Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-01107-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-01107-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-01107-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
1 de junio de 2023
Radicación: 11001 03 15 000 2023 01107 00
Accionante: Superintendencia del Subsidio Familiar
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., primero (1) de junio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2023 01107 00
Accionante: SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA -
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN D
Tesis: La acción de tutela es improcedente cuando el debate
planteado por la parte actora pretende reabrir la
controversia resuelta por el juez natural.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela presentada por la Superintendencia del
Subsidio Familiar contra la sentencia proferida el 1 de septiembre de 2022
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
con el radicado nro. 11001 33 42 047 2018 00446 01.
1. SÍNTESIS DEL CASO
La parte actora promovió acción de tutela en contra de la sentencia
proferida el 1 de septiembre de 2022 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, con el fin de que se
amparen los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso
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efectivo a la administración de justicia y a la igualdad, y para ello formuló
las siguientes pretensiones1:
“[…] 1.- TUTELAR a la SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR
su derecho fundamental al debido proceso (art. 29 C. Pol.), y de
acceso efectivo a la administración de justicia, en la dimensión de la
garantía de un juez objetivo, e imparcial, además del derecho a la
igualdad de las partes en el desarrollo de procedimiento judicial que
impone que al juez le está vedado tomar parte en la Litis debatida,
y que debe garantizar un examen imparcial de las pruebas aportadas
con mérito para la definición del asunto puesto en su consideración.
2.- Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTOS la
providencia proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN “D” el 1 de
septiembre de 2022.
3.- En su lugar, ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN “D” que adopte
una nueva decisión en la que atienda a la realidad fáctica, jurídica,
y PROBATORIA exhibida en el proceso, con respeto por el equilibrio
y las cargas procesales asignadas en el ordenamiento procesal a las
partes, en orden a evitar condenar al Estado a pago de
indemnizaciones por las que no es responsable, de acuerdo a lo
expuesto en la presente solicitud de amparo.
4.- Compulsar copias de la presente actuación a las autoridades
correspondientes a efectos de que se determine si el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN “D”, al proferir la sentencia objeto de examen, alteró
el sistema de turnos […]”. [Mayúsculas del escrito de tutela]
2. SITUACIÓN FÁCTICA
La entidad accionante informó que, mediante la Resolución nro. 0239
expedida el 19 de abril de 2017, nombró al señor Fabio Andrés Parra
Vargas en período de prueba, en el empleo de carrera administrativa
denominado profesional especializado, código 2028, grado 212.
Manifestó que el desempeño inicial en el período de prueba y a lo largo
del primer año de labores del profesional transcurrió sin novedad alguna.
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Ibídem.
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Indicó que el 2 de mayo de 2018 el señor Parra Vargas radicó carta de
renuncia con nota de irrevocabilidad y, por medio de la Resolución nro.
0249 expedida ese mismo día, el Superintendente del Subsidio Familiar
aceptó la renuncia al cargo de profesional especializado código 2028,
grado 21, a partir del 7 de mayo de 2018.
Señaló que el 3 de mayo de 2018 el señor Parra Vargas solicitó al
Superintendente del Subsidio Familiar no tener en cuenta la carta de
renuncia, bajo la consideración que fue presentada en medio de un estado
depresivo producto de la enfermedad que padecía.
La parte actora sostuvo que, “(…) sin conocimiento concomitante de
la Superintendencia, el señor Fabio Andrés Parra Vargas fue
diagnosticado con episodio depresivo y trastorno afectivo bipolar II desde
octubre de 2017. Por ese diagnóstico estuvo incapacitado del 21 al 27 de
octubre de 2017; del 09 al 13 de abril de 2018; del 16 al 20 de abril de
2018; del 21 al 30 de abril de 2018 y del 01 al 11 de mayo de 2018,
dichas incapacidades fueron transcritas y pagas (sic) por la EPS a la que
estaba afiliado, sin embargo, fueron puestas en conocimiento de la
Superintendencia de Subsidio Familiar, con posterioridad a su
ocurrencia (…)”3. (Negrillas del escrito de tutela).
Adujo que el señor Fabio Andrés Parra Vargas presentó demanda bajo el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de
que se declarara la nulidad de la Resolución nro. 0249 del 2 de mayo de
2018, por la cual se le aceptó la renuncia, y se ordenara el reintegro al
servicio sin solución de continuidad, con el pago de todos los salarios y
prestaciones sociales dejados de percibir desde la fecha de su retiro hasta
su reincorporación.
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Indicó que la demanda correspondió por reparto al Juzgado Cuarenta y
Siete Administrativo de Bogotá que, en sentencia del 9 de marzo de 2022,
negó las pretensiones4.
Anotó que la Subsección D, Sección Segunda, del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, en sentencia del 1 de septiembre de 2022, declaró la
nulidad de Resolución nro. 0249 del 2 de mayo de 2018 que aceptó la
renuncia del señor Fabio Andrés Parra Vargas al cargo de profesional
especializado, código 2028, grado 21, y, a título de restablecimiento del
derecho, condenó a la Superintendencia del Subsidio Familiar a
reintegrarlo al cargo del cual le fue aceptada su renuncia, o a uno de igual
o superior categoría, así como a pagarle los sueldos y prestaciones
dejados de devengar desde la fecha del retiro hasta la efectiva
reincorporación.
Conforme con lo anterior, informó que el 18 de noviembre de 2022
reintegró al señor Parra Vargas al cargo que venía ocupando, como
profesional especializado, código 2028, grado 21.
Frente a la subsidiariedad, precisó que, una vez surtido el debate del
proceso contencioso en sus dos instancias y al no configurarse las
causales de los recursos extraordinarios de revisión y de unificación
jurisprudencial previstos en los artículos 250 y 257 del CPACA,
respectivamente, agotó todos los medios de defensa y recursos judiciales
que tenía a su alcance.
Arguyó que la sentencia cuestionada incurrió en los defectos fáctico,
desconocimiento del precedente y falta de motivación.
En cuanto al defecto fáctico, consideró que se hizo una inadecuada
valoración probatoria, a partir de lo que concluyó que la entidad (i)
conocía la totalidad de las incapacidades, (ii) su diagnóstico médico y lo
que ello implicaba, y que (iii) para el momento en que presentó la
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renuncia tenía viciado el consentimiento. Acotó que la providencia
cuestionada se fundamentó en pruebas que no eran idóneas para
determinar la existencia de un vicio en la voluntad al momento de
presentar la renuncia, carga que correspondía a la parte demandante, que
no fue cumplida y que flexibilizó el juez de segunda instancia.
Argumentó que en la providencia atacada se adoptó una decisión sin
motivación, en la medida que el tribunal concluyó, sin sustento
probatorio, que la capacidad decisoria del señor Parra Vargas se
encontraba viciada, al punto de entender que no estaba en capacidad de
decidir si renunciaba al cargo que venía desempeñando en la entidad.
Agregó que la autoridad judicial accionada desconoció el precedente
jurisprudencial en la medida que el Consejo de Estado ha expresado que,
si la manifestación de la voluntad se ve afectada por error, fuerza o
coacción física o moral y dolo, corresponde al demandante aportar las
pruebas pertinentes y suficientes que acrediten la existencia de dichos
vicios, sin que tal situación se hubiere verificado en este caso, pues el
tribunal terminó supliendo, en un ejercicio forzado de argumentación, y
sin el respaldo probatorio, normativo y jurisprudencial del caso, una carga
propia del demandante, teniendo como resultado la condena de la entidad
y la declaración de la ilegalidad de un acto sin que lograra ubicarse el vicio
bajo alguno de los títulos que permiten declarar la nulidad de un acto
administrativo.
Luego de exponer los defectos que estimó se configuraron, concluyó que
“(…) le corresponde al juez constitucional conjurar la situación acaecida
en detrimento de los derechos fundamentales de la entidad (…),
ordenando a la Corporación accionada proferir una decisión con la
exposición de la debida carga argumentativa y con la evaluación de la
eficacia y alcance real de las pruebas aportadas, de modo que se adopte
una decisión coherente y correspondiente con el verdadero alcance de los
hechos que develan tales pruebas”.
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Accionante: Superintendencia del Subsidio Familiar
En el acápite que denominó “cuestión final”, expuso que la sentencia de
primera instancia “(…) fue recurrida por el actor el 24 de marzo de 2022;
el 7 de junio de 2022 el a quo concedió el recurso de apelación, el
7 de julio de 2022 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda recibió el asunto por reparto, el día 12 siguiente
ingresó al despacho; siendo admitido el 26 de julio de 2022, notificada
por estado electrónico el 27 del mismo mes y año; una vez culminó el
término de ejecutoria, el 9 de agosto de 2022 pasó al despacho para
sentencia de segunda instancia (…)”56, y la providencia fue proferida
el 1 de septiembre de 2022, por lo que afirmó que lo anterior evidencia
una sustanciación y proyección “maratónica”, dado que la decisión fue
proferida en menos de un mes desde que pasó al despacho para
sentencia.
Agregó que lo expuesto conlleva a analizar si en este caso se respetó el
sistema de turnos, o si, por el contrario, hubo una alteración en el mismo;
por ello, en el acápite de pretensiones de la acción de tutela, solicitó que
se compulsaran copias a las autoridades correspondientes con el fin de
que se determine si en la sentencia atacada se alteró el sistema de turnos.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes, fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada en esta Corporación el 1 de marzo de 20237 y
correspondió por reparto a la Sección Primera que, por auto del 3 de
marzo de 20238, la admitió y dispuso notificar al Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, y vincular al Juzgado
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Negrillas originales en el escrito,
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Cuarenta y Siete Administrativo de Bogotá y al señor Fabio Andrés Parra
Vargas9.
De igual forma, solicitó al Juzgado Cuarenta y Siete Administrativo de
Bogotá y/o al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que allegara copia
digital del proceso con radicado nro. 11001 33 42 047 2018 00446 01, el
cual fue remitido10.
3.2. La magistrada ponente de la decisión cuestionada rindió informe11
vía mensaje de datos, en el que manifestó que en el caso objeto de
estudio no se reúnen las exigencias especiales de procedibilidad de la
acción de tutela contra decisiones judiciales.
Al respecto, sostuvo que la providencia acusada fue proferida i) por
funcionarios competentes, ii) con acatamiento al procedimiento
establecido para esta clase de actuaciones, iii) aplicando el supuesto legal
que sirvió de fundamento a la decisión, de acuerdo al acervo probatorio
allegado al expediente, iv) sin que se presente contradicción entre los
fundamentos de la decisión y la parte resolutiva de la misma, v) no se
está frente a un error inducido, vi) la decisión fue ampliamente motivada
con fundamentos de hecho y de derecho, y vii) no se presentó
desconocimiento del precedente constitucional.
Por último, señaló que la acción de tutela es improcedente debido a que
la hoy accionante ejerció todos los mecanismos judiciales que tenía a su
disposición y los argumentos que plantea ya fueron resueltos en el
proceso contencioso y, dado el carácter residual de la acción de tutela,
ésta no puede utilizarse como una tercera instancia.
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Esta orden se cumplió el 10 de marzo de 2023. Visto en el índice 9 de la Sede
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3.3. El Juzgado Cuarenta y Siete Administrativo de Bogotá presentó
informe12 vía correo electrónico, mediante el cual solicitó se declare que
dicho despacho no ha vulnerado los derechos fundamentales que
considera transgredidos la parte actora y, en consecuencia, la
improcedencia de la tutela al no acreditarse una vía de hecho, ni alguna
de las causales de procedencia del amparo contra decisiones judiciales.
3.4. El señor Fabio Andrés Parra Vargas, actuando por conducto de
apoderado13, manifestó que se oponía a las pretensiones de la acción de
tutela y consideró que el tribunal accionado no vulneró ningún derecho
fundamental de la parte actora porque el procedimiento impartido por los
despachos judiciales que conocieron del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho se ciñeron al cumplimiento de la
Constitución y la Ley.
Aseveró que la cuestión planteada no tiene relevancia constitucional,
porque el accionado, al proferir el fallo aludido, no incurrió en vía de
hecho, pues la decisión que tomó fue basada en el diagnóstico expedido
por un médico psiquiatra y lo que la Organización Mundial de la Salud, el
Ministerio de Salud y la Corte Suprema de Justicia han explicado sobre
los trastornos mentales.
Sostuvo que “(…) no hubo ninguna alteración de turnos al momento de
tomar la decisión teniendo en cuenta el recurso de apelación presentado
por la parte actora, pues cuando estamos tratando asuntos que se
ventilan ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la norma
que prevalece es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso administrativo, que en su artículo 247, establece en que
oportunidad se debe dictar sentencia (…)”. En ese sentido, agregó que la
sentencia atacada fue dictada “(…) después de los 20 días siguientes a la
ejecutoria del auto que admite el recurso, teniendo en cuenta que este
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auto fue notificado el 27 de julio de 2022 y la sentencia fue proferida el
03 de septiembre de 2022 (…)”.
3.5. Por auto del 17 de abril de 202314, con el fin de determinar lo indicado
por el accionante, se solicitó a la magistrada ponente de la sentencia
reprochada indicara si había acatado el orden de los turnos para proferir
la sentencia y, en caso negativo, explicara las razones.
3.6. La magistrada ponente de la decisión cuestionada remitió escrito vía
correo electrónico15 en el que explicó que, desde que tomó posesión como
magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el despacho a
su cargo ha presentado un porcentaje de efectividad superior al 100%, lo
que le permitió tener, a diciembre de 2022, solo 64 procesos activos sin
sentencia o decisión definitiva.
Anotó que “(…) los proyectos que son presentados ante la Sala de
Decisión, se registran acatando la entrada al despacho de los mismos, no
obstante, esto no implica per se que sean aprobados en dicho orden, ya
que, dependiendo del desarrollo de cada Sala, la novedad de la temática,
la complejidad del asunto, la naturaleza del mismo, existencia de
sentencia de unificación o línea jurisprudencial pacífica sobre la temática,
en ocasiones existen aplazamiento o retiro de los mismos para ampliar la
discusión (…)”.
Adicionalmente, presentó un listado de los procesos de nulidad y
restablecimiento del derecho que ingresaron al despacho para fallo en el
año 2022, precisando que “(…) entre la entrada al despacho,
sustanciación, registro en Sala del proyecto y el fallo, no transcurren más
de 3 meses (…)”.
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4. CONSIDERACIONES DE LA SALA
4.1. COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad
con lo previsto por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de
noviembre de 199116 y el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de
mayo de 2015,17 modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de
abril de 202118, así como con fundamento en el artículo 13 del Acuerdo
nro. 080 del 12 de marzo de 201919 proferido por la Sala Plena del Consejo
de Estado que regula la distribución de negocios entre las secciones.
4.2. HECHOS RELEVANTES
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente20:
4.2.1. El señor Fabio Andrés Parra Vargas, actuando por conducto de
apoderado, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
en contra de la Superintendencia del Subsidio Familiar, con el fin de
obtener la nulidad de la Resolución nro. 0249 del 2 de mayo de 2018, por
la cual se le aceptó la renuncia al cargo de profesional especializado,
código 2028, grado 21, de la planta global de dicha entidad.
A título de restablecimiento del derecho solicitó se ordenara el reintegro
al mencionado cargo, o uno equivalente, y se condenara a la demandada
a pagarle todos los salarios, prestaciones y demás emolumentos dejados
16
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política”
17
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del
derecho” y establece las reglas de reparto de la acción de tutela.
18
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela”.
19
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
20
Lo que se desprende del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado
con el nro. 11001 33 42 047 2018 00446 01, visto en el índice 10 de la Sede Electrónica
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de percibir desde el momento del retiro hasta la reincorporación efectiva
al cargo.
4.2.2. La demanda correspondió por reparto al Juzgado Cuarenta y Siete
Administrativo de Bogotá que, en sentencia del 9 de marzo de 2022, negó
las pretensiones21.
4.2.3. En contra de la precitada decisión, el entonces demandante
interpuso recurso de apelación y la Subsección D, Sección Segunda, del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en sentencia del 1 de
septiembre de 2022, dispuso lo siguiente:
“[…]PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 9 de marzo de
2022 por el Juzgado Cuarenta y Siete (47) Administrativo Oral del
Circuito de Bogotá D.C., que negó las pretensiones de la demanda,
y en su lugar se dispone ACCEDER parcialmente a las mismas, así:
SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de Resolución N.º 02489 del 02
de mayo de 2018, “Por el cual se acepta renuncia”, al señor Fabio
Andrés Parra Vargas al cargo de Profesional Especializado Código
2028 Grado 21.
TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración y a título
de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la
SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR a reintegrar al
señor FABIO ANDRÉS PARRA VARGAS en el cargo del cual le fue
aceptada su renuncia, o a uno de igual o superior categoría, y a
pagarle los sueldos y prestaciones dejados de devengar desde la
fecha del retiro hasta que se haga efectivo el reintegro.
CUARTO: DECLARAR para todos los efectos que no ha existido
solución de continuidad en la prestación de los servicios por parte
del señor Fabio Andrés Parra Vargas.
QUINTO: ORDENAR a la SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO
FAMILIAR que a los salarios y demás prestaciones sociales que
deba cancelar como consecuencia del restablecimiento del derecho,
realice los descuentos de los emolumentos que el señor Fabio Andrés
Parra Vargas hubiese percibido del tesoro público, con ocasión del
desempeño en otros cargos o los que hubiese recibido del sector
privado, ya sea como trabajador dependiente o independiente. De
igual manera, deberá descontar el tiempo de las incapacidades
médicas después del 2.do día, desde que estuvo separado del
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servicio y hasta el reintegro, de conformidad a la parte motiva de
esta sentencia.
[…]”. (mayúsculas y negrillas originales)
Aunque la parte actora no lo alega, la Sala estima pertinente resaltar que,
frente a la condena impuesta a la Superintendencia de Subsidio Familiar,
consistente en pagarle al señor Parra Vargas los sueldos y prestaciones
dejados de devengar desde la fecha del retiro hasta que se haga efectivo
el reintegro, dicha condena debe cumplirse conforme con lo dispuesto en
el numeral quinto de la parte resolutiva de la sentencia. Frente a lo
resuelto en el numeral quinto, en la parte motiva de la providencia, se
indicó que tales descuentos, es decir, lo que hubiese percibido del tesoro
público o recibido del sector privado, procedían conforme a lo establecido
en la sentencia SU- 354 de 2017 proferida por la Corte Constitucional.
Igualmente, ordenó descontar el tiempo de las incapacidades médicas
después de que el mencionado señor estuvo separado del servicio, porque
el pago le corresponde a la EPS y al fondo de pensiones.
4.3. ANÁLISIS DE LA SALA
Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una
cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin
de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera
de desconocer principios constitucionales como los de cosa juzgada,
debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.
El primero de los requisitos que el juez constitucional debe examinar para
establecer la procedencia de la acción contra providencia judicial es la
relevancia constitucional.
La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno
de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial es que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que “el juez
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constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia,
el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué
la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las
partes”22.
Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar
claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia
constitucional; de otro modo, si no lo hace, estaría involucrándose en
aspectos que le corresponde resolver al juez natural y, precisamente, esta
es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de relevancia
constitucional.
En ese mismo sentido, en la sentencia C – 590 de 2005, la Corte precisó
que “los fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia
judicial deben aclarar con transparencia la relevancia iusfundamental del
punto que se discute y el juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y
ninguna otra”.
A partir de la referida sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la
relevancia constitucional ha sido desarrollado por la jurisprudencia de la
Corte Constitucional, y en la sentencia SU – 573 de 2019 explicó que este
requisito persigue tres finalidades23:
(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.
22
Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba
Triviño.
23 Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos
Bernal Pulido. Este criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU 128 de
2021 y SU 103 de 2022.
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(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
Por ello, para que un asunto revista trascendencia constitucional deben
estar reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la
relevancia24. De manera que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la
acción de tutela será improcedente por no superar la relevancia
constitucional.
Frente al tercer criterio, la Corte Constitucional ha dicho que25: “[…] la
tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos
de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela
contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni
puede reemplazar los recursos ordinarios”, pues la competencia del juez
de tutela se restringe “a los asuntos de relevancia constitucional y a la
protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a
problemas de carácter legal”. En este orden de ideas, la tutela en contra
de una sentencia dictada, en particular, por una Alta Corte, exige
valorar, prima facie, si la decisión se fundamentó en una actuación
arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial, violatoria de derechos
fundamentales. Solo así se garantizaría “la órbita de acción tanto de los
jueces constitucionales, como de los de las demás jurisdicciones”, en
estricto respeto a la independencia de los jueces ordinarios […]”.
En la sentencia SU 215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la
tutela contra providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio
24
Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la
sentencia del 29 de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de
Estado. Expediente nro. 11001 0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
25
Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos
Bernal Pulido.
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de corrección respecto del fallo cuestionado, “circunstancia que excluye
su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron
origen a la controversia judicial. Como se expresó con claridad en la
Sentencia SU-128 de 2021, este “enfoque impide que el mecanismo de
amparo constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia
adicional para discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación
de la ley que dieron origen a la controversia judicial” (…)”. [Se destaca]
En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través
de la acción de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo
probatorio, o reprocha la convicción que genera en el fallador las pruebas
allegadas al expediente, o la inconformidad en la que se sustenta el
amparo radica en la interpretación de las normas de carácter legal que
regulan el caso, resulta evidente que este mecanismo constitucional está
siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el proceso ordinario y
como una instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo la
autonomía e independencia del juez natural.
En el presente caso, el tercer requisito que compone la relevancia
constitucional no está superado, dado que la entidad accionante alega que
en la sentencia atacada no se hizo una adecuada valoración probatoria,
lo que implicó que la autoridad judicial accionada concluyera que la
Superintendencia conocía la totalidad de las incapacidades, el diagnóstico
médico y las consecuencias de ello, así como que, para el momento en el
cual fue presentada la renuncia, tenía viciado el consentimiento, de donde
se desprende que, está utilizando la acción de tutela como un mecanismo
para reabrir el debate surtido ante el juez natural de la causa y censurar
la valoración de las pruebas obrantes en el proceso.
Lo anterior debido a que, lo que la parte actora persigue a través de este
mecanismo constitucional, es controvertir el análisis probatorio que
adelantó el juez natural de la causa, así como la convicción que generaron
las pruebas que obraban en el proceso y que condujeron al tribunal a
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arribar a las conclusiones con fundamento en las que declaró la nulidad
del acto administrativo demandado.
Más aún si se tiene en cuenta que en la parte motiva de la sentencia se
expuso de manera clara la valoración probatoria que hizo el tribunal
accionado y al efecto indicó que en la hoja de vida que reposa en la
Superintendencia de Subsidio Familiar, sí obraban las incapacidades
médicas que describían para el momento de los hechos y antes de éstos,
la enfermedad psiquiátrica que desde el año 2017 padecía el señor Parra
Vargas, de donde concluyó que la condición de salud no era desconocida
para la entidad empleadora.
Ahora bien, en cuanto al desconocimiento del precedente judicial, la Sala
precisa que se fundamentó en que fue desatendido porque, de
conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado, corresponde al
demandante aportar las pruebas que acrediten la existencia de los vicios
en el consentimiento, por lo que se advierte que esta inconformidad está
relacionada con el análisis del acervo probatorio que adelantó el juez
natural de la causa y, por consiguiente, se trata de un reparo destinado a
reabrir el debate.
En consecuencia, el tercer elemento que compone la relevancia
constitucional no está cumplido, dado que el juez natural de la causa
resolvió el asunto conforme con la convicción que le generaron las
pruebas obrantes en el proceso, bajo el principio de autonomía e
independencia judicial, por lo que la acción de tutela no puede ser
utilizada para controvertir el examen probatorio efectuado, pues ello
implica que está siendo empleada para reabrir el debate que fue resuelto
por los jueces naturales de la causa.
La Sala destaca que el proceso judicial debate sobre las pretensiones, las
excepciones y los hechos que proponen demandante y demandado, y que
la decisión del juez se fundamenta precisamente en las razones de la
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demanda y de la contestación, las pruebas y el derecho que ellas ponen
a su disposición, o, en los casos excepcionales que la ley prevé, de
conformidad con las facultades oficiosas que tiene.
Por lo tanto, en los eventos en los cuales el juez decide precisamente
sobre la controversia que se le ha planteado, otorgándole la razón a
alguna de las partes, simplemente está ejerciendo las funciones que le
han sido atribuidas por la Constitución y la ley, en el ámbito de sus
competencias; y cualquier desconocimiento que a tales atribuciones
hiciera el juez constitucional constituiría claramente un pronunciamiento
por fuera de las competencias que le corresponden, utilizando además el
trámite de una acción que no ha sido diseñada con ese propósito, como
lo es la tutela.
En una condición de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional
el que vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin
competencia, entraría en la valoración legal y fáctica del proceso, para
modificar una decisión del juez competente para conocer del caso, en el
escaso término legal que le da la ley para pronunciarse, y siguiendo un
procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con el evidente riesgo
de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga decirlo, no
tiene la formación requerida.
Bajo dicho contexto, cuando el juez de la causa se limita a pronunciarse
sobre las cuestiones fácticas y de derecho que fueron el objeto del debate,
porque así le fueron planteadas por el demandante y el demandado en
sus pretensiones, excepciones y hechos, resuelve simplemente la
controversia que le ha sido sometida, atendiendo sus facultades
constitucionales y legales; y no es el juez de constitucionalidad el llamado
a decirle cómo debe decidir el caso en particular, rompiendo por demás
el equilibrio entre las partes que precisamente se garantiza con el proceso
diseñado para dirimir la controversia.
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Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha
atendido el debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que
se toma, cuando ella está por fuera de los planteamientos que en los
hechos y en derecho han formulado demandante y demandado, pues, en
este caso, la decisión puede comprometer el núcleo fundamental del
debido proceso, en su elemento del derecho a la defensa, en la medida
en que tal decisión no haya podido ser controvertida.
Por último, en relación a la solicitud de compulsar copias a las autoridades
correspondientes por la presunta alteración del sistema de turnos para
decidir por parte del tribunal accionado, la Sala advierte que no está
acreditada la existencia de irregularidad alguna en el sentido que lo señala
la entidad accionante, y en todo caso, de considerar que ello es así, cuenta
con los mecanismos judiciales dispuestos en el ordenamiento jurídico para
interponer las denuncias que considere pertinentes.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada
por la Superintendencia del Subsidio Familiar, según lo explicado en
precedencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria
de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los
términos señalados por la ley.
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Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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