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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03934-00

Fecha
29 de agosto de 2024
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03934-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de la referencia, por las razones expuestas en este proveído. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: De no ser impugnada oportunamente la presente providencia en los términos señalados por la ley, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-03934-00

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

29 de agosto de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-03934-00
Accionante: Ministerio del Interior

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá D.C., veintinueve (29) de agosto de dos mil veinticuatro
(2024)

Referencia: Acción de Tutela
Expediente: 11001-03-15-000-2024-03934-00
Accionante: Ministerio del Interior
Accionado: Tribunal Administrativo del Caquetá

Tesis: Es improcedente la acción de tutela por falta de
legitimidad en la causa por activa, cuando no existe
identidad entre el titular del derecho fundamental
vulnerado o amenazado y quien interpone la acción de
tutela.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela promovida por el Ministerio del Interior
a través de apoderado judicial en contra del Tribunal Administrativo del
Caquetá.

I.- SÍNTESIS DEL CASO

El ciudadano Alirio Calderón Perdomo quien manifiesta actuar en calidad
de apoderado judicial del Ministerio del Interior, presentó acción de tutela
contra el Tribunal Administrativo del Caquetá, al considerar vulnerados
sus derechos fundamentales de petición y debido proceso al no darle
respuesta a la solicitud presentada el 29 de abril de 2024 dentro del
proceso de reparación directa con radicado núm. 180012333000-2014-
00096-00.

Como pretensiones, solicitó:

“Primera. Que se ampare mi derecho fundamental de petición y
debido proceso en virtud de las consideraciones arriba relacionadas.

Segunda. Como consecuencia de lo anterior, se ordene al Tribunal
Administrativo de Florencia (sic), allegar lo siguiente:

1. Copia del Auto de ejecutoria y primera copia de sentencia de 1ª
instancia de fecha 14/02/2019 y sentencia 2ª instancia.
2. Estado actual del proceso de la referencia.
3. Link del expediente digital de la referencia.

Tercera. Conforme a lo anterior, solicito señor juez con el fin de
restablecer mi derecho fundamental de petición, ordenar al Tribunal

1

Radicado: 11001-03-15-000-2024-03934-00
Accionante: Ministerio del Interior

Administrativo de Florencia, que, en el término de 48 horas a partir
de notificado de la admisión, el Tribunal Administrativo proceda a
resolver de fondo el derecho de petición impetrado el 29 de abril del
presente año.

Cuarta. Posteriormente, solicito de manera respetuosa señor juez
ordene todo lo que considere pertinente para garantizar el
restablecimiento de mi derecho fundamental de petición. “

II. SITUACIÓN FÁCTICA

Refirió que, el 29 de abril de 2024, vía correo electrónico presentó derecho
de petición al Tribunal Administrativo del Caquetá, por medio del cual
solicitó se expidieran copias del auto de ejecutoria de las sentencias de
primera y segunda instancia proferidas en el proceso de reparación
directa radicado bajo el núm. 180012333000-2014-00096-00.

III. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

3.1. El 1 de agosto de 2024 el despacho sustanciador admitió la acción
de tutela, ordenó la notificación a la autoridad accionada y requirió al
apoderado de la entidad accionante para que allegara el poder
debidamente conferido por el Ministerio del Interior, habida cuenta que,
el poder allegado fue otorgado por la jefe de la oficina jurídica de esa
cartera ministerial, para actuar en el proceso de reparación directa núm.
180012333000-2014-00096-00, sin que en las facultades allí conferidas
se contemplara la presentación de acciones de tutela en nombre del
Ministerio.

3.2. El Tribunal Administrativo del Caquetá, rindió informe por medio
del cual manifestó que al revisar con la secretaría encontró que no había
dado respuesta a la petición presentada por el accionante el 29 de abril
de 2024, por lo que, el 9 de agosto del presente año, dio respuesta, la
cual fue remitida al correo electrónico señalado en la solicitud.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

4.1. Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad
con lo previsto por el artículo 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de
1991 y el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015,
modificado por el artículo 1 del Decreto 333 de 2021, numeral 5, así como
con fundamento en el artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo
de 2019 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la
distribución de negocios entre las secciones.

4.2. Análisis de la Sala

4.2.1. De la legitimación por activa para ejercer la acción de tutela

2

Radicado: 11001-03-15-000-2024-03934-00
Accionante: Ministerio del Interior

Según lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución, la acción de tutela
puede ser promovida por cualquier persona cuando sus derechos
constitucionales fundamentales resulten vulnerados o amenazados, ya
sea por sí misma o por medio de un tercero que actúe en su nombre.

Ello es así, porque en la acción de tutela la legitimidad para actuar, según
lo establece el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, está radicada en la
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales, quien ejercerá la acción directamente o a través de
apoderado.

En otras palabras, únicamente se entiende legitimado para actuar en la
acción de tutela, la persona titular del derecho fundamental que se reputa
como vulnerado o amenazado, que, para demandar podrá hacerlo por sí
misma o a través de apoderado, quien deberá estar debidamente
acreditado.

Respecto de la legitimación en la causa, la jurisprudencia1 ha establecido
que:

“La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de
fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie
sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la
oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o
desfavorable. Es una calidad subjetiva de las partes en relación con el
interés sustancial que se discute en el proceso. Por tanto, cuando
una de las partes carece de dicha calidad o atributo, no puede
el juez adoptar una decisión de mérito (…).” (subraya y negrilla
fuera de texto original)

Específicamente respecto de la legitimación en la causa por activa 2 en las
acciones de tutela, expresó:

“Esta Corporación ha señalado que, no obstante, la informalidad que
se predica de la acción de tutela, la misma debe cumplir con unos
requisitos mínimos de procedibilidad, dentro de ellos se encuentra el
de legitimación por activa o titularidad para promoverla.

En tal sentido, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que, como
regla general, solamente el titular de un derecho fundamental se
encuentra habilitado para solicitar el amparo constitucional del mismo,
bien sea que lo haga en forma directa o por intermedio de su
representante o apoderado.

Según los enunciados del artículo 86 de la Constitución, la acción de
tutela puede ser promovida por cualquiera persona cuando sus
derechos constitucionales fundamentales resulten vulnerados o
amenazados, ya sea por sí misma o por medio de un tercero quien
actúe en su nombre.

1
Corte Constitucional. T-416 de 1997, M.P. Antonio Barrera Carbonell
2
Corte Constitucional. T-552 de 2006. M.P. Jaime Córdoba Triviño.

3

Radicado: 11001-03-15-000-2024-03934-00
Accionante: Ministerio del Interior

En el mismo sentido, según las prescripciones del artículo 10 del
decreto 2591 de 1991, la persona a quien se le vulneren o amenacen
sus derechos fundamentales puede ejercer la acción de tutela por sí
misma o por medio de representante.

En esta disposición también se contempló la posibilidad de la agencia
de derechos ajenos, de tal forma que, en aquellos eventos en que el
titular de estos no esté en condiciones de promover su propia defensa,
podrá un tercero presentar acción de tutela en su nombre.

La primera consecuencia teórica que esa configuración arroja es que
la legitimación en la causa por activa en los procesos de tutela se
predica siempre de los titulares de los derechos fundamentales
amenazados o vulnerados. Sin embargo, tal como lo ha establecido la
Corte en anteriores oportunidades, a partir de las normas de la
Constitución y del decreto 2591 de 1991, el ordenamiento jurídico
colombiano permite cuatro posibilidades para la promoción de la
acción de tutela. La satisfacción de los presupuestos legales o de los
elementos normativos de alguna de estas cuatro posibilidades,
permiten la configuración de la legitimación en la causa, por activa,
en los procesos de tutela.

En ese orden de ideas, esas cuatro posibilidades son las siguientes:
(i) el ejercicio directo de la acción de tutela. (ii) El ejercicio por medio
de representantes legales (caso de los menores de edad, los incapaces
absolutos, los interdictos y las personas jurídicas). (iii) El ejercicio por
medio de apoderado judicial, caso en el cual el apoderado debe
ostentar la condición de abogado titulado y al escrito de acción se debe
anexar el poder especial para el caso, o en su defecto el poder general
respectivo. Y (iv) la del ejercicio por medio de agente oficioso.”
(Subraya fuera de texto original).

También explicó3 que la razón de ser de estas exigencias se basa en que:

“Al interpretar los artículos 86 Superior y 10º del Decreto 2591 de
1991, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que, como regla
general, solamente el titular de un derecho se encuentra
habilitado para solicitar el amparo constitucional del mismo,
bien sea que lo haga en forma directa o por intermedio de su
representante o apoderado. Como excepción a esta regla general, el
mismo artículo 10º del citado decreto permite que un agente oficioso
solicite el amparo de los derechos fundamentales de un tercero, en el
evento en que su titular no pueda promover su propia defensa.

La existencia de este requisito ha sido resaltada por esta Corporación,
señalando que:

“(…) La exigencia de la legitimidad activa en la acción de tutela,
no corresponde a un simple capricho del legislador, sino que
obedece al verdadero significado que la Constitución de 1991
le ha dado al reconocimiento de la dignidad humana, en el
sentido de que, no obstante las buenas intenciones de
terceros, quien decide si pone en marcha los mecanismos para

3
Corte Constitucional. T-659 de 2004. M.P.: Roberto Escobar Gil.

4

Radicado: 11001-03-15-000-2024-03934-00
Accionante: Ministerio del Interior

la defensa de sus propios intereses, es sólo la persona capaz
para hacerlo. ( )4 ”

4.2.2. Caso concreto

En el asunto bajo examen, el señor Alirio Calderón Perdomo presentó
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Caquetá,
manifestando actuar en nombre y representación del Ministerio del
Interior y de Justicia.

En el auto admisorio de la tutela, el despacho sustanciador lo requirió
para que allegara el poder conferido por el Ministerio del Interior y de
Justicia para que representara sus intereses dentro de la presente acción
constitucional; sin embargo, dentro del término concedido no atendió
dicho requerimiento.

De otro lado, en las pretensiones de la tutela, el señor Calderón Perdomo
solicita se amparen sus derechos de petición y debido proceso que estimó
vulnerados por el Tribunal, al no obtener respuesta a una solicitud de
expedición de copias que radicó en su momento en condición de
apoderado judicial del Ministerio del Interior.

Para decidir lo pertinente, es preciso señalar que esta Sección ha
sostenido que quien resulta afectado con alguna omisión que se presente
en el trámite de un proceso judicial es la parte, y no los apoderados
judiciales5.

En ese sentido, aunque el señor Calderón Perdomo actuó como apoderado
judicial dentro del proceso de reparación directa no se puede considerar
como parte dentro de dicho proceso.

Sobre este asunto, se destaca que para iniciar una acción de tutela debe
existir una relación inescindible entre quien reclama un derecho y la
titularidad de este, pues la naturaleza dispositiva del mecanismo de
amparo impone que sea la persona sobre la que recae la vulneración la
llamada a solicitar su protección.

Así, es claro que los derechos fundamentales que se pretenden proteger
por la falta de expedición de las copias de las sentencias de primera y
segunda instancia proferidas en el proceso de reparación directa radicada
bajo el núm. 180012333000-2014-00096-00, en el cual el Ministerio del
Interior funge como demandado, no corresponden a derechos de los que
sea titular el señor Alirio Calderón Perdomo, quien, si bien se identificó en
el escrito de tutela como apoderado del Ministerio del Interior y de
Justicia, lo cierto es que, no allegó el mandato judicial que acreditara
dicha representación judicial, a pesar de haber sido requerido para tal
efecto.

4
T-899 de 2001, M.P. Alejandro Martínez Caballero
5
Ver: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 3 de marzo
de 2023. Exp. N° 11001-03-15-000-2023-00203-00. C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés.

5

Radicado: 11001-03-15-000-2024-03934-00
Accionante: Ministerio del Interior

Por lo tanto, la omisión de allegar el mandato judicial conferido por el
Ministerio del Interior para promover la presente acción de tutela conlleva
a declarar improcedente el amparo constitucional por falta de legitimación
en la causa por activa6.

No obstante, advierte la Sala que el Tribunal Administrativo del Caquetá
reconoció que efectivamente no había dado respuesta a la solicitud, por lo
que mediante comunicación del 9 de agosto de 2024 la atendió.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de la referencia, por
las razones expuestas en este proveído.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO: De no ser impugnada oportunamente la presente providencia
en los términos señalados por la ley, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

GERMÁN EDUARDO OSORIO OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
CIFUENTES Consejero de Estado
Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
GARZÓN Consejero de Estado
Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.

6
Cfr sentencia del 22 de febrero de 2024, radicado 2024-00214-00 CP Germán Eduardo Osorio Cifuentes. “19.
En este caso en particular, la Sala advierte que la solicitud presentada ante la autoridad judicial accionada fue
suscrita por el señor Luis Orlando Rodríguez Gómez en calidad de apoderado de los demandantes, por lo que
la eventual vulneración del derecho fundamental al debido proceso que se discute en esta acción no lo afectaría
a él, sino a los demandantes.
20. En razón a lo anterior, la Sala declarará improcedente la acción de tutela respecto del ciudadano Luis
Orlando Rodríguez Gómez, por incumplimiento del presupuesto procesal de legitimación en la causa por
activa”.

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