Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02997-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02997-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-02997-00
Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes
7 de julio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., siete (7) de julio de dos mil veintitrés (2023)
Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02997-00
Accionante: LEONARDO FABIO ARZUAGA ZULETA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – se
declara improcedente el mecanismo de amparo porque el
accionante carece de legitimación en la causa
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada por el ciudadano Leonardo Fabio
Arzuaga Zuleta en contra del auto de 1° de diciembre de 2022, proferido por el
Tribunal Administrativo del Cesar.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. El ciudadano Leonardo Fabio Arzuaga Zuleta presentó acción de tutela con miras
a obtener el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido
proceso y a la doble instancia, cuya vulneración le atribuyó al auto de 1° de
diciembre de 2022, proferido por el Tribunal Administrativo del Cesar dentro del
medio de control de reparación directa con radicado número 20-001-33-33-002-
2021-00002-01.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado por el extremo accionante, los hechos y razones
que motivan la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Manifestóque, en calidad de apoderado del señor Eduber Manuel Torres
Gutiérrez, presentó la demanda de reparación directa N° 20-001-33-33-002-2021-
00002-01 en contra de la Alcaldía municipal de la Paz – Cesar.
2.2. Relató que la demanda referida fue asignada al Juzgado Segundo Administrativo
del Circuito de Valledupar.
2.3. Señaló que en el aludido proceso se profirió fallo el pasado 3 de noviembre de
2021, mediante el cual se negaron las pretensiones de la demanda.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-02997-00
Accionante: Leonardo Fabio Arzuaga Zuleta
2.4. Manifestó
que, frente a la sentencia de 3 de noviembre de 2021, interpuso
recurso de apelación.
2.5. Refirió que el 1º de diciembre de 2021 el recurso de apelación fue concedido por
el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Valledupar y el proceso fue
repartido a la doctora María Luz Álvarez Araujo, magistrada del Tribunal
Administrativo del Cesar.
2.6. Señaló que la magistrada del Tribunal Administrativo del Cesar «[…] abusando
de sus funciones como funcionaria publica el día 19 de mayo de 2022 profirió Auto
dentro del recurso de apelación, requiriendo al demandante y al abogado […]» para
que ratifiquen conjuntamente si desisten del recurso de apelación presentado en
contra de la sentencia del 3 de noviembre de 2021.
que la anterior decisión de 19 de mayo de 2022 vulnera «[…] el
2.7. Manifestó
derecho de postulación establecido taxativamente en el artículo 73 del C.G.P debido
a que el demandante en el proceso de reparación directa en donde se dictó la
sentencia apelada está representado judicialmente por el abogado LEONARDO
FABIO ARZUAGA ZULETA […]».
2.8. Relató que: «[…] de manera dolosa el día 10 de junio de 2022, [el señor EDUBER
MANUEL TORRES GUTIERREZ], envió a [su] correo electrónico copia de una
escritura pública del municipio de la paz - Cesar en donde [le] revoca el poder
general que había sido otorgado en el año 2018 […]».
2.9. Refirió que: «[…] el día 1 diciembre del año 2022 de forma ilegal la sala plena del
tribunal administrativo del Cesar profirió Auto interlocutorio aceptando el
desistimiento del recurso de apelación por parte del demandante EDUBER
MANUEL TORRES GUTIEREZ contra la sentencia del 3 de noviembre de 2021 y
decretando ilegalmente en el mismo Auto interlocutorio la revocatoria del poder
general al abogado LEONARDO FABIO ARZUAGA ZULETA […]».
2.10. Indicó que: «[…] el Auto interlocutorio proferido ilegalmente el 1 de diciembre de
2022 por el tribunal administrativo del Cesar, fue recurrido en suplica debidamente
sustentada el 6 diciembre de 2022 dentro del término […]».
2.11. Relató que: «[…] el día 5 de mayo de 2023 mediante Auto el tribunal
administrativo del Cesar negó ilegalmente el recurso de súplica contra el Auto
interlocutorio proferido del 1 de diciembre de 2022 […]».
2.12. Manifestó que: «[…] está probado que el tribunal administrativo del Cesar de
manera contraria a la norma motiva su decisión en el Auto interlocutorio adiado el 1
diciembre de 2022 con un defecto sustantivo material y de manera ilegal decreta la
revocatoria del poder al abogado, y el desistimiento del recurso de apelación,
vulnerando normas que son taxativas de estricto cumplimiento, que no admiten
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Accionante: Leonardo Fabio Arzuaga Zuleta
interpretación hermenéutica. También manifiesto que en la sustentación del Auto
del 4 de mayo de 2023 que niega el recurso de súplica. Corre la misma suerte del
Auto interlocutorio del 1 de diciembre de 2022 por obvias razones […]».
III. PRETENSIÓN
3. La parte accionante formuló la siguiente pretensión:
[…] 1).-TUTELAR a mi favor el derecho fundamental al debido proceso y a la
igualdad, doble instancia, consagrados en los artículo 29, 13, y 31, de la
Constitución Política de Colombia, ordenándole al honorable tribunal
administrativo del Cesar Magistrada Dra. MARIA LUZ ALVAREZ ARAUJO,
dejar sin ningún efecto jurídico el auto interlocutorio fechado el día 1 de
diciembre de 2022 que decreta ilegalmente el desistimiento del recurso de
apelación y la revocatoria del poder al abogado y accionante LEONARDO
FABIO ARZUAGA ZULETA.
2).-TUTELAR a mi favor el derecho fundamental al debido proceso y a la
igualdad, doble instancia señalados en los artículos 29 , 13, y 31 de constitución
política de Colombia, ordenándole a la Honorable Magistrada Dr. MARIA LUZ
ALVAREZ ARAUJO del tribunal administrativo del Cesar continuar con el
trámite procesal del recurso de apelación dentro del expediente 2021-0002
contra la sentencia del 3 de noviembre de 2021 del juzgado 02 administrativo
de Valledupar de forma incólume […] (sic en toda la cita)
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 6 de junio de 2023, el magistrado a cargo de la sustanciación
del presente proceso admitió la acción de tutela de la referencia y vinculó como
terceros con interés directo en los resultados del proceso al municipio de La Paz y
al señor Eduber Manuel Torres Gutiérrez. También se dispuso notificar al
Ministerio Público para lo de su competencia.
V. INTERVENCIÓN
5. Realizadas las notificaciones a la autoridad judicial accionada y a los vinculados,
se allegó el siguiente informe:
5.1. El Tribunal Administrativo de Valledupar – Cesar, a través de la presidente
de la Corporación, rindió informe en el que indicó lo siguiente:
«DORIS PINZÓN AMADO, en condición de Presidente de esta Corporación,
atendiendo al auto de fecha 6 de junio de 2023, notificado en el buzón de correo
electrónico de la Corporación el día 9 de junio de 2023, proferido por su
despacho, dentro del término estipulado en el artículo 19 del Decreto 2591 de
1991, de la manera más comedida me permito informarle que el día 30 de mayo
de 2023, fuimos notificados de la admisión de la acción de tutela interpuesta
por el señor LEONARDO FABIO ARZUAGA ZULETA, contra el Tribunal
Administrativo del Cesar, radicada: 11001-03-15-000-2023-02765-00, con
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Accionante: Leonardo Fabio Arzuaga Zuleta
ponencia del doctor NICOLÁS YEPES CORRALES, Consejero de la Sección
Tercera, Subsección C, siendo admitida mediante auto del 29 de mayo de
2023.
Considera la Sala que por tener relación la actual tutela con la que presentara
anteriormente el señor ARZUAGA ZULETA, nos permitimos adjuntarle la
contestación que fuera remitida el 31 de mayo de 2023 a la Secretaría de esa
Corporación, así mismo se le remite el LINK del expediente digital que contiene
el medio de control de REPARACIÓN DIRECTA, radicado: 20001-33-33-002-
2021-00002-00».
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia de la Sala
6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela,
de conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069
de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril
de 20213.
VI.2. Cuestión previa
7. En la intervención allegada por el Tribunal Administrativo del Cesar se puso de
relieve que en la Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación se
encuentra en trámite la acción de tutela N° 11001-03-15-000-2023-02765-00, que
aparentemente comparte identidad de partes, de causa y de objeto con el presente
proceso constitucional.
8. En vista de lo anterior, la Sala estima pertinente poner de relieve la siguiente tabla
comparativa entre el presente proceso de tutela y la acción de tutela 11001-03-15-
000-2023-02765-00:
Presente acción de tutela Exp. N° 11001-03-15-000-2023-02765-00
Partes: Partes:
Accionante: Leonardo Fabio Arzuaga Zuleta Accionante: Leonardo Fabio Arzuaga Zuleta
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
Pretensiones Pretensiones
«1).-TUTELAR a mi favor el derecho «1.-TUTELAR a mi favor el derecho
fundamental al debido proceso y a la igualdad, fundamental que tiene todo colombiano de
, doble instancia, consagrados en los artículo hacer peticiones respetuosas consagrado en el
29, 13, y 31, de la Constitución Política de artículo 23 de la Constitución Política
Colombia, ordenándole al honorable tribunal Colombiana de 1991, ordenándole a los
administrativo del Cesar Magistrada Dra. honorables magistrados MARIA LUZ ALVAREZ
MARIA LUZ ALVAREZ ARAUJO, dejar sin ARAUJO, JOSE ANTONIO APONTE
ningún efecto jurídico el auto interlocutorio OLIVELLA y CARLOS MARIO ARANGO
1
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
2
"Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho".
3
“Por la cual se modifican os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
5
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Accionante: Leonardo Fabio Arzuaga Zuleta
fechado el día 1 de diciembre de 2022 que HOYOS del tribunal administrativo del Cesar, a
decreta ilegalmente el desistimiento del recurso resolver individualmente de fondo el derecho de
de apelación y la revocatoria del poder al petición enviado el día 6 de diciembre de 2022».
abogado y accionante LEONARDO FABIO
ARZUAGA ZULETA.
2).-TUTELAR a mi favor el derecho
fundamental al debido proceso y a la igualdad,
doble instancia señalados en los artículos 29 ,
13, y 31 de constitución política de Colombia,
ordenándole a la Honorable Magistrada Dr.
MARIA LUZ ALVAREZ ARAUJO del tribunal
administrativo del Cesar continuar con el trámite
procesal del recurso de apelación dentro del
expediente 2021-0002 contra la sentencia del 3
de noviembre de 2021 del juzgado 02
administrativo de Valledupar de forma
incólume».
Síntesis de los hechos Síntesis de los hechos
El ciudadano Leonardo Fabio Arzuaga Zuleta «1).- El día 6 de diciembre de junio de 2022
presentó acción de tutela con miras a obtener el presenté derecho de petición de información y
amparo de sus derechos fundamentales a la copias especificas ante el tribunal
igualdad, al debido proceso y a la doble administrativo del Cesar.
instancia, cuya vulneración le atribuyó al auto
de 1° de diciembre de 2022, proferido por el 2).-El día 16 diciembre de 2022 la honorable
Tribunal Administrativo del Cesar dentro del magistrada MARIA LUZ ALVAREZ ARAUJO
medio de control de reparación directa con contestó el derecho de petición sin que haya
radicado número 20-001-33-33-002-2021- resuelto de fondo mi petición por parte de la
00002-01. susodicha, y de los otros honorables
magistrados a quienes se les hizo esta petición
el día 6 de diciembre de 2022.
3).-Manifiesto al despacho que hasta el día de
hoy 24 de mayo de 2023, no he recibido la
información certificada, ni la copia especifica del
documento por parte de los honorables
magistrados del tribunal administrativo del
Cesar.
9. Conforme con el cuadro comparativo anterior, para la Sala es claro que entre la
presente acción constitucional y la acción de tutela N° 11001-03-15-000-2023-
02765-00 no existe identidad de pretensiones y de hechos. Por tal motivo, la Sala
dictará sentencia el presente proceso.
VI.3. Problemas jurídicos
10. De acuerdo con la situación fáctica planteada, la Sala debe establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se
deberá determinar:
b) Si el auto de 1° de diciembre de 2022, dictado por el Tribunal Administrativo
del Cesar, dentro del medio de control de reparación directa con radicado
número 20-001-33-33-002-2021-00002-01, vulneró los derechos
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Accionante: Leonardo Fabio Arzuaga Zuleta
fundamentales invocados por el actor, al haber incurrido presuntamente en
defecto sustantivo.
11. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando
se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.
VI.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
12. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20124, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
13. Ahorabien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
14. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.
15. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial5, la sentencia C-590 de 2005
estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución6.
4
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
5
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
6
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-02997-00
Accionante: Leonardo Fabio Arzuaga Zuleta
16. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de
esta manera «[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]»7 que se encaje en
dichos parámetros.
17. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
18. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.
VI.4. El caso concreto
19. El ciudadano Leonardo Fabio Arzuaga Zuleta presentó acción de tutela con
miras a obtener el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido
proceso y a la doble instancia, cuya vulneración le atribuyó al auto de 1° de
diciembre de 2022, proferido por el Tribunal Administrativo del Cesar dentro del
medio de control de reparación directa con radicado número 20-001-33-33-002-
2021-00002-01.
VI.4.1. De la falta de legitimación en la causa por activa en el sub lite
20. Sobre el particular, sea lo primero en indicar que, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 86 de la Constitución Política de 1991, toda persona tiene a su
disposición la acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su
nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales amenazados o
vulnerados por cualquier autoridad pública o por los particulares encargados de la
prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
7
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
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Accionante: Leonardo Fabio Arzuaga Zuleta
interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de
subordinación o indefensión.
21. Precisamente, el artículo 10 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991,
que se refiere a la legitimidad e interés para el ejercicio de la acción, prevé:
[…] La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por
cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de su representante. Los
poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos
no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal
circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. También podrán
ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales […].
22. Bajo el entendido anterior, la Corte Constitucional ha señalado que el presupuesto
de legitimación en la causa se encuentra satisfecho en los siguientes eventos: i)
cuando la acción de tutela es promovida directamente por el afectado; ii) cuando la
acción de tutela es promovida por el afectado a través de apoderado judicial; iii)
cuando el mecanismo de amparo es interpuesto por el representante legal del
afectado; iv) cuando se actúa en calidad de agente oficio del afectado, siempre que se
acredite la imposibilidad del agenciado de actuar por sí mismo, y v) cuando la acción
de amparo es promovida por el Defensor del Pueblo o los personeros municipales.
23. También la Corte Constitucional ha precisado el alcance del concepto de
legitimación en la causa por activa en los siguientes términos:
[…] La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito
de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado,
mediante sentencia favorable o desfavorable. Es una calidad subjetiva de las
partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso.
Por tanto, cuando una de las partes carece de dicha calidad o atributo, no puede
el juez adoptar una decisión de mérito y debe entonces simplemente declararse
inhibido para fallar el caso de fondo.
La legitimación por activa es requisito de procedibilidad. Esta exigencia
significa que el derecho para cuya protección se interpone la acción sea
un derecho fundamental propio del demandante y no de otra
persona…Adicionalmente, la legitimación en la causa como requisito de
procedibilidad exige la presencia de un nexo de causalidad entre la
vulneración de los derechos del demandante, y la acción u omisión de la
autoridad o el particular demandado, vínculo sin el cual la tutela se torna
improcedente […]8.
24. En consecuencia, se entiende que el titular de los derechos fundamentales que se
estiman amenazados o vulnerados puede ejercer la acción de tutela: i) por sí mismo
o actuando mediante apoderado judicial, o ii) a través de agente oficioso, quien deberá
8
Corte Constitucional. Sentencia T – 568 de 2012. M.P.: Mauricio González Cuervo
9
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02997-00
Accionante: Leonardo Fabio Arzuaga Zuleta
manifestar que actúa como tal y acreditar las razones por las cuales el titular de los
derechos fundamentales que se estiman amenazados o conculcados no puede
ejercer, por sí mismo, su propia defensa.
25. Con fundamento en las anteriores premisas, la Sala considera que el señor
Leonardo Fabio Arzuaga Zuleta no se encuentra legitimado en la causa por activa
para promover la presente acción de amparo porque no es parte dentro del proceso
de reparación directa 20-001-33-33-002-2021-00002-01. Vale la pena resaltar que el
aquí accionante solo fungió en calidad de apoderado judicial del señor Eduber
Manuel Torres Gutiérrez, quien ostentaba la condición de demandante en el aludido
proceso.
26. En ese sentido, esta Sección ha venido señalando en su jurisprudencia que solo los
sujetos procesales reconocidos dentro del proceso son lo que se encuentran
legitimados para controvertir las decisiones judiciales dictadas en estos, dado que, en
principio, las decisiones judiciales adoptadas únicamente afectan los intereses de los
sujetos procesales y no de los apoderados9. En efecto, mediante la sentencia de 3 de
marzo de 202310, esta Sala de Decisión señaló:
«22. Con fundamento en las anteriores premisas, la Sala estima pertinente
determinar si la ciudadana Sandra Milena Sandoval Poloche se encuentra
legitimada en la causa por activa para promover a nombre propio el mecanismo
de amparo de la referencia y cuestionar: (i) las providencias de 13 de mayo de
2022 y de 14 de julio de 2022, proferidas, respectivamente, por la Subsección C
de la Sección Tercera del Consejo de Estado y por la Sección Quinta del Consejo
de Estado, dentro del mecanismo de amparo con radicado número 11001-03-15-
000-2022-02290-00/01, y (ii) la supuesta omisión de la Secretaría General del
Consejo de Estado.
23. Lo anterior resulta necesario, en atención a que la ciudadana Sandra
Milena Sandoval Poloche no fue parte procesal dentro del expediente con
radicado número 11001-03-15-000-2022-02290-00/01, sino que fungió como
apoderada judicial del extremo accionante en ese proceso.
24. De allí que la Sala considera que la señora Sandoval Poloche carece de
legitimación en la causa por activa para promover la presente acción
constitucional, ya que el simple hecho de que haya actuado como
apoderada judicial de los actores dentro del proceso que motivó la
interposición del mecanismo de amparo de la referencia, no significa que se
encuentra legitimada para controvertir, por vía de tutela, las decisiones
judiciales que se profirieron en el marco de esa causa».
27. Eneste caso en particular, la Sala advierte que de haberse incurrido en una
vulneración del derecho fundamental debido proceso con ocasión de la expedición del
auto de 1° de diciembre de 2022, dicha vulneración afectaría única y exclusivamente
al demandante y no a quien ejerció como su apoderado judicial. De manera que el
9
Ver: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 3 de marzo de 2023. Exp.
N° 11001-03-15-000-2023-00203-00. C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés.
10
Ibidem.
10
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02997-00
Accionante: Leonardo Fabio Arzuaga Zuleta
señor Leonardo Fabio Arzuaga Zuleta no puede asumir la vocería del señor Torres
Gutiérrez en el presente trámite constitucional.
28. En razón a lo anterior, la Sala declarará improcedente la acción de tutela respecto
del ciudadano Leonardo Fabio Arzuaga Zuleta, por incumplimiento del presupuesto
procesal atinente a la legitimación en la causa por activa.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR improcedente la solicitud de amparo de la referencia, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991.
TERCERO: En caso de no ser impugnada, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con el artículo 31 del
Decreto Ley No. 2591 de 1991.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
Presidente
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
P:(28) CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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