Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 13001-23-33-000-2026-00041-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 13001-23-33-000-2026-00041-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 13001-23-33-000-2026-00041-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
26 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 13001-23-33-000-2026-00041-01
Accionante: MARÍA DE JESÚS DURÁN DE GALVIS
Accionado: JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
MAGANGUÉ
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Se niega el amparo
– No se configura el defecto procedimental absoluto por exceso ritual
manifiesto.
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada por la accionante contra la sentencia de
10 de febrero de 2026, proferida por la Sala de Decisión Segunda del Tribunal
Administrativo de Bolívar.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. La señora María de Jesús Durán de Galvis solicitó, a través de apoderado judicial,
la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 24 de
septiembre de 2025, proferida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito
de Magangué dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado número 13430-33-33-001-2025-00030-00.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Relató que el 23 de enero de 2025, mediante apoderado judicial, radicó la
demanda del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho al correo
electrónico de la oficina judicial de Bolívar “[…]
ofijudicialcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co […]”.
2.2. Refirió que, el medio de control le correspondió por reparto al Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Magangué y le fue asignado el radicado núm. 13430-
33-33-001-2025-00030-00.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Accionante: María de Jesús Durán de Galvis
2.3. Adujo que, mediante auto de 14 de mayo de 2025, el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Magangué inadmitió la demanda con el fin de que se
aportara: i) constancia de presentación de la solicitud de sustitución pensional ante la
UGPP, ii) constancia de notificación, comunicación o publicación de la Resolución
6894 del 16 de abril de 2024, Resolución 9738 del 30 de mayo de 2024 y Resolución
11452 del 23 de julio de 2024 y, iii) constancia de presentación del recurso de
reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución 6894 del 16 de abril de
2024.
2.4. Mencionó que, la anterior decisión le fue notificada el 15 de mayo de 2025 al correo
electrónico “[…] martinezcastilloabogado@gmail.com […]”.
2.5. Indicó que el 19 de mayo de 2025 procedió a subsanar la demanda al correo
electrónico del Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Magangué “[…]
j01adminmagangue@cendoj.ramajudicial.gov.co […]”.
2.6. Precisó que el mismo 19 de mayo recibió respuesta del Juzgado accionado, en la
que le informaban que el apartado electrónico no estaba habilitado para radicar ese
tipo de memoriales y que debía hacer uso obligatorio del aplicativo SAMAI.
2.7. Sostuvo que el 21 de mayo su apoderado manifestó al despacho accionado que
“[…] carecía de conocimiento y habilidades técnicas parta (sic) el uso actual de esas
tecnologías, por lo que a medida que me fuera adecuando al trámite sugerido por el
despacho seguiría haciendo uso de los canales institucionales, oficiales y legítimos
de acuerdo con la ley 2213 de 2022 […]”, frente a lo cual obtuvo la misma respuesta
antes indicada.
2.8. Expuso que mediante correo electrónico de 2 de octubre de 2025 le fue notificado
el auto de 24 de septiembre de 2025, a través del cual se rechazó la demanda por no
haberse subsanado.
2.9. Manifestó que el 21 de octubre de 2025 presentó recurso de apelación contra la
anterior decisión, a la misma dirección electrónica del Juzgado, para lo cual
nuevamente le fue informado que debía hacer uso del aplicativo SAMAI para la
radicación de memoriales.
2.10. Señaló que, a la fecha de la presentación de la presente acción de tutela, no se
ha admitido el recurso de apelación y teniendo en cuenta las respuestas brindadas
por el juzgado a su correo electrónico “[…] asume que no se dará trámite al recurso
de apelación, o que tendrá la misma suerte del escrito de subsanación de la demanda
[…]”.
2.11. Sostuvo que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales
al incurrir en un defecto procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto, al realizar
“[…] una errónea interpretación del uso de las tecnológicas en favor de la justicia y la
función pública […] pues obliga a los usuarios de la justicia a hacer uso exclusivo de
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Accionante: María de Jesús Durán de Galvis
un canal tecnológico para establecer comunicación con el despacho, incluso, para
desarrollar el ejercicio legítimo del derecho a la defensa y actuaciones procesales, a
través de un mecanismo que ni siquiera contempla la ley procesal vigente, lo sugiera
la ley 2213 de 2022 y/o mucho menos el ACUERDO PCSJA23-12068 del 16/05/2023
[…]”.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] 1. Solicito se Tutelen los Derechos Fundamentales al DEBIDO
PROCESO, IGUALDAD Y ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA de
mi mandante.
2. Como consecuencia de la protección de los derechos fundamentales, se
ordene al despacho accionado a dar el trámite legal al memorial de
subsanación de la demanda presentado a fecha de 19 de mayo de 2025 en la
dirección oficial e institucional del despacho.
3. Que se prevenga al despacho accionado para que, en lo venidero sea más
laxo y pragmático con el uso de las tecnologías y el respeto de las garantías
procesales de los usuarios de justicia […]”.
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 3 de febrero de 2026, el magistrado a cargo de la sustanciación
del proceso del Tribunal Administrativo de Bolívar admitió la presente acción de
tutela.
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada, allegó el siguiente
informe:
5.1. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Magangué manifestó su
oposición a las pretensiones solicitadas, por cuanto no se ha causado ninguna
vulneración a los derechos fundamentales alegados por la accionante y ha actuado
en cumplimiento estricto de la ley.
5.2. Informóque dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado número 13430-33-33-001-2025-00030-00 se puede
evidenciar que: i) todas las decisiones emitidas por este despacho fueron
notificadas al apoderado de María de Jesús Duran de Galvis, por tanto, se le dio la
oportunidad para contradecir en cualquier momento del proceso las decisiones
adoptadas; ii) en cada providencia se advirtió que los memoriales debían ser
remitidos a través de la plataforma SAMAI; y iii) en constancia secretarial se indicó
que el apoderado de la señora María de Jesús Duran remitió memorial al correo
electrónico j01adminmagangue@cendoj.ramajudicial.gov.co, habiéndole indicado
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que su memorial se tendría como no recibido y que debía dirigirse a la ventanilla de
la plataforma SAMAI.
5.3. Precisó que el apoderado de la señora María de Jesús Durán de Galvis solicitó
que se ejerciera vigilancia judicial administrativa sobre el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho objeto de estudio debido a que, según indicó, el
Despacho se había negado a darle trámite a memorial de subsanación de la
demanda, frente a lo cual el Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, por
medio de la Resolución núm. CSJBOR25-1424 de 26 de septiembre de 2025,
resolvió abstenerse de dar trámite a la solicitud de vigilancia judicial administrativa,
al considerar que “[…] dado lo indicado por el quejoso, no se advierte una situación
de mora judicial actual, por el contrario, se tiene que no se encuentra satisfecho
con las actuaciones proferidas por la agencia judicial, conforme los reparos que
expresa en el escrito allegado a esta Corporación dado que el Juzgado se
pronunció sobre el memorial elevado, inclusive, con anterioridad a la presentación
de la solicitud de vigilancia judicial administrativa, de modo que no resuelta (sic)
posible seguir adelante con este trámite […]”.
VI. EL FALLO IMPUGNADO
5.4. Mediante fallo de tutela de 10 de febrero de 2026, la Sala Segunda de Decisión
del Tribunal Administrativo de Bolívar declaró improcedente la acción de tutela “[…]
en la medida en que la omisión en el trámite del escrito de subsanación se debió a
que la parte accionante remitió el memorial por un canal no habilitado, mientras que
el Juzgado Primero Administrativo de Magangué había indicado expresamente, en
tres oportunidades diferentes, que el único medio válido para su recepción era la
ventanilla virtual de la plataforma SAMAI, por lo que no se configura alguna
actuación irregular por parte del despacho […]”.
5.5. Lo anterior, por cuanto al accionante le fue indicado de manera explícita que
“[…] la recepción de memoriales debía efectuarse únicamente a través de la
ventanilla virtual de la plataforma SAMAI, proporcionando incluso las instrucciones
necesarias para su correcto uso […]”.
VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
6. El accionante impugnó el fallo de primera instancia, argumentando que “[…] el Ad
Quo, con su fallo de primera instancia maneja no solo una errónea interpretación
del uso de las tecnológicas en favor de la justicia y la función pública, sino que
desconoce derechos fundamentales a su paso, pues obliga a los usuarios de la
justicia a hacer uso exclusivo de un canal tecnológico para establecer comunicación
con el despacho, incluso, para desarrollar el ejercicio legítimo del derecho a la
defensa y actuaciones procesales, a través de un mecanismo que ni siquiera
contempla la ley procesal vigente, mucho menos lo sugiera la ley 2213 de 2022
[…]”.
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Accionante: María de Jesús Durán de Galvis
7. Expuso que “[…] el uso de las tecnologías debe interpretarse, primeramente,
como un mecanismo de facilitación del manejo de la información y archivo jurídico,
para hacer de la función pública de administrar de justicia, un servicio más eficiente,
eficaz y ágil; mas no debe imponerse, obligarse y someterse al usuario de la justicia
al uso irrestricto de las tecnologías para otorgar validez y legitimidad al ejercicio
constitucional de su derecho al debido proceso y derecho a la defensa […]”
VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VIII.1. Competencia de la Sala
8. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20213 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20254, y el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20195, modificado por el Acuerdo núm. 434
de 10 de diciembre de 20246.
VIII.2. Problemas jurídicos
9. De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado7, la Sala debe establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello
es así, se deberá:
b) Determinar si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante.
10. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando
se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.
1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
2
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
3
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4
“Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del
Derecho”.
5
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
6 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
7
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
6
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Accionante: María de Jesús Durán de Galvis
VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
11. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20128, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
12. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
13. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.
14. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial9, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución10.
15. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
9
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
10
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
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Radicación: 13001-23-33-000-2026-00041-01
Accionante: María de Jesús Durán de Galvis
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”11 que encaje en dichos
parámetros.
16. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
17. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.
VIII.4. El caso concreto
18. La señora María de Jesús Durán de Galvis solicitó, a través de apoderado
judicial, la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso
a la administración de justicia, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 24
de septiembre de 2025, proferida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito
de Magangué dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado número 13430-33-33-001-2025-00030-00.
19. Precisadolo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.
VIII.4.1. Del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela
20. La Sala encuentra que se cumplen los requisitos generales de procedibilidad, en
razón a que: i) la situación planteada reviste relevancia constitucional; ii) se cumple
el requisito de subsidiariedad porque la accionante no cuenta con otro medio de
defensa; iii) la acción de tutela se presentó dentro de un término razonable; iv) la
situación a la cual se atribuye la vulneración de los derechos fundamentales fue
debidamente puntualizada en el escrito de tutela; v) se alega la existencia de una
irregularidad procesal, por lo que el análisis al respecto se efectuará más adelante,
y vi) la acción constitucional no se dirige contra una sentencia dictada en un
proceso de tutela.
VIII.4.2. Análisis de los requisitos específicos en la presente acción de tutela
21. La Sala abordará el estudio de los requisitos especiales frente a la presunta
vulneración de los derechos constitucionales fundamentales invocados por la parte
11
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
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Radicación: 13001-23-33-000-2026-00041-01
Accionante: María de Jesús Durán de Galvis
accionante los cuales se encuentran configurados en un presunto defecto
procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto.
VIII.4.2.1 Solución del caso concreto
22. La parte actora adujo que el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de
Magangué, al proferir el auto de 24 de septiembre de 2025, incurrió en un defecto
procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto, por las siguientes razones:
• En primer lugar, puso de relieve que el memorial de subsanación de la demanda
fue enviado, dentro del término legal, al correo electrónico “[…]
j01adminmagangue@cendoj.ramajudicial.gov.co […]”.
• En segundo término, precisó que, aunque el Juzgado contestó el correo
electrónico informando que el apartado electrónico no estaba habilitado para
radicar ese tipo de memoriales y que debía hacer uso obligatorio del aplicativo
SAMAI, en respuesta a dicho requerimiento le manifestó al Juzgado, que “[…]
carecía de conocimiento y habilidades técnicas parta (sic) el uso actual de esas
tecnologías […]”.
• Por último, adujo que debió prevalecer el derecho sustancial sobre las formas.
Por lo tanto, aunque el mensaje de datos fue remitido a una dirección
electrónica distinta a la señalada por el despacho judicial, lo cierto era que la
subsanación de la demanda se envió dentro del término legal a un correo
perteneciente a la autoridad judicial.
23. En el caso objeto de estudio, se observa que el 23 de enero de 2025 la señora
María de Jesús Duran radicó, a través de apoderado judicial, la demanda del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número 13430-
33-33-001-2025-00030-00 contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión de
Gestión Pensional y Parafiscales.
24. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Magangué, mediante auto de
14 de mayo de 2025, inadmitió la demanda y concedió el término de diez (10) días
para allegar el escrito de subsanación. En la misma providencia se advirtió que
dicho escrito debía ser enviado a través de la plataforma SAMAI:
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Accionante: María de Jesús Durán de Galvis
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25. El
19 de mayo de 2025, el apoderado de la actora envió memorial de
subsanación al correo electrónico del Juzgado “[…]
j01adminmagangue@cendoj.ramajudicial.gov.co […]”.
26. En la citada fecha, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Magangué,
le contestó al accionante que el correo electrónico no estaba habilitado para radicar
memoriales y procedió a indicarle que debía radicarlo a través de la ventanilla de
atención virtual de SAMAI, para lo cual le adjuntó el respectivo enlace:
12
Visible a índice núm. 001 del expediente núm. 13430-33-33-001-2025-00030-00 SAMAI, del Juzgado Primero
Administrativo de Magangué.
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Radicación: 13001-23-33-000-2026-00041-01
Accionante: María de Jesús Durán de Galvis
27. El apoderado de la accionante, en respuesta al correo del juzgado, procedió a
manifestar que:
28. Mediante auto de 24 de septiembre de 2025, el Juzgado accionado rechazó la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, por no haberse allegado el
escrito de subsanación de la demanda, providencia en la que se exhortó a las partes
para que radicaran sus memoriales en la ventanilla Virtual del aplicativo SAMAI:
29. Laaccionante manifestó que el 21 de octubre de 2025 presentó recurso de
apelación contra la anterior decisión, a la misma dirección electrónica del Juzgado,
para lo cual nuevamente le fue informado que debía hacer uso del aplicativo SAMAI,
sin que a la fecha se haya resuelto.
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Accionante: María de Jesús Durán de Galvis
30. Una vez revisado el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado número 13430-33-33-001-2025-00030-00, se advierte que en el
aplicativo de SAMAI la accionante no ha radicado los memoriales que indica ha
presentado:
31. De lo expuesto en precedencia, se observa que la decisión de rechazar la
demanda se fundamentó en que el escrito de subsanación fue enviado a un canal
digital no habilitado para la recepción de documentos, pese a que las partes fueron
informadas en las providencias, sobre el canal habilitado para la recepción de los
memoriales, esto es, el aplicativo SAMAI.
32. En este punto, se destaca que el artículo 169 de la Ley 1437 de 2011 establece
lo siguiente:
“[…] RECHAZO DE LA DEMANDA. Se rechazará la demanda y se ordenará la
devolución de los anexos en los siguientes casos:
(…)
2. Cuando habiendo sido inadmitida no se hubiere corregido la demanda dentro
de la oportunidad legalmente establecida […]”. (Subrayado fuera del texto)
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Accionante: María de Jesús Durán de Galvis
33. Esta Corporación ha precisado que el uso de herramientas digitales en el
contexto de los procesos judiciales requiere que la partes dirijan sus peticiones a
los canales habilitados para la recepción de mensajes de datos, so pena de tenerse
por no presentados. En efecto, mediante el auto de 7 de febrero de 202213 se señaló
lo siguiente:
“[…] [A]sí como la administración de justicia debe usar el canal digital
suministrado por las partes en aras de que la notificación de las decisiones
judiciales sea válida; los usuarios de este servicio público tienen la carga de
utilizar como medio de comunicación, la dirección electrónica establecida
oficialmente para tales efectos por el juzgado o el órgano judicial colegiado
respectivo.
Así las cosas, entendiendo que la sede judicial electrónica hace referencia al
sitio en el que el despacho puede ser ubicado en el mundo digital y, por ende,
constituye la vía para que los sujetos procesales puedan establecer una
interacción con él, es plausible afirmar que los memoriales que se radiquen en
un buzón electrónico o canal digital diferente a aquel destinado para su
recepción, y que ha sido debida y previamente informado a las partes, deben
tenerse por no presentados.
Señalar lo contrario, entorpecería la prestación adecuada de este servicio
público y afectaría los principios de seguridad jurídica, eficiencia, celeridad y
economía procesal. En efecto, afirmar que cualquier correo electrónico, por el
hecho de ser institucional, es apto para la recepción y trámite de los
memoriales, generaría caos en la administración de justicia y una carga
desproporcionada de verificar si las partes se pronunciaron en otro buzón
digital.
A la luz de lo expuesto, es plausible entender que la Ley 2080 concretó la
verdadera puesta en marcha del propósito de modernización de la justicia, de
modo que hoy en día resulta razonable sostener que el uso correcto de las
tecnologías de la información y las comunicaciones en el proceso contencioso
administrativo pasó de ser una simple posibilidad a un genuino deber de todos
los actores que intervienen en el escenario judicial.
En este sentido, cabe recordar que, según el artículo 103 del CPACA, «Quien
acuda ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en cumplimiento
del deber constitucional de colaboración para el buen funcionamiento de la
administración de justicia, estará en la obligación de cumplir con las cargas
procesales y probatorias previstas en este Código», de no hacerlo deberá
aceptar las consecuencias desfavorables que se deriven de su renuencia.
(…)
En conclusión, no es factible entender que el memorial remitido (…) al buzón
electrónico (…) se presentó en debida forma toda vez que dicho canal digital
no está destinado a la recepción de comunicaciones de parte, circunstancia
que previamente se le había informado […]”. (Subrayado fuera del texto)
13
Consejo de Estado. Sala Especial de Decisión No. 19. Exp. 11001031500020210406500 (5922), auto de 7 de febrero de
2022, M.P. William Hernández Gómez.
13
Radicación: 13001-23-33-000-2026-00041-01
Accionante: María de Jesús Durán de Galvis
34. En igual sentido, en la sentencia de tutela 14 de abril de 2023 14, esta Sección
sostuvo:
“[…] [L]a Sala advierte que la decisión de confirmar el rechazo de aquella
demanda de amparo se fundamentó en que el escrito de subsanación
presentado por la apoderada judicial de la aquí actora fue enviado a un canal
digital no habilitado para la recepción de documentos; debiéndose resaltar que
a la citada profesional, al momento de efectuarse la notificación de la actuación
judicial, se le había informado la dirección electrónica por medio de la cual
podría allegar las respectivas respuestas.
40. En atención a lo anterior, y comoquiera que, efectivamente, la aquí actora
radicó el escrito de subsanación a una dirección electrónica no habilitada para
la recepción de documentos, para la Sala es claro que las accionadas no
vulneraron sus derechos fundamentales.
41. Ello es así porque fue la falta de diligencia por parte de la apoderada judicial
de la parte aquí actora, la que condujo a que las autoridades accionadas no
pudieran tramitar el aludido escrito de subsanación, máxime cuando
expresamente se le informó de que las comunicaciones, memoriales o escritos
que presentara dentro del citado proceso, debían ser enviados al correo
institucional secgeneral@consejodeestado.gov.co, y que los documentos
remitidos al correo cegral@notificacionesrgov.co no serían procesados y serían
eliminados -en tanto que esa dirección de correo electrónico únicamente estaba
dispuesta para la notificación de decisiones judiciales-.
42. Lo anterior se traduce en que: “era una carga procesal de la parte actora
atender la directriz asociada a la utilización de los canales digitales
expresamente dispuestos para efectos de radicar sus escritos de intervención,
a riesgo de que tales memoriales no fuesen tenidos en cuenta por el juez de
conocimiento”.
43. En este contexto, cabe destacar que, contrario a lo sostenido por la actora,
“los parámetros señalados por las autoridades judiciales para la recepción de
información a través de las herramientas tecnológicas no pueden ser
considerados como un mero formalismo sino como la materialización,
aplicación y garantía de derechos y principios tan fundamentales como el
debido proceso, la seguridad jurídica, economía procesal, la celeridad y la
eficiencia del proceso judicial” […]”.
35. En conclusión, y de conformidad con los precedentes citados, se considera que
el Juzgado accionado no incurrió en el defecto procedimental endilgado por la
accionante porque el escrito de subsanación fue remitido a una dirección
electrónica no habilitada para la recepción de memoriales con destino a procesos.
De manera que, la decisión de rechazar la demanda se encuentra sustentada en la
omisión de la parte actora de radicar en debida forma el escrito de subsanación.
36. Por los razonamientos anteriormente expuestos, se concluye que no se configura
el defecto denunciado.
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 14 de abril de 223. Exp. núm.
11001-03-15-000-2023-00238-00. C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés.
14
Radicación: 13001-23-33-000-2026-00041-01
Accionante: María de Jesús Durán de Galvis
37. Por ende, la Sala revocará el fallo impugnado que declaró improcedente la acción
de tutela y en su lugar negará el amparo constitucional de la referencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 10 de febrero de 2026, proferida por la Sala
Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Bolívar. En su lugar NEGAR la
presente acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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