Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-00203-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-00203-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-00203-00
Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes
3 de marzo de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., tres (3) de marzo de dos mil veintitrés (2023)
Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00203-00
Accionantes: HÉCTOR RAÚL BONILLA Y OTROS
Accionados: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN QUINTA Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – se
niega el amparo – reiteración jurisprudencial – las accionadas no
vulneraron los derechos fundamentales de los actores al no haber
tramitado el escrito de subsanación, en tanto dicho documento fue
enviado a través de un canal digital no habilitado para la recepción
de memoriales
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada por la señora Sandra Milena
Sandoval Poloche, quien actúa en nombre propio y en calidad de apoderada
judicial de los ciudadanos Héctor Raúl Bonilla, Luis Eduardo Orozco Valero,
Luis Germán Leal Domínguez, Raúl Cabezas Molina, Jorge Iván Ramírez y
Jaime Orlando Reinoso Rodríguez en contra de la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, de la Sección Quinta del Consejo de Estado y
de la Secretaría General del Consejo de Estado.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. Los ciudadanos arriba referenciados presentaron acción de tutela con miras a
obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia, cuya vulneración le atribuyeron: (i) a las
providencias de 13 de mayo de 2022 y de 14 de julio de 2022, proferidas,
respectivamente, por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado y por la Sección Quinta del Consejo de Estado, dentro del mecanismo
de amparo con radicado número 11001-03-15-000-2022-02290-00/01, y (ii) a la
Secretaría General del Consejo de Estado, por no haberle dado trámite al
escrito de subsanación que presentaron dentro del citado proceso.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado por el extremo accionante, los hechos y razones
que motivan la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Relataronque promovieron acción de tutela en contra del Juzgado Sexto
Administrativo del Circuito de Ibagué y del Tribunal Administrativo del Tolima, cuyo
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Accionantes: Héctor Raúl Bonilla y otros
conocimiento le correspondió a la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, autoridad judicial que, mediante auto de 26 de abril de 2022,
resolvió inadmitir la referida demanda, «[…] al no lograr advertir de manera
razonable y con claridad cuáles son las razones para atacar las providencias
enjuiciadas, ni los defectos en que se fundamenta la solicitud de amparo
constitucional […]».
2.2. Comentaron que subsanaron la demanda de amparo, mediante escrito enviado
al correo electrónico de la Secretaría General del Consejo de Estado.
2.3. Indicaron que, pese a lo anterior, mediante auto de 13 de mayo de 2022, la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado rechazó la acción de
tutela.
2.4. Señalaron
que la decisión anterior fue confirmada por la Sección Quinta del
Consejo de Estado, mediante auto de 14 de julio de 2022.
2.5. Afirmaronque las referidas decisiones judiciales vulneraron sus derechos
fundamentales invocados, al incurrir en defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto, en tanto que las accionadas debieron «[…] obrar conforme a los
parámetros axiológicos del artículo 228 de la Constitución Nacional, aplicando la
prevalencia del derecho sustancial, ya que la suscrita, dio por demostrado que la
subsanación o su equivalente de la demanda de tutela, había sido recibida por la
Secretaría general del Consejo de Estado, y por lo tanto, constituía deber de la
Sala, previó análisis de la impugnación, revocar el auto o providencia que rechazó
la demanda de tutela […]».
2.6. Manifestaron que: «[…] la Secretaría General del Honorable Consejo de
Estado, quebrantó el artículo 29 y 228 de la Constitución Nacional, teniendo en
cuenta que se encuentra demostrado con los pantallazos del correo electrónico
institucional de esta Secretaría, que la suscrita abogada remitió la subsanación y/o
requerimiento efectuado por el Honorable Magistrado Nicolás Reyes Corrales, en
la providencia judicial que inadmitió la acción de tutela, correo que fue recibido,
hechos que demostré en la impugnación al auto que rechazo la tutela, y la
Secretaría no cumplió con su deber de reenviar la subsanación o su equivalente
de la acción de tutela, al despacho judicial competente […]».
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
[…] 1.1.- Pretendo que en la sentencia judicial que desate de fondo la acción
de tutela el H. Consejo de Estado Sala Plena o quien sea competente decrete
judicialmente la inaplicación y/o suspensión o su equivalente de las
providencias judiciales de fecha 26 de Abril de 2022 dictada por el Doctor
NICOLAS YEPES CORRALES, inadmitiendo la acción de tutela, la del 13 de
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Accionantes: Héctor Raúl Bonilla y otros
Mayo de 2022 mediante la cual se rechaza la acción de tutela y la del 14 de
Julio de 2022 notifica por correo electrónico el 21 de Julio de 2022, que
confirma el rechazo de la tutela facultad que le confiere a los Señores Jueces
el decreto 2591 de 1991 artículo 7º.
1.2.- Como consecuencia de lo anterior, en el evento que el H. Consejo de
Estado conceda el amparo pretendido en el numeral 1.1, decretará que se
regrese el expediente al despacho de origen para que proceda a admitir la
acción de tutela radicación número 11001-03-15- 000-2022-02290-00 […]. (sic
en toda la cita)
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 20 de enero de 2023, el consejero sustanciador del presente
proceso inadmitió la demanda de amparo, al advertir que la abogada Sandra
Milena Sandoval Poloche no aportó poder especial que la facultara para presentar
el mecanismo de amparo en nombre de los ciudadanos Héctor Raúl Bonilla, Luis
Eduardo Orozco Valero, Luis Germán Leal Domínguez, Raúl Cabezas Molina,
Jorge Iván Ramírez y Jaime Orlando Reinoso Rodríguez.
5. Posteriormente, y a través de auto de 2 de febrero de 2023 se admitió la acción
de tutela de la referencia.
V. INTERVENCIONES
6. Realizadas las notificaciones a las autoridades judiciales accionadas, se
advierte que se allegaron los siguientes informes:
6.1. La Sección Quinta del Consejo de Estado, por intermedio del consejero
ponente de la providencia aquí cuestionada, rindió informe en el que contextualizó
la situación de hecho que dio origen a que se rechazara la demanda de amparo, a
partir del cual solicitó negar el amparo deprecado.
6.2. Explicó que el defecto procedimental invocado por los actores es inexistente,
habida cuenta que el «[…] error en el envío de la subsanación es únicamente
atribuible a la parte accionante que, pese a haber sido informada de la dirección
electrónica por medio de la cual la Secretaría General recibe los memoriales y
demás documentos, en un acto de negligencia dirigió el escrito a un dominio que
se usa únicamente para despachar las notificaciones […]».
6.3. La
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por
intermedio del consejero ponente de la providencia aquí cuestionada, solicitó
negar el amparo deprecado por los tutelantes.
6.4. Puntualizó
que el rechazo de la demanda de amparo se debió a que los
actores no subsanaron el yerro anotado en el auto que la inadmitió, ya que el
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Accionantes: Héctor Raúl Bonilla y otros
escrito de subsanación fue enviado a un correo electrónico no habilitado para la
recepción de memoriales.
6.5. Por lo anterior, advirtió que: «[…] la parte actora no puede pretender remediar
su error a través de la interposición de la actual acción de tutela, puesto que
incumplió el presupuesto de remitir el escrito de subsanación a los correos
previstos por la Corporación para ello, situación que no puede ser atribuida a la
autoridad judicial a cargo del trámite constitucional para pretender la interesada
enmendar su propia culpa […]».
6.6. ElSecretario General del Consejo de Estado rindió informe en el que
aseguró que esa dependencia no vulneró los derechos fundamentales de los
tutelantes, en atención a que, «[…] pese a la amplia difusión que se les ha dado a
nuestros usuarios judiciales, no hizo uso de los canales digitales habilitados para
la recepción de memoriales […]».
6.7. Resaltó que el escrito de subsanación que se alude en el presente caso fue
enviado a la dirección electrónica habilitada única y exclusivamente para
notificaciones, y no para la recepción de documentos.
6.8. Anotó que en el oficio por medio del cual se les notificó a los aquí actores de la
decisión que inadmitía la demanda de amparo, informaba lo siguiente: «[…] Las
solicitudes y demás documentos que se remitan por medios electrónicos deberán
allegarse al buzón judicial: secgeneral@consejodeestado.gov.co; dado que la
cuenta: cegral@notificacionesrj.gov.co, es de uso exclusivo para el envío de
notificaciones y/o comunicaciones, por tanto, los correos enviados a esas
bandejas no serán procesados y, por ende, serán eliminados de los archivos
temporales de los servidores que se encuentran a cargo de la Oficina de
Informática del Consejo Superior de la Judicatura […]».
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia de la Sala
7. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Decreto Ley 2591
del 19 de noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del
Decreto 1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1º del Decreto
333 de 6 de abril de 20213.
1
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
2
"Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho".
3
“Por la cual se modifican os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
5
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VI.2. Problemas jurídicos
8. Previamente a la definición de los problemas jurídicos que deberá resolver la
Sala de Decisión, se debe precisar que, aunque el extremo accionante le atribuyó
la vulneración de sus derechos fundamentales tanto al auto proferido en primera
instancia como a aquel dictado en segunda instancia dentro del mecanismo de
amparo con radicado número 11001-03-15-000-2022-02290-00/01, se advierte
que el presente análisis se centrará en determinar si en esta última decisión se
incurrió en la causal de procedibilidad invocada, dado que es la providencia que
tiene los efectos de cosa juzgada y finiquitó la litis4.
9. Apartir de lo anterior y teniendo la situación fáctica planteada, la Sala debe
establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello
es así, se deberá determinar:
b) Si el auto de 14 de julio de 2022, proferido por la Sección Quinta del
Consejo de Estado, dentro del mecanismo de amparo con radicado
número 11001-03-15-000-2022-02290-01, vulneró los derechos
fundamentales de los actores, al haber incurrido presuntamente en defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto.
c) Si la Secretaría General del Consejo de Estado vulneró los derechos
fundamentales de los actores, al no haberle dado trámite al escrito de
subsanación que presentaron dentro del mecanismo de amparo con
radicado número 11001-03-15-000-2022-02290-00.
10. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para
posteriormente ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto,
siempre y cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.
VI.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
11. LaSala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20125, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
4
Al respecto ver la sentencia del Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Primera, sentencia
de 3 de junio de 2022, expediente 11001-03-15-000-2022-01119-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
5
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
6
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judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
12. Ahorabien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
13. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa
judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del
principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta
tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación
clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi)
que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas
en la sentencia SU-627 de 2015.
14. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al
juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial6, la sentencia C-590
de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico,
procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin
motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la
Constitución7.
15. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole
de esta manera «[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]»8 que se encaje en
dichos parámetros.
6
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván
Palacio Palacio.
7
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación
fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño
lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
8
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
7
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16. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso,
seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
17. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado:
11001-03-15-000-2012-02201-01.
VI.4. El caso concreto
18. Los ciudadanos arriba referenciados presentaron acción de tutela con miras a
obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia, cuya vulneración le atribuyeron: (i) a las
providencias de 13 de mayo de 2022 y de 14 de julio de 2022, proferidas,
respectivamente, por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado y por la Sección Quinta del Consejo de Estado, dentro del mecanismo
de amparo con radicado número 11001-03-15-000-2022-02290-00/01, y (ii) a la
Secretaría General del Consejo de Estado, por no haberle dado trámite al
escrito de subsanación que presentaron dentro del citado proceso.
VI.4.1. Del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela
VI.4.1.1. De la legitimación en la causa por activa en las acciones de tutela
19. Sobre el particular, sea lo primero en indicar que, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política de 1991, toda persona tiene
a su disposición la acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o
por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
fundamentales amenazados o vulnerados por cualquier autoridad pública o por los
particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta
afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el
solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión.
20. Precisamente, el artículo 10 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991,
que se refiere a la legitimidad e interés para el ejercicio de la acción, prevé:
[…] La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por
cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de su representante.
Los poderes se presumirán auténticos.
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Accionantes: Héctor Raúl Bonilla y otros
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos
no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal
circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. También podrán
ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales […].
21. Atendiendo a lo dispuesto en tales normas, se entiende que el titular de los
derechos fundamentales que se estiman amenazados o vulnerados puede ejercer
la acción de tutela: i) por sí mismo o actuando mediante apoderado judicial, o ii) a
través de agente oficioso, quien deberá manifestar que actúa como tal y acreditar
las razones por las cuales el titular de los derechos fundamentales que se estiman
amenazados o conculcados no puede ejercer, por sí mismo, su propia defensa.
22. Con fundamento en las anteriores premisas, la Sala estima pertinente
determinar si la ciudadana Sandra Milena Sandoval Poloche se encuentra
legitimada en la causa por activa para promover a nombre propio el mecanismo de
amparo de la referencia y cuestionar: (i) las providencias de 13 de mayo de 2022 y
de 14 de julio de 2022, proferidas, respectivamente, por la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado y por la Sección Quinta del Consejo
de Estado, dentro del mecanismo de amparo con radicado número 11001-03-15-
000-2022-02290-00/01, y (ii) la supuesta omisión de la Secretaría General del
Consejo de Estado.
23. Lo anterior resulta necesario, en atención a que la ciudadana Sandra Milena
Sandoval Poloche no fue parte procesal dentro del expediente con radicado
número 11001-03-15-000-2022-02290-00/01, sino que fungió como apoderada
judicial del extremo accionante en ese proceso.
24. De allí que la Sala considera que la señora Sandoval Poloche carece de
legitimación en la causa por activa para promover la presente acción
constitucional, ya que el simple hecho de que haya actuado como apoderada
judicial de los actores dentro del proceso que motivó la interposición del
mecanismo de amparo de la referencia, no significa que se encuentra legitimada
para controvertir, por vía de tutela, las decisiones judiciales que se profirieron en el
marco de esa causa.
25. En razón a lo anterior, la Sala declarará improcedente la acción de tutela respecto
de la ciudadana Sandra Milena Sandoval Poloche, por incumplimiento del
presupuesto procesal atienente a la legitimación en la causa por activa.
VI.4.1.2. Del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela frente a los demás actores en el sub judice
26. La Sala analizará si en el caso de autos se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela. Veamos.
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Accionantes: Héctor Raúl Bonilla y otros
26.1. Los señores Héctor Raúl Bonilla, Luis Eduardo Orozco Valero, Luis Germán
Leal Domínguez, Raúl Cabezas Molina, Jorge Iván Ramírez y Jaime Orlando
Reinoso Rodríguez sí se encuentran legitimados en la causa por activa para
promover el presente mecanismo de amparo, en tanto fungieron como parte
procesal dentro del expediente objeto de cuestionamiento por esta vía
constitucional.
26.2. En el escrito de tutela se invoca la vulneración de derechos de orden
fundamental como lo son el debido proceso y el acceso a la administración de
justicia. Además, la Sala considera que sí se satisface con la carga mínima
argumentativa respecto de la causal de procedibilidad invocada. Por lo anterior, se
concluye que se cumple con el requisito de relevancia constitucional.
26.3. La
acción de tutela fue promovida dentro de un término razonable, habida
cuenta que la providencia judicial acusada fue notificada el 21 de julio de 2022,
mientras que la solicitud de amparo se radicó el 17 de enero de 2023.
26.4. Los accionantes no cuentan con otro medio de defensa judicial, por lo que se
cumple con el requisito de la subsidiariedad.
26.5. La
situación a la cual se le atribuye la vulneración de los derechos
fundamentales fue debidamente puntualizada en el escrito de tutela.
26.6. La
acción constitucional no se dirige contra una sentencia dictada en un
proceso de idéntica naturaleza y como se alegó una irregularidad procesal, es
necesario efectuar un análisis al respecto más adelante.
VI.4.2. Análisis de los requisitos específicos en la presente acción de tutela
27. Encontrándose satisfechos los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela, la Sala abordará el estudio de los requisitos especiales desde la
perspectiva del defecto procedimental invocado por los actores.
VI.4.2.1. Análisis del defecto procedimental
28. Estedefecto alude a todos aquellos eventos en los que la autoridad judicial
accionada al momento de proferir su decisión, o durante sus actos o diligencias
previas a ello, desatiende o deja de aplicar las reglas procesales que según el
caso resultan pertinentes, en desatención de la confianza legítima de las partes
involucradas, quienes esperan que el trámite se conduzca dentro del marco de las
normas procesales aplicables9.
29. Es decir, que se presenta cuando: (i) se sigue un trámite totalmente ajeno al
asunto sometido a su competencia; (ii) se pretermite etapas sustanciales del
9
Sentencias T-015 de 2018 y T-474 de 2017 de la Corte Constitucional.
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Accionantes: Héctor Raúl Bonilla y otros
procedimiento establecido, vulnerando con ello el derecho de contradicción y
defensa de las partes; o (iii) se pasa por alto realizar el debate probatorio, natural
en todo proceso al no permitirle a las partes sustentar o comprobar los hechos de
la demanda o su contestación, con la consecuente negación de sus pretensiones,
lo que acarrea la violación de los derechos fundamentales de la parte afectada.
30. En este sentido la jurisprudencia constitucional10 ha reconocido dos modalidades
de defecto procedimental, a saber: i) exceso ritual manifiesto, esto es, cuando
arguye razones formales a manera de impedimento, que implica una denegación de
justicia; y ii) absoluto, cuando el juez sigue un trámite totalmente ajeno al asunto
sometido a su competencia, pretermite etapas sustanciales del procedimiento, pasa
por alto el debate probatorio o dilata injustificadamente tanto la adopción de
decisiones como su cumplimiento.
31. Descendiendo al asunto de autos, se advierte que la parte accionante manifestó
que las autoridades accionadas incurrieron en defecto procedimental absoluto por
exceso ritual manifiesto, en tanto no le impartieron trámite al escrito de
subsanación que presentaron dentro del mecanismo de amparo con radicado
número 11001-03-15-000-2022-02290-00, por el hecho de que se envió a un
correo electrónico que no estaba habilitado para la recepción de documentos.
32. Para resolver tal motivo de inconformidad, la Sala estima necesario poner de
relieve lo siguiente:
32.1. Mediante auto de 26 de abril de 2022, la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado inadmitió el mecanismo de amparo con radicado número
11001-03-15-000-2022-02290-00.
32.2. La anterior decisión fue notificada el 28 de abril de 2022, mediante mensaje de
datos enviado a la dirección electrónica de la apoderada judicial de los aquí actores.
En dicha oportunidad se le advierte a los notificados que el canal digital habilitado
para la recepción de documentos es el siguiente:
secgeneral@consejodeestado.gov.co; y no la cuenta
cegral@notificacionesrj.gov.co, tal como se muestra a continuación:
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T-781 de 2011.
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Accionantes: Héctor Raúl Bonilla y otros
32.3. A través de auto de 13 de mayo de 2022, la Subsección C de la Sección Tercera
del Consejo de Estado rechazó la demanda de tutela, al considerar que la parte
actora no había subsanado los yerros anotados en el auto inadmisorio.
33. Inconforme con la anterior decisión, los aquí actores presentaron impugnación,
argumentando que, mediante mensaje de datos enviado el 3 de mayo de 2022 a la
dirección electrónica cegral@notificacionesrj.gov.co, habían subsanado la demanda
de amparo.
34. LaSección Quinta de esta Corporación, mediante el auto aquí enjuiciado,
resolvió confirmar el rechazo de la demanda de amparo promovida por los aquí
actores, con fundamento en las siguientes consideraciones:
[…] Analizado el sub lite, este despacho anuncia que confirmará la decisión
adoptada en el auto de 13 de mayo de 2022 tras concluir que, en efecto, el
memorial contentivo de los argumentos de subsanación no fue allegado
dentro del plazo estipulado a la dirección electrónica dispuesta por la
Secretaría General del Consejo de Estado para recibir solicitudes,
memoriales, comunicaciones, recursos, impugnaciones y demás
documentos pertinentes.
En relación con la peculiaridad que se alega en la impugnación, concerniente
a que los accionantes, quienes además actúan por conducto de apoderada
judicial, atendieron a lo requerido en el auto inadmisorio de 26 de abril de 2022
al remitir el escrito de corrección a una dirección de la Secretaría General de
esta Corporación, tal argumento no tiene la virtualidad de variar el sentido
de la decisión controvertida, comoquiera que es un error atribuible de
manera exclusiva al extremo tutelante.
[…]
12
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00203-00
Accionantes: Héctor Raúl Bonilla y otros
En ese sentido, es necesario insistir en que, en el oficio por el cual se
notificó a la parte actora la decisión de inadmisión, se informó de manera
clara, concreta y precisa que cualquier solicitud y demás documentos
“que se remitan por medios electrónicos deberán allegarse al buzón judicial:
secgeneral@consejodeestado.gov.co”, indicación que evidentemente no fue
atendida por los tutelantes.
Corolario, el error en el envío del memorial que contenía la corrección de la
demanda tutelar no puede imputársele a la Secretaría General o a la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, comoquiera
que obedeció de forma exclusiva a una falta de diligencia del extremo
interesado […]. (Negrillas por fuera del texto)
35. De lo transcrito en precedencia, la Sala advierte que la decisión de confirmar el
rechazo de aquella demanda de amparo se fundamentó en que el escrito de
subsanación presentado por la apoderada judicial de los aquí actores fue enviado a
un canal digital no habilitado para la recepción de documentos, pese a que, al
momento de efectuarse la notificación de la actuación judicial, se le informó la
dirección electrónica por medio de la cual podría allegar las respectivas respuestas.
36. Enatención a lo anterior, y comoquiera que, efectivamente, los aquí actores
radicaron el escrito de subsanación a una dirección electrónica no habilitada para la
recepción de documentos, para la Sala es claro que las accionadas no vulneraron
sus derechos fundamentales.
37. Ello es así porque fue la falta de diligencia por parte de la apoderada judicial de la
parte aquí actora, la que condujo a que las autoridades accionadas no pudieran
tramitar el aludido escrito de subsanación, máxime cuando expresamente se le
informó de que las comunicaciones, memoriales o escritos que presentara dentro del
citado proceso, debían ser enviados al correo institucional
secgeneral@consejodeestado.gov.co, y que los documentos remitidos al correo
cegral@notificacionesrgov.co no serían procesados y serían eliminados -en tanto que
esa dirección de correo electrónico únicamente estaba dispuesta para la notificación de
decisiones judiciales-.
38. Lo anterior se traduce que: «[…] era una carga procesal de la parte actora atender
la directriz asociada a la utilización de los canales digitales expresamente dispuestos
para efectos de radicar sus escritos de intervención, a riesgo de que tales
memoriales no fuesen tenidos en cuenta por el juez de conocimiento […]»11.
39. En este contexto, cabe destacar que, contrario a lo sostenido por los actores, «[…]
los parámetros señalados por las autoridades judiciales para la recepción de
información a través de las herramientas tecnológicas no pueden ser considerados
como un mero formalismo sino como la materialización, aplicación y garantía de
11
Consejo de Estado, Sala Diecinueve Especial de Decisión, providencia de 1° de julio de 2022, expediente No. 11001-03-
15-000-2021-04065-00.
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Accionantes: Héctor Raúl Bonilla y otros
derechos y principios tan fundamentales como el debido proceso, la seguridad
jurídica, economía procesal, la celeridad y la eficiencia del proceso judicial […]»12.
40. Resulta oportuno poner de relieve que esta Sección, en providencia de 12 de
mayo de 202213, resolvió negar las pretensiones de una acción de tutela, en la que
se alegaba que las accionadas al no haberle dado trámite a un escrito de
impugnación por haberse remitido a una dirección de correo electrónico no habilitada
para tal efecto habían vulnerado los derechos fundamentos del extremo accionante.
En dicha decisión se efectuaron las siguientes consideraciones -las cuales se prohíjan en
esta oportunidad-:
[…] En este punto es del caso destacar que la Sección Segunda al
notificar la providencia de 25 de noviembre de 2021, informó al actor que
las solicitudes y documentos que se remitan por parte de los usuarios de
la justicia deberán allegarse al buzón judicial
secgeneral@consejodeestado.gov.co y no al
cegral@notificacionesrj.gov.co, comoquiera que este último es de uso
exclusivo para el envío de notificaciones y comunicaciones y, por tanto, los
correos electrónicos enviados a esa bandeja no serían procesados (…)
(…)
De lo anterior se desprende que el actor remitió el escrito de
impugnación a una dirección electrónica que no correspondía para el
efecto, pese a que la Secretaría General del Consejo de Estado fue
enfática en informar que los mensajes de datos remitidos al buzón
cegral@notificacionesrj.gov.co no serían procesados y, por ende, se
eliminarían. Sumado a lo anterior, se resalta que cuando es remitido un
mensaje de datos al correo electrónico en mención, esto es,
cegral@notificacionesrj.gov.co, automáticamente se genera una respuesta en
la que se le informa al usuario : “Señor usuario: Favor dirigir sus solicitudes,
respuestas y/o peticiones a la cuenta: secgeneral@consejodeestado.gov.co,
dado que este correo es utilizado únicamente por el software para
notificaciones electrónicas, por lo tanto cualquier mensaje que sea enviado a
esta dirección no será procesado por nuestro sistema”, información que, por
demás, es visible en la página web de la Corporación.
En ese orden de ideas, para la Sala es dable inferir que las actuaciones de
la Sección Segunda y su Secretaría no son vulneradoras del derecho
fundamental al debido proceso invocado por el actor, comoquiera que la
incorrecta radicación del escrito de impugnación por parte del mismo
impidió a la autoridad judicial accionada conocer tal documento y, por
tanto, darle el trámite que correspondía, lo cual de ninguna forma puede
ser atribuible a las accionadas.
Precisado lo anterior y visto el marco normativo aplicable al asunto bajo
estudio, la Sala advierte que comparte el criterio del a quo, en la medida de
que la falta de diligencia y cuidado por parte del señor BERNAL
12
Consejo de Estado, Sala Diecinueve Especial de Decisión, providencia de 1° de julio de 2022, expediente No. 11001-03-
15-000-2021-04065-00.
13
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 12 de mayo de 2022.
Expediente: 11001-03-15-000-2022-01007-01. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, y Consejo de Estado. Sala de lo
Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 12 de mayo de 2022. Expediente: 44001-23-40-000-2022-
00027-01. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
14
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00203-00
Accionantes: Héctor Raúl Bonilla y otros
BELTRÁN es imputable exclusivamente a este y no puede trasladársele
la responsabilidad a la Sección Segunda y su Secretaría, quienes
actuaron con apego a los procedimientos establecidos en la norma […].
(Negrillas por fuera del texto)
41. Con fundamento en los anteriores razonamientos, la Sala considera que las
autoridades accionadas no vulneraron los derechos fundamentales de la parte
actora. Por tanto, se negarán las pretensiones de la solicitud de amparo de la
referencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela respecto de la ciudadana
Sandra Milena Sandoval Poloche, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
SEGUNDO: NEGAR el mecanismo de amparo promovido por los señores Héctor
Raúl Bonilla, Luis Eduardo Orozco Valero, Luis Germán Leal Domínguez, Raúl
Cabezas Molina, Jorge Iván Ramírez y Jaime Orlando Reinoso Rodríguez, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: En caso de no ser impugnada, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con el artículo 31 del
Decreto Ley No. 2591 de 1991.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
Presidente
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
P:(18) CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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