Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 27001-23-31-000-2011-00101-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 27001-23-31-000-2011-00101-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 27001-23-31-000-2011-00101-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 27001-23-31-000-2011-00101-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
3 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 3 de junio de 2025
Radicación: 27001-23-31-000-2011-00101-01 (62026)
Demandantes: Israel Sintúa Arce y otros
Demandados: Nación – Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Reparación directa
Temas: reparación directa - responsabilidad extracontractual por accidente de tránsito -
mantenimiento y conservación de las vías - legitimación pasiva en la causa - cosa juzgada de
sentencias proferidas en acciones de grupo – supuestos de exclusión del grupo
Síntesis del caso: los demandantes solicitaron la declaratoria de la responsabilidad y la
consecuente indemnización de perjuicios por el fallecimiento o las lesiones de sus familiares,
lo cual se produjo como consecuencia de un accidente de tránsito.
Decide la Sala1 los recursos de apelación interpuestos por la parte actora, el
Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías en contra de la
Sentencia proferida el 12 de marzo de 2018 por el Tribunal Administrativo de
Chocó, en la que se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
Contenido: 1. Antecedentes – 2. Consideraciones – 3. Decisión
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante – 1.2. Posición de la parte demandada –
1.3. Sentencia de primera instancia – 1.4. Recursos de apelación – 1.5. Trámite relevante en
segunda instancia
1.1. Posición de la parte demandante2
1 El Consejo de Estado es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos en contra de las
sentencias dictadas por los tribunales administrativos en primera instancia, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 129 del Código Contencioso Administrativo (CCA).
2 En la demanda, la parte demandante se conformó por las siguientes personas: (1) Grupo familiar de Saul Sintúa
Arce (fallecido): Laureano Sintúa Murillo y Marina Arce Murillo, en nombre propio y en representación de sus hijos
María Celina, Miguel y Luis Carlos Sintúa Arce; e Israel y Ligia Sintúa Arce. (2) Grupo familiar de María Yulis Sintúa
Tequia (fallecida): Laureano Sintúa Murillo y Marina Arce Murillo. (3) Grupo familiar de Jhon Mario Tanugama
Guaurabe (fallecido): Ana María Velásquez Guaurabe, Rosa Emilia Bariaza Chachagama, Ramón Guaurabe, José
Biel Tanugama Bariaza y María Ligia Guaurabe Velásquez, últimas 2 personas en nombre propio y en
representación de sus hijos María Hilda, Aldemar y Dionicio Tanugama Guaurabe. (4) Grupo familiar de Néstor de
Jesús Carupia Guaurabe (fallecido): María Jesús González de Carupia; María Olga, Claudia Patricia y María Licenia
Carupia Guaurabe; y Héctor de Jesús Carupia González y Ana Celina Guaurabe Tamaniza, últimas 2 personas en
nombre propio y en representación de sus hijos Esther Noelia, Soraida, Jhon Alexander, Jhon Fredy y Luz Eliana
Carupia Guaurabe. (5) Grupo familiar de Fabio Chacoa Velásquez (fallecido): Carmen Rosa Velásquez, Blanca
Oliva Guaurabe Tamaniza, Martín Velásquez Guaurabe; Lucinda Velásquez Guaurabe y Arcadio Chacoa
Jaramillo, en nombre y representación de Hernán, Ana Gilma, Gloria Emilsen, Otilia, Aureliano y Dilson Chacoa
Velásquez. (6) Grupo familiar de Lucinda Niquirucama González (fallecida): Graceliano Chacoa Jaramillo, en
nombre propio y en representación de sus hijos Jhon, Luis Fernando, Reynel y Ariel Chacoa Niquirucama; “María
Cristina González Guaruabe y/o María Carlina González Guaurabe”, en nombre propio y en representación de su
hijo Luis Mariano Niquirucama González; y Bertilda, María Creseldina y María Evelina Niquirucama González. (7)
Grupo familiar de Juan Pablo Chacoa Niquirucama (fallecido): Graceliano Chacoa Jaramillo, en nombre propio
y en representación de sus hijos Jhon, Luis Fernando, Reynel y Ariel Chacoa Niquirucama; y “María Cristina González
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 27001-23-31-000-2011-00101-01 (62026)
Demandantes: Israel Sintúa Arce y otros
Demandados: Nación – Ministerio de Transporte y otros
Referencia: reparación directa
Decisión: revocar la sentencia apelada
________________________________________________________________________________
1. El 25 de marzo de 2011, Israel Sintúa Arce y otros presentaron una demanda3
de reparación directa en contra de la Nación - Ministerio de Transporte
(Ministerio), el Instituto Nacional de Vías (Invías), el departamento de Chocó
(departamento), la Unión Temporal Metrovías Corredores4 (Unión Temporal) y
Ponce de León y Asociados SA Ingenieros Consultores (Ponce de León y
Asociados). Respecto de cada grupo familiar se formularon, en términos
similares, las siguientes pretensiones (se trascribe):
1. “Declárese que la Nación- Ministerio de Transporte, Instituto Nacional de
Vías -Invías-, Departamento del Chocó, Ponce de León y Asociados SA e
Ingenieros Consultores (PL&A) quienes conforman la Unión Temporal
Metrovías Corredores SA, son administrativa[mente] responsables de la
totalidad de [los] perjuicios irrogados a los demandantes […], por hechos
ocurridos el día 3 de febrero de 2009, en el sector de Santa Ana del Municipio
de Carmen de Atrato del Departamento del Chocó, en la vía que conduce
de Medellín a Quibdó, cuando el bus de Transporte público de la empresa
Rápido Ochoa, en el que se desplazaban, se precipitó por el mal estado de
la vía a un abismo, como consecuencia de la omisión en el cumplimiento
de las funciones de los entes demandados, correspondientes a la
construcción, mantenimiento y conservación de la vía pública, función esta
eminentemente administrativa cuya omisión fue la causa principal de la
tragedia.”
2. “Condénese a la Nación- Ministerio de Transporte, Instituto Nacional de
Vías -Invías-, Departamento del Chocó, Ponce de León y Asociados SA e
Ingenieros Consultores (PL&A) quienes conforman la Unión Temporal
Metrovías Corredores SA a indemnizar a los demandantes los siguientes
perjuicios […]. […].”.
2. La parte demandante narró, en síntesis, los siguientes hechos relevantes:
Guaruabe y/o María Carlina González Guaurabe”. (8) Grupo familiar de Amado de Jesús Chacoa Niquirucama
(fallecido): Graceliano Chacoa Jaramillo, en nombre propio y en representación de sus hijos Jhon, Luis Fernando,
Reynel y Ariel Chacoa Niquirucama; y “María Cristina González Guaruabe y/o María Carlina González Guaurabe”.
(9) Grupo familiar de Wilmer Chacoa Niquirucama (fallecido): Graceliano Chacoa Jaramillo, en nombre propio y
en representación de sus hijos Jhon, Luis Fernando, Reynel y Ariel Chacoa Niquirucama; y “María Cristina González
Guaruabe y/o María Carlina González Guaurabe”. (10) Grupo familiar de Félix Antonio Guaurabe Velásquez
(fallecido): Rosalina Velásquez Guaurabe, en nombre propio y en representación de sus hijos Ana Juliana, Yuly
María, Luz Leidy, Juvenal de Jesús, Rubiela, Natalia Andrea, Jhon Deison y Yaneth Guaurabe Velásquez; Cecilia
Velásquez Cortes, María Dolores Velásquez, y Luis Carlos, Libardo, Bernarda y Edilma Guaurabe Velásquez. (11)
Grupo familiar de Melba Luz Guaurabe Tamaniza (fallecida): Libardo Chacoa Jaramillo; Miryam del Socorro,
Gustavo Emilio, Luis Adilio, Ana Celina y Hernando Ulises Guaurabe Tamaniza; Ramón Juan y Blanca Oliva
Guaurabe Tamaniza; y María Consuelo y Yenny Milena Tamaniza Guaurabe (estas últimas 2 personas a través de
curador ad litem). (12) Oliverio Cortés Jaramillo (lesionado) y su grupo familiar: Oliverio Cortés Jaramillo y María
Helena Guaurabe Tanugama, última persona en nombre propio y de sus hijos Yisela, María Yorlaidis, Julián Andrés,
Ulises Andrés y Angelmiro Cortés Guaurabe. (13) Grupo familiar de Luis Yanil Palomeque Sánchez (fallecido): Lucy
Victoria Murillo Ortiz, en nombre propio y en representación de sus hijos Víctor Yamil y Luisa Victoria Palomeque
Murillo; Hilda Caicedo Palacios, en nombre propio y en representación de su hija Yiaris Melissa Palomeque
Caicedo; Nancy Elena Jaramillo Isaza, en nombre propio y en representación de Juan Manuel Palomeque
Jaramillo; Emilda Sánchez Torres, Francisco Antonio Palomeque Lozano, Jorge Luis Martínez Sánchez; Franklin
Antonio, Luz Yaneth, Pedro Antonio y Esneda del Carmen Palomeque Sánchez. (14) Grupo familiar de Erika Yused
Díaz Cañadas (fallecida): Jhon Jairo Díaz Mosquera, en nombre propio y de sus hijos Wendy Lorena Díaz Padrón y
Víctor Andrés y Lina Marcela Díaz Moreno; y María Victoria, José Hermando y Manuel Guillermo Díaz Mosquera. En
el Auto de 3 de noviembre de 2011, el Tribunal decidió (se trascribe): “Rechazar la demanda […] respecto a:
Manuel Guillermo Díaz Mosquera, Jorge Luis Martínez Sánchez, Jhon Jairo Díaz Mosquera, Víctor Andrés Día[z]
Moreno, María Victoria Díaz Mosquera y José Hernando Díaz Mosquera” (fls. 870 y 871 del cuaderno 3 del Tribunal).
3 Folios 2 al 187 del cuaderno 1 del Tribunal.
4 Mediante el Auto de 6 de diciembre de 2016, el Tribunal consideró que “la Unión Temporal Metrovías Corredores
deb[ía] comparecer por cada uno de los que [la] integran […] los cuales son Cass Constructores & CIA SCA,
Constructora LHS SA Compañía de Estudios e Interventorías SA CEI SA hoy Dessau CEI SAS, Luis Héctor Solarte Solarte
y Carlos Alberto Solarte Solarte”; y, en consecuencia, ordenó su notificación personal (folios 1505 al 1508 del
cuaderno 5 del Tribunal).
2 de 11
Radicación: 27001-23-31-000-2011-00101-01 (62026)
Demandantes: Israel Sintúa Arce y otros
Demandados: Nación – Ministerio de Transporte y otros
Referencia: reparación directa
Decisión: revocar la sentencia apelada
________________________________________________________________________________
3. 1) El 3 de febrero de 2009, el bus con placa SYK860, de propiedad de Rápido
Ochoa SA, se desplazaba desde Medellín (Antioquia) hasta Quibdó (Chocó).
En el trayecto, cerca de la vereda Santa Ana, se presentó un derrumbe en la
vía que obstaculizó el paso. El conductor del bus intentó eludir el derrumbe, sin
embargo, “al ceder la banca ante el mal clima y el deficiente estado de la
vía”, el vehículo se precipitó por una cuesta hasta el río Atrato.
4. 2) Como consecuencia de lo anterior, unos pasajeros del bus fueron
“arrojados […] al abismo”, otros quedaron “atrapados al interior de las latas
retorcidas”, y otros “fueron arrastrados por las fuertes corrientes del río Atrato”.
5. En la demanda, se afirmó que: (a) la “vía Quibdó – Medellín” estaba en
“abandono total”, tenía “huecos cuya profundidad supera[ba] los 80 cmts”,
no cumplía “con [las] normas y especificaciones de una vía normal”, era
“inestable” y “no se enc[ontraban] tratadas las vías de acceso [ni] se ha[bían]
mitigado los efectos de la erosión”; (b) en virtud de “un contrato”, suscrito el
10 de septiembre de 2008 entre el Invias y la Unión Temporal, esta última se
obligó al “mantenimiento y mejoramiento del corredor vial”; y (c) era “notoria
la total irresponsabilidad de [Ponce de León y Asociados], a quienes [el] Invías
realizó un contrato […] para vigilar las actuaciones de la [Unión Temporal]”.
1.2. Posición de la parte demandada
6. El departamento de Chocó contestó la demanda5. Se opuso a sus
pretensiones, con fundamento en la excepción de “falta de legitimación en
la causa por pasiva”, ya que la vía donde ocurrió el accidente era del orden
nacional y en “el contrato en mención” no intervino el departamento.
7. El Invías contestó la demanda6. Se opuso a sus pretensiones, con base en las
excepciones de “fuerza mayor”, pues el derrumbe en la vía fue un hecho de
la naturaleza que se produjo por fuertes lluvias; y “hecho de un tercero”, en
específico del conductor del bus, quien permitió el sobrecupo de pasajeros,
“desantend[ió]” las condiciones climáticas del momento y condujo a alta
velocidad y pese a las señales de “cansancio – sueño, distracción”. Asimismo,
adujo que no desatendió sus funciones; por el contrario, en desarrollo de estas,
celebró los contratos 1438 de 2008, en virtud del cual la Unión Temporal se
obligó a realizar el mantenimiento de la vía donde ocurrió el accidente y a
garantizar su transitabilidad, y 1856 de 2008, en virtud del cual Ponce de León
y Asociados se obligó a realizar la interventoría del contrato 1438. Por último,
advirtió que, con ocasión del mismo accidente, se promovieron otros procesos
judiciales, entre ellos, la acción de grupo con rad. 2009-00241-00.
5 Folios 1211 al 1213 del cuaderno 4 del Tribunal.
6 Folios 1235 al 1251 del cuaderno 5 del Tribunal. El Invías llamó en garantía a Ponce de León y Asociados y a los
integrantes de la Unión Temporal. En el Auto de 6 de diciembre de 2016, el Tribunal negó los llamamientos en
garantía, “toda vez que los mismos fueron demandados por la parte actora” (f. 1509 del cuaderno 5 del Tribunal).
3 de 11
Radicación: 27001-23-31-000-2011-00101-01 (62026)
Demandantes: Israel Sintúa Arce y otros
Demandados: Nación – Ministerio de Transporte y otros
Referencia: reparación directa
Decisión: revocar la sentencia apelada
________________________________________________________________________________
8. El Ministerio de Transporte contestó la demanda7. Se opuso a las
pretensiones, con base en las excepciones de “falta de legitimidad en la
causa por pasiva”, “inexistencia del derecho pretendido”, “ausencia de
responsabilidad”, “inexistencia de nexo causal”, las cuales sustentó en que la
conservación, el mantenimiento y la señalización de las vías no le
correspondía al Ministerio, pues su “competencia y funciones nada t[enían]
que ver con los hechos [de] la demanda”; “responsabilidad de un tercero”,
en específico del conductor del bus, quien “estaba cansado, llevaba
sobrecupo, lo que evit[ó] que actuara con la diligencia y pericia requerida,
[…] más aún en condiciones climáticas difíciles”; y la “excepción general”.
Además, advirtió que, con ocasión del mismo accidente, se promovieron otros
procesos judiciales, entre ellos, la acción de grupo con rad. 2009-00241-00.
9. Los demás sujetos procesales guardaron silencio.
1.3. Sentencia de primera instancia
10. El 12 de marzo de 2018, el Tribunal Administrativo de Chocó profirió la
Sentencia recurrida8, en la que se decidió, entre otras, acceder parcialmente
a las pretensiones de la demanda. (1) Sobre la falta de legitimación alegada
por el Ministerio, consideró que la vía donde ocurrieron los hechos era “de
carácter nacional, no concesionada, y que correspond[ía] entonces su
construcción, vigilancia, señalización y sostenimiento al [Invías], razón por la
cual no se pod[ía] declarar probada la falta de legitimación [d]el Ministerio de
Transporte en razón a que [a este] le correspondía adelantar y formular la
política y directrices [d]el sector y velar por su ejecución por parte del Invías”.
11. (2) Para sustentar la declaratoria de responsabilidad, indicó: (a) el
Ministerio “no ejerció […] el control de tutela sobre [el] Invías”; (b) esta última
entidad “omitió el cumplimiento de sus funciones como ente encargado de
la construcción y [del] mantenimiento de la carretera”; (c) en el proceso se
acreditó “no solo el lamentable estado de la ‘vía […] sino que no había la
7 Folios 1514 al 1526 del cuaderno 5 del Tribunal.
8 Folios 1813 al 1860 del cuaderno del Consejo de Estado. Se trascribe la parte resolutiva: “PRIMERO: DECLARAR no
probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva alegada por el Ministerio de Transporte.
SEGUNDO: DECLARAR administrativamente y solidariamente responsable al [Invías] y al Ministerio de Transporte, de
los perjuicios ocasionados a los demandantes, por la muerte de …; del mismo modo, EXONÉRESE de los cargos
impetrados contra la empresa ‘Rápido Ochoa S.A.’. TERCERO: [C]ONDÉNESE al [Invías] y al Ministerio de transporte,
a pagar: [en este punto indicó los perjuicios reconocidos y su monto frente a cada demandante]. CUARTO:
NIÉGUENSE las demás pretensiones. QUINTO: CONDÉNASE en costas al [Invías] y al Ministerio de transporte, de
manera solidaria. […]. SEXTO: El [Invías] y el Ministerio de Transporte darán cumplimiento a lo dispuesto en este fallo,
en los términos indicados en los artículos 176 a 178 del [CCA]. SÉPTIMO: Se ORDENA [en este punto indicó medidas
de reparación no pecuniarias]. OCTAVO: ENVÍESE copia de esta sentencia […] para que repose en las acciones
de grupo radicadas bajo los números 20090024100 y 27001-31-03-001-2009-00225 […] más el que cursó […] dentro
de la acción de reparación directa […] radicado bajo el No. 27001-23-31-000-2011-00007-00 […], para que en
dichos procesos, el juez de conocimiento, al momento de dictar sentencia, excluya del fallo las indemnizaciones
que pudieran corresponder a [cada demandante del proceso con rad. 2011-00101-00/01]. NOVENO: EXONÉRESE
a las sociedades CASS CONSTRUCCIONES Y Cía. S.C.A., CONSTRUCTORA LHS S.A., la COMPAÑÍA DE ESTUDIOS E
INTERVENTORÍAS S.A. – CEI S.A. y de las personas naturales Luis Héctor y Carlos Alberto Solarte Solarte, integrantes
de la Unión Temporal Metrovías Corredores y la Sociedad Ponce de León Asociados. […]”. En el Auto de 7 de junio
de 2018, el Tribunal Administrativo de Chocó corrigió la Sentencia de 12 de marzo de 2018, específicamente el
numeral tercero de la parte resolutiva, para aumentar, de 50 a 100 SMLMV, el monto de la indemnización
reconocida a los hijos de Félix Guaurabe Velásquez por concepto de perjuicios morales.
4 de 11
Radicación: 27001-23-31-000-2011-00101-01 (62026)
Demandantes: Israel Sintúa Arce y otros
Demandados: Nación – Ministerio de Transporte y otros
Referencia: reparación directa
Decisión: revocar la sentencia apelada
________________________________________________________________________________
iluminación técnicamente atendible, ni una señalización reglamentaria, ni una
transitabilidad ‘normal’”; (d) las excepciones propuestas por el Invías no
prosperaban, pues esta entidad conocía “las condiciones adversas de la
carretera, y por ello le era previsible la ocurrencia de derrumbes y [la] pérdida
de la banca”; (e) “ni el exceso de pasajeros, ni escuchar música a alto
volumen fueron los motivos determinantes del desbarrancamiento vehicular”.
Así, concluyó: “el volcamiento del bus se dio al derrumbarse la banca por el
mal estado de la carretera, aunado a que el conductor no pudo advertir el
peligro existente por la ausencia de señalización, demarcación del carril e
iluminación; únicas causas eficientes, directas y determinantes del daño”.
12. (3) Por último, sostuvo que “el Invías efectuó llamamiento en garantía a los
integrantes de la Unión Temporal Metrovías Corredores […] a las sociedades
Cass Constructores y Cía. S.C.A., Constructora L.H.S. S.A., Compañía de
Estudios e Interventorías S.A. -CEI S.A. y de […] Luis Néstor y Carlos Alberto
Solarte Solarte, integrantes de la Unión Temporal […] y frente a la sociedad
Ponce de León Asociados S.A. Ingenieros consultores”. Al respecto, indicó: “la
Sala no cuenta con el material probatorio correspondiente que pueda
evidenciar que para la fecha del siniestro […] el contratista plural [debía]
intervenir el tramo donde ocurrió el accidente […] que a su vez, tuviera la
eficacia contractual como para eliminar el foco de perturbación circulatorio,
razón suficiente para que al llamado en garantía no le asista la obligación de
responder frente al Invías con el reembolso de suma alguna”.
1.4. Recursos de apelación
13. El Invías presentó un recurso de apelación9. Además de reiterar los
argumentos en los que sustentó la excepción de “hecho de un tercero”,
planteó los siguientes reparos: (1) el Invías fue declarado responsable “de una
manera automática”, pues “no se h[izo] una apreciación conjunta, completa
del acervo probatorio que obra en el expediente”. (2) Las pruebas del proceso
demostraban que (a) “la señalización del pequeño montículo, para el
conductor del bus, […] no revestía importancia, por el conocimiento que tenía
y la advertencia del mismo […] en el momento de su tránsito por el lugar”; (b)
“pese al [deslizamiento de tierra] presentado en la vía, lo amplio de ella,
permitía un normal tránsito”; (c) “las luces del automotor [eran] suficientes
para iluminar su paso por la carretera”; y (d) “no h[ubo] desprendimiento de
la calzada de la vía, la banca no cedió, el terreno est[aba] firme”. (3) “[E]xiste
clara prueba de la obligación que tenían los contratistas llamados en
garantía, de actuar en eventos como el que se reclam[ó]. (4) “[E]l interventor
[Ponce de León y Asociados] t[enía] la obligación de controlar, vigilar y
coordinar todos los aspectos nacidos del desarrollo de la obra […] el
incumplimiento a sus deberes también acarrearía responsabilidad”. (5) En la
9 Folios 1872 al 1896 del cuaderno del Consejo de Estado.
5 de 11
Radicación: 27001-23-31-000-2011-00101-01 (62026)
Demandantes: Israel Sintúa Arce y otros
Demandados: Nación – Ministerio de Transporte y otros
Referencia: reparación directa
Decisión: revocar la sentencia apelada
________________________________________________________________________________
Sentencia no se debió reconocer una indemnización a quienes (a) se les
rechazó la demanda en el Auto de 12 de septiembre de 2011 y (b) no
demostraron “su relación de consanguinidad” o su “condición de
compañero[s] permanente[s]”. (6) Para la indemnización reconocida al grupo
familiar de Oliverio Cortés Jaramillo, se tuvo en cuenta un “nivel de
afectación” que no fue probado en el proceso y se desconocieron criterios
jurisprudenciales para su tasación.
14. El Ministerio de Transporte presentó un recurso de apelación10. Insistió en
que carecía de legitimación pasiva en la causa y en que se configuró la cosa
juzgada respecto de la acción de grupo con rad. 2009-00241-00/01. Asimismo,
sostuvo que (a) la orden contenida en el literal c del numeral séptimo de la
parte resolutiva de la Sentencia, dirigida a que algunas entidades iniciaran un
“procedimiento contractual”, no fue incluida en las pretensiones de la
demanda, vulneraba el debido proceso y “desconoc[ía] los principios
presupuestales de la Nación, las normas contractuales, la libertad contractual
del Estado y el principio de planeación”; (b) “el control [que el Ministerio
ejercía] e[ra] de tutela, político estratégico, no jerárquico, el Invías [debía]
responde[r] individualmente por sus acciones y omisiones”; (c) el Ministerio no
omitió sus funciones, pues “no quedó demostrado que no existieran políticas o
regulación para atender el caso en estudio”; y (d) no “se analizó la posible
responsabilidad del conductor o de la empresa, aun cuando los testimonios
indicaban que […] el conductor iba distraído hablando, con la música
demasiado alta y expresó que estaba cansado y tenía sueño”.
15. La parte demandante presentó un recurso de apelación11. Alegó, por un
lado, que se debía aumentar, de 50 a 100 SMLMV, el monto de la
indemnización reconocida a los hijos12 de Félix Guaurabe Velásquez por
concepto de perjuicios morales; y, por otro lado, que el Tribunal erró al señalar,
en relación con Laureano Sintúa Murillo, que “para efectos indemnizatorios por
lucro cesante” se debía acreditar su edad, pues, según el recurrente, este “no
e[ra] un requisito indispensable si se toma[ba] en cuenta que el tiempo a
liquidar e[ra] el que l[e] faltaba a la víctima para cumplir los 25 años de edad”.
1.5. Trámite relevante en segunda instancia
16. A través del Auto de 10 de diciembre de 202413, el despacho sustanciador
decretó de oficio como prueba (a) las Sentencias de 21 de mayo de 2015 y
de 15 de marzo de 201614, proferidas en la acción de grupo con rad. 2009-
00241-00/01; (b) ofició al Juzgado 17 Administrativo de Medellín para que
10 Folios 1898 al 1919 del cuaderno del Consejo de Estado.
11 Folios 1987 al 1989 del cuaderno del Consejo de Estado.
12 Ana Juliana, Yuly María, Luz Leidy, Juvenal de Jesús, Rubiela, Natalia Andrea, Jhon Deison y Yaneth Guaurabe
Velásquez.
13 Índice 81 de Samai.
14 Folios 1922 al 1985 del cuaderno del Consejo de Estado.
6 de 11
Radicación: 27001-23-31-000-2011-00101-01 (62026)
Demandantes: Israel Sintúa Arce y otros
Demandados: Nación – Ministerio de Transporte y otros
Referencia: reparación directa
Decisión: revocar la sentencia apelada
________________________________________________________________________________
allegara algunas piezas procesales del expediente del referido proceso15; y (c)
requirió a la Defensoría del Pueblo – Fondo para la Defensa de los Derechos e
Intereses Colectivos para que allegara las resoluciones a través de las cuales
se conformó el grupo de personas que cumplieron con los requisitos para ser
beneficiarias de la indemnización ordenada en las mencionadas sentencias16.
2. CONSIDERACIONES
Contenido: 2.1. Decisión por adoptar – 2.2. Legitimación pasiva en la causa del departamento
de Chocó – 2.3. Cosa juzgada – 2.4. Condena en costas
2.1. Decisión por adoptar
17. La Sala revocará la Sentencia recurrida y, en su lugar, declarará probada
la excepción de falta de legitimación pasiva en la causa del departamento
de Chocó (2.2) y declarará probada, de oficio, la excepción de cosa juzgada
respecto de las pretensiones que vinculan a los demás sujetos procesales (2.3.).
2.2. Legitimación pasiva en la causa del departamento de Chocó
18. El departamento de Chocó, en la contestación a la demanda, formuló la
excepción de falta de legitimación pasiva en la causa, pero el Tribunal de
primera instancia no se pronunció al respecto.
19. Esta Subsección ha sostenido que, cuando se debate la responsabilidad
extracontractual, “la legitimación pasiva en la causa se identifica a partir de
la imputación razonable, desde un punto de vista jurídico o no
manifiestamente injustificada, que del daño realice la parte demandante. A
partir de ello surge el interés de controvertir, cuestionar o contradecir los
hechos y argumentos de la demanda y de oponerse a las pretensiones”17.
20. La Sala declarará la falta de legitimación del departamento de Chocó, ya
que, en la demanda, no se desarrollaron razones por las cuales se debía
endilgarle responsabilidad al departamento, y está demostrado que esta
entidad no tenía a su cargo el mantenimiento y la conservación de la vía
donde ocurrió el accidente18.
2.3. Cosa juzgada
15 Índice 92 de Samai.
16 Índice 93 de Samai.
17 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 23 de noviembre de 2022 (rad. 54001-23-33-
000-2014-00438-02)
18 Según el informe de tránsito, el accidente ocurrió en la vía “Quibdó – La Mansa”, con código 6002. De acuerdo
con el artículo 4 del Decreto 1735 de 2001, esa es una vía que hace parte de la Red Nacional de Carreteras
construida a cargo del Instituto Nacional de Vías. De allí que esta última entidad haya sido la que celebró los
contratos 1438 y 1856 de 2008.
7 de 11
Radicación: 27001-23-31-000-2011-00101-01 (62026)
Demandantes: Israel Sintúa Arce y otros
Demandados: Nación – Ministerio de Transporte y otros
Referencia: reparación directa
Decisión: revocar la sentencia apelada
________________________________________________________________________________
21. En relación con los efectos de cosa juzgada en acciones de grupo, el
artículo 66 de la Ley 472 de 1998 dispone: “La sentencia tendrá efectos de
cosa juzgada en relación con quienes fueron parte del proceso y de las
personas que, perteneciendo al grupo interesado no manifestaron oportuna y
expresamente su decisión de excluirse del grupo y de las resultas del proceso”.
Al respecto, esta Sección ha precisado, en casos con supuestos semejantes,
que los efectos de cosa juzgada se dan con independencia de “la
participación en el proceso o el reclamo posterior de la indemnización”19.
22. En ese sentido, de conformidad con el artículo 56 de la citada Ley y con
la jurisprudencia de esta Corporación, los resultados de las sentencias que se
profieren en este tipo de acciones colectivas vinculan a los miembros del
grupo, salvo a quienes: “i) hayan solicitado expresamente su exclusión en la
oportunidad pertinente –dentro de los cinco días siguientes al vencimiento del
traslado de la demanda-; ii) habiendo participado en el proceso, demuestren,
en el término establecido, que sus intereses no fueron representados en forma
adecuada por el representante del grupo o que hubo graves errores en la
notificación; o iii) como ha señalado la jurisprudencia, hubiesen ejercido
acciones individuales antes de la admisión de la acción de grupo”20.
23. Con ocasión del accidente de tránsito que ocurrió el 3 de febrero de 2009
en la vía que conduce de Medellín a Quibdó, se promovió la acción de grupo
con radicado 05001-33-31-017-2009-00241-00/01, en contra del Ministerio de
Transporte y del Invías, con el fin de que estas entidades fueran declaradas
responsables y condenadas a pagar una indemnización a todas las personas
que resultaron afectadas por dicho accidente. Este proceso fue tramitado por
el Juzgado 17 Administrativo de Medellín y el Tribunal Administrativo de
Antioquia, en primera y segunda instancia, respectivamente. En la demanda
de acción de grupo, admitida por el mencionado Juzgado en el Auto de 16
de octubre de 2009, se identificó al grupo de la siguiente forma (se trascribe):
“todas aquellas personas que individualmente consideradas resulten ser
víctimas directas o indirectas del mencionado accidente de tránsito, por lo cual
manifestamos que es este el criterio para identificarlos. Toda persona natural o
jurídica quien hubiera resultado lesionada o afectada en un interés económico
por el accidente de tránsito ocurrido el día 3 de febrero de 2009, en la vía que
conduce de Medellín a Quibdó, en donde resultó implicado el vehículo de
placas SYK 860 afiliado a Rápido Ochoa, o toda persona que tenga una
relación económica, sentimental o moral con las personas lesionadas, fallecidas
o desaparecidas en dicho accidente”.
19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión núm. 9, Sentencia de
9 de septiembre de 2020 (rad. 76001-33-31-001-2008-00134-01). En el mismo sentido, Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 15 de marzo de 2006 (rad. 76001-23-31-000-2001-04011-
01); Subsección B, Sentencia de 29 de septiembre de 2015 (rad. 25000-23-25-000-2000-09014-05); Subsección A,
Sentencias de 30 de agosto de 2022 (NI. 58728), 12 de diciembre de 2022 (NI. 59031) y 17 de febrero de 2023 (NI.
58726); y Subsección C, Sentencia de 24 de julio de 2024 (NI. 58718).
20 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencias de 11 de septiembre (NI. 58731) y 10 de octubre
(NI. 59968 y NI. 58730) de 2024. En el mismo sentido, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencias
de 30 de agosto de 2022 (NI. 58728), 12 de diciembre de 2022 (NI. 59031) y 17 de febrero de 2023 (NI. 58726).
8 de 11
Radicación: 27001-23-31-000-2011-00101-01 (62026)
Demandantes: Israel Sintúa Arce y otros
Demandados: Nación – Ministerio de Transporte y otros
Referencia: reparación directa
Decisión: revocar la sentencia apelada
________________________________________________________________________________
24. El 21 de mayo de 2015, el Juzgado 17 Administrativo de Medellín profirió la
Sentencia de primera instancia, en la que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda y, en consecuencia, declaró la responsabilidad
del Ministerio de Transporte y del Invías y condenó a estas entidades a pagar
determinados perjuicios a los integrantes del grupo21. El 15 de marzo de 2016,
el Tribunal Administrativo de Antioquia modificó la Sentencia de primera
instancia, únicamente para “excluir” al Ministerio de Transporte, por haber
prosperado la excepción de falta de legitimación pasiva en la causa22.
25. Como se pasa a ver, las mencionadas sentencias tienen efectos de cosa
juzgada respecto de quienes promovieron el proceso de reparación directa.
(1) Estas personas hacen parte del grupo identificado en la demanda que dio
lugar a la acción de grupo, en la medida en que resultaron afectadas como
consecuencia del accidente de tránsito ocurrido el 3 de febrero de 2009.
26. (2) No se está ante alguno de los tres supuestos en los que las sentencias
proferidas en la acción de grupo no tendrían efectos respecto de las personas
que conforman la parte demandante en el proceso de la referencia. En
efecto, (a) ningún demandante fue excluido producto de solicitudes
presentadas en el término previsto en el inciso primero del artículo 56 de la Ley
472 de 1998. Aunque, el 12 de enero de 2010, los demandantes que
conforman los grupos familiares de Saul Sintúa Arce, María Yulis Sintúa Tequia,
Jhon Mario Tanugama Guaurabe, Néstor de Jesús Carupia Guaurabe, Fabio
Chacoa Velásquez, Lucinda Niquirucama González (excepto María Evelina
Niquirucama González), Juan Pablo Chacoa Niquirucama, Amado de Jesús
Chacoa Niquirucama, Wilmer Chacoa Niquirucama, Félix Antonio Guaurabe
Velásquez, Melba Luz Guaurabe Tamaniza (excepto María Consuelo y Yenny
Milena Tamaniza Guaurabe) y Oliverio Cortés Jaramillo solicitaron ser excluidos
de la acción de grupo23, dicha solicitud fue negada por el Juzgado 17
Administrativo de Medellín, mediante el Auto de 3 de agosto de 201224-25.
27. Los demás demandantes no solicitaron su exclusión del grupo en el término
indicado anteriormente. Por el contrario, algunos de ellos, pertenecientes al
21 Se trascribe la parte resolutiva: “PRIMERO: DECLÁRESE responsable al [Invías] y al [Ministerio de Transporte] de los
daños ocasionados como consecuencia del fallecimiento, lesionamiento y desaparición de pasajeros del bus de
placas SYK 860, afiliado a la empresa Rápido Ochoa S.A., accidentado en el kilómetro 80 + 500 de la carretera
Quibdó – la Mansa, sector Santa Ana, jurisdicción del municipio de Carmen de Atrato, Chocó, [el] 3 de febrero de
2009. SEGUNDO: CONDÉNASE a la Nación – Ministerio de Transporte – [Invías], a pagar a título de indemnización
de perjuicios materiales, […] ($6.240.430.449,84) a los integrantes del grupo constituido como parte en el proceso
que da lugar a esta sentencia, y los que lo hagan después, en los términos señalados en la parte motiva. […]”.
22 Se trascribe la parte resolutiva: “PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia proferida por el Juzgado
Diecisiete Administrativo de Oralidad del Circuito de Medellín, el día veintiuno (21) de mayo de dos mil quince
(2015). SEGUNDO MODIFICAR los numerales 1 y 2, en el sentido de excluir a la Nación – Ministerio de Transporte, por
haber prosperado la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva. […]”.
23 Índice 92 de Samai, link contenido en el documento “93_MemorialWeb_Respuesta-190RepuestaExhortoAc(.pdf)
NroActua 92”, “parte digital”, “anexos respuesta OFI-00091-2025-SJG”, “solicitudes de exclusión”,
“001SolciitudExclusión”.
24 Índice 92 de Samai, link contenido en el documento “93_MemorialWeb_Respuesta-190RepuestaExhortoAc(.pdf)
NroActua 92”, “parte digital”, “anexos respuesta OFI-00091-2025-SJG”, “Auto resuelve exclusión”.
25 Así también lo informó el Juzgado 17 Administrativo de Medellín en la respuesta al requerimiento realizado por
parte del despacho sustanciador. Índice 92 de Samai, documento “93_MemorialWeb_Respuesta-
190RepuestaExhortoAc(.pdf) NroActua 92”.
9 de 11
Radicación: 27001-23-31-000-2011-00101-01 (62026)
Demandantes: Israel Sintúa Arce y otros
Demandados: Nación – Ministerio de Transporte y otros
Referencia: reparación directa
Decisión: revocar la sentencia apelada
________________________________________________________________________________
grupo de Luis Yanil Palomeque Sánchez26-27, presentaron solicitudes, con
posterioridad a la Sentencia de la acción de grupo de 15 de marzo de 2016,
para ser reconocidos como beneficiarios de la indemnización, las cuales
fueron resueltas -algunas desfavorablemente y otras favorablemente- por la
Defensoría del Pueblo, mediante la Resolución 1428 de 1 de noviembre de
201728. Asimismo, se debe señalar que, frente a los demás demandantes, no
se cuenta con información que permita determinar si solicitaron ser
reconocidos como beneficiarios o no; sin embargo, como ya se precisó, esto
no impide que respecto de ellos se produzcan los efectos de cosa juzgada.
28. (b) Los demandantes no alegaron ni demostraron que sus intereses
hubieran sido representados de forma inadecuada por el representante del
grupo o que se hubieran cometido errores graves en la notificación. (c) El
proceso de reparación directa se promovió luego de que el Juzgado 17
Administrativo de Medellín admitiera la demanda de acción de grupo.
(3) Finalmente, se debe señalar, en los términos del artículo 303 del CGP, que
existe identidad de causa, objeto y sujetos entre el proceso de la referencia y
la acción de grupo analizada, pues en ambos se pretendió que se declarara
la responsabilidad y se condenara al Ministerio de Transporte y al Invías por los
daños causados con ocasión del accidente de tránsito que ocurrió el 3 de
febrero de 2009. En dichos procesos también estuvieron vinculados los
miembros de la Unión Temporal con la cual se celebró el contrato 1438 de
2008. Por último y como respaldo de lo que se ha señalado con anterioridad,
debe enfatizarse en que la Sentencia de segunda instancia proferida en la
acción de grupo cobró fuerza ejecutoria el 4 de abril de 2016.
29. Por lo expuesto, la Sala concluye que las sentencias proferidas en la acción
de grupo con rad. 2009-00241-00/01 tienen efectos de cosa juzgada respecto
de quienes promovieron el proceso de reparación directa de la referencia.
2.2. Condena en costas
30. La Sala condenará en costas de esta instancia a la parte demandante, en
virtud de los artículos 171 del CCA -modificado por el artículo 55 de la Ley 446
de 1998- y 365 y 366 del CGP. Esto obedece a que la Sala advierte temeridad
en las actuaciones procesales de la parte actora, habida cuenta de que,
desde el 3 de agosto de 2012, fue negada la solicitud que la mayoría de los
26 Lucy Victoria Murillo Ortiz; Víctor Yamil y Luisa Victoria Palomeque Murillo; Yiaris Melissa Palomeque Caicedo,
Nancy Elena Jaramillo Isaza, Juan Manuel Palomeque Jaramillo y Franklin Antonio y Pedro Antonio Palomeque
Sánchez. Índice 93 de Samai, documento pdf “103_MemorialWeb_Respuesta-Resolucion1428(.pdf) NroActua 93”.
27 El 25 de mayo de 2016, Lucy Victoria Murillo Ortiz presentó una solicitud con el fin de que ella y algunos familiares
de Luis Yanil Palomeque Sánchez fueran excluidos del grupo (esto, a pesar de que esa persona también presentó
solicitudes para ser reconocida como beneficiaria). Dicha solicitud se presentó por fuera del término previsto en el
inciso primero del artículo 56 de la Ley 472 de 1998 y, en ella, no se alegó que el representante del grupo hubiera
gestionado de forma inadecuada los intereses de los solicitantes o que hubiera errores graves en la notificación.
28 Frente a la Resolución 1428 se presentaron recursos de reposición y de apelación, los cuales fueron resueltos a
través de las Resoluciones 1230 de 23 de octubre de 2018 y 317 de 28 de febrero de 2019, respectivamente.
10 de 11
Radicación: 27001-23-31-000-2011-00101-01 (62026)
Demandantes: Israel Sintúa Arce y otros
Demandados: Nación – Ministerio de Transporte y otros
Referencia: reparación directa
Decisión: revocar la sentencia apelada
________________________________________________________________________________
demandantes presentaron para ser excluidos del grupo, y de que algunos
demandantes solicitaron ser reconocidos como beneficiarios luego de la
Sentencia de segunda instancia de la acción de grupo, de 15 de marzo de
2016. Pese a lo anterior, la parte demandante no informó dichas actuaciones
en el proceso de la referencia ni desistió de sus pretensiones; por el contrario,
el 9 de abril de 2018, presentó un recurso de apelación en contra de la
Sentencia de primera instancia proferida en el proceso de reparación directa.
Las costas se reconocen a favor del Ministerio de Transporte y del Invías, y
deberán ser liquidadas de forma concentrada por el Tribunal.
3. DECISIÓN
31. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: REVOCAR la Sentencia proferida el 12 de marzo de 2018 por el
Tribunal Administrativo de Chocó. En su lugar, se resuelve DECLARAR probada
la excepción de falta de legitimación pasiva en la causa del departamento
de Chocó y DECLARAR probada, de oficio, la excepción de cosa juzgada
respecto de las pretensiones que vinculan a los demás sujetos procesales.
SEGUNDO: CONDENAR en costas de segunda instancia a la parte
demandante y a favor del Ministerio de Transporte y del Invías. Las costas serán
liquidadas de forma concentrada por el Tribunal de primera instancia.
Por Secretaría, una vez ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el
expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
11 de 11
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.