Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-01007-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-01007-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-01007-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
12 de mayo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., doce (12) de mayo de dos mil veintidós (2022)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01007-01
Referencia: Acción de tutela
ACTOR: FABIAN ANDRÉS BERNAL BELTRÁN
TESIS: SE CONFIRMA LA DECISIÓN DEL A QUO QUE DENEGÓ EL
AMPARO SOLICITADO. EL ACTOR REMITIÓ EL ESCRITO DE
IMPUGNACIÓN A UN BUZÓN ELECTRÓNICO NO DISPUESTO PARA
EL ASUNTO, SIN QUE TAL DESCUIDO PUEDA ATRIBUÍRSELE A LAS
ACCIONADAS.
DERECHO FUNDAMENTAL: AL DEBIDO PROCESO.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la
sentencia de 10 de marzo de 2022, proferida por la Sección Cuarta
del Consejo de Estado1, que denegó el amparo solicitado.
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En adelante la Sección Cuarta.
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ACTOR: FABIAN ANDRÉS BERNAL BELTRÁN
I. ANTECEDENTES
I.1.- La Solicitud
El señor FABIAN ANDRÉS BERNAL BELTRÁN, actuando en
nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de su
derecho fundamental al debido proceso, el cual, a su juicio, le fue
vulnerado por la Sección Segunda -Subsección “A”- del Consejo de
Estado2 y su Secretaría, al omitir dar trámite a la impugnación
interpuesta contra la sentencia de 25 de noviembre de 2021,
proferida dentro de la acción de tutela identificada con el número
único de radicación 11001-03-15-000-2021-06687-00.
I.2.- Hechos
Refirió que promovió acción de tutela contra la Comisión Nacional de
Disciplinara Judicial, a fin de obtener el amparo de los derechos
fundamentales al debido proceso, al mínimo vital y al trabajo, los
cuales consideró vulnerados con ocasión de la sentencia de 21 de
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En adelante la Sección Segunda.
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ACTOR: FABIAN ANDRÉS BERNAL BELTRÁN
septiembre de 2021, proferida dentro del proceso disciplinario
identificado con el número único de radicación 11001-11-02-000-
2017-00035-01.
Indicó que a la solicitud de amparo le fue asignado el número único
de radicación 2021-06687-00 y correspondió por reparto al Despacho
del Magistrado Rafael Francisco Suárez Vargas, integrante de la
Sección Segunda que, mediante sentencia de 25 de noviembre de
2021, declaró improcedente la acción de tutela por carecer del
requisito de subsidiariedad.
Sostuvo que la anterior decisión fue notificada mediante correo
electrónico de 14 de diciembre de 2021, desde la dirección
cegral@notificacionesrj.gov.co, por lo que al día siguiente, esto es,
15 de diciembre, interpuso impugnación contra la sentencia de
primera instancia, remitiendo el escrito al mismo correo electrónico
del cual fue notificado del fallo.
Relató que la Sección Segunda omitió darle trámite a la impugnación
de la tutela y la remitió a la Corte Constitucional a fin de surtir su
eventual revisión.
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I.3. Fundamentos de derecho
A juicio de la parte actora, la autoridad judicial accionada desconoció
que, de conformidad con lo previsto en el artículo 31 del Decreto
2591 de 1991, la impugnación es un derecho de rango constitucional
reconocido a las partes dentro de la acción de tutela.
I.4.- Pretensiones
La parte actora solicitó la protección de su derecho fundamental
invocado y, en consecuencia:
“[…] Se obligue en el término de 48 horas al magistrado RAFAEL
FRANCISCO SUÁREZ VARGAS a dar el trámite correspondiente a la
impugnación de tutela bajo el radicado
11001031500020210668700 […]”.
I.5.- Defensa
I.5.1.- La Sección Segunda sostuvo que todos los oficios de
notificación enviados por la Secretaría General del Consejo de
Estado, cuentan con un párrafo en el cual se explica, a los
accionantes y usuarios, cual es el correo que debe ser utilizado para
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allegar las solicitudes y documentos, esto es,
secgeneral@consejodeestado.gov.co, pues el correo
cegral@notificacionesrj.gov.co es de uso exclusivo de la Secretaría
General para el envío de notificaciones y comunicaciones a los
usuarios.
Así las cosas, adujo que la bandeja de entrada del correo
cegral@notificacionesrj.gov.co no es procesada para el recibo de
documentos, por lo que la Secretaría General no tenía medio para
conocer la existencia de la impugnación enviada por el actor, por lo
que se dispuso enviar el expediente a la Corte Constitucional, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 de
1991.
Por lo anterior, resaltó que no se configura la violación del derecho
fundamental al debido proceso alegado, ya que jamás se tuvo
conocimiento por parte de la Secretaría General y, por ende, de ese
Despacho, de la existencia del memorial de impugnación presentado
por el señor BERNAL BELTRÁN, por lo que solicitó que se declare
improcedente la acción de tutela de la referencia.
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I.5.2.- La Secretaría de la Sección Segunda refirió que cuando
alguna persona remite un mensaje de datos o un documento al
correo electrónico cegral@notificacionesrj.gov.co, se genera de
manera automática un mensaje en el cual se le solicita al usuario
dirigir su solicitud a la dirección
secgeneral@consejodeestado.gov.co.
Así las cosas, indicó que no ha vulnerado el derecho fundamental
invocado, dado que pese a la amplia difusión que se les ha dado a
los usuarios judiciales, el actor no hizo uso de los canales digitales
habilitados para la recepción de memoriales dirigidos a los
expedientes que se tramitan en esa Secretaría.
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
La Sección Cuarta mediante sentencia de 10 de marzo de 2022,
denegó el amparo solicitado, al considerar que aun cuando el debido
proceso, el acceso a la administración de justicia y el derecho a la
defensa son garantías que se encuentran previstas no solo en normas
de derecho internacional, sino también en el ordenamiento jurídico
interno y están dotadas de toda la fuerza vinculante, el actor fue
quien incurrió en un error en cuanto a la interposición del recurso de
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impugnación, lo que resulta imputable exclusivamente a él, sin que
pueda endilgársele tal yerro a la autoridad judicial accionada.
Resaltó que las accionadas cumplieron con el deber previsto en el
inciso 4º del artículo 2° del Decreto Legislativo 806 de 2020,
consistente en dar a conocer en su página web los canales oficiales
de comunicación e información mediante los cuales prestaran su
servicio y los mecanismos tecnológicos que emplearán, de tal forma
que la radicación de la impugnación en un buzón de correo
electrónico distinto al dispuesto para el efecto impidió que se
tramitara.
III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
El actor presentó escrito de impugnación, el cual sustentó reiterando
los argumentos expuestos en el escrito de tutela, esto es, que tenía
derecho a impugnar la decisión de primera instancia, de tal forma
que tal impedimento creó una limitante a ejercer la doble instancia,
vulnerando así su derecho fundamental al debido proceso.
Así las cosas, solicitó que se revoque la decisión del a quo y, en su
lugar, se acceda al amparo solicitado.
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IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre
de 2017 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de
2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula
la distribución de negocios entre las secciones.
Caso concreto
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos
constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o
particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley
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2591 de 19 de noviembre de 19913. Dicha acción se establece como
instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el
afectado no dispone de otros medios de defensa judiciales, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio
irremediable.
La Sala observa que en el presente caso el señor FABIAN ANDRÉS
BERNAL BELTRÁN interpuso acción de tutela con la finalidad de
obtener el amparo a su derecho fundamental al debido proceso, ante
la omisión en darle trámite a la impugnación interpuesta contra la
sentencia de 25 de noviembre de 2021, proferida por la Sección
Segunda dentro de la acción de tutela identificada con el número
único de radicación 2021-06687-00.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la
SECCIÓN CUARTA que, a través de sentencia de 10 de marzo de
2022, denegó el amparo solicitado, al considerar que el actor fue
quien incurrió en un error en cuanto a la presentación de la
impugnación, lo que resulta imputable exclusivamente a él, sin que
pueda endilgársele tal yerro a la autoridad judicial accionada.
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«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
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El actor impugnó la decisión reiterando los argumentos esgrimidos
en el escrito de tutela, para lo cual solicitó que se revoque la decisión
del a quo y, en su lugar, se acceda al amparo solicitado.
Conforme con lo anterior, corresponde a la Sala determinar: i) si la
acción de tutela de la referencia cumple con los requisitos de
procedibilidad y, de ser así, ii) establecer si la Sección Segunda
vulneró el derecho fundamental al debido proceso al omitir darle
trámite a la impugnación interpuesta contra la sentencia de 25 de
noviembre de 2021, dentro de la acción de tutela identificada con el
número único de radicación 2021-06687-00.
En ese orden de ideas, la Sala advierte que la solicitud de amparo
fue promovida dentro de un término razonable, por cuanto la
presunta vulneración del derecho fundamental invocado se originó
con ocasión de la omisión en darle trámite al escrito de impugnación
interpuesto por el actor el 15 de diciembre de 2021 y, el posterior
envío a la Corte Constitucional para su revisión eventual, mientras
que la acción de tutela fue radicada el 9 de febrero de 2022.
Por otro lado, en lo que concierne a la subsidiariedad la Sala también
encuentra acreditado dicho requisito, como quiera que, por una
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parte, el objeto de la acción de tutela es lograr la protección
inmediata del derecho al debido proceso y, por otra, no existe otro
mecanismo idóneo para lograr el amparo solicitado.
Visto que la presente acción de tutela cumple con los requisitos de
procedibilidad, procede la Sala a abordar el estudio del fondo del
asunto.
De la impugnación del fallo de tutela como derecho de rango
constitucional
El artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, “Por el cual se reglamenta
la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política”, prevé:
“[…] Artículo 31. IMPUGNACION DEL FALLO. Dentro de los tres
días siguientes a su notificación el fallo podrá ser impugnado por el
Defensor del Pueblo, el solicitante, la autoridad pública o el
representante del órgano correspondiente, sin perjuicio de su
cumplimiento inmediato […]”.
De lo anterior se extrae que para ejercer la impugnación la normativa
dispone de un término de 3 días siguientes a la notificación del fallo,
la cual podrá ser por telegrama o por otro medio expedito que
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asegure la eficacia de la misma y la posibilidad de ejercer el derecho
de defensa, de conformidad con lo previsto en los artículos 30 ibidem
y 5º del Decreto 306 de 1992, “Por el cual se reglamenta el Decreto
2591 de 1991”.
Ahora, aun cuando el funcionario judicial puede elegir el medio
expedito y eficaz para notificar el fallo de tutela, lo cierto es que, de
preferencia, se debe recurrir a la notificación personal, la cual está
prevista, por remisión expresa del artículo 4º del Decreto 306 de
1992, en el artículo 291 del Código General del Proceso, de la
siguiente manera:
“[…] ARTÍCULO 291. PRÁCTICA DE LA NOTIFICACIÓN
PERSONAL. Para la práctica de la notificación personal se
procederá así:
[…]
2. Las personas jurídicas de derecho privado y los comerciantes
inscritos en el registro mercantil deberán registrar en la Cámara de
Comercio o en la oficina de registro correspondiente del lugar
donde funcione su sede principal, sucursal o agencia, la dirección
donde recibirán notificaciones judiciales. Con el mismo propósito
deberán registrar, además, una dirección electrónica.
Esta disposición también se aplicará a las personas naturales
que hayan suministrado al juez su dirección de correo
electrónico.
Si se registran varias direcciones, la notificación podrá surtirse en
cualquiera de ellas.
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3. La parte interesada remitirá una comunicación a quien deba ser
notificado, a su representante o apoderado, por medio de servicio
postal autorizado por el Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones, en la que le informará sobre la existencia
del proceso, su naturaleza y la fecha de la providencia que debe
ser notificada, previniéndolo para que comparezca al juzgado a
recibir notificación dentro de los cinco (5) días siguientes a
la fecha de su entrega en el lugar de destino. Cuando la
comunicación deba ser entregada en municipio distinto al
de la sede del juzgado, el término para comparecer será de
diez (10) días; y si fuere en el exterior el término será de
treinta (30) días.
La comunicación deberá ser enviada a cualquiera de las direcciones
que le hubieren sido informadas al juez de conocimiento como
correspondientes a quien deba ser notificado. Cuando se trate de
persona jurídica de derecho privado la comunicación deberá
remitirse a la dirección que aparezca registrada en la Cámara de
Comercio o en la oficina de registro correspondiente.
Cuando la dirección del destinatario se encuentre en una unidad
inmobiliaria cerrada, la entrega podrá realizarse a quien atienda la
recepción.
La empresa de servicio postal deberá cotejar y sellar una copia de
la comunicación, y expedir constancia sobre la entrega de esta en
la dirección correspondiente. Ambos documentos deberán ser
incorporados al expediente.
Cuando se conozca la dirección electrónica de quien deba
ser notificado, la comunicación podrá remitirse por el
Secretario o el interesado por medio de correo electrónico.
Se presumirá que el destinatario ha recibido la
comunicación cuando el iniciador recepcione acuse de
recibo. En este caso, se dejará constancia de ello en el
expediente y adjuntará una impresión del mensaje de datos.
[…]” (Destacado fuera de texto).
Por su parte, el Gobierno Nacional en el marco de la pandemia
ocasionada por el COVID-19, expidió el Decreto 806 de 2020, por
medio del cual adoptó “medidas para implementar las tecnologías de
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la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales,
agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios
del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica”.
El mencionado decreto en su artículo 2º, inciso 4, dispone que “las
autoridades judiciales darán a conocer en su página web los canales
oficiales de comunicación e información mediante los cuales
prestarán su servicio, así como los mecanismos tecnológicos que
emplearán”, igualmente, más adelante prevé que adoptaran las
medidas necesarias para garantizar el debido proceso, la publicidad
y el derecho de contradicción, por lo que procuraran por la efectiva
comunicación virtual con los usuarios de la administración de justicia.
En el caso concreto se observa que la inconformidad del actor
radica en que la autoridad judicial accionada no dio trámite a la
impugnación interpuesta el 15 de diciembre de 2021, contra la
sentencia de 25 de noviembre de esa misma anualidad proferida por
la Sección Segunda dentro de la acción de tutela identificada con el
número único de radicación 2021-06687-00.
Revisadas las actuaciones surtidas en el trámite de la acción de tutela
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objeto de debate, se extrae que mediante sentencia de 25 de
noviembre de 2021, la Sección Segunda resolvió en primera instancia
la solicitud de amparo promovida por el actor contra la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial, en el sentido de declararla
improcedente por carecer del requisito de subsidiariedad.
La anterior decisión fue notificada personalmente al actor a través de
correo electrónico remitido el 14 de diciembre de 2021 a la dirección
electrónica informada por el señor BERNAL BELTRÁN para el efecto,
esto es, fabianandresbernalbeltran@gmail.com, tal como se observa
a continuación:
Tal como lo informó el actor y de conformidad con el acuse de recibo,
el fallo de tutela fue debidamente notificado el 14 de diciembre de
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2021:
En este punto es del caso destacar que la Sección Segunda al
notificar la providencia de 25 de noviembre de 2021, informó al actor
que las solicitudes y documentos que se remitan por parte de los
usuarios de la justicia deberán allegarse al buzón judicial
secgeneral@consejodeestado.gov.co y no al
cegral@notificacionesrj.gov.co, comoquiera que este último es de
uso exclusivo para el envío de notificaciones y comunicaciones y, por
tanto, los correos electrónicos enviados a esa bandeja no serían
procesados, tal como se observa:
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Ahora, de las pruebas allegadas a la acción de tutela de la referencia,
se advierte que el actor remitió escrito de impugnación contra la
anterior decisión el 15 de diciembre de 2021, al correo electrónico
cegral@notificacionesrj.gov.co, así como se evidencia:
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Por su parte, el 24 de enero de 2022 la Secretaría General del
Consejo de Estado remitió el expediente contentivo de la acción de
tutela identificado con el número único de radicación 2021-06687-00
a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al no haberse
recibido impugnación alguna.
De lo anterior se desprende que el actor remitió el escrito de
impugnación a una dirección electrónica que no correspondía para el
efecto, pese a que la Secretaría General del Consejo de Estado fue
enfática en informar que los mensajes de datos remitidos al buzón
cegral@notificacionesrj.gov.co no serían procesados y, por ende, se
eliminarían.
Sumado a lo anterior, se resalta que cuando es remitido un mensaje
de datos al correo electrónico en mención, esto es,
cegral@notificacionesrj.gov.co, automáticamente se genera una
respuesta en la que se le informa al usuario : “Señor usuario: Favor
dirigir sus solicitudes, respuestas y/o peticiones a la cuenta:
secgeneral@consejodeestado.gov.co, dado que este correo es
utilizado únicamente por el software para notificaciones electrónicas,
por lo tanto cualquier mensaje que sea enviado a esta dirección no
será procesado por nuestro sistema”, información que, por demás,
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es visible en la página web de la Corporación.
En ese orden de ideas, para la Sala es dable inferir que las
actuaciones de la Sección Segunda y su Secretaría no son
vulneradoras del derecho fundamental al debido proceso invocado
por el actor, comoquiera que la incorrecta radicación del escrito de
impugnación por parte del mismo impidió a la autoridad judicial
accionada conocer tal documento y, por tanto, darle el trámite que
correspondía, lo cual de ninguna forma puede ser atribuible a las
accionadas.
Precisado lo anterior y visto el marco normativo aplicable al asunto
bajo estudio, la Sala advierte que comparte el criterio del a quo, en
la medida de que la falta de diligencia y cuidado por parte del señor
BERNAL BELTRÁN es imputable exclusivamente a este y no puede
trasladársele la responsabilidad a la Sección Segunda y su Secretaría,
quienes actuaron con apego a los procedimientos establecidos en la
norma.
En ese orden de ideas, comoquiera que los reproches de la
impugnación estudiada no tienen vocación de prosperar, el fallo
proferido en primera instancia será confirmado, como en efecto se
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dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 12 de mayo de 2022.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
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ACTOR: FABIAN ANDRÉS BERNAL BELTRÁN
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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