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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02288-00

Fecha
23 de abril de 2026
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02288-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NEGAR la presente acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 14 Radicación: 11001-03-15-000-2026-02288-00 Accionante: Josefa Marina Barros de la Hoz Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-02288-00

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

23 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2026-02288-00
Accionante: JOSEFA MARINA BARROS DE LA HOZ
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. Se niega el amparo
– reiteración jurisprudencial – la accionada no vulneró los derechos
fundamentales de la actora al inadmitir la impugnación, en tanto dicho
documento fue enviado a través de un canal digital no habilitado para la
recepción de memoriales.

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por la accionante contra el Tribunal
Administrativo de Bolívar.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La señora Josefa Marina Barros de la Hoz solicitó, la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia en
conexidad con el principio de prevalencia del derecho sustancial, cuya vulneración le
atribuyó a la providencia de 17 de marzo de 2026, proferida por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, dentro de la acción de tutela con número de radicación
13001-33-33-005-2026-00026-00/01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Refirió que promovió la acción de tutela núm. 13001-33-33-005-2026-00026-
00/01 contra el ICBF Centro Zonal Histórico y del Caribe Norte (Centro de atención a
Víctimas de la Violencia (CAIVAS) de Cartagena - ICBF Centro Zonal Magangué, con
el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad, educación, unidad familiar, entre otros, con ocasión a la Resolución 8155

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Accionante: Josefa Marina Barros de la Hoz

de 26 de diciembre de 2025 a través de la cual se proveyó su traslado del cargo de
Profesional Especializado de Nutrición y Dietética código 2028 grado 13, en el
Centro Zonal Magangué.

2.2. Señalóque el conocimiento del proceso le correspondió al Juzgado Quinto
Administrativo del Circuito de Cartagena, autoridad judicial que, mediante sentencia
de 24 de febrero de 2026, declaró improcedente la acción de tutela.

2.3. Indicó que el 25 de febrero de 2026 procedió a radicar escrito de impugnación al
correo electrónico del Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Cartagena “[…]
jadmin05ctg@notificacionesrj.gov.co […]”, la cual “[…] erróneamente consideré
habilitada […]”.

2.4. Sostuvo que, el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Cartagena mediante
auto de 16 de marzo de 2026 concedió la impugnación.

2.5. Informó que el 18 de marzo de 2026 le fue notificado el auto de 17 del mismo mes
y año, proferido por el Tribunal Administrativo de Bolívar, a través del cual se dispuso
inadmitir la impugnación interpuesta contra la sentencia de 24 de febrero de la
presente anualidad, al considerar “[…] que el escrito de impugnación no se ajusta a
las condiciones de oportunidad […]”.

2.6. Afirmó que la referida decisión judicial vulneró sus derechos fundamentales
indicados supra, al incurrir en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto,
en tanto que la accionada debió dar prevalencia al derecho sustancial, toda vez que
“[…] cumplí con la carga procesal de impugnar dentro del término y que, además,
el escrito fue recibido y constatado por el juzgado […]”, sin embargo, el Tribunal
“[…] prefirió la forma (el buzón equivocado) sobre el fondo (el derecho a que mi
impugnación fuera tramitada) […]”.

2.7. Manifestó que “[…] [e]l propio Tribunal reconoce que el escrito fue
"recepcionado" y que se "logró comprobar". Si el sistema de justicia ya constató
que el mensaje llegó a su destino y que fue tempestivo, negar el trámite es una
decisión manifiestamente desproporcionada. La Ley 2213 de 2022, que establece
la virtualidad, debe interpretarse en clave de garantía, no de obstáculo […]”.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERO: TUTELAR mis derechos fundamentales al debido proceso,
acceso a la administración de justicia, doble instancia y prevalencia del
derecho sustancial, vulnerados por el Tribunal Administrativo de Bolívar.

SEGUNDO: En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS el auto proferido el 17 de
marzo de 2026 por el Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante el cual se

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Accionante: Josefa Marina Barros de la Hoz

inadmitió la impugnación presentada contra la sentencia de primera instancia del
Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Cartagena.

TERCERO: ORDENAR al Tribunal Administrativo de Bolívar que, en el término
de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del fallo de tutela,
proceda a ADMITIR Y TRAMITAR la impugnación presentada por la suscrita el
25 de febrero de 2026, profiriendo la decisión de fondo que en derecho
corresponda en segunda instancia […]”.

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 24 de marzo de 2026, el Despacho a cargo de la sustanciación
del proceso admitió la presente acción de tutela. Asimismo, vinculó como terceros
con interés directo en el resultado del proceso al Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar - Centro Zonal Histórico y del Caribe Norte y Centro Zonal Magangué y al
Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Cartagena.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuadas las notificaciones a las autoridades accionadas y a los
vinculados, se allegaron los siguientes informes:

5.1. El Tribunal Administrativo de Bolívar solicitó negar las pretensiones de la
acción de tutela, en atención a que, desde el auto admisorio de la acción de tutela
núm. 13001-33-33-005-2026-00026-00, le fue comunicado a la accionante que el
correo habilitado para radicar memoriales corresponde a
“admin05cgena@cendoj.ramajudicial.gov.co”, adicional a ello, el 16 de febrero de
2026 la parte actora radicó un escrito de complementación a la acción de tutela.

5.2. Por
lo anterior, la providencia de 17 de marzo de 2026 resolvió tener la
impugnación por extemporánea.

5.3. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar solicitó su desvinculación del
trámite de la presente acción de tutela, toda vez que no existe una acción u omisión
atribuible a la entidad que haya generado la presunta vulneración de derechos
fundamentales. Solicitó negar las pretensiones de la acción constitucional.

5.4. El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Cartagena informó que el
25 de febrero de 2026 se notificó el fallo de tutela proferido dentro del radicado
núm. 13001-33-33-005-2026-00026-00, fecha en la cual la accionante presentó
escrito de impugnación al correo electrónico “[…]
jadmin05ctg@notficacionesrj.gov.co […]”, sin embargo ese despacho mediante
auto de 16 de marzo de 2026 concedió la impugnación y ordenó la remisión del
expediente al Tribunal Administrativo de Bolívar para que decidiera en segunda
instancia.

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5.5. Señaló que ese despacho judicial no ha vulnerado los derechos fundamentales
de la accionante, toda vez que la decisión cuestionada corresponde a la proferida
por el Tribunal, autoridad competente en segunda instancia, quien mediante auto
de 17 de marzo de 2026 resolvió inadmitir la impugnación.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia

6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20213 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20254, y el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20195, modificado por el Acuerdo núm. 434
de 10 de diciembre de 20246.

VI.2. Cuestión previa

7. La Sala advierte que, previo a la definición del problema jurídico que se resolverá,
resulta necesario pronunciarse respecto de la solicitud de desvinculación procesal
presentada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

8. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la Corte
Constitucional en la sentencia T - 1001 de 20067, señaló lo siguiente:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito
de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado,
mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en
la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. […].

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y
sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de
garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de
excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de

1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
2 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
3 “Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único

Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4 “Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector

Justicia y del Derecho”.
5 Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.

6 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan
los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
7
Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.

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Accionante: Josefa Marina Barros de la Hoz

manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que
la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción
[…]”. [Subrayado fuera del texto].

9. Teniendo en cuenta que Instituto Colombiano de Bienestar Familiar fue parte
demandada dentro de la acción de tutela en la que se profirió la providencia objeto
del presente mecanismo de amparo, la Sala considera que a esta entidad sí le
asiste el interés jurídico para ser vinculada a esta acción constitucional.

10. Por lo anterior, se negará la solicitud de desvinculación elevada, como en efecto
se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

VI.3. Problemas jurídicos

11. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde
establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se
deberá determinar:

b) Si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos fundamentales
invocados por la parte accionante, al haber incurrido presuntamente en
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto.

12. Con el fin de resolver tales interrogantes,resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, de acuerdo con los requisitos generales y especiales de procedibilidad;
para posteriormente ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del
asunto, siempre y cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VI.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

13. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20128, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

14. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia

de 31 de julio de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.

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Accionante: Josefa Marina Barros de la Hoz

15. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.

16. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial9, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución10.

17. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”11 que encaje en dichos
parámetros.

18. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

9 Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado

Jorge Iván Palacio Palacio.
10 Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera

absoluta, de jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación
del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por
demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o
inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y
ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y
jurídicos de la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado
por esta Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera
directa a las normas establecidas en la Constitución Política.
11 Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado

Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.

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Accionante: Josefa Marina Barros de la Hoz

19. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.

VI.5. El caso concreto

20. La señora Josefa Marina Barros de la Hoz solicitó, la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia en
conexidad con el principio de prevalencia del derecho sustancial, cuya vulneración le
atribuyó a la providencia de 17 de marzo de 2026, proferida por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, dentro de la acción de tutela con número de radicación
13001-33-33-005-2026-00026-00/01.

VI.5.1. Del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela

21. La Sala encuentra que se cumplen los requisitos generales de procedibilidad, en
razón a que: i) la situación planteada reviste relevancia constitucional; ii) se cumple
el requisito de subsidiariedad porque la accionante no cuenta con otro medio de
defensa; iii) la acción de tutela se presentó dentro de un término razonable; iv) la
situación a la cual se atribuye la vulneración de los derechos fundamentales fue
debidamente puntualizada en el escrito de tutela; v) se alega la existencia de una
irregularidad procesal, por lo que el análisis al respecto se efectuará más adelante, y
vi) la acción constitucional no se dirige contra una sentencia dictada en un proceso
de tutela.

VI.5.2. Análisis de los requisitos específicos en la presente acción de tutela

22. LaSala abordará el estudio de los requisitos especiales frente a la presunta
vulneración de los derechos constitucionales fundamentales invocados por la parte
accionante los cuales se encuentran configurados en un presunto defecto
procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto.

VI.5.2.1 Solución del caso concreto

23. La parte actora adujo que el Tribunal Administrativo de Bolívar, al proferir el auto
de 17 de febrero de 2026, incurrió en un defecto procedimental absoluto por exceso
ritual manifiesto, por las siguientes razones:

• En primer lugar, puso de relieve que el escrito de impugnación fue enviado,
dentro del término legal, al correo electrónico “[…]
jadmin05ctg@notificacionesrj.gov.co […]”, el cual “[…] erróneamente consideré
habilitad[o] […]”.

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Accionante: Josefa Marina Barros de la Hoz

• En segundo término, precisó que, el Tribunal incurrió en un defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto, en razón a que le dio mayor valor
al derecho formal sobre el sustancial, toda vez que “[…] cumplí con la carga
procesal de impugnar dentro del término y que, además, el escrito fue recibido
y constatado por el juzgado […]”.

• Por último, adujo que el Tribunal reconoció que el escrito de impugnación fue
presentado dentro del término legal, sin embargo, procedió a negar el trámite,
lo cual resultó en una decisión desproporcionada a la Ley 2213 de 2022 que
establece “[…] la virtualidad, debe interpretarse en clave de garantía, no de
obstáculo […]”.

24. En el caso objeto de estudio, se observa que el 11 de febrero de 2026 la señora
Josefa María Barros de la Hoz radicó, en nombre propio, la acción de tutela con
radicado número 13001-33-33-005-2026-00026-00 contra el ICBF Centro Zonal
Histórico y del Caribe Norte (Centro de atención a Víctimas de la Violencia
(CAIVAS) de Cartagena - ICBF Centro Zonal Magangué.

25. El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Cartagena, mediante auto de
11 de febrero de 2026, admitió la demanda y en el numeral séptimo de la misma
providencia se advirtió que los memoriales deberán presentarse vía SAMAI al
correo del juzgado admin05cgena@cendoj.ramajudicial.gov.co :

12

26. El 16 de febrero de 2026, la accionante radicó escrito de complementación a la
acción de tutela, al correo electrónico del Juzgado “[…]
admin05cgena@cendoj.ramajudicial.gov.co […]”, como se observa:

12
Visible a índice núm. 007 del expediente núm. 13001-33-33-005-2026-00026-00 SAMAI, del Juzgado Quinto Administrativo
de Cartagena.

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27. El Juzgado profirió la sentencia el 24 de febrero de 2026, la cual fue notificada al
correo electrónico de la accionante el 25 del mismo mes y año. En el contenido de la
notificación se le informó a las partes que los memoriales debían ser remitidos al
correo electrónico “[…] admin05cgena@cendoj.ramajudicial.gov.co […]”:

28. Laparte actora manifestó que el 25 de febrero de 2026 remitió escrito de
impugnación al correo electrónico “[…] jadmin05ctg@notificacionesrj.gov.co […]”.
Posteriormente, el 2 de marzo de la misma anualidad, presentó escrito de
complementación a la impugnación al mismo buzón electrónico y, finalmente el 6
de marzo, solicitó información sobre el estado del trámite de dicha impugnación.

10

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Accionante: Josefa Marina Barros de la Hoz

29. La accionante indicó que, ante la ausencia de respuesta a las solicitudes
previamente presentadas, el 11 de marzo de 2026 reenvió los escritos al correo
electrónico “[…] admin05cgena@cendoj.ramajudicial.gov.co […]”. En relación con
dicha remisión, recibió como respuesta que tras verificar y filtrar el correo “[…]
admin05 […]” la comunicación no fue recibida inicialmente, puesto que había sido
enviada al correo de notificaciones judiciales, el cual no se encuentra habilitado para
la recepción de comunicaciones. En consecuencia, se le informó que solo fue
registrada como recibida a partir del 11 de marzo de 2026.

30. Mediante auto de 16 de marzo de 2026, el Juzgado concedió la impugnación y
ordenó remitir el proceso al Tribunal Administrativo de Bolívar, el cual a su vez,
profirió la providencia de 17 del mismo mes y año, a través de la cual inadmitió la
impugnación por las siguientes razones:

“[…] -. PRONUNCIAMIENTO

Decide este Despacho sobre la admisibilidad de la impugnación interpuesta por
la accionante, en contra de la sentencia de primera instancia emitida por el
Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Cartagena de fecha 24 de febrero
de 2026, que declaró la improcedencia de la acción.

Tras examinar el expediente, este Despacho encuentra que el escrito de
impugnación no se ajusta a las condiciones de oportunidad que consagra el
artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, por las razones que se pasan a explicar:

• La accionante radicó el escrito de impugnación el 25 de febrero de 2026
al correo electrónico jadmin05ctg@notificacionesrj.gov.co , el cual, según

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Accionante: Josefa Marina Barros de la Hoz

lo indicando por el juzgado, no corresponde al correo habilitado para
recibir comunicaciones, y solo hasta el requerimiento de la accionante del
recibido del mismo se logró comprobar que fue recepcionado a la
dirección electrónica aquí mencionada.

Al respecto, para el suscrito magistrado el hecho de que la accionante no
radicara el escrito de impugnación al correo habilitado para ello, no da lugar a la
admisión del escrito, debido a que, conocía que el correo habilitado era el
correspondiente a admin05cgena@cendoj.ramajudicial.gov.co, teniendo en
cuenta que desde el auto admisorio de la demanda se le indicó.

Adicional a lo anterior, no desconocía la accionante que el correo habilitado era
el correspondiente a admin05cgena@cendoj.ramajudicial.gov.co , debido a que,
en fecha 16 de febrero de 2026 radicó una solicitud de complementación, por lo
que, tenía completo conocimiento de que el correo de recepción era el antes
indicado.

Así las cosas, se inadmite la impugnación radicada por el accionante contra la
sentencia de primera instancia. […]”.

31. De lo expuesto en precedencia, se observa que la decisión de inadmitir la
impugnación se fundamentó en que el escrito fue enviado a un canal digital no
habilitado para la recepción de documentos, pese a que las partes fueron
informadas en las providencias, sobre el canal habilitado para la recepción de los
memoriales, esto es, el correo electrónico “[…]
admin05cgena@cendoj.ramajudicial.gov.co […]”.

32. Esta Corporación ha precisado que el uso de herramientas digitales en el
contexto de los procesos judiciales requiere que la partes dirijan sus peticiones a
los canales habilitados para la recepción de mensajes de datos, so pena de tenerse
por no presentados. En efecto, mediante el auto de 7 de febrero de 202213 se señaló
lo siguiente:

“[…] [A]sí como la administración de justicia debe usar el canal digital
suministrado por las partes en aras de que la notificación de las decisiones
judiciales sea válida; los usuarios de este servicio público tienen la carga de
utilizar como medio de comunicación, la dirección electrónica establecida
oficialmente para tales efectos por el juzgado o el órgano judicial colegiado
respectivo.

Así las cosas, entendiendo que la sede judicial electrónica hace referencia al
sitio en el que el despacho puede ser ubicado en el mundo digital y, por ende,
constituye la vía para que los sujetos procesales puedan establecer una
interacción con él, es plausible afirmar que los memoriales que se radiquen en
un buzón electrónico o canal digital diferente a aquel destinado para su
recepción, y que ha sido debida y previamente informado a las partes, deben
tenerse por no presentados.

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Consejo de Estado. Sala Especial de Decisión No. 19. Exp. 11001031500020210406500 (5922), auto de 7 de febrero de
2022, M.P. William Hernández Gómez.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02288-00
Accionante: Josefa Marina Barros de la Hoz

Señalar lo contrario, entorpecería la prestación adecuada de este servicio
público y afectaría los principios de seguridad jurídica, eficiencia, celeridad y
economía procesal. En efecto, afirmar que cualquier correo electrónico, por el
hecho de ser institucional, es apto para la recepción y trámite de los
memoriales, generaría caos en la administración de justicia y una carga
desproporcionada de verificar si las partes se pronunciaron en otro buzón
digital.

A la luz de lo expuesto, es plausible entender que la Ley 2080 concretó la
verdadera puesta en marcha del propósito de modernización de la justicia, de
modo que hoy en día resulta razonable sostener que el uso correcto de las
tecnologías de la información y las comunicaciones en el proceso contencioso
administrativo pasó de ser una simple posibilidad a un genuino deber de todos
los actores que intervienen en el escenario judicial.

En este sentido, cabe recordar que, según el artículo 103 del CPACA, «Quien
acuda ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en cumplimiento
del deber constitucional de colaboración para el buen funcionamiento de la
administración de justicia, estará en la obligación de cumplir con las cargas
procesales y probatorias previstas en este Código», de no hacerlo deberá
aceptar las consecuencias desfavorables que se deriven de su renuencia.

(…)

En conclusión, no es factible entender que el memorial remitido (…) al buzón
electrónico (…) se presentó en debida forma toda vez que dicho canal digital
no está destinado a la recepción de comunicaciones de parte, circunstancia
que previamente se le había informado […]”. (Subrayado fuera del texto)

33. En igual sentido, en la sentencia de tutela 14 de abril de 202314, esta Sección
sostuvo:

“[…] [L]a Sala advierte que la decisión de confirmar el rechazo de aquella
demanda de amparo se fundamentó en que el escrito de subsanación
presentado por la apoderada judicial de la aquí actora fue enviado a un canal
digital no habilitado para la recepción de documentos; debiéndose resaltar que
a la citada profesional, al momento de efectuarse la notificación de la actuación
judicial, se le había informado la dirección electrónica por medio de la cual
podría allegar las respectivas respuestas.

40. En atención a lo anterior, y comoquiera que, efectivamente, la aquí actora
radicó el escrito de subsanación a una dirección electrónica no habilitada para
la recepción de documentos, para la Sala es claro que las accionadas no
vulneraron sus derechos fundamentales.

41. Ello es así porque fue la falta de diligencia por parte de la apoderada judicial
de la parte aquí actora, la que condujo a que las autoridades accionadas no
pudieran tramitar el aludido escrito de subsanación, máxime cuando
expresamente se le informó de que las comunicaciones, memoriales o escritos
que presentara dentro del citado proceso, debían ser enviados al correo
institucional secgeneral@consejodeestado.gov.co, y que los documentos
remitidos al correo cegral@notificacionesrgov.co no serían procesados y serían

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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 14 de abril de 223. Exp. núm.
11001-03-15-000-2023-00238-00. C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02288-00
Accionante: Josefa Marina Barros de la Hoz

eliminados -en tanto que esa dirección de correo electrónico únicamente estaba
dispuesta para la notificación de decisiones judiciales-.

42. Lo anterior se traduce en que: “era una carga procesal de la parte actora
atender la directriz asociada a la utilización de los canales digitales
expresamente dispuestos para efectos de radicar sus escritos de intervención,
a riesgo de que tales memoriales no fuesen tenidos en cuenta por el juez de
conocimiento”.

43. En este contexto, cabe destacar que, contrario a lo sostenido por la actora,
“los parámetros señalados por las autoridades judiciales para la recepción de
información a través de las herramientas tecnológicas no pueden ser
considerados como un mero formalismo sino como la materialización,
aplicación y garantía de derechos y principios tan fundamentales como el
debido proceso, la seguridad jurídica, economía procesal, la celeridad y la
eficiencia del proceso judicial” […]”. [Subrayado fuera del texto].

34. En conclusión, y de conformidad con los precedentes citados, se considera que
el Tribunal accionado no incurrió en el defecto procedimental endilgado por la
accionante porque el escrito de impugnación fue remitido a una dirección
electrónica no habilitada para la recepción de memoriales con destino a procesos.
De manera que, la decisión de inadmitir la impugnación se encuentra sustentada
en la omisión de la parte actora de radicar en debida forma el escrito de
impugnación.

35. Por los razonamientos anteriormente expuestos, se concluye que no se
configura el defecto enunciado. En consecuencia, la Sala negará la acción de
tutela, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta decisión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

SEGUNDO: NEGAR la presente acción de tutela, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02288-00
Accionante: Josefa Marina Barros de la Hoz

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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