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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-05282-01

Fecha
22 de enero de 2026
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-05282-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Ministerio de Transporte, el Tribunal Administrativo del Chocó y el departamento del Chocó. SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia del 17 de octubre de 2025, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, que declaró la improcedencia de la presente acción. TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes e intervinientes. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-05282-01

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

22 de enero de 2026

Demandantes: Laureano Sintúa Murillo y otros
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05282-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D.C., veintidós (22) de enero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05282-01
Demandantes: LAUREANO SINTÚA MURILLO Y OTROS
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN B

Tema: Tutela contra providencia judicial - Confirma improcedencia por
no cumplir requisito de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación interpuesta por la parte accionante contra
la sentencia proferida el 17 de octubre de 2025, mediante la cual el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C declaró la improcedencia del mecanismo
constitucional.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

Mediante escrito presentado el 26 de agosto de 20251, los señores Laureano Sintúa
Murillo; Marina Arce Murillo; María Celina, Luis Carlos, Israel, Ligia y Miguel Sintúa
Arce; José Biel Tanugama Bariaza; María Ligia Guaurabe Velásquez; María Hilda,
Aldemar y Dionicio Tanugama Guaurabe; María Velásquez Guaurabe; Rosa Emilia
Bariaza Chachagama; Héctor de Jesús Carupia González; Ana Celina Guaurabe
Tamaniza, Esther Noelia, Soraida, Jhon Alexander, Jhon Fredy y Luz Eliana Carupia
Guaurabe; María Olga, Claudia Patricia y María Licenia Carupia Guaurabe; Arcadio
Chacoa Jaramillo; Lucinda Velásquez Guaurabe; Hernán, Gloria Emilse, Otilia,
Aureliano y Dilson Chacoa Velásquez; Martín Velásquez Guaurabe; Blanca Oliva
Guaurabe Tamaniza; Ana Gilma Chacoa Velásquez; Graceliano Chacoa Jaramillo;

1 Ver índice 002 de Samai.

1
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Demandantes: Laureano Sintúa Murillo y otros
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05282-01

Jhon, Reynel y Ariel Chacoa Niquirucama; María Cristina González Guaruabe; Luis
Mariano Niquirucama González; Bertilda, María Creseldina y María Evelina
Niquirucama González; Rosalina Velásquez Guarabe; Ana Julia, Yuli María, Luz
Leidy, Juvenal de Jesús, Rubiela, Natalia Andrea, Jhon Daison y Yaneth Guaurabe
Velásquez; Libardo, Bernarda y Edilma Velásquez Guaurabe; Libardo Chacoa
Jaramillo; Miryam del Socorro, Gustavo Emilio y Luis Adilio Guarabe Tamaniza; María
Consuelo y Yenny Milena Tamaniza Guaurabe; Oliverio Cortés Jaramillo; María
Helena Guaurabe Tanugama; Yisela, María Yorlaidis, Julián Andrés, Ulises Andrés y
Angelmiro Cortés Guaurabe; Lucy Victoria Murillo Ortiz; Víctor Yamil y Luisa Victoria
Palomeque Murillo; Yiaris Melissa Palomeque Caicedo; Emilda Sánchez Torres;
Franklin Antonio, Luz Yaneth, Pedro Antonio y Esneda del Carmen Palomeque
Sánchez; Francisco Antonio Palomeque Lozano; Jorge Luis Martínez Sánchez; Juan
Manuel Palomeque Jaramillo; Wendy Lorena Díaz Padrón; Víctor Andrés y Lina
Marcela Díaz Moreno y María Victoria, José Hermando y Manuel Guillermo Díaz
Mosquera, a través de apoderado judicial2, promovieron acción de tutela contra el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B3, en la que solicitaron la
protección de sus garantías constitucionales al debido proceso y «a la prevalencia del
derecho sustancial».

En criterio de los actores, la vulneración de los citados derechos fundamentales
encontró sustento en la emisión de la sentencia del 3 de junio de 2025 que revocó el
fallo del 12 de marzo de 2018, emitido por el Tribunal Administrativo del Chocó y, en
su lugar, declaró probadas las excepciones de falta de legitimación en la causa por
pasiva del departamento del Chocó y de cosa juzgada, al interior del proceso de
reparación directa identificado con el radicado 27001-23-31-000-2011-00101-00/01.

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en ese entendido, pidió:

[…]
SEGUNDO: Que se revoque la sentencia proferida por el CONSEJO DE ESTADO SALA
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B,
radicado con el número 27001233100020110010101 (62026), mediante providencia del
03 de junio de 2025, en la que se revocó la sentencia proferida el 12 de marzo de 2018
emitida por el Tribunal Administrativo del Chocó.
TERCERO: Que se ordene al CONSEJO DE ESTADO- SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO – SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B que emita una sentencia
en un plazo razonable de 30 días, acorde con la Jurisprudencia que rige la protección
de los derechos constitucionales de los demandantes en el proceso de reparación

2 Otorgado al abogado Javier Villegas Posada.
3 Sala integrada por los magistrados Fredy Ibarra Martínez y Alberto Montaña Plata.

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directa y que descansa en la interpretación que se ha elaborado por el Honorable
Consejo de Estado, e incluso por la misma Corte Constitucional. 4

1.3. Hechos

Los accionantes, en ejercicio del medio de control de reparación directa, instauraron
demanda contra la Nación-Ministerio de Transporte, el Instituto Nacional de Vías-
Invias, el departamento del Chocó, la Unión Temporal Metrovías Corredores
[integrada por Cass Constructores & CIA SCA, Constructora LHS SA Compañía de
Estudios e Interventorías SA CEI SA hoy Dessau CEI SAS, Luis Héctor Solarte Solarte
y Carlos Alberto Solarte Solarte] y la sociedad Ponce de León y Asociados SA
Ingenieros Consultores.

Lo anterior, con ocasión del fallecimiento de los señores Saul Sintúa Arce, María Yurlis
Sintúa Tequia, Jhon Mario Tanugama Guaurabe, Néstor de Jesús Carupia Guaurabe,
Fabio Chacoa Velásquez, Lucinda Niquirucama González, Juan Pablo Chacoa
Niquirucama, Amado de Jesús Chacoa Niquirucama, Wilmer Chacoa Niquirucama,
Felix Guaurabe Velásquez, Melba Luz Guaurabe Tamaneza, Luis Yanil Palomeque
Sánchez, Erica Yuseth Díaz Cañas y las lesiones del señor Oliverio Cortés Jaramillo,
producto de los hechos del día 3 de febrero de 2009 cuando el bus con placa SYK860
de propiedad de la sociedad Rápido Ochoa S.A., donde se desplazaban las aludidas
personas, se precipitó por una cuesta hasta el río Atrato, luego de que la bancada del
terreno cediera cuando el conductor del vehículo estaba intentando realizar una
maniobra para eludir un derrumbe que se presentó en la vía Medellín – Quibdó, cerca
de la vereda Santa Ana.

La demanda correspondió por reparto al Tribunal Administrativo del Chocó bajo el
radicado 27001-23-31-000-2011-00101-00 que en sentencia del 12 de marzo de 2018,
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y declaró responsables al
Invias y al Ministerio de Transporte, atribuyendo a esta última la omisión de ejercer el
control sobre el Invias, entidad que a su vez omitió cumplir sus funciones como ente
encargado de la construcción y del mantenimiento de la malla vial, de la que tuvo por
acreditada su deteriorada condición con poca iluminación ni señalización
reglamentaria.

Inconforme con lo decidido, la parte demandada elevó recurso de apelación que fue
resuelto por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, en sentencia del
3 de junio de 2025, que revocó la decisión adoptada en primera instancia y en su lugar
declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta
por el departamento de Chocó y la de cosa juzgada respecto de las pretensiones en
contra de los demás integrantes del extremo pasivo.

4 Transcripción original del texto con posibles errores.

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Como sustento, señaló que el ente territorial no se encontraba legitimado en la causa
toda vez que en la demanda no se desarrollaron las razones por las cuales se le
atribuía su responsabilidad, aunado a que se encontraba acreditado que dicha entidad
no tenía a su cargo el mantenimiento y la conservación de la vía en donde ocurrió el
accidente.

En cuanto a la excepción de cosa juzgada decretada de oficio y planteada por el
Ministerio de Transporte únicamente en su recurso de apelación, respecto de la acción
de grupo 2009-00241-00 aludió que el artículo 66 de la Ley 472 de 1998 dispone que
la sentencia tendrá efectos de cosa juzgada en relación con quienes fueron parte del
proceso y de las personas que pertenecen al grupo interesado, quienes no
manifestaron oportuna y expresamente su decisión de excluirse del grupo y de las
resultas del proceso.

En tal sentido, le atribuyó a la sentencia proferida en la mencionada acción de grupo
los efectos de cosa juzgada respecto de aquellos que promovieron el proceso de
reparación directa y que hicieron parte del grupo identificado en la demanda
constitucional.

Cabe indicar que con ocasión del accidente ocurrido el 3 de febrero de 2009, objeto
del medio de control en mención, se promovió la acción de grupo con radicado 05001-
33-31-017-2009-00241-00/01, en contra del Ministerio de Transporte y del Invías, con
el fin de que estas entidades fueran declaradas responsables y condenadas a pagar
una indemnización a todas las personas que resultaron afectadas por dicho accidente.
Trámite que fue adelantado en primera instancia por el Juzgado 17 Administrativo de
Medellín ante quien, los acá tutelantes solicitaron el ser excluidos de la acción que ya
contaba con sentencia de segunda instancia del 15 de marzo de 2016 del Tribunal
Administrativo de Antioquia. Petición que fue negada por el a quo mediante auto del
3 de agosto de 2012.

El proveído cuestionado en esta tutela fue notificado a las partes el 17 de junio de
20255.

1.4. Fundamentos de la vulneración

La parte actora, señaló que la autoridad judicial accionada incurrió en los siguientes
defectos en la providencia enjuiciada:

I. Defecto fáctico por indebida valoración probatoria: en sentir de los
actores, las pruebas allegadas al proceso daban cuenta de la responsabilidad
de las entidades demandadas en los hechos objeto de estudio, máxime el

5 Índice 0108 de Samai en el proceso 27001-23-31-000-2011-00101-01

4
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riesgo al que fueron sometidas las víctimas por la deficiente infraestructura
vial del departamento del Chocó, como se encontraba acreditado.

Insistieron en la responsabilidad atribuible a las demandadas en el medio de
control, Unión Temporal Metrovias Corredores S.A., departamento del Chocó,
Ministerio de Transporte e Instituto Nacional de Vías-INVÍAS, por la omisión
de finalizar la construcción de la carretera con los recursos girados y
propender por su mantenimiento y supervisión.

Asimismo, aludió a la inequívoca interpretación de la solicitud de exclusión de
los efectos de la acción de grupo que se tramitaba en el Juzgado 17
Administrativo del Circuito Judicial de Medellín y concluir erradamente de
manera oficiosa que se configuraba la excepción de cosa juzgada, dando
prevalencia «al derecho formal, respecto al sustancial, obviando que el marco
jurídico de la Ley Especial (Ley 472 de 1998) no impone la exigencia de
allegar poder para que sea aceptada la exclusión de los efectos de la
sentencia, de allí que, se insiste no podía exigírsele documentos adicionales
a las posibles afectados en la acción de grupo, y menos que, avalar la
actuación del Juzgado 17 Administrativo de Medellín, respecto a dicha
exigencia».

II. Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto: al restarle valor a la
solicitud de exclusión elevada ante el Juzgado 17 Administrativo de Medellín
dentro de la acción de grupo identificada con radicado 2009-00241,
contrariando los cimientos de la sentencia emitida por el Tribunal
Administrativo del Chocó como juez de primera instancia en el medio de
control.

Señaló que el artículo 212 del CPACA definió las oportunidades probatorias y
en tal sentido, el extremo demandado en el proceso ordinario no aportó una
sola prueba que acreditara su diligencia y cuidado en el cumplimiento de sus
funciones.

Igualmente, estimó que el accionado valoró con excesivo ritual manifiesto «la
solicitud de exclusión de la acción de grupo, dentro del radicado 2009-00241,
olvidando la normatividad especial que rige la materia (Ley 472 de 1998), y
que enfatiza en que basta la solicitud expresa y clara de no hacer parte de la
acción de grupo, o de los efectos que la sentencia conlleva, por tanto, mal
haría el despacho en darle una interpretación diferente o que vaya en
contravía de privilegiar o garantizar los derechos de los demandantes.»

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III. Violación directa a la Constitución: al proferir una decisión vulnerando los
derechos fundamentales de los demandantes, entre ellas, el debido proceso,
las garantías procesales y acceso a la administración de justicia.

Consideró que la autoridad enjuiciada centró el estudio de responsabilidad
que se esperada únicamente en la mencionada solicitud de exclusión de la
acción de grupo sin tener en cuenta la sentencia de primera instancia que, a
su juicio, resultaba más ajustada y garantista de los derechos invocados.

1.5. Trámite de la acción de tutela

Por auto del 29 de agosto de 20256, la magistrada ponente del Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C, admitió la solicitud de amparo contra el Consejo de
Estado, Sección Tercera Subsección B.

Igualmente, dispuso la vinculación del Tribunal Administrativo del Chocó, de la Nación-
Ministerio de Transporte, del Instituto Nacional de Vías-Invías, del departamento de
Chocó, de la Unión Temporal Metrovías Corredores, de Ponce de León y Asociados
SA Ingenieros Consultores y de quienes hubiesen participado en el proceso de
reparación directa identificado con el radicado 27001-23-31-000-2011-00101-00/01,
para que realizaran las manifestaciones que consideraran pertinentes.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:

1.6.1. Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito Judicial de Medellín7

La secretaria del juzgado remitió expediente digital del proceso 05001-33-33-017-
2009-00241-00.

1.6.2. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B8

Aportó documental que no corresponde al asunto en cuestión, sin realizar
manifestación sobre el caso concreto.

6 Ver índice 004 de Samai.
7 Ver índice 009 de Samai.
8 Ver índice 011 de Samai.

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1.6.3. Ministerio de Transporte9

Rechazó las pretensiones del presente mecanismo constitucional al considerar que
las mismas carecen de fundamento legal y fáctico en relación con la entidad, por lo
que solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva al ser el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, el que debe pronunciarse frente
a la tutela.

1.6.4. Tribunal Administrativo del Chocó10

La magistrada señala que a ese despacho no se le atribuye actuación u omisión
alguna constitutiva de la vulneración de los derechos fundamentales invocados por la
parte actora y por lo tanto solicita su desvinculación en este trámite.

1.6.5. Instituto Nacional de Vías-INVÍAS11

La entidad se opuso a las pretensiones de tutela y solicitó que se declarara la
improcedencia de la acción por cuanto no se supera el requisito de relevancia
constitucional. Igualmente señaló que no se evidenciaba violación de los derechos
fundamentales invocados al proferir la sentencia reprochada y por el contrario estimó
que la misma se encontraba debidamente argumentada y sustentada conforme a la
normativa correspondiente, las pruebas aportadas al proceso y con la participación de
las partes.

1.6.6. Juzgado Único Civil del Circuito de Quibdó12

Informó que través de auto del 10 de julio de 2009, notificado el 11 del mismo mes y
año, declaró su falta de jurisdicción para tramitar el proceso radicado bajo el número
27001-31-03-001-2009-00225-00 y ordenó remitirlo a la oficina de reparto de los
juzgados administrativo de Quibdó.

1.6.7. Departamento del Chocó13

Solicitó su desvinculación del amparo, bajo el entendido que fue exonerada de
responsabilidad en trámite del proceso ordinario. Por lo tanto, consideró que no le
correspondía pronunciarse de fondo respecto de las pretensiones de amparo.

9 Ver índice 015 de Samai.
10Ver índice 018 de Samai.
11Ver índice 019 de Samai.
12Ver índice 021 de Samai.
13Ver índice 024 de Samai.

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1.6.8. Unión Temporal Metrovías Corredores14

Deprecó la negativa a las pretensiones constitucionales al no encontrarse acreditada
la vía de hecho alegada por los actores. Igualmente, aludió haber sido exonerada de
responsabilidad en el medio de control objeto de tutela, por lo que no habría lugar a
que se declarara en sede de tutela responsabilidad alguna de los integrantes de la
unión temporal.

1.6.9. Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Quibdó15

Remitió el expediente digital de la acción de grupo número 27001-33-33-002-2019-
00214-00 y aclaró que, en principio, esta se le había asignado por reparto al Juzgado
Único Civil del Circuito de Quibdó bajo el número radicado 27001-31-03-001-2009-
00225-00.

1.6.10. Los demás vinculados al trámite guardaron silencio, pese a encontrarse
debidamente notificados.

1.7. Sentencia de primera instancia16

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, profirió fallo el 17 de octubre
de 2025 en el que declaró la improcedencia de la tutela, al no cumplir con el requisito
de relevancia constitucional.

Como fundamento, señaló que el debate planteado por los actores fue debidamente
examinado por el juez competente sin que se aprecie que su decisión hubiese sido
dictada de forma arbitraria, sin respaldo o análisis de los hechos y fundamentos
normativos, ni que se hubiere trasgredido los derechos fundamentales de la parte
actora durante el desarrollo del proceso ordinario.

Estimó que los accionantes se relevaron de exponer los reparos constitucionales en
función de los defectos, con lo que demuestra que la discrepancia se limita a un asunto
de mera legalidad, sin que exista el menor esfuerzo en demostrar la vulneración de
una garantía fundamental.

Igualmente, concluyó que lo pretendido por los actores en este asunto era imponer su
interpretación sobre las consideraciones expuestas por la autoridad enjuiciada
reiterando la discrepancia frente a la decisión adoptada y continuar con el debate
surtido en el trámite del proceso contencioso.

14Ver índice 028 de Samai.
15Ver índice 037 de Samai.
16 Ver índice 046 de Samai.

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1.8. Impugnación17

La parte accionante manifestó que el fallo de tutela se limitó en avalar la posición o el
criterio adoptado por la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado y no
se pronunció frente al estudio o análisis respecto de las exigencias para la exclusión
de un grupo, como se plantea en la tutela, sin que nada se dijera al respecto.

Refirió haber demostrado que otros tribunales sí estudiaron el asunto objeto de debate
«en los que se resolvió por guardar identidad de solicitudes de exclusión acceder a
ello, sin mayor exigencia que bastaba con la solicitud para que se procediera a excluir
al grupo peticionante».

Aludió que el a quo constitucional fue laxo frente a la sentencia acusada que califica
como vulneradora de los derechos fundamentales. Consideró que el requisito de
relevancia constitucional se denota desde la misma exposición de los fundamentos
fácticos de la tutela y en la evidente vulneración de la prerrogativa de acceso a la
administración de justicia, pues reitera que la sentencia enjuiciada pasó por alto la
solicitud de exclusión tantas veces citada y no valoró la jurisprudencia sobre el
contenido de la Ley 472 de 1998 que regula la acción de grupo y en tal sentido,
desarrolla su alcance normativo.

Señaló que en la sentencia impugnada no se analizó la condición particular que
afrontan en sus territorios ciertos accionantes, con lo que se evidenciaría que se trata
de una decisión arbitraria al no efectuar un pronunciamiento diferenciado entre los
grupos poblacionales que conforman el extremo activo.

Refutó que en este asunto la discusión no se limitó a un aspecto meramente legal o
de contenido estrictamente económico pues el caso concreto «impacta a tal grado en
un grupo de personas que son de aquellas de las más excluidas de la sociedad, que
sus niveles de acceso a las necesidades básicas satisfechas son altamente limitados,
sumado a la vulnerabilidad en la que se encuentran dichas comunidades a las que el
estado no llega», lo que traería consigo implícitamente la vulneración del derecho de
acceso a la administración de justicia.

Finalmente, discutió que, con la tutela no se pretende reabrir el debate probatorio
comoquiera que en el medio de control se demostró fehacientemente la
responsabilidad de las demandadas, pero en el «afán de desligar» a estas se
desacreditaron los válidos argumentos planteados en el mecanismo constitucional.

17 Ver índice 050 de Samai. Escrito radicado oportunamente el 20 de noviembre de 2025. Sentencia de

primera instancia notificada el 17 de noviembre del mismo año.

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II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la alzada formulada por la parte actora, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del
Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 7.° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069
de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021.

2.2. Cuestión previa

El Ministerio de Transporte, el Tribunal Administrativo del Chocó y el departamento
del Chocó aludieron en el escrito de contestación a su falta de legitimación en la
causa por pasiva.

Sin embargo, la Sala advierte que el llamado realizado a las citadas autoridades y
entidades se hizo en calidad de terceros por tener interés en el resultado que se
adopte en este mecanismo constitucional al haber fungido como parte en
el proceso dentro del cual se profirió la providencia cuestionada y por haber sido juez
de instancia en dicho asunto. Si bien, al respecto no se pronunció el a quo, sea esta
la oportunidad para efectuar tal precisión.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala definir si confirma, modifica o revoca lo resuelto el 17 de octubre
de 2025, mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C,
declaró la improcedencia de la acción. Para tal efecto, es necesario abordar el
siguiente interrogante:

• ¿Se configuró la vulneración de los derechos fundamentales de los tutelantes,
con ocasión de la providencia del 3 de junio de 2025, por medio de la cual el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, revocó la sentencia del 12
de marzo de 2018, emitido por el Tribunal Administrativo del Chocó y, en su
lugar, declaró probadas las excepciones de falta de legitimación en la causa
por pasiva del departamento de Chocó y de cosa juzgada respecto de los
demás sujetos procesales, al interior del proceso de reparación directa
identificado con el radicado número 27001-23-31-000-2011-00101-00/01?

Para resolver el problema jurídico planteado, se analizarán los siguientes temas: i) la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; ii) el criterio
de relevancia constitucional y iii) el caso en concreto.

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2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 18
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela
contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala
Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema19 y declaró su procedencia.20

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se
dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice
el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de
los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad
o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la
que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido
de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las
anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Relevancia constitucional

La Corte Constitucional profirió la sentencia SU-215 de 2022, en la que se explicó que,
dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, se debe tener en
cuenta lo siguiente:

[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que, cuando
se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia debe ser más
restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no

18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María

Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
19 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
20 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».

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solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino que también son
fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor
jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio de igualdad.

Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como una
instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de
las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como un eje fundamental
para:

[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así se
previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia y se
garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la Constitución.

Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:

[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad
de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia
adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal21 (Énfasis de la Sala).

De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto reviste
relevancia constitucional son los siguientes:

En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente
a un asunto meramente legal y/o económico22; es decir, la cuestión “debe revestir una
“clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional23.

[…]

En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.

[…]

Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos de
relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no
a problemas de carácter legal24”. En este orden, se reitera que el examen de relevancia

21 Sentencia SU-573 de 2019.
22 Sentencia SU-103 de 2022.
23 Sentencia SU-103 de 2022.
24 Sentencia SU-103 de 2022.

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constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda la mera “inconformidad con
las decisiones adoptadas por los jueces naturales25”.

En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho fundamental.

[…]

Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
decisiones de las altas cortes debe ser estricto26, lo que implica verificar que en efecto
se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los
derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe
representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para
definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal27. (Resaltado de la
Sala)

2.6. Caso concreto

De la revisión del expediente correspondiente al proceso ordinario, los cargos
planteados por la parte accionante, el fallo de primera instancia y la impugnación, la
Sala estima que el asunto no goza de relevancia constitucional y, por ende, se debe
confirmar la decisión del 17 de octubre de 2025 que declaró su improcedencia.

La parte actora pretende que por medio de este mecanismo constitucional se deje sin
efectos la sentencia proferida por la autoridad judicial accionada, que resultó
desfavorable a sus pretensiones al declarar probadas las excepciones de falta de
legitimación en la causa por pasiva y de cosa juzgada en el medio de control de
reparación directa formulado en razón al accidente ocurrido el 3 de febrero de 2009
cuando familiares de los actores resultaron fallecidos o lesionados luego del
volcamiento del vehículo en el que transitaban.

Endilgan los actores a tal providencia una falta de valoración del material probatorio
que daba cuenta de la responsabilidad de las entidades enjuiciadas frente a los
hechos aludidos, así como una errada interpretación de la solicitud de exclusión que
había sido formulada por ellos en la acción de grupo que se tramitó ante el Juzgado
17 Administrativo de Medellín, considerando que, de haberse estudiado conforme a
derecho, no hubiese conllevado al decreto de la excepción de cosa juzgada.

Situaciones por las que le atribuyen a la sentencia cuestionada defectos fáctico,
procedimental y violación directa a la Constitución Política.

Considera la parte actora que el operador judicial de segunda instancia dejó de valorar
el material probatorio con el que se acreditaba la responsabilidad de las entidades

25 Sentencia SU-128 de 2021.
26 Sentencia SU-573 de 2019.
27 Ibid.

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demandadas, así como las pruebas concernientes a la solicitud de exclusión
formulada en la acción de grupo por la que se declaró la excepción mencionada.

En tal sentido, se advierte que los reparos expuestos en el escrito introductorio, pese
a hacer una enunciación de garantías y emplear un lenguaje de carácter
constitucional, no exponen con suficiencia razones de peso que justifiquen la
intromisión del juez constitucional. Máxime cuando no se evidencia prima facie
vulneración de los derechos fundamentales por parte de la Sección Tercera,
Subsección B del Consejo de Estado.

Al respecto se observa que, contrario a lo refutado, la aludida solicitud de exclusión
fue objeto de análisis por el operador judicial en segunda instancia, quien señaló de
qué manera se elevó tal petición y su resolución por el juez de la acción de grupo, así
como los demás aspectos relevantes por los cuales se determinó que existió identidad
de causa, objeto y sujetos entre el proceso ordinario y la acción constitucional de
grupo, que conllevó a la declaración de la excepción de cosa juzgada, sin que sea
procedente en esta oportunidad realizar un estudio riguroso de fondo.

Realizar un pronunciamiento de fondo en torno a si debía o no tenerse por presentada
en debida forma la solicitud de exclusión o si la misma fue valorada en la manera
como lo reclaman los actores también en su escrito de impugnación, supone que el
aludido requisito de relevancia constitucional se encuentre plenamente superado y
ello no fue así advertido por el a quo, de quien se comparte la misma postura.

Po otra parte, no precisa con claridad el extremo tutelante cuáles fueron las pruebas
que en su sentir se dejaron de valorar y con las cuales se establecía indiscutiblemente
la responsabilidad de las demandadas, que hubiesen permitido al ad quem descartar
la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta en el medio de
control, ni la relación estrecha entre el defecto alegado y la presunta vulneración de
sus derechos fundamentales.

La decisión acusada contó con la suficiente carga argumentativa, pese a que sus
efectos no fueron los esperados frente a los intereses de los tutelantes, pues contrario
a lo considerado por estos, los aspectos determinantes para la declaración de las
excepciones mencionadas fueron objeto de amplio, claro y concreto pronunciamiento
por el juez de la causa, quien concluyó que el departamento del Chocó no tenía a su
cargo el mantenimiento y la conservación de la vía donde ocurrió el accidente y que
la negativa emitida por el servidor judicial a la solicitud de exclusión frente a algunos
de los acá accionantes así como la falta de petición al respecto frente a otros actores
conlleva a que la sentencia de la acción de grupo aludida produzca efectos de cosa
juzgada.

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En conclusión, se observa que la presente tutela viene a reiterar los argumentos que
fueron estudiados a lo largo del medio de control de reparación directa, lo cual,
conforme quedó consignado en precedencia, desnaturaliza el mecanismo de amparo
al pretender que éste se constituya en una instancia adicional, pese a que dicha
conclusión no sea acogida por el extremo impugnante.

Se resalta que la administración de justicia garantiza que los funcionarios judiciales
gocen de autonomía e independencia en sus decisiones, circunstancia por la que, en
principio, no es procedente reprochar sus decisiones vía acción de tutela; máxime
cuando se advierte, como en el presente caso, que el debate planteado por el extremo
accionante busca mutar el amparo constitucional en una tercera instancia.

Aunado a lo que antecede, se reitera que el juez constitucional no está instituido como
órgano de control de las decisiones judiciales que son adoptadas en el curso de los
procesos, los cuales se adelantaron conforme las etapas que para tal efecto estableció
el legislador. De avalarse dicha tesis, conllevaría una deformación de la acción de
tutela y la desarticulación de la organización judicial.

La Sala concluye que la discusión planteada en la acción de tutela no superó el
requisito de relevancia constitucional, por lo que se impone confirmar la decisión de
primera instancia.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Ministerio de
Transporte, el Tribunal Administrativo del Chocó y el departamento del Chocó.

SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia del 17 de octubre de 2025, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, que declaró la improcedencia de
la presente acción.

TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes e intervinientes.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

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GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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