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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-03973-00

Fecha
26 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-03973-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR este fallo por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. 10 Radicación: 11001-03-15-000-2024-03973-00 Accionante: Fabián Alberto Borja Pinzón

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-03973-00

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

26 de septiembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Radicación: 11001-03-15-000-2024-03973-00
Accionante: FABIÁN ALBERTO BORJA PINZÓN
Accionados: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA – Se declara improcedente el amparo porque no cumple
con el requisito general de procedencia de legitimación en la causa por activa.

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Fabián Alberto Borja
Pinzón contra la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. Elseñor Fabián Alberto Borja Pinzón solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al acceso a la administración de justicia, al debido proceso y a la
igualdad, cuya vulneración le atribuyó a la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado por la presunta mora judicial en la resolución del
impedimento manifestado por los magistrados del Tribunal Administrativo de
Santander, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
con el número de radicación 68001-33-33-014-2016-00311-00/01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones
que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo
siguiente:

2.1. Señaló que debido al poder que le fue otorgado por la señora Arminda Liliana
Villareal Pava presentó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho núm.
68001-33-33-014-2016-00311-00/01 contra la Nación - Rama Judicial - Dirección

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

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Accionante: Fabián Alberto Borja Pinzón

Ejecutiva de Administración Judicial, para que le fuera reconocida la bonificación
judicial como factor salarial.

2.2. Indicó que el Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito de Bucaramanga,
mediante sentencia de 20 de febrero de 2023, accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.

2.3. Precisó que interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión y que,
mediante auto de 31 de octubre de 2023, se ordenó remitir el expediente al
Tribunal Administrativo de Santander.

2.4. Señalóque el 23 de febrero de 2024 los magistrados de dicho tribunal se
declararon impedidos y dispusieron remitir el expediente al Consejo de Estado.

2.5. Precisó que el 10 de abril de 2024, el proceso fue repartido a la Subsección B
de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

2.6. Informó que ha presentado cuatro escritos de impulso procesal y a la fecha de
presentación de la presente acción de tutela, no se ha proferido decisión alguna.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERA: Se tutele nuestro derecho fundamental de ACCESO A LA
ADMINISTRACION [sic] DE JUSTICIA, IGUALDAD Y DEBIDO PROCESO.

SEGUNDA: Se ordene a la entidad accionada, continuar con el trámite del
proceso.

TERCERA: Se conmine a la entidad a no repetir esta conducta y tomar las
medidas necesarias, en apoyo con la secretaria [sic] del Consejo de Estado
de la sección segunda […]”. [Negrilla y mayúscula original del texto].

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante escrito de 13 de agosto de 2024, el consejero a cargo de la
sustanciación del proceso manifestó estarse impedido.

5. LaSección Primera del Consejo de Estado, mediante providencia de 29 de
agosto de 2024, declaró infundado el impedimento y ordenó devolver el
expediente a fin de que se continuara con el trámite respectivo.

6. Mediante auto de 6 de septiembre de 2024, el Despacho a cargo de la
sustanciación del proceso admitió la presente acción de tutela. Asimismo, se

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Accionante: Fabián Alberto Borja Pinzón

vincularon en calidad de terceros con interés directo en el resultado del proceso a
la señora Arminda Liliana Villarreal Pava, a la Nación - Rama Judicial - Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial y al Tribunal Administrativo de Santander.

V. INTERVENCIONES

7. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a los
vinculados, se allegaron los siguientes informes:

7.1. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial manifestó que carecía de
legitimación en la causa por pasiva, en razón a que no era la entidad competente
para pronunciarse respecto del impedimento manifestado por los magistrados del
Tribunal Administrativo de Santander.

7.2. LaDirección Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga
señaló que se oponía a las pretensiones de la acción de tutela porque “[…] las
mismas no están encaminadas en contra de esta entidad y, (ii) ellas desbordan
las funciones que la Constitución y la ley le han asignado a esta entidad,
establecidas en el artículo 103 de la Ley 270 de 1996 y, valga decirlo, (iii) no
corresponden a un asunto que deba ser resuelto en esta instancia excepcional,
por cuanto que, lo solicitado por el accionante resulta IMPROCEDENTE en sede
de tutela; así mismo, porque esta entidad no ha vulnerado ningún derecho
fundamental de la parte accionante […]” .

7.3. Por lo anterior, solicitó su la desvinculación.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia

8. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20213, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de
20194.

1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
2
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
3
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4
Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.

4

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Accionante: Fabián Alberto Borja Pinzón

VI.2. Cuestión previa

9. La Sala advierte que, previamente a la definición del problema jurídico que se
habrá de resolver, resulta necesario pronunciarse respecto de la solicitud de
desvinculación procesal presentada por la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial y la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga, en
su condición de representantes de la Nación - Rama Judicial.

10. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la
Corte Constitucional en la sentencia T - 1001 de 20065, señaló lo siguiente:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el
mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el
demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la
legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con
el interés sustancial que se discute en el proceso. […].

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso
preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento
judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y
celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de
las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar
los principios de legalidad y contradicción […]”. [Negrilla fuera del texto].

11. Así las cosas, y teniendo en cuenta que la Nación - Rama Judicial funge como
parte dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho núm. 68001-
33-33-014-2016-00311-00/01 objeto de la presente acción de tutela, la Sala
considera que a dichas entidades sí les asiste el interés jurídico para ser
vinculadas a esta acción constitucional, razón por la cual se denegarán las
solicitudes de desvinculación elevadas, como en efecto se dispondrá en la parte
resolutiva de la presente providencia.

VI.3. Problemas jurídicos

12. De acuerdo con la situación fáctica planteada la Sala debe establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia. Y, si ello es así, se deberá determinar:

b) Si la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado vulneró
los derechos fundamentales invocados por el accionante, al haber incurrido
presuntamente en mora judicial en la resolución del impedimento

5
Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.

5

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Accionante: Fabián Alberto Borja Pinzón

manifestado por los magistrados del Tribunal Administrativo de Santander,
dentro del proceso número 68001-33-33-014-2016-00311-00/01.

13. Con el fin de resolver tales interrogantes resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: (i) los presupuestos para que se configure la mora judicial
en el interior de los procesos judiciales; para posteriormente (ii) resolver el caso
concreto.

VI.4. Los presupuestos para que se configure la mora judicial en el interior
de los procesos judiciales

14. La Corte Constitucional ha definido la mora judicial como un “[…] fenómeno
multicausal y estructural […]”6, que se presenta en razón al “[…] alto número de
procesos en curso, los engorrosos diligenciamientos y la consiguiente congestión
judicial […]”7.

15. En atención al sistemático incumplimiento de los términos procesales, la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, sin desconocer las circunstancias en las
que se desarrolla la función judicial en Colombia, ha reconocido que en
determinados eventos la mora judicial vulnera gravemente “[…] los derechos
fundamentales como el debido proceso y el acceso a la administración de justicia,
que la carta política expresamente consagra, exige y trata de proteger […]”.8

16. Sobre el particular, la Corte Constitucional en sentencia T-186 de 28 de marzo
de 20179 precisó lo siguiente:

“[…] [P]ara definir la existencia de una lesión de los derechos fundamentales
ante el retardo judicial, se requería valorar la razonabilidad del plazo y el
carácter injustificado del incumplimiento, estableciendo que sí se da una mora
lesiva del ordenamiento cuando se presenta: (i) el incumplimiento de los
términos judiciales, (ii) el desbordamiento del plazo razonable, lo que
implicaba valorar la complejidad del asunto, la actividad procesal del
interesado, la conducta de la autoridad competente y la situación global
del procedimiento, y (iii) la falta de motivo o justificación razonable de la
demora. Advirtió, además, que (iv) el funcionario incumplido debía
demostrar el agotamiento de todos los medios posibles para evitar el
detrimento de las garantías de acceso a la administración de justicia y
debido proceso, concluyendo que:

[…]

[L]a mora judicial se justifica cuando:

6 Corte Constitucional. Sala Primera de Revisión. sentencia T-186 de 2017, M.P. María Victoria Calle Correa;

28 de marzo de 2017.
7 Corte Constitucional. Sala Sexta de Revisión. Exp. T-2302967. Sentencia T-1019 de 2010. M.P. Nilson

Pinilla Pinilla; 9 de diciembre de 2010.
8 Ibidem.
9 Corte Constitucional. Sala Primera de Revisión. Exp. acumulados T-5896866 y T-5915213, M.P. María

Victoria Calle Correa; 28 de marzo de 2017.

6

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Accionante: Fabián Alberto Borja Pinzón

-Se está ante asuntos de alta complejidad en los que se demuestra de
manera integral una diligencia razonable del juez que los atiende,

-Se constata la existencia de problemas estructurales, de exceso de carga
laboral u otras circunstancias que pueden ser catalogadas como imprevisibles
e ineludibles. Por el contrario, se considera que la mora es injustificada en
aquellos eventos en los que se comprueba que el funcionario no ha sido
diligente y su comportamiento ha obedecido a una omisión sistemática de sus
deberes.”10

13.5. En la providencia T-230 de 2013, que abordó un caso de presunta mora
judicial injustificada por parte de la Corte Suprema de Justicia – Sala de
Casación Laboral dentro de un proceso ordinario que tenía por objeto el
reconocimiento de una sustitución pensional, la Sala afirmó que tal fenómeno,
contrario a los derechos fundamentales y debido proceso, se evidencia
cuando: (i) se presenta un incumplimiento de los términos señalados en la ley
para adelantar alguna actuación judicial; (ii) no existe un motivo razonable
que justifique dicha demora, como lo es la congestión judicial o el volumen de
trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a la omisión en el cumplimiento de
funciones por parte de una autoridad judicial. Precisó la Sala, además, que
ante casos de mora judicial injustificada, la acción de tutela era procedente
cuando (1) se cumpliera el requisito de subsidiariedad y (2) se acreditara
la existencia de un perjuicio irremediable, advirtiendo que, (iii) el
remedio, consistente en la alteración del turno era, excepcional (…).

13.6. Reiterando de manera importante el anterior precedente, la Sala Plena
de la Corte Constitucional en la sentencia SU-394 de 201611, destacó que el
derecho al debido proceso en un plazo razonable, por desconocimiento del
término, es objeto de amparo constitucional cuando quiera que (i) se incurre
en mora judicial injustificada y (ii) se está ante un caso en el que puede
materializarse un daño que genera perjuicios no subsanables.

La mora judicial injustificada, precisó, se presenta cuando quiera que (i)
existe un incumplimiento objetivo del plazo judicial, (ii) no existe un
motivo razonable que justifique la dilación; y, (iii) la tardanza sea
imputable a la falta de diligencia y omisión sistemática de los deberes
del funcionario judicial […]”. [Negrilla fuera del texto]

17. De acuerdo con lo transcrito, para que se estructure una violación del debido
proceso y al acceso a la administración de justicia por la falta de resolución
oportuna del asunto sometido a conocimiento de un servidor judicial resulta
imprescindible analizar: (i) el volumen de trabajo y el nivel de congestión judicial
de la respectiva dependencia; (ii) el desarrollo y cumplimiento de las funciones del
cargo; (iii) la complejidad del caso sometido a decisión judicial, y (iv) el
cumplimiento por las partes de sus deberes de impulso procesal12.

10 “En esta providencia prosperó la acción constitucional invocada, por considerarse que en la providencia

judicial atacada la autoridad no había valorado que la mora en la que había incurrido el sancionado se
encontraba justificada”.
11 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
12 Corte Constitucional. Sentencia T-220 de 22 de marzo 2007. M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra.

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Accionante: Fabián Alberto Borja Pinzón

VI.5. El caso concreto

18. Elseñor Fabián Alberto Borja Pinzón solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al acceso a la administración de justicia, al debido proceso y a la
igualdad, cuya vulneración le atribuyó a la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado por la presunta mora judicial en la resolución del
impedimento manifestado por los magistrados del Tribunal Administrativo de
Santander, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
con el número de radicación 68001-33-33-014-2016-00311-00/01.

19. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela, en especial, el requisito de
legitimación en la causa por activa.

VI.5.1. De la falta de legitimación en la causa por activa en el caso objeto de
estudio

20. Sobre el particular, sea lo primero en indicar que, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 86 de la Constitución Política de 1991, toda persona tiene a su
disposición la acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien
actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales
amenazados o vulnerados por cualquier autoridad pública o por los particulares
encargados de la prestación de un servicio público.

21. Precisamente, el artículo 10° del Decreto Ley 2591 1991, que se refiere a la
legitimidad e interés para el ejercicio de la acción, prevé:

“[…] LEGITIMIDAD E INTERES. La acción de tutela podrá ser ejercida, en
todo momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno
de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de su
representante. Los poderes se presumirán auténticos.

También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos
no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal
circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. También podrán
ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales […]”.

22. Bajo ese entendido, la Corte Constitucional ha señalado que el presupuesto de
legitimación en la causa se encuentra satisfecho en los siguientes eventos: i)
cuando la acción de tutela es promovida directamente por el afectado; ii) cuando es
promovida por el afectado a través de apoderado judicial; iii) si el mecanismo de
amparo es interpuesto por el representante legal del afectado; iv) cuando se actúa
en calidad de agente oficio del afectado, siempre que se acredite la imposibilidad del
agenciado de actuar por sí mismo, y v) cuando la acción de amparo es promovida
por el Defensor del Pueblo o los personeros municipales.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-03973-00
Accionante: Fabián Alberto Borja Pinzón

23. También ha precisado la Corte Constitucional el alcance del concepto de
legitimación en la causa por activa en los siguientes términos:

“[…] La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el
mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el
demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. Es una calidad
subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se
discute en el proceso. Por tanto, cuando una de las partes carece de dicha
calidad o atributo, no puede el juez adoptar una decisión de mérito y debe
entonces simplemente declararse inhibido para fallar el caso de fondo.

La legitimación por activa es requisito de procedibilidad. Esta exigencia
significa que el derecho para cuya protección se interpone la acción sea
un derecho fundamental propio del demandante y no de otra persona.
Adicionalmente, la legitimación en la causa como requisito de
procedibilidad exige la presencia de un nexo de causalidad entre la
vulneración de los derechos del demandante, y la acción u omisión de la
autoridad o el particular demandado, vínculo sin el cual la tutela se torna
improcedente […]”13. [Negrilla fuera del texto].

24. Descendiendo al caso objeto de estudio, se observa que el señor Fabián
Alberto Borja Pinzón no se encuentra legitimado en la causa por activa para
promover la presente acción de amparo porque no es parte dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho núm. 68001-33-33-014-2016-00311-00/01.
Se destaca que el referido ciudadano sólo funge dentro del aludido proceso
judicial como apoderado de la demandante.

25. En ese sentido, esta Sección ha venido señalando en su jurisprudencia que solo
los sujetos procesales reconocidos dentro del proceso son lo que se encuentran
legitimados para instaurar las acciones constitucionales, dado que, en principio,
únicamente se afectan los intereses de los sujetos procesales y no de los
apoderados14. Mediante la sentencia de 3 de marzo de 202315, esta Sala de
Decisión señaló:

“[…] 22. Con fundamento en las anteriores premisas, la Sala estima pertinente
determinar si la ciudadana Sandra Milena Sandoval Poloche se encuentra
legitimada en la causa por activa para promover a nombre propio el mecanismo
de amparo de la referencia y cuestionar: (i) las providencias de 13 de mayo de
2022 y de 14 de julio de 2022, proferidas, respectivamente, por la Subsección C
de la Sección Tercera del Consejo de Estado y por la Sección Quinta del
Consejo de Estado, dentro del mecanismo de amparo con radicado número
11001-03-15-000-2022-02290-00/01, y (ii) la supuesta omisión de la Secretaría
General del Consejo de Estado.

13
Corte Constitucional. Sentencia T – 568 de 2012. M.P.: Mauricio González Cuervo
14
Ver: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 3 de marzo de 2023.
Exp. N° 11001-03-15-000-2023-00203-00. C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés.
15
Ibidem.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-03973-00
Accionante: Fabián Alberto Borja Pinzón

23. Lo anterior resulta necesario, en atención a que la ciudadana Sandra
Milena Sandoval Poloche no fue parte procesal dentro del expediente con
radicado número 11001-03-15-000-2022-02290-00/01, sino que fungió como
apoderada judicial del extremo accionante en ese proceso.

24. De allí que la Sala considera que la señora Sandoval Poloche carece de
legitimación en la causa por activa para promover la presente acción
constitucional, ya que el simple hecho de que haya actuado como
apoderada judicial de los actores dentro del proceso que motivó la
interposición del mecanismo de amparo de la referencia, no significa que
se encuentra legitimada para controvertir, por vía de tutela, las decisiones
judiciales que se profirieron en el marco de esa causa […]”. [Negrilla original
del texto].

26. Con fundamento en lo anterior, la Sala advierte que las actuaciones presentadas
ante la autoridad judicial accionada fueron suscritas por el señor Fabián Alberto
Borja Pinzón en calidad de apoderado de la demandante, por lo que la eventual
vulneración de los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia,
al debido proceso y a la igualdad que se discuten en esta acción no lo afectaría a él,
sino a la demandante.

27. En consecuencia, se declarará improcedente esta acción de tutela por falta de
legitimación en la causa por activa.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Bucaramanga, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR este fallo por el medio más expedito, en los términos de
los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

10

Radicación: 11001-03-15-000-2024-03973-00
Accionante: Fabián Alberto Borja Pinzón

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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