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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-07421-01

En otro proceso de tutela

Fecha
19 de abril de 2024
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-07421-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. Confirmar la sentencia del 1º de febrero de 2024, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, de conformidad con lo razonado en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2023-07421-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

19 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-07421-01
Demandante: SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA, DISTINTA A LA SENTENCIA, DICTADA
EN OTRO PROCESO DE TUTELA / No procede estudio de fondo porque no se cumplió
el requisito de relevancia constitucional / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – Los
argumentos de la parte actora pretenden extender y continuar el debate planteado en el
proceso ordinario, sin razones constitucionales que así lo justifiquen.

Decide la Sala la impugnación interpuesta por la Superintendencia del Subsidio
Familiar en contra de la sentencia del 1º febrero de 2024, proferida por la Sección
Quinta del Consejo de Estado.

1. A N T E C E D E N T E S

1. Demanda

1.1. Pretensiones

El 7 de diciembre de 2023, la Superintendencia del Subsidio Familiar, mediante
apoderada judicial, interpuso acción de tutela contra la Sección Primera del
Consejo de Estado, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia. Formuló las siguientes
pretensiones (transcripción literal):

1.Se declare que las autoridades judiciales Oswaldo Giraldo López y
Nubia Margoth Peña incurrieron en una vía de hecho por defecto
procedimental en la modalidad de “exceso ritual manifiesto” al proferir
los autos interlocutorios de fecha 7 y 15 de julio de 2023, a través de los
cuales, respectivamente, se rechazó por extemporáneo el escrito de
impugnación contra el fallo de fecha 1º de junio de 2023 y se rechazó
por improcedente el recurso de súplica contra el auto que rechazó por
extemporáneo el escrito de impugnación.

Radicación número: 11001-03-15-000-2023-07421-01
Demandante: Superintendencia del Subsidio Familiar
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

2.Que, en consecuencia se ampare el derecho fundamental al debido
proceso, defensa y acceso a la administración de justicia de la
Superintendencia del Subsidio Familiar.

3.Que, en consecuencia, se deje sin efecto el auto de fecha 7 de julio de
2023 y, en su lugar, se conmine al señor magistrado Oswaldo Giraldo
López a que conceda el escrito de impugnación radicado contra la
sentencia del 1º de junio de 2023 que declaró por improcedente la
acción de tutela radicada por la Superintendencia del Subsidio Familiar.

4.Que, en consecuencia, se deje sin efecto el auto del 15 de julio de
2023 proferido por la magistrada Nubia Margoth Peña que rechazó de
plano el recurso de súplica elevado por la entidad que represento.

5.Que, de manera subsidiaria, se deje sin efecto el auto del 15 de julio
de 2023, que rechazó de plano el recurso de súplica elevado por la
entidad que represento, y se ordene cumplir el trámite previsto en el
artículo 332 del CGP para que sea la Sala de Decisión de la Sección
Primera del Consejo de Estado la que decida de fondo el recurso
ordinario de súplica.

1.2. Hechos

La Superintendencia del Subsidio Familiar instauró acción de tutela contra la
Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, para cuestionar la providencia del 1º de septiembre de 2022,
dentro del proceso ordinario con radicado 11001-33-42-047-2018-00446-00.

El 1º de junio de 2023, la Sección Primera del Consejo de Estado, profirió
sentencia de primera instancia, en la que declaró improcedente la solicitud de
amparo. Dicha decisión fue notificada mediante correo electrónico el 16 de junio
de 2023.

El 22 de junio siguiente, la entidad accionada la impugnó, a través de memorial
enviado al correo electrónico cegral02@notificacionesrj.gov.co; no obstante, el 30
de junio de ese año, el referido expediente fue remitido a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.

Por lo anterior, el 5 y 6 de julio de 2023, la entidad accionante solicitó dar trámite
al referido escrito, para lo cual aportó copia del memorial con impugnación y
constancia del envío, en la que se acreditó que ese documento fue enviado al
correo electrónico referido. Tal petición la radicó, esta vez, en el correo electrónico
secgeneral@consejodeestado.gov.co.

En ese sentido, mediante providencia del 7 de julio de 2023, el magistrado
ponente, Oswaldo Giraldo López, rechazó la impugnación, bajo el argumento de
que (i) no se puede tener en cuenta el memorial con impugnación que se presentó
el 22 de junio de 2023, en la referida dirección electrónica, pues aquel no está

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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-07421-01
Demandante: Superintendencia del Subsidio Familiar
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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

habilitado para tal fin y, como consecuencia (ii) se deberá tomar en consideración,
para esos efectos, el escrito que se radicó el 5 y 6 de julio, por lo que al habérsele
notificado la sentencia el viernes 16 de junio de 2023, la entidad tenía hasta el 26
de junio del mismo mes y año para presentar las inconformidades a esa decisión,
circunstancia que no ocurrió y, por tanto, el recurso deviene extemporáneo.

El 17 de julio de 2023, la entidad demandada presentó escrito contentivo del
recurso de súplica; sin embargo, en auto del 15 de agosto siguiente, el Despacho
de la magistrada, Nubia Margoth Peña Garzón, lo rechazó, por considerar que el
único recurso procedente era la impugnación.

1.3. Argumentos de la tutela

En criterio de la parte accionante, la autoridad judicial accionada vulneró sus
derechos fundamentales e incurrió en exceso ritual manifestó, dado que prevaleció
una «práctica tecnológica (…) sobre las normas procesales y sustantivas».

Resaltó que no existe ningún ordenamiento jurídico que autorice a las autoridades
judiciales bloquear el dominio de sus correos institucionales para «evitar
intencionalmente» el ingreso de los memoriales que radican los usuarios del
servicio judicial a esta Corporación, por lo que ese obstáculo trasgrede el derecho
fundamental de acceso a la administración de justicia.

Mencionó que, respecto a la procedencia del recurso de súplica en el trámite de
tutela, si bien el Decreto 2591 de 1991 no lo regula, lo cierto es que el artículo
2.2.3.1.1.3 el Decreto 1069 de 2015 prevé que para la interpretación de las
disposiciones sobre el trámite de la acción de tutela se aplicaran los principios
generales del C.G.P., y, por tanto, en este caso se pasó por alto las disposiciones
consagradas en los artículos 331 y 332 ibidem.

2.Trámite impartido e intervenciones

2.1. Mediante auto del 18 de diciembre de 2023, el magistrado sustanciador de
primera instancia admitió la acción de tutela y en aquel ordenó notificar a los
magistrados que integran la Sección Primera del Consejo de Estado, como parte
demandada, y a los magistrados que integran la Subsección D de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al titular del Juzgado 47
Administrativo de Bogotá y al señor Fabio Andrés Parra Vargas, como terceros
con interés.

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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

2.2. En informes rendidos por los magistrados, Oswaldo Giraldo López y Nubia
Margoth Peña Garzón, pidieron que se declarara improcedente la solicitud de
amparo, por no cumplir con el requisito de relevancia inconstitucional, bajo el
argumento de que la parte actora omitió sustentar los motivos por los cuales se
vulneró sus derechos fundamentales.

Resaltó que los oficios enviados por la Secretaría General del Consejo de Estado,
cuentan con un párrafo en el cual se explica a los accionantes y usuarios, cuál es
el correo que debe ser utilizado para allegar las solicitudes y documentos, esto es,
secgeneral@consejodeestado.gov.co, pues la dirección
cegral@notificacionesrj.gov.co es de uso exclusivo de la Secretaría General para
el envío de notificaciones y comunicaciones a los usuarios.

Por lo anterior, el hecho de que el 22 de junio de 2023 la entidad accionada envió
el escrito de impugnación al correo electrónico que no estaba habilitado para tal
fin, a pesar de la referida advertencia, no constituye una vulneración de los
derechos fundamentales.

Indicó que el memorial de impugnación que radicó la entidad accionante, el 5 y 6
de julio de 2023, en la dirección electrónica que sí está habilitada para el efecto,
fue presentado de forma extemporánea, dado que la parte accionante tenía hasta
el 26 de junio para presentar sus inconformidades.

De otra parte, mencionó que, el 30 de junio de 2023, la Secretaría General de esta
Corporación envió el referido expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, por lo que esta, en auto del 31 de agosto de 2023, excluyó a la
referida de tutela de su respectiva revisión, lo cual hace tránsito a cosa juzgada y,
además, se trata de una decisión inmutable y vinculante, en virtud de la
jurisprudencia de la Corte Constitucional1.

Agregó que en este caso no se acreditó que las decisiones en cuestión fueron
producto de una situación de fraude, sino que la parte actora pretende que la sede
de tutela se convierta en una instancia adicional.

2.3. El Titular del Juzgado 47 Administrativo de Bogotá solicitó que se
desvinculara del proceso de tutela, toda vez que la acción de tutela no se dirige
contra la providencia que profirió esa autoridad judicial.

1 Auto 567 de 2019 y la sentencia SU-1219 de 2001.

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3. Fallo impugnado

La Sección Quinta del Consejo de Estado declaró improcedente la solicitud de
amparo, dado que la solicitud de amparo incumplió con el requisito de relevancia
constitucional. Para ello, luego de describir las actuaciones que se surtió en el
proceso de tutela, concluyó que la autoridad judicial accionada pretende reabrir la
discusión que fue zanjada por el juez natural.

Manifestó que era evidente que la entidad accionante únicamente está inconforme
en la decisión que adoptó la Sección Primera de esta Corporación, puesto que, en
su sentir, sí era viable tener como fecha de presentación del escrito de
impugnación el 22 de junio de 2023, situación que no denota la existencia de una
transgresión de sus derechos fundamentales.

Asimismo, no se demostró que la autoridad judicial accionada desconoció
caprichosamente los artículos 331 y 332 del C.G.P, máxime cuando esta
Corporación y la Corte Constitucional ha dicho que el único recurso procedente en
el trámite de tutela es la impugnación.

4. Impugnación

La parte demandante impugnó el fallo de tutela, bajo del argumento de que esa
decisión únicamente analizó las circunstancias del auto que rechazó la
impugnación y omitió estudiar el defecto procedimental por un exceso ritual
manifiesto. Resaltó que sí se configuró ese defecto, dado que no existe ninguna
norma que autorice a las autoridades judiciales «bloquear los dominios de sus
propios canales institucionales para evitar intencionalmente que no entre
memoriales que radican los usuarios». Por el contrario, la «ley» les exige a
aquellas tramitar cualquier petición que radique el usuario en sus canales
institucionales, en virtud de garantizar el derecho fundamental de petición.

Indicó que también es deber de la Rama Judicial garantizar el acceso a la
administración de justicia, por lo que las autoridades deberían prohibir la referida
práctica. Para sostener lo anterior, citó la posición de la magistrada Myriam Stella
Gutiérrez Arguello, integrante de la Sección Cuarta de esta Corporación, frente al
tema bajo estudio, que adoptó en un salvamento de voto (no la identificó):

Si bien esta Sala de Decisión en casos similares al sub examine, ha
señalado que, en los eventos en los que los recursos, memoriales o
documentos son enviados a correos diferentes a los dispuestos por las
autoridades judiciales para dichos efectos, no puede considerarse una
decisión vulneradora de derechos fundamentales aquella que decide
tenerlos como no presentados; lo cierto es que, a mi juicio, tal postura

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debe reconsiderarse en aras de garantizar intereses superiores como
la aplicación de los principios de prevalencia del derecho sustancial y
de justicia material; así como garantizar el derecho fundamental al
debido proceso, de defensa y contradicción, a la segunda instancia, y
al acceso a la administración de justicia.

Tal conclusión obedece, no solo a lo recurrente de esta situación, lo
cual es indicador de la necesidad de adoptar medidas administrativas
tendientes a solucionar esta falencia del sistema que incumbe a la
administración de justicia, sino también al hecho cierto de que, la parte
interesada radicó oportunamente el escrito de impugnación contra el
fallo de tutela del 4 de junio de 2021, en uno de los buzones con que
cuenta la Secretaría General del Consejo de Estado.

Y si bien en los oficios de notificación elaborados y remitidos por la
Secretaría de esa Corporación, expresamente se indicó que la
dirección de correo cegral@notificacionesrj.gov.co es de uso exclusivo
para el envío de notificaciones, y que las respuestas y solicitudes que
se remitan por medios electrónicos debían ser enviadas al buzón
judicial secgeneral@consejodeestado.gov.co, no puede pasarse por
alto que se trata de bandejas de correo electrónico que pertenecen a la
misma Corporación, de manera que nada impide que la información
equivocadamente remitida al correo exclusivo para notificaciones, se
re-direccione al buzón de correo y/o al servidor público o despacho que
corresponda, para que dicho memorial fuera allegado al expediente y
de esta manera, se le impartiera el trámite respectivo al recurso
interpuesto oportunamente por el demandante de la acción de
cumplimiento.(…)

Por lo anterior, concluyó que la decisión en cuestión es desproporcionada, dado
que, a pesar de que allegó el escrito de impugnación oportunamente a un «canal
electrónico del propio Consejo de Estado», la Corporación bloqueó ese correo con
la intención de obstruir el acceso a la administración de justicia.

Finalmente, reiteró los argumentos consagrados en la demanda de tutela,
respecto de la falta de aplicación del artículo 2.2.3.1.1.3 del Decreto 1069 de 2015
al caso bajo estudio.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si confirma, revoca o modifica el fallo de tutela
de primera instancia, dictado por la Sección Quinta de esta Corporación, mediante
el cual declaró improcedente la solicitud de amparo presentada por la
Superintendencia del Subsidio Familiar contra la Sección Primera de esta
Corporación.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-07421-01
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2. Análisis de la Sala

2.1. Requisitos generales de procedibilidad

2.1.1. De la procedencia de tutela contra sentencia de tutela

La Corte Constitucional, en la sentencia SU-627 de 2015, unificó el criterio en
relación con la procedencia excepcional de la acción de tutela contra sentencias o
actuaciones adelantadas en una acción de tutela. Al respecto, dijo lo siguiente:

4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata de
un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra la
sentencia proferida dentro de él o contra una actuación previa o posterior a ella.

4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la
de que no procede.

4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido
proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas
de Revisión de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de
dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional.

4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la
República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando
exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada
fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con los requisitos genéricos
de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acción de tutela
presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo
cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión
adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude
(Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario,
eficaz para resolver la situación.

4.6.3. Si la acción se (sic) de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de
tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con
anterioridad o con posterioridad a la sentencia.

4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la
omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los
terceros que serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela sí
procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su
revisión.

4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de
lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de
tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho
fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y
se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera
excepcional.

De lo anterior, se pueden puntualizar las tres excepciones en las que la acción de
tutela procede contra sentencias o actuaciones adelantadas en procesos de tutela:

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1. Contra la sentencia de tutela proferida por un juez, diferente a la Corte
Constitucional, siempre y cuando se demuestre que la nueva tutela no comparta
identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada, que la decisión
adoptada fue producto de una situación de fraude, y que no exista otro medio,
ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación.

2. Contra actuaciones del proceso de tutela anteriores a la sentencia, que puede
consistir, entre otros, en no haber informado, notificado o vinculado a los terceros
que serían afectados con la decisión.

3. Contra actuaciones posteriores a la sentencia de tutela, cuando se trate de
proteger un derecho fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del
incidente de desacato o de la impugnación al fallo de tutela2.

Sin embargo, para la Corte, en cualquiera de los anteriores escenarios sigue
siendo exigible el cumplimiento de los demás requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.

2.1.2. De la relevancia constitucional

La Sala considera necesario referirse brevemente al requisito de la relevancia
constitucional de la acción de tutela, a fin de establecer si se cumple o no en el
presente asunto.

El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se agota al señalar
los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos contra
la providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i) una carga
argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera
instancia o instancia adicional a las establecidas por el legislador.

La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente 3 reiterado de la Corte
Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción
de tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos
ordinarios, ni en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole
patrimonial o la interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este
instrumento constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se
adentre en juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de
cada especialidad.

2 Esta última hipótesis es aceptada en la sentencia T-162 de 1997 y reiterada en diferentes
ocasiones, entre otras, en la SU-627 de 2015 y la SU-387 de 2022.
3 Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103 de 2022 y

SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.

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La tutela sólo se justifica en aquellos eventos en los que exista una discusión de
marcada importancia constitucional, circunstancia que no se satisface con el
simple señalamiento de que se están afectando garantías iusfundamentales, sino
porque, en efecto, afloran dudas razonables y razonadas de que se ha
desbordado el alcance de un derecho fundamental.

3.Caso concreto y solución del problema jurídico

Como quedó sentado en los antecedentes, la Superintendencia del Subsidio
Familiar no pretende atacar el fallo de tutela proferido por la Sección Primera del
Consejo de Estado en el proceso de tutela con radicado 11001-03-15-000-2023-
01107-00, sino las decisiones por medio de las cuales se rechazó los escritos de
impugnación y súplica que presentó la entidad accionante, a su juicio, el 22 de
junio y 15 de julio de 2023. En su sentir, esas decisiones vulneraron sus derechos
fundamentales, dado que se incurrió en exceso ritual manifiesto al no tener en
cuenta que, en esa fecha, estando en la oportunidad para hacerlo, envió la
impugnación al canal de comunicaciones de esta Corporación.

Quiere decir lo anterior, que el debate se centra en una actuación posterior a la
sentencia de tutela y relacionada con el trámite de la impugnación, a la que se
enrostra la afectación constitucional, por consiguiente, es necesario verificar si se
cumplen los demás presupuestos generales para que proceda la solicitud de
amparo de manera excepcional, en especial, el requisito de la relevancia
constitucional.

En ese sentido, la Sala comparte el razonamiento del a quo, dado que la solicitud
de amparo no cumple con el requisito de relevancia constitucional, toda vez que
los argumentos de la entidad accionante se orientan a convertir la tutela en una
instancia adicional del proceso de tutela con radicado 11001-03-15-000-2023-
01107-00 y no ofrece elementos que en perspectiva constitucional justifiquen la
intervención del juez de tutela, para discernir sobre el acierto o no de una decisión
dictada por un órgano de cierre.

Para la Sala, los puntos de inconformidad que se califican como defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto buscan reabrir la discusión que ya fue
zanjada en el referido proceso, simplemente porque no se comparten los
razonamientos de las providencias censuradas.

Las razones propuestas por la demandante son de estricto orden legal, dirigidas a
refutar la tesis de la autoridad judicial accionada sobre (i) la imposibilidad de

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conceder el escrito de impugnación que fue presentado extemporáneamente, bajo
la excusa que el memorial fue radicado oportunamente en una dirección
electrónica no habilitada para el efecto y (ii) no es procedente el recurso de súplica
en el trámite de tutela. Para tal fin, es importante describir lo siguiente:

En sentencia del 1 de junio de 2023, la Sección Primera del Consejo de Estado
declaró improcedente el amparo solicitado por la entidad accionada por
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, dentro del proceso de
tutela con radicado 11001-03-15-000-2023-01107-00.

La anterior decisión fue notificada por correo electrónico enviado el 16 de junio de
2023, junto con la advertencia de que el único correo habilitado para tramitar
alguna solicitud era el secgeneral@consejodeestado.gov.co, por lo que, en virtud
de la sentencia SU 387 de 2022, la notificación se surtió el 21 de junio de 2023,
esto es, transcurridos 2 días hábiles siguientes al envío del mensaje de datos.

Así las cosas, el término para impugnar la providencia de primera instancia, en los
términos del artículo 31 del Decreto 2591 de 1991 transcurrió del 22 al 26 de junio
siguiente.

Luego de revisar las pruebas que obran en el expediente, y las actuaciones que
constan en el aplicativo Samai del Consejo de Estado del proceso de tutela en el
que se profirieron las providencias en cuestión, se observa lo siguiente:

En el índice 00024 del aplicativo Samai obra una actuación del 30 de junio de
2023, en la que, según la anotación registrada, la Secretaría General de esta
Corporación envió el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Posteriormente, el 5 y 6 de julio de 2023, la entidad accionada solicitó dar trámite
a un escrito con impugnación que radicó el 22 de junio de 2023, en el correo
electrónico cegral02@notificacionesrj.gov.co. Así lo acreditó:

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Mediante auto del 7 de julio de 2023, la Sección Primera del Consejo de Estado
rechazó por extemporánea la impugnación, bajo el argumento de que, si bien la
entidad accionante acreditó que, el 22 de junio de ese año, envió un escrito de
impugnación por correo electrónico a una dirección no habilitada para el recibo de
solicitudes, lo cierto es que esta Corporación4 ha indicado que no es posible tener
por presentado el escrito de impugnación enviado a una dirección electrónica no
habilitada para tal fin.

En esa oportunidad, resaltó que, en virtud de los principios de publicidad,
prevalencia del derecho sustancial, economía, celeridad y eficacia que rigen el
trámite de la acción de tutela; así como en garantía del derecho fundamental al
debido proceso, las autoridades judiciales ponen en servicio de los usuarios los
canales oficiales de atención correspondientes, para su acceso efectivo a la
administración de justicia, por lo que radicar las respectivas solicitudes de los
interesados en los canales habilitados para el efecto, es una carga mínima del
usuario.

Concluyó que, respecto del escrito de impugnación que radicó la entidad
accionante, el 5 y 6 de julio de 2023, en el correo electrónico
secgeneral@consejodeestado.gov.co, se realizó por fuera del término establecido
en el Decreto 2591 de 1991. Que, además, la notificación del fallo de tutela de
primera instancia se surtió el 16 de junio de ese mismo año, de manera que el
término para impugnar corrió del 22 al 26 de junio de la misma anualidad.

4 Para tal efecto, entre otras, citó la sentencia del 14 de abril de 2023, emitida por la Sección Primera del

Consejo de Estado, dentro del proceso de tutela con radicado 11001-03-15 000-2023-00238-00.

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Contra la anterior decisión, la parte actora la recurrió en súplica e indicó que, entre
otras, no está de acuerdo con esa tesis, dado que el escrito de impugnación fue
radicado oportunamente en el canal electrónico de esta Corporación, el que fue
bloqueado con la intención de impedir el acceso de la administración de justicia.

En ese sentido, en providencia del 15 de julio de 2023, la Sección Primera de esta
Corporación rechazó el referido recurso, en consideración a que, en virtud de la
jurisprudencia de la Corte Constitucional como la del Consejo de Estado 5, el único
recurso previsto en el trámite de tutela es el de impugnación.

De lo anterior se sigue que los razonamientos de la Sección Primera del Consejo
de Estado se sustentaron en una valoración conjunta, integral y sistemática de las
disposiciones normativas y jurisprudenciales que estimó aplicables al caso
concreto.

De hecho, como se vio, para sustentar su tesis citó varias sentencias de esta
Corporación, con el objetivo de precisar que esa posición ha sido adoptada en
varias oportunidades por el Consejo de Estado, circunstancia que también ocurrió
cuando se resolvió el recurso de súplica.

La Sala no observa capricho, arbitrariedad o irracionalidad que evidencien una
flagrante vulneración de derechos fundamentales, de su interpretación o del
alcance del sentido fijado a una disposición constitucional; por ende, como se
anticipó, se confirma que las discrepancias planteadas por la parte demandante
reflejan una clara intención de extender en sede de tutela los argumentos
ventilados a lo largo de ese proceso con el único fin de que sean reexaminados
por el juez de tutela.

Recuérdese que el papel del juez constitucional no es el de fungir como superior
funcional o revisor del juez natural, ni realizar juicios de corrección 6 de las
decisiones proferidas por estos, salvo casos excepcionalísimos.

El principio del juez natural es una garantía del debido proceso que dimana del
artículo 29 constitucional, cuando este se refiere al derecho de ser juzgado «ante
juez o tribunal competente». Ello es así porque la Constitución preserva la labor de
cada autoridad u organismo estatal, para evitar que otras usurpen o asuman
funciones que no les han sido encomendadas.

5 Para tal fin, entre otras, citó la providencia del 9 de junio de 2011, emitida por la Sección Cuarta del Consejo

de Estado, dentro del expediente con radicado 2010-00603, y la sentencia C-284 de 2014, proferida por la
Corte Constitucional.
6 En tal sentido, puede consultarse la sentencia SU-128 de 2021, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-07421-01
Demandante: Superintendencia del Subsidio Familiar
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

El desacuerdo de la entidad accionante y la disparidad de criterios en torno a los
elementos debatidos no son razones suficientes para que el juez de tutela realice
un estudio de fondo, pues este instrumento constitucional no es una instancia
adicional para dirimir diferencias de criterios e imponer una interpretación única en
un proceso dirigido y decidido por los jueces naturales, tanto más si la demanda
está desprovista de razonamientos constitucionales que den cuenta de que se
cumple el presupuesto de relevancia constitucional.

La carga argumentativa debió estar desligada de la extensión del debate de
instancia y contener elementos de verdadero alcance constitucional, carga que,
vista así, no se satisfizo, pues las razones fueron de estricto orden legal respecto
de la interpretación del escrito de impugnación que fue radicado en una dirección
electrónica que no está habilitada para recibir solicitudes, y sobre la procedencia
del recurso de súplica en el trámite de la acción de tutela.

La importancia iusfundamental o constitucional de un asunto no surge por el solo
hecho de invocarse la violación de derechos fundamentales, pues de ser así todos
los conflictos serían definidos mediante la acción de amparo, en la medida en que
siempre habrá un debate, al menos respecto de los derechos al debido proceso y
de acceso a la administración de justicia. Tampoco significa que la tutela deba
hacer abstracción de las disposiciones legales sobre las cuales versa el proceso
jurisdiccional, sólo que debe limitarse las discrepancias con clara y marcada
importancia constitucional.

Los reparos, desde luego y necesariamente, deben estar relacionados con los
temas debatidos, pero no con miras a que el juez constitucional asuma el papel de
los jueces naturales, ni que se agregue una instancia más a las que el legislador,
dentro de su margen de configuración legislativa, a bien tuvo prever; mucho
menos si se trata de una sentencia proferida por un órgano de cierre, caso en el
cual los requisitos de procedencia de la acción de tutela se tornan más rigurosos,
en el sentido de que se debe acreditar que la decisión contraríe abiertamente un
postulado constitucional o que se desconozca la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en la que se hubiera dado alcance a algún derecho fundamental,
circunstancias que en este caso no se presentan.

Bajo ese contexto, la Sala considera que la impugnación no está llamada a
prosperar, dado que, en primer lugar, el a quo delimitó el problema jurídico del
caso bajo estudio, en el sentido de que únicamente analizará el fondo del reclamo,
esto es, si la autoridad judicial incurrió o no en un defecto procedimental por

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Demandante: Superintendencia del Subsidio Familiar
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

exceso ritual manifiesto, de encontrarse superados los requisitos adjetivos de
procedibilidad, situación que no ocurrió y, por tanto, no se ahondó en el asunto.

En la impugnación del fallo de la Sección Quinta, la parte actora insistió en que la
Rama Judicial debe garantizar el acceso a la administración de justicia, por lo que
debería prohibir «la práctica de bloquear el dominio de los correos electrónicos
porque desde la perspectiva de las tecnologías de la información existen mejores
prácticas que, se insiste, permitirían redireccionar los mensajes de datos a los
correos institucionales correspondientes». Para tal fin, mencionó que la
magistrada Myriam Stella Gutiérrez Arguello, integrante de la Sección Cuarta de
esta Corporación, ha dicho en salvamentos y aclaraciones de voto, que7:

Si bien esta Sala de Decisión en casos similares al sub examine, ha
señalado que, en los eventos en los que los recursos, memoriales o
documentos son enviados a correos diferentes a los dispuestos por las
autoridades judiciales para dichos efectos, no puede considerarse una
decisión vulneradora de derechos fundamentales aquella que decide
tenerlos como no presentados; lo cierto es que, a mi juicio, tal postura
debe reconsiderarse en aras de garantizar intereses superiores como la
aplicación de los principios de prevalencia del derecho sustancial y de
justicia material; así como garantizar el derecho fundamental al debido
proceso, de defensa y contradicción, a la segunda instancia, y al acceso
a la administración de justicia.

Tal conclusión obedece, no solo a lo recurrente de esta situación, lo cual
es indicador de la necesidad de adoptar medidas administrativas
tendientes a solucionar esta falencia del sistema que incumbe a la
administración de justicia, sino también al hecho cierto de que, la parte
interesada radicó oportunamente el escrito de impugnación contra el
fallo de tutela del 4 de junio de 2021, en uno de los buzones con que
cuenta la Secretaría General del Consejo de Estado.

Respecto a lo anterior, a pesar de que se desconoce realmente la posición de la
citada magistrada, dado que la recurrente no identificó en qué sentencia se salvó
el voto, la Corte Constitucional 8 ha dicho que los salvamentos de voto son
opiniones minoritarias que, aunque importantes, no tienen fuerza vinculante.

De hecho, en esta Corporación existen posiciones divididas sobre el tema bajo
estudio, pues, como se vio, (i) hay tesis que defienden que no es de recibo las
solicitudes que se radican en direcciones electrónicas que no están habilitadas
para el efecto, dado que el solicitante tiene la carga mínima de aportarlo en los
correos electrónicos dispuestos para ello, y (ii) también hay quienes ponderan el
hecho de que la solicitud fue radicada en el término estipulado, sin importar en qué
dirección electrónica de la Secretaría General de esta Corporación fue presentado
dicho memorial, por lo que la autoridad judicial está facultada para optar por la

7 Cita tomada de la referida impugnación.
8 Ver, entre otras, la providencia A071 -20.

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tesis de mayor conveniencia, en virtud de los principios de autonomía e
independencia judicial.

Entonces, teniendo en cuenta que la presente solicitud de amparo no satisface los
requisitos jurisprudenciales de procedencia de la acción de tutela contra una
sentencia proferida en otro proceso de tutela, será confirmada la sentencia de
primera instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. Confirmar la sentencia del 1º de febrero de 2024, proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, de conformidad con lo razonado en la
parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más
expedito y eficaz.

TERCERO. Por Secretaría General, envíese el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

Esta providencia fue discutida en Sala de la fecha del encabezado y firmada
electrónicamente mediante el aplicativo SAMAI. La autenticidad e integridad de su
contenido pueden ser validadas escaneando el código QR que aparece a la derecha
o dirigiéndose el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx

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