República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-06172-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
31 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06172-00 (9752)
Accionante: Transportes Erposar Ltda.
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta
Tema: acción de tutela por acción u omisión de autoridad pública. Subtema 1: mora
judicial. Subtema 2: carencia actual de objeto. Subtema 3: hecho superado.
Sentencia de primera instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la acción de tutela interpuesta por Transportes Erposar Ltda. contra el Tribunal
Administrativo del Meta, por presunta mora judicial.
1. Síntesis del caso
La sociedad Transportes Erposar Ltda. interpuso acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo del Meta, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia, con ocasión de la
presunta falta de trámite e impulso procesal del incidente de liquidación de perjuicios
promovido dentro del medio de control de reparación directa radicado con el núm.
50001-23-33-000-2013-00201-00, en el cual se profirió condena en abstracto a su
favor.
2. Antecedentes
2.1. Hechos relevantes
1.
A partir del escrito de tutela1 y de los demás elementos aportados por las partes
al trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:
2.
Transportes Erposar Ltda. promovió el medio de control de reparación directa
contra la Nación-Fiscalía General de la Nación, con el propósito de obtener la
1
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-06172-00, índice 2, certificado CF971D8A448CF728
E2BB8C39A1AB8780 CEA2AC4A462C1C02 7F4923DA080AAC7E.
1
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06172-00 (9752)
Accionante: Transportes Erposar Ltda.
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta
reparación de los perjuicios derivados de la pérdida de dos vehículos
tractocamiones de su propiedad que habían quedado bajo custodia de esa entidad.
Mediante sentencia del 20 de octubre de 2015, el Tribunal Administrativo del Meta
declaró la responsabilidad patrimonial de la demandada y dispuso que los perjuicios
materiales por daño emergente y lucro cesante se determinaran a través del trámite
incidental.
3.
La Fiscalía General de la Nación interpuso recurso de apelación contra esa
decisión. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante
sentencia del 6 de julio de 2022, confirmó el fallo de primera instancia. El expediente
regresó al Tribunal Administrativo del Meta el 15 de septiembre de 2022 y, según el
registro de actuaciones2, el 31 de octubre siguiente ingresó al despacho del
magistrado que tenía a su cargo el proceso.
4.
El 9 de diciembre de 2022 se incorporó al expediente el memorial por medio del
cual Transportes Erposar Ltda. promovió el incidente de liquidación de perjuicios.
Con la solicitud aportó, entre otros elementos, dos dictámenes periciales dirigidos a
establecer la cuantía de la condena: uno relativo al valor comercial de vehículos de
características similares a los que dieron origen al proceso y otro destinado a
determinar el lucro cesante reclamado por la sociedad3.
5.
Mediante auto del 7 de febrero de 20244, el Tribunal Administrativo del Meta
dispuso obedecer y cumplir la sentencia del Consejo de Estado. En esa misma
providencia ordenó a la Secretaría de la corporación que, dentro de los diez días
siguientes, digitalizara en su integridad el expediente físico, lo incorporara a la
plataforma Samai y lo remitiera inmediatamente al despacho para adoptar la
decisión correspondiente respecto del incidente. La digitalización quedó registrada
el 7 de marzo de 2024 y el expediente ingresó al despacho al día siguiente.
6.
El 9 de julio de 2024 la apoderada de Transportes Erposar Ltda. presentó una
solicitud de impulso procesal. Posteriormente, mediante auto del 31 de julio del
mismo año, el Tribunal requirió a la parte demandante para que aportara la
constancia de ejecutoria de la sentencia del 6 de julio de 2022. El 6 de agosto de
2024 la apoderada atendió el requerimiento y la Secretaría de la Sección Tercera
del Consejo de Estado también incorporó la certificación correspondiente. El
expediente ingresó nuevamente al despacho el 13 de septiembre de 20245.
7.
El 2 de octubre de 2024 el Tribunal corrió traslado a la Fiscalía General de la
Nación, por el término de tres días, del incidente de liquidación de la condena en
abstracto. La providencia se notificó por estado electrónico del 3 de octubre
siguiente y, vencido el término, la entidad demandada no se pronunció dentro del
2
Samai, exp. 50001-23-33-000-2013-00201-00.
3
Esto se relaciona en el auto del 19 de agosto de 2026, proferido por el Tribunal Administrativo del Meta. En
Samai, exp. 50001-23-33-000-2013-00201-00, índice 37, certificado E6C07007CE7DAE0B
66BDED56385B6655 2C092E88A19807E1 BC87986ABE22C5D4.
4
Samai, exp. 50001-23-33-000-2013-00201-00, índice 7, certificado B6D34F9E69956488 BFB020385D47829A
54B866E2310F4F3A 715D12783880056F.
5
Información tomada de los documentos allegados por la apoderada de la parte actora con la solicitud de tutela.
Ver Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-06172-00, índice 2, certificado CF971D8A448CF728
E2BB8C39A1AB8780 CEA2AC4A462C1C02 7F4923DA080AAC7E.
2
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06172-00 (9752)
Accionante: Transportes Erposar Ltda.
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta
término de traslado. El 8 de noviembre de 2024 la Secretaría ingresó otra vez el
expediente al despacho del magistrado, con la constancia de que se había cumplido
lo dispuesto en el auto que ordenó el traslado6.
8.
Después del ingreso del expediente al despacho el 8 de noviembre de 2024, y
según el historial de actuaciones, la apoderada de la sociedad presentó nuevos
memoriales, así: el 19 de febrero de 2026 allegó dos escritos relacionados con una
cuenta de cobro; el 15 de mayo siguiente solicitó que no fueran tenidos en cuenta
y, el 12 de junio de 2026, presentó una actualización de la liquidación. Durante ese
período, el registro de actuaciones de Samai no da cuenta de la expedición de una
nueva providencia judicial dentro del incidente.
9.
Ante la falta de resolución del incidente, Transportes Erposar Ltda., por
conducto de apoderada judicial, promovió acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo del Meta el 5 de agosto de 2026.
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
10.
La sociedad accionante sostuvo que el Tribunal Administrativo del Meta incurrió
en mora judicial injustificada en el trámite del incidente de liquidación de perjuicios.
A su juicio, esa dilación desconoce el derecho fundamental al debido proceso, en
particular la garantía de obtener una decisión dentro de un plazo razonable y sin
dilaciones injustificadas, así como el deber de las autoridades judiciales de dar
cumplimiento oportuno a las providencias y hacer efectiva la sentencia.
11.
También afirmó que la falta de definición del incidente vulnera su derecho de
acceso a la administración de justicia. Explicó que esta garantía no se satisface con
la sola expedición de una sentencia favorable, sino que comprende su efectiva
materialización, lo que en este caso requiere la liquidación de las sumas
reconocidas en abstracto. Por ello, consideró que la ausencia de una decisión
impide hacer efectivo el derecho reconocido judicialmente y prolonga de manera
continuada la afectación alegada.
12.
Por lo anterior, solicita las siguientes pretensiones:
PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al Debido Proceso y al Acceso a la
Administración de Justicia de la empresa TRANSPORTES ERPOSAR LTDA.
2º.- ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META que, en un término no
mayor a cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación del fallo,
resuelva de fondo y de manera preferente la solicitud de Incidente de Liquidación de
Perjuicios dentro del proceso de Reparación Directa Rad. 50001 23 33 000 2013 00201
00.
6
Tribunal Administrativo del Meta, auto del 19 de agosto de 2026, en Samai, exp. 50001-23-33-000-2013-
00201-00, índice 37, certificado E6C07007CE7DAE0B 66BDED56385B6655 2C092E88A19807E1
BC87986ABE22C5D4.
3
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Accionante: Transportes Erposar Ltda.
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3º. ORDENAR la remisión inmediata y prioritaria del expediente digitalizado a través
de la plataforma SAMAI para evitar que las cargas administrativas internas
continúen vulnerando los derechos del ejecutante.
2.3. Trámite procesal
13.
Mediante auto del 10 de agosto de 20267, el despacho admitió la acción de
tutela promovida por Transportes Erposar Ltda. contra el Tribunal Administrativo del
Meta y vinculó como terceros con interés a la Fiscalía General de la Nación y a la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado. Asimismo, ordenó
notificar a las partes y vinculados para que intervinieran dentro de los tres días
siguientes, tuvo como pruebas los documentos aportados con la solicitud de amparo
y requirió la remisión digital del expediente ordinario. Finalmente, reconoció
personería a la apoderada de la accionante y dispuso mantener el expediente en
Secretaría hasta el cumplimiento de los requerimientos y plazos señalados, con
suspensión de los términos de la acción constitucional.
2.4. Intervenciones
2.4.1. Informe presentado por la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado
14.
La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante
documento fechado el 12 de agosto de 20268, solicitó su desvinculación del trámite
constitucional. Explicó que la presunta vulneración se atribuye exclusivamente a la
falta de trámite del incidente de liquidación de perjuicios por parte del Tribunal
Administrativo del Meta y que esa Corporación no tiene injerencia en dicha
actuación. Precisó que su competencia únicamente podría activarse frente a una
eventual apelación contra el auto que resuelva la liquidación de la condena en
abstracto.
2.4.2. Informe presentado por la Fiscalía General de la Nación
15.
A través de memorial radicado el 14 de agosto de 20269, la Fiscalía General de
la Nación solicitó declarar su falta de legitimación en la causa por pasiva y la
improcedencia de la acción respecto de esa entidad. Señaló que la conducta
cuestionada corresponde al Tribunal Administrativo del Meta, autoridad encargada
de sustanciar y resolver el incidente, por lo que no existe relación causal entre una
actuación u omisión de la Fiscalía y la vulneración alegada. Agregó que la
configuración de una mora judicial injustificada debe establecerse a partir de las
circunstancias particulares del caso.
7
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-06172-00, índice 4, certificado 354D5CBE74B8D4AB
D89A1D97F9E89806 7BEB3141DB6AE0D5 1883E8C91954379F.
8
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-06172-00, índice 11, certificado FA96C3231B4151D8
86A6EB48E6AEED58 08523403E7698F5D 71647692B87B589B.
9
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-06172-00, índice 14, certificado 1D17A1A248ACCE78
8CBAAE342B5D95FF 6C6D82E0673B63C7 B99CA36AD5AC5B7F.
4
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06172-00 (9752)
Accionante: Transportes Erposar Ltda.
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta
2.4.3. Contestación de la tutela por el Tribunal Administrativo del Meta
16.
Mediante memorial radicado el 18 de agosto de 202610, el Tribunal
Administrativo del Meta solicitó negar las pretensiones de la tutela. Expuso las
actuaciones adelantadas desde la presentación del incidente y señaló que la
demora obedeció, entre otras circunstancias, al proceso de digitalización del
expediente, los cambios de magistrados ocurridos en el despacho, la asignación
temporal de funcionarios y el elevado volumen de procesos bajo su conocimiento.
Indicó que el magistrado titular se posesionó el 15 de julio de 2026 y recibió un
inventario de 875 expedientes, de los cuales 702 se encontraban pendientes de
decisión de fondo y 173 en trámite posterior.
17.
Por otra parte, a través de un escrito posterior, radicado el 25 de agosto de
202611, el Tribunal informó que el 19 de agosto de 2026 profirió auto dentro del
incidente de liquidación de condena, mediante el cual decretó los medios de prueba
aportados y fijó fecha para la audiencia de contradicción de los dictámenes
periciales. Precisó que esa providencia fue notificada por estado el 20 de agosto
siguiente. Con fundamento en esa actuación, reiteró la solicitud de negar el amparo
y, subsidiariamente, pidió declarar la carencia actual de objeto por hecho superado.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
18.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y
en el Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer, en primera
instancia, la acción de tutela interpuesta por Transportes Erposar Ltda. contra el
Tribunal Administrativo del Meta, mediante la cual se cuestiona la presunta mora
judicial en el trámite del incidente de liquidación de perjuicios promovido dentro del
medio de control de reparación directa radicado con el núm. 50001-23-33-000-2013-
00201-00.
3.2. Legitimación en la causa
19.
La legitimación en la causa por activa de Transportes Erposar Ltda. se
encuentra acreditada, por cuanto es la sociedad beneficiaria de la condena en
abstracto cuyo incidente de liquidación se encuentra pendiente de definición y, por
conducto de apoderada judicial, promovió la presente acción constitucional en
defensa de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia que estima vulnerados por la demora atribuida a la
autoridad judicial accionada.
10
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-06172-00, índice 15, certificado 71DDEBB2613EDBC9
929B1F829AB29B83 1F9EF842DFB996AE AC49CC1EB75794EB.
11
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-06172-00, índice 17, certificado AACB521CE650D0EF
5F8B285F1623F5AF B587C8002520A78E 06C1DDACAB62397C.
5
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20.
Igualmente, está demostrada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo del Meta, debido a que es la autoridad judicial encargada de
sustanciar y resolver el incidente de liquidación de perjuicios y a la que la accionante
atribuye directamente la presunta vulneración de sus derechos fundamentales. En
efecto, el reproche constitucional se sustenta en la falta de impulso y decisión
oportuna de esa actuación procesal.
21.
La Fiscalía General de la Nación fue vinculada en calidad de tercero con interés,
en atención a que ostenta la condición de parte demandada dentro del medio de
control de reparación directa y es la entidad destinataria de la condena cuya
cuantificación se pretende a través del incidente. Por tanto, la decisión que se
adopte respecto de su trámite puede incidir en sus intereses jurídicos y
patrimoniales, sin que ello suponga atribuirle responsabilidad por la mora judicial
alegada.
22.
Distinta es la situación de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, pues dejando a salvo lo relacionado con el trámite del recurso de
apelación que eventualmente se interponga contra el auto mediante el cual se
liquide la condena en abstracto, esa autoridad no tiene injerencia en la sustanciación
ni en la decisión del incidente de liquidación de perjuicios, actuación que
corresponde al Tribunal Administrativo del Meta. Por tanto, frente a la falta de trámite
que acusa la accionante, y como lo destaca dicha Subsección en su contestación,
existe una imposibilidad jurídica de considerar que ese despacho haya amenazado
o vulnerado los derechos fundamentales invocados en la solicitud de amparo. En
consecuencia, se dispondrá su desvinculación del presente trámite constitucional.
3.3. Problemas jurídicos
23.
¿El Tribunal Administrativo del Meta vulneró los derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia de Transportes Erposar
Ltda., al incurrir en mora judicial injustificada en el trámite del incidente de
liquidación de perjuicios promovido dentro del medio de control de reparación
directa radicado con el núm. 50001-23-33-000-2013-00201-00?
24.
¿Las actuaciones adelantadas por esa autoridad con posterioridad a la
presentación de la acción de tutela permiten declarar la carencia actual de objeto
por hecho superado?
25.
Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala verificará, en primer lugar,
la procedencia de la acción de tutela en el caso concreto. Posteriormente, expondrá
las reglas jurisprudenciales relativas a la protección de los derechos fundamentales
al debido proceso y de acceso a la administración de justicia frente a eventuales
dilaciones injustificadas en la actividad judicial, así como aquellas relacionadas con
la configuración de la carencia actual de objeto por hecho superado.
26.
Finalmente, con fundamento en tales criterios, examinará las actuaciones
surtidas después del incidente de liquidación de perjuicios promovido por la parte
6
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actora dentro del proceso 50001-23-33-000-2013-00201-00, con el fin de determinar
si se configuró la vulneración alegada por la accionante o si, por el contrario, la
situación que motivó la interposición de la tutela fue superada durante el trámite
constitucional.
3.4. Procedencia de la acción de tutela
27.
La presente acción de tutela es procedente porque está orientada a garantizar
el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia. Además, como quedó claro, se acreditó la legitimación
tanto activa como pasiva.
28.
Adicionalmente, la Sala encuentra satisfechos los requisitos de subsidiariedad
e inmediatez. En cuanto al primero, se advierte que la accionante no disponía de
otro mecanismo judicial idóneo y eficaz que permitiera obtener la pronta superación
de la omisión alegada y la adopción de la decisión procesal que echó de menos.
29.
De igual manera, se cumple el requisito de inmediatez, pues la solicitud de
amparo fue promovida frente a una situación que la actora consideró actual y
continuada, consistente en la falta de trámite y pronunciamiento dentro del incidente
de liquidación de perjuicios en el proceso de reparación directa con el radicado No.
50001-23-33-000-2013-00201-00, de modo que la eventual afectación de los
derechos invocados se proyecta en el tiempo y subsistía al momento de la
presentación de la tutela.
3.4.1. Los derechos de acceso a la administración de justicia y al debido
proceso sin dilaciones injustificadas
30.
Según el artículo 228 de la Constitución Política, la administración de justicia
constituye una función pública que se ejerce con autonomía e independencia, a
través de actuaciones de carácter permanente y público en los términos definidos
por la ley. La misma disposición establece que los términos procesales deben
cumplirse diligentemente y que su inobservancia acarrea las consecuencias
previstas por el ordenamiento jurídico. Por su parte, el artículo 229 superior
consagra el derecho de toda persona a acceder a la administración de justicia.
31.
La Corte Constitucional ha señalado que la interpretación conjunta de estas
disposiciones involucra una significación «múltiple y compleja»12. En efecto,
constituye uno de los pilares esenciales del Estado social de derecho13, tiene el
carácter de derecho fundamental de aplicación inmediata14 y se encuentra
estrechamente vinculado con la garantía del debido proceso, en la medida en que
este último encuentra realización a través de los distintos mecanismos judiciales
previstos para la resolución de controversias15.
12
Corte Constitucional, sentencia SU-081 de 2024, consideración 2.5; sentencia C-1177 de 2005, consideración
2.
13
Corte Constitucional, sentencias SU-081 de 2024, C-037 de 1996.
14
Corte Constitucional, sentencias SU-081 de 2024, C-037 de 1996.
15
Corte Constitucional, sentencias C-1195 de 2001, C-1177 de 2005 y T-550 de 2016.
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32.
Como consecuencia de lo anterior, dicha garantía guarda una relación directa
con la materialización de la justicia como valor fundante del orden constitucional y
con la consecución de los fines esenciales del Estado16. Por ello, no solo asegura a
las personas la posibilidad de acudir ante las autoridades judiciales para reclamar
la protección de sus derechos e intereses legítimos, sino que también contribuye a
la preservación del orden jurídico y al fortalecimiento de la convivencia pacífica
dentro de la comunidad17.
33.
En ese contexto, el derecho de acceso a la administración de justicia
comprende, entre otros aspectos, la existencia de mecanismos judiciales suficientes
para la solución efectiva de los conflictos; la facultad de acudir ante los jueces
mediante el ejercicio de las acciones y recursos previstos por el ordenamiento; el
derecho a obtener una decisión de fondo sobre las pretensiones formuladas dentro
de un plazo razonable; la existencia de procedimientos idóneos y eficaces para la
definición de las controversias; y la garantía de que las actuaciones judiciales se
desarrollen sin dilaciones injustificadas y con plena observancia de las exigencias
propias del debido proceso18.
34.
En efecto, el artículo 29 de la Constitución Política dispone que toda actuación
judicial y administrativa debe adelantarse con observancia del debido proceso,
garantía que comprende, entre otros aspectos, el derecho a que los trámites se
desarrollen sin dilaciones injustificadas. De allí que no baste con asegurar el acceso
formal a la jurisdicción o la posibilidad de promover una actuación judicial, sino que
también resulta indispensable que las autoridades competentes adopten las
decisiones a su cargo dentro de los plazos razonables previstos por el ordenamiento
jurídico.
35.
Ahora bien, la jurisprudencia de esta corporación ha precisado que el simple
transcurso del tiempo o el incumplimiento de los términos procesales no conduce,
por sí mismo, a la configuración de una vulneración de los derechos fundamentales
al debido proceso o al acceso a la administración de justicia. La valoración de una
eventual mora judicial exige establecer si la tardanza es atribuible a una conducta
injustificada de la autoridad judicial o si, por el contrario, obedece a circunstancias
objetivas que razonablemente expliquen la imposibilidad de adoptar una decisión
dentro del término inicialmente previsto19.
16
Corte Constitucional, sentencia C-416 de 1994.
17
Corte Constitucional, sentencia C-426 de 2002.
18
Corte Constitucional, sentencia C-1177 de 2005.
19
Entre otras, ver Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 11 de mayo de 2026,
exp. 11001-03-15-000-2026-02693-00, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar; Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, sentencia del 20 de noviembre de 2025, exp. 11001-03-15-000-2025-06665-00, M.P.
Juan Camilo Morales Trujillo; Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 24 de julio de
2025, exp. 11001-03-15-000-2023-05043-01, M.P. Juan Camilo Morales Trujillo; Consejo de Estado, Sección
Primera, sentencia del 12 de junio de 2025, exp. 11001-03-15-000-2025-02591-00, M.P. Nubia Margoth Peña
Garzón; Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2025, exp. 11001-03-
15-000-2025-01318-00, M.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez; Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
B, sentencia del 21 de julio de 2023, exp. 11001-03-15-000-2023-03472-00, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar;
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 22 de abril de 2024, exp. 11001-03-15-000-
2024-01118-00, M.P. Alberto Montaña Plata.
8
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Accionado: Tribunal Administrativo del Meta
36.
Así, aunque la regla general impone a los jueces el deber de observar
estrictamente los términos procesales, dicho mandato no tiene carácter absoluto.
En determinados eventos pueden presentarse circunstancias excepcionales que
justifiquen una demora en la adopción de una providencia, siempre que estas se
encuentren debidamente acreditadas y que la autoridad judicial haya actuado con
diligencia y compromiso frente a las cargas propias de su función. En consecuencia,
la verificación de una presunta mora judicial exige un examen casuístico que permita
establecer si la tardanza resulta razonable a la luz de las particularidades del asunto
sometido a consideración.
37.
Desde esta perspectiva, la congestión judicial, por sí sola, no constituye una
razón suficiente para exonerar al juez del cumplimiento oportuno de sus deberes
funcionales20. El análisis debe armonizar, de un lado, la necesidad de garantizar la
eficacia de los derechos fundamentales mediante decisiones oportunas y, de otro,
la obligación de que esas decisiones sean adoptadas con el estudio y la
ponderación necesarios para asegurar su conformidad con el ordenamiento jurídico
y los postulados constitucionales.
38.
Finalmente, debe recordarse que la acción de tutela constituye el mecanismo
previsto para obtener la protección inmediata de los derechos fundamentales frente
a amenazas o vulneraciones provenientes incluso de autoridades judiciales, cuando
no exista otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para conjurar la afectación
alegada.
3.4.2. La carencia actual de objeto por hecho superado
39.
La carencia actual de objeto se presenta cuando, por circunstancias posteriores
a la interposición de la acción de tutela, desaparece la necesidad de que el juez
constitucional adopte una orden de amparo. La Corte Constitucional ha reconocido
tres modalidades: el daño consumado, cuando la afectación se concreta de manera
irreversible; el hecho sobreviniente, cuando cambian las circunstancias que dieron
origen a la solicitud de protección; y el hecho superado, cuando la situación que
motivó la tutela cesa antes de que se profiera la decisión judicial21.
40.
En particular, la carencia actual de objeto por hecho superado se configura
cuando, durante el trámite constitucional, la autoridad o el particular accionado
satisface de manera voluntaria e íntegra lo pretendido por el actor, de modo que
desaparece la vulneración o amenaza alegada. En ese escenario, la intervención
del juez pierde, en principio, su finalidad, pues ya no existe una situación actual que
requiera una orden de protección. Esta figura encuentra sustento en el artículo 26
del Decreto 2591 de 1991.
41.
En desarrollo de dicha previsión, la Corte Constitucional ha señalado que esta
modalidad se presenta cuando, con posterioridad a la interposición de la tutela, la
parte accionada ejecuta la conducta reclamada o adopta las medidas necesarias
20
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 11 de mayo de 2026, exp. 11001-03-15-
000-2026-02693-00, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
21
Corte Constitucional, sentencia T-053 de 2025.
9
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06172-00 (9752)
Accionante: Transportes Erposar Ltda.
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta
para superar la situación denunciada. Para establecer su configuración,
corresponde al juez verificar que lo pretendido haya sido efectivamente satisfecho
y que ello obedezca a una actuación voluntaria del sujeto pasivo, pues solo en ese
evento desaparece el objeto de la solicitud de amparo22.
42.
Bajo tal entendimiento del asunto, la jurisprudencia constitucional ha
identificado tres elementos para verificar la configuración del hecho superado: (i)
que al momento de interponerse la acción exista una situación que amenace o
vulnere un derecho fundamental; (ii) que durante el trámite de la tutela desaparezca
la circunstancia que dio origen a dicha afectación; y (iii) que la pretensión perseguida
mediante el amparo resulte satisfecha antes de la expedición del fallo. Cuando
concurren estos presupuestos, corresponde declarar la carencia actual de objeto
por hecho superado, en tanto la garantía cuya protección se reclamaba ha sido
restablecida y la adopción de una orden de amparo carece de finalidad material23.
3.5. Análisis del asunto concreto
43.
En el presente asunto, Transportes Erposar Ltda. acudió a la acción de tutela
con el propósito de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia. Como consecuencia de ello,
solicitó que se ordenara al Tribunal Administrativo del Meta resolver de fondo y de
manera preferente el incidente de liquidación de perjuicios promovido dentro del
medio de control de reparación directa radicado con el núm. 50001-23-33-000-2013-
00201-00.
44.
Con el fin de verificar la situación procesal que dio lugar a la solicitud de amparo,
la Sala examinó la información aportada en la tutela, la allegada por el Tribunal en
su contestación, y la registrada en la plataforma Samai dentro del proceso ordinario.
De dicha consulta se advierten las siguientes actuaciones relevantes relacionadas
con la presentación y el trámite del incidente de liquidación de perjuicios:
Cuadro único. Historia procesal relevante del incidente de liquidación de perjuicios
dentro del proceso de reparación directa No. 50001-23-33-000-2013-00201-00
Fuente: elaboración del despacho con base en la correspondiente historia de actuaciones exportadas de
Samai, exp. 50001-23-33-000-2013-00201-00
Fecha Actuación relevante
Se incorporó el memorial mediante el cual Transportes Erposar Ltda.
9 de diciembre de 2022
promovió el incidente de liquidación de perjuicios.
El Tribunal dispuso obedecer y cumplir la sentencia del Consejo de Estado y
7 de febrero de 2024
ordenó la digitalización integral del expediente para dar trámite al incidente.
22
Corte Constitucional, sentenciasT-053 de 2025, T-344 de 2022, T-817 de 2005, SU-047 de 2007, T-047 de
2016 y T-038 de 2019. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 16 de agosto de 2018, exp. 11001-
03-15-000-2018-01907-00, M.P. Oswaldo Giraldo López. Ver también Consejo de Estado, Sección Primera,
sentencia del 12 de junio de 2025, op. cit.
23
La Corte Constitucional, en las sentencias T-053 de 2025 y T-344 de 2022, señala que el hecho superado
supone la acreditación de tres requisitos, a saber: «(i) que ocurra una variación en los hechos que originaron la
acción; (ii) que dicha variación implique una satisfacción íntegra de las pretensiones de la demanda; y (iii) que
ello se deba a una conducta asumida por la parte demandada, de tal forma que pueda afirmarse que la
vulneración cesó, por un hecho imputable a su voluntad». Ver también Corte Constitucional, sentencias T-093
de 2005, T-137 de 2005, T-753 de 2005, T-760 de 2005, T-780 de 2005, T-045 de 2008 y T-431 de 2007.
Igualmente, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 22 de abril de 2024, exp. 11001-
03-15-000-2024-01118-00, op. cit.
10
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06172-00 (9752)
Accionante: Transportes Erposar Ltda.
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta
Se registró la digitalización total del expediente y su posterior ingreso al
7 y 8 de marzo de 2024
despacho.
9 de julio de 2024 La apoderada de la parte actora presentó una solicitud de impulso procesal.
El Tribunal requirió a la parte demandante para que aportara la constancia
31 de julio de 2024
de ejecutoria de la sentencia del 6 de julio de 2022.
La parte actora atendió el requerimiento y la Secretaría de la Sección
6 de agosto de 2024
Tercera del Consejo de Estado allegó la certificación correspondiente.
13 de septiembre de
El expediente ingresó nuevamente al despacho para proveer.
2024
El Tribunal corrió traslado por tres días del incidente de liquidación de
2 de octubre de 2024
condena en abstracto.
El expediente volvió a ingresar al despacho después de cumplirse el
8 de noviembre de 2024
traslado.
Se incorporaron dos memoriales presentados por la apoderada de la parte
19 de febrero de 2026
actora, relacionados con una cuenta de cobro y sus anexos.
8 de abril de 2026 Se registró el cambio de ponente del proceso.
La apoderada solicitó que no se tuvieran en cuenta los documentos
15 de mayo de 2026
presentados el 19 de febrero anterior.
12 de junio de 2026 La parte actora presentó una actualización de la liquidación.
45.
De la información reseñada se observa, en primer lugar, que el incidente no
permaneció completamente inactivo desde su presentación. Aunque fue promovido
en diciembre de 2022, el Tribunal profirió el 7 de febrero de 2024 el auto de
obedecimiento y cumplimiento de la sentencia, en el cual ordenó digitalizar
íntegramente el expediente antes de pronunciarse sobre la solicitud. Esa actuación
se cumplió en marzo siguiente, fecha en la cual el proceso volvió al despacho para
continuar con el trámite.
46.
Posteriormente, el Tribunal requirió la constancia de ejecutoria de la sentencia
de segunda instancia, actuación que fue atendida en agosto de 2024, y el
expediente ingresó de nuevo al despacho el 13 de septiembre siguiente. El 2 de
octubre de ese año se corrió traslado del incidente a la Fiscalía General de la Nación
por el término de tres días y, una vez agotada esa actuación sin pronunciamiento
de la entidad demandada, el proceso regresó al despacho el 8 de noviembre de
2024. Esta última circunstancia también fue reconocida por el Tribunal en el auto
del 19 de agosto de 2026.
47.
A partir de ese momento se advierte un período más extenso sin una nueva
providencia que definiera la etapa siguiente del incidente. Entre el ingreso del
expediente al despacho el 8 de noviembre de 2024 y la presentación de la acción
de tutela transcurrieron varios meses durante los cuales el registro de Samai da
cuenta, principalmente, de memoriales de la parte actora y de un cambio de
ponente. No obstante, esa circunstancia debe valorarse conjuntamente con las
particularidades administrativas informadas por la autoridad accionada y con las
reglas que gobiernan el trámite de los incidentes promovidos después de proferida
la sentencia.
48.
En efecto, el Tribunal explicó que el despacho atravesó varios cambios en su
titularidad. Así, el magistrado Juan Darío Contreras Bautista permaneció en el cargo
hasta el 24 de noviembre de 2025; posteriormente, el despacho estuvo a cargo de
un magistrado encargado hasta el 26 de marzo de 2026 y, después, de una
magistrada en provisionalidad hasta el 14 de julio siguiente. El actual titular tomó
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Accionante: Transportes Erposar Ltda.
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta
posesión el 15 de julio de 2026 y recibió un inventario de 875 procesos, de los cuales
702 se encontraban pendientes de decisión de fondo y 173 correspondían a trámites
posteriores.
49.
Estas circunstancias no permiten, por sí solas, descartar la existencia de una
dilación relevante, pero sí constituyen elementos que deben ser apreciados para
establecer si el tiempo transcurrido puede atribuirse a una conducta injustificada del
Tribunal. A ello se suma que la definición del incidente no depende exclusivamente
del paso del expediente al despacho, pues el ordenamiento prevé la práctica de las
pruebas que resulten necesarias antes de adoptar la decisión correspondiente,
aspecto que debe examinarse a la luz de las reglas específicas contenidas en el
CPACA.
50.
En efecto, el numeral 4º del artículo 210 del CPACA dispone que los incidentes
promovidos después de proferida la sentencia deben resolverse una vez
practicadas las pruebas que el juez estime necesarias y prevé la posibilidad de
convocar una audiencia especial para ese efecto. La disposición no establece un
término específico, contado desde la presentación del incidente, dentro del cual
deba proferirse la decisión definitiva, pues su resolución está condicionada al
agotamiento de las actuaciones probatorias requeridas en cada caso.
51.
En el asunto examinado, la solicitud de liquidación se sustentó, entre otros
elementos, en dos dictámenes periciales cuyo contenido debe ser valorado para
establecer la cuantía de los perjuicios reconocidos en abstracto. Por ello, el tiempo
transcurrido desde el ingreso del expediente al despacho el 8 de noviembre de
2024, aunque considerable, debe apreciarse conjuntamente con las circunstancias
administrativas previamente reseñadas y con la naturaleza del trámite pendiente.
Bajo esas condiciones, la Sala no encuentra elementos suficientes para atribuir la
tardanza a una conducta omisiva e injustificada de la autoridad accionada.
52.
Además, mediante auto del 19 de agosto de 2026, el Tribunal Administrativo del
Meta incorporó como pruebas los documentos y dictámenes aportados con el
incidente y fijó para el 27 de octubre siguiente la audiencia destinada a su
contradicción. Esta providencia evidencia que el trámite continúa su curso y que se
adoptaron medidas dirigidas a avanzar hacia su definición. Sin embargo, como el
incidente todavía no ha sido resuelto, no puede afirmarse que la pretensión
formulada en la tutela haya sido satisfecha íntegramente ni, por consiguiente, que
se configure la carencia actual de objeto por hecho superado.
53.
En consecuencia, la Sala no encuentra acreditada una mora judicial injustificada
que haga necesaria la intervención del juez constitucional y, por ello, negará las
pretensiones de la acción de tutela. No obstante, en consideración al tiempo
transcurrido desde la promoción del incidente y a que aún se encuentra pendiente
la determinación de la condena reconocida en abstracto, se exhortará al Tribunal
Administrativo del Meta para que continúe el trámite con la diligencia necesaria y
adelante oportunamente las actuaciones requeridas para su definición.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-06172-00 (9752)
Accionante: Transportes Erposar Ltda.
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta
4. Conclusiones
54.
La Sala considera que en el presente asunto no se acreditó la mora judicial
injustificada alegada por Transportes Erposar Ltda. Si bien el trámite del incidente
de liquidación de perjuicios ha comprendido un período considerable, su valoración
debe atender a las actuaciones procesales adelantadas, las circunstancias
administrativas acreditadas por el Tribunal y la naturaleza del trámite previsto en el
artículo 210 del CPACA, que exige la práctica de las pruebas necesarias y no
establece un término específico para adoptar la decisión definitiva. En esas
condiciones, no se advierte una conducta omisiva arbitraria e injustificada de la
autoridad judicial que permita tener por vulnerados los derechos fundamentales
invocados.
55.
Por otra parte, tampoco se configura la carencia actual de objeto por hecho
superado. Aunque durante el trámite constitucional el Tribunal Administrativo del
Meta profirió el auto del 19 de agosto de 2026, mediante el cual decretó pruebas y
fijó fecha para la contradicción de los dictámenes periciales, dicha actuación no
satisfizo íntegramente la pretensión de la accionante, dirigida a obtener la resolución
de fondo del incidente. En consecuencia, se negarán las pretensiones de la tutela;
no obstante, atendiendo al tiempo transcurrido, se exhortará al Tribunal para que
continúe el trámite con la diligencia necesaria y adelante oportunamente las
actuaciones requeridas para su definición.
5. Decisión
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero: Negar la solicitud de desvinculación presentada por la Fiscalía General de
la Nación, por las razones expuestas en esta providencia.
Segundo: Desvincular del presente trámite constitucional a la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta sentencia.
Tercero: Negar las pretensiones de la acción de tutela promovida por Transportes
Erposar Ltda. contra el Tribunal Administrativo del Meta, por las razones expuestas
en esta providencia.
Cuarto: Exhortar al Tribunal Administrativo del Meta para que continúe, con la
debida diligencia, el trámite del incidente de liquidación de perjuicios promovido
dentro del proceso de reparación directa radicado con el núm. 50001-23-33-000-
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-06172-00 (9752)
Accionante: Transportes Erposar Ltda.
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta
2013-00201-00, para lo cual deberá adoptar oportunamente las medidas y
decisiones necesarias a fin de resolver dicho incidente.
Quinto: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.
Sexto: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta a través del siguiente enlace.
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