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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03343-01

Fecha
31 de agosto de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-03343-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

31 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03343-01 (9655)
Accionante: Jorge Antonio Pérez Eslava
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico

Tema: acción de tutela contra providencias judiciales y por omisión de autoridad
judicial. Subtema 1: subsidiariedad. Subtema 2: derecho de postulación y
representación judicial. Subtema 3: mora judicial. Subtema 4: carencia actual de
objeto por hecho superado.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la impugnación interpuesta por Jorge Antonio Pérez Eslava contra la sentencia del
18 de junio de 2026, proferida por la Sección Primera de esta corporación, dentro
de la acción de tutela promovida contra el Tribunal Administrativo del Atlántico.

1. Síntesis del caso

El señor Jorge Antonio Pérez Eslava interpuso acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo del Atlántico, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales
al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad y de
petición, con ocasión de las providencias del 16 de diciembre de 2025 y del 30 de
enero de 2026, mediante las cuales se inadmitió y posteriormente se rechazó la
demanda de reparación directa radicada con el núm. 08001-23-33-000-2017-00295-
00 por falta de acreditación del derecho de postulación. Asimismo, cuestionó la falta
de pronunciamiento sobre el escrito presentado el 3 de marzo de 2026, relacionado
con el rechazo de la demanda y con su reiterada solicitud de amparo de pobreza.

1

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03343-01 (9655)
Accionante: Jorge Antonio Pérez Eslava
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico

2. Antecedentes

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela y de los demás elementos aportados por las partes
al trámite constitucional, la Sala reconstruyó los siguientes hechos:

2. El origen de la controversia se remonta a un crédito que, según relató el
accionante, obtuvo del Fondo para la Educación Superior para atender necesidades
relacionadas con su actividad de transporte. Ante el incumplimiento de la obligación,
el Fondo promovió un proceso ejecutivo ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito
de Bucaramanga, dentro del cual fue embargada y secuestrada una tractomula
Kenworth de placas XVH 420. El actor sostuvo que, después de una conciliación
realizada a comienzos de 2000, el vehículo no fue rematado y posteriormente fue
vendido sin que recibiera el excedente que, a su juicio, le correspondía. También
relacionó estos hechos con el concordato 00396 de 2000 tramitado ante el entonces
Juzgado Doce Civil del Circuito de Barranquilla.

3. El señor Pérez Eslava, el 17 de marzo de 2017, por conducto de apoderado
judicial1, promovió el medio de control de reparación directa 08001-23-33-000-2017-
00295-00 contra la Nación, Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial,
Consejo Seccional de la Judicatura, con el propósito de obtener la reparación de los
perjuicios que atribuyó a la pérdida de la mencionada tractomula debido al presunto
indebido funcionamiento de la administración de justicia. El asunto correspondió al
despacho 003 de la Sección B del Tribunal Administrativo del Atlántico.

4. El 27 de marzo de 2017, el demandante informó al Tribunal que su apoderado,
Electo Vicente Casalins Consuegra, no podía continuar con la representación por
problemas de salud y manifestó que carecía de recursos para contratar a otro
profesional del derecho. En esa oportunidad solicitó amparo de pobreza y expuso,
además, circunstancias personales y económicas que, según indicó, le impedían
asumir los honorarios de un abogado. A partir de entonces presentó directamente
distintos memoriales dentro del proceso.

5. El Tribunal Administrativo del Atlántico, el 30 de julio de 2018, profirió un auto
que ordenó recaudar documentos antes de resolver sobre la admisión de la
demanda y, durante los meses siguientes, la Secretaría efectuó requerimientos al
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bucaramanga2, al Juzgado Doce Civil del
Circuito de Barranquilla3 y a otras autoridades, con tal propósito. El señor Pérez

1 El poder otorgado al profesional del derecho Electo Vicente Casalins Consuegra se encuentra en Samai, exp.

08001-23-33-000-2017-00295-00, índice 11, certificado 146B273E4BD1A21E 838E2C2989BBDAD9
4A87088E703AED32 78568EFBB3EEB44D.
2 Requerimientos efectuados los días 3 de agosto y 19 de noviembre de 2018. Ver Tribunal Administrativo del

Atlántico, contestación de la acción de tutela del 26 de mayo de 2026 (radicada el 27 de mayo), en Samai, exp.
11001-03-15-000-2026-03343-00, índice 28, certificado E7071A490B39CDE0 3FEBF182C4D2DABA
C3CB931AA3EC2C1F A93DBC6D88CF0547.
3 Requerimiento efectuado el 3 de agosto de 2018. Ver Tribunal Administrativo del Atlántico, contestación de la

acción de tutela del 26 de mayo de 2026 (radicada el 27 de mayo), en Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-
03343-00, índice 28, certificado E7071A490B39CDE0 3FEBF182C4D2DABA C3CB931AA3EC2C1F
A93DBC6D88CF0547.
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Accionante: Jorge Antonio Pérez Eslava
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Eslava también presentó varios escritos durante ese período. El 14 de noviembre
de 2018, el Tribunal emitió providencias mediante las cuales respondió diversos
memoriales, requirió nuevamente información y dispuso que el demandante actuara
por medio de apoderado judicial.

6. El trámite continuó con nuevos requerimientos efectuados en diciembre de 2023
al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bucaramanga, a la autoridad disciplinaria
seccional y al juzgado civil de Barranquilla4. El 6 de febrero de 2024, el Tribunal
profirió un auto por medio del cual se abstuvo de dar trámite a determinadas
solicitudes del señor Pérez Eslava y volvió a requerirlo respecto de su actuación
mediante apoderado. El expediente fue incorporado a la plataforma Samai el 8 de
febrero siguiente. Más adelante, el 5 de abril de 2024 se recibió otro memorial del
demandante con documentos anexos y, el 21 de mayo, el Juzgado Segundo Civil
del Circuito de Bucaramanga remitió información solicitada previamente.

7. En el escrito del 5 de abril de 2024 intervino nuevamente el abogado Electo
Vicente Casalins Consuegra5, quien anexó una comunicación del señor Pérez
Eslava y otros documentos relacionados con las inconformidades que este había
planteado frente a diversas actuaciones judiciales. Entre esos antecedentes se
encontraba una queja y denuncia del 15 de diciembre de 2023. Posteriormente, el
actor presentó nuevos escritos, entre ellos uno del 14 de noviembre de 2025 dirigido
al Tribunal Administrativo del Atlántico y otros relacionados con el proceso
concordatario, respecto de los cuales manifestó posteriormente que no había
obtenido las respuestas que esperaba.

8. Mediante auto del 16 de diciembre de 2025, el Tribunal Administrativo del
Atlántico inadmitió la demanda de reparación directa y concedió al demandante diez
días para acreditar el derecho de postulación previsto en el artículo 160 del CPACA.
La providencia fue notificada personalmente al señor Pérez Eslava el 19 de
diciembre de 2025. Ese mismo día, el actor remitió a varias direcciones electrónicas
un escrito en el que expresó su inconformidad con la decisión y solicitó nuevamente
que se le concediera el amparo de pobreza y se le designara un abogado para
continuar con el proceso.

9. El Tribunal, por auto del 30 de enero de 2026, rechazó la demanda porque, una
vez vencido el término concedido para subsanarla, el señor Pérez Eslava no había
conferido poder a un abogado inscrito que lo representara en el proceso. La relación
de actuaciones aportada por esa corporación registra la notificación de la
providencia el 3 de febrero siguiente. El actor sostuvo posteriormente que antes del
rechazo no se había resuelto la solicitud de amparo de pobreza que había formulado
el 19 de diciembre de 2025.

10. El 3 de marzo de 2026, el señor Pérez Eslava presentó un escrito que denominó
«recurso de insistencia, re acusación (sic), denuncia, nulidad y queja», mediante el

4 Tribunal Administrativo del Atlántico, contestación de la acción de tutela del 26 de mayo de 2026, op. cit.
5 Samai, exp. 08001-23-33-000-2017-00295-00, índice 37, certificado 9DD5F684B1EAFDCA
D8F8D3ACBF24CF7F 19FD64426DB399A5 7B4A1B6410F7C339.
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Accionante: Jorge Antonio Pérez Eslava
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cual manifestó su inconformidad con el auto de rechazo del 30 de enero anterior.
En ese documento pidió, entre otras cosas, que se dejaran sin efecto las
actuaciones del Tribunal, que se concediera el amparo de pobreza y que se le
asignara un abogado. El 16 de marzo de 2026 presentó otro escrito relacionado con
la misma decisión. Para el momento en que acudió al juez constitucional, afirmó que
no había recibido pronunciamiento respecto del primero de esos memoriales.

11. Finalmente, el 30 de abril de 20266, Jorge Antonio Pérez Eslava presentó la
acción de tutela que dio origen al presente trámite. El escrito fue dirigido inicialmente
a la Sala de Decisión Penal de la Corte Suprema de Justicia y estuvo acompañado
de numerosos documentos correspondientes a las actuaciones y solicitudes que
había promovido con anterioridad.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

12. El señor Jorge Antonio Pérez Eslava solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de petición y de acceso a la
administración de justicia. Expuso que las vulneraciones se originaban en diversas
actuaciones judiciales relacionadas con la pérdida de una tractomula de su
propiedad, el proceso ejecutivo promovido por la FES, el concordato tramitado ante
el entonces Juzgado Doce Civil del Circuito de Barranquilla y las denuncias y quejas
que formuló posteriormente ante distintas autoridades. Afirmó que varias de esas
solicitudes no fueron atendidas y atribuyó tales omisiones, entre otros, al Tribunal
Administrativo del Atlántico, a autoridades judiciales civiles, a la Fiscalía General de
la Nación y al Consejo de la Judicatura.

13. En particular, cuestionó el trámite del proceso de reparación directa que
promovió en 2017 ante el Tribunal Administrativo del Atlántico. Señaló que, debido
a los problemas de salud de su apoderado y a la falta de recursos económicos para
contratar otro abogado, había solicitado amparo de pobreza, pero el Tribunal
continuó exigiéndole que acreditara el derecho de postulación. Reprochó que,
después del auto inadmisorio del 16 de diciembre de 2025, presentó el 19 de
diciembre siguiente un recurso en el que reiteró aquella solicitud, sin obtener
pronunciamiento antes de que, mediante providencia del 30 de enero de 2026, se
rechazara la demanda por no haber conferido poder a un profesional del derecho.

14. Del mismo modo, sostuvo que el Tribunal no había tramitado los escritos
mediante los cuales manifestó su inconformidad con esas decisiones, entre ellos el
denominado «recurso de insistencia, re acusación (sic), denuncia, nulidad y queja»
presentado el 3 de marzo de 2026. El accionante relacionó estas actuaciones con
otras solicitudes, denuncias, recusaciones y quejas formuladas durante años
anteriores, respecto de las cuales afirmó que también habían existido omisiones,
falta de respuesta y actuaciones contrarias a sus garantías procesales. Con
fundamento en esos hechos, solicitó la intervención del juez constitucional frente a

6 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03343-00, índice 2, certificado 22F8BD98DB2569EE
3FC71C78A1B7FEA2 72FAE2F45D671FEB 84B0D701A3F00BDD.
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las distintas autoridades y actuaciones que identificó en la tutela y sus anexos, y
formuló las siguientes pretensiones7:

1.- Que se ordene la cesación prevista y el restablecimiento de los derechos
vulnerados en razón a lo ya puesto en conocimiento, y ante el debido trámite que se
debe dar.

2.- Que se notifique el Auto Admisorio de la Tutela a todos y cada uno de los ya
relacionados en cada punto y que también figuran en el contenido anexo.

3.- Como no solamente se cuestionan en la presente Tutela al Tribunal
Administrativo del Atlántico, sino también a los demás relacionados, siendo así para
que se vinculen a todos y cada uno, para que a su vez se pronuncien a fondo de lo
relacionado en cada punto, para que una vez cumplido ello se pueda pronunciar en
derecho.

4.- Como parte de la raíz de todos los males provino a lo sucedido y puesto en
conocimiento contra la FES como Fondo para la Educación Superior, de donde
provinieron también los cuestionamientos del Juzgado Segundo Civil del Circuito de
Bucaramanga, de igual forma a la Fiscalía y Juzgado Doce Civil del Circuito, hoy ya
Tercero Civil del Circuito, Radicado 00396 de 2000, siendo así, y ante lo ya puesto
en conocimiento que se vinculen a esta Tutela a todos y cada uno, y para mayores
pruebas que se decrete a cada Radicado actas o inventarios folio por folio, con sus
respectivas fechas, un resumen de cada contenido, para de esa manera poder
confirmar el concurso de violaciones y cuestionamientos penales.

5.- Como también se cuestiona al Consejo de la Judicatura del Atlántico, como otra
raíz de todos los males, dado a su no transparencia, con mayor razón y teniendo en
cuenta lo ya puesto en conocimiento, que también se vincule a la Tutela junto con
los demás relacionados en los anexos.

6.- A lo ya puesto en conocimiento, y dado al concurso de cuestionamientos de parte
de la FES como Fondo para la Educación Superior, que se decrete para que el
Juzgado Tercero Civil del Circuito de Barranquilla REFUTE a la FES del Concordato,
junto con los demás concursantes cuestionados, que también ya se relacionaron en
la parte de hechos.

7.- Retomando el punto anterior, y en atención a lo ya expresado, menos estar de
acuerdo lo pretendido por el Tribunal Administrativo en Inadmitir la Demanda,
ocultando el concurso de cuestionamientos de parte de la FES, Juzgado Segundo
Civil del Circuito, Juzgado Doce Civil del Circuito, hoy ya Tercero Civil del Circuito.

8.- Ante el concurso de cuestionamientos de parte del Tribunal Administrativo del
Atlántico, y teniendo en cuenta lo y apuesto en conocimiento, que se dé por cierto
todo el contenido en la Demanda de Reparación Directa, teniendo en cuenta todo lo
Peticionado y se condenen en costas.

9.- Como también se cuestiona a la Fiscalía de Bucaramanga, donde también se
Denunció lo sucedido con la tractomula KENWORTH XVH 420, Denuncia también
ante la Fiscalía de Bogotá y Fiscalía 37 de Barranquilla Radicado 308246, siendo
que el suscrito soy el portador de la verdad, que se les decrete el Desarchivo, y a su
vez se tenga en cuenta en todo lo Denunciado y Peticionado, por ende,
condenándolos también penalmente y en costas.

10.- En atención a lo sucedido con el Concordato ante el Juzgado Doce Civil del
Circuito, hoy ya Tercero Civil del Circuito, Radicado 00396 de 2000, y teniendo en

7 Se transcribe incluso con errores.

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Accionante: Jorge Antonio Pérez Eslava
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico

cuenta lo ya puesto en conocimiento, que se les decrete para que la FES como
Fondo para la Educación Superior sea REFUTADA del Concordato junto con los
demás concursantes cuestionados, que están cobrando lo no debido, como así se
puso en conocimiento en la parte de hechos.

11.- Como algo especial, que se tenga muy en cuenta todo lo ya relacionado en
cada punto parte de hechos y del contenido anexo, más, ante ese concurso de
violaciones y cuestionamientos penales.

12.- A lo ya puesto en conocimiento, que se le decrete el impedimento a todos y
cada uno de los que les ha correspondido el Desatamiento, incluyendo al Tribunal
Administrativo del Atlántico, y a su vez que se le dé traslado al competente para que
les decreten la insubsistencia como funcionarios, y como si en verdad hubiera
nuevos profesionales cristianos conocedores de las escrituras, a cambio de lo que
los usuarios no nos lo merecemos.

13.- Ante esa falla en la prestación de servicio y concurso de violaciones, como
también cuestionamientos penales, que lo que ha bien no sea de su competencia,
que sin tardanza se le dé traslado al competente como así lo establece la Ley.

14.- A nivel penal y disciplinario, que se tenga muy en cuenta también lo relacionado
en el punto 9 parte de Hechos.

15.- Que se decrete el Desarchivo, Nulidad y Revocatoria de todo lo actuado por la
Fiscalía 37 Seccional, a Radicado 308246 en razón a lo ya puesto en conocimiento,
más, que el Restablecimiento de todos mis Derechos, decretado por la Fiscalía 37,
ya estaba ejecutoriado y haciendo tránsito a cosa Juzgada.

16.- Que también remita copias a la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos
y Derecho Internacional Humanitario, como también al Programa Presidencial
Anticorrupción, no es que les pueda corresponder, sino en verdad ante ese concurso
de violaciones y cuestionamientos penales, como decir, todo un festival de delitos
proveniente de esa falla en la prestación de servicios, para que también se
intervenga penalmente, disciplinariamente y en costas, como si en verdad existiera
la verdadera esencia de la justicia pronta, oportuna, eficaz, eficiente y transparente.

17.- Tener muy en cuenta todo el contenido de los anexos, más, ante ese concurso
de violaciones y cuestionamientos penales, el cual no debe quedar en la impunidad.

18.- Como al suscrito me han defraudado de esa forma, que me asignen a un
profesional en derecho, más por ser de la tercera edad con certificado de
discapacidad y que de acuerdo a la Ley tengo prioridad.

19.- Debido a los pronunciamientos del Tribunal Administrativo, como si el Archivo
fuera la transparencia, violando el debido pronunciamiento al Recurso, entre ellos,
del Amparo de Pobreza, siendo así, que se decrete la Nulidad de lo actuado por el
Tribunal Administrativo, para que a su vez se dé por cierto todo el contenido de la
Demanda y de lo Peticionado, condenándolos también penalmente y en costas.

20.- Dado a la gravedad de los cuestionamientos, que también se le dé traslado a la
Procuraduría, comosi (sic) en verdad existiera lo establecido en el artículo 277 de la
Carta Magna.

21.- Como al suscrito no se manejar computador, no se deben aprovechar de esa
circunstancialidad, sino en verdad cualquier actuación me la remitan copia a mi
dirección aportada al pie de mi firma, como también remitirme copias de las
actuaciones de la parte accionada, por ende, copia de la resolución de Tutela que
se vaya a dar remitiéndomela directamente a mi dirección.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03343-01 (9655)
Accionante: Jorge Antonio Pérez Eslava
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico

2.3. Trámite procesal

2.3.1. Auto que inadmitió la acción de tutela

15. Mediante auto del 4 de mayo de 20268, el despacho sustanciador requirió al
señor Jorge Antonio Pérez Eslava, con fundamento en el artículo 17 del Decreto
2591 de 1991, para que, dentro de los tres días siguientes a la notificación, precisara
cuáles eran las entidades contra las que dirigía la tutela al referirse a «otros
relacionados también en los anexos»; qué actuaciones de esas autoridades
consideraba vulneradoras de sus derechos fundamentales y cuáles eran las
pretensiones que formulaba frente a ellas. La providencia se sustentó en que el
contenido de la solicitud de amparo no permitía determinar con precisión esos
aspectos y fue notificada al accionante por correo electrónico el 6 de mayo de 2026.

16. El accionante, el 7 de mayo de 2026, respondió, a través de documento
manuscrito, que las entidades cuestionadas se encontraban identificadas en los
hechos y en el apartado de notificaciones de la tutela, y que las actuaciones
vulneradoras y las solicitudes correspondientes podían establecerse a partir del
escrito y de sus anexos. Aclaró, además, que la tutela no se dirigía contra el Consejo
de Estado, sino contra todas las autoridades mencionadas en aquellos documentos,
y pidió que se les corriera traslado, que se le remitieran las respuestas y que las
actuaciones le fueran notificadas físicamente porque no sabe manejar computador.

17. Posteriormente, mediante escrito del 14 de mayo de 20269, reiteró que ya había
atendido el requerimiento y transcribió nuevamente su respuesta para evitar
eventuales dificultades derivadas de la lectura del manuscrito. En ese mismo
memorial pidió la suspensión de los términos de la tutela para que se incorporara y
trasladara a las autoridades correspondientes el escrito del 28 de abril de 2026,
denominado «Denuncia, Recusación, Nulidad y Queja con Derecho de Petición»,
particularmente al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Barranquilla, e insistió en
que fueran vinculados todos los sujetos relacionados en la tutela y en sus anexos.

2.3.2. Auto que admitió la acción de tutela

18. Mediante auto del 19 de mayo de 202610, la Sección Primera del Consejo de
Estado admitió la acción de tutela promovida por Jorge Antonio Pérez Eslava contra
el Tribunal Administrativo del Atlántico, al considerar que la solicitud, una vez
atendido el requerimiento previo, se ajustaba al artículo 14 del Decreto 2591 de
1991. Delimitó el amparo a la presunta vulneración de los derechos al debido
proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad y petición, derivada de las
providencias del 16 de diciembre de 2025 y 30 de enero de 2026, así como de la

8 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03343-00, índice 4, certificado 8DB5B619118E4098
27417028DD61FDBF A849CE95525E0311 A30A9CB3095F9BEE.
9 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03343-00, índice 13, certificado 8C10B3E4A4577F22
6E3E659A43B01413 FA59B47DE67A8D4B B7200FD56C6AC506.
10 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03343-00, índice 16, certificado F7479F633416062D
5EBF896B97D46B11 A32DF25E61B2A300 37A33647AE407598.
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supuesta omisión de respuesta al escrito denominado «recurso de insistencia, re
acusación (sic), denuncia, nulidad y queja».

19. Además, vinculó como terceros con interés directo a la Fiscalía General de la
Nación y a la Nación - Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura, ordenó
correrles traslado y requirió al Tribunal para que remitiera el expediente de
reparación directa 08001-23-33-000-2017-00295-00.

2.4. Intervenciones

2.4.1. Intervención de la Fiscalía General de la Nación

20. Por medio de memorial radicado el 26 de mayo de 202611, la Fiscalía General
de la Nación solicitó que se declarara la improcedencia de la acción y su falta de
legitimación en la causa por pasiva, al considerar que la presunta vulneración
alegada por el accionante no provenía de una acción u omisión atribuible a esa
entidad. Señaló que las providencias cuestionadas fueron proferidas por el Tribunal
Administrativo del Atlántico y que las órdenes encaminadas a controvertirlas o
dejarlas sin efectos excedían el ámbito de sus competencias. Añadió que no existía
relación causal entre su actuación y la afectación de los derechos fundamentales
invocados, por lo que pidió ser desvinculada del trámite constitucional.

2.4.2. Contestación de la tutela por el Tribunal Administrativo del Atlántico

21. El Tribunal Administrativo del Atlántico solicitó, mediante oficio radicado el 27
de mayo de 202612, que se declarara improcedente la tutela o, en subsidio, que se
negaran sus pretensiones. Sostuvo que no se cumplía el requisito de
subsidiariedad, porque contra el auto del 30 de enero de 2026, que rechazó la
demanda, procedía el recurso de apelación conforme al artículo 243 del CPACA.
Indicó que el accionante no interpuso oportunamente ese medio de defensa y que
la tutela no podía utilizarse para suplir esa omisión ni convertirse en una instancia
adicional.

22. En cuanto a las providencias cuestionadas, explicó que desde 2017 el despacho
adelantó diversas actuaciones encaminadas a reunir los documentos necesarios
para decidir sobre la admisión de la demanda. Señaló que, después de que el actor
informara que su abogado no podía continuar representándolo y que carecía de
recursos para contratar otro, fue requerido en varias oportunidades para actuar por
conducto de apoderado. Añadió que el auto del 16 de diciembre de 2025 inadmitió
la demanda y concedió diez días para acreditar el derecho de postulación.

23. El Tribunal afirmó que, como el señor Pérez Eslava no subsanó esa exigencia,
mediante auto del 30 de enero de 2026 se rechazó la demanda. Sostuvo que esa
decisión fue consecuencia del incumplimiento de una carga procesal y no de una

11 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03343-00, índice 25, certificado 93C1FDC439222695
88A17C1B95678A66 6EB299D017BDB776 C52E3770C5B8CE2C.
12 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03343-00, índice 28, certificado E7071A490B39CDE0
3FEBF182C4D2DABA C3CB931AA3EC2C1F A93DBC6D88CF0547.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03343-01 (9655)
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actuación arbitraria o caprichosa. Por ello, negó que se hubiera configurado un
defecto procedimental o sustantivo y también rechazó que se hubiese vulnerado el
acceso a la administración de justicia, pues, según indicó, el actor contó con varias
oportunidades para atender los requerimientos efectuados.

24. Frente a la supuesta mora judicial, presentó una relación cronológica de las
actuaciones surtidas en el expediente y señaló que los escritos del 3 y 16 de marzo
de 2026 fueron puestos al despacho el 13 de mayo siguiente. Indicó que mediante
auto del 22 de mayo de 2026 decidió no darles trámite y ordenó el archivo del
expediente. Con fundamento en esa secuencia, sostuvo que el pronunciamiento se
produjo dentro de un lapso razonable y que no existió inactividad injustificada ni
dilación atribuible al despacho.

2.4.3. Intervención del Consejo Superior de la Judicatura

25. Por medio de escrito radicado el 1 de junio de 202613, el Consejo Superior de la
Judicatura solicitó que se declarara su falta de legitimación en la causa por pasiva
y, en consecuencia, su desvinculación del trámite. Explicó que sus funciones son
de naturaleza administrativa y que no tiene injerencia en las decisiones adoptadas
por las autoridades judiciales cuestionadas por el accionante. Añadió que, si la
inconformidad del señor Pérez Eslava estaba dirigida a obtener investigaciones
disciplinarias contra funcionarios judiciales, la autoridad competente era la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial. Finalmente, indicó que tampoco existía prueba de
que el actor hubiera presentado alguna petición ante los canales institucionales del
Consejo Superior de la Judicatura.

2.5. Sentencia de tutela de primera instancia

26. La Sección Primera del Consejo de Estado, por medio de la sentencia del 18 de
junio de 202614, resolvió en primera instancia la tutela promovida por Jorge Antonio
Pérez Eslava contra el Tribunal Administrativo del Atlántico. Antes de abordar el
fondo, negó las solicitudes de desvinculación de la Fiscalía General de la Nación y
del Consejo Superior de la Judicatura, porque consideró que ambas tenían interés
jurídico en el trámite. También negó la vinculación del Juzgado Tercero Civil del
Circuito de Barranquilla, al estimar que no había intervenido en las providencias
objeto del reproche constitucional.

27. La Sala delimitó el estudio a la providencia del 30 de enero de 2026, por ser la
decisión que puso fin al proceso de reparación directa, y a la supuesta omisión de
tramitar los escritos presentados por el actor el 19 de diciembre de 2025 y el 3 de
marzo de 2026. Frente al auto que rechazó la demanda, declaró improcedente la
tutela por falta de relevancia constitucional, pues estimó que el accionante no
satisfizo la carga mínima de identificar y desarrollar alguno de los defectos

13 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03343-00, índice 32, certificado 97EAA1D0EB5670EE
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14 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03343-00, índice 59, certificado AF0456B10C4E350A
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9

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03343-01 (9655)
Accionante: Jorge Antonio Pérez Eslava
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico

específicos que habilitan excepcionalmente el control constitucional de una
providencia judicial.

28. La Sección Primera añadió que la sola inconformidad con el rechazo de la
demanda no permitía al juez de tutela revisar oficiosamente la decisión judicial.
Consideró que el señor Pérez Eslava se limitó a sostener que el Tribunal había
omitido resolver su solicitud de amparo de pobreza y que, por ello, no debía haberse
rechazado la demanda por falta de apoderado. No obstante, estimó que esa
exposición era insuficiente para demostrar la relevancia constitucional del asunto y
señaló, además, que del auto del 30 de enero de 2026 no se advertía, en principio,
una actuación arbitraria de la autoridad judicial.

29. En relación con el derecho de petición, la Sala recordó que las solicitudes
formuladas ante un juez dentro de un proceso y vinculadas directamente con la litis
deben resolverse conforme a las reglas procesales y no bajo el régimen del artículo
23 de la Constitución. Por ello, declaró improcedente la tutela respecto de ese
derecho. Sin embargo, examinó separadamente si la falta de trámite de los escritos
del 19 de diciembre de 2025 y del 3 de marzo de 2026 podía comprometer el debido
proceso o el acceso a la administración de justicia.

30. Respecto del escrito del 19 de diciembre de 2025, que contenía un recurso
contra el auto inadmisorio y reiteraba la solicitud de amparo de pobreza, concluyó
que el Tribunal no incurrió en omisión. La Sala verificó que el actor lo remitió a
direcciones electrónicas que no correspondían al canal oficial habilitado para la
recepción de memoriales y que el auto del 16 de diciembre anterior había indicado
que estos debían presentarse a través de la ventanilla virtual de Samai. En
consecuencia, consideró que no podía exigirse al Tribunal el conocimiento ni el
trámite de un escrito enviado por un medio distinto del oficialmente dispuesto.

31. En cuanto al memorial del 3 de marzo de 2026, la Sala declaró la carencia actual
de objeto por hecho superado. Explicó que, durante el trámite de la tutela, el Tribunal
profirió el auto del 22 de mayo de 2026, mediante el cual resolvió no dar trámite a
los recursos presentados por el actor, tanto por falta de derecho de postulación
como por su extemporaneidad. Finalmente, negó las demás pretensiones, incluidas
las solicitudes de compulsar copias, cuestionar al Consejo Superior de la Judicatura
y extender la controversia a otras autoridades, al no encontrar acreditadas
vulneraciones concretas de derechos fundamentales.

2.6. Recurso de impugnación contra la sentencia de tutela de primera
instancia

32. Por medio de memorial radicado el 9 de julio de 202615, el señor Jorge Antonio
Pérez Eslava impugnó la sentencia del 18 de junio de 2026 y solicitó su nulidad o
revocatoria. Sostuvo, en primer lugar, que la decisión de primera instancia
desconoció el alcance de la tutela porque no vinculó a todas las autoridades y

15 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03343-00, índice 66, certificado AA9532F1DC1C1C2F
C7DB4BF6C739CB93 9DADF474263C1151 3A167F43CB72A391.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03343-01 (9655)
Accionante: Jorge Antonio Pérez Eslava
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico

personas que había identificado en el escrito inicial y en sus anexos. Afirmó que esa
omisión vulneró la contradicción y el debido proceso, y reprochó que la Sección
Primera hubiera limitado el trámite al Tribunal Administrativo del Atlántico y a las
entidades que fueron vinculadas mediante el auto admisorio.

33. También cuestionó el tiempo empleado para resolver la acción, pues consideró
que entre el auto admisorio del 19 de mayo y la sentencia del 18 de junio de 2026
transcurrió un término superior al previsto para decidir la tutela. A partir de ello
sostuvo que se habían desconocido los términos propios del trámite constitucional
y que esa circunstancia justificaba la nulidad de lo actuado. Igualmente reiteró que
había solicitado en varias oportunidades la suspensión de los términos para lograr
la vinculación del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Barranquilla y de las demás
autoridades mencionadas en sus escritos.

34. Frente al proceso de reparación directa, insistió en que el Tribunal
Administrativo del Atlántico omitió resolver adecuadamente el escrito del 19 de
diciembre de 2025, mediante el cual manifestó su inconformidad con el auto
inadmisorio y reiteró la solicitud de amparo de pobreza. Señaló que, si esa petición
hubiera sido atendida y se le hubiera designado un abogado, no habría lugar al
posterior rechazo de la demanda por falta de derecho de postulación. Asimismo,
reiteró sus cuestionamientos respecto de los escritos del 3 y 16 de marzo de 2026
y manifestó que las recusaciones, denuncias, nulidades y quejas formuladas contra
el magistrado Oscar Wilches Donado no recibieron el trámite que, a su juicio,
correspondía.

35. Finalmente, reprochó que la sentencia no hubiera otorgado relevancia a los
distintos memoriales y anexos que presentó durante el trámite, entre ellos los
escritos del 5 de junio de 2026 contra el Tribunal y contra la representante de la
Fiscalía. Reiteró sus afirmaciones sobre presuntas irregularidades disciplinarias y
penales, pidió que se tuvieran por ciertos los hechos expuestos en la tutela, que se
vinculara a todos los sujetos allí relacionados y que se dejaran sin efectos las
actuaciones cuestionadas. También solicitó vigilancia especial, impedimentos
respecto de los funcionarios que intervinieron, traslado de sus denuncias a las
autoridades competentes y que las comunicaciones posteriores fueran remitidas
físicamente a su domicilio.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

36. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y
en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para resolver
la impugnación interpuesta contra la sentencia del 18 de junio de 2026, proferida
por la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante la cual declaró
improcedente la acción de tutela promovida por el señor Jorge Antonio Pérez Eslava
contra el Tribunal Administrativo del Atlántico, en relación con el proceso de
reparación directa con radicado 08001-23-33-000-2017-00295-00.
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Accionante: Jorge Antonio Pérez Eslava
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico

3.2. Legitimación en la causa

37. La legitimación en la causa por activa del señor Jorge Antonio Pérez Eslava se
encuentra acreditada, por cuanto actúa en nombre propio y es quien promovió la
acción constitucional en defensa de los derechos fundamentales que estima
vulnerados por el rechazo de la demanda de reparación directa radicada con el No.
08001-23-33-000-2017-00295-00.

38. Igualmente, está demostrada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo del Atlántico, debido a que es la autoridad judicial a la que el
accionante atribuye la presunta vulneración de sus derechos fundamentales.

3.3. Problema jurídico

39. La Sala considera que es necesario, en primer lugar, distinguir los escenarios
que suscitan, para el demandante, la vulneración de sus derechos fundamentales.
Por un lado, considera que las providencias del 16 de diciembre de 2025 (que
inadmitió el medio de control de reparación directa) y del 30 de enero de 2026 (que
rechazó la demanda, por falta de subsanación) vulneraron el derecho al debido
proceso porque el Tribunal habría desatendido, de forma sistemática, la solicitud
reiterada de amparo de pobreza y la consecuente asignación de un apoderado
judicial.

40. Pero, por otra parte, el accionante considera vulnerado su derecho fundamental
a la petición al no recibir, según su relato, la respuesta del escrito denominado
«recurso de insistencia, re acusación (sic), denuncia, nulidad y queja», radicado el
3 de marzo de 2026.

41. Lo anterior supone para la Sala la existencia de dos problemas jurídicos
distintos: uno que involucra el cumplimiento de los requisitos generales y específicos
de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales y otro que fue
asumido por el fallador de primera instancia, con acierto, como un asunto de mora
judicial.

42. En ese orden de ideas, y respecto del primero de esos temas, el problema se
contrae a determinar: ¿la acción de tutela satisface los requisitos generales de
procedibilidad contra providencias judiciales y, en caso afirmativo, vulneró el
Tribunal Administrativo del Atlántico los derechos fundamentales al debido proceso
y al acceso a la administración de justicia al inadmitir y posteriormente rechazar la
demanda de reparación directa, pese a las solicitudes de amparo de pobreza y de
designación de apoderado formuladas por el accionante?

43. A su turno, frente al problema de la solicitud radicada, cuya respuesta echa de
menos el accionante, la pregunta jurídicamente relevante es la siguiente: ¿incurrió
el Tribunal Administrativo del Atlántico en mora judicial al no responder la solicitud
elevada por el demandante el 3 de marzo de 2026?
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Accionante: Jorge Antonio Pérez Eslava
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico

3.4. Procedencia de la acción de tutela

3.4.1. Generalidades sobre los requisitos de procedibilidad

44. Respecto de las providencias del 16 de diciembre de 2025 y del 30 de enero de
2026, la Sala considera que la acción de tutela cumple con el requisito de relevancia
constitucional, pues la controversia que plantea el accionante trasciende el debate
meramente legal y económico alrededor de la inadmisión y posterior rechazo del
medio de control de reparación directa. En ese sentido, el rechazo de la respectiva
demanda puede involucrar, de configurarse algún requisito específico de
procedibilidad, la vulneración de los derechos fundamentales invocados.

45. De igual manera, acredita el requisito de inmediatez, pues la acción de tutela se
radicó el 30 de abril de 2026, poco más de cuatro meses después de ser proferida
la primera de las providencias, y tres meses después de haber sido proferida la
segunda. Por tal motivo, la acción constitucional se interpuso dentro de un término
prudencial inferior a los seis meses.

46. Del mismo modo, aunque la solicitud de amparo fue inadmitida, entre otras
cosas, por la dificultad para identificar, a partir del escrito original, una relación
ordenada y cronológica de los hechos relevantes, así como de las autoridades que
presuntamente habrían incurrido en la vulneración de los derechos fundamentales,
lo cierto es que, con posterioridad a tal subsanación quedó clara la secuencia de
hechos, eventuales acciones y omisiones de las autoridades convocadas al
presente proceso.

47. La acción de tutela, a su turno, se interpone contra dos providencias judiciales
y respecto de una presunta omisión de respuesta que, según el accionante, es
responsabilidad del Tribunal Administrativo del Atlántico, por lo que no se utiliza la
tutela contra providencias proferidas en el transcurso de una acción de tutela.

3.4.2. Sobre el requisito de subsidiariedad

48. En cuanto al requisito de subsidiariedad, se advierte que la parte accionante no
agotó la totalidad de los medios ordinarios de defensa judicial que tenía a su
disposición antes de acudir a la acción de tutela, pues contra el auto del 30 de enero
de 2026, que rechazó la demanda, procedía el recurso de apelación en los términos
previstos por el numeral 1º del artículo 243 del CPACA. Dicho recurso no fue
utilizado por el señor Pérez Eslava, entre otras cosas, porque, según afirma, actuó
en el proceso sin apoderado judicial que acreditara el derecho de postulación, como
lo prescribe el artículo 160 del mismo código.

49. Sobre ese particular, el Tribunal Administrativo del Atlántico enfatizó, en la
contestación de la tutela, que «en diversas oportunidades requirió al demandante
para que actuara en el proceso judicial a través de apoderado judicial», y para el

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03343-01 (9655)
Accionante: Jorge Antonio Pérez Eslava
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico

efecto citó, a modo enunciativo, los autos del 14 de noviembre de 2018 y del 6 de
febrero de 202416.

50. Ahora, si bien es cierto que el 27 de marzo de 2017 el demandante informó que
el abogado Electo Vicente Casalins Consuegra «quedó inválido por problemas de
la vista debido a la diabetes» y, con fundamento en esa circunstancia y en su falta
de recursos económicos, solicitó el amparo de pobreza y la designación de un
profesional del derecho, lo cierto es que en el plenario no obra renuncia del
apoderado que promovió originalmente el medio de control, ni alguna otra actuación
de la que pueda inferirse que el mandato judicial hubiera terminado.

51. Por el contrario, el expediente contiene una actuación posterior que resulta
especialmente relevante para establecer la situación procesal del demandante. El 5
de abril de 2024, es decir, aproximadamente siete años después de formulada la
solicitud inicial de amparo de pobreza, el abogado Casalins Consuegra presentó un
memorial dirigido al Tribunal Administrativo del Atlántico en el que se identificó
expresamente «como apoderado» del señor Pérez Eslava y se refirió a este como
«mi poderdante», como se observa a continuación:

Imagen 1. Captura de pantalla del memorial suscrito por el apoderado
Electo Casalins, del 5 de abril de 2024. Fuente: Samai, exp. 08001-23-33-
000-2017-00295-00, índice 37, certificado 9DD5F684B1EAFDCA
D8F8D3ACBF24CF7F 19FD64426DB399A5 7B4A1B6410F7C339.

52.La actuación del 5 de abril de 2024 permite concluir que, para ese momento, el
poder conferido al abogado Casalins Consuegra continuaba vigente y que este

16 Ver Tribunal Administrativo del Atlántico, contestación de la acción de tutela del 26 de mayo de 2026 (radicada

el 27 de mayo), en Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03343-00, índice 28, certificado E7071A490B39CDE0
3FEBF182C4D2DABA C3CB931AA3EC2C1F A93DBC6D88CF0547.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03343-01 (9655)
Accionante: Jorge Antonio Pérez Eslava
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico

ejercía efectivamente la representación judicial del señor Pérez Eslava. En efecto,
la manifestación formulada por el accionante en 2017 acerca de los problemas de
salud de su apoderado no equivalía, por sí sola, a la terminación del mandato, y en
el expediente tampoco obra renuncia, revocatoria o alguna otra actuación de la que
pueda inferirse que el poder hubiera cesado.

53. Sobre este aspecto, debe recordarse que las normas procesales son de orden
público y, por tanto, de obligatorio cumplimiento para las partes y para las
autoridades judiciales. Esta característica impide que las cargas, oportunidades y
formas previstas por el legislador queden sometidas a la voluntad de quienes
intervienen en el proceso o puedan entenderse modificadas por su sola conducta.
De allí que la existencia y terminación de la representación judicial deban
establecerse conforme a las reglas que disciplinan el mandato procesal y no
exclusivamente a partir de la manifestación de una de las partes acerca de la
imposibilidad material de su apoderado para continuar con su actuación17.

54. En ese contexto, la Sala no desconoce que el señor Pérez Eslava solicitó en
reiteradas oportunidades el amparo de pobreza y que el Tribunal debía adoptar una
decisión sobre tales solicitudes, en particular sobre la formulada en marzo de 2017.
Sin embargo, esa omisión no permite tener por terminado un poder que conservaba
sus efectos jurídicos y cuyo ejercicio efectivo quedó demostrado con la actuación
del 5 de abril de 2024. En consecuencia, tampoco puede concluirse que la falta de
decisión sobre el amparo de pobreza hubiera privado al accionante de la posibilidad
de ejercer los medios ordinarios de defensa previstos por el ordenamiento18.

55. Por consiguiente, de las pruebas obrantes en el expediente no se logra
establecer que el señor Pérez Eslava careciera jurídicamente de representación
judicial por una circunstancia atribuible al Tribunal. Por el contrario, al momento de
proferirse el auto del 30 de enero de 2026, permanecía constituido un apoderado
que podía ejercer, en su nombre, el recurso de apelación previsto en el numeral 1º
del artículo 243 del CPACA contra la decisión que rechazó la demanda. Como ese
mecanismo ordinario no fue utilizado, la acción de tutela no satisface el requisito de
subsidiariedad y, por ello, no resulta procedente abordar el estudio de fondo de los

17 De conformidad con los artículos 160 y 306 del CPACA, las partes deben actuar por conducto de abogado,

salvo las excepciones legales, y en lo no regulado por ese código resultan aplicables las disposiciones del
Código General del Proceso. Así, conforme a los artículos 73 a 76 del CGP, el poder puede aceptarse expresa
o tácitamente mediante su ejercicio y permanece vigente mientras no se produzca alguna de las formas
legalmente previstas para su terminación. En particular, cesa con la revocatoria, la designación de un nuevo
apoderado o la renuncia, esta última con efectos cinco días después de presentada al juzgado junto con la
comunicación enviada al poderdante.
18 El reconocimiento del amparo de pobreza no comporta necesariamente la designación de un nuevo

apoderado judicial. Conforme al artículo 154 del CGP, el beneficiario tiene derecho a que se le designe un
abogado que lo represente «salvo que aquel lo haya designado por su cuenta». De este modo, la asignación
de un profesional constituye uno de los efectos del amparo cuando la parte carece de representación judicial,
pero no cuando ya tiene un apoderado constituido. En aplicación de esta regla, esta corporación ha concedido
el amparo sin disponer una nueva designación cuando resulta aplicable aquella salvedad y, en contraste, ha
designado curador ad litem cuando el beneficiario carecía de abogado y precisamente solicitaba que se le
asignara uno. Ver Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, auto del 5 de agosto de 2025, exp.
44001-23-40-000-2022-00126-02 (0976-2024), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar; Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B, auto del 1.º de diciembre de 2022, exp. 11001-03-25-000-2019-00580-00
(4615-2019), M.P. César Palomino Cortés.
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cuestionamientos formulados contra las providencias del 16 de diciembre de 2025
y del 30 de enero de 2026.

3.5. Los derechos de acceso a la administración de justicia y al debido proceso
sin dilaciones injustificadas

3.5.1. Consideración preliminar sobre la naturaleza de la solicitud presentada
por el actor el 3 de marzo de 2026

56. Antes de abordar el análisis de la eventual mora judicial, la Sala considera
necesario precisar la naturaleza del escrito presentado por el señor Pérez Eslava el
3 de marzo de 2026. Aunque el accionante lo denominó «recurso de insistencia, re
acusación (sic), denuncia, nulidad y queja» y en diferentes apartes invocó el
derecho de petición, su contenido estaba dirigido a controvertir el auto del 30 de
enero de 2026, mediante el cual el Tribunal Administrativo del Atlántico rechazó la
demanda de reparación directa, y a obtener decisiones relacionadas directamente
con ese proceso judicial.

57. Por esa razón, la solicitud no se encontraba sometida al régimen general del
derecho de petición previsto en el artículo 23 de la Constitución Política y en la Ley
1755 de 2015. Cuando una persona formula solicitudes ante una autoridad judicial
acerca de asuntos sometidos a su conocimiento jurisdiccional, estas deben
resolverse conforme a las normas procesales que regulan la respectiva actuación.
En tales eventos, la eventual falta de pronunciamiento no compromete, en principio,
el derecho fundamental de petición, sino que puede afectar las garantías al debido
proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia si se traduce en una
dilación injustificada.

58. En consecuencia, el cuestionamiento formulado por el accionante respecto del
escrito del 3 de marzo de 2026 debe examinarse desde la perspectiva de una
eventual mora judicial y no como una vulneración autónoma del derecho
fundamental de petición. Bajo esa premisa, corresponde determinar si el Tribunal
incurrió en una demora injustificada al resolver aquella actuación y, posteriormente,
si la expedición del auto del 22 de mayo de 2026 produjo la superación de la
situación que dio origen a la solicitud de amparo.

3.5.2. La mora judicial y los derechos al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia

59. Según el artículo 228 de la Constitución Política, la administración de justicia
constituye una función pública que se ejerce con autonomía e independencia, a
través de actuaciones de carácter permanente y público en los términos definidos
por la ley. La misma disposición establece que los términos procesales deben
cumplirse diligentemente y que su inobservancia acarrea las consecuencias
previstas por el ordenamiento jurídico. Por su parte, el artículo 229 superior
establece el derecho de toda persona a acceder a la administración de justicia.

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60. La Corte Constitucional ha señalado que la interpretación conjunta de estas
disposiciones involucra una significación «múltiple y compleja» 19. En efecto,
constituye uno de los pilares esenciales del Estado social de derecho 20, tiene el
carácter de derecho fundamental de aplicación inmediata21 y se encuentra
estrechamente vinculado con la garantía del debido proceso, en la medida en que
este último encuentra realización a través de los distintos mecanismos judiciales
previstos para la resolución de controversias22.

61. Como consecuencia de lo anterior, dicha garantía guarda una relación directa
con la materialización de la justicia como valor fundante del orden constitucional y
con la consecución de los fines esenciales del Estado23. Por ello, no solo asegura a
las personas la posibilidad de acudir ante las autoridades judiciales para reclamar
la protección de sus derechos e intereses legítimos, sino que también contribuye a
la preservación del orden jurídico y al fortalecimiento de la convivencia pacífica
dentro de la comunidad24.

62. En ese contexto, el derecho de acceso a la administración de justicia
comprende, entre otros aspectos, la existencia de mecanismos judiciales suficientes
para la solución efectiva de los conflictos; la facultad de acudir ante los jueces
mediante el ejercicio de las acciones y recursos previstos por el ordenamiento; el
derecho a obtener una decisión de fondo sobre las pretensiones formuladas dentro
de un plazo razonable; la existencia de procedimientos idóneos y eficaces para la
definición de las controversias; y la garantía de que las actuaciones judiciales se
desarrollen sin dilaciones injustificadas y con plena observancia de las exigencias
propias del debido proceso25.

63. En efecto, el artículo 29 de la Constitución Política dispone que toda actuación
judicial y administrativa debe adelantarse con observancia del debido proceso,
garantía que comprende, entre otros aspectos, el derecho a que los trámites se
desarrollen sin dilaciones injustificadas. De allí que no baste con asegurar el acceso
formal a la jurisdicción o la posibilidad de promover una actuación judicial, sino que
también resulta indispensable que las autoridades competentes adopten las
decisiones a su cargo dentro de los plazos razonables previstos por el ordenamiento
jurídico.

64. Ahora bien, la jurisprudencia de esta corporación ha precisado que el simple
transcurso del tiempo o el incumplimiento de los términos procesales no conduce,
por sí mismo, a la configuración de una vulneración de los derechos fundamentales
al debido proceso o al acceso a la administración de justicia. La valoración de una
eventual mora judicial exige establecer si la tardanza es atribuible a una conducta
injustificada de la autoridad judicial o si, por el contrario, obedece a circunstancias

19 Corte Constitucional, sentencia SU-081 de 2024, consideración 2.5; sentencia C-1177 de 2005, consideración

2.
20 Corte Constitucional, sentencias SU-081 de 2024, C-037 de 1996.
21 Corte Constitucional, sentencias SU-081 de 2024, C-037 de 1996.
22 Corte Constitucional, sentencias C-1195 de 2001, C-1177 de 2005 y T-550 de 2016.
23 Corte Constitucional, sentencia C-416 de 1994.
24 Corte Constitucional, sentencia C-426 de 2002.
25 Corte Constitucional, sentencia C-1177 de 2005.

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objetivas que razonablemente expliquen la imposibilidad de adoptar una decisión
dentro del término inicialmente previsto26.

65. Así, aunque la regla general impone a los jueces el deber de observar
estrictamente los términos procesales, dicho mandato no tiene carácter absoluto.
En determinados eventos pueden presentarse circunstancias excepcionales que
justifiquen una demora en la adopción de una providencia, siempre que estas se
encuentren debidamente acreditadas y que la autoridad judicial haya actuado con
diligencia y compromiso frente a las cargas propias de su función. En consecuencia,
la verificación de una presunta mora judicial exige un examen casuístico que permita
establecer si la tardanza resulta razonable a la luz de las particularidades del asunto
sometido a consideración.

66. Desde esta perspectiva, la congestión judicial, por sí sola, no constituye una
razón suficiente para exonerar al juez del cumplimiento oportuno de sus deberes
funcionales27. El análisis debe armonizar, de un lado, la necesidad de garantizar la
eficacia de los derechos fundamentales mediante decisiones oportunas y, de otro,
la obligación de que esas decisiones sean adoptadas con el estudio y la
ponderación necesarios para asegurar su conformidad con el ordenamiento jurídico
y los postulados constitucionales. Finalmente, debe recordarse que la acción de
tutela constituye el mecanismo previsto para obtener la protección inmediata de los
derechos fundamentales frente a amenazas o vulneraciones provenientes incluso
de autoridades judiciales, cuando no exista otro medio de defensa judicial idóneo y
eficaz para conjurar la afectación alegada.

3.5.3. La carencia actual de objeto por hecho superado
67. La carencia actual de objeto por hecho superado es una figura propia de la
acción de tutela que se presenta cuando, durante el trámite del proceso
constitucional, desaparece la situación que dio origen a la presunta vulneración o
amenaza de los derechos fundamentales invocados. Su fundamento normativo se
encuentra en el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991, disposición que parte de la
premisa según la cual la intervención del juez constitucional pierde finalidad cuando
la actuación cuestionada cesa, es revocada o resulta superada antes de que se
profiera la decisión de amparo.

68.En desarrollo de dicha previsión, la Corte Constitucional ha señalado que el
hecho superado se configura cuando acontecimientos posteriores a la presentación

26 Entre otras, ver Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 11 de mayo de 2026,

exp. 11001-03-15-000-2026-02693-00, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar; Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, sentencia del 20 de noviembre de 2025, exp. 11001-03-15-000-2025-06665-00, M.P.
Juan Camilo Morales Trujillo; Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 24 de julio de
2025, exp. 11001-03-15-000-2023-05043-01, M.P. Juan Camilo Morales Trujillo; Consejo de Estado, Sección
Primera, sentencia del 12 de junio de 2025, exp. 11001-03-15-000-2025-02591-00, M.P. Nubia Margoth Peña
Garzón; Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2025, exp. 11001-03-
15-000-2025-01318-00, M.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez; Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
B, sentencia del 21 de julio de 2023, exp. 11001-03-15-000-2023-03472-00, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar;
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 22 de abril de 2024, exp. 11001-03-15-000-
2024-01118-00, M.P. Alberto Montaña Plata.
27 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 11 de mayo de 2026, exp. 11001-03-15-

000-2026-02693-00, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
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Accionante: Jorge Antonio Pérez Eslava
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico

de la acción alteran de manera sustancial el supuesto fáctico que sustentaba la
solicitud de protección, de tal forma que desaparece la necesidad de una
intervención judicial orientada a restablecer el derecho invocado.

69. Así ocurre cuando, durante el trámite de la tutela, la autoridad accionada realiza
la conducta cuya ejecución pretendía obtener el actor o adopta las medidas
necesarias para superar la situación denunciada, pues en tales eventos cualquier
orden de protección carecería de utilidad práctica al haber desaparecido la causa
que justificaba la intervención del juez constitucional28.

70. Bajo tal entendimiento del asunto, la jurisprudencia constitucional ha
identificado tres elementos para verificar la configuración del hecho superado: (i)
que al momento de interponerse la acción exista una situación que amenace o
vulnere un derecho fundamental; (ii) que durante el trámite de la tutela desaparezca
la circunstancia que dio origen a dicha afectación; y (iii) que la pretensión perseguida
mediante el amparo resulte satisfecha antes de la expedición del fallo. Cuando
concurren estos presupuestos, corresponde declarar la carencia actual de objeto
por hecho superado, en tanto la garantía cuya protección se reclamaba ha sido
restablecida y la adopción de una orden de amparo carece de finalidad material29.

3.6. Análisis del asunto concreto

71. En el presente asunto está acreditado que el señor Pérez Eslava presentó el 3
de marzo de 2026 un escrito mediante el cual controvirtió el auto que había
rechazado la demanda de reparación directa y formuló distintas solicitudes
relacionadas con esa actuación judicial. Al momento de promover la acción de
tutela, dicha petición se encontraba pendiente de pronunciamiento, circunstancia
que el accionante identificó como una de las causas de la vulneración de sus
derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

72. No obstante, durante el trámite de la acción constitucional, el Tribunal
Administrativo del Atlántico profirió el auto del 22 de mayo de 2026 30, mediante el
cual se pronunció sobre los escritos presentados el 3 y el 16 de marzo anteriores.
En esa decisión se abstuvo de darles trámite por falta de derecho de postulación y
precisó, además, que los recursos formulados contra el auto del 30 de enero de
2026 habían sido presentados extemporáneamente. De esta manera, la autoridad
judicial emitió el pronunciamiento cuya ausencia había motivado, en este aspecto,
el ejercicio de la acción de tutela.

28 Corte Constitucional, sentencias T-817 de 2005, SU-047 de 2007, T-047 de 2016 y T-038 de 2019. Consejo

de Estado, Sección Primera, sentencia de 16 de agosto de 2018, exp. 11001-03-15-000-2018-01907-00, M.P.
Oswaldo Giraldo López. Ver también Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 12 de junio de 2025,
op. cit.
29 Corte Constitucional, sentencias T-093 de 2005, T-137 de 2005, T-753 de 2005, T-760 de 2005, T-780 de

2005, T-045 de 2008 y T-431 de 2007. Ver también Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B,
sentencia del 22 de abril de 2024, exp. 11001-03-15-000-2024-01118-00, op. cit.
30 En Samai, exp. 08001-23-33-000-2017-00295-00, índice 46, certificado 93A4B4F2481E6887
DABEF744302406E8 48E310F66D06AB72 E1A5076C4BC66D25.
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Accionante: Jorge Antonio Pérez Eslava
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico

73. En tales condiciones, carece de objeto determinar si el tiempo transcurrido hasta
la expedición de esa providencia alcanzó a configurar una dilación judicial
constitucionalmente injustificada. En efecto, para el momento en que se profirió la
sentencia de primera instancia ya había desaparecido la omisión que el accionante
atribuía al Tribunal, de modo que cualquier orden encaminada a obtener una
decisión sobre el escrito del 3 de marzo de 2026 habría resultado inocua. La
valoración constitucional de la mora tiene por finalidad establecer si resulta
necesaria una intervención del juez de tutela para obtener el cumplimiento oportuno
de una actuación judicial pendiente, finalidad que había desaparecido para
entonces.

74. Por lo demás, la circunstancia de que el auto del 22 de mayo de 2026 no hubiera
acogido las solicitudes del accionante no impide la configuración del hecho
superado. La garantía cuya protección podía reclamarse frente a la falta de
pronunciamiento consistía en que la autoridad judicial resolviera la actuación
sometida a su conocimiento conforme a las reglas procesales aplicables, mas no en
obtener una decisión favorable. Las inconformidades que pudieran suscitarse
respecto del contenido de esa providencia constituyen una cuestión distinta de la
mora judicial examinada en este apartado.

75. En consecuencia, como durante el trámite de la tutela el Tribunal Administrativo
del Atlántico resolvió el escrito cuya falta de pronunciamiento sustentaba este
aspecto de la solicitud de amparo, la Sala confirmará la declaración de carencia
actual de objeto por hecho superado efectuada en la sentencia impugnada.

4. Conclusiones

76. La acción de tutela no satisface el requisito de subsidiariedad respecto de las
providencias del 16 de diciembre de 2025 y del 30 de enero de 2026, pues contra
esta última procedía el recurso de apelación previsto en el numeral 1º del artículo
243 del CPACA y dicho mecanismo no fue agotado. Aunque el accionante había
solicitado en reiteradas oportunidades el amparo de pobreza, en el expediente no
obra renuncia, revocatoria o terminación del poder conferido al abogado Electo
Vicente Casalins Consuegra y, por el contrario, este intervino nuevamente como
apoderado en abril de 2024. En consecuencia, no se acreditó que el señor Pérez
Eslava hubiera estado jurídicamente imposibilitado para ejercer el medio ordinario
de defensa disponible.

77. Por otra parte, respecto del escrito presentado el 3 de marzo de 2026, la Sala
concluye que se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado. En
efecto, (i) al momento de interponerse la tutela se encontraba pendiente el
pronunciamiento sobre dicha actuación judicial; (ii) durante el trámite constitucional,
el Tribunal Administrativo del Atlántico profirió el auto del 22 de mayo de 2026,
mediante el cual se pronunció sobre los escritos del 3 y 16 de marzo anteriores; y
(iii) con esa decisión desapareció la omisión que sustentaba este aspecto de la
solicitud de amparo.
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Accionante: Jorge Antonio Pérez Eslava
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico

5. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Modificar el ordinal tercero de la sentencia del 18 de junio de 2026,
proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, en el sentido de declarar
improcedente la acción de tutela respecto de las providencias del 16 de diciembre
de 2025 y del 30 de enero de 2026, pero solamente por el incumplimiento del
requisito de subsidiariedad, de conformidad con las razones expuestas en esta
providencia. Confirmar dicho ordinal en cuanto declaró improcedente el amparo
respecto del derecho fundamental de petición.

Segundo: Confirmar el ordinal cuarto de la sentencia impugnada, que declaró la
carencia actual de objeto por hecho superado respecto del escrito presentado por
Jorge Antonio Pérez Eslava el 3 de marzo de 2026, por las razones expuestas en
esta providencia.

Tercero: Confirmar en lo demás la sentencia impugnada.

Cuarto: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.

Quinto: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,

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conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.

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