RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-05667-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-05667-00

Fecha
13 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-05667-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por Aldo Enrique Maltés Escobar contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera - Subsección A y la Fiscalía General de la Nación. SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si esta providencia no es impugnada oportunamente en los términos señalados por la Ley.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-05667-00

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

13 de noviembre de 2025

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05667-00
Accionante: Aldo Enrique Maltés Escobar

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá, D.C., trece (13) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05667-00
Accionante: ALDO ENRIQUE MALTÉS ESCOBAR
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA –
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A Y OTRA

Tesis: La acción de tutela es improcedente por falta de
legitimación por activa cuando el abogado que la
suscribe no acredita poder expedido por la persona
interesada, ni tampoco su interés personal en la acción
constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Aldo Enrique Maltés
Escobar, en nombre propio, contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca - Sección Tercera - Subsección A y la Fiscalía General de
la Nación.

I. SÍNTESIS DEL CASO

1.1. El accionante solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al
debido proceso, al acceso a la administración de justicia y de petición,
que estima vulnerados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca -
Sección Tercera - Subsección A con ocasión de la presunta mora judicial
en que habría incurrido dentro del proceso de reparación directa núm.
11001-33-36-037-2016-00251-01; y por la Fiscalía General de la Nación
al no haber designado nuevo apoderado dentro de dicho asunto.

1.2. El accionante informa que, en el mencionado proceso, mediante auto
del 30 de enero de 2024, la autoridad judicial accionada admitió el recurso

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05667-00
Accionante: Aldo Enrique Maltés Escobar

de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación contra la
sentencia de primera instancia dictada por el Juzgado 37 Administrativo de
Bogotá, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda
interpuesta por Charlie Cifuentes Pérez y José Cifuentes1.

1.3. Señaló que, el 18 de junio de 2024, la apoderada de la Fiscalía
General de la Nación presentó renuncia al poder y que, desde el 22 de
agosto del mismo año, el expediente permanece al despacho sin que se
haya adoptado decisión al respecto.

1.4. Indicó que, el 14 de julio de 2025, en calidad de apoderado de la
parte demandante radicó un memorial en el qué solicitó lo siguiente:

“Actuando en mi condición de apoderado de la parte activa dentro del asunto de
la referencia, me permito con todo comedimiento solicitar a sus señorías impulso
procesal ya que el proceso se encuentra en su despacho desde el 17 de noviembre
de 2023 sin dictar sentencia.

Igualmente solicito se requiera a la Fiscalía General de la Nación para que designe
apoderado dentro del presente asunto, ya que la quien (sic) fuere la apoderada
de la demandada la doctora MARIA CONSUELO PEDRAZA RODRIGEZ, renunció al
encargo desde el 12 de junio de 2024 y ha transcurrido más de un año sin que
la fiscalía allegue nuevo apoderado, lo que obstruye la celeridad y debida
administración de justicia en el presente asunto”.

1.5. Finalmente, sostuvo que a la fecha de presentación de la tutela, el
proceso “se encuentra huérfano de apoderado de la parte pasiva
afectando el contradictorio, sin que Tribunal o la Fiscalía tomen acción
para subsanar dicha falencia”.

1.6. Con fundamento en lo anterior, formuló las siguientes pretensiones:

“1. Se ordene al Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera, MP
Dra. MARIA DEL TRANSITO HIGUERA GUIO, imparta celeridad al proceso en el
sentido de ordenar a la Fiscalía General de la Nación de forma inmediata, reportar
nuevo apoderado con el fin de respetar el contradictorio y permitir emitir la
correspondiente sentencia de segunda instancia.

2. Se ordene a la Fiscalía General de la Nación cumplir con la carga procesal de
allegar de forma inmediata nuevo apoderado, ya que hace más de un año el
proceso quedó huérfano de tal uncionario, afectando nuestras garantías
procesales como demandantes.

1 Según indicó el accionante en el escrito de respuesta al auto admisorio, la persona mencionada habría
fallecido y anexaba el registro civil de defunción. No obstante, al revisar el documento aportado, se comprobó
que dicho registro no obra en el expediente. Lo anterior consta en el índice 9 del sistema SAMAI.

2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05667-00
Accionante: Aldo Enrique Maltés Escobar

3. Se garantice el derecho al debido proceso, en conexidad con el derecho de
acceso a la administración de justicia, evitando más demoras injustificadas en
este trámite procesal.

4. Se garantice el derecho de petición con una respuesta clara y oportuna al
escrito radicado de fecha 14 de julio de 2025.

5. Se impongan las medidas necesarias para evitar futuras vulneraciones de
derechos fundamentales en el despacho judicial accionado, pues no es justo que
a los usuarios del sistema de administración de justicia se nos de este trato
dilatorio y desobligante al ignorar nuestras justas y respetuosas peticiones”.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN

2.1. Mediante auto del 29 de septiembre de 2025, el despacho sustanciador
admitió la tutela y dispuso la vinculación, en calidad de terceros con interés
directo, del señor Charlie Cifuentes Pérez y de las personas y entidades que
conforman las partes demandante y demandada en el proceso de
reparación directa objeto de esta acción, para lo cual se requirió al
accionante que los identificara.

En respuesta al requerimiento, el accionante radicó a través de la ventanilla
virtual, el 3 de octubre de 20252, un memorial mediante el cual informó que
el señor José Cifuentes, quien integró el extremo demandante, había
fallecido. Además, indicó que la parte demandada en el proceso ordinario
estuvo conformada por la Fiscalía General de la Nación y la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial.

2.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera -
Subsección A, por intermedio de la magistrada sustanciadora del proceso
de reparación directa que dio origen a la controversia, explicó que la demora
en proferir la sentencia obedece a la alta carga laboral y a la congestión de
procesos en este despacho. En concreto, adujo que, al asumir la titularidad
del despacho en junio de 2025, había un acumulado de 678 procesos
vigentes, de los cuales 577 correspondían a segunda instancia.

2 Visible en el índice 9 de SAMAI.

3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05667-00
Accionante: Aldo Enrique Maltés Escobar

Informó que el expediente ingresó al despacho para sentencia el 23 de
mayo de 2024 y actualmente está en el turno 141 para fallo, e indicó que
no se pueden saltar los turnos previos, de acuerdo con la Ley 446 de 1998,
so pena de infringir el debido proceso y la igualdad.

Sostuvo que la mora judicial, cuando está justificada por condiciones
estructurales como la alta congestión, no constituye una vulneración del
derecho al debido proceso ni del acceso a la administración de justicia,
según la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional.

Además, aclaró que la solicitud presentada por el actor para impulsar el
proceso no constituye derecho de petición que deba ser resuelto por las
normas que regulan una actuación administrativa y no puede surtir efecto
en la vía judicial para exigir que el servidor judicial continúe con el trámite
procesal siguiente.

Finalmente, solicitó denegar el amparo de tutela porque no se han
vulnerado derechos fundamentales en el trámite del proceso.

2.3. La Fiscalía General de la Nación indicó que el actor no estaba
legitimado para instaurar la acción de tutela en nombre propio, toda vez
que los derechos eventualmente vulnerados correspondían a los
demandantes del proceso de reparación directa y, en todo caso, él no
allegó los poderes que aquellos le hubieren conferido.

Alegó que la ausencia momentánea de apoderado de la Fiscalía en el
proceso no implicó una vulneración al debido proceso, pues el respectivo
poder se allegó de manera oportuna. Además, no se acreditó violación del
debido proceso atribuible a la entidad.

Expuso que, en armonía con la jurisprudencia constitucional, la tutela
contra providencias judiciales solo procedía de manera excepcional, ante

4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05667-00
Accionante: Aldo Enrique Maltés Escobar

defectos procesales o materiales graves, situación que no se ha
presentado en el caso bajo examen.

Por último, planteó la configuración de la carencia actual de objeto, al
constatar que el poder otorgado por la entidad ya reposaba en el
expediente digital correspondiente, lo cual satisfizo la pretensión principal
y dejó sin sustento la acción constitucional promovida.

2.4. La Dirección Ejecutiva de Administración señaló que la Fiscalía
General de la Nación el 7 de octubre de 2025 designó nueva apoderada
dentro del proceso de reparación directa, por lo cual consideró superado
el hecho que motivó la tutela.

Afirmó que el derecho de acceso a la administración de justicia no se
vulneró, pues el proceso actualmente se encuentra en segunda instancia
ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, donde se han surtido
las etapas procesales correspondientes.

Además, aclaró que no interviene en las actuaciones o decisiones
judiciales, teniendo en cuenta que sus funciones son de naturaleza
administrativa, no jurisdiccional, conforme a la Ley 270 de 1996. Por ello,
indicó que carece de competencia para intervenir en las actuaciones
judiciales controvertidas.

Finalmente, señaló que la acción de tutela es improcedente contra
providencias judiciales, y que no puede ser empleada como un mecanismo
para revisar permanentemente las decisiones de los jueces, pues ello
contraviene los principios de autonomía judicial, seguridad jurídica y
coherencia del ordenamiento jurídico.

2.5. El señor Charlie Cifuentes Pérez vinculado a este trámite
constitucional guardó silencio.

5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05667-00
Accionante: Aldo Enrique Maltés Escobar

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

3.1. COMPETENCIA

De conformidad con lo previsto por el numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1
del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º
del Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12
de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a
esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala
es competente para conocer del presente asunto.

3.2. ANÁLISIS DE LA SALA

3.3.1. El inciso primero del artículo 86 de la Constitución Política prevé el
derecho que tiene toda persona de reclamar ante los jueces, por sí o por
quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos
fundamentales cuando éstos resulten amenazados o vulnerados.

A su turno, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 establece que toda
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales
podrá ejercer acción tutela por sí misma, por representante, o a través
de un agente oficioso, cuando el titular de los derechos vulnerados o
amenazados no esté en condiciones de promover su propia defensa.

La Corte Constitucional ha explicado que la legitimación en la causa por
activa “no es otra cosa que el reconocimiento de la titularidad subjetiva
de los derechos fundamentales de quien presenta la acción” 3 y, en ese
mismo sentido, ha indicado que4:

“Desde sus inicios, particularmente en la sentencia T-416 de 1997, la Corte
Constitucional estableció que la legitimación en la causa por activa constituye un
presupuesto de la sentencia de fondo, en la medida en que se analiza la calidad
subjetiva de las partes respecto del interés sustancial que se discute en el proceso
de tutela.

Más adelante, la sentencia T-086 de 2010 reiteró lo siguiente con respecto a la
legitimación en la causa por activa como requisito de procedencia de la acción de
tutela:

3
Sentencia T–086 de 2010 (M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
4 Sentencia T–511 de 2017 (M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado).

6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05667-00
Accionante: Aldo Enrique Maltés Escobar

‘Esta exigencia significa que el derecho para cuya protección se interpone la
acción sea un derecho fundamental propio del demandante y no de otra persona.
Lo anterior no se opone a que la defensa de los derechos fundamentales no pueda
lograrse a través de representante legal, apoderado judicial o aun de agente
oficioso’.

Asimismo, en la sentencia T-176 de 2011 este Tribunal indicó que la legitimación
en la causa por activa constituye una garantía de que la persona que presenta la
acción de tutela tenga un interés directo y particular respecto del amparo que se
solicita al juez constitucional, de tal forma que fácilmente el fallador pueda
establecer que el derecho fundamental reclamado es propio del demandante.

En el mismo sentido se pronunció la Corte en la sentencia T-435 de 2016, al
establecer que se encuentra legitimado por activa quien promueva una acción de
tutela siempre que se presenten las siguientes condiciones: (i) que la persona
actúe a nombre propio, a través de representante legal, por medio de apoderado
judicial o mediante agente oficioso; y (ii) procure la protección inmediata de sus
derechos constitucionales fundamentales”.

En ese orden de ideas, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional,
cuando una persona actúa por sí misma o pretende representar a otra en
procura de proteger sus derechos fundamentales, la legitimación en la
causa por activa está determinada por la titularidad de los derechos
fundamentales que se invocan en la acción de tutela, y en caso de
representación, por la presentación de los documentos que la acrediten.

3.3.2. Caso concreto

En el sub lite, la Sala advierte que la demanda de reparación directa núm.
11001-33-36-037-2016-00251-01 fue promovida por los señores Charlie
Cifuentes Pérez y José Cifuentes, por intermedio de apoderado, y
posteriormente fueron representados por el abogado Aldo Enrique Maltés
Escobar.

A su vez, la presente acción de tutela fue instaurada directamente por el
referido abogado, quien solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, de petición y al acceso a la
administración de justicia, que consideró vulnerados con ocasión de la
presunta mora judicial en que habría incurrido el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca - Sección Tercera - Subsección A, al no haber impartido
celeridad al proceso de reparación directa, y la Fiscalía General de la
Nación, al no designar apoderado dentro de ese proceso.

7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05667-00
Accionante: Aldo Enrique Maltés Escobar

Sin embargo, es claro que, aunque el accionante sostiene que, en su
calidad de apoderado, el 14 de julio de 2025 presentó memorial de
impulso dentro del proceso de reparación directa y solicitó requerir a la
Fiscalía General de la Nación para la designación de apoderado en dicho
asunto, el amparo pretendido recae sobre los derechos fundamentales del
señor Charlie Cifuentes Pérez, por ser él quien está supuestamente está
siendo afectado por la ausencia de decisión en segunda instancia,
comoquiera que es el demandante en ese juicio.

Esta Sección ha señalado que solo los sujetos procesales reconocidos
dentro del proceso se encuentran legitimados para presentar las
solicitudes de amparo, en razón a que, en principio únicamente se afectan
los intereses de los sujetos procesales y no de los apoderados5. Situación
distinta se presenta, por ejemplo, en los casos en los que los apoderados
solicitan el amparo del derecho al trabajo, argumentando que con una
determinada decisión se podría ver afectado el pago de sus honorarios.
Pero es claro que tal situación no se presenta en el sub judice6.

Ahora, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 2591
de 1991, la tutela puede interponerse también por intermedio de un agente
oficioso, cuando el titular de los derechos vulnerados o amenazados no
esté en condiciones de promover su propia defensa; pero tal situación
debe ser puesta de presente desde la interposición de la solicitud,
situación que no ocurrió en el sub lite, pues al respecto nada se dijo en la
demanda. Además, no hay prueba alguna en el expediente que demuestre
que el señor Charlie Cifuentes Pérez, por condiciones personales, no hubiera
podido promover su propia defensa.

De acuerdo con lo expuesto, la Sala considera que el abogado Aldo
Enrique Maltés Escobar carece de legitimación en la causa por activa, pues

5 Sentencia del 3 de marzo de 2023, M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, Rad. 11001-03-15-000-2023-
00203-00.
6 Sentencia del 3 de octubre de 2024, M.P. Oswaldo Giraldo López, Rad. 11001-03-15-000-2024-04581-00.

8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05667-00
Accionante: Aldo Enrique Maltés Escobar

no es titular de los derechos cuya protección se solicita, ni actúa como
agente oficioso. Por su parte, el señor Charlie Cifuentes Pérez, titular de
los derechos invocados en la solicitud de amparo, fue vinculado como
tercero con interés directo en este trámite constitucional, y guardó
silencio.

De acuerdo con lo expuesto, la Sala declarará improcedente la acción de
tutela de la referencia, al constatar la ausencia de legitimación por activa
por parte de quien la interpuso.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta
por Aldo Enrique Maltés Escobar contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca - Sección Tercera - Subsección A y la Fiscalía General de
la Nación.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión por el medio más expedito y
eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, si esta providencia no es impugnada oportunamente en
los términos señalados por la Ley.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado

9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05667-00
Accionante: Aldo Enrique Maltés Escobar

CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.

10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.