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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-01007-01

Fecha
12 de mayo de 2022
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
6 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-01007-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-01007-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

12 de mayo de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., doce (12) de mayo de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01007-01
Referencia: Acción de tutela
ACTOR: FABIAN ANDRÉS BERNAL BELTRÁN

TESIS: SE CONFIRMA LA DECISIÓN DEL A QUO QUE DENEGÓ EL
AMPARO SOLICITADO. EL ACTOR REMITIÓ EL ESCRITO DE
IMPUGNACIÓN A UN BUZÓN ELECTRÓNICO NO DISPUESTO PARA
EL ASUNTO, SIN QUE TAL DESCUIDO PUEDA ATRIBUÍRSELE A LAS
ACCIONADAS.

DERECHO FUNDAMENTAL: AL DEBIDO PROCESO.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la

sentencia de 10 de marzo de 2022, proferida por la Sección Cuarta

del Consejo de Estado1, que denegó el amparo solicitado.

1
En adelante la Sección Cuarta.

2

NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2022-01007-01
ACTOR: FABIAN ANDRÉS BERNAL BELTRÁN

I. ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

El señor FABIAN ANDRÉS BERNAL BELTRÁN, actuando en

nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de su

derecho fundamental al debido proceso, el cual, a su juicio, le fue

vulnerado por la Sección Segunda -Subsección “A”- del Consejo de

Estado2 y su Secretaría, al omitir dar trámite a la impugnación

interpuesta contra la sentencia de 25 de noviembre de 2021,

proferida dentro de la acción de tutela identificada con el número

único de radicación 11001-03-15-000-2021-06687-00.

I.2.- Hechos

Refirió que promovió acción de tutela contra la Comisión Nacional de

Disciplinara Judicial, a fin de obtener el amparo de los derechos

fundamentales al debido proceso, al mínimo vital y al trabajo, los

cuales consideró vulnerados con ocasión de la sentencia de 21 de

2
En adelante la Sección Segunda.

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septiembre de 2021, proferida dentro del proceso disciplinario

identificado con el número único de radicación 11001-11-02-000-

2017-00035-01.

Indicó que a la solicitud de amparo le fue asignado el número único

de radicación 2021-06687-00 y correspondió por reparto al Despacho

del Magistrado Rafael Francisco Suárez Vargas, integrante de la

Sección Segunda que, mediante sentencia de 25 de noviembre de

2021, declaró improcedente la acción de tutela por carecer del

requisito de subsidiariedad.

Sostuvo que la anterior decisión fue notificada mediante correo

electrónico de 14 de diciembre de 2021, desde la dirección

cegral@notificacionesrj.gov.co, por lo que al día siguiente, esto es,

15 de diciembre, interpuso impugnación contra la sentencia de

primera instancia, remitiendo el escrito al mismo correo electrónico

del cual fue notificado del fallo.

Relató que la Sección Segunda omitió darle trámite a la impugnación

de la tutela y la remitió a la Corte Constitucional a fin de surtir su

eventual revisión.

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I.3. Fundamentos de derecho

A juicio de la parte actora, la autoridad judicial accionada desconoció

que, de conformidad con lo previsto en el artículo 31 del Decreto

2591 de 1991, la impugnación es un derecho de rango constitucional

reconocido a las partes dentro de la acción de tutela.

I.4.- Pretensiones

La parte actora solicitó la protección de su derecho fundamental

invocado y, en consecuencia:

“[…] Se obligue en el término de 48 horas al magistrado RAFAEL
FRANCISCO SUÁREZ VARGAS a dar el trámite correspondiente a la
impugnación de tutela bajo el radicado
11001031500020210668700 […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- La Sección Segunda sostuvo que todos los oficios de

notificación enviados por la Secretaría General del Consejo de

Estado, cuentan con un párrafo en el cual se explica, a los

accionantes y usuarios, cual es el correo que debe ser utilizado para

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allegar las solicitudes y documentos, esto es,

secgeneral@consejodeestado.gov.co, pues el correo

cegral@notificacionesrj.gov.co es de uso exclusivo de la Secretaría

General para el envío de notificaciones y comunicaciones a los

usuarios.

Así las cosas, adujo que la bandeja de entrada del correo

cegral@notificacionesrj.gov.co no es procesada para el recibo de

documentos, por lo que la Secretaría General no tenía medio para

conocer la existencia de la impugnación enviada por el actor, por lo

que se dispuso enviar el expediente a la Corte Constitucional, de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 de

1991.

Por lo anterior, resaltó que no se configura la violación del derecho

fundamental al debido proceso alegado, ya que jamás se tuvo

conocimiento por parte de la Secretaría General y, por ende, de ese

Despacho, de la existencia del memorial de impugnación presentado

por el señor BERNAL BELTRÁN, por lo que solicitó que se declare

improcedente la acción de tutela de la referencia.

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I.5.2.- La Secretaría de la Sección Segunda refirió que cuando

alguna persona remite un mensaje de datos o un documento al

correo electrónico cegral@notificacionesrj.gov.co, se genera de

manera automática un mensaje en el cual se le solicita al usuario

dirigir su solicitud a la dirección

secgeneral@consejodeestado.gov.co.

Así las cosas, indicó que no ha vulnerado el derecho fundamental

invocado, dado que pese a la amplia difusión que se les ha dado a

los usuarios judiciales, el actor no hizo uso de los canales digitales

habilitados para la recepción de memoriales dirigidos a los

expedientes que se tramitan en esa Secretaría.

II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La Sección Cuarta mediante sentencia de 10 de marzo de 2022,

denegó el amparo solicitado, al considerar que aun cuando el debido

proceso, el acceso a la administración de justicia y el derecho a la

defensa son garantías que se encuentran previstas no solo en normas

de derecho internacional, sino también en el ordenamiento jurídico

interno y están dotadas de toda la fuerza vinculante, el actor fue

quien incurrió en un error en cuanto a la interposición del recurso de

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impugnación, lo que resulta imputable exclusivamente a él, sin que

pueda endilgársele tal yerro a la autoridad judicial accionada.

Resaltó que las accionadas cumplieron con el deber previsto en el

inciso 4º del artículo 2° del Decreto Legislativo 806 de 2020,

consistente en dar a conocer en su página web los canales oficiales

de comunicación e información mediante los cuales prestaran su

servicio y los mecanismos tecnológicos que emplearán, de tal forma

que la radicación de la impugnación en un buzón de correo

electrónico distinto al dispuesto para el efecto impidió que se

tramitara.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

El actor presentó escrito de impugnación, el cual sustentó reiterando

los argumentos expuestos en el escrito de tutela, esto es, que tenía

derecho a impugnar la decisión de primera instancia, de tal forma

que tal impedimento creó una limitante a ejercer la doble instancia,

vulnerando así su derecho fundamental al debido proceso.

Así las cosas, solicitó que se revoque la decisión del a quo y, en su

lugar, se acceda al amparo solicitado.

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IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre

de 2017 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de

2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula

la distribución de negocios entre las secciones.

Caso concreto

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución

Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos

constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o

amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o

particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley

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2591 de 19 de noviembre de 19913. Dicha acción se establece como

instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el

afectado no dispone de otros medios de defensa judiciales, salvo que

se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio

irremediable.

La Sala observa que en el presente caso el señor FABIAN ANDRÉS

BERNAL BELTRÁN interpuso acción de tutela con la finalidad de

obtener el amparo a su derecho fundamental al debido proceso, ante

la omisión en darle trámite a la impugnación interpuesta contra la

sentencia de 25 de noviembre de 2021, proferida por la Sección

Segunda dentro de la acción de tutela identificada con el número

único de radicación 2021-06687-00.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la

SECCIÓN CUARTA que, a través de sentencia de 10 de marzo de

2022, denegó el amparo solicitado, al considerar que el actor fue

quien incurrió en un error en cuanto a la presentación de la

impugnación, lo que resulta imputable exclusivamente a él, sin que

pueda endilgársele tal yerro a la autoridad judicial accionada.

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«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».

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El actor impugnó la decisión reiterando los argumentos esgrimidos

en el escrito de tutela, para lo cual solicitó que se revoque la decisión

del a quo y, en su lugar, se acceda al amparo solicitado.

Conforme con lo anterior, corresponde a la Sala determinar: i) si la

acción de tutela de la referencia cumple con los requisitos de

procedibilidad y, de ser así, ii) establecer si la Sección Segunda

vulneró el derecho fundamental al debido proceso al omitir darle

trámite a la impugnación interpuesta contra la sentencia de 25 de

noviembre de 2021, dentro de la acción de tutela identificada con el

número único de radicación 2021-06687-00.

En ese orden de ideas, la Sala advierte que la solicitud de amparo

fue promovida dentro de un término razonable, por cuanto la

presunta vulneración del derecho fundamental invocado se originó

con ocasión de la omisión en darle trámite al escrito de impugnación

interpuesto por el actor el 15 de diciembre de 2021 y, el posterior

envío a la Corte Constitucional para su revisión eventual, mientras

que la acción de tutela fue radicada el 9 de febrero de 2022.

Por otro lado, en lo que concierne a la subsidiariedad la Sala también

encuentra acreditado dicho requisito, como quiera que, por una

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parte, el objeto de la acción de tutela es lograr la protección

inmediata del derecho al debido proceso y, por otra, no existe otro

mecanismo idóneo para lograr el amparo solicitado.

Visto que la presente acción de tutela cumple con los requisitos de

procedibilidad, procede la Sala a abordar el estudio del fondo del

asunto.

De la impugnación del fallo de tutela como derecho de rango

constitucional

El artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, “Por el cual se reglamenta

la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución

Política”, prevé:

“[…] Artículo 31. IMPUGNACION DEL FALLO. Dentro de los tres
días siguientes a su notificación el fallo podrá ser impugnado por el
Defensor del Pueblo, el solicitante, la autoridad pública o el
representante del órgano correspondiente, sin perjuicio de su
cumplimiento inmediato […]”.

De lo anterior se extrae que para ejercer la impugnación la normativa

dispone de un término de 3 días siguientes a la notificación del fallo,

la cual podrá ser por telegrama o por otro medio expedito que

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asegure la eficacia de la misma y la posibilidad de ejercer el derecho

de defensa, de conformidad con lo previsto en los artículos 30 ibidem

y 5º del Decreto 306 de 1992, “Por el cual se reglamenta el Decreto

2591 de 1991”.

Ahora, aun cuando el funcionario judicial puede elegir el medio

expedito y eficaz para notificar el fallo de tutela, lo cierto es que, de

preferencia, se debe recurrir a la notificación personal, la cual está

prevista, por remisión expresa del artículo 4º del Decreto 306 de

1992, en el artículo 291 del Código General del Proceso, de la

siguiente manera:

“[…] ARTÍCULO 291. PRÁCTICA DE LA NOTIFICACIÓN
PERSONAL. Para la práctica de la notificación personal se
procederá así:

[…]

2. Las personas jurídicas de derecho privado y los comerciantes
inscritos en el registro mercantil deberán registrar en la Cámara de
Comercio o en la oficina de registro correspondiente del lugar
donde funcione su sede principal, sucursal o agencia, la dirección
donde recibirán notificaciones judiciales. Con el mismo propósito
deberán registrar, además, una dirección electrónica.

Esta disposición también se aplicará a las personas naturales
que hayan suministrado al juez su dirección de correo
electrónico.

Si se registran varias direcciones, la notificación podrá surtirse en
cualquiera de ellas.

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3. La parte interesada remitirá una comunicación a quien deba ser
notificado, a su representante o apoderado, por medio de servicio
postal autorizado por el Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones, en la que le informará sobre la existencia
del proceso, su naturaleza y la fecha de la providencia que debe
ser notificada, previniéndolo para que comparezca al juzgado a
recibir notificación dentro de los cinco (5) días siguientes a
la fecha de su entrega en el lugar de destino. Cuando la
comunicación deba ser entregada en municipio distinto al
de la sede del juzgado, el término para comparecer será de
diez (10) días; y si fuere en el exterior el término será de
treinta (30) días.

La comunicación deberá ser enviada a cualquiera de las direcciones
que le hubieren sido informadas al juez de conocimiento como
correspondientes a quien deba ser notificado. Cuando se trate de
persona jurídica de derecho privado la comunicación deberá
remitirse a la dirección que aparezca registrada en la Cámara de
Comercio o en la oficina de registro correspondiente.

Cuando la dirección del destinatario se encuentre en una unidad
inmobiliaria cerrada, la entrega podrá realizarse a quien atienda la
recepción.

La empresa de servicio postal deberá cotejar y sellar una copia de
la comunicación, y expedir constancia sobre la entrega de esta en
la dirección correspondiente. Ambos documentos deberán ser
incorporados al expediente.

Cuando se conozca la dirección electrónica de quien deba
ser notificado, la comunicación podrá remitirse por el
Secretario o el interesado por medio de correo electrónico.
Se presumirá que el destinatario ha recibido la
comunicación cuando el iniciador recepcione acuse de
recibo. En este caso, se dejará constancia de ello en el
expediente y adjuntará una impresión del mensaje de datos.

[…]” (Destacado fuera de texto).

Por su parte, el Gobierno Nacional en el marco de la pandemia

ocasionada por el COVID-19, expidió el Decreto 806 de 2020, por

medio del cual adoptó “medidas para implementar las tecnologías de

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la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales,

agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios

del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia

Económica, Social y Ecológica”.

El mencionado decreto en su artículo 2º, inciso 4, dispone que “las

autoridades judiciales darán a conocer en su página web los canales

oficiales de comunicación e información mediante los cuales

prestarán su servicio, así como los mecanismos tecnológicos que

emplearán”, igualmente, más adelante prevé que adoptaran las

medidas necesarias para garantizar el debido proceso, la publicidad

y el derecho de contradicción, por lo que procuraran por la efectiva

comunicación virtual con los usuarios de la administración de justicia.

En el caso concreto se observa que la inconformidad del actor

radica en que la autoridad judicial accionada no dio trámite a la

impugnación interpuesta el 15 de diciembre de 2021, contra la

sentencia de 25 de noviembre de esa misma anualidad proferida por

la Sección Segunda dentro de la acción de tutela identificada con el

número único de radicación 2021-06687-00.

Revisadas las actuaciones surtidas en el trámite de la acción de tutela

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objeto de debate, se extrae que mediante sentencia de 25 de

noviembre de 2021, la Sección Segunda resolvió en primera instancia

la solicitud de amparo promovida por el actor contra la Comisión

Nacional de Disciplina Judicial, en el sentido de declararla

improcedente por carecer del requisito de subsidiariedad.

La anterior decisión fue notificada personalmente al actor a través de

correo electrónico remitido el 14 de diciembre de 2021 a la dirección

electrónica informada por el señor BERNAL BELTRÁN para el efecto,

esto es, fabianandresbernalbeltran@gmail.com, tal como se observa

a continuación:

Tal como lo informó el actor y de conformidad con el acuse de recibo,

el fallo de tutela fue debidamente notificado el 14 de diciembre de

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2021:

En este punto es del caso destacar que la Sección Segunda al

notificar la providencia de 25 de noviembre de 2021, informó al actor

que las solicitudes y documentos que se remitan por parte de los

usuarios de la justicia deberán allegarse al buzón judicial

secgeneral@consejodeestado.gov.co y no al

cegral@notificacionesrj.gov.co, comoquiera que este último es de

uso exclusivo para el envío de notificaciones y comunicaciones y, por

tanto, los correos electrónicos enviados a esa bandeja no serían

procesados, tal como se observa:

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Ahora, de las pruebas allegadas a la acción de tutela de la referencia,

se advierte que el actor remitió escrito de impugnación contra la

anterior decisión el 15 de diciembre de 2021, al correo electrónico

cegral@notificacionesrj.gov.co, así como se evidencia:

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Por su parte, el 24 de enero de 2022 la Secretaría General del

Consejo de Estado remitió el expediente contentivo de la acción de

tutela identificado con el número único de radicación 2021-06687-00

a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al no haberse

recibido impugnación alguna.

De lo anterior se desprende que el actor remitió el escrito de

impugnación a una dirección electrónica que no correspondía para el

efecto, pese a que la Secretaría General del Consejo de Estado fue

enfática en informar que los mensajes de datos remitidos al buzón

cegral@notificacionesrj.gov.co no serían procesados y, por ende, se

eliminarían.

Sumado a lo anterior, se resalta que cuando es remitido un mensaje

de datos al correo electrónico en mención, esto es,

cegral@notificacionesrj.gov.co, automáticamente se genera una

respuesta en la que se le informa al usuario : “Señor usuario: Favor

dirigir sus solicitudes, respuestas y/o peticiones a la cuenta:

secgeneral@consejodeestado.gov.co, dado que este correo es

utilizado únicamente por el software para notificaciones electrónicas,

por lo tanto cualquier mensaje que sea enviado a esta dirección no

será procesado por nuestro sistema”, información que, por demás,

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es visible en la página web de la Corporación.

En ese orden de ideas, para la Sala es dable inferir que las

actuaciones de la Sección Segunda y su Secretaría no son

vulneradoras del derecho fundamental al debido proceso invocado

por el actor, comoquiera que la incorrecta radicación del escrito de

impugnación por parte del mismo impidió a la autoridad judicial

accionada conocer tal documento y, por tanto, darle el trámite que

correspondía, lo cual de ninguna forma puede ser atribuible a las

accionadas.

Precisado lo anterior y visto el marco normativo aplicable al asunto

bajo estudio, la Sala advierte que comparte el criterio del a quo, en

la medida de que la falta de diligencia y cuidado por parte del señor

BERNAL BELTRÁN es imputable exclusivamente a este y no puede

trasladársele la responsabilidad a la Sección Segunda y su Secretaría,

quienes actuaron con apego a los procedimientos establecidos en la

norma.

En ese orden de ideas, comoquiera que los reproches de la

impugnación estudiada no tienen vocación de prosperar, el fallo

proferido en primera instancia será confirmado, como en efecto se

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dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones

expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 12 de mayo de 2022.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

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NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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