Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 44001-23-40-000-2022-00027-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 44001-23-40-000-2022-00027-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 44001-23-40-000-2022-00027-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
12 de mayo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., doce (12) de mayo de dos mil veintidós (2022)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 44001-23-40-000-2022-00027-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: HENRY BUITRAGO MONTERO
TESIS: SE CONFIRMA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA. LA ENTIDAD
ACCIONADA NO INCURRIÓ EN VULNERACIÓN DEL DERECHO
FUNDAMENTAL DE PETICIÓN. EL ACTOR NO CUMPLIÓ CON LA
OBLIGACION PROBATORIA QUE LE ASISTE.
DERECHO FUNDAMENTAL: DE PETICIÓN.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la impugnación presentada por el actor
contra la sentencia de 28 de marzo de 2022, mediante la cual el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA GUAJIRA1, denegó el
amparo solicitado.
1
En adelante Tribunal.
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Número único de radicación: 44001-23-40-000-2022-00027-01
Actor: HENRY BUITRAGO MONTERO
I – ANTECEDENTES
I.1.- La Solicitud
El señor HENRY BUITRAGO MONTERO, actuando en nombre
propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86
de la Constitución Política, solicitó la protección de su derecho
fundamental de petición, el cual estima vulnerado por la
DEFENSORÍA DEL PUEBLO2, por cuanto no ha recibido una
respuesta de fondo, clara y concreta a la solicitud enviada, vía correo
electrónico, el 22 de enero de 2022, en la que elevó consulta
relacionada con la existencia de la figura de querellante ilegitimo en
el Código Penal Colombiano.
I.2.- Hechos
Manifestó que el 22 de enero de 2022, radicó en forma electrónica
derecho de petición de consulta ante la DEFENSORÍA.
Indicó que, hasta la fecha de presentación de la presente tutela, la
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En adelante Defensoría.
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DEFENSORÍA no había emitido pronunciamiento con relación a la
solicitud impetrada.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
Arguyó que la accionada vulneró la garantía fundamental de petición
establecida en el artículo 23 de la Constitución Política y
reglamentada en el Decreto Ley 1755 de 2015.
Mencionó que recurre a la acción constitucional, con el objeto de
requerir a la DEFENSORÍA para que otorgue respuesta a la petición
de consulta presentada.
I.4.- Pretensiones
El actor solicitó en el escrito de tutela el amparo del derecho
fundamental deprecado y, en consecuencia:
“[…] 1. Que el accionado desate en forma inmediata y sin dilatación
lo solicitado en mi petición de consulta oficiándome su respuesta.
2. Que se ordene la vinculación a la presente acción constitucional
a la procuraduría delegada a esa colegiatura por ser conducente y
pertinente como garante, no por haberme vulnerado derecho
fundamental alguno.
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3. Demás que el honorable magistrado estime conveniente. […]”.
I.5. Defensa
I.5.1. La DEFENSORÍA manifestó que al consultar el grupo de
sistemas de la entidad, no se evidenció la radicación de la petición
que alude el accionante.
Como fundamento de lo anterior, allegó informe del sistema de
soporte e incidencias de la entidad en el que se detalló el proceso de
rechazo de los correos dirigidos al correo electrónico
atencionciudadano@defensoria.gov.co.
Arguyó que tuvo conocimiento de la petición hasta el momento en el
que le fue notificada la acción de tutela de la referencia, razón por la
que, a su juicio, no existió vulneración del derecho fundamental
deprecado.
Finalmente, sostuvo que el accionante no demostró siquiera de
manera sumaria que la petición hubiera sido recibida por la entidad,
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razón por la que solicitó despachar de manera desfavorable las
pretensiones incoadas.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
Mediante sentencia de 28 de marzo de 2022, el TRIBUNAL denegó
el amparo solicitado, por considerar que el actor no aportó prueba de
la radicación de la petición.
Sostuvo que pese a que requirió al accionante para que aportara la
prueba que permitiera establecer la efectiva presentación de la
solicitud, el accionante se limitó a señalar que se encontraba fuera
de la ciudad situación que le impedía allegar la prueba documental
requerida.
Finalmente, indicó que la entidad accionada al descorrer el traslado
del trámite constitucional sostuvo que en sus registros no se encontró
la constancia de radicación alguna por el actor, por lo que no era
posible otorgar la presunción de veracidad alegada por el actor.
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III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La parte actora impugnó la sentencia de primera instancia y solicitó
que se revoque en su integridad la decisión del a quo.
Señaló que el fallo impugnado no se ajustó a la realidad jurídica, por
cuanto desconoció la teoría de las pruebas, las que pueden ser
arrimadas y otras que no necesitan ser aportadas para tener la
certeza de su existencia.
Asimismo, advirtió que los jueces deben evitar los obstáculos que
afecten de manera desproporcionada el acceso a la justicia,
consideró que en el fallo impugnado le fueron impuestos criterios
discrecionales y personales sustentados en requisitos que no se
encuentran contemplados en las normas superiores.
IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
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de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre
de 2017 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de
2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula
la distribución de negocios entre las secciones.
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos
constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o
particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley
2591 de 19 de noviembre de 19913. Dicha acción se establece como
instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el
afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio
irremediable.
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"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
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Caso Concreto
En el presente caso, el actor instauró acción de tutela con el fin de
obtener el amparo de su derecho fundamental de petición, el cual
estimó vulnerado por la DEFENSORÍA, por cuanto no ha recibido
una respuesta de fondo, clara y concreta a la solicitud enviada, vía
correo electrónico, el 22 de enero de 2022, en la que elevó consulta
relacionada con la existencia de la figura de querellante ilegitimo en
el Código Penal Colombiano.
En ese orden de ideas, la Sala procederá a determinar si la entidad
accionada vulneró el derecho fundamental invocado.
Del derecho de petición
El derecho de petición se encuentra establecido en el artículo 23 de
la Constitución Política, que textualmente indica:
“[…] Toda persona tiene derecho a presentar peticiones
respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o
particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá
reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para
garantizar los derechos fundamentales […]”.
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Respecto del derecho de petición, la Jurisprudencia de la Corte
Constitucional, entre otras, en sentencia C-818 de 20114, estableció
que:
“[…] En relación con lo que debe entenderse como elementos
estructurales esenciales del derecho fundamental de
petición, reiteradamente, la Corporación ha señalado que estos
se constituyen en la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en
términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que
éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas.
Sobre el particular, la Sentencia T-490 de 2005, reiterada por
la Sentencia T-1130 de 2005, T-373 de 2005, T-147 de 2006 y
T-108 de 2006, señaló:
“En lo que concierne al derecho de petición, considera la Sala que
conforme a las reglas que en esa materia ha fijado esta
Corporación y que se encuentran contenidas, entre otras, en la
Sentencia T-466 de 2004, el núcleo esencial del derecho de
petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión,
el cual en el asunto de la referencia resulta lesionado puesto que
el Seguro Social, según se ha reseñado, no demostró haber dado
respuesta a la petición del actor formulada el 5 de noviembre de
2003. Esta sola circunstancia impedía al a-quo dar aplicación al
artículo 26 del Decreto 2591 de 1991”.
En igual sentido, en la Sentencia T- 147 de 2006, se dijo:
“La abundante jurisprudencia de la Corte Constitucional en
materia de características esenciales del derecho de
petición, cuyo núcleo esencial reside en la resolución pronta y
oportuna de la cuestión, tiene como presupuesto esencial una de
dos circunstancias: (i) que al accionante no se le permita
presentar petición, o (ii) que exista presentación de una solicitud
por parte del accionante. En este sentido, la vulneración del
derecho de petición se presentará o bien por la negativa de un
agente de recibir la respectiva petición o frustrar su presentación
– circunstancia (i)-; o bien que habiendo presentado una petición
respetuosa no ha obtenido respuesta, o que la solicitud
presentada no fue atendida debidamente –circunstancia (ii).”
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M.P. Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
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De la misma manera, las Sentencias T-1160A de 2001, T-1889
de 2001, T-846 de 2003, T-306 de 2003, T-447 de 2003, T-855
de 2004, T-734 de 2004, T-915 de 2004, T-192 de 2007, T-243
de 2008, T-325 de 2010, entre muchas otras, han señalado que
el derecho de petición en su contenido comprende los siguientes
elementos: (i) la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en
términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que
éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas;
(ii) una respuesta que debe ser pronta y oportuna, es decir
otorgada dentro de los términos establecidos en el ordenamiento
jurídico, así como clara, precisa y de fondo o material, que
supone que la autoridad competente se pronuncie sobre la
materia propia de la solicitud y de manera completa y
congruente, es decir sin evasivas, respecto a todos y cada uno
de los asuntos planteados y (iii) una pronta comunicación de lo
decidido al peticionario, independientemente de que la respuesta
sea favorable o no, pues no necesariamente se debe acceder a
lo pedido […]”.
El derecho de petición es considerado fundamental y determinante
para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa.
Además, porque mediante él se garantizan otros derechos
constitucionales, como el de información, participación política y
libertad de expresión.
Asimismo, que el núcleo esencial de dicho derecho reside en la
resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la
posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva
para sí el sentido de lo decidido.
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Que, por ello, la respuesta debe cumplir con estos requisitos: ser
oportuna; debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera
congruente con lo solicitado; ser puesta en conocimiento del
peticionario. Si la misma no cumple con estos parámetros se incurre
en una vulneración del derecho constitucional fundamental de
petición.
Por su parte, la Ley Estatutaria 1755 de 30 de junio de 20155 se
ocupó de regular el derecho fundamental de petición y sustituyó el
Título II del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
En lo pertinente al objeto y modalidades del derecho de petición, se
refirió así la citada Ley:
“[…] Artículo 13. Objeto y modalidades del derecho de
petición ante autoridades. Toda persona tiene derecho a
presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los
términos señalados en este código, por motivos de interés
general o particular, y a obtener pronta resolución completa y de
fondo sobre la misma.
Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades
implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el
artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario
invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá
solicitar: el reconocimiento de un derecho, la intervención de una
5
“Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
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entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la
prestación de un servicio, requerir información, consultar,
examinar y requerir copias de documentos, formular consultas,
quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos.
El ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede realizarse
sin necesidad de representación a través de abogado, o de
persona mayor cuando se trate de menores en relación a las
entidades dedicadas a su protección o formación […]”.
En cuanto al término para resolver las distintas peticiones, la Ley
1755 estableció que es de quince (15) días siguientes a su recepción,
excepto cuando se trate de peticiones de documentos y de
información o consultas a las autoridades en relación con las materias
a su cargo, cuyo plazo es de diez (10) y treinta (30) días,
respectivamente. En todo caso, si no es posible resolver la petición
en los plazos señalados, la autoridad debe informar esa circunstancia
al interesado, antes del vencimiento del término señalado,
precisando los motivos de la demora y el plazo razonable en que se
dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente
previsto.
Ahora bien, el Decreto 491 de 28 de marzo de 2020, dispuso en
el artículo 5°, ampliar los términos para resolver las peticiones, así:
“[…] Para las peticiones que se encuentren en curso o se
radiquen durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria, se
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ampliarán los términos señalados en el artículo 14 de la Ley 1437
de 2011, así:
Salvo norma especial toda petición deberá resolverse
dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.
Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes
peticiones:
(i) Las peticiones de documentos y de información deberán
resolverse dentro de los veinte (20) días siguientes a su
recepción.
(ii) Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta
a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán
resolverse dentro de los treinta y cinco (35) días siguientes a su
recepción.
Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición
en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta
circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término
señalado en el presente artículo expresando los motivos de la
demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se
resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del
inicialmente previsto en este artículo.
En los demás aspectos se aplicará lo dispuesto en la Ley 1437 de
2011.
Parágrafo. La presente disposición no aplica a las peticiones
relativas a la efectividad de otros derechos fundamentales […]”.
Negrillas no originales.
Por último, si la autoridad a la que se dirige la petición no es la
competente, debe informar de inmediato al interesado si este actúa
verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la
recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado debe
remitir la petición al competente y enviar copia del oficio remisorio al
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peticionario o en caso de no existir funcionario competente así se lo
comunicará (Ley 1755, artículo 21).
De la carga probatoria en las acciones de tutela
La Corte Constitucional6, en reiterados pronunciamientos se ha
referido acerca de la carga de la prueba en sede de tutela, en tales
pronunciamientos se ha determinado que, por regla general y en
virtud del principio “onus probandi incumbit actori”, le corresponde
al actor demostrar los hechos en los que funda sus pretensiones,
esto, con el fin de brindarle al operador judicial los elementos de
certeza y convicción de la amenaza o vulneración del derecho
invocado:
“[…] Si bien uno de los rasgos características de la acción de tutela
es la informalidad, la Corte Constitucional ha señalado que: “el juez
tiene el deber de corroborar los hechos que dan cuenta de la
violación de un derecho fundamental, para lo cual ha de ejercer las
facultades que le permiten constatar la veracidad de las
afirmaciones, cuando sea del caso”.7
En igual sentido, ha manifestado que: “un juez no puede conceder
una tutela si en el respectivo proceso no existe prueba, al menos
sumaria, de la violación concreta de un derecho fundamental, pues
el objetivo de la acción constitucional es garantizar la efectividad
de los derechos fundamentales, cuya trasgresión o amenaza opone
6
Corte Constitucional Sentencia T-571 de 2015.
7
Entre otras, ver al respecto las sentencias T-760 de 2008 (MP. Mauricio González Cuervo), T-819
de 2003 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra) y T-846 de 2006 (MP. Jaime Córdoba Triviño).
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la intervención del juez dentro de un procedimiento preferente y
sumario.”8 Así las cosas, los hechos afirmados por el accionante en
el trámite de una acción de tutela, deben ser probados siquiera
sumariamente, a fin de que el juez pueda inferir con plena certeza
la verdad material que subyace con la solicitud de amparo
constitucional.
Por otra parte, la Corte en Sentencia T-131 de 2007 se pronunció
sobre el tema de la carga de la prueba en sede de tutela, afirmando
el principio “onus probandi incumbit actori” que rige en esta
materia, y según el cual, la carga de la prueba incumbe al actor.
Así, quien pretenda el amparo de un derecho fundamental debe
demostrar los hechos en que se funda su pretensión, a fin de que
la determinación del juez, obedezca a la certeza y convicción de
que se ha violado o amenazado el derecho.
No obstante lo anterior, la Corte ha señalado que existen
situaciones excepcionales en las que se invierte la carga de la
prueba, en virtud de las circunstancias especiales de indefensión
en las que se encuentra el peticionario, teniendo la autoridad
pública accionada o el particular demandado, el deber de
desvirtuarla. Así, se presumen ciertos los hechos alegados por el
accionante hasta tanto no se demuestre lo contrario. Esto sucede
por ejemplo en el caso de personas víctimas del desplazamiento
forzado9, en el que la Corte ha determinado presumir la buena fe e
invertir la carga de la prueba en aras de brindarle protección a la
persona desplazada. Igual sucede en materia de salud10 para el
suministro de medicamentos excluidos del POS, en los que se han
establecido algunas reglas probatorias, como por ejemplo cuando
se afirma carecer de recursos económicos por parte del actor
(negación indefinida), situación en la que “se invierte la carga de
la prueba correspondiendo en ese caso a la entidad demandada
demostrar lo contrario”.
Ahora bien, en caso de que el actor no aduzca pruebas que apoyen
su pretensión, la Corte Constitucional ha sido enfática en declarar
la facultad – deber que le asiste al juez constitucional de decretar
pruebas de oficio, con las cuales se pueda determinar si realmente
existe una amenaza o vulneración del derecho. En Sentencia T-864
de 1999, señaló: “Así las cosas, la práctica de pruebas para el juez
constitucional no es sólo una potestad judicial, sino que es un deber
inherente a la función judicial, pues la decisión con fuerza de cosa
juzgada, exige una definición jurídicamente cierta, justa y sensata
8
Sentencia T-702 de 2000 (MP. Alejandro Martínez Caballero).
9
Sentencia T-327 de 2001 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra).
10
Sentencia T-1066 de 2006 (MP. Humberto Antonio Sierra Porto)
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del asunto planteado. También en Sentencia T-498 de 2000, la
Corte se refirió a la facultad de decretar pruebas de oficio en un
caso de tutela instaurado a favor de una menor de edad de edad
que padecía un tumor cerebral. En esa oportunidad, señaló, que el
juez constitucional como principal garante de los derechos
fundamentales debe adelantar actuaciones mínimas y razonables
para la verificación de los hechos sometidos a su consideración, lo
cual reclama del juez una mayor participación en la búsqueda de
la máxima efectividad de la Constitución.
En igual sentido, en Sentencia T-699 de 2002, la Corte señaló que:
“a los jueces de tutela les asiste el deber de decretar y practicar
pruebas de oficio cuando de la solicitud de amparo y los informes
que alleguen los accionados no obren suficientes elementos de
juicio para decidir el asunto sometido a su consideración, por
cuanto la labor constitucional encomendada es precisamente la
protección efectiva de los derechos fundamentales.”
La Corte Constitucional, también señaló que ante circunstancias
especiales de indefensión en las que podría encontrarse el
peticionario, la carga probatoria podría invertirse y, le correspondería
a la parte accionada desvirtuar los hechos alegados por el accionante.
Ahora bien, descendiendo al caso concreto, visto el marco normativo
y jurisprudencial aplicable al asunto bajo estudio, la Sala analizará el
acervo probatorio allegado al expediente.
De las pruebas obrantes en el proceso de la referencia, se observa
que:
• El actor interpuso la presente acción de tutela con el fin de
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obtener el amparo de su derecho fundamental de petición, el
cual considera vulnerado por la DEFENSORÍA al no haberle
dado respuesta a la petición de consulta presentada el 22 de
enero de 2022.
• Junto con los anexos de la demanda aportó escrito -sin fecha-
dirigido al Defensor del Pueblo identificado como “Derecho de
Petición de Consulta”11, en el que elevó consulta relacionada
con la existencia de la figura de querellante ilegitimo en el
Código Penal Colombiano.
• El TRIBUNAL mediante auto admisorio de 14 de marzo de
202212, requirió al actor para que aportara al expediente “[…]
la constancia de envió, remisión o presentación, de la solicitud
del 22 de enero de 2022, a la Defensoría del Pueblo. […]”
• El actor atendió el requerimiento efectuado por al a quo, de la
siguiente manera13:
“[…] Henry Buitrago Montero, conocido dentro del plenario por
11
Folios 10-14 Expediente digital obrante en índice No. 2 aplicativo Samai.
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=440012340000
202200027011100103
12
Folios 21-22 ibidem.
13
Folio 32 ibidem.
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ser el accionante de la demanda constitucional, me permito
con todo respeto dar contestación al auto de admisión de la
tutela de fecha 14 de marzo del hogaño, así.
Desafortunadamente por estar fuera de la capital de la Guajira
no puedo buscar la constancia del envió de la petición al
accionado el 24 de enero de 2022, la cual fue enviado de otro
correo.
Por tal motivo, me permito invocar el principio de buena fe de
que trata el artículo 83 de la Carta Magna para lo pretendido
por ese despacho judicial. […]”
• La DEFENSORÍA con su escrito de contestación de la presente
acción, allegó informe del sistema de soporte e incidencias de
la entidad14, en el que se detalló el proceso de rechazo de los
correos dirigidos al correo electrónico
atencionciudadano@defensoria.gov.co:
“[…] Resumen 0062247: URGENTE PARA TUTELA -
CERTIFICACION CORREO INACTIVO
Descripción Por parte del Tribunal Administrativo de la Guajira
llego Acción de Tutela del Señor Henry Buitrago Montero quien
presento petición ante la Defensoría del Pueblo al correo
ATENCIONCIUDADANO@DEFENSORIA.GOV.CO.
De manera URGENTE Y con el fin de dar contestación a la Tutela
que se VENCE EL DÍA DE HOY, se solicita de manera URGENTE
CERTIFICAR QUE DICHO CORREO SE ENCUENTRA INACTIVO Y
DESDE QUE FECHA YA NO FUNCIONA.
Anexo Auto admisorio de la TUTELA.
Solución
Aplicada:
Buenos días, cordial saludo.
El buzón solicitado existe dentro del directorio de correos, pero
con una regla que fue ingresada desde hace varios años, la cual
14
Folio 39 ibidem.
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19
Número único de radicación: 44001-23-40-000-2022-00027-01
Actor: HENRY BUITRAGO MONTERO
establece que, si un correo es enviado a dicho buzón, se debe
rechazar enviando el siguiente mensaje:
"rechazar el mensaje e incluir la explicación 'Por favor ingresar
las peticiones en la página institucional www.defensoria.gov.co,
en “Servicios en Línea, Ingresar”.' con el código de estado:
'5.7.1'"
Se anexa captura de regla y confirmación de la misma
Cordialmente,
Juna Sebastián Chicaiza P […]
Conforme con el recuento probatorio anteriormente relacionado, la
Sala encuentra que el actor junto con los anexos de la demanda
allegó el escrito de petición, sin la respectiva constancia de radicación
por vía electrónica al correo institucional de la DEFENSORÍA.
Ante dicha circunstancia, el a quo, de oficio, requirió al actor para
que aportara la constancia relacionada con la radicación de la
solicitud, esto con el fin de obtener los suficientes argumentos
probatorios para decidir de fondo el asunto, frente a lo cual, el actor
se limitó a referir unas circunstancias personales mediante las cuales
justificó la imposibilidad de aportar la prueba solicitada.
Por otra parte, la accionada señaló que el correo
atencionciudadano@defensoria.gov.co referido en la demanda de
tutela, cuenta con una regla de rechazo junto con una advertencia
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Número único de radicación: 44001-23-40-000-2022-00027-01
Actor: HENRY BUITRAGO MONTERO
de remisión de las peticiones en la página institucional de la
DEFENSORÍA en “Servicios en Línea”.
En ese sentido, la Sala al verificar el contenido del acervo probatorio
observa que el actor no cumplió con la carga probatoria que le asiste,
pues al interesado le corresponde demostrar la fecha de radicación
de la petición y comprobar la recepción efectiva de la solicitud por
parte de la entidad accionada.
De otro lado, pese a que el actor no demostró una circunstancia
especial de indefensión que le impidiera aportar la constancia que
comprobara el envío de la petición, en este caso, la carga probatoria
se invirtió y la entidad accionada desvirtuó los hechos alegados por
el actor, demostrando que el correo electrónico al que presuntamente
fue remitida la solicitud se encuentra inhabilitado, por lo que no tuvo
conocimiento de la petición objeto de amparo.
Así las cosas, la Sala advierte que la entidad accionada no vulneró el
derecho de petición invocado por el actor, por cuanto no obra prueba
que sustente siquiera de manera sumaria la radicación y la recepción
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Número único de radicación: 44001-23-40-000-2022-00027-01
Actor: HENRY BUITRAGO MONTERO
efectiva de la petición de consulta elevada por el mismo ante la
DEFENSORÍA.
Dicho de otra manera, el juez constitucional no contó con los
elementos de juicio necesarios que le permitieran inferir la amenaza o
vulneración de la garantía constitucional deprecada por el actor.
Consecuente con lo anterior, se confirmará la decisión de primera
instancia que denegó el amparo deprecado, como en efecto se
dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones
expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
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Número único de radicación: 44001-23-40-000-2022-00027-01
Actor: HENRY BUITRAGO MONTERO
eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
CÓPIESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 12 de mayo de 2022.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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