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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 54001-23-33-000-2014-00438-02

Fecha
23 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 54001-23-33-000-2014-00438-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: REVOCAR el numeral primero de la Sentencia del 25 de enero de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que declaró la falta de legitimación en la causa; modificar el numeral segundo, que había declarado probada la excepción de hecho de un tercero y, agregar la excepción de ausencia de daño; y confirmar los numerales tercero y cuarto. Así, con la nueva numeración, la parte resolutiva de la sentencia quedará como sigue: PRIMERO: DECLARAR PROBADA la excepción de mérito de ausencia de prueba del daño. SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. TERCERO: NO CONDENAR en costas. CUARTO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente. SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 54001-23-33-000-2014-00438-02

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

23 de noviembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 23 de noviembre de 2022.

Radicación: 54001-23-33-000-2014-00438-02 (AG)
Demandante: José Esteban Duarte Santos y otros
Demandado: Departamento de Norte de Santander y otros
Referencia: Acción de grupo

Temas: Responsabilidad del Estado por daños producidos por el ejercicio de la protesta
social. Ausencia de prueba de daños ciertos y personales y de nexo causal. Obligaciones de
mantenimiento del orden público, obligaciones de medio, no de resultado.

Síntesis del caso: un grupo de palmicultores solicitó la reparación de los perjuicios materiales
causados por los bloqueos de vías durante el paro campesino ocurrido en el Catatumbo en
2013.

Conoce la Sala el recurso de apelación interpuesto por el grupo demandante
en contra de la Sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, que declaró la falta de legitimación
en la causa y negó las pretensiones de la demanda.

La Sala es competente para proferir esta providencia en segunda instancia,
de acuerdo con el artículo 150 del CPACA. El Tribunal Administrativo de Norte
de Santander conoció el proceso en primera instancia por la cuantía
estimada en la demanda, según el numeral 15 del artículo 152 del mismo
Código.

Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada; 1.3.
Sentencia de primera instancia; 1.4. Recurso de apelación.

1.1 Posición de la parte demandante

1. El 18 de diciembre de 2014, mediante abogado, un grupo inicial de
quinientos ocho1 palmicultores de la zona de El Catatumbo presentó

1 La lista de los integrantes iniciales del grupo se encuentra entre los folios 1003-1015 del c. 4. Allí se indica

el correspondiente número de cédula, así como la extensión del terreno cultivado por cada uno de
ellos. La sumatoria de las hectáreas fue estimada en la demanda en 17.000 (folio 1016 c. 4). Con

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 54001-23-33-000-2014-00438-02 (AG)
Demandante: José Esteban Duarte Santos y otros
Demandado: Departamento de Norte de Santander y otros
Referencia: Acción de grupo
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demanda de acción de grupo2 en contra de la Nación – Presidencia de la
República – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, el
Departamento de Norte de Santander y el municipio de Tibú para que fueran
declarados responsables por los perjuicios ocasionados por la
incomunicación derivada del paro agrario que ocurrió en El Catatumbo entre
los días 11 de junio y 3 de agosto de 2013.

2. En la demanda se formularon las siguientes pretensiones (se trascribe):

“4.1 Que la Nación, Presidencia de la República, Ministerio de Defensa Nacional, Policía
Nacional, Gobernación del Norte de Santander y Alcaldía de Tibú, son solidariamente
responsable, por omisión, de los perjuicios sufridos por el grupo conformado por los
Palmicultores del Norte de Santander, cuyos cultivos en producción quedaron aislados o
bloqueados como consecuencia del paro agrario ocurrido entre el once (11) de junio de dos
mil trece (2013) y el tres (2) (sic) de agosto de dos mil trece (2013).

4.2. Que como consecuencia de la anterior declaración de responsabilidad, se ordene
indemnizar al grupo de palmicultores del Norte de Santander, en cuantía equivalente a un
millón doscientos diez mil pesos ($1.210.000), de agosto de dos mil trece (2013), por hectárea,
o la mayor suma que resulte acredita durante el proceso.

(…)”.

3. Como fundamento de las pretensiones, la parte demandante refirió, en
síntesis, los siguientes hechos:

(1) En el departamento de Norte de Santander se encuentra una subregión
llamada El Catatumbo donde, esencialmente en el municipio de Tibú, se
cultivan grandes extensiones de palma africana utilizada para producir
aceites. A esta actividad se vinculan centenares de palmicultores.

(2) A partir del 11 de junio de 2013 y hasta el 3 de agosto de 2013 se llevó a
cabo el denominado paro campesino, con auspicio de organizaciones
irregulares, al margen de la ley, como una forma de reclamo contra los
gobiernos nacional, departamental y municipal. Para ello, obstaculizaron vías
e impidieron la circulación de personas y de bienes en El Catatumbo.

(3)El bloqueo de las vías afectó a los palmicultores, porque no pudieron llevar
el producto a la báscula de Promotora Hacienda Las Flores, ni a los puntos de
venta y se prohibió la entrada de cultivadores, ayudantes y trabajadores de
la palma. Ello generó graves perjuicios a los palmicultores.

(4) Los perjuicios consisten en: (i) afectaciones a la producción, (ii) costos
extraordinarios para reestablecer las condiciones y características normales

posterioridad se solicitó la integración de nuevos miembros (folio 1085 C. 4), que fueron admitidos
mediante el Auto del 24 de abril de 2015, proferido por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander
(folios 1210-1215 c. 5). Igualmente, se solicitó la admisión de un miembro adicional (folio 1222 c. 5), de
otros tres (folio 1229 c. 5), de dos más (folio 1330 c. 5) y de treinta miembros adicionales (folio 1343 c. 5),
todos los cuales fueron admitidos mediante el Auto del 14 de septiembre de 2015 (folio 1410 c. 5).

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Radicación: 54001-23-33-000-2014-00438-02 (AG)
Demandante: José Esteban Duarte Santos y otros
Demandado: Departamento de Norte de Santander y otros
Referencia: Acción de grupo
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de los cultivos, (iii)sobrecostos para el manejo sanitario para recuperar las
plantaciones, (iv) impactos de mediano y largo plazo por la forzada falta de
manejo sanitario durante el paro campesino, (v) daños por el aumento en el
contenido de ácidos grasos libres (AGL) por el procesamiento de los racimos
que padecieron de sobre maduración y que pudieron ser llevados a las
plantas de beneficio primario, (vi) daño emergente y (vii) lucro cesante.

(5) El área afectada asciende a alrededor de 17.000 hectáreas sembradas
con palma aceitera, cuyos cultivos no pudieron ser objeto de mantenimiento,
cosecha, transporte y entrega de los frutos. Se incumplieron convenios con
las empresas dedicadas al procesamiento de la palma y a la producción de
los aceites.

(6) Varios de los palmicultores entraron en situación de insolvencia
económica, porque la iliquidez les impidió atender los compromisos con
entidades bancarias.

(7) Los cultivos de palma producen frutos todo el año y, por lo tanto, deben
ser cosechados semanalmente. Si no se cosecha oportunamente, los racimos
se descomponen y terminan pudriéndose.

(8) Los meses de julio y agosto son las épocas de mayor producción y
coincidieron con los bloqueos.

(9) Al terminar los bloqueos, la totalidad de los fundos estaba llena de maleza
y fue difícil manipular y recuperar los cultivos. Adicionalmente, las plantas
acumularon, en sus coronas, una cantidad anormal de producción, lo que
dañó las plantaciones y alrededor del 90% de los racimos se encontraban en
podredumbre. Se generaron problemas fitosanitarios, porque las plantas no
pudieron ser tratadas con insecticidas durante el bloqueo y se produjeron
enfermedades en los cultivos, como el anillo rojo, marchitez sorpresiva,
pudrición basal del estirpe, pudrición del cogollo de las plantas, entre otras.
Ante la dificultad para eliminar estas plagas, ellas se extendieron a palmas
vecinas y se generalizó el daño en casi todas las plantaciones. Hay un posible
impacto a largo plazo.

(10) Todo esto aumentó los costos de recolección de frutos y “prácticamente
se dobló el precio de la labor de cosecha por mayor cantidad de pepa suelta
a recolectar y por la necesidad de cortar racimos podridos”. También se
requirió retirar malezas con guadañadora.

(11) Luego del bloqueo, el porcentaje de palmas a tratar fitosanitariamente
se duplicó, al pasar de 0,1% a 0,2%.

(12) A partir del desbloqueo hubo exceso de fruta disponible y se superó la
logística de transporte y de procesamiento de las dos extractoras de la región

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Radicación: 54001-23-33-000-2014-00438-02 (AG)
Demandante: José Esteban Duarte Santos y otros
Demandado: Departamento de Norte de Santander y otros
Referencia: Acción de grupo
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(Promotora Hacienda Las Flores y Coopar). Por ello, hubo una diferencia entre
la producción proyectada (96.333 toneladas) y las compras efectivas del
fruto por parte de las dos extractoras, dando una pérdida de 49.417
toneladas de racimos de fruta fresca, que no fueron cosechados en la zona,
debido al bloqueo. La producción efectivamente vendida fue de 46.417
toneladas.

(13) El precio promedio del mercado, durante el período del bloqueo, fue de
$270.000 por tonelada. Ello permite calcular la pérdida de ingresos de los
palmicultores en $13.478.000.000.

(14) Debido al exceso de maduración del fruto, se requirió cortar racimos
podridos. También hubo desprendimiento de pepas que obligaron a su
recolección, con el fin de evitar reproducción espontánea, con riesgo
sanitario. El costo de cortar los racimos con excesiva maduración y de
recolectar las pepas se estima en $2.745.000.000.

(15) El costo de retirar las malezas con guadañadora (guachapeo mecánico)
se estima en $1.358.000.000.

(16) Las actividades de control de plagas y enfermedades, incluido el control
de insectos, mediante la fumigación con insecticidas, se extendió a 4.100
palmas y obligó a fumigar 4.740 hectáreas. Ello costó $1.630.000.000.

(17) Profesionales expertos en estos cultivos estiman que las pérdidas
económicas ascienden a $1.349.000.000.

(18) Debido al aumento de ácidos grasos libres las plantas de acopio no
pagaron las bonificaciones equivalentes al 30% de 47.624 toneladas en
estado de acidez, lo que generó una pérdida adicional de $156.000.000.

(19) Los palmicultores afectados solicitaron, a través de Fedepalma, la
cuantificación de la pérdida económica y ello se hizo en un documento
denominado “Evaluación del impacto económico de los bloqueos forzados
sobre los sectores productivos. El caso de los productores de palma de aceite
afectados por el bloqueo de las vías en la región de El Catatumbo” y allí se
estimó lo siguiente:

Valor del fruto no vendido 13.478 millones de pesos
Costo adicional por cosecha de racimos podridos y pepeo 2.745 millones de pesos
Costo de guachapeo 1.358 millones de pesos
Costo de sanidad a corto plazo 1.638 millones de pesos
Pérdidas y sobrecostos para los productores 20.568 millones de pesos

De acuerdo con dicho estudio, las hectáreas afectadas son, por lo menos,
17.000 y el consolidado de pérdidas por hectáreas equivale a $1.210.000.

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Radicación: 54001-23-33-000-2014-00438-02 (AG)
Demandante: José Esteban Duarte Santos y otros
Demandado: Departamento de Norte de Santander y otros
Referencia: Acción de grupo
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4. Como fundamento de las pretensiones, indicaron los deberes
constitucionales de protección respecto de las personas y sus bienes, así
como los derechos y libertades constitucionales que resultaron afectados, en
particular, la libre locomoción y el derecho al trabajo. También refirieron la
distribución constitucional de competencias para el mantenimiento del
orden público. Luego de ello, indicaron que como el mantenimiento del
orden público le corresponde al Presidente de la República, a través de los
gobiernos locales “no queda duda alguna de que el grave daño ocasionado
al grupo de ciudadanos que interpone esta acción, debe ser reparado, pues
los agentes del Estado, empezando por el señor Presidente de la República,
no cumplieron con su deber de controlar el orden público y asegurar el libre
ejercicio de sus derechos”.

1.2. Posición de la parte demandada

5. El Departamento de Norte de Santander3 se opuso a las pretensiones de la
demanda. Indicó que algunas afectaciones de los cultivos son consecuencia
del clima, el plan de fertilización, las condiciones fitosanitarias de cada planta
y del estado de las plantaciones. Aseguró que la producción en las
plantaciones del tamaño de 10 hectáreas, como las de los 488 demandantes,
se recolecta cada 15 días. Por el contrario, en las de más de 30 hectáreas se
recolecta de manera constante, si los cultivos tienen más de 5 años de
antigüedad y se encuentran en condiciones óptimas. Aseguró que dentro de
este segundo grupo se encuentran únicamente 20 de los demandantes.
Afirmó que no es cierto que existan dos plantas extractoras en la región, ya
que la denominada Hacienda Las Flores aún no se había terminado de
construir. Contradijo que el terreno corresponda a 17.000 hectáreas ya que,
de los 508 demandantes se suman 7.500 hectáreas aproximadamente.
Finalmente, aseguró que el mantenimiento del orden público le corresponde
al ejército y a la Policía y el gobernador no es más que agente del Presidente
en la materia. Sostuvo que el Departamento fue diligente para atender a los
manifestantes y prestó las instalaciones de la gobernación para las reuniones
con las autoridades nacionales. Para el departamento, las políticas públicas
en materia agraria que provocaron el paro son de la responsabilidad del
gobierno nacional, ya que se reclamaba la creación de una zona de reserva
campesina de El Catatumbo, el cumplimiento del CONPES Catatumbo, la
formulación de un plan de reactivación y consolidación de la región de El
Catatumbo, reclamaciones ligadas a la minería a gran escala y políticas
públicas agrícolas, que son del resorte del gobierno nacional. Aseguró que el
paro fue la consecuencia del incumplimiento sistemático de obligaciones en
materia social, económica, de vías, saneamiento básico y otras respecto de
El Catatumbo.

3 Folios 1150-1155 c. 4.

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Radicación: 54001-23-33-000-2014-00438-02 (AG)
Demandante: José Esteban Duarte Santos y otros
Demandado: Departamento de Norte de Santander y otros
Referencia: Acción de grupo
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6. El municipio de Tibú4 se opuso a las pretensiones de la demanda. Sostuvo
que no existe nexo causal entre las afectaciones indicadas y el municipio, ya
que no fue él quien causó los bloqueos, sino algunos campesinos, con apoyo
de grupos al margen de la ley. Igualmente, indicó que durante el paro hubo
algunos períodos en los que se pudieron transportar los productos de la
región. Agregó que no existe documento alguno que soporte las
afectaciones alegadas en la demanda. En cuanto al estudio en el que se
soporta la demanda, asegura que debería ser corroborado por un auxiliar de
la justicia. Aseguró que realizó reuniones y llegó a compromisos para levantar
el paro5.

7. La Nación – Policía Nacional6 se opuso a la prosperidad de las pretensiones.
Aseguró que la demanda no cumplió la carga probatoria que le
correspondía para demostrar la existencia del daño. Igualmente, considera
que no existe relación causal entre los hechos y la Policía Nacional, cuyas
obligaciones no pueden ser ilimitadas ni responder por las acciones violentas
de quienes pretenden desestabilizar el Estado. Insistió en el carácter de medio
de las obligaciones de la Policía y aseguró que la institución no tenía la
posibilidad real de impedir el daño. Concluyó, entonces, que los daños son
imputables al hecho de terceros. Anexó unos informes respecto de
procedimientos policiales realizados durante las manifestaciones
campesinas.

8. La Nación – Ministerio de Defensa7 se opuso a la demanda. Aseguró que ni
el ejército, ni la Policía incurrieron en omisión alguna y, por el contrario, la
Policía Nacional hizo presencia durante el paro. Indicó que las obligaciones
constitucionales que se exponen como incumplidas son genéricas y no
manifiestan incumplimientos concretos, teniendo en cuenta que se trata
obligaciones de medio y, en este caso, la Policía actuó, pero no estaba
dentro de sus capacidades reales el impedir el paro. Por ello, sostuvo que los
daños ocurrieron por hecho exclusivo de un tercero.

9. La Nación – Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República8 (DAPRE, en adelante) contestó igualmente la demanda. Sostuvo
que la demanda no se ajusta a la realidad y que la Presidencia de la
República no es responsable de los daños alegados. Igualmente, adujo que
las sumas incluidas en las pretensiones carecen de sustento, ya que el estudio
en el que se fundan no refiere el fundamento técnico de las conclusiones.
Tampoco se aportan los títulos que permitirían identificar a los accionantes
como víctimas. Indicó que no es técnico realizar una estimación global del
daño y dividirlo matemáticamente entre los accionantes. Sostuvo que la
fecha del paro no es la indicada en la demanda, ya que este comenzó el 19

4 Folios 1169-1179 c. 4.
5 Anexó actas de las reuniones, (folios 1181-1196 c. 4).
6 Folios 1246-1255 c. 5.
7 Folios 1274-1283 c. 5.
8 Folios 1291-1298 c. 5.

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Radicación: 54001-23-33-000-2014-00438-02 (AG)
Demandante: José Esteban Duarte Santos y otros
Demandado: Departamento de Norte de Santander y otros
Referencia: Acción de grupo
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de agosto, según la mesa de interlocución Agraria Nacional MIA, la que
anunció el paro y finalmente negoció el pliego de peticiones de los
campesinos. Afirmó que los hechos de la demanda no tienen sustento
probatorio, por ejemplo, no se demuestra cuáles fueron los incumplimientos
de obligaciones en los que incurrieron los demandantes, ni existen soportes
de las pérdidas alegadas.

10. Consideró que hay afirmaciones generales, que no son individualizadas
ni probadas. Afirmó que el estudio en el que se funda la demanda no es más
que un documento publicado en una revista, que no puede sustituir una
prueba técnica. Indicó que no existe norma alguna que indique que la
Presidencia deba responder por las decisiones de terceros, que escapan a su
competencia, aunque el Gobierno nacional llegó a unos acuerdos para que
se terminara el paro y, producto de ello, se expidió el Decreto 1937 de 2013 y
la Directiva presidencial n. 6 de septiembre de 2013. Arguyó que tampoco se
demostró la existencia de un daño cierto o cuantificado. Finalmente, alegó
que, al no ser responsable de los hechos de la demanda, la Presidencia de la
República y el DAPRE carecían de legitimación en la causa.

11. La Agencia de Defensa Jurídica del Estado intervino en el proceso9.
Consideró que las pretensiones debían negarse porque el daño alegado no
se encuentra probado. Al respecto, insistió en la ausencia de valor probatorio
del estudio publicado en la revista. Igualmente, sostuvo que el Estado no
incumplió alguna de sus obligaciones y que, por el contrario, garantizó el
derecho a la protesta. Agregó que tampoco era posible condenar por un
régimen objetivo, ya que el Estado no creó riesgo alguno, ni su actuación
rompió la igualdad frente a las cargas públicas.

1.3. Sentencia de primera instancia

12. El tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante Sentencia del
25 de enero de 201810, denegó las pretensiones de la demanda. Concluyó
que la obligación de proteger a los habitantes de la región de El Catatumbo
no le corresponde al departamento, al municipio, ni a la Presidencia de la
República, sino a la Policía Nacional. Por lo tanto, declaró probada la
excepción de falta de legitimación en la causa de las entidades
administrativas en mención. En cuanto al fondo, afirmó que no existía certeza
del daño, ni que este sea imputable a la Policía Nacional, aunque en la parte
resolutiva únicamente declaró probada la excepción de hecho de un
tercero e inexistencia del nexo causal.

1.4. Recurso de apelación

13. El apoderado del grupo demandante presentó recurso de apelación en

9 Folios 1643-1656 c. 6.
10 Folios 1741-1753 c. 7.

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Radicación: 54001-23-33-000-2014-00438-02 (AG)
Demandante: José Esteban Duarte Santos y otros
Demandado: Departamento de Norte de Santander y otros
Referencia: Acción de grupo
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el que arguyó que la declaratoria de la falta de legitimación en la causa
desconoce las funciones constitucionales de las entidades excluidas y, en
cuanto al fondo, se incurrió en una indebida valoración probatoria porque sí
se encuentra demostrado que el paro afectó a los palmicultores, por lo que
la primera instancia no podía desconocer el hecho dañoso. Aseguró que el
estudio aportado es un documento técnico que no fue controvertido y fue
ratificado por los testimonios recaudados. Sostuvo que sí existe prueba de la
afectación de la producción, los sobrecostos derivados del manejo sanitario
para la recuperación de los cultivos, los efectos a mediano y largo plazo, los
aumentos de ácidos grasos libres sobre los frutos, el daño emergente y el lucro
cesante de palmicultores de, alrededor, 17.000 hectáreas. Insistió en que el
daño ascendió a $1.210.000 por hectárea, en pesos de 2013. Aseguró,
finalmente, que no se acató una nulidad decretada por el Consejo de Estado
en el trámite de apelación.

14. Presentaron alegatos de conclusión la Agencia de Defensa Jurídica de la
Nación11, el apoderado del grupo demandante 12 y la apoderada del
DAPRE13. El Ministerio público no rindió concepto.

2. CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán. 2.2. No existe
nulidad procesal alguna. 2.3 Las entidades públicas demandadas sí tenían legitimación en
la causa. 2.4 No existe prueba de daños ciertos y personales. 2.5. Las entidades públicas no
incumplieron sus deberes constitucionales ni legales. 2.6. Costas.

2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán

15. Un grupo de más de quinientos productores de palma de aceite de la
región de El Catatumbo solicitó la reparación de los perjuicios de orden
material que les habría causado en su actividad comercial el paro
campesino ocurrido en la zona en 2013. La demanda consideró que los daños
son imputables a la Nación, a través de la Presidencia de la República, el
Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, así como al Departamento de
Norte de Santander y al Municipio de Tibú, por no haber evitado los bloqueos
de vías que les habrían impedido explotar los cultivos de palma. La sentencia
de primera instancia declaró que la única legitimada en la causa era la
Policía, pero negó las pretensiones porque concluyó que no se había
demostrado el daño que se alega como imputable a esta entidad. La
apelación insistió en que las entidades excluidas sí estaban legitimadas en la
causa y en que se habían reunido los elementos necesarios para declarar la
responsabilidad de las demandadas.

11 Folios 1804-1820 c. 7.
12 Folios 1821-1842 c. 7
13 Folios 1843-1860 c. 7.

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Referencia: Acción de grupo
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16. En el presente asunto el Magistrado Martín Bermúdez Muñoz se declaró
impedido, conforme al numeral 9 del artículo 141 del CGP14. Al encontrarlo
fundado, dicho impedimento fue aceptado mediante el Auto del 2 de marzo
de 202015. Habiendo sido presentada la demanda de manera oportuna16 y
sin que exista causa alguna de nulidad (2.2), esta Subsección decidirá de
fondo el recurso de apelación y confirmará parcialmente la sentencia de
primera instancia ya que, aunque las entidades públicas excluidas, sí tenían
legitimación en la causa (2.3), el daño, como primer elemento de la
responsabilidad, no reviste los caracteres de certeza y no se demostró su
carácter personal (2.4) y, en todo caso, de existir, este no habría sido causado
por las entidades públicas demandadas, porque no se demostró que
incumplieron el contenido obligacional que les incumbía (2.5).

2.2. No existe nulidad procesal alguna

17. En el recurso de apelación se alegó que la sentencia se dictó sin haber
cumplido la orden de sanear el proceso, dispuesta por el Consejo de Estado.
Al respecto, mediante Auto del 14 de junio de 2017 el Consejo de Estado 17
inadmitió la apelación que interpuso el DAPRE contra la decisión adoptada
por la primera instancia durante la audiencia de conciliación, de declarar
“no probadas las excepciones propuestas”18. El fundamento del auto del
Consejo de Estado consistió en que no se trataba de una decisión apelable
y, además, porque “la falta de legitimación en la causa, el hecho de un
tercero e inexistencia de nexo causal, en tanto excepciones que no tiene el
carácter de previas, ni están en listadas entre aquellas que trae el artículo 100
del Código General del Proceso, deben ser decididas al final del proceso y
no en audiencia inicial ni en la diligencia de conciliación consagrada en el
artículo 61 de la Ley 472 de 1998” y, en lo que respecta a la excepción de
incapacidad e indebida representación, concluyó que sí era una excepción
previa pero, en todo caso, no era una decisión apelable. En dicho auto se
ordenó devolver “el expediente al Tribunal de origen para que proced(iera)
a sanear el trámite impartido al asunto de la referencia”.

18. El cumplimiento de la orden de sanear el trámite implicaba, entonces,
que las excepciones propuestas por el DAPRE fueran decididas en la
sentencia, lo que, en efecto, ocurrió. Debe advertirse que a pesar de que en
la audiencia de conciliación el Tribunal decidió declarar no probadas las
excepciones propuestas, en realidad, leída integralmente el acta, lo que se
decidió fue: (1) que las excepciones de falta de legitimación en la causa por
pasiva, hecho de un tercero y ausencia de nexo causal serían resueltas en la

14 Folio 1862 c. 7.
15 Folios 1864-1865 c. 7.
16 La demanda alega que el paro fue levantado el 30 de agosto de 2013 y la demanda fue presentada

el 18 de diciembre de 2014, es decir, dentro de los dos años previstos para la caducidad de la acción
de grupo, cuando su causa sean hechos, omisiones u operaciones administrativas, de acuerdo con el
artículo 164 n. 2, lit. h del CPACA.
17 Folios 87-94 cuaderno adicional de copias para trámite de la apelación (5AG)
18 Folios 1427-1428 c. 5.

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Demandado: Departamento de Norte de Santander y otros
Referencia: Acción de grupo
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sentencia y (2) que la excepción denominada incapacidad e indebida
representación del demandado es un “aspecto que ya fue resuelto en
providencia del 24 de abril de 2015, por lo cual este Despacho se remite a lo
allí dicho”19. Así, en la providencia mencionada de abril de 2005, entre otras
cosas, el Tribunal había decidido reponer el auto admisorio de la demanda,
frente al recurso del DAPRE y vincularlo a este al proceso, en lugar de la
Presidencia de la República20.

19. Es decir que el cumplimiento de la orden de sanear el trámite no
implicaba nada diferente que lo que ya había dispuesto el Tribunal, esto es,
fallar las excepciones en la sentencia y así ocurrió y, en cuanto a la indebida
representación, había cosa decidida, por lo que el Tribunal no podía volver
sobre el asunto. En vista de ello, no existe irregularidad alguna y, por demás,
este hecho no encuadra en alguna de las causales expresas y taxativas de
nulidad previstas en el artículo 133 del CGP.

2.3. Las entidades públicas demandadas sí tenían legitimación en la causa

20. Durante toda la primera instancia el DAPRE sostuvo que carecía de
legitimación en la causa. Por su parte, la sentencia recurrida declaró la falta
de legitimación en la causa por pasiva del Departamento de Norte de
Santander, del municipio de Tibú y del DAPRE, porque a ellos “no les asiste la
obligación de brindar directamente el servicio de protección, seguridad,
vigilancia y cuidado a todos los Palmicultores residentes en la subregión del
Catatumbo”21, sino exclusivamente a la Policía.

21. Aunque algunas veces la jurisprudencia ha recurrido a la antitécnica
diferencia entre falta de legitimación formal o procesal (“legitmatio ad
processum”), entendida como un presupuesto procesal y falta de
legitimación sustancial o material en la causa (“legitimatio ad causam”), por
no ser responsables de la vulneración alegada, la denominada falta de
legitimación sustancial o material en la causa es una expresión que genera
confusión, al tratarse, en realidad, de una decisión de fondo que coincide
con negar las pretensiones respecto de tales sujetos procesales. Por ello, la
única legitimación en la causa es aquella que habilita para acudir al proceso,
intervenir en él y realizar los actos procesales correspondientes, debido al
interés en lo que se debate, independientemente de lo que se decida en la
sentencia respecto de las pretensiones. Así, en los procesos en los que se
debate la responsabilidad extracontractual, la legitimación pasiva en la
causa se identifica a partir de la imputación razonable, desde un punto de
vista jurídico o no manifiestamente injustificada, que del daño realice la parte
demandante. A partir de ello surge el interés de controvertir, cuestionar o

19 Folio 1428 anverso c. 5.
20 Folios 1210-
21 Folio 1475 c. 7.

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Demandante: José Esteban Duarte Santos y otros
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contradecir22 los hechos y argumentos de la demanda y de oponerse a las
pretensiones 23. En otras palabras, si, de acuerdo con la demanda, una
entidad pública podría ser condenada, tiene interés en la causa y tal interés
la legitima para actuar en el proceso.

22. Ahora bien, no debe confundirse la legitimación en la causa, con la
capacidad de actuar en el proceso ya que no todas las entidades
legitimadas tienen capacidad para actuar directamente o para representar
judicialmente a la persona jurídica cuya responsabilidad se demanda. Tal es
el caso de la Presidencia de la República, cuya representación judicial le
corresponde al DAPRE. En términos generales, la capacidad y representación
se reguló en el artículo 159 del CPACA.

23. En el caso bajo estudio, la demanda imputaba la responsabilidad al
Presidente de la República, al departamento y al municipio ya que, de
acuerdo con la Constitución, es a estos tres niveles, bajo el mando de la
suprema autoridad administrativa, que les corresponde el mantenimiento del
orden público, por lo que, a su juicio, los daños alegados habrían sido el
resultado del incumplimiento de tales mandatos constitucionales. Pese a ello,
la sentencia de primera instancia declaró la falta de legitimación en la causa,
con el argumento de que la seguridad concreta de los palmicultores era
responsabilidad exclusiva de la Policía. Se trata de un razonamiento
equivocado desde el punto de vista procesal ya que, como quedó
explicado, el hecho de que para el Tribunal dichas entidades no fueron
quienes habrían causado los daños alegados, no significaba que carecían
de legitimación, sino que, en su concepto, no eran responsables y, por lo
tanto, se denegarían las pretensiones respecto de ellas. Por lo tanto, se
revocará tal determinación, aunque se negarán las pretensiones, por las
siguientes razones:

2.4. No existe prueba de los caracteres personal y cierto del daño

24. La demanda alegaba que los palmicultores de, alrededor, 17.000
hectáreas, habrían sufrido daños materiales equivalentes a $1.210.000 por
hectárea, como consecuencia del paro campesino desarrollado en El
Catatumbo entre el 11 de junio y el 3 de agosto de 2013. Tal cifra equivaldría
a las afectaciones en la producción de palma, los costos para reestablecer
los cultivos afectados de diferentes maneras por la ausencia de
mantenimiento y recolección, el manejo sanitario necesario para la

22 “(…)la legitimación por pasiva se refiere a la persona que tiene interés jurídico de contradecir la

pretensión del demandante, porque conforme con la ley sustancial es frente a la cual se declarará la
situación jurídica material discutida en el juicio”: Consejo de Estado, Secc. 5, Sentencia del 24 de junio
de 2021, exp. 47001-2333-000-2021-00162-01 ACU.
23 “Se concluye que, en el caso concreto, la Nación-Departamento Administrativo de la Presidencia de

la República se encuentra legitimada de hecho para comparecer, por cuanto en la demanda se le
atribuye responsabilidad por los hechos que dieron origen a los daños que dijo haber sufrido y cuya
reparación reclama”: Consejo de Estado, Secc. 3, Sub. A, Auto del 2 de junio de 2020, exp. 05001-23-
33-000-2018-00667-01 (65360).

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recuperación de las plantaciones, los sobrecostos en la actividad de
recolección y el aumento de ácidos grasos libres en la producción, lo que
habría hecho perder las bonificaciones. Fruto del paro, los palmicultores
habrían incumplido obligaciones y entrado a situación de insolvencia.
Aseguraba la demanda que el daño se evidenció en la diferencia entre la
producción proyectada y las compras efectivas realizadas por las
extractoras.

25. Para calcular el daño, se multiplicó el precio promedio de la tonelada,
por la resultante menor de la producción proyectada. Igualmente, se
cuantificó el costo de cortar racimos con excesiva maduración y de la
recolección de pepas en el suelo. También se estimó el costo de la actividad
de cortar malezas con guadañadora. El control de plagas y enfermedades
se calculó sobre 4.750 hectáreas que requirieron ser tratadas. Finalmente, la
pérdida de las bonificaciones se calculó en el 30% de las toneladas que
fueron entregadas en estado de acidez. Las cifras resultantes de tales
cálculos fueron obtenidas de un estudio de cuantificación de daños
elaborado al amparo del gremio – Fedepalma, cuyos resultados fueron
publicados en formato de artículo en una revista. En la primera instancia se
escuchó el testimonio de dos de los autores del estudio, quienes explicaron
que el método empleado para su elaboración consistió en visitas al terreno,
con posterioridad al levantamiento del paro, reuniones con los gerentes de
las empresas de cultivo y recolección de datos de las empresas encargadas
de procesar el fruto de la palma.

26. Esta subsección constata, a partir del examen del expediente, que existe
prueba suficiente de la existencia del hecho dañoso, esto es, del paro
campesino que se desarrolló en El Catatumbo durante el año 2013. Aunque
el DAPRE indica que las fechas de inicio y fin del paro no son las indicadas en
la demanda, el departamento sostuvo que la protesta social no se extendió
en toda la región de El Catatumbo, sino exclusivamente en una zona cercana
a Tibú24 y también se discute si los bloqueos fueron totales o parciales,
permanentes o, por el contrario, sí se permitió la circulación durante algunos
momentos, lo cierto es que nadie discute que el paro campesino ocurrió y
que, en desarrollo del mismo, se afectó la movilidad en la región.

27. Por el contrario, no existe prueba del daño. En efecto, las afectaciones,
sobrecostos y pérdidas alegadas no se sustentan en documentos concretos
que hubieran podido evidenciar el daño con carácter de certeza, tales como
facturas o documentos contables o tributarios, los que resultaban
imprescindibles, mucho más teniendo en cuenta que los perjuicios alegados
son exclusivamente de orden material. Las cifras con las que se cuantifica el

24 El Secretario de gobierno del departamento rindió un informe en donde indicó que “Revisadas las

actas de los Consejos de seguridad adelantados en el Departamento con ocasión del Paro Agrario,
sólo se hace referencia al sector conocido como la Cuatro a la entrada de Tibú como una de las áreas
afectadas por la presencia de activistas de la protesta social. (…)”: folio 1528 c. 6.

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daño resultan de las afirmaciones recogidas por los investigadores que
elaboraron el documento publicado en la Revista Palmas25 y que se fundaron
la información entregada por los cultivadores y por las empresas dedicadas
al procesamiento26. Obra igualmente un acta de una reunión realizada entre
Cenipalma y Fedepalma, el 27 de agosto de 2013, que tuvo por objeto
precisar las pérdidas derivadas del paro 27. Sin embargo, los datos allí incluidos
carecen, igualmente, de soportes concretos. Aunque el Tribunal de primera
instancia decretó la práctica de pruebas, entre otras, solicitó a la
Gobernación que certificara las hectáreas cultivadas de palma que
resultaron afectadas por el paro campesino, tal documento sostiene que: “
(…) no se observa ninguna información referente a la posible afectación de
cultivos de palma y por ende, tampoco se relaciona el número de hectáreas
perjudicadas”28. Es decir que las pruebas practicadas durante el proceso no
contribuyeron a dar certeza al daño alegado por el grupo demandante.

28. Por otra parte, tampoco se aportó prueba alguna del carácter personal
del daño alegado ya que, aunque en la demanda se relacionaron los datos
de los miembros del grupo y se indicó la extensión de terreno cultivado que
detentaba cada uno de ellos, no se demostró que efectivamente se tratara
de cultivadores de palma y que, sin importar el título, explotaban esa
extensión de terreno que afirmaba la demanda. En otras palabras, no se
probó, por cualquier medio de prueba, incluidas que fueron los miembros del
grupo quienes habrían padecido el daño alegado.

29. En suma, la certeza del daño y su carácter personal exigía cumplir la
carga probatoria de demostrar que los miembros del grupo eran productores,
que detentaban los terrenos a cualquier título válido, no necesariamente la
propiedad, que los explotaban y, a través de documentos concretos y con
valor probatorio suficiente, las afectaciones a los cultivos y en la
comercialización de los productos.

30. Ante la ausencia de prueba de la ocurrencia de daños personales y
ciertos, debe confirmarse la negativa de las pretensiones, considerando que
la función misma de la responsabilidad patrimonial del Estado es resarcitoria,
lo que explica que la demostración de un daño cierto, personal y actual o no

25 M. Mosquera, F. Rincón y M. Valderrama, “Evaluación del impacto económico de los bloqueos
forzados sobre los sectores productivos: el caso de los productores de palma de aceite afectados por
el bloqueo de las vías en la región del Catatumbo”, en Revista Palmas, 34(3), pp. 29-35. La publicación
en tal revista fue certificada por Fedepalma (folio 1037 c. 4).
26 El estudio presenta un cuadro denominado “Consolidado de pérdidas totales” que señala que tuvo

como “Fuente: información suministrada por Asogpados 1-8; NAPA; Asopaltibú; Palmas Catatumbo S.A.;
Palmecol S.A.; Asopalcat, Promotora Hacienda Las Flores; Extractora Las Flores y Coopar”, ibidem, p.
34.
27 Folios 1471-1479 c. 5. Este método se corroboró, en especial, con el testimonio de Mauricio Mosquera

Montoya, funcionario líder de economía agrícola de Cenipalma Centro de Investigación en Palma de
Aceite, (DVD Folio 1468). Se trata de uno de los autores del estudio donde da cuenta de por qué se
hizo el estudio y del método utilizado para realizar los cálculos de las pérdidas. Aseguró que el estudio
se elaboró a partir de reuniones con los gerentes de las asociaciones de palmicultores, realizadas el 27
de agosto de 2013 y de información de las plantas extractoras palmicultores después del levantamiento
del paro, así como de la visita a los terrenos.
28 Folio 1528 c. 6.

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eventual o hipotético sea una exigencia primaria e imprescindible, sin la cual,
carece de objeto el juicio de responsabilidad.

31. Debe advertirse que la acción de grupo es un instrumento de raigambre
constitucional que busca, por razones de economía procesal, favorecer y
facilitar el acceso a la justicia. Con esta acción, se pretende que la
comunidad de personas pueda aunar esfuerzos para evidenciar los
elementos de una responsabilidad con causa común que, posiblemente y
por distintas razones, no se podría demostrar individualmente o su
justiciabilidad sería difícil29. Sin embargo, los beneficios procesales que
conlleva la acción de grupo no implican modificaciones o morigeraciones en
cuanto a las exigencias sustanciales para condenar la responsabilidad del
Estado, en especial, lo relativo al cumplimiento de la carga de probar la
existencia de un daño cierto, personal y actual.

32. Aunque la ausencia de prueba del daño sería razón suficiente para
confirmar la negativa de las pretensiones, esta subsección explicará por qué
razón el daño alegado, mas no demostrado, no habría sido causado por las
entidades públicas demandadas. Este análisis se realizará por razones de
suficiencia argumentativa y en consideración de la labor jurisprudencial del
Consejo de Estado, como tribunal supremo de lo Contencioso Administrativo.

2.5. Las entidades públicas no incumplieron sus deberes constitucionales y
legales

33. En la demanda se alega que las afectaciones que habrían padecido los
palmicultores habrían sido causadas por la omisión de las autoridades
encargadas del mantenimiento del orden público, bajo el mando del
Presidente de la República, por no haber evitado que los manifestantes
bloquearan las vías e impidieran, así, que los trabajadores acudieran a los
cultivos de palma, que se cosecharan los frutos y fueran llevados a los lugares
donde serían comercializados. La demanda no indicó que las autoridades
hubieren abandonado el cumplimiento de sus deberes, ni que se hubiera
solicitado su apoyo concreto para garantizar la circulación de los
trabajadores y de los productos y que este se hubiera negado. Por el
contrario, de la lectura de la demanda se evidencia que, para el grupo, las
obligaciones que recaían sobre las autoridades administrativas nacional,
departamental y municipal y sobre la Policía Nacional eran de resultado y,
por lo tanto, al no haber garantizado el ejercicio de los derechos y libertades
constitucionales que se encontraban en juego, deberían ser condenados a
reparar los perjuicios. La demanda expone la existencia de mandatos
constitucionales generales, como el fin estatal de proteger a las personas en

29 Corte Constitucional, Sentencia C-242/12.

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su vida, honra y bienes y pone de presente la función constitucional del
Presidente de la República para el mantenimiento del orden público, a través
del gobernador y el alcalde quienes, en este asunto, actúan como sus
agentes, pero no arguye ni demuestra que se hubieren incumplido
contenidos obligacionales constitucionales o legales de naturaleza concreta.
Contrario a ello, existen en el expediente pruebas de que todas las
autoridades demandadas realizaron actividades encaminadas a paliar los
efectos del paro campesino30 y, en últimas, a darlo por terminado 31.

34. La condena solicitada por el grupo demandante se construye sobre dos
ideas, que resultan reprochables: por una parte, la de entender que el
mantenimiento del orden público es una obligación de resultado, en la que
bastaría con constatar que se alteraron dichas condiciones necesarias para
la convivencia y que esto causó daños, para que sus responsables sean
condenados a reparar. Tal premisa desconoce el carácter relativo de la falla
del servicio, que se construye a partir de la consideración concreta de las
posibilidades reales para actuar y evitar el daño, teniendo en cuenta las
circunstancias del caso y de los medios de los que se disponía. Ello explica
que las obligaciones de protección de las autoridades públicas no puedan
ser consideradas como de resultado y únicamente se justifica la condena por
la falta de actuación o la actuación tardía o deficiente, cuando otro
comportamiento era esperable y racionalmente realizable. El carácter de
medio de las obligaciones estatales de seguridad ha sido incluso reconocido
por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 32.

30 Desde el 12 de junio de 2013 se realizó un consejo extraordinario de seguridad, con la participación

del alcalde, la personería, algunos concejales y la Policía, con el objeto de tomar medias respecto del
paro campesino. Allí la Policía propuso intervenir con el ESMAD para evitar los bloqueos. El municipio de
Tibú declaró el 26 de junio de 2013 la emergencia social, debido al represamiento de basuras,
desabastecimiento de alimentos y otras afectaciones derivadas del paro (folio1510 c. 6). Se realizaron
reuniones del Comité Municipal de Gestión de Riesgos de Desastres de Tibú, con participación, entre
otras entidades, de la Policía y la cruz roja y se consideraron las medidas que debían tomarse frente a
los bloqueos. Allí la Policía expusieron los enfrentamientos que habían ocurrido y los casos de los agentes
que habían resultado lesionados. Existen informes policiales de las actividades desarrolladas en la zona,
incluidas las negociaciones tendientes al levantamiento del paro (folio 1256 c. 5) que demuestran que
la Policía no dejó de cumplir su misión durante el paro campesino. Se demostró que hubo
enfrentamientos con el ESMAD y la fuerza disponible (operativo del 12 de junio de 2013), donde
resultaron lesionados algunos policías. En adelante hubo operativos de protección y de desbloqueo y
se iniciaron negociaciones. Por su parte, el Batallón de Ingenieros n. 30, CR. José Salazar Arana rindió
informe al Tribunal, con fecha del 30 de noviembre de 2015, en donde informó las operaciones tácticas
realizadas en la zona de El Catatumbo en los meses de junio, julio y agosto de 2013 (folios 1503-1506 c.
6).
31 Como hecho notorio, el 2 de agosto se acordó el levantamiento del paro, con la presencia del

vicepresidente de la República, del gobernador del Departamento de Norte de Santander y de los
alcaldes del departamento. Fruto del acuerdo de terminación del paro, se expidió el Decreto 1987 del
12 de septiembre de 2013 “Por el cual se organiza el Sistema de coordinación de actividades públicas,
privadas y de inclusión social para el cumplimiento del Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural”.
32 “Es claro, a su vez, que la obligación de prevenir es de medio o comportamiento y no se demuestra

su incumplimiento por el mero hecho de que un derecho haya sido violado”: CteIDH, Sentencia del 16
de noviembre de 2009, Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México, considerando 252.
“Es decir, aunque un acto u omisión de un particular tenga como consecuencia jurídica la violación de
determinados derechos humanos de otro particular, aquél no es automáticamente atribuible al Estado,
pues debe atenderse
a las circunstancias particulares del caso y a la concreción de dichas obligaciones de garantía”,
ibidem, considerando 280.

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35. Por otra parte, la demanda se construye sobre la idea de que frente al
paro campesino la única responsabilidad que incumbía a dichas autoridades
era evitar las alteraciones al orden público. Esto olvida que en el Estado
Constitucional la protesta social es una expresión legítima de las libertades de
expresión y de reunión, así como del derecho a participar en la conformación
y control del poder político, lo que pone de presente el carácter democrático
del Estado y que, al respecto, las autoridades tienen el deber de garantizar
su ejercicio. Es decir que tanto el Presidente de la República, como el
gobernador y el alcalde, así como la Policía Nacional, se enfrentaban a una
tensión entre intereses legítimos: el orden público, como presupuesto de la
convivencia y del ejercicio de los derechos y libertades y la protesta social,
que debía ser garantizada. Por lo tanto, ante tal tensión, no resultaba legítimo
garantizar el orden público en detrimento absoluto de la protesta social33, ni
permitir únicamente la protesta, sin tomar medidas en pro del orden público 34.
Es por ello que, aunque efectivamente existieron bloqueos de vías, como
forma de manifestación, las autoridades propendieron por limitarlos y, en
últimas, desarrollaron negociaciones que condujeron a un acuerdo que puso
fin al denominado paro campesino. Por lo tanto, en las circunstancias
evidenciadas en el expediente, no es posible sostener que la causa de los
daños alegados hubiera sido un incumplimiento del contenido obligacional
que recaía sobre las demandadas.

36. La parte demandante no demostró, entonces, que la conducta exigible
de las demandadas fuera diferente a la efectivamente desplegada, en
consideración de sus deberes constitucionales y legales, de las circunstancias
concretas del caso y de los medios con los que se contaba 35 y que tales
incumplimientos del contenido obligacional en particular hubieren sido la
causa de los daños alegados. Ante tal ausencia de prueba, no es posible
concluir que se hubiera incurrido en falla alguna que hubiera sido la causa

33 En un caso relativamente equivalente a este, la Nación fue condenada por esta corporación por el

uso excesivo de la fuerza en un operativo destinado al desbloqueo de la vía panamericana, en el
contexto de manifestaciones de indígenas y campesinos y en afectación, por desproporción, del
derecho a la protesta. Para condenar se concluyó que “el actuar de los policiales, pese a estar
precedido de un fin legítimo -como era evitar que los campesinos bloquearan la vía panamericana,
vía que, de conformidad con la prueba atrás transcrita, habían obstruido los manifestantes en otros
puntos del Departamento del Cauca- se realizó sin tener en cuenta las precauciones debidas para
evitar que se ocasionaran daños a los manifestantes, y se optó por desmovilizarlos de forma violenta,
haciendo uso indiscriminado de gases lacrimógenos y objetos contundentes, con lo cual se causó que
algunos de los campesinos se enfrentaran a la Fuerza Pública primero “a piedra y garrote” y, luego, con
armas de fuego de las que los policiales hicieron uso e hirieron a algunos manifestantes”: Consejo de
Estado, Secc. 3, Sentencia del 27 de noviembre de 2013, exp. 19001-23-31-000-2000-03092-01 (27459).
34 “El respeto, la protección y garantía del derecho de toda persona a reunirse y manifestarse pública

y pacíficamente, en muchas ocasiones puede traer aparejadas incomodidades a quienes no
participan de las movilizaciones o de las manifestaciones que se efectúan en ejercicio del mismo. Ni el
Constituyente de 1991, ni la Corte Constitucional, han ignorado las implicaciones de salvaguardar ese
derecho, fundamento del orden constitucional vigente. Pero identifican en él una demanda a la
sociedad, y a todas las instituciones que surgen en su seno, para que acepte un modelo de convivencia
basado en la tolerancia hacia la diversidad y el pluralismo, sin los cuales no podría existir ninguna
organización que se repute democrática”: Corte Constitucional, Sentencia C-742/12.
35 Por el contrario, en un caso relativo a daños causados durante manifestaciones, este tribunal

concluyó que debía condenarse al distrito de Barranquilla, ante el incumplimiento de las obligaciones
que recaían sobre él, porque “la falta de planeación y dirección por parte de la demandada, permitió
que se concretaran los actos vandálicos que afectaron a la comunidad”: Consejo de Estado, Secc. 3,
Sub. B, Sentencia del 13 de noviembre de 2014, exp. 08001-23-31-000-2000-00213-01 (34308).

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adecuada de los daños alegados, mas no probados. Por lo tanto, a más de
la ausencia de prueba del daño, se declarará la inexistencia de nexo causal.

2.6. Costas

37. De acuerdo con el artículo 68 de la Ley 472 de 1998, en los aspectos no
regulados por la Ley de acciones populares y de grupo, el asunto se regiría
por el Código de Procedimiento Civil. Tal es el caso de la condena en costas
en el trámite de las acciones de grupo. Sin embargo, dicha codificación fue
derogada y reemplazada por la Ley 1564 de 2012, Código General del
Proceso, por lo que es allí donde se encuentra la regulación relativa a la
condena en costas en estos procesos. Así, de acuerdo con el artículo 365.3
del CGP habrá lugar a la condena en costas cuando el superior confirme en
todas sus partes la sentencia de primera instancia. Teniendo en cuenta que
la decisión de primera instancia será parcialmente revocada, no hay lugar a
condenar en costas.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR el numeral primero de la Sentencia del 25 de enero de
2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que
declaró la falta de legitimación en la causa; modificar el numeral segundo,
que había declarado probada la excepción de hecho de un tercero y,
agregar la excepción de ausencia de daño; y confirmar los numerales tercero
y cuarto. Así, con la nueva numeración, la parte resolutiva de la sentencia
quedará como sigue:

PRIMERO: DECLARAR PROBADA la excepción de mérito de
ausencia de prueba del daño.
SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por lo
expuesto en la parte motiva de esta sentencia.
TERCERO: NO CONDENAR en costas.
CUARTO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el
expediente.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de
origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

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Firmado electrónicamente -Impedimento aceptado-
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
• Aclaración de voto-

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

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