República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-05905-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
24 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05905-00 (9334)
Accionante: Haroldo Antonio Linero Pérez
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Tema: acción de tutela por acción u omisión de autoridad pública. Subtema 1: mora
judicial. Subtema 2: carencia actual de objeto. Subtema 3: hecho superado.
Sentencia de primera instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la acción de tutela interpuesta por Haroldo Antonio Linero Pérez contra el Tribunal
Administrativo de Santander, por presunta mora judicial.
1. Síntesis del caso
El señor Haroldo Antonio Linero Pérez interpuso acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Santander, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales
al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la defensa y a la
igualdad, con ocasión de la presunta falta de trámite e impulso procesal del medio
de control de protección de derechos e intereses colectivos radicado con el núm.
68001-23-33-000-2026-00273-00, que había sido remitido por competencia por el
Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de San Gil para su
conocimiento en primera instancia.
2. Antecedentes
2.1. Hechos relevantes
1.
A partir del escrito de tutela1 y de los demás elementos aportados por las partes
al trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:
1
Samai, exp. 11001-03-15000-2026-05905-00, índice 2, certificado 5F04C89BD9CFEC7E
CE19061AB39F654B D75E807F3994E7E7 3DF7F6874986CC6F.
1
Radicado: 11001-03-15000-2026-05905-00 (9334)
Accionante: Haroldo Antonio Linero Pérez
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
2.
El señor Haroldo Antonio Linero Pérez promovió un medio de control de
protección de derechos e intereses colectivos contra el Instituto Nacional de Vías
(Invías), la Corporación Autónoma Regional de Santander (Cas), la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales (Anla), el departamento de Santander, el
municipio de Ocamonte y la Agencia Nacional de Infraestructura (Ani), con el
propósito de obtener la protección de diversos derechos e intereses colectivos que,
en su criterio, se encontraban afectados por el deterioro de la vía de acceso al
municipio de Ocamonte y por intervenciones realizadas sobre las quebradas La Piña
y El Palenque. Dentro de la demanda solicitó, entre otras medidas, la ejecución de
obras de mitigación ambiental, recuperación vial y restitución de las condiciones de
los cuerpos hídricos.
3.
Mediante auto de 16 de abril de 2026, el Juzgado Tercero Administrativo Oral
del Circuito Judicial de San Gil realizó el examen preliminar de competencia y
concluyó que no estaba facultado para conocer del asunto. Para sustentar esa
determinación consideró que la acción se dirigía también contra entidades del orden
nacional, entre ellas Invías, la Anla y la Ani, circunstancia que, a su juicio, activaba
la regla de competencia prevista en el numeral 14 del artículo 152 del CPACA. En
consecuencia, declaró la falta de competencia funcional y ordenó remitir el
expediente al Tribunal Administrativo de Santander para que asumiera el
conocimiento del proceso previa realización del reparto correspondiente.
4.
Una vez recibido el expediente en el Tribunal Administrativo de Santander, el
asunto fue repartido al despacho del magistrado Iván Mauricio Mendoza Saavedra.
Según el accionante, después de efectuado el reparto no se había adoptado una
decisión sobre la admisión de la demanda ni se había impartido impulso procesal al
trámite del medio de control.
5.
El señor Linero Pérez afirmó que la situación objeto de controversia revestía
gravedad por las condiciones de la vía y consideró que la ausencia de actuación
judicial afectaba sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a la defensa y a la igualdad.
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
6.
El accionante sostuvo que el Tribunal Administrativo de Santander vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia,
a la defensa y a la igualdad, así como los principios de independencia e
imparcialidad judicial, debido a la ausencia de actuaciones procesales dentro del
medio de control que le fue remitido por competencia.
7.
Indicó que, una vez efectuado el reparto del proceso al despacho
correspondiente, no se había adoptado decisión alguna respecto de la demanda ni
se había dispuesto su trámite, pese a la relevancia de las problemáticas
denunciadas en relación con el estado de la infraestructura vial y las afectaciones
ambientales existentes en el municipio de Ocamonte.
2
Radicado: 11001-03-15000-2026-05905-00 (9334)
Accionante: Haroldo Antonio Linero Pérez
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
8.
El accionante sostuvo que la omisión atribuida a la autoridad judicial desconocía
el derecho fundamental al debido proceso, al considerar que toda actuación judicial
debe desarrollarse conforme a los procedimientos legalmente previstos y dentro de
un plazo razonable. Afirmó, igualmente, que la observancia de los términos
procesales constituye una garantía indispensable para la recta administración de
justicia y que la ausencia de impulso procesal impedía obtener una decisión
oportuna frente a las pretensiones formuladas en su demanda.
9.
Con fundamento en diversas disposiciones constitucionales, legales y
jurisprudenciales relacionadas con el debido proceso, el accionante argumentó que
dicho derecho comprende, entre otros aspectos, el acceso a un juez competente, la
posibilidad de ejercer adecuadamente la defensa, la obtención de decisiones
motivadas y el desarrollo de los procesos sin dilaciones injustificadas. En su criterio,
tales garantías resultaban comprometidas ante la falta de pronunciamiento dentro
del proceso que había promovido.
10.
Con apoyo en esas consideraciones, solicitó lo siguiente2:
1) Con fundamento en los hechos relacionados, solicito señor juez disponer y ordenar a la parte
accionada TRIBUNALA ADMINISTRATIVO DE SANTANDER y a favor de Demandante:
Haroldo Antonio Linero Pérez, identificado con cédula de ciudadanía No. 5.083.419 Correo de
notificaciones hanlyper@gmail.com, en mi condicione [sic] de demandante siguiente.
2) PRIMERO: Respetuosamente solicito al Superior Jerárquico TUTELAR LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES, a la Seguridad Jurídica al debido Proceso, publicidad de los procesos,
principio fundamental de la Seguridad Jurídica del Estado, vía de hecho, se viola el derecho a
acceder a la administración de justicia Art. 229 C.N. Al tener interés indirecto, principio de
legalidad, principio de imparcialidad.
3) SEGUNDO: Respetuosamente solicito se ordene al TRIBYUNALA [sic] ADMINISTRATIVO
DE SANTANDER pronunciarse sobre el auto que declara la FALTA DE COMPETENCIA Y
ADMINITR [sic] LA DEMANDA Y ORDENE NOTIFICAR A LOS DEMANDADOS.
2.3. Trámite procesal
11.
Mediante auto del 31 de julio de 20263, se admitió la acción de tutela promovida
por Haroldo Antonio Linero Pérez contra el Tribunal Administrativo de Santander, al
considerar que la solicitud cumplía los requisitos exigidos para su trámite. En la
misma providencia dispuso la vinculación del municipio de Ocamonte, la
Corporación Autónoma Regional de Santander (Cas), la Gobernación de Santander,
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), la Agencia Nacional de
Infraestructura (Ani) y el Instituto Nacional de Vías (Invías), en calidad de terceros
con interés; ordenó su notificación para que rindieran los informes correspondientes
dentro del término legal; tuvo como pruebas los documentos allegados con la tutela
y mantuvo el expediente en Secretaría mientras se surtían las actuaciones
ordenadas.
2
Se transcribe incluso con errores.
3
Samai, exp. 11001-03-15000-2026-05905-00, índice 5, certificado A59CAED0D22A7FD6
9679E432ABEFEDB6 2B5D5265D3C9515B 32DC336E8594BC04
3
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Accionante: Haroldo Antonio Linero Pérez
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
2.4. Intervenciones
2.4.1. Contestación de la tutela por el Tribunal Administrativo de Santander
12.
El Tribunal Administrativo de Santander, a través de memorial radicado el 6 de
agosto de 20264, informó que el medio de control de protección de los derechos e
intereses colectivos identificado con el radicado 68001-23-33-000-2026-00273-00
fue remitido al Tribunal Administrativo de Santander para surtir el trámite de primera
instancia y asignado a su despacho mediante reparto efectuado el 19 de marzo de
2026. Indicó que, una vez revisado el expediente en el sistema Samai, mediante
providencia de 5 de agosto de 2026 se resolvió inadmitir la demanda, decisión que
fue registrada y notificada a la parte interesada.
13.
Con fundamento en lo anterior, adujo que la acción de tutela se edificó sobre la
presunta falta de trámite del medio de control de protección de derechos e intereses
colectivos, y sobre la solicitud de que se ordenara al Tribunal pronunciarse respecto
de la admisión de la demanda y notificar a las entidades accionadas. Sin embargo,
señaló que ya se había efectuado el estudio inicial del asunto y adoptado la
correspondiente decisión procesal, razón por la cual solicitó declarar improcedente
la acción de tutela o negar el amparo solicitado al no configurarse una mora judicial
injustificada ni una vulneración de derechos fundamentales atribuible a esa
corporación.
2.4.2. Intervención de la Agencia Nacional de Infraestructura
14.
La Agencia Nacional de Infraestructura, mediante oficio radicado el 10 de agosto
de 20265, solicitó su desvinculación del trámite constitucional al considerar que
carece de legitimación en la causa por pasiva. Expuso que la acción de tutela se
dirige exclusivamente contra el Tribunal Administrativo de Santander por la presunta
falta de impulso procesal dentro de una acción popular, asunto frente al cual no
tiene competencia ni injerencia alguna. Agregó que sus funciones se limitan a la
planeación, estructuración, contratación y administración de proyectos de
infraestructura bajo esquemas de concesión o asociaciones público-privadas, por lo
que no puede intervenir en actuaciones propias de la función jurisdiccional ni
adoptar las decisiones pretendidas por el accionante.
2.4.3. Intervención de la Corporación Autónoma Regional de Santander
15.
La Corporación Autónoma Regional de Santander, por medio de memorial
radicado el 10 de agosto de 20266, sostuvo que la controversia planteada se
relaciona exclusivamente con actuaciones atribuidas al Tribunal Administrativo de
Santander y no con conductas desplegadas por la autoridad ambiental. Indicó que
4
Samai, exp. 11001-03-15000-2026-05905-00, índice 11, certificado B714989103FF035D
3A1B7A46FDEE9EDB 35281465C528F5F2 1BC2F4825004D6D4.
5
Samai, exp. 11001-03-15000-2026-05905-00, índice 11, certificado 97C6599DDD235058 8378073301086FE1
2D0A6AF50EF4308C 24EE9A6BDF623AE3
6
Samai, exp. 11001-03-15000-2026-05905-00, índice 14, certificado 60E4AAACF781202F
44CB0A96ED97A8BF 869EF4E7C79DC646 16819FC06F757B9F.
4
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Accionante: Haroldo Antonio Linero Pérez
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
sus competencias se circunscriben a la administración, protección y control de los
recursos naturales y del ambiente dentro de su jurisdicción, sin facultades para
intervenir en el trámite de procesos judiciales o influir en las decisiones de los
jueces. Con fundamento en ello, solicitó que se declarara su falta de legitimación en
la causa por pasiva y se ordenara su desvinculación del trámite de tutela.
2.4.4. Intervención de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
16.
A su turno, a través de memorial radicado el 10 de agosto de 20267, la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales manifestó que los hechos y pretensiones de la
acción de tutela están dirigidos contra el Tribunal Administrativo de Santander, por
cuanto la inconformidad del accionante recae sobre el trámite de la acción popular
adelantada ante esa corporación. Señaló que no tiene competencia ni participación
en las actuaciones judiciales cuestionadas y que las funciones que le atribuye la ley
en materia de licenciamiento ambiental no guardan relación con la presunta
vulneración alegada. En consecuencia, solicitó que se declarara la falta de
legitimación en la causa por pasiva respecto de la entidad y que se negara cualquier
pretensión dirigida en su contra.
2.4.5. Intervención del municipio de Ocamonte, Santander
17.
Por su parte, el municipio de Ocamonte contestó la acción de tutela el 11 de
agosto de 20268, indicando que no ha desplegado actuación alguna relacionada con
la supuesta vulneración de los derechos fundamentales invocados por el
accionante, toda vez que la discusión planteada versa sobre el trámite impartido por
el Tribunal Administrativo de Santander a una acción popular. En ese sentido,
sostuvo que las pretensiones del amparo se encaminan exclusivamente a obtener
una decisión judicial dentro de dicho proceso y no a cuestionar actuaciones
administrativas del ente territorial, razón por la cual solicitó que se declarara su falta
de legitimación en la causa por pasiva y se dispusiera su desvinculación de la
actuación constitucional.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
18.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y
en el Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer, en primera
instancia, la acción de tutela interpuesta por Haroldo Antonio Linero Pérez contra el
Tribunal Administrativo de Santander, mediante la cual se cuestiona la presunta
mora judicial en el trámite del medio de control de protección de derechos e
intereses colectivos radicada con el núm. 68679-33-33-003-2026-00101-00.
7
Samai, exp. 11001-03-15000-2026-05905-00, índice 15, certificado 957837FF6BDCC51F
21C19A69F8683FCA 551DAA54775D9C92 DB49EA59A99CEF76.
8
Samai, exp. 11001-03-15000-2026-05905-00, índice 18, certificado CD3C47BBC0C6F32C
05F9AE9A4704E289 1C2C51FFA2F0D569 C95B535206963838.
5
Radicado: 11001-03-15000-2026-05905-00 (9334)
Accionante: Haroldo Antonio Linero Pérez
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
3.2. Legitimación en la causa
19.
La legitimación en la causa por activa del señor Haroldo Antonio Linero Pérez
se encuentra acreditada, por cuanto actúa en nombre propio y es quien promovió la
acción constitucional en defensa de los derechos fundamentales que estima
vulnerados por la presunta falta de impulso procesal dentro de la acción popular
radicada con el núm. 68679-33-33-003-2026-00101-00.
20.
Igualmente, está demostrada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo de Santander, debido a que es la autoridad judicial a la que el
accionante atribuye la presunta vulneración de sus derechos fundamentales, por la
supuesta mora en el trámite de la referida acción popular.
21.
Por otra parte, se advierte que la Agencia Nacional de Infraestructura, la
Corporación Autónoma Regional de Santander, la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales y el municipio de Ocamonte solicitaron su desvinculación del presente
trámite, al considerar que no son las entidades llamadas a responder por la presunta
vulneración de los derechos fundamentales invocados por el accionante.
22.
Al respecto, la Sala precisa que dichas entidades fueron vinculadas al presente
asunto en calidad de terceros con interés, en atención a que ostentan la condición
de sujetos demandados dentro del medio de control de protección de derechos e
intereses colectivos cuya tramitación dio origen a la presente controversia
constitucional. En consecuencia, la decisión que se adopte en esta acción de tutela
podría incidir en sus intereses, razón por la cual su vinculación resulta necesaria
para garantizar los derechos de defensa y contradicción, sin que ello implique
atribuirles responsabilidad por los hechos que sustentan la solicitud de amparo. Por
tal motivo, no se accederá a sus solicitudes de desvinculación.
3.3. Problema jurídico
23.
¿El Tribunal Administrativo de Santander vulneró los derechos fundamentales
al debido proceso y de acceso a la administración de justicia del actor por la
presunta mora judicial en el trámite del medio de control de protección de derechos
e intereses colectivos radicado con el núm. 68679-33-33-003-2026-00101-00?
24.
¿La expedición del auto de 5 de agosto de 2026 da lugar a la configuración de
una carencia actual de objeto por hecho superado?
25.
Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala verificará, en primer lugar,
la procedencia de la acción de tutela en el caso concreto. Posteriormente, expondrá
las reglas jurisprudenciales relativas a la protección de los derechos fundamentales
al debido proceso y de acceso a la administración de justicia frente a eventuales
dilaciones injustificadas en la actividad judicial, así como aquellas relacionadas con
la configuración de la carencia actual de objeto por hecho superado.
6
Radicado: 11001-03-15000-2026-05905-00 (9334)
Accionante: Haroldo Antonio Linero Pérez
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
26.
Finalmente, con fundamento en tales criterios, examinará las actuaciones
surtidas dentro del medio de control de protección de derechos e intereses
colectivos radicado con el núm. 68001-23-33-000-2026-00273-00, con el fin de
determinar si se configuró la vulneración alegada por el accionante o si, por el
contrario, la situación que motivó la interposición de la tutela fue superada durante
el trámite constitucional.
3.4. Procedencia de la acción de tutela
27.
La presente acción de tutela es procedente porque está orientada a garantizar
el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia. Además, como quedó claro, se acreditó la legitimidad
tanto activa como pasiva.
28.
Adicionalmente, la Sala encuentra satisfechos los requisitos de subsidiariedad
e inmediatez. En cuanto al primero, se advierte que el accionante no disponía de
otro mecanismo judicial idóneo y eficaz que permitiera obtener la pronta superación
de la omisión alegada y la adopción de la decisión procesal que echó de menos.
29.
De igual manera, se cumple el requisito de inmediatez, pues la solicitud de
amparo fue promovida frente a una situación que el actor consideró actual y
continuada, consistente en la falta de pronunciamiento dentro del medio de control
de protección de derechos e intereses colectivos del que es demandante, de modo
que la eventual afectación de los derechos invocados se proyecta en el tiempo y
subsistía al momento de la presentación de la tutela.
3.4.1. Los derechos de acceso a la administración de justicia y al debido
proceso sin dilaciones injustificadas
30.
Según el artículo 228 de la Constitución Política, la administración de justicia
constituye una función pública que se ejerce con autonomía e independencia, a
través de actuaciones de carácter permanente y público en los términos definidos
por la ley. La misma disposición establece que los términos procesales deben
cumplirse diligentemente y que su inobservancia acarrea las consecuencias
previstas por el ordenamiento jurídico. Por su parte, el artículo 229 superior
consagra el derecho de toda persona a acceder a la administración de justicia.
31.
La Corte Constitucional ha señalado que la interpretación conjunta de estas
disposiciones involucra una significación «múltiple y compleja»9. En efecto,
constituye uno de los pilares esenciales del Estado social de derecho10, tiene el
carácter de derecho fundamental de aplicación inmediata11 y se encuentra
estrechamente vinculado con la garantía del debido proceso, en la medida en que
9
Corte Constitucional, sentencia SU-081 de 2024, consideración 2.5; sentencia C-1177 de 2005, consideración
2.
10
Corte Constitucional, sentencias SU-081 de 2024, C-037 de 1996.
11
Corte Constitucional, sentencias SU-081 de 2024, C-037 de 1996.
7
Radicado: 11001-03-15000-2026-05905-00 (9334)
Accionante: Haroldo Antonio Linero Pérez
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
este último encuentra realización a través de los distintos mecanismos judiciales
previstos para la resolución de controversias12.
32.
Como consecuencia de lo anterior, dicha garantía guarda una relación directa
con la materialización de la justicia como valor fundante del orden constitucional y
con la consecución de los fines esenciales del Estado13. Por ello, no solo asegura a
las personas la posibilidad de acudir ante las autoridades judiciales para reclamar
la protección de sus derechos e intereses legítimos, sino que también contribuye a
la preservación del orden jurídico y al fortalecimiento de la convivencia pacífica
dentro de la comunidad14.
33.
En ese contexto, el derecho de acceso a la administración de justicia
comprende, entre otros aspectos, la existencia de mecanismos judiciales suficientes
para la solución efectiva de los conflictos; la facultad de acudir ante los jueces
mediante el ejercicio de las acciones y recursos previstos por el ordenamiento; el
derecho a obtener una decisión de fondo sobre las pretensiones formuladas dentro
de un plazo razonable; la existencia de procedimientos idóneos y eficaces para la
definición de las controversias; y la garantía de que las actuaciones judiciales se
desarrollen sin dilaciones injustificadas y con plena observancia de las exigencias
propias del debido proceso15.
34.
En efecto, el artículo 29 de la Constitución Política dispone que toda actuación
judicial y administrativa debe adelantarse con observancia del debido proceso,
garantía que comprende, entre otros aspectos, el derecho a que los trámites se
desarrollen sin dilaciones injustificadas. De allí que no baste con asegurar el acceso
formal a la jurisdicción o la posibilidad de promover una actuación judicial, sino que
también resulta indispensable que las autoridades competentes adopten las
decisiones a su cargo dentro de los plazos razonables previstos por el ordenamiento
jurídico.
35.
Ahora bien, la jurisprudencia de esta corporación ha precisado que el simple
transcurso del tiempo o el incumplimiento de los términos procesales no conduce,
por sí mismo, a la configuración de una vulneración de los derechos fundamentales
al debido proceso o al acceso a la administración de justicia. La valoración de una
eventual mora judicial exige establecer si la tardanza es atribuible a una conducta
injustificada de la autoridad judicial o si, por el contrario, obedece a circunstancias
objetivas que razonablemente expliquen la imposibilidad de adoptar una decisión
dentro del término inicialmente previsto16.
12
Corte Constitucional, sentencias C-1195 de 2001, C-1177 de 2005 y T-550 de 2016.
13
Corte Constitucional, sentencia C-416 de 1994.
14
Corte Constitucional, sentencia C-426 de 2002.
15
Corte Constitucional, sentencia C-1177 de 2005.
16
Entre otras, ver Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 11 de mayo de 2026,
exp. 11001-03-15-000-2026-02693-00, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar; Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, sentencia del 20 de noviembre de 2025, exp. 11001-03-15-000-2025-06665-00, M.P.
Juan Camilo Morales Trujillo; Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 24 de julio de
2025, exp. 11001-03-15-000-2023-05043-01, M.P. Juan Camilo Morales Trujillo; Consejo de Estado, Sección
Primera, sentencia del 12 de junio de 2025, exp. 11001-03-15-000-2025-02591-00, M.P. Nubia Margoth Peña
Garzón; Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2025, exp. 11001-03-
15-000-2025-01318-00, M.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez; Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
B, sentencia del 21 de julio de 2023, exp. 11001-03-15-000-2023-03472-00, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar;
8
Radicado: 11001-03-15000-2026-05905-00 (9334)
Accionante: Haroldo Antonio Linero Pérez
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
36.
Así, aunque la regla general impone a los jueces el deber de observar
estrictamente los términos procesales, dicho mandato no tiene carácter absoluto.
En determinados eventos pueden presentarse circunstancias excepcionales que
justifiquen una demora en la adopción de una providencia, siempre que estas se
encuentren debidamente acreditadas y que la autoridad judicial haya actuado con
diligencia y compromiso frente a las cargas propias de su función. En consecuencia,
la verificación de una presunta mora judicial exige un examen casuístico que permita
establecer si la tardanza resulta razonable a la luz de las particularidades del asunto
sometido a consideración.
37.
Desde esta perspectiva, la congestión judicial, por sí sola, no constituye una
razón suficiente para exonerar al juez del cumplimiento oportuno de sus deberes
funcionales17. El análisis debe armonizar, de un lado, la necesidad de garantizar la
eficacia de los derechos fundamentales mediante decisiones oportunas y, de otro,
la obligación de que esas decisiones sean adoptadas con el estudio y la
ponderación necesarios para asegurar su conformidad con el ordenamiento jurídico
y los postulados constitucionales. Finalmente, debe recordarse que la acción de
tutela constituye el mecanismo previsto para obtener la protección inmediata de los
derechos fundamentales frente a amenazas o vulneraciones provenientes incluso
de autoridades judiciales, cuando no exista otro medio de defensa judicial idóneo y
eficaz para conjurar la afectación alegada.
3.4.2. La carencia actual de objeto por hecho superado
38.
La carencia actual de objeto por hecho superado es una figura propia de la
acción de tutela que se presenta cuando, durante el trámite del proceso
constitucional, desaparece la situación que dio origen a la presunta vulneración o
amenaza de los derechos fundamentales invocados. Su fundamento normativo se
encuentra en el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991, disposición que parte de la
premisa según la cual la intervención del juez constitucional pierde finalidad cuando
la actuación cuestionada cesa, es revocada o resulta superada antes de que se
profiera la decisión de amparo.
39.
En desarrollo de dicha previsión, la Corte Constitucional ha señalado que el
hecho superado se configura cuando acontecimientos posteriores a la presentación
de la acción alteran de manera sustancial el supuesto fáctico que sustentaba la
solicitud de protección, de tal forma que desaparece la necesidad de una
intervención judicial orientada a restablecer el derecho invocado.
40.
Así ocurre cuando, durante el trámite de la tutela, la autoridad accionada realiza
la conducta cuya ejecución pretendía obtener el actor o adopta las medidas
necesarias para superar la situación denunciada, pues en tales eventos cualquier
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 22 de abril de 2024, exp. 11001-03-15-000-
2024-01118-00, M.P. Alberto Montaña Plata.
17
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 11 de mayo de 2026, exp. 11001-03-15-
000-2026-02693-00, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
9
Radicado: 11001-03-15000-2026-05905-00 (9334)
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Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
orden de protección carecería de utilidad práctica al haber desaparecido la causa
que justificaba la intervención del juez constitucional18.
41.
Bajo tal entendimiento del asunto, la jurisprudencia constitucional ha
identificado tres elementos para verificar la configuración del hecho superado: (i)
que al momento de interponerse la acción exista una situación que amenace o
vulnere un derecho fundamental; (ii) que durante el trámite de la tutela desaparezca
la circunstancia que dio origen a dicha afectación; y (iii) que la pretensión perseguida
mediante el amparo resulte satisfecha antes de la expedición del fallo. Cuando
concurren estos presupuestos, corresponde declarar la carencia actual de objeto
por hecho superado, en tanto la garantía cuya protección se reclamaba ha sido
restablecida y la adopción de una orden de amparo carece de finalidad material19.
3.5. Análisis del asunto concreto
42.
En el presente asunto, el señor Haroldo Antonio Linero Pérez acudió a la acción
de tutela con el propósito de obtener la protección de sus derechos fundamentales
al debido proceso y de acceso a la administración de justicia y, como consecuencia
de ello, que se ordenara al Tribunal Administrativo de Santander pronunciarse sobre
la demanda de protección de derechos e intereses colectivos, la cual había sido
remitida por competencia por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito
Judicial de San Gil y repartida al despacho del magistrado Iván Mauricio Mendoza
Saavedra.
43.
Con el fin de verificar la situación procesal que dio lugar a la interposición del
amparo, la Sala examinó la información registrada en la plataforma Samai dentro
del expediente No. 68001-23-33-000-2026-00273-00, de la cual se desprenden las
actuaciones surtidas con posterioridad a la presentación de la acción de tutela,
como se evidencia en el siguiente cuadro:
Cuadro único: Historia procesal exp. 68001-23-33-000-2026-00273-00
Fuente: Samai, exp. 68001-23-33-000-2026-00273-00, archivo exportado (se copia textualmente)
Fecha Fecha Detalle Anotación Estado anexos código Consecutivo
actuación actuación
Actuación Actuación Actuación
10/08/2026 06/08/2026 RECIBE El Señor(a):HAROLDO ANTONIO REGISTRADA 2 00000130 00010
9:37:22 MEMORIAL LINERO PEREZ con vinculación al
ES ONLINE proceso: Otro, a través de la
ventanilla virtual, radicó la solicitud
No. 3170255 tipo: Recepción de
Memoriales de fecha: 06/08/2026
19:33:18, donde solicitó: RAD
68001233300020260027300 REF
SUBSANACION DEMANDA
18
Corte Constitucional, sentencias T-817 de 2005, SU-047 de 2007, T-047 de 2016 y T-038 de 2019. Consejo
de Estado, Sección Primera, sentencia de 16 de agosto de 2018, exp. 11001-03-15-000-2018-01907-00, M.P.
Oswaldo Giraldo López. Ver también Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 12 de junio de 2025,
op. cit.
19
Corte Constitucional, sentencias T-093 de 2005, T-137 de 2005, T-753 de 2005, T-760 de 2005, T-780 de
2005, T-045 de 2008 y T-431 de 2007. Ver también Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B,
sentencia del 22 de abril de 2024, exp. 11001-03-15-000-2024-01118-00, op. cit.
10
Radicado: 11001-03-15000-2026-05905-00 (9334)
Accionante: Haroldo Antonio Linero Pérez
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
06/08/2026 06/08/2026 Envió de DEC-Se notifica:Auto admite CLASIFICADA 2 90000161 00009
11:46:32 Notificación demanda de fecha 05/08/2026
enviado a HAROLDO ANTONIO
LINERO PEREZ, Total
adjuntos:1Certificados
adjuntos:25DDAEB4BCE12B255F92
C904C432BD630B8B19D97A865F3
CA1F607833103157E, Total
notificados:1
05/08/2026 06/08/2026 Fijación DEC- REGISTRADA 0 00000108 00008
16:30:16 estado
05/08/2026 05/08/2026 Recibo Recibe:Auto admite demanda REGISTRADA 0 90000168 00007
16:29:59 providencia Consecutivo:5
05/08/2026 05/08/2026 A LA Para notificar y/o comunicar:Auto REGISTRADA 0 90000167 00006
9:44:25 SECRETAR admite demanda, consecutivo:5
IA
05/08/2026 05/08/2026 Auto admite CDA. .. Documento firmado REGISTRADA 1 30020082 00005
9:43:13 demanda electrónicamente por:IVÁN
MAURICIO MENDOZA SAAVEDRA
fecha firma:Aug 5 2026 9:44AM
05/08/2026 05/08/2026 Recepción SDR-H. Consejo de Estado notifica CLASIFICADA 2 01000109 00004
7:59:27 de memorial auto que admite tutela rad: 2026-
05905-00
27/04/2026 27/04/2026 Expediente YAD-Expediente Digital. Acta de MODIFICADA 12 00000129 00003
15:10:46 digital reparto, Constancia en Correo
Electrónico
27/04/2026 27/04/2026 Reparto del Registro de reparto realizado el: REGISTRADA 0 00000002 00002
15:04:57 proceso 27/04/2026
27/04/2026 27/04/2026 Radicación Radicación realizada desde el portal REGISTRADA 0 00000001 00001
15:04:57 del proceso SAMAI
44.
De la información reseñada se advierte que el expediente fue radicado y
repartido al Tribunal Administrativo de Santander el 27 de abril de 2026.
Posteriormente, el 27 de julio siguiente, el señor Haroldo Antonio Linero Pérez
promovió la presente acción de tutela al considerar que no se había impartido
impulso procesal a la demanda. Sin embargo, durante el trámite constitucional, el
despacho judicial accionado profirió, el 5 de agosto de 2026, una providencia
mediante la cual inadmitió la demanda de protección de derechos e intereses
colectivos y dispuso las actuaciones consecuentes para su notificación.
45.
También se observa que el accionante presentó el respectivo escrito de
subsanación el 10 de agosto de 2026, actuación que resulta especialmente
relevante para la resolución del presente asunto, porque con ella no solo se
evidencia que el Tribunal Administrativo de Santander adoptó una decisión respecto
de la demanda cuya ausencia motivó la interposición de la tutela, sino también que
el actor tuvo conocimiento efectivo de dicha providencia y ejerció la carga procesal
que de ella se derivaba. En otras palabras, el trámite del proceso principal avanzó
más allá del punto específico que originó la inconformidad planteada en sede
constitucional.
46.
En estas condiciones, la Sala no encuentra acreditada la mora judicial, pues no
se advierten elementos que permitan concluir que el Tribunal Administrativo de
Santander hubiera incurrido en una inactividad arbitraria o manifiestamente
contraria a sus deberes funcionales. Por el contrario, se encuentra demostrado que
11
Radicado: 11001-03-15000-2026-05905-00 (9334)
Accionante: Haroldo Antonio Linero Pérez
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
la corporación judicial realizó el examen inicial de la demanda y profirió la
providencia correspondiente el 5 de agosto de 2026, mediante la cual resolvió
inadmitirla para que fuera subsanada por el actor. Así, aun cuando existió un lapso
entre la fecha del reparto y la adopción de dicha decisión, no se acreditó una
tardanza de tal entidad que, por sí misma, permita considerar vulnerados los
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia.
47.
Por otra parte, la actuación cuya realización perseguía el accionante mediante
la presente solicitud de amparo ya fue desplegada por la autoridad judicial
accionada durante el curso de este trámite20. Por tanto, cualquier orden encaminada
a exigir al Tribunal Administrativo de Santander que se pronuncie sobre la demanda
o imparta el impulso procesal inicial al proceso carece de utilidad práctica, toda vez
que dicha actuación ya fue efectivamente cumplida.
48.
En consecuencia, la Sala declarará la carencia actual de objeto por hecho
superado, habida cuenta de que durante el trámite de la presente acción
constitucional el Tribunal Administrativo de Santander se pronunció sobre la
demanda de protección de derechos e intereses colectivos radicada con el núm.
68001-23-33-000-2026-00273-00, circunstancia que satisfizo la pretensión principal
formulada por el accionante y eliminó la situación fáctica que motivó la petición de
amparo.
4. Conclusiones
49.
La Sala considera que en este caso no se configuró la mora judicial alegada por
el accionante, pues no se advirtió que entre la radicación del medio de control y la
expedición del auto que inadmitió la demanda hubiera transcurrido un término
excesivo que permitiera inferir, de parte de la autoridad judicial, una omisión
arbitraria e irregular que vulnerara los derechos fundamentales invocados.
50.
Por otra parte, teniendo en cuenta que el Tribunal Administrativo de Santander
inadmitió la demanda presentada por el señor Haroldo Antonio Linero Pérez, y que
en virtud de tal circunstancia, el mismo accionante radicó la subsanación
correspondiente, en el presente asunto se ha configurado la carencia actual de
objeto por hecho superado, pues (i) al momento de interponerse la acción de tutela
existía una situación con el potencial de amenazar o vulnerar un derecho
fundamental; (ii) durante el trámite de la misma desapareció la circunstancia que dio
origen a dicha afectación; y (iii) la pretensión que buscaba el solicitante por medio
del recurso de amparo resultó satisfecha antes de la expedición del fallo.
20
Se insiste, en este sentido, en que la tercera pretensión de la acción de tutela es “pronunciarse sobre el auto
que declara la falta de competencia y adminitir (sic) la demanda”.
12
Radicado: 11001-03-15000-2026-05905-00 (9334)
Accionante: Haroldo Antonio Linero Pérez
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
5. Decisión
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero: Negar la solicitud de desvinculación presentada por la Agencia Nacional
de Infraestructura, la Corporación Autónoma Regional de Santander, la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales y el municipio de Ocamonte, Santander, por las
razones expuestas en esta providencia.
Segundo: Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, en la solicitud
de tutela presentada por Haroldo Antonio Linero Pérez contra el Tribunal
Administrativo de Santander.
Tercero: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta a través del siguiente enlace.
13
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