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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01322-00

Fecha
20 de abril de 2023
Consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdes
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01322-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: NEGAR la acción de tutela de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 11 Ibidem. 12 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 12 de mayo de 2022. Expediente: 11001-03-15-000-2022-01007-01. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, y Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 12 de mayo de 2022. Expediente: 44001-23-40-000-2022- 00027-01. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 13 Expediente 25000-23-41-000-2022-00312-01. 13 Radicación: 11001-03-15-000-2023-01322-00 Accionantes: Fondo Adaptación SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: En caso de no ser impugnada, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con el artículo 31 del Decreto Ley No. 2591 de 1991. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-01322-00

Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes

20 de abril de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01322-00
Accionante: FONDO ADAPTACIÓN
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO - SECCIÓN A
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – se
niega el amparo – reiteración jurisprudencial – la accionada no
vulneró los derechos fundamentales de la entidad actora al haber
tenido por no contestada la demanda, en tanto dicho documento
fue enviado a través de un canal digital no habilitado para la
recepción de memoriales

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por el Fondo Adaptación, a través
de apoderado judicial y en contra del Tribunal Administrativo del Atlántico -
Sección A.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. El Fondo Adaptación, por conducto de apoderado judicial, presentó acción de
tutela con miras a obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia, cuya vulneración le atribuyó a
la decisión judicial de 2 de marzo de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico - Sección A, dentro del medio de control de
controversias contractuales con radicado número 08001-23-33-000-2019-00022-
00.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado por el extremo accionante, los hechos y razones
que motivan la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Relatóque el Consorcio Escolar 2013 promovió demanda de controversias
contractuales en contra del Fondo Adaptación, cuyo conocimiento le correspondió
al Tribunal accionado.

2.2. Manifestóque: «[…] mediante correo electrónico del 25 de febrero remitido
desde la dirección electrónica tadmin05atl@notificacionesrj.gov.co el Despacho
notificó al FONDO ADAPTACIÓN el auto admisorio de la demanda de fecha 7 de
febrero de 2022 […]».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Accionantes: Fondo Adaptación

2.3. Aclaró que: «[…] en el referido auto admisorio no se indicó dirección electrónica
distinta a la de tadmin05atl@notificacionesrj.gov.co, desde la cual se remitió la
providencia a efecto de ser tenida en cuenta para las actuaciones o radicaciones
subsiguientes dentro del trámite del proceso […]».

2.4. Expuso que: «[…] El 20 de abril de 2022 se remitió por parte del apoderado del
FONDO ADAPTACIÓN a las direcciones electrónicas
tadmin05atl@notificacionesrj.gov.co mediante la cual se había remitido el auto
admisorio de la demanda y des05taatl@cendoj.ramajudicial.gov.co que figuraba
como dirección electrónica del Despacho en el portal de la Rama Judicial, escrito
de contestación de la demanda, poder y anexos […]».

2.5. Indicóque, pese a que remitió por correo electrónico la contestación de la
demanda y sus anexos, en el desarrollo de la audiencia inicial llevada a cabo el 2
de marzo de 2023, el magistrado del Tribunal accionado a cargo de la referida
diligencia señaló que: «[…] el FONDO ADAPTACIÓN no había contestado la
demanda […]».

2.6. Afirmóque, en atención a lo anterior, le «[…] informó al Despacho que la
contestación de la demanda había sido remitida el 20 de abril de 2022 a las
direcciones electrónicas tadmin05atl@notificacionesrj.gov.co y
des05taatl@cendoj.ramajudicial.gov.co, solicitando en consecuencia se adoptara
medida de saneamiento a efecto de tener por contestada la demanda y reconocer
personería al apoderado de la entidad demandada […]».

2.7. Adujo que, en razón a lo anterior, se suspendió la audiencia; sin embargo, una
vez fue reanudada, se consideró por parte de la autoridad judicial accionada que,
comoquiera que las direcciones electrónicas a las cuales fueron remitidos la
contestación de la demanda y sus anexos, no estaban habilitadas para la
recepción de documentos, se debía tener por no contestada la demanda.

2.8. Agregó que: «[…] A pesar de que el apoderado del FONDO solicito
infructuosamente intervención dentro del desarrollo de la audiencia a efecto de
aportar poder e interponer recurso en contra de la determinación adoptada, el
Despacho decidió continuar con el trámite de la diligencia, sin permitir la
participación del FONDO ADAPTACIÓN […]».

2.9. Consideró que la determinación de la autoridad judicial accionada de tener por
no contestada la demanda y de no reconocerle personería a su apoderado judicial,
configura un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto porque «[…] si
bien es cierto efectivamente los correos electrónicos remitidos por el FONDO
ADAPTACIÓN contado con una respuesta automática del Despacho, lo cierto es
que las direcciones electrónicas a las que fueron remitidas pertenecían al dominio
del Despacho encontrándose activas, al punto tal que desde una de ellas se

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Accionantes: Fondo Adaptación

remitió el auto admisorio de la demanda y la otra pertenecía a la reportada en el
portal de la Rama Judicial […]».

2.10. Manifestó que, de igual manera, se coartó la posibilidad de que su apoderado
judicial aportara el poder en estrados, ya que la autoridad judicial accionada no lo
permitió.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

[…] En forma respetuosa solicito al Honorable Consejo de Estado la
concesión del amparo tutelar de los derechos constitucionales fundamentales
de acceso a la administración de justicia, al debido proceso y derecho de
contradicción, y tutela judicial efectiva como consecuencia de ello:

1.- Se revoque y/o se deje sin valor y efecto, la determinación adoptada por el
Despacho accionado en la Audiencia Inicial efectuada el 2 de marzo de 2023
dentro del proceso de controversias contractuales
08001233300020190002200 adelantado por el CONSORCIO ESCOLAR 2013
en contra del FONDO ADAPTACIÓN, mediante la cual se tuvo como no
contestada la demanda y se abstuvo de reconocer personería al apoderado
del FONDO ADAPTACIÓN.

2.- En su lugar se tenga por contestada la demanda remitida por el FONDO
ADAPTACIÓN y se reconozca personería para actuar como apoderado judicial
de la entidad al abogado JUAN PABLO GUÍO ESPITIA de conformidad con el
poder y anexos allegados.

3.- Se deje sin valor y efecto y/o se declare la nulidad de la audiencia inicial
adelantada el 2 de marzo de 2023 dentro del proceso de controversias
contractuales 08001233300020190002200 promovido por el CONSORCIO
ESCOLAR 2013, en contra del FONDO ADAPTACIÓN.

4.- En virtud de lo anterior se ordene fijar nueva fecha y hora para su
realización […].

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 16 de marzo de 2023, se admitió la acción de tutela de la
referencia. En la misma providencia se negó la medida provisional solicitada por la
entidad actora y se vinculó como tercero con interés directo en los resultados de
este proceso al Consorcio Escolar 2013. También se dispuso notificar al Ministerio
Público para lo de su competencia.

V. INTERVENCIONES

5. Realizadas las notificaciones a la autoridad judicial accionada y a la vinculada,
se advierte que se allegó el siguiente informe:

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Accionantes: Fondo Adaptación

5.1. ElTribunal accionado, por intermedio del magistrado a cargo de la
sustanciación del proceso dentro del cual se adoptó la providencia aquí
cuestionada, rindió informe en el que contextualizó la situación de hecho que dio
origen a que se tuviera por no contestada la demanda en el marco del medio de
control de controversias contractuales con radicado 08001-23-33-000-2019-
00022-00.

5.2. Aseguró que: «[…] a pesar de que el correo automático de respuesta que
generó cada uno de esos buzones le indicó al peticionario el correo al cual debía
remitir la contestación de su demanda, éste hizo caso omiso, negligencia que solo
puede atribuirse a dicha parte, sin que la tutela, que es excepcional y subsidiaria,
sea el mecanismo para corregir o enmendar esas deficiencias, tal como se
pretende […]».

5.3. Sostuvo que la decisión aquí enjuiciada se fundamentó en la tesis
jurisprudencial fijada por el Consejo de Estado, en auto de 7 de febrero de 2022,
(Exp. 11001-03-15-000-2021-04065-00) consistente en que «[…] los memoriales
radicados en un buzón electrónico diferente a aquel destinado para su recepción y
que ha sido debida y previamente informado a las partes, deben tenerse por no
presentados […]».

5.4. Explicó
que, a través de la Circular No. 022 de 2020, se informó a la
ciudadanía en general de los nuevos canales virtuales de atención, asimismo, se
programó en los correos institucionales del Despacho una respuesta automática
que informaba cuál era el canal digital habilitado para la recepción de
documentos.

5.5. Advirtió que, contrario a lo sostenido en el escrito de tutela, «[…] el ahora actor
bien puedo haber allegado el poder para actuar en la diligencia, para lo cual solo
debía remitirlo al correo correcto y de esa forma el tribunal tenerlo por presentado.
Pero ninguna petición se elevó con esa finalidad. Por el contrario, se asumió una
actitud pasiva, que solo puede imputársele a dicha parte y no a este tribunal, que
ha actuado con apego a la ley. Así se puede corroborar con el video de la
grabación, que inserto en el expediente, que se remite con la presente
contestación […]».

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia de la Sala

6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Decreto Ley 2591
del 19 de noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del

1
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".

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Decreto 1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1º del Decreto
333 de 6 de abril de 20213.

VI.2. Problemas jurídicos

7. Teniendo la situación fáctica planteada, la Sala debe establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello
es así, se deberá determinar:

b) Si la decisión judicial de 2 de marzo de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico - Sección A, dentro del medio de control de
controversias contractuales con radicado número 08001-23-33-000-2019-
00022-00, vulneró los derechos fundamentales de la parte actora, al haber
incurrido presuntamente en defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto.

8. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para
posteriormente ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto,
siempre y cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VI.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

9. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20124, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

10. Ahorabien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

11. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa
judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del
principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta

2
"Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho".
3
“Por la cual se modifican os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.

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tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación
clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi)
que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas
en la sentencia SU-627 de 2015.

12. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al
juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial5, la sentencia C-590
de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico,
procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin
motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la
Constitución6.

13. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole
de esta manera «[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]»7 que se encaje en
dichos parámetros.

14. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso,
seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

15. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado:
11001-03-15-000-2012-02201-01.

5
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván
Palacio Palacio.
6
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación
fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño
lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
7
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.

7

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Accionantes: Fondo Adaptación

VI.4. El caso concreto

16. El Fondo Adaptación, por conducto de apoderado judicial, presentó acción de
tutela con miras a obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia, cuya vulneración le atribuyó a
la decisión judicial de 2 de marzo de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico - Sección A, dentro del medio de control de
controversias contractuales con radicado número 08001-23-33-000-2019-00022-
00.

VI.4.1. Del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela

17. La Sala analizará si en el caso de autos se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela. Veamos:

17.1. En el escrito de tutela se invoca la vulneración de derechos de orden
fundamental como lo son el debido proceso y el acceso a la administración de
justicia. Además, la Sala considera que sí se satisface con la carga mínima
argumentativa respecto de la causal de procedibilidad invocada. Por lo anterior, se
concluye que se cumple con el requisito de relevancia constitucional.

17.2. La
acción de tutela fue promovida dentro de un término razonable, habida
cuenta que la decisión judicial acusada fue notificada el 2 de marzo de 2023,
mientras que la solicitud de amparo se radicó el día 14 de ese mismo mes y año.

17.3. La entidad accionante no cuenta con otro medio de defensa judicial, por lo que
se cumple con el requisito de la subsidiariedad.

17.4. La
situación a la cual se le atribuye la vulneración de los derechos
fundamentales fue debidamente puntualizada en el escrito de tutela.

17.5. La
acción constitucional no se dirige contra una sentencia dictada en un
proceso de idéntica naturaleza y como se alegó una irregularidad procesal, es
necesario efectuar un análisis al respecto más adelante.

VI.4.2. Análisis de los requisitos específicos en la presente acción de tutela

18. Encontrándose satisfechos los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela, la Sala abordará el estudio de los requisitos especiales desde la
perspectiva del defecto procedimental invocado por la parte actora.

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Accionantes: Fondo Adaptación

VI.4.2.1. Análisis del defecto procedimental

19. Estedefecto alude a todos aquellos eventos en los que la autoridad judicial
accionada al momento de proferir su decisión, o durante sus actos o diligencias
previas a ello, desatiende o deja de aplicar las reglas procesales que según el
caso resultan pertinentes, vulnerando así la confianza legítima de las partes
involucradas, quienes esperan que el trámite se conduzca dentro del marco de las
normas procesales aplicables8.

20. Demanera que este defecto se presenta cuando: (i) se sigue un trámite
totalmente ajeno al asunto sometido a su competencia; (ii) se pretermiten etapas
sustanciales del procedimiento establecido, vulnerando con ello el derecho de
contradicción y defensa de las partes; o (iii) se pasa por alto realizar el debate
probatorio, natural en todo proceso al no permitirle a las partes sustentar o
comprobar los hechos de la demanda o su contestación, con la consecuente
negación de sus pretensiones, lo que acarrea la violación de los derechos
fundamentales de la parte afectada.

21. Lajurisprudencia constitucional9 ha reconocido dos modalidades de defecto
procedimental, a saber: i) exceso ritual manifiesto, esto es, cuando arguye razones
formales a manera de impedimento, que implica una denegación de justicia, y ii)
absoluto, cuando el juez sigue un trámite totalmente ajeno al asunto sometido a su
competencia, pretermite etapas sustanciales del procedimiento, pasa por alto el
debate probatorio o dilata injustificadamente tanto la adopción de decisiones como
su cumplimiento.

22. Descendiendo al asunto de autos, se advierte que la parte accionante manifestó
que la autoridad accionada incurrió en defecto procedimental absoluto por exceso
ritual manifiesto, en tanto tuvo por no contestada la demanda y se abstuvo de
reconocerle personería para actuar a su abogado dentro del medio de control de
controversias contractuales con radicado número 08001-23-33-000-2019-00022-
00, por el hecho de que tales documentos se enviaron a un correo electrónico que
no estaba habilitado para la recepción de documentos. Al respecto, se explicó lo
siguiente:

[…] En el caso de autos, se encuentra que el poder y la contestación de la
demanda fueron remitidas por parte del FONDO ADAPTACIÓN a los correos
electrónicos tadmin05atl@notificacionesrj.gov.co mediante la cual se remitió el
auto admisorio de la demanda y des05taatl@cendoj.ramajudicial.gov.co que
figura en el portal de la Rama Judicial como dirección electrónica del
Despacho, sin embargo el Despacho determinó no tener pon contestada la
demanda y no reconocer personería jurídica al apoderado de la entidad
demandada, bajo el argumento que los correos electrónicos habían contado
con una respuesta automática del Despacho indicándose la dirección

8
Sentencias T-015 de 2018 y T-474 de 2017 de la Corte Constitucional.
9
T-781 de 2011.

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electrónica de ventanillad05tadmatl@cendoj.ramajudicial.gov.co a efecto de
radicación de los documentos.

Ahora, si bien es cierto efectivamente los correos electrónicos remitidos por el
FONDO ADAPTACIÓN contado con una respuesta automática del Despacho,
lo cierto es que las direcciones electrónicas a las que fueron remitidas
pertenecían al dominio del Despacho encontrándose activas, al punto tal que
desde una de ellas se remitió el auto admisorio de la demanda y la otra
pertenecía a la reportada en el portal de la Rama Judicial.

A lo que se suma, que el correo mediante el cual se informó la dirección de
ventanillad05tadmatl@cendoj.ramajudicial.gov.co no se remitió a los correos
electrónicos del FONDO ADAPTACIÓN indicados en la contestación de la
demanda defensajuridica@fondoadaptacion.gov.co y
notificacionesjudiciales@fondoadaptacion.gov.co.

Así mismo, no hay que perder de vista como se dejó sentado que el hecho
que no se haya permitido la intervención del apoderado del FONDO
ADAPTACIÓN durante el desarrollo de la diligencia con posterioridad a la
decisión de tener por no contestada la demanda y no reconocer personería al
apoderado de la entidad, evidencia la irregularidad en la actuación, habida
cuenta que se contaba con la opción de aportar poder en la audiencia,
posibilidad que no permitió el Despacho.

Lo precedente para significar, que más allá que el correo hubiese contado con
una respuesta automática del Despacho y que no se hubiera reenviado a la
dirección electrónica indicada, la documentación en definitiva fue
recepcionada o recibida en los correos oficiales del Despacho y/o Secretaría
del Tribunal y que en gracia de discusión pudo ser direccionada por el servidor
al correo ventanillad05tadmatl@cendoj.ramajudicial.gov.co ; circunstancia que
se considera debió sopesar el Despacho a efecto de garantizar los derechos
de acceso administración de justicia y de defensa y contradicción del FONDO
ADAPTACIÓN.

Lo anterior cobra especial relevancia si se tiene en cuenta, que, durante el
trámite procesal previo a la realización de la audiencia inicial, vgr en el auto
admisorio de la demanda, no se informó acerca de la dirección electrónica
ventanillad05tadmatl@cendoj.ramajudicial.gov.co para la radicación de la
contestación de la demanda […].

23. Para resolver tales motivos de inconformidad, la Sala estima necesario poner de
relieve lo siguiente:

23.1. Mediante auto de 7 de febrero de 2022, la autoridad aquí accionada admitió el
medio de control de controversias contractuales con radicado número 08001-23-33-
000-2019-00022-00. La anterior decisión fue notificada el día 25 de ese mismo mes
y año, mediante el envío de mensaje de datos.

23.2. El 2 de marzo de 2023 se llevó a cabo audiencia inicial y en la etapa de
saneamiento el auxiliar judicial del magistrado a cargo del desarrollo de la audiencia
advirtió que el Fondo Adaptación no contestó la demanda.

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Accionantes: Fondo Adaptación

23.3. El magistrado a cargo del desarrollo de la audiencia inicial le concedió el uso de
la palabra a los asistentes para que informaran si existía alguna irregularidad que
debía ser saneada dentro del proceso. En dicha oportunidad, el abogado del Fondo
Adaptación solicitó verificar la radicación de la contestación de la demanda, ya que
esta había sido remitida el 20 de abril de 2022 a las siguientes direcciones
electrónicas: tadmin05atl@notificacionesrj.gov.co y
des05taatl@cendoj.ramajudicial.gov.co.

23.4. Enatención a lo anterior, el magistrado del Tribunal a cargo de la
sustanciación del proceso decidió suspender la diligencia por el término de tres (3)
minutos con el fin de verificar la información suministrada por el abogado del
Fondo Adaptación.

23.5. Una vez reanudada la diligencia, el referido magistrado sustanciador le solicitó
a su auxiliar judicial presentar un informe relacionado con la contestación de la
demanda, el cual fue rendido en los siguientes términos -tal como se extrae del acta de
audiencia inicial-:

[…] Efectivamente se recibió una contestación en el correo
des05taatl@cendoj.ramajudicial.gov.co, pero dicha contestación arrojó una
contestación automática, informándole que ese correo era solo para
notificaciones y le informo también que los memoriales escritos,
recursos, peticiones y contestaciones; debían ser remitidos al correo
institucional de secretaria
ventanillad05tadmatl@cendoj.ramajudicial.gov.co, adicionalmente se
informa que en cuanto al correo tadmin05atl@notificacionesrj.gov.co, es única
y exclusivamente para el envió de notificaciones, y además la
Presidencia de esta corporación emitió la circular 002 de 2020, en la cual
se dispusieron los Canales de Atención para el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Atlántico y fue notificada a través de las
páginas y canales pertinentes.

Se informa que la Secretaría no anexa a los expedientes digitales porque no lo
conocen o porque no ha llegado por el correo pertinente, los memoriales,
contestaciones y escritos, basando su decisión en una sentencia del Consejo
de Estado, que dice […]

Se concluye el Informe Secretarial, indicando que, a pesar de haber enviado la
Contestación de la Demanda, esta se envió a un correo que no estaba
dispuesto para recibir Notificaciones Judiciales, a partir de dos mil veinte
(2020), Circular No. 002 de 2020.

Así mismo, se le informa al señor Magistrado que con la Contestación que se
envió al correo que no era el indicado, también se aportó el Escrito de Poder,
por lo que también habría que revisarse la representación de la Entidad
Demandada […]. (Negrillas por fuera del texto)

23.6. Con fundamento en el anterior informe, la autoridad judicial accionada resolvió
tener por no contestada la demanda y, consecuencialmente, indicó que: «[…] no se
le podrá Reconocer Personería al Abogado de la parte Demandada por cuanto no
se presentó el documento debidamente […]».

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Accionantes: Fondo Adaptación

23.7. La anterior decisión fue notificada en estrados, sin que las partes presentes
presentaran recurso, objeción o petición alguna.

24. Visto todo lo anterior, la Sala advierte que la decisión de tener por no contestada
la demanda y de no reconocerle personería al abogado de la entidad aquí actora,
tuvo fundamentó en que el citado escrito fue enviado a un canal digital no habilitado
para la recepción de documentos.

25. En atención a lo anterior, y comoquiera que, efectivamente, la parte aquí actora
radicó el escrito de contestación de demanda y sus anexos a una dirección
electrónica no habilitada para la recepción de documentos, para la Sala es claro que
la accionada no vulneró sus derechos fundamentales, máxime cuando la dirección
electrónica generó una respuesta automática en la que le informaba al remitente que
no era un canal habilitado para tal fin e indicaba cual era el correo electrónico
autorizado, tal como se reconoció en el escrito de tutela, cuando se afirmó lo
siguiente:

[…] Ahora, si bien es cierto efectivamente los correos electrónicos
remitidos por el FONDO ADAPTACIÓN contado con una respuesta
automática del Despacho, lo cierto es que las direcciones electrónicas a las
que fueron remitidas pertenecían al dominio del Despacho encontrándose
activas, al punto tal que desde una de ellas se remitió el auto admisorio de la
demanda y la otra pertenecía a la reportada en el portal de la Rama Judicial
[…]. (Negrillas por fuera de texto)

26. Lo anterior se traduce en que fue la falta de diligencia por parte del apoderado
judicial de la parte aquí actora, la que condujo a que la autoridad accionada no
pudiera conocer y tramitar el escrito de contestación de demanda y sus anexos,
puesto que, pese a que el profesional del derecho tenía pleno conocimiento respecto
del correo electrónico habilitado por el Tribunal accionado para la recepción de
documentos -teniendo en cuenta la respuesta automática que le fue generada al enviar los
mensajes de datos-, optó por no subsanar el yerro e hizo así caso omiso de la carga
procesal que se encontraba en la obligación de asumir.

27. Ental sentido, valga mencionar que, tal como lo precisó la Sala Diecinueve
Especial del Consejo de Estado, es «[…] una carga procesal de la parte actora
atender la directriz asociada a la utilización de los canales digitales expresamente
dispuestos para efectos de radicar sus escritos de intervención, a riesgo de que tales
memoriales no fuesen tenidos en cuenta por el juez de conocimiento […]»10.

28. En consonancia con lo anterior, cabe destacar que, contrario a lo sostenido por la
parte actora, «[…] los parámetros señalados por las autoridades judiciales para la
recepción de información a través de las herramientas tecnológicas no pueden ser
considerados como un mero formalismo sino como la materialización, aplicación y
garantía de derechos y principios tan fundamentales como el debido proceso, la
10
Consejo de Estado, Sala Diecinueve Especial de Decisión, providencia de 1° de julio de 2022, expediente No. 11001-03-
15-000-2021-04065-00.

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Accionantes: Fondo Adaptación

seguridad jurídica, economía procesal, la celeridad y la eficiencia del proceso judicial
[…]»11.

29. En este contexto, resulta oportuno poner de relieve que esta Sección, en
providencia de 12 de mayo de 202212, resolvió negar las pretensiones de una acción
de tutela, en la que se alegaba que las accionadas al no haberle dado trámite a un
escrito de impugnación por haberse remitido a una dirección de correo electrónico no
habilitada para tal efecto habían vulnerado los derechos fundamentos del extremo
accionante. En igual sentido, se pronunció esta Sala de Decisión en reciente
providencia de 31 de marzo de 202313.

30. De otra parte, la Sala advierte que no es cierto lo afirmado por la parte actora en el
escrito de tutela consistente en que: «[…] A pesar de que el apoderado del FONDO
solicito infructuosamente intervención dentro del desarrollo de la audiencia a
efecto de aportar poder he interponer recurso en contra de la determinación
adoptada, el Despacho decidió continuar con el trámite de la diligencia, sin permitir
la participación del FONDO ADAPTACIÓN […]».

31. Ello es así, porque luego de revisado el vídeo de la audiencia inicial realizada el
2 de marzo de 2023, se encuentra que el profesional del derecho que
representaba los intereses de la parte aquí actora, guardó silencio luego de que le
fue notificada en estrados la decisión de no reconocerle personería, a lo que se
agrega que en ningún otro momento de la diligencia intervino o adelantó gestión
alguna con el propósito de que le fuera reconocida dicha calidad, pese a que, tal
como lo expuso la accionada al rendir el informe dentro del presente trámite, «[…]
bien puedo haber allegado el poder para actuar en la diligencia, para lo cual solo
debía remitirlo al correo correcto y de esa forma el tribunal tenerlo por presentado
[…]».

32. Con fundamento en los anteriores razonamientos, la Sala considera que la
autoridad accionada no vulneró los derechos fundamentales de la parte actora.
Por tanto, se negará la solicitud de amparo de la referencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: NEGAR la acción de tutela de la referencia, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

11
Ibidem.
12
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 12 de mayo de 2022.
Expediente: 11001-03-15-000-2022-01007-01. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, y Consejo de Estado. Sala de lo
Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 12 de mayo de 2022. Expediente: 44001-23-40-000-2022-
00027-01. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
13
Expediente 25000-23-41-000-2022-00312-01.

13

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01322-00
Accionantes: Fondo Adaptación

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: En caso de no ser impugnada, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con el artículo 31 del
Decreto Ley No. 2591 de 1991.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
Presidente

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
P:(18) CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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