Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03081-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03081-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-03081-01
Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio
30 de agosto de 2023
Demandante: Olga Correa
Demandados: Tribunal Administrativo del Cauca
Rad: 11001-03-15-000-2023-03081-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Bogotá, D. C., treinta (30) de agosto de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03081-01
Demandante: OLGA CORREA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial. Confirma la
improcedencia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Decide la Sala la impugnación presentada por la parte actora en contra de la
sentencia del 19 de julio de 2023, dictada por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado, que declaró improcedente la acción de tutela por falta de relevancia
constitucional.
I. ANTECEDENTES
1. La petición de amparo
La señora Olga Correa interpuso acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo del Cauca por considerar vulnerados los derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración
de justicia.
La parte actora consideró vulneradas sus garantías constitucionales con
ocasión de la sentencia del 1.° de diciembre de 2022, mediante la cual se
resolvió el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia 030 del
23 de marzo de 2021 dictada por el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito
de Popayán, que negó el reconocimiento de la sanción moratoria por no pago
oportuno de las cesantías.
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Demandante: Olga Correa
Demandados: Tribunal Administrativo del Cauca
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En consecuencia, la parte demandante pretende:
“Sírvase Honorables Magistrados, TUTELAR mis derechos fundamentales al
debido proceso, igualdad, acceso efectivo a la administración de justicia, a los
principios de la primacía de la realidad sobre las formalidades y entre otros que
se pudieran ver vulnerados dentro de las sentencias judiciales a la que se refiere
la presente acción.
En consecuencia, y con el ánimo de proteger los derechos conculcados por el
accionado, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA; dejar SIN
EFECTO la Sentencia Nro. 138 de segunda instancia de fecha 1 de diciembre de
2022, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto en contra
de la Sentencia Nro. 030 del 23 de marzo de 2021 emitida por el Juzgado
Noveno Administrativo del Circuito de Popayán, que negó el reconocimiento de
la sanción moratoria por no pago oportuno de la cesantías, ordenar al
TRIBUANAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA que emita una nueva sentencia
siguiendo los principios establecidos por la hermenéutica constitucional en
materia laboral aquí citados, así, como los demás lineamientos que establezca la
H. Corporación al fallar la presente acción de tutela.”
La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:
2. Hechos
Sostuvo que estuvo vinculada como docente del municipio de Almaguer
(Cauca), mediante contratos de prestación de servicios, desde el 1º de enero de
1993 hasta el 12 de diciembre de 2002.
Indicó que promovió una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
contra el mencionado ente territorial, con la finalidad de que se declarara la
existencia de un contrato realidad.
Refirió que, el Juzgado Primero Administrativo en Descongestión de Popayán,
mediante sentencia de 1º de marzo de 2013, accedió a lo pretendido y, en
consecuencia, ordenó el pago del valor equivalente las prestaciones sociales
que devengan los docentes oficiales. Agregó que, la demandante indicó que el
municipio de Almaguer tenía 18 meses a partir de la ejecutoria de la referida
decisión para realizar el pago efectivo de la sentencia; plazo que expiró el 2 de
octubre de 2014.
Mencionado que, el 30 de mayo de 2013 solicitó al municipio de Almaguer, la
expedición de los correspondientes actos administrativos para materializar el
pago de las prestaciones sociales, así como la sanción moratoria por el no pago
oportuno de las cesantías definitivas, sin embargo, la administración no atendió
dicha solicitud y, por lo tanto, se configuró el silencio administrativo negativo y
se dio el nacimiento del acto ficto o presunto.
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Demandante: Olga Correa
Demandados: Tribunal Administrativo del Cauca
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Manifestó que, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
contra el municipio de Almaguer (Cauca), con el fin de obtener la nulidad del
acto ficto producto de la petición radicada el 30 de mayo de 2013, que negó el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria de las cesantías de conformidad
con la Ley 244 de 1995.
Adujo que, el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Popayán,
en sentencia del 23 de marzo de 2021, negó las pretensiones de la demanda al
considerar que la sentencia que desató la controversia contra el ente territorial,
cuyo origen fue la declaración de un contrato realidad, contiene un derecho de
carácter patrimonial indemnizatorio, pero en ella no se declaró que la actora
adquiriera la calidad de empleada pública, razón por la que no procede el
reconocimiento de la sanción moratoria contenida en el artículo 2 de la Ley 244
de 1995, debido a que esta deriva del no pago oportuno de una prestación
devengada por quien ostenta tal calidad.
Manifestó que, la referida decisión fue apelada y el Tribunal Administrativo del
Cauca, en sentencia del 1.º de diciembre de 2022, la confirmó al considerar que
la sanción moratoria consagrada en la Ley 244 de 1995, no resulta aplicable a
la demora en que incurra la administración con ocasión del pago de cesantías
ordenadas por sentencia judicial, no sólo porque el literal de la norma no
permite hacer extensiva la sanción a esas situaciones, sino porque el
cumplimiento de las sentencias judiciales tiene en la ley términos y sanciones
que en forma especial lo rigen.
Precisó que, la anterior providencia fue notificada de forma electrónica el 12 de
diciembre del 2022.
3. Sustento de la petición
La demandante aseguró que, las providencias objeto de debate incurrieron en
los siguientes defectos:
3.1. Violación directa de la constitución
Mencionó que, respecto a la violación directa de la Constitución afirmó que la
sentencia del tribunal viola lo preceptuado en los artículos 2, 13, 25, 48 y 53 de
la Carta Política, porque aplicó la tesis más lesiva a los intereses del trabajador,
parte débil de la relación laboral y dejó de lado que la administración de justicia
debe velar por una reparación justa, equitativa e integral.
Refirió que, el hecho de que en materia laboral siempre se le debe dar prelación
y aplicación al principio de favorabilidad en beneficio del trabajador, sobre este
punto citó la sentencia T- 777 de 2008.
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3.2. Defecto fáctico
Destacó que, en el asunto objeto de estudio, se evidencian circunstancias en
las que se desconoció el principio constitucional laboral de la primacía de la
realidad sobre las formalidades, pues al ordenar el reconocimiento y pago de
las cesantías, esto debe incluir la sanción moratoria por no pago oportuno que
trata la Ley 244 de 1995, además, la sentencia desconoce que la cesantía no
ha sido pagada y, por ende, la sanción moratoria se sigue causando.
4. Trámite en primera instancia
Con auto del 13 de junio de 2023, se admitió la acción de tutela, se ordenó
notificar a las partes, al titular del Juzgado Noveno Administrativo del Circuito
Judicial de Popayán y al municipio de Almaguer (Cauca), como terceros
interesados en el resultado del proceso, a quienes se le remitió copia de la
demanda.
5. Contestaciones
5.1. Tribunal Administrativo del Cauca
Esta autoridad pese a que fue notificada, guardó silencio.
5.2. Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Popayán
Indicó que, remitió el expediente para la consulta de las actuaciones procesales
y no se pronunció respecto de la solicitud de amparo.
3. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 19 de julio de 2023, dictada por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela por falta de
relevancia constitucional.
Informó que la accionante propuso la misma discusión jurídica que presentó en
el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho donde fue demandante;
pero en esta oportunidad alegó que las providencias objeto de tutela incurrieron
en violación directa de la constitución y defecto fáctico.
Agregó que, para la demandante se desconoció que tiene el derecho al
reconocimiento y pago de la sanción moratoria de las cesantías y se
desconoció la hermenéutica constitucional en materia de derechos laborales,
esto es, la simple demora causa el derecho al reconocimiento y pago de la
sanción moratoria consagrada en la Ley 244 de 1995.
Sostuvo que, la demandante tiene el mismo propósito fijado en la demanda del
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medio de control y en el recurso de apelación que formuló inconforme con la
sentencia dictada por el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de
Popayán, que denegó las pretensiones de la demanda, esto es, intenta
demostrar que sí debió declarar nulo el acto administrativo demandado en la
medida en que a su juicio cumplía los requisitos exigidos para el reconocimiento
y pago de la sanción moratoria de las cesantías de conformidad a la Ley 244 de
1995.
Mencionó que la providencia cuestionada, se logra advertir con claridad que el
Tribunal demandado respondió las inconformidades propuestas por la parte
demandante y con fundamento en las normas, las pruebas aportadas y la
jurisprudencia de esta corporación, concluyó que no había lugar a revocar la
decisión de primera instancia y acceder a las pretensiones del medio de control
porque no es posible extender el reconocimiento de la sanción moratoria de las
cesantías por la tardanza en el pago de sentencia judicial, dado que se
cambiarían las condiciones fijadas en la Ley 244 de 1995.
Indicó que, lo anterior era suficiente para que la Sala se abstenga de hacer un
pronunciamiento de fondo sobre los defectos alegados por la demandante, pues
como se vio pretende hacer uso de la presente solicitud de amparo como una
instancia adicional para reabrir el debate planteado al interior del proceso
ordinario.
Concluyó que la acción de tutela no cumple los requisitos de procedencia que
habiliten el estudio del cargo por parte del juez constitucional y, por tanto,
declaró improcedente la acción de tutela.
7. Impugnación
La parte demandante presentó impugnación en contra del fallo de primera
instancia mediante escrito radicado el 1° de agosto de 20231, al señalar lo
siguiente:
Reiteró lo manifestado en su escrito inicial, para destacar que el tribunal
demandado violó lo preceptuado en los artículos 2°, 13, 25, 48 y, 53 de la
Constitución Política, en cuanto so pretexto de la escogencia de la tesis más
lesiva a los intereses del trabajador, que sería la parte débil de la relación
laboral, dejó de lado, que la administración de justicia debe velar por una
reparación justa, equitativa e integral.
Mencionó que, a la fecha no se ha producido el pago de las cesantías y se
continua de esa manera vulnerando los derechos fundamentales de la
demandante al “pago oportuno de salarios, entre ellos la cesantía (sic)”. Refirió
que lo decidido por la autoridad judicial acusada resulta contraria a la
1 La sentencia se notificó vía electrónica el 26 de julio de 2023.
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Constitución Política y a la sentencia T-777 de 2008 de la Corte Constitucional,
así como al principio de la igualdad.
Hizo referencia a la favorabilidad como principio, a la primacía de la realidad
sobre las formas, al pago oportuno del salario y a la naturaleza de la
indemnización moratoria como instrumento que protege el derecho al trabajo,
mediante el apremio para el pago de las sumas debidas al trabajador a la
finalización del contrato laboral.
Señaló que, negar la sanción moratoria bajo el argumento, que esta fue
reconocida mediante sentencia judicial de contrato de realidad, es
desnaturalizar o desconocer el espíritu de la ley 244 de 1995, que propende
precisamente por garantizar el derecho al pago oportuno de las cesantías. La
sanción moratoria no podía ser reclamada dentro de la demanda del contrato de
realidad, por ello, resulta un contrasentido que se prive a la docente de un
derecho que le corresponde a la totalidad de los docentes.
Precisó que, lo inadecuado seria que pretendiera cobrar intereses sobre la
cesantía definitiva y al mismo tiempo “sanción moratoria”; pero ello jamás ha
ocurrido.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
La sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra la
sentencia de primera instancia, en atención a lo consagrado por el Decreto
2591 de 19912, el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por
el Decreto 333 de 2021, así como por el Acuerdo 080 de 2019, artículo 25, de la
Sala Plena de esta corporación.
2. Problema jurídico
De conformidad con los antecedentes, corresponde a la sala determinar si hay
lugar a confirmar, revocar o modificar la sentencia impugnada conforme lo
planteado por la parte impugnante.
Por tanto, se analizará si de conformidad con los argumentos expuestos en la
impugnación del fallo de primera instancia, se cumple con la relevancia
constitucional como uno de los presupuestos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales y, si con la providencia
demandada se incurrió en los defectos específicos alegados por la parte actora.
2 «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política».
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3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
20123, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y en ella
concluyó:
“…si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción
de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas
Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29
de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción
constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la
vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se
modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia,
que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de
providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
Jurisprudencialmente.”4 (Negrilla fuera de texto)
Conforme al anterior precedente, es claro que la corporación ha modificado su
criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia,
conforme a él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten
contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho
fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por
la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.
Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los “…fijados hasta el
momento jurisprudencialmente…”. En efecto, la acción de tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos
fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la
procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial no puede
ser ajena a esas características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin
distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –
procedencia sustantiva– y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el
fondo del asunto –procedencia adjetiva–.5
3 Sala Plena del Consejo de Estado, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela -
Importancia jurídica. M.P. María Elizabeth García González.
4 Ibídem.
5 Entre otras, en las sentencias T-949 de 16 de octubre de 2003, T-774 de 13 de agosto de
2004 y C-590 de 2005.
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En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces
para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos
expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen
vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se
requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión
sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que
la acción no intente reabrir el debate de instancia.
Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como
una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
4. Relevancia constitucional
En relación con la relevancia constitucional, la sala cita como antecedente la
sentencia de tutela del 29 de septiembre de 20226, mediante la cual se declaró
la improcedencia de la acción por no superar el requisito de relevancia
constitucional ya que el actor no propuso ningún debate jurídico en torno a la
trasgresión de algún derecho fundamental y lo que pretendía era someter
nuevamente a discusión lo que analizó el juez natural de la causa.
Para tal efecto, se trae a colación la sentencia SU 215 de 2022 de la Corte
Constitucional, en la que se unificaron los criterios respecto del precitado
presupuesto.
En el mencionado fallo de unificación la corte explicó que, dado que las
providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un
mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial “…el juez de
tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un
control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada’. Asimismo, enfatizó
en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de
6 Referencia: Acción de Tutela. Radicación: 11001-03-15-000-2022-03365-01. Demandante:
Darío José Montero Guerrero. Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B y Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala Oral A.
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procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue
proferida por un órgano de cierre…”.
El alto tribunal constitucional consideró que la acción de tutela contra
providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección del fallo
cuestionado. Por lo que, no se puede utilizar este instrumento como una
instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural.
A su vez, la citada corporación precisó que las finalidades de este requisito son
las siguientes:
“(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección
de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la
específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del
uso indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de
discusiones de naturaleza eminentemente legal7” (Énfasis de la Sala).
El Alto Tribunal en mención, luego de abordar los criterios que debe reunir una
solicitud de amparo que reproche una decisión judicial para superar el requisito
de la relevancia constitucional, consideró que el mecanismo de tutela no
cumplía con este postulado, puesto que:
i) no tenía la identidad para interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución
Política o desarrollar el alcance de un derecho fundamental,
ii) involucraba un debate eminentemente legal,
iii) planteaba una discusión preponderantemente económica y,
iv) no cumplía con la carga argumentativa y explicativa rígida porque no se
demostraba la grave violación de los derechos fundamentales invocados.
Bajo las anteriores consideraciones, se desarrollará el caso en particular.
5. Caso concreto
La parte actora consideró vulneradas sus garantías constitucionales con
ocasión de la sentencia del 1° de diciembre de 2022, mediante la cual se
resolvió el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia 030 del
23 de marzo de 2021 dictada por el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito
7 Sentencia SU 573 de 2019.
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de Popayán, que negó el reconocimiento de la sanción moratoria por no pago
oportuno de las cesantías.
Específicamente, la demandante invocó la violación directa de la Constitucional
y uno defecto fáctico.
El a quo constitucional declaró la improcedencia de la acción de tutela por no
cumplir el presupuesto de la relevancia constitucional. La parte actora impugnó,
para lo cual reiteró lo planteado en su demanda de tutela.
En relación con el presupuesto en mención, la Sala encuentra que en efecto no
se cumple, por los siguientes motivos:
Del análisis de los argumentos de la parte demandante, se encuentra que,
busca un cambio en la forma en la que la autoridad demandada interpretó la ley
o estimó las pruebas, en su caso particular.
En efecto, se encuentra que, el tribunal demandado consideró lo siguiente en la
providencia acusada:
“Evidencia la Sala que la providencia que ordenó el pago de las prestaciones
sociales a favor de la señora Olga Correa, lo hizo teniendo en cuenta que se
acreditó en aquel proceso, que existió entre las partes una relación laboral y no
un vínculo contractual; y específicamente se señaló que ello no implicaba que a
la demandante se le otorgara la calidad de empleada pública.
En estos términos, para esta Corporación no se cumplen los presupuestos
establecidos en la Ley 244 de 1996, dado que su objeto fue fijar “los términos
para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos”; calidad que se
insiste, no se la otorgó la sentencia constitutiva del contrato realidad; luego, la
sanción ahí prevista no le resulta aplicable, pues como es sabido, las sanciones
deben ser expresamente consagradas en la ley, sin que sea posible aplicar o
extender por analogía a situaciones diferentes a los supuestos de hecho o
Derecho previsto expresamente en la norma.
Adicionalmente se evidencia que el municipio de Almaguer debió dar
cumplimiento a la sentencia, en los términos dispuestos en el extinto Código
Contencioso Administrativo. Luego, para la Sala, lo procedente en este caso, es
reclamar, ante el juez competente, los intereses moratorios derivados de la
tardanza en el pago de una condena dispuesta por vía judicial.
…
Atendiendo las razones expuestas, la Sala concluye que la señora Olga Correa
no tiene derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria pretendida, y
como consecuencia de ello, se impone negar las pretensiones de la demanda.
Razón por la cual, se confirmará la sentencia proferida por el Juzgado Noveno
Administrativo del Circuito de Popayán...”
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Conforme con lo expuesto, se observa que la parte actora expuso los mismos
argumentos en sede de tutela que ya fueron objeto de análisis en el proceso
ordinario, con lo cual se denota su inconformidad con el estudio probatorio e
interpretación sustancial efectuado por la autoridad demandada.
En tal sentido, deberá confirmarse la sentencia impugnada, en tanto que, la
acción de tutela carece de relevancia constitucional, puesto que los
planteamientos de la accionante no trascienden de una “mera inconformidad
con las decisiones adoptadas por los jueces naturales”8.
Adicionalmente, se advierte que el asunto obedece a una situación con
presupuestos fácticos análogos a los estudiados por la Sala Plena de la Corte
Constitucional en la sentencia SU 573 del 2019, mediante la cual declaró la
improcedencia de tres acciones constitucionales seleccionadas para revisión
por revestir de una naturaleza eminentemente legal y patrimonial.
En efecto, el anterior lineamiento acogido por la sala se ha construido en
estricto seguimiento de lo señalado en la precitada decisión de unificación,
cuyos elementos fácticos guardan identidad con el caso examinado, pues
aquella versó sobre tres solicitudes de amparo contra decisiones judiciales que
no accedieron a la pretensión de reconocer sanción moratoria por el pago tardío
de cesantías.
En dicha ocasión, el tribunal constitucional señaló que el carácter irrenunciable
de las cesantías está relacionado con su naturaleza como prestación patronal
de rango legal, cuya finalidad es el auxilio de la persona que se quede
temporalmente en situación de desempleo; por lo que, “solo en la medida en
que lo reclamado sea dicha prestación, la tutela devendría procedente cuando
se advierta que su falta de pago conlleva la vulneración del derecho al mínimo
vital y a la seguridad social del trabajador”.
En ese orden, la Corte Constitucional precisó en la aludida sentencia
unificadora que todo pago adicional no correspondiente con la finalidad buscada
por las cesantías y que, la penalidad impuesta al empleador por el no pago o
pago tardío de las mismas cuenta con una naturaleza estrictamente patrimonial
cuyo reconocimiento, que no requiere la intervención del juez de tutela.
Por lo que, bajo dicha línea trazada por el alto tribunal constitucional, el
reconocimiento y pago de las cesantías constituye un derecho de carácter
irrenunciable para el trabajador y, su falta de pago se traduce en la transgresión
de garantías constitucionales de rango fundamental, como bien podrían ser los
derechos al mínimo vital y a la seguridad social; no obstante, dicha corporación
aclaró que no ocurre lo mismo con la cuantía correspondiente a la penalidad de
8 Corte Constitucional. Sentencia SU 215 de 2022.
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Rad: 11001-03-15-000-2023-03081-01
la sanción moratoria cuando el empleador no consigna en tiempo tales
cesantías, toda vez que tal monto tiene el carácter de ser una simple prestación
adicional de naturaleza eminentemente patrimonial que no da lugar a la
intervención del juez constitucional.
Por tanto, para la sala se trata de un desacuerdo en relación con las
conclusiones a las que arribó la autoridad cuestionada, que se trata de un
asunto estrictamente patrimonial y, ello, no puede ser razón para que el juez
constitucional intervenga en la protección de los derechos fundamentales,
puesto que, sería invadir la competencia del competente natural.
En consecuencia, el fallo impugnado debe confirmarse puesto que, la acción de
tutela carece de relevancia constitucional.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: Confírmase la sentencia del 19 de julio de 2023, dictada por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de
tutela por falta de relevancia constitucional. conforme a lo señalado en la parte
motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, y envíese copia de la misma al despacho de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
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«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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