Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-00238-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-00238-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-00238-00
Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes
14 de abril de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., catorce (14) de abril de dos mil veintitrés (2023)
Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00238-00
Accionante: MARÍA LEONOR GALINDO HERNÁNDEZ
Accionados: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN QUINTA Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – se
niega el amparo – reiteración jurisprudencial – las accionadas no
vulneraron los derechos fundamentales de la actora al no haber
tramitado el escrito de subsanación, en tanto dicho documento fue
enviado a través de un canal digital no habilitado para la recepción
de memoriales
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada por la ciudadana María Leonor
Galindo Hernández, a través de apoderada judicial y en contra de la Subsección
C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, de la Sección Quinta del
Consejo de Estado y de la Secretaría General del Consejo de Estado.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. La ciudadana María Leonor Galindo Hernández, por conducto de apoderada
judicial, presentó acción de tutela con miras a obtener el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, cuya
vulneración le atribuyó: (i) a las providencias de 13 de mayo de 2022 y de 14 de
julio de 2022, proferidas, respectivamente, por la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado y por la Sección Quinta del Consejo de
Estado, dentro del mecanismo de amparo con radicado número 11001-03-15-000-
2022-02290-00/01, y (ii) a la Secretaría General del Consejo de Estado, por no
haberle dado trámite al escrito de subsanación que presentaron dentro del citado
proceso.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado por el extremo accionante, los hechos y razones
que motivan la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Relatóque promovió acción de tutela en contra del Juzgado Sexto
Administrativo del Circuito de Ibagué y del Tribunal Administrativo del Tolima, cuyo
conocimiento le correspondió a la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, autoridad judicial que, mediante auto de 26 de abril de 2022,
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Accionantes: María Leonor Galindo Hernández
resolvió inadmitir la referida demanda, «[…] al no lograr advertir de manera
razonable y con claridad cuáles son las razones para atacar las providencias
enjuiciadas, ni los defectos en que se fundamenta la solicitud de amparo
constitucional […]».
2.2. Comentó que subsanó la demanda de amparo, mediante escrito enviado al
correo electrónico de la Secretaría General del Consejo de Estado.
2.3. Indicó
que, pese a lo anterior, mediante auto de 13 de mayo de 2022, la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado rechazó la acción de
tutela.
2.4. Señaló
que la decisión anterior fue confirmada por la Sección Quinta del
Consejo de Estado, mediante auto de 14 de julio de 2022.
2.5. Afirmóque las referidas decisiones judiciales vulneraron sus derechos
fundamentales invocados, al incurrir en defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto, en tanto que las accionadas debieron «[…] obrar conforme a los
parámetros axiológicos del artículo 228 de la Constitución Nacional, aplicando la
prevalencia del derecho sustancial, ya que la suscrita, dio por demostrado que la
subsanación o su equivalente de la demanda de tutela, había sido recibida por la
Secretaría general del Consejo de Estado, y por lo tanto, constituía deber de la
Sala, previó análisis de la impugnación, revocar el auto o providencia que rechazó
la demanda de tutela […]».
2.6. Manifestó que: «[…] la Secretaría General del Honorable Consejo de Estado,
quebrantó el artículo 29 y 228 de la Constitución Nacional, teniendo en cuenta que
se encuentra demostrado con los pantallazos del correo electrónico institucional
de esta Secretaría, que la suscrita abogada remitió la subsanación y/o
requerimiento efectuado por el Honorable Magistrado Nicolás Reyes Corrales, en
la providencia judicial que inadmitió la acción de tutela, correo que fue recibido,
hechos que demostré en la impugnación al auto que rechazo la tutela, y la
Secretaría no cumplió con su deber de reenviar la subsanación o su equivalente
de la acción de tutela, al despacho judicial competente […]».
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
[…] 1.1.- Pretendo que en la sentencia judicial que desate de fondo la acción
de tutela el H. Consejo de Estado Sala Plena o quien sea competente decrete
judicialmente la inaplicación y/o suspensión o su equivalente de las
providencias judiciales de fecha 26 de Abril de 2022 dictada por el Doctor
NICOLAS YEPES CORRALES, inadmitiendo la acción de tutela, la del 13 de
Mayo de 2022 mediante la cual se rechaza la acción de tutela y la del 14 de
Julio de 2022 notifica por correo electrónico el 21 de Julio de 2022, que
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confirma el rechazo de la tutela facultad que le confiere a los Señores Jueces
el decreto 2591 de 1991 artículo 7º.
1.2.- Como consecuencia de lo anterior, en el evento que el H. Consejo de
Estado conceda el amparo pretendido en el numeral 1.1, decretará que se
regrese el expediente al despacho de origen para que proceda a admitir la
acción de tutela radicación número 11001-03-15- 000-2022-02290-00 […]. (sic
en toda la cita)
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 10 de febrero de 2023, la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado admitió la acción de tutela de la referencia. En la
misma providencia vinculó como terceros con interés directo en los resultados de
este proceso al Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Ibagué y al Tribunal
Administrativo del Tolima.
5. Posteriormente, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
en providencia de 27 de febrero de 2023, resolvió remitir el presente expediente
para que se estudiara de su eventual acumulación al proceso con radicado
número 11001-03-15-000-2023-00203-00.
6. Finalmente, mediante auto de 8 de marzo de 2023, el Despacho del consejero
que actúa como ponente en esta providencia resolvió, entre otros asuntos, negar
la acumulación del presente expediente al proceso con radicado número 11001-
03-15-000-2023-00203-00, pero consideró pertinente que se avocara su
conocimiento.
V. INTERVENCIONES
7. Realizadas las notificaciones a las autoridades judiciales accionadas, se
advierte que se allegaron los siguientes informes:
7.1. La Sección Quinta del Consejo de Estado, por intermedio del consejero
ponente de la providencia aquí cuestionada, rindió informe en el que contextualizó
la situación de hecho que dio origen a que se rechazara la demanda de amparo, a
partir del cual solicitó negar el amparo deprecado.
7.2. Explicó que el defecto procedimental invocado por los actores es inexistente,
habida cuenta que el «[…] error en el envío de la subsanación es únicamente
atribuible a la parte accionante que, pese a haber sido informada de la dirección
electrónica por medio de la cual la Secretaría General recibe los memoriales y
demás documentos, en un acto de negligencia dirigió el escrito a un dominio que
se usa únicamente para despachar las notificaciones […]».
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Accionantes: María Leonor Galindo Hernández
7.3. Por último, puso de presente que, actualmente, cursaba una acción de tutela
por los mismos hechos, la cual se encontraba identificada con el radicado número
11001-03-15-000-2023-00203-00.
7.4. LaSubsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por
intermedio del consejero ponente de la providencia aquí cuestionada, rindió
informe en el que advirtió la existencia de otra acción de tutela con identidad
fáctica y jurídica a la de la referencia, la cual se encontraba identificada con el
radicado número 11001-03-15-000-2023-00203-00.
7.5. Seguidamente, puso de presente que los argumentos de ambas acciones de
tutelas eran idénticos y fueron promovidas por la misma apoderada judicial, por lo
que considera que dicho actuar es temerario y debe ser objeto de sanción.
7.6. Por
último, solicitó tener en cuenta los argumentos de defensa expuestos
dentro de la acción de tutela con el radicado número 11001-03-15-000-2023-
00203-00.
7.7. ElSecretario General del Consejo de Estado rindió informe en el que
aseguró que esa dependencia no vulneró los derechos fundamentales de los
tutelantes, en atención a que, «[…] pese a la amplia difusión que se les ha dado a
nuestros usuarios judiciales, no hizo uso de los canales digitales habilitados para
la recepción de memoriales […]».
7.8. Resaltó que el escrito de subsanación que se alude en el presente caso fue
enviado a la dirección electrónica habilitada única y exclusivamente para
notificaciones, y no para la recepción de documentos.
7.9. Anotó que en el oficio por medio del cual se les notificó a los aquí actores de la
decisión que inadmitía la demanda de amparo, informaba lo siguiente: «[…] Las
solicitudes y demás documentos que se remitan por medios electrónicos deberán
allegarse al buzón judicial: secgeneral@consejodeestado.gov.co; dado que la
cuenta: cegral@notificacionesrj.gov.co, es de uso exclusivo para el envío de
notificaciones y/o comunicaciones, por tanto, los correos enviados a esas
bandejas no serán procesados y, por ende, serán eliminados de los archivos
temporales de los servidores que se encuentran a cargo de la Oficina de
Informática del Consejo Superior de la Judicatura […]».
7.10. Por último, señaló que cursaba otra accionante de tutela «[…] con supuestos
fácticos similares a los que son objeto de la tutela de la referencia […]».
7.11. ElTribunal Administrativo del Tolima, por intermedio del magistrado
ponente de la sentencia dictada en el marco del proceso contencioso, rindió
informe en el que solicitó su desvinculación dentro del presente trámite
constitucional, al considerar que «[…] la insatisfacción expuesta por la tutelante,
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Accionantes: María Leonor Galindo Hernández
versa únicamente respecto de la actuación surtida por el H. Consejo de Estado -
Sección Tercera – Subsección C y Sección Quinta, en donde se rechazó la acción
de tutela con Rad: 11001-03-15-000-2022-02290-00 […]».
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia de la Sala
8. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Decreto Ley 2591
del 19 de noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del
Decreto 1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1º del Decreto
333 de 6 de abril de 20213.
VI.2. Cuestión Previa
VI.2.1. De la Solicitud de desvinculación procesal
9. La Sala advierte que resulta necesario pronunciarse respecto de la solicitud de
desvinculación procesal presentada por el Tribunal Administrativo del Tolima.
10. Sobre el particular, la Sala estima que la solicitud de desvinculación planteada
por la referida autoridad no tiene vocación de prosperidad, habida cuenta que
funge como parte accionada dentro del proceso objeto de amparo, por lo que su
vinculación al presente trámite, como sujeto procesal pasivo, resulta necesaria,
dado el interés que le asiste en los resultados de esta acción de tutela.
11. En atención a lo anterior, la Sala negará la solicitud de desvinculación procesal
elevada por Tribunal Administrativo del Tolima.
VI.2.1. De la cosa juzgada y la temeridad en materia de acciones de tutela
12. Sobre el particular, sea lo primero en indicar que la institución procesal de la
cosa juzgada constitucional ha sido ampliamente estudiada por la Corte
Constitucional4 en el sentido de señalar que el objetivo de dicha figura consiste en
dotar de la calidad de inmutables, vinculantes y definitivas a las decisiones
proferidas por las autoridades judiciales con ocasión de los procesos de tutela, con
lo cual se garantiza la finalización de las controversias, así como la seguridad
jurídica.
13. Demanera que, a través de la cosa juzgada constitucional, se previene,
fundamentalmente, la existencia de decisiones judiciales contradictorias. En tal
1
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
2
"Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho".
3
“Por la cual se modifican os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4
Al respecto ver las sentencias SU – 055 de 2018,
6
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Accionantes: María Leonor Galindo Hernández
sentido, la Corte Constitucional ha visto en esta figura un límite legítimo al ejercicio
de la acción de amparo, en la medida en que ningún ciudadano se encuentra
facultado para promover dos o más veces una solicitud de tutela fundamentada
sobre los mismos hechos.
14. En virtud de lo anterior, la Corte Constitucional ha indicado que en materia de
acciones de tutela: «[…] una providencia pasa a ser cosa juzgada constitucional
frente a otra cuando existe identidad de objeto,5 de causa petendi6 y de partes.7
Específicamente, las decisiones proferidas dentro de un proceso de amparo
constituyen cosa juzgada cuando la Corte Constitucional adquiere conocimiento
de los fallos de tutela adoptados por los jueces de instancia, y decide excluirlos de
revisión o seleccionarlos para su posterior confirmatoria o revocatoria […]»8.
15. En caso de comprobarse su configuración deberá optarse, por regla general,
por la declaratoria de improcedencia de la acción con ocasión de la consolidación
de cosa juzgada en el respectivo asunto9.
16. En este contexto, es oportuno resaltar que, de acuerdo con la jurisprudencia de la
Corte Constitucional, la temeridad en las acciones de tutela se configura cuando
concurren los siguientes elementos: i) identidad de partes, ii) identidad de hechos; iii)
identidad de pretensiones, y iv) la ausencia de justificación en la presentación de la
nueva demanda.
17. Descendiendo al caso de autos, la Sala pone de relieve que el presente
mecanismo de amparo fue promovido por la señora María Leonor Galindo
Hernández; mientras que la acción de tutela con radicado número 11001-03-15-
000-2023-00203-00 fue presentada por los ciudadanos Sandra Milena Sandoval
Poloche, Héctor Raúl Bonilla, Luis Eduardo Orozco Valero, Luis Germán Leal
Domínguez, Raúl Cabezas Molina, Jorge Iván Ramírez y Jaime Orlando Reinoso
Rodríguez, por lo que es claro que no existe identidad de parte actora en ambas
acciones constitucionales.
18. En razón a lo anterior, para la Sala es claro que en el presente caso no se
configura la cosa juzgada constitucional y muchos menos un actuar temerario.
5
“es decir, la demanda debe versar sobre la misma pretensión material o inmaterial sobre la cual se predica la cosa
juzgada. Se presenta cuando sobre lo pretendido existe un derecho reconocido, declarado o modificado sobre una o varias
cosas o sobre una relación jurídica. Igualmente se predica identidad sobre aquellos elementos consecuenciales de un
derecho que no fueron declarados expresamente”. Sentencia C-774 de 2001.
6
“es decir, la demanda y la decisión que hizo tránsito a cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos o hechos como
sustento. Cuando además de los mismos hechos, la demanda presenta nuevos elementos, solamente se permite el análisis
de los nuevos supuestos, caso en el cual, el juez puede retomar los fundamentos que constituyen cosa juzgada para
proceder a fallar sobre la nueva causa.” Sentencia C-774 de 2001.
7
“es decir, al proceso deben concurrir las mismas partes e intervinientes que resultaron vinculadas y obligadas por la
decisión que constituye cosa juzgada. Cuando la cosa juzgada exige que se presente la identidad de partes, no reclama la
identidad física sino la identidad jurídica.” Sentencia C-774 de 2001.
8
Sentencia T- 649 de 2011, T- 280 de 2017.
9
Sentencia T- 019 de 2016.
7
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Accionantes: María Leonor Galindo Hernández
VI.3. Problemas jurídicos
19. Previamente a la definición de los problemas jurídicos que deberá resolver la
Sala de Decisión, se debe precisar que, aunque el extremo accionante le atribuyó
la vulneración de sus derechos fundamentales tanto al auto proferido en primera
instancia como a aquel dictado en segunda instancia dentro del mecanismo de
amparo con radicado número 11001-03-15-000-2022-02290-00/01, el presente
análisis se centrará en determinar si en esta última decisión se incurrió en la
causal de procedibilidad invocada, dado que es la providencia que tiene los
efectos de cosa juzgada y finiquitó la litis10.
20. A partir de lo anterior y teniendo la situación fáctica planteada, la Sala debe
establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello
es así, se deberá determinar:
b) Si el auto de 14 de julio de 2022, proferido por la Sección Quinta del
Consejo de Estado, dentro del mecanismo de amparo con radicado
número 11001-03-15-000-2022-02290-01, vulneró los derechos
fundamentales de la actora, al haber incurrido presuntamente en defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto.
c) Si la Secretaría General del Consejo de Estado vulneró los derechos
fundamentales de la tutelante, al no haberle dado trámite al escrito de
subsanación que presentó dentro del mecanismo de amparo con radicado
número 11001-03-15-000-2022-02290-00.
21. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para
posteriormente ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto,
siempre y cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.
VI.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
22. LaSala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 201211, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
10
Al respecto ver la sentencia del Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Primera, sentencia
de 3 de junio de 2022, expediente 11001-03-15-000-2022-01119-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
11
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
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Accionantes: María Leonor Galindo Hernández
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
23. Ahorabien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
24. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa
judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del
principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta
tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación
clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi)
que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas
en la sentencia SU-627 de 2015.
25. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al
juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial12, la sentencia C-590
de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico,
procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin
motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la
Constitución13.
26. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole
de esta manera «[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]»14 que se encaje
en dichos parámetros.
12
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván
Palacio Palacio.
13
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación
fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño
lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
14
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
9
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Accionantes: María Leonor Galindo Hernández
27. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso,
seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
28. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado:
11001-03-15-000-2012-02201-01.
VI.5. El caso concreto
29. La ciudadana María Leonor Galindo Hernández, por conducto de apoderada
judicial, presentó acción de tutela con miras a obtener el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, cuya
vulneración le atribuyó: (i) a las providencias de 13 de mayo de 2022 y de 14 de
julio de 2022, proferidas, respectivamente, por la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado y por la Sección Quinta del Consejo de
Estado, dentro del mecanismo de amparo con radicado número 11001-03-15-000-
2022-02290-00/01, y (ii) a la Secretaría General del Consejo de Estado, por no
haberle dado trámite al escrito de subsanación que presentaron dentro del citado
proceso.
VI.5.1. Del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela
30. La Sala analizará si en el caso de autos se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela. Veamos.
30.1. En el escrito de tutela se invoca la vulneración de derechos de orden
fundamental como lo son el debido proceso y el acceso a la administración de
justicia. Además, la Sala considera que sí se satisface con la carga mínima
argumentativa respecto de la causal de procedibilidad invocada. Por lo anterior, se
concluye que se cumple con el requisito de relevancia constitucional.
30.2. La
acción de tutela fue promovida dentro de un término razonable, habida
cuenta que la providencia judicial acusada fue notificada el 21 de julio de 2022,
mientras que la solicitud de amparo se radicó el 19 de enero de 2023.
30.3. La
accionante no cuenta con otro medio de defensa judicial, por lo que se
cumple con el requisito de la subsidiariedad.
30.4. La
situación a la cual se le atribuye la vulneración de los derechos
fundamentales fue debidamente puntualizada en el escrito de tutela.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00238-00
Accionantes: María Leonor Galindo Hernández
30.5. La
acción constitucional no se dirige contra una sentencia dictada en un
proceso de idéntica naturaleza y como se alegó una irregularidad procesal, es
necesario efectuar un análisis al respecto más adelante.
VI.5.2. Análisis de los requisitos específicos en la presente acción de tutela
31. Encontrándose satisfechos los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela, la Sala abordará el estudio de los requisitos especiales desde la
perspectiva del defecto procedimental invocado por la actora.
VI.5.2.1. Análisis del defecto procedimental
32. Estedefecto alude a todos aquellos eventos en los que la autoridad judicial
accionada al momento de proferir su decisión, o durante sus actos o diligencias
previas a ello, desatiende o deja de aplicar las reglas procesales que según el
caso resultan pertinentes, en desatención de la confianza legítima de las partes
involucradas, quienes esperan que el trámite se conduzca dentro del marco de las
normas procesales aplicables15.
33. Demanera que este defecto se presenta cuando: (i) se sigue un trámite
totalmente ajeno al asunto sometido a su competencia; (ii) se pretermiten etapas
sustanciales del procedimiento establecido, vulnerando con ello el derecho de
contradicción y defensa de las partes; o (iii) se pasa por alto realizar el debate
probatorio, natural en todo proceso al no permitirle a las partes sustentar o
comprobar los hechos de la demanda o su contestación, con la consecuente
negación de sus pretensiones, lo que acarrea la violación de los derechos
fundamentales de la parte afectada.
34. En este sentido la jurisprudencia constitucional16 ha reconocido dos modalidades
de defecto procedimental, a saber: i) exceso ritual manifiesto, esto es, cuando
arguye razones formales a manera de impedimento, que implica una denegación de
justicia, y ii) absoluto, cuando el juez sigue un trámite totalmente ajeno al asunto
sometido a su competencia, pretermite etapas sustanciales del procedimiento, pasa
por alto el debate probatorio o dilata injustificadamente tanto la adopción de
decisiones como su cumplimiento.
35. Descendiendo al asunto de autos, se advierte que la parte accionante manifestó
que las autoridades accionadas incurrieron en defecto procedimental absoluto por
exceso ritual manifiesto, en tanto no le impartieron trámite al escrito de
subsanación que presentó dentro del mecanismo de amparo con radicado número
11001-03-15-000-2022-02290-00, por el hecho de que se envió a un correo
electrónico que no estaba habilitado para la recepción de documentos.
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Sentencias T-015 de 2018 y T-474 de 2017 de la Corte Constitucional.
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T-781 de 2011.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00238-00
Accionantes: María Leonor Galindo Hernández
36. Para resolver tal motivo de inconformidad, la Sala estima necesario poner de
relieve lo siguiente:
36.1. Mediante auto de 26 de abril de 2022, la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado inadmitió el mecanismo de amparo con radicado número
11001-03-15-000-2022-02290-00.
36.2. La anterior decisión fue notificada el 28 de abril de 2022, mediante mensaje de
datos enviado a la dirección electrónica de la apoderada judicial de la aquí actora. En
dicha oportunidad se le adviertió a los notificados que el canal digital habilitado para
la recepción de documentos es el siguiente: secgeneral@consejodeestado.gov.co;
y no la cuenta cegral@notificacionesrj.gov.co, tal como se muestra a continuación:
36.3. A través de auto de 13 de mayo de 2022, la Subsección C de la Sección Tercera
del Consejo de Estado rechazó la demanda de tutela, luego de considerar que la
parte actora no había subsanado los yerros anotados en el auto inadmisorio.
37. Inconforme con la anterior decisión, la aquí actora presentó impugnación,
argumentando que, mediante mensaje de datos enviado el 3 de mayo de 2022 a la
dirección electrónica cegral@notificacionesrj.gov.co, había subsanado la demanda
de amparo.
38. LaSección Quinta de esta Corporación, mediante el auto aquí enjuiciado,
resolvió confirmar el rechazo de la demanda de amparo, con fundamento en las
siguientes consideraciones:
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Accionantes: María Leonor Galindo Hernández
[…] Analizado el sub lite, este despacho anuncia que confirmará la decisión
adoptada en el auto de 13 de mayo de 2022 tras concluir que, en efecto, el
memorial contentivo de los argumentos de subsanación no fue allegado
dentro del plazo estipulado a la dirección electrónica dispuesta por la
Secretaría General del Consejo de Estado para recibir solicitudes,
memoriales, comunicaciones, recursos, impugnaciones y demás
documentos pertinentes.
En relación con la peculiaridad que se alega en la impugnación, concerniente
a que los accionantes, quienes además actúan por conducto de apoderada
judicial, atendieron a lo requerido en el auto inadmisorio de 26 de abril de 2022
al remitir el escrito de corrección a una dirección de la Secretaría General de
esta Corporación, tal argumento no tiene la virtualidad de variar el sentido
de la decisión controvertida, comoquiera que es un error atribuible de
manera exclusiva al extremo tutelante.
[…]
En ese sentido, es necesario insistir en que, en el oficio por el cual se
notificó a la parte actora la decisión de inadmisión, se informó de manera
clara, concreta y precisa que cualquier solicitud y demás documentos
“que se remitan por medios electrónicos deberán allegarse al buzón judicial:
secgeneral@consejodeestado.gov.co”, indicación que evidentemente no fue
atendida por los tutelantes.
Corolario, el error en el envío del memorial que contenía la corrección de la
demanda tutelar no puede imputársele a la Secretaría General o a la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, comoquiera
que obedeció de forma exclusiva a una falta de diligencia del extremo
interesado […]. (negrillas por fuera del texto)
39. De lo transcrito en precedencia, la Sala advierte que la decisión de confirmar el
rechazo de aquella demanda de amparo se fundamentó en que el escrito de
subsanación presentado por la apoderada judicial de la aquí actora fue enviado a un
canal digital no habilitado para la recepción de documentos; debiéndose resaltar que
a la citada profesional, al momento de efectuarse la notificación de la actuación
judicial, se le había informado la dirección electrónica por medio de la cual podría
allegar las respectivas respuestas.
40. En atención a lo anterior, y comoquiera que, efectivamente, la aquí actora radicó el
escrito de subsanación a una dirección electrónica no habilitada para la recepción de
documentos, para la Sala es claro que las accionadas no vulneraron sus derechos
fundamentales.
41. Ello es así porque fue la falta de diligencia por parte de la apoderada judicial de la
parte aquí actora, la que condujo a que las autoridades accionadas no pudieran
tramitar el aludido escrito de subsanación, máxime cuando expresamente se le
informó de que las comunicaciones, memoriales o escritos que presentara dentro del
citado proceso, debían ser enviados al correo institucional
secgeneral@consejodeestado.gov.co, y que los documentos remitidos al correo
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Accionantes: María Leonor Galindo Hernández
cegral@notificacionesrgov.co no serían procesados y serían eliminados -en tanto que
esa dirección de correo electrónico únicamente estaba dispuesta para la notificación de
decisiones judiciales-.
42. Lo anterior se traduce en que: «[…] era una carga procesal de la parte actora
atender la directriz asociada a la utilización de los canales digitales expresamente
dispuestos para efectos de radicar sus escritos de intervención, a riesgo de que tales
memoriales no fuesen tenidos en cuenta por el juez de conocimiento […]»17.
43. En este contexto, cabe destacar que, contrario a lo sostenido por la actora, «[…]
los parámetros señalados por las autoridades judiciales para la recepción de
información a través de las herramientas tecnológicas no pueden ser considerados
como un mero formalismo sino como la materialización, aplicación y garantía de
derechos y principios tan fundamentales como el debido proceso, la seguridad
jurídica, economía procesal, la celeridad y la eficiencia del proceso judicial […]»18.
44. Resulta oportuno poner de relieve que esta Sección, en providencia de 12 de
mayo de 202219, resolvió negar las pretensiones de una acción de tutela, en la que
se alegaba que las accionadas al no haberle dado trámite a un escrito de
impugnación por haberse remitido a una dirección de correo electrónico no habilitada
para tal efecto habían vulnerado los derechos fundamentos del extremo accionante.
En dicha decisión se efectuaron las siguientes consideraciones -las cuales se prohíjan en
esta oportunidad-:
[…] En este punto es del caso destacar que la Sección Segunda al
notificar la providencia de 25 de noviembre de 2021, informó al actor que
las solicitudes y documentos que se remitan por parte de los usuarios de
la justicia deberán allegarse al buzón judicial
secgeneral@consejodeestado.gov.co y no al
cegral@notificacionesrj.gov.co, comoquiera que este último es de uso
exclusivo para el envío de notificaciones y comunicaciones y, por tanto, los
correos electrónicos enviados a esa bandeja no serían procesados (…)
(…)
De lo anterior se desprende que el actor remitió el escrito de
impugnación a una dirección electrónica que no correspondía para el
efecto, pese a que la Secretaría General del Consejo de Estado fue
enfática en informar que los mensajes de datos remitidos al buzón
cegral@notificacionesrj.gov.co no serían procesados y, por ende, se
eliminarían. Sumado a lo anterior, se resalta que cuando es remitido un
mensaje de datos al correo electrónico en mención, esto es,
cegral@notificacionesrj.gov.co, automáticamente se genera una respuesta en
la que se le informa al usuario : “Señor usuario: Favor dirigir sus solicitudes,
17
Consejo de Estado, Sala Diecinueve Especial de Decisión, providencia de 1° de julio de 2022, expediente No. 11001-03-
15-000-2021-04065-00.
18
Consejo de Estado, Sala Diecinueve Especial de Decisión, providencia de 1° de julio de 2022, expediente No. 11001-03-
15-000-2021-04065-00.
19
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 12 de mayo de 2022.
Expediente: 11001-03-15-000-2022-01007-01. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, y Consejo de Estado. Sala de lo
Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 12 de mayo de 2022. Expediente: 44001-23-40-000-2022-
00027-01. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
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Accionantes: María Leonor Galindo Hernández
respuestas y/o peticiones a la cuenta: secgeneral@consejodeestado.gov.co,
dado que este correo es utilizado únicamente por el software para
notificaciones electrónicas, por lo tanto cualquier mensaje que sea enviado a
esta dirección no será procesado por nuestro sistema”, información que, por
demás, es visible en la página web de la Corporación.
En ese orden de ideas, para la Sala es dable inferir que las actuaciones de
la Sección Segunda y su Secretaría no son vulneradoras del derecho
fundamental al debido proceso invocado por el actor, comoquiera que la
incorrecta radicación del escrito de impugnación por parte del mismo
impidió a la autoridad judicial accionada conocer tal documento y, por
tanto, darle el trámite que correspondía, lo cual de ninguna forma puede
ser atribuible a las accionadas.
Precisado lo anterior y visto el marco normativo aplicable al asunto bajo
estudio, la Sala advierte que comparte el criterio del a quo, en la medida de
que la falta de diligencia y cuidado por parte del señor BERNAL
BELTRÁN es imputable exclusivamente a este y no puede trasladársele
la responsabilidad a la Sección Segunda y su Secretaría, quienes
actuaron con apego a los procedimientos establecidos en la norma […].
(Negrillas por fuera del texto)
45. Valga agregar que en este mismo sentido se pronunció esta Sala de Decisión,
en sentencia de tutela de 2 de marzo de 202320, al resolver una acción de tutela
en contra de las mismas decisiones judiciales aquí cuestionadas.
46. Con fundamento en los anteriores razonamientos, la Sala considera que las
autoridades accionadas no vulneraron los derechos fundamentales de la parte
actora. Por tanto, se negarán las pretensiones de la solicitud de amparo de la
referencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación procesal elevada por Tribunal
Administrativo del Tolima.
SEGUNDO: NEGAR la acción de tutela de la referencia, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
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11001-03-15-000-2023-00203-00.
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Accionantes: María Leonor Galindo Hernández
CUARTO: En caso de no ser impugnada, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con el artículo 31 del
Decreto Ley No. 2591 de 1991.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
Presidente
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
P:(18) CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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