Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02693-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02693-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-02693-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
11 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., once (11) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02693-00
Demandante: Yeison Javier Díaz Cifuentes
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B
Temas: Debido proceso y acceso a la administración de justicia sin
dilaciones injustificadas / Impulso procesal en el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho
Decisión: Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
_____________________________________________________________________
La Sala decide la solicitud formulada por Yeison Javier Díaz Cifuentes, en ejercicio de
la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, y desarrollada
en los decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud1
1. Yeison Javier Díaz Cifuentes promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales de petición, al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, al mínimo vital, a la salud, al trabajo, a la vida digna y a la
estabilidad reforzada, los cuales consideró vulnerados con ocasión de la mora en que
ha podido incurrir el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B para resolver el recurso de apelación presentado contra la sentencia de
primera instancia en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
11001333501920180042400/01.
2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:
2.1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
presentó demanda contra de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional y Policía
1 Ver índice 2 de Samai, archivo denominado «8ED_Demanda(.pdf) NroActua 2».
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Nacional, con la finalidad de cuestionar la legalidad de los actos administrativos
mediante los cuales se le retiró del servicio activo por disminución de su capacidad
psicofísica.
2.2. El Juzgado Diecinueve Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá en
providencia del 25 de agosto de 2022 accedió a las pretensiones de la demanda al
considerar que contaba con aptitudes para desempeñar labores administrativas dentro
de la institución, razón por la cual podía ser reubicado en un área en la que pudiera
desarrollar actividades. En contra de esta decisión la parte demandada presentó
recurso de apelación.
2.3. La autoridad judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales con
ocasión de la falta de impulso procesal en el referido medio de control, para decidir
la controversia, pues desde el 29 de agosto de 2025 se registró proyecto de
sentencia, sin que se haya proferido decisión definitiva, pese a los diferentes
impulsos procesales y solicitudes de prelación de fallo que han sido presentados.
1.1.1. Pretensiones
3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:
«[…] 1. AMPARAR mis derechos fundamentales.
2. ORDENAR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca:
a) Dar respuesta de fondo, clara y motivada a la solicitud de impulso procesal y prelación
constitucional.
b) Evaluar mi situación de vulnerabilidad y adoptar medidas de priorización del fallo.
c) Resolver el recurso de apelación dentro de un término perentorio.
3. ADOPTAR cualquier otra medida que garantice la protección efectiva de mis derechos.
[…]» [sic].
1.2. Informes rendidos en el proceso
4. La Policía Nacional 2 solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la
causa por pasiva al considerar que no tuvo relación con los hechos planteados en el
escrito de tutela y las respectivas pretensiones.
5. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B3 si bien allegó copia digital del expediente, guardó silencio frente a la
petición de amparo.
2. Consideraciones
6. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas
que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el
2 Ver índice 9 de Samai, actuación denominada «20RECIBEMEMORIAL_GS2026010975SEGEN(.pdf)
NroActua 9».
3
Ver índice 14 de Samai. Archivo denominado «28RECIBEPRUEBAS_11001333501920180042(.zip)
NroActua 14».
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siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) cuestión previa – falta de legitimación
en la causa por pasiva; iii) determinación del problema jurídico; iv) procedencia de la
solicitud de tutela - derechos de acceso a la administración de justicia y del debido
proceso sin dilaciones injustificadas; y v) análisis de la Sala.
2.1. Competencia
7. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y
37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el 1° del Decreto 333 del 6 de abril
de 20214 esta Sala es competente para conocer de la solicitud de amparo contra el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B.
2.2. Cuestión previa – falta de legitimación en la causa por pasiva
8. El artículo 86 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene derecho
a presentar solicitud de tutela para reclamar ante los jueces, por sí misma o por quién
actúe en su nombre, la protección de sus derechos constitucionales fundamentales
cuandoquiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión
de cualquier autoridad pública o de los particulares, tal como lo señala el artículo 13 del
Decreto 2591 de 1991:
Artículo 13. Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. La acción se dirigirá
contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o
amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de
órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la
acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De
ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el
superior.
9. La Corte Constitucional5 en lo que a la legitimación en la causa por pasiva en los
trámites de solicitudes de tutela se refiere, ha considerado:
«[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la
persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder por la
vulneración o amenaza del derecho fundamental6. En la medida que refleja la calidad
subjetiva de la parte demandada “en relación con el interés sustancial que se discute en el
proceso”7, la misma, en principio, no se predica del funcionario que comparece o es citado
al proceso, sino de la entidad accionada, quien finalmente será la llamada a responder por
la vulneración del derecho fundamental, en caso de que haya lugar a ello.
Debe tenerse en cuenta que la acción de tutela está orientada, entre otros principios, por los
de informalidad y efectividad del derecho, de manera que el juez constitucional “debe dar
primacía al derecho sustancial y recordar que toda exigencia que pretenda limitar o dificultar
el uso de la acción de tutela, su trámite o su resolución, fuera de las simples condiciones
plasmadas en la Constitución y en la ley, desconoce la Carta Fundamental.”8 Ello obliga, por
tanto, a remover los obstáculos puramente formales (oficiosidad) y a interpretar la demanda
de una forma tal que se favorezca la protección del derecho fundamental, sin perjuicio de
4 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela.
5 Sentencia T-1015/2006. MP. Álvaro Tafur Galvis.
6 Sentencia T-025 de 1995. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
7 Sentencia T-416 de 1997 M.P. Antonio Barrera Carbonell.
8 Sentencia T-379 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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las garantías procesales de quien es demandado. […]».
10. La Policía Nacional solicitó su desvinculación del asunto al considerar que no
se le atribuyó la trasgresión que dio lugar a la interposición de la petición de amparo.
11. Respecto de lo anterior, la Sala aclara que, su vinculación al presente asunto fue
en calidad de tercero con interés, al ser la entidad demandada dentro del medio de
control en cuestión, y en aras de salvaguardar sus derechos de defensa y contradicción,
razón por la cual se negará su solicitud.
2.3. Problema jurídico
12. De acuerdo con el escrito de tutela, la Sala deberá definir: ¿si en el presente
asunto se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado con ocasión de la
sentencia proferida el 29 de agosto de 20259 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B?
2.4. Procedencia de la solicitud de tutela
13. El artículo 86 constitucional señala que: «[…] [e]sta acción solo procederá cuando
el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]». A su vez, el artículo 6 del
Decreto 2591 de 1991 dispone las causales de improcedencia de la solicitud de
amparo:
«[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de
dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante. […]»
14. Como se observa, la solicitud de tutela es de carácter subsidiario y así lo ha
definido la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia10, es decir, no es un
mecanismo de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios
ordinarios previstos por el legislador para el amparo de un derecho y tampoco
constituye un último y único medio judicial para alegar la amenaza o vulneración de un
derecho, pues es la tutela el mecanismo preferente de protección de los derechos
fundamentales, cuyo ejercicio conduce a la obtención de un amparo efectivo e
inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o vulneren.
2.4.1. Derechos de acceso a la administración de justicia y del debido proceso sin
dilaciones injustificadas
15. El artículo 228 de la Constitución Política define el acceso a la administración de
justicia como una función pública relacionada directamente con los fines del Estado 11,
pues solo en la medida en que se garantice a los integrantes del país una instancia
9 Registrada el 20 de abril de 2026 y notificada el 23 siguiente.
10 Ver, entre muchas otras, las sentencias: T-1140 de 2004, T-1093 de 2004, T-514 de 2003 y T-1121 de
2003.
11 Artículo 2 de la Constitución Política
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imparcial, objetiva y efectiva encargada de la resolución pacífica de sus conflictos se
puede pretender la consecución de una república democrática y respetuosa de la
dignidad humana.
16. Por su parte, el artículo 229 ibidem determinó que la administración de justicia no
se es un mero servicio a cargo del Estado, sino que también goza de una dimensión de
naturaleza subjetiva, es decir, es un derecho fundamental radicado en cabeza de todos
los habitantes del país.
17. Frente a la procedencia de la solicitud de tutela para proteger el derecho de
acceso a la administración de justicia ha señalado la Corte Constitucional12:
«[…] Ahora bien, conforme a la jurisprudencia de esta Corporación, el derecho a acceder a
la justicia tiene una significación múltiple y compleja. De manera reiterada, ha sostenido esta
Corte, que el derecho a acceder a la justicia es un pilar fundamental del Estado Social de
Derecho y un derecho fundamental de aplicación inmediata, que forma parte del núcleo
esencial del debido proceso.
[…]
En cuanto a lo segundo, atendiendo a su importancia política, la jurisprudencia constitucional
le ha reconocido al acceso a la administración de justicia el carácter de derecho fundamental
de aplicación inmediata, integrándolo a su vez con el núcleo esencial del derecho al debido
proceso, y relacionándolo con otros valores constitucionales como la dignidad, la igualdad y
la libertad. Por virtud de tal vinculación, el acceso a la administración de justicia adquiere un
amplio y complejo marco jurídico de aplicación que compromete los siguientes
ámbitos: (i) el derecho a que subsistan en el orden jurídico una gama amplia y suficiente de
mecanismos judiciales -acciones y recursos- para la efectiva resolución de los
conflictos; (ii) el derecho de acción o de promoción de la actividad jurisdiccional, el cual se
concreta en la posibilidad que tiene todo sujeto de ser parte en un proceso y de utilizar los
instrumentos que allí se proporcionan para plantear sus pretensiones al Estado, sea en
defensa del orden jurídico o de sus intereses particulares; (iii) el derecho a que la promoción
de la actividad jurisdiccional concluya con una decisión de fondo en torno a las pretensiones
que han sido planteadas, y que ella se produzca dentro de un plazo razonables; (iv) el
derecho a que existan procedimientos adecuados, idóneos y efectivos para la definición de
las pretensiones y excepciones debatidas; (iv) el derecho a que los procesos se desarrollen
en un término razonable, sin dilaciones injustificadas y con observancia de las garantías
propias del debido proceso. […]».
18. Por su parte, tratándose de la jurisdicción contencioso-administrativa el derecho
en cuestión adquiere connotaciones especiales dada su naturaleza rogada, sin
embargo, todos los requisitos formales del derecho de acción deben ser entendidos y
analizados en la medida en que con ellos se protejan derechos sustanciales de las
partes, como el debido proceso.
19. Asimismo, el artículo 29 de la Constitución Política dispone que toda persona
tiene derecho a un debido proceso sin dilaciones injustificadas. De esa manera, además
del derecho a acceder a una respuesta judicial, ello se debe producir en un plazo
adecuado.
20. La razonabilidad de ese plazo fue establecida por el legislador mediante la
definición de los términos procesales, los cuales resultan de obligatorio cumplimiento;
12 Sentencia C-177 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño
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de otra forma, la oportunidad para solucionar una controversia quedaría al arbitrio de
cada funcionario, afectándose no solo el derecho al recurso judicial efectivo sino los
bienes que se pretendan proteger en el proceso, incluido el de la igualdad de todas las
personas que acuden a la administración de justicia en procura de una solución pacífica
a las controversias sociales.
21. Sin embargo, no toda tardanza o incumplimiento de un término judicial constituye
una vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia, ello dependerá de que resulte injustificada. En ese orden de
ideas, si bien la regla general es que los jueces cumplan los términos rigurosamente,
pueden configurarse excepciones a ese deber, siempre que se encuentren
suficientemente motivadas, las cuales deberán ser analizadas en el marco de cada
caso, y solo serán aceptables cuando, a pesar de la diligencia y celeridad del juez,
existan hechos imprevisibles o insuperables que le impidan cumplirlos.
22. En ese sentido, la congestión judicial no es, por sí sola, motivo suficiente para
relevar al juez de su deber de definir los procesos dentro de los términos previstos por
el legislador. Es preciso que el análisis de una situación específica de mora judicial
tome en cuenta, de una parte, la importancia del cumplimiento de los plazos procesales
para la eficacia de los derechos fundamentales y, de otra, las eventuales circunstancias
de justificación de una tardanza determinada y la necesidad de que las sentencias o
decisiones, en general, se adopten de manera oportuna y que sean materialmente
justas y acordes con las normas legales y los principios constitucionales.
23. Finalmente, es oportuno recordar que la solicitud de tutela procede contra toda
actuación que amenace o vulnere derechos fundamentales, siempre que no haya otro
recurso idóneo y efectivo en el ordenamiento para su protección, incluidas aquellas
propias de las autoridades judiciales.
2.5. Análisis de la Sala
24. Yeison Javier Díaz Cifuentes promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales, y, en consecuencia, se ordenara al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B decidir en segunda
instancia el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
11001333501920180042401.
25. De conformidad con la información registrada en Samai13, se destacan las
siguientes actuaciones:
25.1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
presentó demanda en contra de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional y Policía
Nacional, con la finalidad de cuestionar la legalidad de los actos administrativos
mediante los cuales se le retiró del servicio por disminución de su capacidad psicofísica.
25.2. El Juzgado Diecinueve Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá en
13 Ver en Samai el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con radicado
11001333501920180042401.
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sentencia del 25 de agosto de 2022 accedió a las pretensiones de la demanda al
considerar que contaba con aptitudes para desempeñar labores administrativas dentro
de la institución, razón por la cual podía ser reubicado en un área en la que pudiera
desarrollar actividades. En contra de esta decisión la parte demandada presentó
recurso de apelación.
25.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
B en providencia del 15 de diciembre de 2023 admitió el recurso de apelación.
25.4. En sentencia del 29 de agosto de 2025 resolvió modificar el numeral tercero
de la sentencia de primera instancia, en los siguientes términos:
25.5. La anterior decisión fue notificada el 23 de abril de 2026, como se evidencia:
26. Tal como quedó acreditado, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B resolvió el recurso de apelación presentado por la
entidad demandada contra la decisión de primera instancia, mediante la sentencia del
29 de agosto de 202514, lo cual ocurrió posterior a la radicación de la solicitud de tutela
(9 de abril de 2026).
14 Se aclara que, de conformidad con la información registrada en Samai dicha providencia tiene fecha
de registro del 20 de abril 2026 y fue notificada el 23 siguiente.
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27. A juicio de la Sala, en el presente asunto se configuró la carencia actual de objeto
por hecho superado, pues, durante el trámite de la solicitud de amparo, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B atendió la solicitud
de la parte demandante (20 de abril de 2026).
27.1. La Corte Constitucional en sentencia T-038 de 201915, respecto del fenómeno
jurídico de la carencia actual de objeto por hecho superado, señaló:
«[…] Este escenario se presenta cuando entre el momento de interposición de la acción de
tutela y el fallo, se evidencia que como consecuencia del obrar de la accionada, se superó o
cesó la vulneración de derechos fundamentales alegada por el accionante. Dicha superación
se configura cuando se realizó la conducta pedida (acción u abstención) y, por tanto, terminó
la afectación, resultando inocua cualquier intervención del juez constitucional en aras de
proteger derecho fundamental alguno, pues ya la accionada los ha garantizado […]».
3. Decisión
28. En este orden de ideas, quedó superada la vulneración alegada por Yeison
Javier Díaz Cifuentes de forma que la Sala declarará la carencia actual de objeto por
hecho superado, en la solicitud presentada contra Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B.
29. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad
de la ley,
F A L L A:
Primero. Negar la solicitud de desvinculación de la Policía Nacional.
Segundo. Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, en la solicitud de
tutela presentada por Yeison Javier Díaz Cifuentes contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B.
Tercero. Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591
de 1991.
Cuarto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
15 M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
LVLQ
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente
documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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