Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03343-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Judiciales: se declara improcedente. MORA JUDICIAL - Se declara la
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03343-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-03343-00
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
18 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., dieciocho (18) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2026-03343-00
Accionante: JORGE ANTONIO PÉREZ ESLAVA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ATLÁNTICO
Tema: CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Se declara improcedente por
falta de carga mínima. DERECHO DE PETICIÓN ANTE AUTORIDADES
JUDICIALES - Se declara improcedente. MORA JUDICIAL - Se declara la
carencia actual de objeto por hecho superado. Se niegan las demás
pretensiones de la acción de amparo.
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada por el accionante contra el Tribunal
Administrativo del Atlántico.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. Elseñor Jorge Antonio Pérez Eslava solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, a la
igualdad y de petición, cuya vulneración le atribuyó al Tribunal Administrativo del
Atlántico, con: i) la expedición de las providencias de 16 de diciembre de 2025 y
30 de enero de 2026 proferidas dentro del medio de control de reparación directa
con número de radicación 08001-23-33-000-2017-00295-00 y ii) la omisión de
tramitar los recursos presentados el 19 de diciembre de 2025 y 3 de marzo de
2026.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones
que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Relató que el 17 de marzo de 2017 promovió, a través de apoderado judicial,
la demanda del medio de control de reparación directa núm. 08-001-33-33-000-
2017-00295-00 contra la Nación - Fiscalía General de la Nación - Rama Judicial -
Consejo Seccional de la Judicatura con el fin de que se declararan administrativa
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Accionante: Jorge Antonio Pérez Eslava
y extracontractualmente responsables por “[…] la perdida (sic) de la tractomula
modelo KENWORTH XHV 420 en el funcionamiento de la administración de
justicia […]”.
2.2. Refirió que el 27 de marzo de 2017 solicitó el amparo de pobreza por cuanto el
abogado que lo venía representando Electo Vicente Casalins Consuegra “[…]
quedó invalido por problemas de vista debido a la diabetes […]” y dado que no
tiene los recursos económicos para pagar un abogado, sumado a que ha sido “[…]
víctima de la violencia y grandemente perjudicado por la Organización de las AUC
que no solamente me hurtaron parte de mis propiedades, sino que también fui
desplazado forzosamente y perseguido de muerte por esa organización en
represarías de denunciar, como pruebas pueden oficiarle a Justicia y Paz, y
confirmarán las veces que me expidieron certificaciones de los distintos
desplazamientos […]”.
2.3. Añadió que el conocimiento del medio de control le fue asignado la Subsección
B del Tribunal Administrativo del Atlántico, autoridad judicial que, mediante autos
de 14 de noviembre de 2018 resolvió “[…] NO DAR TRÁMITE alguno a las
solicitudes procesales formuladas por el señor JORGE ANTONIO PERE ESLAVA
[…]”.
2.4. Manifestó que en varias oportunidades presentó memoriales en nombre propio,
de los cuales el Tribunal se abstuvo de resolver al considerar que los mismos no
eran presentados por conducto de abogado.
2.5. Señaló que el Tribunal, mediante auto de 16 de diciembre de 2025, inadmitió
la demanda para que “[…] acreditara el derecho de postulación contemplado en
el artículo 160 del CPACA […]”, decisión que le fue notificada personalmente el
19 de diciembre de 2025.
2.6. Indicó que el 19 de diciembre de 20251 radicó a los correos electrónicos “[…]
ventanilla3tadmatl@cendoj.ramajudicial.gov.co;sgtadminatl@cendoj.ramajudicial
.gov.co; regional.atlantico@procuraduría.gov.co […]” el recurso contra el auto de
16 de diciembre de 2025, en el cual solicitó nuevamente su solicitud de amparo
de pobreza en los siguientes términos:
“[…] 1- Que se me tenga en cuenta todo lo ya expresado y se digne en
concederme el AMPARO DE POBREZA, como lo establece los Artículos ya
puestos en conocimiento, y a su vez me asigne el profesional en derecho
con especialidad en lo administrativo, para que una vez el abogado asignado
acepte el cargo, se siga el trámite correspondiente, para de esa forma no
me violen mis derechos, y bajo la gravedad del juramento, nuevamente
manifiesto no tener recurso para el pago de abogado, también soy de la
tercera edad y con certificado de discapacidad, que de acuerdo a la Ley
tengo prioridad.
2.- Que cualquier actuación se me esté informando por escrito a mi domicilio,
por no saber manejar computador, y no se deben aprovechar de esa
circunstancialidad […]”.
1
Índice 002 Samai, Pdf “5ED_Demanda”, folio 77 y 78.
3
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Accionante: Jorge Antonio Pérez Eslava
2.7. Adujo que el Tribunal a través de providencia de 30 de enero de 2026, rechazó
la demanda al considerar que “[…] la parte demandante no confirió poder a
abogado inscrito con el fin de que representara sus intereses dentro del trámite
del presente medio de control […]”.
que el 3 de marzo de la presente anualidad2 radicó, a los correos
2.8. Refirió
electrónicos “[…] ventanillad03tadmatl@cendoj.ramajudicial.gov.co y
sgtadminatl@cendoj.ramajudicial.gov.co […]”, escrito denominado “[…]
RECURSO DE INSISTENCIA, RE ACUSACION, DENUNCIA, NULIDAD Y
QUEJA, dado a mi inconformidad de lo actuado por el Tribunal Administrativo del
Atlántico fechado enero 30 de 2026 según anexo, rechazando la Demanda
presentada por JORGE ANTONIO PEREZ ESLAVA […]”, en los siguientes
términos:
“[…] Lo expresado es ceñido a la verdad y nada más que la verdad, siendo
así ante ese concurso de violaciones y cuestionamientos penales,
decretaran la NULIDAD y REVOCATORIA de lo actuado por los Magistrados
del Tribunal Administrativo del Atlántico, para que a su vez se conceda el
Amparo de Pobreza y una vez asignado el abogado especializado en lo
administrativo y que este acepte el cargo, es cuando nuevamente el Tribunal
se puede despachar en derecho para de esa manera no seguir violando mis
derechos […]”.
2.9. Indicó que a la fecha no se ha dado trámite a la anterior solicitud.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] 4.- Como parte de la raíz de todos los males provino a lo sucedido y
puesto en conocimiento contra la FES como Fondo para la Educación
Superior, de donde provinieron también los cuestionamientos del Juzgado
Segundo Civil del Circuito de Bucaramanga, de igual forma a la Fiscalía y
Juzgado Doce Civil del Circuito, hoy ya Tercero Civil del Circuito, Radicado
00396 de 2000, siendo así, y ante lo ya puesto en conocimiento que se
vinculen a esta Tutela a todos y cada uno, y para mayores pruebas que se
decrete a cada Radicado actas o inventarios folio por folio, con sus
respectivas fechas, un resumen de cada contenido, para de esa manera poder
confirmar el concurso de violaciones y cuestionamientos penales.
5.- Como también se cuestiona al Consejo de la Judicatura del Atlántico, como
otra raíz de todos los males, dado a su no transparencia, con mayor razón y
teniendo en cuenta lo ya puesto en conocimiento, que también se vincule a la
Tutela junto con los demás relacionados en los anexos.
6.- A lo ya puesto en conocimiento, y dado al concurso de cuestionamientos
de parte de la FES como Fondo para la Educación Superior, que se decrete
para que el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Barranquilla REFUTE a la
FES del Concordato, junto con los demás concursantes cuestionados, que
también ya se relacionaron en la parte de hechos
7.- Retomando el punto anterior, y en atención a lo ya expresado, menos estar
de acuerdo lo pretendido por el Tribunal Administrativo en Inadmitir la
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Índice 002 Samai, Pdf “5ED_Demanda”, folios 69 a 74.
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Accionante: Jorge Antonio Pérez Eslava
Demanda, ocultando el concurso de cuestionamientos de parte de la FES,
Juzgado Segundo Civil del Circuito, Juzgado Doce Civil del Circuito, hoy ya
Tercero Civil del Circuito.
8.- Ante el concurso de cuestionamientos de parte del Tribunal Administrativo
del Atlántico, y teniendo en cuenta lo y apuesto en conocimiento, que se dé
por cierto todo el contenido en la Demanda de Reparación Directa, teniendo
en cuenta todo lo Peticionado y se condenen en costas.
9.- Como también se cuestiona a la Fiscalía de Bucaramanga, donde también
se Denunció lo sucedido con la tractomula KENWORTH XVH 420, Denuncia
también ante la Fiscalía de Bogotá y Fiscalía 37 de Barranquilla Radicado
308246, siendo que el suscrito soy el portador de la verdad, que se les decrete
el Desarchivo, y a su vez se tenga en cuenta en todo lo Denunciado y
Peticionado, por ende, condenándolos también penalmente y en costas. 10.-
En atención a lo sucedido con el Concordato ante el Juzgado Doce Civil del
Circuito, hoy ya Tercero Civil del Circuito, Radicado 00396 de 2000, y teniendo
en cuenta lo ya puesto en conocimiento, que se les decrete para que la FES
como Fondo para la Educación Superior sea REFUTADA del Concordato
junto con los demás concursantes cuestionados, que están cobrando lo no
debido, como así se puso en conocimiento en la parte de hechos.
[…]
12.- A lo ya puesto en conocimiento, que se le decrete el impedimento a todos
y cada uno de los que les ha correspondido el Desatamiento, incluyendo al
Tribunal Administrativo del Atlántico, y a su vez que se le dé traslado al
competente para que les decreten la insubsistencia como funcionarios, y
como si en verdad hubiera nuevos profesionales cristianos conocedores de
las escrituras, a cambio de lo que los usuarios no nos lo merecemos.
[…]
15. Que se decrete el Desarchivo, Nulidad y Revocatoria de todo lo actuado
por la Fiscalía 37 Seccional, a Radicado 308246 en razón a lo ya puesto en
conocimiento, más, que el Restablecimiento de todos mis Derechos,
decretado por la Fiscalía 37, ya estaba ejecutoriado y haciendo tránsito a cosa
Juzgada
16.- Que también remita copias a la Fiscalía Especializada de Derechos
Humanos y Derecho Internacional Humanitario, como también al Programa
Presidencial Anticorrupción, no es que les pueda corresponder, sino en
verdad ante ese concurso de violaciones y cuestionamientos penales, como
decir, todo un festival de delitos proveniente de esa falla en la prestación de
servicios, para que también se intervenga penalmente, disciplinariamente y
en costas, como si en verdad existiera la verdadera esencia de la justicia
pronta, oportuna, eficaz, eficiente y transparente
[…]
18.- Como al suscrito me han defraudado de esa forma, que me asignen a un
profesional en derecho, más por ser de la tercera edad con certificado de
discapacidad y que de acuerdo a la Ley tengo prioridad.
19.- Debido a los pronunciamientos del Tribunal Administrativo, como si el
Archivo fuera la transparencia, violando el debido pronunciamiento al
Recurso, entre ellos, del Amparo de Pobreza, siendo así, que se decrete la
Nulidad de lo actuado por el Tribunal Administrativo, para que a su vez se dé
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03343-00
Accionante: Jorge Antonio Pérez Eslava
por cierto todo el contenido de la Demanda y de lo Peticionado,
condenándolos también penalmente y en costas.
20.- Dado a la gravedad de los cuestionamientos, que también se le dé
traslado a la Procuraduría, como si en verdad existiera lo establecido en el
artículo 277 de la Carta Magna.
21. Como el suscrito no sabe manejar computador, no se deben aprovechar
de esa circunstancialidad, sino en verdad cualquier actuación me la remitan
copia a mi dirección aportada al pie de mi firma, como también remitirme
copias de las actuaciones de la parte accionada, por ende, copia de la
resolución de Tutela que se vaya a dar remitiéndomela directamente a mi
dirección […]” (subrayado del texto y sic para toda la cita).
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 19 de mayo de 2026, el Despacho sustanciador admitió la
presente acción de tutela. Asimismo, ordenó vincular en calidad de terceros con
interés directo en el resultado del proceso a la Fiscalía General de la Nación y a
la Nación - Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura.
V. INTERVENCIONES
5. Efectuadas las notificaciones a las autoridades accionadas y a las vinculadas, se
allegaron los siguientes informes:
5.1. El Tribunal Administrativo del Atlántico solicitó declarar la improcedencia de la
acción de tutela por incumplimiento del requisito de subsidiariedad, en razón a que
el accionante no presentó recurso de apelación contra el auto de 30 de enero de
2026 a través del cual se rechazó el medio de control de reparación directa 08-001-
23-33-000-2017-00295-00.
5.2. Expuso que el rechazo de la demanda constituyó la consecuencia procesal
prevista por el legislador ante la inobservancia de los requisitos exigidos para su
admisión, luego de haberse otorgado una oportunidad razonable para su
subsanación. Adujo que, en consecuencia, no puede predicarse la configuración de
un defecto procedimental, pues el trámite surtido se ajustó estrictamente a las etapas
y términos establecidos en la ley; tampoco se evidencia defecto sustantivo, en tanto
la decisión adoptada se sustentó en normas vigentes y aplicables al caso concreto.
5.3. Expuso que, frente al escrito presentado por el accionante el 27 de marzo de 2017,
en el que se señaló los problemas de salud de su abogado y que tampoco contaba
con recursos económicos para pagar los servicios de un abogado, advirtió que en
diferentes oportunidades requirió al demandante para que actuara en el proceso a
través de apoderado judicial en cumplimiento del derecho de postulación.
5.4. De otro lado señaló frente a la presunta mora judicial en la resolución de las
solicitudes de 3 y 16 de marzo de 2026 que dichas solicitudes fueron resueltas
mediante auto de 22 de mayo de 2026, el cual aportó.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03343-00
Accionante: Jorge Antonio Pérez Eslava
5.5. La Fiscalía General de la Nación solicitó declarar improcedente el mecanismo
de amparo por falta del requisito de procedencia de relevancia constitucional, dado
que el accionante no señaló los vicios o defectos especiales en que presuntamente
incurrió la providencia acusada. Solicitó declarar la falta de legitimación en la causa
por pasiva de esa entidad, en razón a que “[…] no existe relación de causalidad entre
las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación y la presunta vulneración de los
derechos fundamentales alegados por el accionante […]”.
5.6. El Consejo Superior de la Judicatura solicitó declarar la falta de legitimación en
la causa por pasiva de ese Consejo, por cuanto de los hechos y pretensiones
expuestos por el actor, ese Consejo no es el competente de adoptar las órdenes que
se emitan frente a estas.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia
6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19913, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20154, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20215 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20256, y el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20197, modificado por el Acuerdo núm. 434
de 10 de diciembre de 20248.
VI.2. Cuestiones previas
VI.2.1. Solicitudes de desvinculación
7. La Sala advierte que, previo a la definición del problema jurídico que se
resolverá, resulta necesario pronunciarse respecto de las solicitudes de
desvinculación procesal presentadas por la Fiscalía General de la Nación y el
Consejo Superior de la Judicatura.
8. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la
9
Corte Constitucional en la sentencia T - 1001 de 2006 , señaló lo siguiente:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el
3
“[…] Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política […]”.
4
“[…] Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho […]”.
5
“[…] Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela […]”.
6
“[…] Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y
del Derecho […]”.
7
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
8 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
9
Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03343-00
Accionante: Jorge Antonio Pérez Eslava
mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el
demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la
legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con
el interés sustancial que se discute en el proceso. […].
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso
preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento
judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y
celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de
las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar
los principios de legalidad y contradicción […]”. [Negrilla fuera del texto].
9. Teniendo en cuenta que la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior
de la Judicatura fueron señaladas en el escrito de tutela como una de las
causantes de la vulneración de los derechos fundamentales del accionante,
aunado a que la primera de ellas fue parte demandada dentro del medio de control
de reparación directa objeto de la presente acción de tutela, la Sala considera que
a estas entidades sí le asiste el interés jurídico para ser vinculadas a esta acción
constitucional.
10. Por lo anterior, se denegarán las solicitudes de desvinculación presentadas,
como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.
VI.2.2. Solicitud de vinculación
11. El
accionante solicitó vincular al Juzgado Tercero Civil del Circuito de
Barranquilla quien conoció del proceso radicado “[…] 00396-2000 junto con los
demás relacionados […] ante ese concurso de violaciones y cuestionamientos
penales […]”.
12. Respecto a la vinculación de terceros en el proceso de tutela, la Corte
Constitucional en la sentencia T - 320 de 21 de septiembre de 202110, señaló lo
siguiente:
“[…] El tercero con interés legítimo debe demostrar “la certeza de la afectación
de sus intereses jurídicos para que sea procedente su reconocimiento en la
acción de tutela”. Para esto, el tercero debe acreditar el carácter actual e
inmediato de la afectación “de un derecho o una situación jurídica preexistente
a la expedición de la sentencia” y el vínculo entre dicha afectación y “lo
decidido en la sentencia cuestionada”. […]”.
13. La Sala considera que no es necesario vincular al Juzgado Tercero Civil del
Circuito de Barranquilla porque dicha autoridad no profirió las providencias que
presuntamente vulneraron los derechos fundamentales del accionante y de
conformidad con la delimitación del problema jurídico en el caso sub examine no
se observa que le asista interés jurídico alguno.
14. En consecuencia, se negará la solicitud de vinculación.
10
Corte Constitucional, sentencia T-320 de 21 de septiembre de 2021. M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03343-00
Accionante: Jorge Antonio Pérez Eslava
VI.3. Problemas jurídicos
15. El extremo accionante le atribuyó la vulneración de su derecho fundamental a
las providencias de 16 de diciembre de 2025 y 30 de enero de 2026, proferidas
por el Tribunal Administrativo del Atlántico. Sin embargo, la Sala sólo analizará si
la providencia de 30 de enero de 2026 vulneró los derechos fundamentales de la
parte accionante porque esta decisión fue la que finiquitó la litis.
16. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde
establecer:
a) Si la presente acción de tutela cumple con los requisitos de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Si ello es así, se
deberá determinar:
b) Si la autoridad accionada vulneró los derechos fundamentales del
accionante con: i) la expedición de la providencia de 30 de enero de 2026
proferida dentro del medio de control de reparación directa con número de
radicación 08001-23-33-000-2017-00295-00, y ii) la omisión de tramitar los
recursos presentados el 19 de diciembre de 2025 y 3 de marzo de 2026.
17. Con el fin de resolver tales interrogantes resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para
posteriormente iii) resolver el caso concreto.
VI.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
18. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 201211, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
19. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
20. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
11
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de
julio de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
9
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03343-00
Accionante: Jorge Antonio Pérez Eslava
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la
sentencia SU-627 de 2015.
21. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial12, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución13.
22. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”14 que encaje en
dichos parámetros.
23. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso,
seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
24. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado:
11001-03-15-000-2012-02201-01.
VI.5. El caso concreto
25. Elseñor Jorge Antonio Pérez Eslava solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, a la
igualdad y de petición, cuya vulneración le atribuyó al Tribunal Administrativo del
12
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván
Palacio Palacio.
13
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación
fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño
lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
14 Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
10
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03343-00
Accionante: Jorge Antonio Pérez Eslava
Atlántico, con: i) la expedición de las providencias de 16 de diciembre de 2025 y
30 de enero de 2026 proferidas dentro del medio de control de reparación directa
con número de radicación 08001-23-33-000-2017-00295-00 y ii) la omisión de
tramitar los recursos presentados el 19 de diciembre de 2025 y 3 de marzo de
2026.
26. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales,
en especial el de relevancia constitucional.
VI.5.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional
27. El requisito de relevancia constitucional se cumple cuando se acredita que el
asunto gira en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental15 y
no cuando guarda relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido
económico que deberán ser definidos por otras jurisdicciones16.
28. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales17, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia
o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces18.
29. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación19, sostuvo que:
“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada
por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se
convierta en una tercera instancia.
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia
constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta,
entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir
este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es
menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su
pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple
tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo
constitucional […]”. [Negrilla fuera del texto].
15
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr.
Jaime Córdoba Triviño.
16
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de
2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
17
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
18
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
19
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
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Accionante: Jorge Antonio Pérez Eslava
30. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202220 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:
“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción
de tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
[…]
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
[…]
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
[…]
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica,
pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer
algún derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela
formuladas contra providencias judiciales en las que se discute: (i) el
reconocimiento de derechos pensionales; (ii) pretensiones de reparación
directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que implican
pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia constitucional
del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción de tutela está
dirigida a obtener la protección de un derecho fundamental y no a reabrir la
discusión definida ante los jueces ordinarios.
[…]
20
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
12
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03343-00
Accionante: Jorge Antonio Pérez Eslava
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto].
31. Valgadestacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de
Revisión de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de
202321.
32. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la
mera legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial
que no involucre derechos fundamentales22.
33. De acuerdo con la jurisprudencia, no basta con que la parte accionante invoque
el texto constitucional o la simple enunciación de la supuesta vulneración de uno o
varios derechos fundamentales por parte de la autoridad accionada; sino que dicho
atentado debe ser explicado y fundamentado desde la óptica de la protección que la
Constitución Política ofrece a estos bienes jurídicos superiores.
34. El accionante señaló que las providencias vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y a la
igualdad, por cuanto la providencia “[…] en la parte Resuelve optan con el facilismo
de rechazar la Demanda, ocultando, omitiendo y denegando lo correspondiente a
folio 68 fechado Diciembre 19 de 2025 Peticionando el Amparo de Pobreza, como
así podrán analizar su contenido, y teniendo en cuenta lo actuado por el Tribunal
Administrativo en Diciembre 16 de 2025 correspondiente a folio 70 al 71, que en la
parte Resuelve Inadmite la Demanda, pero en los términos de Ley se Peticiono el
Amparo de Pobreza fechado Diciembre 19 de 2025, empero, como si lo hubiera
engavetado, y al hacer reclamo personalmente de no haberse pronunciado al
Amparo de Pobreza fechado Diciembre 19 de 2025 […]”.
35. Precisados los argumentos que sustentan la acción de amparo, la Sala estima
que no se cumple con el requisito general de relevancia constitucional porque el
escrito de tutela carece de la carga mínima argumentativa, en tanto que no se
identificaron ni desarrollaron los defectos en los que presuntamente incurrió la
autoridad judicial.
21
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.
22
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad.
núm.: 2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad.
núm.: 2016-03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.
13
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Accionante: Jorge Antonio Pérez Eslava
36. Sobre la base de lo anterior, la Sala concluye que las circunstancias de hecho
y de derecho que el accionante indica para sustentar la violación a sus derechos
fundamentales resultan ser insuficientes para tener por acreditada la carga
argumentativa mínima en el caso objeto de estudio.
37. En este punto, es necesario resaltar que la simple enunciación de una
inconformidad respecto de la decisión adoptada no conduce a que el juez de tutela
pueda abordar el fondo del asunto, ya que esta autoridad no actúa como instancia
adicional o de revisión del proceso.
38. La falencia argumentativa advertida no puede ser subsanada por el juez de
tutela, dado que la presente acción constitucional se dirige contra una providencia
judicial que ha hecho tránsito a cosa juzgada; por lo cual es exigible el
cumplimiento de una carga mínima argumentativa que habilite un examen de
fondo del caso. En armonía con lo anterior, la Corte Constitucional en la sentencia
SU-215 de 2022 señaló lo siguiente:
“[…] [D]ado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, “el
juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene
‘vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia
reprochada”23. Esto implica que el juez de tutela debe restringir su análisis
únicamente a los argumentos propuestos por el accionante, además de
verificar el cumplimiento de los requisitos generales y específicos de
procedencia […]”. (Negrilla fuera del texto).
39. La Sala estima pertinente traer a colación lo decidido en la providencia de 30
de enero de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico:
“[…] Mediante auto de 16 de diciembre de 2025, fijado en estado publicado
a través de SAMAI el 19 de diciembre de 2025 y notificado personalmente en
esa misma fecha, se inadmitió la demanda de la referencia y se ordenó a la
parte actora acreditar el derecho de postulación.
Para efectos de la corrección se le concedió al demandante el término de diez
(10) días que transcurrieron entre el 13 de enero de 2026 y el 26 de enero de
2026.
Examinado el expediente, se observa que la parte demandante no confirió
poder a abogado inscrito con el fin de que representara sus intereses dentro
del trámite del presente medio de control, por lo que no se subsanó la falencia
señalada conforme a lo dispuesto por el artículo 160 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.
40. De la transcripción anterior no se observa que la decisión proferida en sede
ordinaria hubiese sido arbitraria o, se hubiesen desconocido los derechos
fundamentales de la parte accionante en el proceso de reparación directa.
41. Se advierte que, al no haberse subsanado la deficiencia señalada en el auto de
16 de diciembre de 2025, y dada la carga procesal impuesta a la parte actora, el
juez de lo contencioso administrativo constató el incumplimiento de los requisitos
23
Sentencia SU-074 de 2022.
14
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Accionante: Jorge Antonio Pérez Eslava
mínimos necesarios para dar trámite a la demanda, circunstancia que dio lugar a
su rechazo.
42. En tal virtud, vale la pena señalar que la acción de “[…] tutela contra
providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del
fallo cuestionado […]”24.
43. Significa lo expuesto, en palabras de la Corte Constitucional, que este “[…]
mecanismo de amparo constitucional […]” no puede ser “[…] utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial
[…]”; ya que en “[…] el marco de cada proceso, las partes cuentan con los
recursos judiciales ordinarios y extraordinarios dispuestos por el legislador para
combatir las decisiones de los jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con
sus derechos […]”25. En esa medida, “[…] [s]i luego de agotar dichos recursos
persiste una clara arbitrariedad judicial, solo en ese caso se encuentra habilitada
la tutela contra providencias judiciales […]”26.
44. Con fundamento en lo anterior, esta Sección declarará la improcedencia de la
solicitud de tutela frente a las pretensiones de dejar sin efecto la providencia que
rechazó el medio de control de reparación directa, al no cumplir el requisito general
de relevancia constitucional.
45. Ahora bien, en relación con las solicitudes referidas en las pretensiones 4, 6,
7, 8 y 9, la Sala advierte que tales cuestionamientos se circunscriben al ámbito
propio del análisis que corresponde efectuar al juez de la jurisdicción contencioso
administrativo dentro del medio de control de reparación directa núm. 08001-23-
33-000-2017-00295-00/01.
46. En consecuencia, este juez constitucional se encuentra vedado para reabrir
dicho debate, máxime cuando la providencia de 30 de enero de 2026 se
encuentra ejecutoriada y, adicionalmente, su eventual examen a través de la
presente acción de tutela no satisface el requisito de relevancia constitucional,
como se advirtió en líneas anteriores.
47. La Sala procederá a estudiar la pretensión en caminada a la protección del
derecho de petición del accionante por la omisión en las respuestas a los recursos
radicados el 19 de diciembre de 2025 y 3 de marzo de 2026, para lo cual se
realizará la siguiente precisión.
VI.5.2. Del ejercicio del derecho de petición ante autoridades judiciales
48. Esta Sala de Decisión ha sostenido en su jurisprudencia que el ejercicio del
derecho de petición no es procedente cuando se pretende obtener
pronunciamientos por parte de un juez durante el curso de un proceso, pues para
24
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
25
Ibid.
26
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 de 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5
de febrero de 2021.
15
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Accionante: Jorge Antonio Pérez Eslava
ello el legislador previó los trámites para lograr dicho cometido. De igual forma, el
operador constitucional se encuentra en la obligación de determinar si el contenido
de la solicitud persigue cuestiones netamente judiciales o administrativas, pues en
caso de que sea el segundo evento, el amparo del mencionado derecho sí resulta
procedente.
49. Al respecto, la Sala en sentencia de 17 de julio de 200827, precisó lo siguiente:
“[…] En cuanto a la violación del derecho de petición, cabe resaltar que el
criterio mayoritario de la Sala ha sido el de que no es procedente el ejercicio
del derecho de petición como tal frente a autoridades judiciales en el curso
de un proceso, por cuanto para ello el legislador ha establecido los
procedimientos pertinentes mediante los cuales se tramitan los
requerimientos de las partes en los procesos; y que acceder al
reconocimiento de derechos de petición por fuera de los cauces procesales
llevaría al caos a la administración de justicia, pues implicaría destinar gran
parte del tiempo a responder solicitudes como la de la actora en detrimento
de la actividad judicial.
En efecto, en sentencia de 11 de agosto de 2005 (Expediente núm. AC-2005-
00304, Actor: Jorge Ignacio Cano Montoya, Consejera ponente doctora María
Claudia Rojas Lasso), la Sala sostuvo:
“Es necesario precisar que en el presente asunto no se trata precisamente
del ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la
Constitución Política sino de un derecho de petición en el caso de un proceso
judicial.
Acerca del alcance del derecho de petición solicitado a autoridades judiciales
en el curso de un proceso, la Corte Constitucional ha expresado:
“El derecho de petición no procede para poner en marcha el aparato
judicial o para solicitar a un servidor público que cumpla sus funciones
jurisdiccionales, ya que esta es una actuación reglada que está
sometida a la ley procesal. Ahora bien, en caso de mora judicial puede
existir transgresión del debido proceso y del derecho de acceso efectivo a la
justicia; pero no del derecho de petición. Dentro de las actuaciones ante los
jueces pueden distinguirse dos. De un lado, los actos estrictamente judiciales
y, de otro lado, los actos administrativos. Respecto de éstos últimos se
aplican las normas que rigen la administración, esto es, el Código
Contencioso Administrativo. Por el contrario, las peticiones en relación con
actuaciones judiciales no pueden ser resueltas bajo los lineamientos propios
de las actuaciones administrativas, como quiera que “las solicitudes que
presenten las partes y los intervinientes dentro de aquél [del proceso] en
asuntos relacionados con la litis tienen un trámite en el que prevalecen las
reglas del proceso”. (Sentencia T-377 de 2000 MP ALEJANDRO MARTINEZ
CABALLERO)
Una cosa es el juez como autoridad administrativa y respecto de
asuntos que no se encuentran bajo su estudio y decisión y otra muy
distinta es el juez como autoridad judicial dentro del trámite de un
proceso a su cargo.
En este último caso no es procedente el ejercicio del derecho de petición
como tal, pues para ello el legislador ha establecido los procedimientos
pertinentes mediante los cuales se tramitan los requerimientos de las partes
en los procesos. Acceder al reconocimiento de derechos de petición por fuera
27
Consejero ponente Marco Antonio Velilla Moreno.
16
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03343-00
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de los cauces procesales llevaría al caos de la administración de justicia pues
implicaría destinar gran parte del tiempo a responder solicitudes como la del
accionante en detrimento de la actividad judicial […]”. (Negrilla fuera del texto)
50. En el caso objeto de estudio, el accionante manifestó que el 19 de diciembre de
2025 y 3 de marzo de 2026, solicitó dentro del medio de control de reparación
directa 08001-23-33-000-2017-00295-0, los recursos: i) “[…] El presente Recurso,
dado a mi inconformidad del contenido del Auto de este Despacho fechado
Diciembre 16 de 2025, notificado el día de hoy, toda vez que ya se había
Peticionado el Amparo de Pobreza por no tener recursos para el pago de abogado
[…]” y ii) “[…] RECURSO DE INSISTENCIA, RE ACUSACIÓN (sic), DENUNCIA,
NULIDAD Y QUEJA dado a mi inconformidad de lo actuado por el Tribunal
Administrativo del Atlántico fechado enero 30 de 2026 […]”.
51. Como se observa, la solicitud fue presentada en el marco de un proceso judicial
en curso y está encaminada a obtener la resolución de los recursos interpuestos,
lo cual implica necesariamente que la autoridad judicial accionada emita un
pronunciamiento sobre un asunto que se encuentra actualmente bajo su
conocimiento y decisión.
52. En ese sentido, lo pretendido por la parte actora supone una intervención
directa en el trámite ordinario del proceso, cuyo impulso y definición corresponden
al juez natural conforme a las reglas propias del procedimiento.
53. En consecuencia, la Sala declarará improcedente la acción de tutela respecto
al derecho de petición alegado por el actor, como en efecto se dispondrá en la
parte resolutiva de esta providencia.
54. Ahora bien, frente al hecho vulnerador por la presunta omisión en resolver los
recursos de 19 de diciembre de 2025 y 3 de marzo de 2026, la Sala procederá a
realizar su estudio por separado:
VI.5.3. Del recurso presentado el 19 de diciembre de 2025
55. La parte actora manifestó que 19 diciembre de 202528 radicó, a través de los
correos electrónicos “ventanilla3tadmatl@cendoj.ramajudicial.gov.co;
sgtadminatl@cendoj.ramajudicial.gov.co; regional.atlantico@procuraduría.gov.co,
recurso contra el auto de 16 de diciembre de 2025, así como solicitud de amparo
de pobreza, en los siguientes términos:
“[…] 1- Que se me tenga en cuenta todo lo ya expresado y se digne en
concederme el AMPARO DE POBREZA, como lo establece los Artículos ya
puestos en conocimiento, y a su vez me asigne el profesional en derecho
con especialidad en lo administrativo, para que una vez el abogado asignado
acepte el cargo, se siga el trámite correspondiente, para de esa forma no
me violen mis derechos, y bajo la gravedad del juramento, nuevamente
manifiesto no tener recurso para el pago de abogado, también soy de la
28
Índice 002 Samai, Pdf “5ED_Demanda”, folio 77 y 78.
17
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Accionante: Jorge Antonio Pérez Eslava
tercera edad y con certificado de discapacidad, que de acuerdo a la Ley
tengo prioridad.
2.- Que cualquier actuación se me esté informando por escrito a mi domicilio,
por no saber manejar computador, y no se deben aprovechar de esa
circunstancialidad […]”.
56. El Tribunal Administrativo del Atlántico rindió informe en el que efectúo una
trazabilidad de todas las actuaciones y solicitudes presentadas por el accionante;
sin embargo, dentro de dicho recuento no se hizo referencia al mencionado
recurso ni a la solicitud de amparo de pobreza.
57. Revisado el expediente 08001-23-33-000-2017-00295-00 en la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial - SAMAI, no se evidenció la radicación de
memorial, recurso o solicitud alguna por parte del accionante.
58. La Sala advierte que el accionante envío su escrito a los correos electrónicos
“[…] ventanilla3tadmatl@cendoj.ramajudicial.gov.co; sgtadminatl@cendoj.ramajudicial.gov.co
[…]”; sin embargo, estos no corresponden al canal oficial habilitado por el Tribunal
Administrativo del Atlántico para la radicación de memoriales. En efecto, se
observa que la dirección electrónica institucional difiere de la utilizada por el
accionante -ventanillad03tadmatl@cendoj.ramajudicial.gov.co-, lo que evidencia
un error en el destinatario.
59. Aunado a lo anterior, en el numeral segundo de la providencia de 16 de
diciembre de 2025 se explicó expresamente que las solicitudes y memoriales
relacionados con el expediente debían radicarse únicamente a través de la
ventanilla virtual del aplicativo SAMAI, como canal oficial dispuesto para tal fin. En
ese sentido, el envío a correos electrónicos no autorizados no resulta idóneo para
entender válidamente presentada la actuación procesal; como se pasa a ver:
60. Porlo anterior y dado que esta Corporación ha precisado que el uso de
herramientas digitales en el contexto de los procesos judiciales requiere que la
partes dirijan sus peticiones a los canales habilitados para la recepción de
18
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03343-00
Accionante: Jorge Antonio Pérez Eslava
mensajes de datos, so pena de tenerse por no presentados. En efecto, mediante
el auto de 7 de febrero de 202229 se señaló lo siguiente:
“[…] [A]sí como la administración de justicia debe usar el canal digital
suministrado por las partes en aras de que la notificación de las decisiones
judiciales sea válida; los usuarios de este servicio público tienen la carga de
utilizar como medio de comunicación, la dirección electrónica establecida
oficialmente para tales efectos por el juzgado o el órgano judicial colegiado
respectivo.
Así las cosas, entendiendo que la sede judicial electrónica hace referencia al
sitio en el que el despacho puede ser ubicado en el mundo digital y, por ende,
constituye la vía para que los sujetos procesales puedan establecer una
interacción con él, es plausible afirmar que los memoriales que se radiquen
en un buzón electrónico o canal digital diferente a aquel destinado para su
recepción, y que ha sido debida y previamente informado a las partes, deben
tenerse por no presentados.
Señalar lo contrario, entorpecería la prestación adecuada de este servicio
público y afectaría los principios de seguridad jurídica, eficiencia, celeridad y
economía procesal. En efecto, afirmar que cualquier correo electrónico, por el
hecho de ser institucional, es apto para la recepción y trámite de los
memoriales, generaría caos en la administración de justicia y una carga
desproporcionada de verificar si las partes se pronunciaron en otro buzón
digital.
A la luz de lo expuesto, es plausible entender que la Ley 2080 concretó la
verdadera puesta en marcha del propósito de modernización de la justicia, de
modo que hoy en día resulta razonable sostener que el uso correcto de las
tecnologías de la información y las comunicaciones en el proceso contencioso
administrativo pasó de ser una simple posibilidad a un genuino deber de todos
los actores que intervienen en el escenario judicial.
En este sentido, cabe recordar que, según el artículo 103 del CPACA, «Quien
acuda ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en cumplimiento
del deber constitucional de colaboración para el buen funcionamiento de la
administración de justicia, estará en la obligación de cumplir con las cargas
procesales y probatorias previstas en este Código», de no hacerlo deberá
aceptar las consecuencias desfavorables que se deriven de su renuencia.
(…)
En conclusión, no es factible entender que el memorial remitido (…) al buzón
electrónico (…) se presentó en debida forma toda vez que dicho canal digital
no está destinado a la recepción de comunicaciones de parte, circunstancia
que previamente se le había informado […]”. (Subrayado fuera del texto)
61. En igual sentido, en la sentencia de tutela 14 de abril de 202330, esta Sección
sostuvo:
“[…] [L]a Sala advierte que la decisión de confirmar el rechazo de aquella
demanda de amparo se fundamentó en que el escrito de subsanación
presentado por la apoderada judicial de la aquí actora fue enviado a un canal
29
Consejo de Estado. Sala Especial de Decisión No. 19. Exp. 11001031500020210406500 (5922), auto de 7 de febrero de
2022, M.P. William Hernández Gómez.
30
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 14 de abril de 223. Exp. núm.
11001-03-15-000-2023-00238-00. C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés.
19
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03343-00
Accionante: Jorge Antonio Pérez Eslava
digital no habilitado para la recepción de documentos; debiéndose resaltar
que a la citada profesional, al momento de efectuarse la notificación de la
actuación judicial, se le había informado la dirección electrónica por medio de
la cual podría allegar las respectivas respuestas.
40. En atención a lo anterior, y comoquiera que, efectivamente, la aquí actora
radicó el escrito de subsanación a una dirección electrónica no habilitada para
la recepción de documentos, para la Sala es claro que las accionadas no
vulneraron sus derechos fundamentales.
41. Ello es así porque fue la falta de diligencia por parte de la apoderada
judicial de la parte aquí actora, la que condujo a que las autoridades
accionadas no pudieran tramitar el aludido escrito de subsanación, máxime
cuando expresamente se le informó de que las comunicaciones, memoriales
o escritos que presentara dentro del citado proceso, debían ser enviados al
correo institucional secgeneral@consejodeestado.gov.co, y que los
documentos remitidos al correo cegral@notificacionesrgov.co no serían
procesados y serían eliminados -en tanto que esa dirección de correo
electrónico únicamente estaba dispuesta para la notificación de decisiones
judiciales-.
42. Lo anterior se traduce en que: “era una carga procesal de la parte actora
atender la directriz asociada a la utilización de los canales digitales
expresamente dispuestos para efectos de radicar sus escritos de intervención,
a riesgo de que tales memoriales no fuesen tenidos en cuenta por el juez de
conocimiento”.
43. En este contexto, cabe destacar que, contrario a lo sostenido por la actora,
“los parámetros señalados por las autoridades judiciales para la recepción de
información a través de las herramientas tecnológicas no pueden ser
considerados como un mero formalismo sino como la materialización,
aplicación y garantía de derechos y principios tan fundamentales como el
debido proceso, la seguridad jurídica, economía procesal, la celeridad y la
eficiencia del proceso judicial” […]”. [Subrayado fuera del texto].
62. En conclusión, la Sala considera que el Tribunal accionado no vulneró el
derecho al debido proceso del accionante, en la medida en que el recurso
interpuesto y la solicitud de amparo de pobreza fueron remitidos a una dirección
electrónica no habilitada para la recepción de memoriales con destino a procesos
judiciales. En consecuencia, al no haberse utilizado el canal oficial dispuesto para
la radicación de actuaciones, no podía exigirse a la autoridad judicial su
conocimiento ni trámite.
63. De este modo, no se configura omisión atribuible al despacho judicial en
relación con el recurso contra el auto de 16 de diciembre de 2025 ni respecto de
la solicitud de amparo de pobreza, pues la carga de radicación adecuada y
oportuna recaía en la parte actora.
64. Finalmente, frente al hecho vulnerador por la presunta omisión en resolver el
recurso contra el auto de 30 de enero de 2026, la Sala determinará si se configuró
la carencia actual de objeto por hecho superado, teniendo en cuenta el informe
allegado por la autoridad judicial accionada.
20
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03343-00
Accionante: Jorge Antonio Pérez Eslava
VI.5.4. De la carencia actual de objeto por hecho superado frente al recurso
de 3 de marzo de 2026
65. La Corte Constitucional, en sentencia T-054 de 14 de febrero de 202031, sostuvo
que “[…] la carencia actual de objeto por hecho superado tiene lugar cuando, entre
la interposición de la acción de tutela y la decisión del juez constitucional32,
desaparece la afectación al derecho fundamental alegada y se satisfacen las
pretensiones del accionante33, debido a “una conducta desplegada por el agente
transgresor […]”34.
66. Lo anterior es en razón a que el fin último de la acción de tutela, conforme con
el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, el Decreto 2591 de 1991 y
la doctrina constitucional, es lograr la protección efectiva y cierta de los derechos
fundamentales vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una
autoridad pública o privada en los casos exceptuados por la ley. Sin embargo, en
el evento que la situación que origina la violación o amenaza sea superada la
tutela pierde su eficacia y razón de ser35.
67. En ese sentido, cuando se encuentra demostrada tal situación, el juez de tutela
no está obligado a pronunciarse de fondo36, sino que en esos casos le
corresponde declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez
que de realizar lo contrario sus decisiones y/u órdenes carecerían de sentido, ante
“[…] la superación de los hechos que dieron lugar al recurso de amparo o ante la
satisfacción de las pretensiones del actor […]”37.
68. En el presente proceso el accionante indicó que el Tribunal Administrativo del
Atlántico omitió dar respuesta a la solicitud de 3 de marzo de 2026, mediante la
cual solicitó:
“[…] Lo expresado es ceñido a la verdad y nada más que la verdad, siendo
así ante ese concurso de violaciones y cuestionamientos penales, decretaran
la NULIDAD y REVOCATORIA de lo actuado por los Magistrados del Tribunal
Administrativo del Atlántico, para que a su vez se conceda el Amparo de
Pobreza y una vez asignado el abogado especializado en lo administrativo y
que este acepte el cargo, es cuando nuevamente el Tribunal se puede
despachar en derecho para de esa manera no seguir violando mis derechos
[…]”. [subrayado fuera del texto].
31
Corte Constitucional, Sala Primera de Revisión, Sentencia T-054 de 14 de febrero de 2020, Magistrado Ponente: Carlos
Bernal Pulido.
32
Corte Constitucional, sentencias T-238 de 2017 y T-047 de 2016. Asimismo, ver, Corte Constitucional, Sentencia T-358
de 2014.
33
Corte Constitucional, Sentencia SU-540 de 2007: “el hecho superado se presenta cuando, por la acción u omisión (según
sea el requerimiento del actor en la tutela) del obligado, se supera la afectación de tal manera que ‘carece’ de objeto el
pronunciamiento del juez. La jurisprudencia de la Corte ha comprendido la expresión hecho superado en el sentido obvio
de las palabras que componen la expresión, es decir, dentro del contexto de la satisfacción de lo pedido en la tutela”.
34
Corte Constitucional, sentencias T-238 de 2017 y T-011 de 2016.
35
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia de unificación 771 de 16 de octubre de 2014, Magistrada Ponente: Martha
Victoria Sáchica Méndez.
36
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-011 de 22 de enero de 2016, Magistrado Ponente: Luis
Ernesto Vargas Silva.
37
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia de unificación 771 de 16 de octubre de 2014, Magistrada Ponente: Martha
Victoria Sáchica Méndez.
21
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03343-00
Accionante: Jorge Antonio Pérez Eslava
69. Al respecto, el Tribunal Administrativo del Atlántico solicitó declarar la carencia
actual de objeto por hecho superado, toda vez que mediante auto de 22 de mayo
de 2026 dio respuesta a la solicitud del accionante.
70. Paratal efecto, el Tribunal allegó el auto de 22 de mayo de 2026, en los
siguientes términos:
“[…] Al respecto, el Despacho destaca que en diversas oportunidades ha
requerido38 al demandante para que actúe en el presente proceso a través de
apoderado judicial en cumplimiento del derecho de postulación; es así como
en auto de 16 de diciembre de 2025 se inadmitió la demanda, otorgándosele
un término de diez (10) días para que acreditara el derecho de postulación
contemplado en el artículo 160 del CPACA.
No obstante, el señor Pérez Eslava incumplió con el deber legal en referencia,
lo que devino en el rechazo de la demanda mediante auto de 30 de enero de
2026. En ese sentido, toda vez que el demandante propone los recursos sin
contar con apoderado judicial, este Despacho, a falta de derecho de
postulación, se abstendrá de darle trámites.
En gracia de discusión, de estudiarse la procedencia de la concesión de los
recursos propuestos, o del que resultara procedente de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 318 del CGP, aplicable al sub examine por remisión
del artículo 306 del CPACA, se encontraría que estos fueron radicados de
manera extemporánea.
En efecto, en los escritos en los que el actor manifiesta su inconformismo con
el auto de 30 de enero de 2026, mediante el cual se rechazó la demanda,
señala lo siguiente: (i) «…La presente teniendo en cuenta lo actuado mediante
Auto Febrero 06 de 2024, de parte del Magistrado OSCAR WILCHES
DONADO, rechazando el contenido de la Queја у Denuncia fechada
Diciembre 15 de 2023, de parte del suscrito…» ; y (ii) «…RECURSO DE
INSISTENCIA, RE ACUSACION, DENUNCIA, NULIDAD Y QUEJA, dado a
mi inconformidad de lo actuado por el Tribunal Administrativo del Atlántico
fechado Enero 30 de 2026 según anexo, rechazando la Demanda presentada
por JORGE ANTONIO PEREZ ESLAVA…».
Los referidos «recursos» fueron radicados el 03 y 16 de marzo de la cursante
anualidad respectivamente, mientras que el auto que rechazó la demanda fue
notificado mediante estado de fecha 04 de febrero de 2026, habiendo
transcurrido diecinueve (19) días entre la notificación del auto recurrido y la
presentación del primer recurso por lo que, en aplicación de lo dispuesto en
los artículos 242 y 243 de la Ley 1437 de 2011, estos fueron presentados de
manera extemporánea […]”.
71. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala advierte que, si bien el Tribunal no
accedió a lo solicitado por el accionante en los términos planteados, lo cierto es
que sí le dio trámite al escrito presentado. En efecto, dentro del trámite de la
presente acción constitucional39 se resolvió su solicitud, con lo cual se entiende
satisfecho el núcleo de la pretensión de protección.
38
Autos de 14 de noviembre de 2018, 06 de febrero de 2024 y de 16 de diciembre de 2025.
39
La acción de tutela se interpuso el 22 de abril de 2026.
22
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03343-00
Accionante: Jorge Antonio Pérez Eslava
72. En ese contexto, la Sala considera que la situación que motivó la interposición
de la acción de tutela ha desaparecido, en la medida en que la autoridad judicial
accionada dio trámite al escrito de 3 de marzo de 2026.
73. En consecuencia, y conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en
el presente caso se configura la carencia actual de objeto por hecho superado,
toda vez que la autoridad judicial accionada atendió y tramitó la solicitud
presentada el 3 de marzo de 2026.
74. Por otra parte, el accionante solicitó la compulsa de copias a la Fiscalía
Especializada de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, al
Programa Presidencial Anticorrupción, a la Procuraduría General de la Nación y a la
personería, la Sala ha sostenido que en estos casos el accionante puede presentar
las quejas a las que haya lugar ante las autoridades correspondientes para que
estas, en el marco de sus competencias, analicen la procedencia de dichas
solicitudes.
75. El accionante cuestiona el actuar del Consejo Superior de la Judicatura dada “su
no transparencia”, sin embargo, la Sala considera que su afirmación no encuentra
respaldo alguno en un supuesto específico de vulneración que permita que se
aborde el estudio de la solicitud de amparo, comoquiera que no explica de qué
manera o en que situaciones particulares resulta evidente esa presunta falta de
“transparencia”.
76. En ese orden de ideas, respecto de dichas autoridades no está acreditada la
vulneración a los derechos fundamentales, razón por la cual se negarán las demás
pretensiones de la acción de tutela, como en efecto se dispondrá en la parte
resolutiva de esta providencia.
77. Finalmente, respecto de los escritos presentados por el accionante de 29 de
mayo, 5 y 9 de junio de 202640, la Sala advierte que dichas solicitudes se limitan a
reiterar los argumentos expuestos en el escrito inicial de tutela, los cuales ya fueron
analizados y resueltos en los capítulos precedentes de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por la Fiscalía
General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NEGAR la solicitud de vinculación presentada por el accionante, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
40
Índices 29, 42, 45 y 49 del aplicativo para la gestión judicial Samai.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03343-00
Accionante: Jorge Antonio Pérez Eslava
TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela frente al
derecho de petición y las providencias de 16 de diciembre de 2025 y 30 de enero
de 2026 proferidas dentro del medio de control de reparación directa con número
de radicación 08001-23-33-000-2017-00295-00, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
CUARTO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado frente a
la solicitud de 3 de marzo de 2026, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEXTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos
de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
SÉPTIMO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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