las
pruebas, y no evaluó la negativa del recurso de apelación en el trámite probatorio,
ni la falta de respuesta de las accionadas ante la solicitud de informe bajo
juramento de inquietudes específicas tendientes a probar el daño.

Cuestionó la negativa de algunas pruebas solicitadas por la parte actora,
adoptada en auto de 5 de octubre de 2015 que fue objeto de apelación, así como
la declaratoria de improcedencia del recurso.

Precisó que el informe decretado como prueba y en el cual se constataron los
daños y perjuicios sufridos por todos los miembros del grupo actor no fue
controvertido, además que lo expuesto allí fue ratificado por los testimonios de
técnicos expertos, por lo que no se entiende por qué el Consejo de Estado afirmó
que no existió prueba del daño.

Señaló que las autoridades judiciales fueron quienes impidieron la obtención de
pruebas que brindaran mayor certeza del daño, dado que negaron el decreto de
medios probatorios solicitados en la demanda que permitían, eventualmente,
probar lo alegado allí.

Agregó que dichas omisiones constituyeron una inaplicación del artículo 32 de la
Ley 472 de 1998, relativa a las pruebas periciales, que obligan a valorar los
informes técnicos con los demás medios de prueba.

Por otro lado, reprochó que el juez natural no haya hecho uso de su facultad
oficiosa en el decreto de pruebas, en los términos del artículo 167 del CGP y el
artículo 213 del CPACA, en concordancia con el artículo 30 de la Ley 472 de 1998
que obliga al operador judicial que imparta las órdenes necesarias para suplir la
deficiencia probatoria en caso de que ello no pueda hacerse por razones de orden
económico o técnico, lo que llevó tanto al Tribunal como al Consejo de Estado a
incurrir en una grave negligencia probatoria.

Invocó la existencia de defectos fáctico, procedimental y sustantivo por exceso de
ritual manifiesto y por falta y errónea interpretación de las normas que regulan las
acciones de grupo, con sustento en que la negativa de unas pruebas por parte de
ambas autoridades judiciales tanto en primera como en segunda instancia,
condujeron a errores ostensibles, manifiestos e irrazonables que incidieron en la
sentencia cuestionada, pues esta no se acompasó con la jurisprudencia de la
Corte Constitucional sobre las acciones colectivas, en tanto se resolvió el caso
como si se tratara de una acción individual, al exigirse facturas y documentos
contables y tributarios como prueba personal del daño alegado, cuando el daño
fue colectivo.

Hizo consistir el defecto procedimental en que la Corporación accionada se
abstuvo de proferir condena en abstracto en los términos del artículo 193 de la
Ley 1437 de 2011, pese a encontrarse probado el hecho dañoso que fue el paro

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campesino armado desarrollado en El Catatumbo durante el año 2013, y a pesar
de existir todas las evidencias del daño como conceptos y testimonios técnicos
que no fueron controvertidos que resultaban suficientes para emitir una condena.

4. Actuación procesal en primera instancia

Mediante auto de 2 de junio de 2023, la Sección Primera del Consejo de Estado
admitió la acción de tutela y ordenó su notificación a los magistrados que integran
la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado. De igual forma, dispuso
la vinculación de la Nación- Presidencia de la República, Ministerio de Defensa
Nacional- Policía Nacional, Departamento de Norte de Santander, Municipio de
Tubú y Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, así como al coordinador
y apoderado legal del grupo demandante.

Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
intervenciones:

4.1. El abogado coordinador del grupo actor manifestó que coadyuva de forma
total la acción de tutela de la referencia.

4.2. La Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado, por conducto
del magistrado ponente de la decisión cuestionada, indicó que estará presto a
atender lo que se decida dentro de la presente solicitud de amparo.

4.3. La Gobernación de Norte de Santander, mediante apoderado judicial,
señaló que la vulneración se predica respecto de la autoridad judicial accionada y
por la sentencia que invoca la parte actora, decisión en la cual no participó el ente
territorial ni se desprende de lo anterior obligación alguna a su cargo.

4.4. La Nación- Presidencia de la República, a través de la delegada del
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, precisó que está
imposibilitada para emitir orden al respecto porque se controvierte una providencia
judicial, por lo que no es la llamada a adoptar medidas en torno a que se deje sin
efectos el fallo objeto de controversia.

5. Sentencia de primera instancia

La Sección Primera del Consejo de Estado, mediante fallo de 13 de julio de 2023,
declaró improcedente la acción de tutela por falta de relevancia constitucional.

Al respecto, consideró que la parte actora no cumplió con la carga argumentativa
mínima que permitiera advertir la vulneración al debido proceso, ni se observa que
el presente asunto trascienda de la mera inconformidad con la decisión adoptada
por el juez natural.

Precisó que si bien se invocaron los defectos sustantivo, procedimental y fáctico
no se hizo un desarrollo argumentativo que explique los motivos de su
configuración.

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6. Impugnación

Mediante escrito enviado por correo electrónico el 1º de agosto de 2023, la parte
actora impugnó el fallo de primera instancia2 e insistió en la vulneración de sus
derechos fundamentales.

Hizo énfasis en que en la acción de tutela se explicaron los argumentos de forma
suficiente que permitieran advertir la lesión de los derechos fundamentales, se
aportaron las pruebas sobre la negligencia de las entidades demandadas en la
acción de grupo, se relataron de forma ordenada los hechos y las falencias
encontradas en el fallo del Consejo de Estado, lo que resulta suficiente para
deducir que la vulneración de los bienes jurídicos invocados.

Reiteró lo dicho en el escrito de tutela relacionado con los defectos en los que
presuntamente incurrió la sentencia cuestionada, tales como la presunta
confusión entre la existencia del daño con los perjuicios, la exigencia errónea de
pruebas como facturas o documentos contables o tributarios cuando
precisamente lo que se discute es que los afectados no pudieron producir ni
vender, lo que llevó a la autoridad judicial demandada a motivar de forma errónea
su decisión.

Trajo a colación nuevamente los reparos relacionados con la conclusión de la
Corporación demandada al entender que no se probó el daño, pues éste se
corroboró con las afirmaciones recogidas por los investigadores en un documento
publicado en la revista Palmas y que se fundó en la información entregada por los
cultivadores y las empresas dedicadas al procesamiento, además del acta de
reunión realizada entre Cenipalma y Fedepalma en la que se precisaron las
pérdidas generadas por el paro, entre otras pruebas que se obviaron.

Recordó lo planteado en la acción de tutela en relación con la configuración de los
defectos procedimentales y sustantivo, en los mismos términos expuestos allí.

7. Actuación procesal en segunda instancia

Por auto de 11 de septiembre de 2023, se dispuso la vinculación de los
Magistrados del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en atención a que
no fueron notificados en primera instancia y a que les asiste interés en las resultas
del proceso al haber emitido el fallo de primera instancia dentro de la acción de
grupo objeto de controversia.

Una vez efectuada la respectiva notificación, estos guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la parte
actora contra la providencia impugnada, según lo previsto en los Decretos 2591 de
1991 y 1069 de 20153, así como en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.

2 Notificada el 27 de julio de 2023.
3 Modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021.

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2. Problema jurídico

Corresponde verificar si hay lugar a confirmar, revocar o modificar la decisión
proferida en primera instancia, para lo cual se debe analizar si la solicitud de
tutela cumple con los requisitos generales de procedibilidad y, de superarse lo
anterior, si la Sección Tercera, Subsección C de esta Corporación lesionó el
derecho fundamental al debido proceso de la parte actora, con la sentencia de
segunda instancia de 23 de noviembre de 2022, proferida dentro de la acción
de grupo instaurada contra la Nación- Presidencia de la República, Ministerio de
Defensa Nacional- Policía Nacional, Departamento de Norte de Santander y
Municipio de Tubú, radicada bajo el número 54001-23-33-000-2014-00438-02.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio de
la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales;
ii) el estudio sobre los requisitos adjetivos de procedibilidad; y finalmente, de
encontrarse superados se estudiará, iii) el fondo del reclamo.

3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
20124, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y en ella
concluyó:

«…si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la
componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004
(Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se
hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando
se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de
tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
Jurisprudencialmente.»5

Conforme al anterior precedente, es claro que la corporación ha modificado su
criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, conforme a
él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten contra
providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por la
jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.

Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los “…fijados hasta el
momento jurisprudencialmente…”. En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta
acción constitucional contra providencia judicial no puede ser ajena a esas

4 Sala Plena del Consejo de Estado, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela -
Importancia jurídica. M.P. María Elizabeth García González. Negrilla fuera de texto.
5 Ibídem.

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características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales
y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin distinguir cuáles dan
origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia sustantiva–
y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –procedencia
adjetiva–.6

En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios
y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la
protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto. Por
el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en la
materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa,
motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
“tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

4. Requisito de procedibilidad de relevancia constitucional

Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 26 de junio de 2022
explicó que, dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada,
cuando se interponga un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión
judicial «...el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada’.
Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta corte
el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la
decisión fue proferida por un órgano de cierre...».

El alto tribunal constitucional consideró que la acción de tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no una corrección del fallo cuestionado, por
lo que no se puede utilizar este instrumento como una instancia adicional para
discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de las normas que se
zanjaron por el juez natural.

A su vez, la citada Corporación precisó que las finalidades de este requisito son
las siguientes:

6 Entre otras, en las sentencias T-949 de 16 de octubre de 2003, T-774 de 13 de agosto de 2004 y

C-590 de 2005.

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(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la
protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la
preservación de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida
para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y
(iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia
adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza
eminentemente legal7 (Énfasis de la Sala).

Así mismo, luego de abordar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo
que reproche una decisión judicial para superar el requisito de la relevancia
constitucional, la Corte consideró que el mecanismo de tutela no cumplía con este
postulado, en estos eventos:

i) Cuando no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar
la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental,

ii) Cuando involucra un debate eminentemente legal,

iii) Cuando plantea una discusión preponderantemente económica
y,

iv) Cuando no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida porque no se demostraba la grave violación de los derechos
fundamentales invocados.

5. Caso concreto

Como viene de explicarse detalladamente en los antecedentes de esta
providencia, la parte actora cuestiona la sentencia a través de la cual la Sección
Tercera, Subsección C del Consejo de Estado confirmó la negativa de las
pretensiones invocadas dentro de la acción de grupo 54001-23-33-000-2014-
00438-02, cuyo objeto era obtener el reconocimiento de perjuicios generados por
el aislamiento y la incomunicación a la que fueron sometidas las plantaciones de
la región del Catatumbo, Norte de Santander, por cuenta del paro agrario
adelantado en la zona entre los días 11 de junio y 13 de agosto de 2013, que
afectó a un número estimado de 17.000 hectáreas.

En el fallo controvertido, la Corporación accionada dedujo que no se probó el
daño, toda vez que las afectaciones, sobrecostos y pérdidas alegadas no se
sustentaron en documentos concretos que lo evidenciaran con certeza tales como
facturas o documentos contables o tributarios, los cuales resultaban
imprescindibles teniendo en cuenta que los perjuicios alegados eran
exclusivamente de orden material.

Además, que las cifras indicadas por los investigadores en documento público se
basaron en información entregada por los cultivadores, pero no tuvieron soportes
concretos, ni se probó que el grupo accionante se tratara de cultivadores de
palma que explotaran las extensiones de terreno indicadas en la demanda.

7 Sentencia SU 573 de 2019.

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Frente a dicha decisión, los actores alegan, por vía de esta acción, la
configuración de los defectos fáctico, sustantivo y procedimental con fundamento
en lo siguiente:

• Se confundió el concepto de prueba de la existencia del daño con el de
perjuicios, toda vez que mezcló la consecuencia notoria (daño) del hecho o
acto dañoso que vulneró la situación de orden público y los derechos de los
palmicultores, con el de perjuicios que se trata de la cuantificación del
daño, al pedir documentos contables o tributarios cuando precisamente lo
que se reclama es que por cuenta del paro el grupo actor no pudo trabajar,
producir o vender, y lo que sí se calculó fue el impacto de las pérdidas.

• El informe decretado como prueba y en el cual se constataron los daños y
perjuicios sufridos por todos los miembros del grupo actor no fue
controvertido, además que lo expuesto allí fue ratificado por los testimonios
de técnicos expertos, por lo que no se entiende por qué el Consejo de
Estado afirmó que no existió prueba del daño.

• Las autoridades judiciales impidieron la obtención de pruebas que
brindaran mayor certeza del daño, dado que negaron el decreto de medios
probatorios solicitados en la demanda que permitían, eventualmente,
probar lo alegado allí.

• El juez natural no hizo uso de su facultad oficiosa en el decreto de pruebas,
en los términos del artículo 167 del CGP y el artículo 213 del CPACA, en
concordancia con el artículo 30 de la Ley 472 de 1998.

• Hubo exceso de ritual manifiesto y por falta y errónea interpretación de las
normas que regulan las acciones de grupo, con sustento en que la negativa
de unas pruebas por parte de ambas autoridades judiciales tanto en
primera como en segunda instancia, condujeron a errores ostensibles,
manifiestos e irrazonables que incidieron en la sentencia cuestionada, pues
esta no se acompasó con la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre
las acciones colectivas, en tanto se resolvió el caso como si se tratara de
una acción individual, al exigirse facturas y documentos contables y
tributarios como prueba personal del daño alegado, cuando el daño fue
colectivo.

• El defecto procedimental consistió en que la Corporación accionada se
abstuvo de proferir condena en abstracto en los términos del artículo 193
de la Ley 1437 de 2011, pese a encontrarse probado el hecho dañoso que
fue el paro campesino armado desarrollado en El Catatumbo durante el
año 2013, y a pesar de existir todas las evidencias del daño como
conceptos y testimonios técnicos que no fueron controvertidos que
resultaban suficientes para emitir una condena.

Pues bien, revisados los argumentos de la parte actora se advierte que si bien
son bastante extensos, precisos y detallados no plantearon una argumentación
que permita a esta Sala dar alcance al derecho fundamental al debido proceso,
invocado en la demanda, pues no superan la mera inconformidad con lo decidido
por el juez de instancia.

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En efecto, se plantea un yerro de índole fáctica por falta de análisis de unos
medios probatorios que, según los tutelantes, eventualmente daría pie a inferir la
existencia del daño y como consecuencia de ello los perjuicios reclamados en la
acción de grupo, pero el fundamento del defecto no resulta suficiente para
sobrepasar el debate legal y probatorio realizado por el juez natural de modo que
trascienda a la esfera constitucional, lo que se traduce en que si este se llegara a
analizar de fondo la conclusión a la que llegaría esta colegiatura no iría más allá
de reabrir el debate en torno a la interpretación y apreciación de las pruebas,
labor que es propia del juez natural y que le está vedada al juez de tutela.

De otro lado, se cuestiona el hecho de que la accionada no decretó unas pruebas
de oficio y denegó medios probatorios determinantes, discusión que además de
ser ajena a la sentencia cuestionada pues hizo parte de actuaciones procesales
previas a esta, no permite advertir la necesidad de estudiar el alcance del derecho
presuntamente vulnerado, pues no se explican las razones por las cuales la tesis
adoptada por el alto tribunal demandado no se acompasan con la garantía
constitucional en discusión.

Ello demuestra que la acción de tutela de la referencia no cumplió con el requisito
de procedibilidad de relevancia constitucional, tal y como lo entendió el a quo,
dado que no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental, el debate es
eminentemente legal y probatorio, además que no se cumplió con la carga
argumentativa que permita esbozar la violación del bien jurídico objeto de tutela.

Es oportuno señalar que en las sentencias SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022 la
Corte Constitucional puntualizó que para determinar si un asunto ventilado tiene
relevancia constitucional se debe analizar si la solicitud de amparo trasciende la
mera «inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales» y
que dicho enfoque impide que la tutela sea utilizada indebidamente para debatir
«asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la
controversia judicial».

De modo que en el asunto que nos ocupa era necesario que se expusieran
reparos que denotaran la transgresión desmedida a un derecho fundamental
producto de una actuación arbitraria de la autoridad judicial accionada,
especialmente porque los jueces que conocen de la litis establecen el alcance de
las pruebas aportadas al proceso en ejercicio del principio constitucional de la
autonomía e independencia judicial que imponen el respeto por la cosa juzgada.

En este orden de ideas, se confirmará la sentencia impugnada pues la acción de
tutela de la referencia carece de relevancia constitucional.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA

PRIMERO: Confírmase la sentencia de 13 de julio de 2023, por medio del cual el
Consejo de Estado, Sección Primera declaró improcedente la acción de tutela por

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Demandantes: Mercedes Botello Hernández y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02941-01

no cumplir con el requisito de relevancia constitucional.

SEGUNDO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx”

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