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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-03138-01

Fecha
11 de octubre de 2023
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-03138-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: Primero.- MODIFÍCASE el ordinal segundo de la sentencia de 13 de julio de 2023, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, el cual queda así: “SEGUNDO: NIÉGANSE las pretensiones de la acción de tutela promovida por los señores Julio Martín Gómez Elorza, Mavilian Elena Marín Restrepo, Luisa Fernanda Córdoba Marín, quien actúa en nombre propio y en representación de Isabela Giraldo Córdoba, Carmen Emilia Elorza Taborda, José Guillermo Gómez Villegas, Martín Arnulfo Gómez Elorza y Rosalba Gómez Elorza, quienes actúan por conducto de apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, por las razones aquí expuestas”. Segundo.- CONFÍRMASE en lo demás el fallo impugnado. Tercero.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-03138-01

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

11 de octubre de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2023-03138-01
Demandante: Julio Martín Gómez Elorza y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

Consejera Ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá, D.C., once (11) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03138-01
Demandantes: JULIO MARTÍN GÓMEZ ELORZA, MAVILIAN ELENA MARÍN
RESTREPO, LUISA FERNANDA CÓRDOBA MARÍN, QUIEN
ACTÚA EN NOMBRE PROPIO Y EN REPRESENTACIÓN DE
ISABELA GIRALDO CÓRDOBA, CARMEN EMILIA ELORZA
TABORDA, JOSÉ GUILLERMO GÓMEZ VILLEGAS, MARTÍN
ARNULFO GÓMEZ ELORZA Y ROSALBA GÓMEZ ELORZA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de reparación
directa por daño antijurídico causado por mina antipersonal.
Defectos fáctico, sustantivo, violación directa de la Constitución y
desconocimiento del precedente judicial

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por los accionantes, quienes actúan por conducto de apoderado
judicial, contra la sentencia de 13 de julio de 2023, dictada por la Sección Quinta
del Consejo de Estado, que resolvió lo siguiente:

“PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación realizada por la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado.

SEGUNDO: DECLARAR improcedente la presente acción de tutela respecto del cargo
por defecto fáctico y NEGAR el amparo solicitado de los demás cargos.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
Ley 2591 de 1991.

CUARTO: En el caso que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria”.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

Los accionantes relataron que el 10 de abril de 2014, el señor Julio Martín Gómez
Elorza realizaba labores agrícolas en la vereda Santa Inés del municipio de Anorí,
Antioquia, cuando accidentalmente hizo contacto con una mina antipersonal que le
produjo amputación de uno de sus miembros inferiores y múltiples problemas de
salud, tanto físicos como emocionales, todo lo cual le generó una pérdida de
capacidad laboral del 55.72 %.

Afirmaron que el señor Julio Martín Gómez Elorza pudo salvar su vida debido a
que los hechos ocurrieron muy cerca de una base del Ejército Nacional, a la cual
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fue trasladado por habitantes del sector y allí el personal militar le brindó los
primeros auxilios y luego fue enviado por vía aérea al Hospital General de
Medellín.

Sostuvieron que, en ejercicio del medio de control de reparación directa,
presentaron demanda contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército
Nacional, con el fin de que se declarara administrativa y patrimonialmente
responsable al Estado por el daño antijuridico ocasionado al señor Gómez Elorza,
en razón a que la mina se ubicaba en una zona próxima a la base del Ejército
Nacional sin señalización por parte de la autoridad.

Indicaron que el Juzgado Treinta y Cuarto Administrativo del Circuito de Medellín
en fallo de 15 de septiembre de 2016, accedió a las pretensiones de la demanda y
declaró administrativa y patrimonialmente responsable a la demandada por el
daño sufrido por el demandante.

Finalmente, manifestaron que la parte demandada interpuso recurso de apelación
contra la anterior decisión, el cual fue desatado por el Tribunal Administrativo de
Antioquia en sentencia de 12 de abril de 2023, en el sentido de revocar el fallo
favorable y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda, “bajo el argumento
de que el accidente con mina antipersonal (MAP) que sufrió el señor JULIO MARTÍN
GÓMEZ ELORZA no ocurrió en proximidad evidente con un órgano representativo del
Estado”.

2. Fundamentos de la acción

Los demandantes presentaron acción de tutela con el objeto de que se amparen
los derechos fundamentales a la igualdad, a la reparación integral, al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva,
supuestamente vulnerados por el Tribunal Administrativo de Antioquia con la
sentencia de 12 de abril de 2023, proferida en el marco del medio de control de
reparación directa con radicado No. 52001-23-33-000-2014-00412-01.

En primer lugar, se refirieron a los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela, respecto de los cuales precisaron que se cumple con la
relevancia constitucional, “por cuanto se alega la vulneración de los derechos
constitucionales fundamentes de IGUALDAD, REPARACIÓN INTEGRAL, DEBIDO
PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA y TUTELA
JURISDICCIONAL EFECTIVA”.

Luego afirmaron que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto fáctico, “al
no haber valorado de forma completa los medios de prueba obrantes en el expediente y
haber incurrido en valoración incorrecta de aquellos que sí fueron apreciados”. Agregó
que el argumento central de la providencia objetada para concluir que no había
lugar a condenar al Estado por el accidente con mina antipersonal, consistió en
que “el hecho no ocurrió en proximidad evidente con algún órgano representativo
del Estado”.

Mencionaron que no se tuvo en cuenta la prueba documental visible en el folio 190
del expediente físico, expedida por el teniente coronel Willinton Benítez Sánchez,
comandante del Batallón de Desminado No. 60 “CR. Gabino Gutiérrez”, de la que,
afirma, “se deriva que esta entidad sí hace presencia en todo el municipio de Anorí bajo
la forma de un grupo antiexplosivos que se dedica a la desactivación de minas
antipersonales (MAP), las cuales, de conformidad con las reglas de la experiencia, son
plantadas en zonas rurales, tal como la zona donde ocurrió el accidente del señor Julio
Martín Gómez Elorza”.

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Indicaron que tampoco se tuvo en cuenta el documento oficial visible en el folio
193 del expediente, proveniente de la Dirección de para la Acción Integral contra
Minas Antipersonales, en el cual consta el reporte de las acciones desplegadas
por el Estado colombiano en cuanto al municipio de Anorí, del que se puede
colegir que “el Ejército Nacional hace presencia constante en el municipio de Anorí y en
concreto en la vereda Santa Inés, hasta tal punto que se tiene plenamente establecido por
parte del Estado que dicha zona ha sido afectada históricamente por minas
antipersonales (MAP)”.

Aseveraron que se desconoció la respuesta dispensada por la Gobernación de
Antioquia (visible en el folio 252 del expediente), en la que se certifican las
estadísticas sobre presencia de minas antipersonales en el municipio de Anorí,
prueba que, a su juicio, “confirma la proximidad evidente con los órganos
representativos del Estado que el Tribunal echó de menos en su sentencia de segunda
instancia, y de haberla apreciado su conclusión sobre el caso hubiera sido diferente, pues
reluce a simple vista que los objetivos naturales de las minas antipersonales son los
miembros del Ejército Nacional”.

Por último, expresaron que la autoridad judicial accionada valoró parcialmente y
de manera incorrecta la respuesta al exhorto suscrita por el mayor Jarol Rolando
Espitia Buitrago, ejecutivo y segundo comandante del Batallón de Infantería No. 42
“Batalla de Bomboná”, en la cual se certifica la “proximidad evidente” de los
órganos representativos del Estado en el lugar y ii) las declaraciones rendidas por
el señor Julio Martín Gómez Elorza “que están anexas al dictamen psicológico que se
le realizó para el proceso, pues cuando el paciente dijo que el día de los hechos las
personas que lo auxiliaron se demoraron aproximadamente hora y media para llegar a la
base militar, contrario a ser una señal de lejanía con dicha infraestructura, es una prueba
de la proximidad evidente con el órgano representativo del Estado (Ejército Nacional).
Agregó que “si en tan poco tiempo se pudieron hacer todas las acciones pertinentes para
atender al señor Julio Martín Gómez Elorza fue precisamente porque el lugar de los
hechos estaba sumamente cercano a la base militar, pues de lo contrario el tiempo
transcurrido habría sido mayor y probablemente el herido habría muerto desangrado”.

De otro lado, mencionaron que la sentencia objetada incurrió en defecto
sustantivo, pues interpretó y aplicó incorrectamente las normas sustantivas que
regulan el caso, en concreto el numeral 2 del artículo 5 de la Ley 554 de 2000, por
medio de la cual se aprobó la “Convención sobre la prohibición del empleo,
almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su
destrucción”.

Relataron que la Convención de Ottawa es la fuente normativa principal que
regula las obligaciones del Estado frente al manejo de las minas antipersonales,
en la que se establece en el artículo 5° que el Estado tiene 2 obligaciones bien
delimitadas frente al tema, las cuales son autónomas y su incumplimiento se
valora por separado. La primera, de destruir o asegurar la destrucción de todas las
minas antipersona plantadas en el territorio, frente a lo cual cuenta con 10 años, lo
cual fue prorrogado a solicitud del Gobierno Nacional hasta el año 2021, y la
segunda, consiste en delimitar y señalizar todas las zonas minadas en el territorio
para garantizar la exclusión de civiles y que estos no se vean afectados por los
artefactos explosivos.

Señalaron que para el cumplimiento de la segunda obligación nunca se ha
admitido prórroga, por lo cual en aquellos eventos en que se sigan viendo
afectados civiles por minas antipersona se debe analizar la responsabilidad estatal
desde dicha obligación.

Indicaron que el tribunal accionado interpretó y aplicó incorrectamente la norma
sustancial, en tanto entendió erróneamente que la prórroga concedida al Estado
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cobija la segunda obligación, cuando no es así, puesto que la demarcación de las
zonas minadas busca garantizar fines supralegales que no admiten prórroga,
como es la garantía de los derechos fundamentales de la población civil a vivir una
vida libre de violencia y a desplazarse libremente por el territorio nacional, todo lo
cual no se puede cumplir si al Estado no se le exige el compromiso de señalizar
las zonas minadas, con las cuales podría encontrarse un inocente campesino en
cualquier lugar de nuestra geografía.

Por otra parte, afirmaron que en la sentencia objetada se incurrió en violación
directa de la Constitución, al transgredir el núcleo esencial del derecho
fundamental al debido proceso, pues resolvió el caso con base en los criterios de
responsabilidad por eventos con mina antipersonas fijados por la Sección Tercera
del Consejo de Estado en la sentencia de unificación de 7 de marzo de 2018, sin
tener en cuenta que esta “NO estaba vigente NI existía siquiera a la fecha de
presentación de la demanda que interpusieron los accionantes contra la NACIÓN
– MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL”.

Sostuvieron que “el Artículo 29 de nuestra CONSTITUCIÓN POLÍTICA concuerda con el
Artículo 8 de la CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS en un
listado típico de garantías judiciales que integran el DEBIDO PROCESO, dentro de las
cuales resalto el principio de legalidad”.

Agregaron que “la parte demandante presentó su demanda ante la jurisdicción
contenciosa administrativa con el cumplimiento de los requisitos sustanciales y procesales
vigentes al momento de su presentación, bajo el entendido de que es solo con miras al
panorama de dicho momento que la parte demandante podía prever cómo encauzar la
acción, así como qué hechos, pruebas y elementos de la responsabilidad debía acreditar”.

Para terminar, manifestaron que el tribunal accionado incurrió en
desconocimiento del precedente judicial, con la aplicación incorrecta de la
sentencia de unificación de la Sección Tercera del Consejo de Estado de 7 de
marzo de 2018 y, además, porque no aplicó las sentencias de 13 de diciembre de
2017, 12 de abril de 2018 y 18 de junio de 2019 de la Sección Cuarta del Consejo
de Estado y de 1 de noviembre de 2019 de la Sección Primera del Consejo de
Estado.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formularon las siguientes:

“1. Tutelar los derechos fundamentales de los accionantes, vulnerados por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA – SALA CUARTA DE ORALIDAD por
vía de acción, debido a los defectos contenidos en la sentencia de segunda instancia
proferida el día 12 de abril de 2023 dentro del proceso de reparación directa con
radicado 05001333370420150013901.

2. Dejar sin efectos la sentencia de segunda instancia proferida el día 12 de abril de
2023 por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA – SALA CUARTA DE
ORALIDAD, dentro del proceso de reparación directa con radicado
05001333370420150013901.

3. Ordenar al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA – SALA CUARTA DE
ORALIDAD que profiera una nueva sentencia en segunda instancia dentro del proceso
de reparación directa con radicado 05001333370420150013901, en la cual no se
cometan los defectos de la decisión proferida el día 12 de abril de 2023”.

4. Pruebas relevantes

En correo electrónico de 22 de junio de 2023, el Juzgado Treinta y Cuatro
Administrativo del Circuito de Medellín remitió link de acceso al expediente digital
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No. 52001-23-33-000-2014-00412-01, que contiene las actuaciones del medio de
control de reparación directa que adelantó el señor Julio Martín Gómez Elorza
contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional.

5. Trámite procesal

Por auto de 15 de junio de 2023, la Sección Quinta del Consejo de Estado admitió
la acción de tutela, razón por la cual ordenó notificar a la parte demandante y a la
autoridad judicial accionada, así como al Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo
del Circuito de Medellín, a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional, Ejército
Nacional y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo del Circuito de
Medellín

En escrito de 22 de junio de 2023, el juez titular del despacho manifestó que “se
predica por el tutelante una presunta vulneración de derechos por parte de una
decisión que no emitió este Juzgado, sino el ad quem en sede de apelación y
frente a la cual es menester cumplir lo resuelto por el superior por parte de este
Juzgado, este despacho indica respetuosamente que no tiene consideraciones
que exponer al respecto y se acoge lo que se resuelva por la alta corporación”.

6.2. Respuesta del Ministerio de Defensa Nacional

En escrito de 23 de junio de 2023, la coordinadora del Grupo Contencioso
Constitucional pidió que se nieguen las pretensiones de la acción de tutela por
resultar improcedentes.

Afirmó que la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha
establecido que el régimen de responsabilidad aplicable en estos asuntos es el del
riesgo creado, el cual se refiere a los accidentes con minas antipersona, munición
sin explotar y artefactos explosivos improvisados, ocurridos en las bases militares
que fueron minadas por el mismo Ejército Nacional, se trate de una víctima militar
o civil, y casos de accidentes con estos artefactos explosivos en una proximidad
evidente a un órgano representativo del Estado, que permita aseverar que el
artefacto explosivo iba dirigido contra agentes de esa entidad.

Sostuvo que de la prueba practicada en el proceso no logra acreditarse que algún
pelotón del Ejército Nacional hubiese estado patrullando el sector, como para
inferir que dicho artefacto estaba dirigido a la Fuerza Pública, como maniobra para
detener su avance o con otra finalidad bajo el escenario del conflicto interno.

Refirió que la activación de la mina antipersonal que le produjo las lesiones al
señor Julio Martín Gómez Elorza, no ocurrió en una base militar con artefactos
instalados por el mismo Ejército Nacional, pues ello aconteció en la vereda Santa
Inés del municipio de Anorí, Antioquia.

Por último, resaltó que no se configuran los elementos para predicar la
responsabilidad de la entidad accionada, por ningún título de imputación.

6.3. Respuesta de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

En escrito de 21 de junio de 2023, la jefe de la Oficina Asesora Jurídica pidió que
la entidad fuese desvinculada de la acción de tutela por configurarse la falta de
legitimación en la causa por pasiva, por no tener capacidad jurídica para
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responder frente a las pretensiones de la solicitud de amparo presentada por los
accionantes.

6.4. El Tribunal Administrativo de Antioquia, guardó silencio aun cuando se le
notificó en debida forma del auto admisorio de la acción de tutela.

7. Sentencia de tutela impugnada

La Sección Quinta del Consejo de Estado por medio de sentencia de 13 de julio de
2023, (i) negó la solicitud de desvinculación formulada por la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado, (ii) declaró improcedente la acción de tutela respecto
del cargo del defecto fáctico y (iii) negó las pretensiones de la acción de tutela
frente a los demás cargos.

En primer lugar, afirmó que los argumentos expuestos en el defecto fáctico no
están justificados en una vulneración a derechos fundamentales, sino en una
inconformidad con una decisión que no es acorde con sus intereses, lo que resulta
contrario a la naturaleza del juez constitucional que está llamado a proteger
aquellas garantías fundamentales vulneradas y a proferir decisiones encaminadas
a restablecer las mismas. Agregó que el juez de tutela no está llamado a
reemplazar al juez de la causa y a decidir las controversias de las instancias
ordinarias, máxime si resulta evidente que se trata de una inconformidad con un
aspecto que ya fue resuelto por una autoridad judicial en su labor de determinar la
responsabilidad del Estado.

Indicó que se evidencia que se trata de una diferencia de criterio entre la postura
de la parte actora y el examen realizado por el Tribunal Administrativo de
Antioquia en virtud de su autonomía e independencia judicial, que lo llevaron a
determinar, basado en la jurisprudencia vigente y en el material probatorio, que la
Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, no era responsable
por el daño antijurídico causado al señor Julio Martín Gómez Elorza y su núcleo
familiar como consecuencia de la activación de una mina antipersonal en zona
rural del municipio de Anorí.

Resaltó que para que un juez constitucional pueda inmiscuirse en un análisis
probatorio es porque se encuentra ante la existencia de una arbitrariedad flagrante
y manifiesta, pues la acción de tutela no puede convertirse en una tercera
instancia que revise las actuaciones judiciales de los jueces de procesos
ordinarios y que aquello genere imponer su apreciación sobre los medios de
convicción utilizados para resolver los casos a su cargo.

De otra parte, sostuvo que la autoridad judicial accionada citó la sentencia de
unificación de 7 de marzo de 2018 de la Sección Tercera del Consejo de Estado
que resolvió, entre otras cosas, que el Estado era responsable por los daños
causados por minas antipersonales cuando hubiera evidencia de que el artefacto
explosivo iba dirigido contra agentes estatales o el daño hubiera ocurrido en una
base militar con artefactos instalados por el mismo Ejército Nacional.

Señaló que la autoridad judicial accionada conforme con la jurisprudencia de esta
corporación, precisó que se debía analizar si el daño causado a los demandantes
con la mina antipersonal se efectúo con proximidad evidente a un órgano del
Estado, en el que se pudiera colegir que iba dirigido a esa entidad, o sucedió en
una base militar con artefactos instalados por el mismo Ejército Nacional, con el fin
de predicar la responsabilidad del Estado.

Indicó que el criterio desarrollado en la sentencia de unificación era el aplicable al
caso bajo estudio por estar contenido en un fallo de unificación, de modo que
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debía observarse con preferencia respecto de los demás antecedentes, máxime si
se tiene en cuenta que estaba vigente para la fecha en que se dictó la providencia
en cuestión.

Manifestó que la Sección Tercera del Consejo de Estado ha establecido que las
sentencias de unificación cuentan con dicho carácter vinculante, así que los jueces
“deben aplicar los criterios de unificación vigentes al momento de proferir sus
providencias, pues, como lo ha sostenido la Corte Constitucional, ello redunda en
una mayor coherencia del sistema jurídico y garantiza de mejor manera la vigencia
del derecho a la igualdad ante la ley de los ciudadanos”.

Agregó que, si bien la sentencia de unificación de 7 de marzo de 2018 se profirió
después de que los actores presentaran la demanda de reparación directa -2 de
septiembre de 2015-, lo cierto es que el carácter retrospectivo de esta vincula a los
jueces que conocen del proceso, por lo tanto, su aplicación resultaba obligatoria
para el Tribunal Administrativo de Antioquia.

En tercer término, respecto del defecto sustantivo afirmó que la postura adoptada
en la sentencia objetada no se deriva del exclusivo arbitrio del Tribunal
Administrativo de Antioquia, sino del análisis que hizo de la referida sentencia de
unificación en la que señaló que el Estado colombiano ha cumplido de buena fe la
Convención de Ottawa porque ha adelantado varias actuaciones tendientes a
delimitar las zonas minadas del país, siendo esta una obligación de medio, no de
resultado.

Resaltó que “el Estado ha realizado múltiples esfuerzos que ha sido permeados
por el uso sistemático y continuo de estos explosivos por grupo armados ilegales
y, por las limitaciones relacionadas con la completitud y calidad de la información
suministrada por distintas fuentes, la probabilidad de que después de proceder a
limpiar un campo minado los miembros ilegales vuelvan a poner minas en esos
mismos lugares y la ausencia de medidas de seguridad para los miembros de los
pelotones de desminado, quienes se estarían adentrando en zonas con alta
presencia de grupos armados”.

Para finalizar, expresó que el tribunal ordenó la inclusión de los actores en la ruta
de atención integral para víctimas de minas antipersonal ofrecida por el Gobierno
Nacional a través de las distintas entidades que prestan estos servicios según sus
necesidades, con el fin de asistir a las personas que hayan tenido este tipo de
lesiones, así como a los familiares de una víctima mortal.

8. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la parte
accionante impugnó la sentencia de primera instancia, solicitó su revocatoria y, en
su lugar, que se acceda al amparo constitucional solicitado.

Afirmaron que la Sección Quinta del Consejo de Estado valoró incorrectamente el
cargo propuesto en la acción de tutela por defecto fáctico, lo que llevó a considerar
que carece del requisito de relevancia constitucional para ser estudiado, en razón
a que se analizó únicamente desde la perspectiva de las pretensiones de
reparación económica de los accionantes dentro del proceso de reparación
directa, mas no que la “acción de tutela se justificó la relevancia constitucional de
la acción por el hecho de que los accionantes hacen parte de una población
vulnerable en razón a su afectación por el conflicto armado colombiano, que ha
generado unas condiciones históricas de vulneración de derechos en detrimento
de los habitantes de las zonas rurales, y más en el municipio de Anorí –
Antioquia”.
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Agregaron que la relevancia constitucional del cargo estaba acreditada, toda vez
que el defecto fáctico en el que incurrió el Tribunal Administrativo de Antioquia
vulnera la garantía del derecho fundamental a la reparación integral de las
víctimas del conflicto armado en Colombia, quienes por ser una población
vulnerable goza de una protección constitucional reforzada.

Señalaron que, si bien es cierto la pretensión principal de los demandantes en el
proceso de reparación directa es de carácter pecuniario, esto no desdibuja la
relevancia constitucional del caso, pues dentro del régimen de responsabilidad
estatal la indemnización económica es una de las formas válidas de reparación
hacia los particulares que han visto sus derechos transgredidos por la acción u
omisión del Estado, sin que de esa circunstancia sea viable afirmar que los
conflictos carecen de relevancia constitucional.

Refirieron que en la sentencia impugnada se incurre en error al manifestar que lo
que pretenden los accionantes con la acción de tutela es suplantar el debate
probatorio surtido en las instancias ordinarias del proceso de reparación directa,
cuando “lo que se pretende con la tutela es llamar la atención del Consejo de
Estado sobre la configuración del defecto fáctico en este asunto, pues
precisamente el debate probatorio surtido en las instancias fue incompleto, ya que
el Tribunal Administrativo de Antioquia no tuvo en cuenta para fallar la totalidad de
los medios de prueba incorporados al expediente”.

De otro lado, frente al defecto sustantivo resaltaron que la Sección Quinta del
Consejo de Estado cometió un error en su valoración, toda vez que no realizó un
análisis completo del cargo ni de los argumentos planteados en la acción de tutela,
tan solo se limitó a referirse a las consideraciones hechas en la sentencia de
unificación sobre minas antipersona, “por cuanto los argumentos de la tutela se
encaminaron precisamente a discutir las consideraciones realizadas en dicha
Sentencia de Unificación sobre la Convención de Ottawa y su cumplimiento por
parte del Estado colombiano”.

Señalaron que si se hubiese estudiado en debida forma el defecto sustantivo, el
juez de tutela de primera instancia hubiera optado por apartarse de la sentencia de
unificación y, en consecuencia, establecido un nuevo precedente sobre la materia,
toda vez que la aplicación dada inicialmente por el Consejo de Estado a la
Convención de Ottawa incurre en graves yerros jurídicos.

Mencionaron que lo mismo ocurrió con los cargos de violación directa de la
Constitución y desconocimiento del precedente judicial aplicable, pues el juzgador
de primera instancia se limitó a decir que la sentencia de unificación de 7 de
marzo de 2018 es la llamada a regular todos los casos de minas antipersonas, sin
resolver los problemas jurídicos planteados en la tutela, en especial el relativo a la
“retrospectividad” de las sentencias de unificación.

Sostuvieron que la retrospectividad de la sentencia de unificación se analizó a la
ligera, pues se debió tener en cuenta que se trata de un fenómeno excepcional
que solo aplica por expresa habilitación de la norma, pues toda fuente normativa
sustancial tiene efecto general desde su promulgación hacia el futuro, impidiendo
así cualquier efecto retroactivo o retrospectivo.

Finalmente, manifestaron que “era válido que la Sección Quinta desarrollara con
suficiencia su decisión sobre este punto, lo que necesariamente debía llevar a
darle la razón a los accionantes, pues en efecto es un fenómeno inaceptable para
la seguridad jurídica de todos los colombianos que los litigios comenzados en un
momento determinado y bajo el marco normativo prefijado por la Ley y la
jurisprudencia se vean trastornados hasta diez (10) años después por el cambio
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de precedente, el cual por mínimo sentido común solo podría producir efectos a
futuro, para aquellos hechos ocurridos luego de su vigencia”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala establecer, en los términos del escrito de impugnación, si
debe revocar la decisión proferida el 13 de julio de 2023 por la Sección Quinta del
Consejo de Estado que (i) declaró improcedente la acción de tutela respecto del
defecto fáctico y (ii) negó los demás las pretensiones de la demanda en relación
con los defectos sustantivo, violación directa de la Constitución y desconocimiento
del precedente judicial, y si debe acceder a la protección constitucional reclamada
porque el Tribunal Administrativo de Antioquia con la sentencia de 12 de abril de
2023, incurrió supuestamente en i) defecto fáctico, en razón a que valoró de
manera parcial e incorrecta pruebas que se aportaron al proceso de reparación
directa, las cuales se precisaron en los fundamentos de la acción y ii)
desconocimiento del precedente judicial, sustantivo y violación directa de la
Constitución, en tanto la reglas jurisprudenciales contenidas en la sentencia de
unificación de 7 de marzo de 2018 de la Sección Tercera del Consejo de Estado
desarrollan una interpretación errada de la Convención de Ottawa y además que,
se aplicó con efectos retrospectivos, a pesar de que de las normas jurídicas tienen
efectos hacía el futuro.

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las
obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos1 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos
Civiles y Políticos2, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud
del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).

Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 20123, acogió la tesis de admitir
la procedencia excepcional de la solicitud de tutela contra providencias judiciales,
cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.

Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de
20144, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias
judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también,
respecto “de sus máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas

1 Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972.
2 Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968.
3 Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
4 Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

9

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que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”.
En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación
que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20055.

Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial
al alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la
inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable
y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique
de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de
tutela.

Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los
siguientes: (i) Defecto orgánico6; (ii) Defecto procedimental absoluto7; (iii) Defecto
fáctico8; (iv) Defecto material o sustantivo9; (v) Error inducido10; (vi) Decisión sin
motivación11; (vii) Desconocimiento del precedente12 y (viii) Violación directa de la
Constitución13.

Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los
requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese
examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el
interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del
Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo14 y de la Corte
Constitucional15.

En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo
excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa
juzgada y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez

5 M. P. Jaime Córdoba Triviño.
6 Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de

competencia para ello.
7 Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
8 Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que

se sustenta la decisión.
9 Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan

una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
10 Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo

condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
11 Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y

jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.
12 Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez

ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.
13 Esas consideraciones se han reiterado por la Corte Constitucional en las recientes sentencias SU-114 de

2023 y SU-061 de 2023, M. P. Diana Fajardo Rivera.
14 Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01),

Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01),
Sentencia del 24 de noviembre de 2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01,
Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.
15 Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella

Ortiz Delgado, SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto
Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.
10

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natural, atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al
momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. El asunto cumple con el requisito de relevancia constitucional frente al
defecto fáctico

4.1.1. Los accionantes, en razón a la decisión del a quo, manifestaron que el
defecto fáctico alegado en la acción de tutela cumple con el requisito de la
relevancia constitucional porque se alega la vulneración de los derechos
fundamentales a la igualdad, a la reparación integral, al debido proceso, de acceso
a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva. Además, que el
Tribunal Administrativo de Antioquia valoró de manera incorrecta y parcial (i) el
oficio expedido por el teniente coronel Willinton Benítez Sánchez, comandante del
Batallón de Desminado No. 60 “CR. Gabino Gutiérrez”; (ii) el documento oficial
visible en el folio 193 del expediente, proveniente de la Dirección de para la Acción
Integral contra Minas Antipersonales; (iii) la respuesta dispensada por la
Gobernación de Antioquia (visible en el folio 252 del expediente), (iv) la respuesta
al exhorto suscrita por el mayor Jarol Rolando Espitia Buitrago, ejecutivo y
segundo comandante del Batallón de Infantería No. 42 “Batalla de Bomboná” y las
declaraciones rendidas por el señor Julio Martín Gómez Elorza que, a su juicio,
permitían probar la “proximidad evidente” con un órgano representativo del
Estado.

4.1.2. Respecto del requisito de la relevancia constitucional, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional ha precisado que este requisito concebido en el marco de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, tiene por
finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez
de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras
jurisdicciones16.

Al respecto, se observa que, contrario a la manifestado en la sentencia
impugnada, la acción de tutela frente al defecto fáctico alegado, cumple con el
requisito de la relevancia constitucional.

En efecto, la Sección Quinta del Consejo de Estado consideró que los
demandantes pretenden que se valore nuevamente el material probatorio que obra
en el expediente ordinario, con el fin de que se llegue a la conclusión de que eran
merecedores de la indemnización pretendida en la demanda de reparación directa,
lo cual está vedado al juez constitucional, pues eso sería invadir la órbita del
juzgador natural del asunto.

Igualmente, señaló que no es posible afirmar que la decisión adoptada por la
autoridad judicial accionada haya incurrido en una vulneración de garantías
fundamentales que amerite un nuevo estudio y pronunciamiento por parte de un
juez constitucional sin que con ello se lesionen los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica, toda vez que se trata de la reiteración de unos argumentos ya
discutidos y que fueron resueltos de manera razonable por parte del juez de la
reparación directa, haciendo uso de su propia autonomía, actividad que solo
encuentra su límite cuando el juzgador incurre en arbitrariedad o capricho,
escenario que, para la Sala, no se advierte en el caso concreto

Pese a lo anterior, la Sala considera que los reproches planteados por los
accionantes frente al defecto fáctico consisten en que unas pruebas documentales

16
Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
11

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allegadas al proceso ordinario no fueron motivo de análisis por parte del Tribunal
Administrativo de Antioquia, situación que no se pudo alegar de manera reiterada
por parte de los accionantes, pues, como cuestión inicial, la sentencia objetada
revocó el fallo de primera instancia que había sido favorable a sus pretensiones y,
en segundo término, fue en la providencia objeto de reproche constitucional en la
que, supuestamente, se omitió valorar unas pruebas.

Asimismo, se observa que los accionantes no están pidiendo que se realice una
nueva valoración de las pruebas con el fin de que se acceda al pago de perjuicios
solicitado en la demanda de reparación directa. Lo que plantean es un defecto
fáctico por unas pruebas que no fueron debidamente valoradas por la autoridad
judicial accionada lo que se enmarca en el alcance y goce de los derechos
fundamentales a la igualdad, a la reparación integral, al debido proceso, de acceso
a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva.

Además, no se observa que la solicitud de amparo se presente como una
instancia adicional o se plantee un asunto de mera legalidad, por lo que se
evidencia que el mecanismo constitucional cumple con la relevancia
constitucional.

4.1.3. Por otra parte, frente a los restantes requisitos generales de procedencia, se
observa que (i) la providencia objetada se dictó en el marco del recurso de
apelación, por lo que los accionantes no cuentan con otro mecanismo de defensa
judicial; (ii) la solicitud de amparo se instauró dentro de los seis (6) meses17
establecidos como plazo razonable precisado por esta Corporación y la Corte
Constitucional18; (iii) los hechos y las pretensiones fueron desarrollados de manera
clara y (v) la acción no es contra un fallo de la misma naturaleza.

En ese orden de ideas, la Sala observa que la acción de tutela cumple con todos
los requisitos generales de procedencia y, en especial, el de la relevancia
constitucional, razón por la cual se abordará el estudio de fondo de todos los
defectos invocados en el escrito de tutela.

4.2. La autoridad judicial accionada no incurrió en el defecto fáctico alegado

4.2.1. Los demandantes afirman que el Tribunal Administrativo de Antioquia
incurrió en defecto fáctico, toda vez que se hizo una valoración incompleta de (i) el
oficio expedido por el teniente coronel Willinton Benítez Sánchez, comandante del
Batallón de Desminado No. 60 “CR. Gabino Gutiérrez”; (ii) el documento oficial
visible en el folio 193 del expediente, proveniente de la Dirección de para la Acción
Integral contra Minas Antipersonales; (iii) la respuesta dispensada por la
Gobernación de Antioquia (visible en el folio 252 del expediente), (iv) la respuesta
al exhorto suscrita por el mayor Jarol Rolando Espitia Buitrago, ejecutivo y
segundo comandante del Batallón de Infantería No. 42 “Batalla de Bomboná” y las
declaraciones rendidas por el señor Julio Martín Gómez Elorza que, a su juicio,
permitían probar la “proximidad evidente” con un órgano representativo del
Estado.

4.2.2. Previo a estudiar los cargos o defectos alegados en la impugnación, la Sala
considera necesario realizar un breve recuento de las diferentes actuaciones que
se adelantaron en el curso del proceso ordinario, así:

17
La providencia objeto de tutela se profirió el 12 de abril de 2023, se notificó el 13 de abril de 2023, lo cierto es que la
acción de tutela se instauró el 13 de junio de 2023, es decir, dentro de los seis (6) meses establecidos como plazo
razonable.
18
Expediente: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. Demandado: Consejo
de Estado, Sección Primera. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez y sentencia T-619 de 2019, Corte Constitucional, M.P.:
Antonio José Lizarazo Ocampo.
12

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Demandante: Julio Martín Gómez Elorza y otros

El señor Julio Martín Gómez Elorza y su grupo familiar presentaron demanda de
reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército
Nacional, con el fin de que fueran declarados responsables por el supuesto daño
antijurídico causado el 10 de abril de 2014 cuando el señor Gómez Elorza activó
una mina antipersonal y que se condenará a título de indemnización al
reconocimiento y pago de los perjuicios morales y materiales causados.

El Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo del Circuito de Medellín en sentencia
de 15 de septiembre de 2016, accedió a las pretensiones de la demanda y
condenó al pago por los daños moral, a la salud y material, toda vez que la zona
donde ocurrió el hecho ha sido de permanente influencia guerrillera, pues además
de contar con bases militares en el sector, las tropas del Ejército Nacional debían
mantener presencia constante en estas áreas con el fin de conservar las
condiciones de seguridad e impedir el accionar de los grupos armados al margen
de la ley.

La parte demandada interpuso recurso de apelación contra el fallo de primera
instancia, al considerar que no se tenía conocimiento del artefacto explosivo que le
causó daño al actor.

El Tribunal Administrativo de Antioquia en fallo de 12 de abril de 2023, revocó el
fallo favorable del a quo y negó las pretensiones de la demanda, para lo cual se
refirió, en primer lugar, a la Convención de Ottawa, así:

“La Convención se basa en normas consuetudinarias de derecho internacional
humanitario aplicables a todos los Estados. Estas normas prohíben el empleo de armas
que, por su índole, no distingan entre personas civiles y combatientes o causen
sufrimientos innecesarios o daños superfluos.

El Tratado se abrió a la firma el 3 de diciembre de 1997 en Ottawa y entró en vigor el 1
de marzo de 2001 en Colombia, posterior a la declaratoria de exequibilidad por parte de
la Corte Constitucional en sentencia C-991 de 2000 de la ley 554 de 2000.

Tal como se indicó, Colombia adhirió a esta convención, protocolo que fue ratificado en
el sistema jurídico interno a través de la Ley 554 de 2000, cumpliendo con ello con el
procedimiento preestablecido para dotar de vinculatoriedad al instrumento internacional
en la esfera interna, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 de la
Carta, desde entonces el Estado Colombiano adquirió la responsabilidad frente a cada
una de las cláusulas incorporadas en esa normativa.

Este instrumento internacional constituye parte del bloque de constitucionalidad.

(…)”.

A continuación, aludió al régimen de responsabilidad aplicable en el caso concreto
a partir de lo dispuesto en la sentencia de unificación de 7 de marzo de 2018,
proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, así:

“Respecto el título de imputación se debe hacer alguna precisión general, pues
básicamente se han decantado tres títulos, a saber: i) Falla (probada y presunta), ii)
Riesgo excepcional, iii) Daño especial5. Y se insiste sobre el tema, porque
dependiendo del título de imputación alegado, consecuentemente, se deberá acentuar
la prueba de los presupuestos, que para cada uno se han depurado por la doctrina y
jurisprudencia, de lo que dependerá finalmente la decisión judicial.

Para determinar entonces la responsabilidad del Estado es imperante determinar, una
serie de presupuestos, entre los que se encuentran i) que el daño sufrido por la víctima
fue causado por la entidad demandada, ii) que le es imputable a dicha entidad, y iii) que
tenga el carácter de antijurídico. Los que finalmente se resumen en la imputabilidad y el
daño antijurídico.

13

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Ahora bien, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante
sentencia del 07 de marzo de 2018, proferida dentro del proceso 25000 23 26 000 2005
00320 (34359), con ponencia del Consejero Danilo Rojas Betancourth, unificó su
criterio respecto de la responsabilidad del Estado frente a las víctimas de accidentes
con minas antipersona – MAP -, munición sin explotar – MUSE -, y artefactos
explosivos improvisados - AEI, realizando un recorrido histórico sobre la jurisprudencia
vertida en este tema, de la que se puede destacar lo siguiente:

(…)

La Sala Plena de Sección Tercera unificará su jurisprudencia en el sentido de afirmar
que; i) habrá lugar a declarar la responsabilidad del Estado por los daños causados con
MAP/MUSE/AEI en casos en los que la proximidad evidente a un órgano representativo
del Estado, permita afirmar que el artefacto explosivo iba dirigido contra agentes de esa
entidad, o suceda en una base militar con artefactos instalados por el mismo Ejército
Nacional, ii) el Estado de Colombia no ha infringido su deber de prevenir y respetar los
derechos de las víctimas de MAP/MUSE/AEI, en los términos del artículo 1.1. de la
Convención Americana de Derechos Humanos, teniendo en cuenta el análisis acerca
del alcance y naturaleza de la obligación de prevenir las violaciones a los derechos a la
vida e integridad personal de estas víctimas, y en atención a las particularidades del
fenómeno y la dinámica del conflicto armado en Colombia, al marco legislativo
dispuesto por el Estado para adelantar labores de desminado humanitario y de ERM, a
las disposiciones adoptadas en materia de indemnización mediante la ley de víctimas y
sus decretos reglamentarios, y recordando que el mero hecho de que se presente la
violación de un derecho contemplado en la Convención Americana no constituye un
incumplimiento de las obligaciones convencionales adquiridas por el Estado, iii) no
obstante, será deber del juez de daños solicitar la inclusión de los actores en la ruta de
atención integral para víctimas de minas antipersonal ofrecida por el Gobierno, a través
de las distintas entidades que prestan los servicios requeridos según sus necesidades
para asistir a las personas que hayan tenido este tipo de lesiones así como a los
familiares de una víctima mortal. (…)”.

En virtud de lo anterior, para el caso concreto se deberá realizar el análisis a la luz de
la actual posición jurisprudencial de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en el
sentido de precisar si el daño causado a los demandantes, con la mina antipersonal, se
efectuó con proximidad evidente a un órgano del Estado, en el que se pueda colegir
que iba dirigido a esa entidad, o suceda en una base militar con artefactos instalados
por el mismo Ejército Nacional, a fin de predicar la responsabilidad del Estado”.

De lo anterior, el tribunal consideró que, a partir de la regla de unificación de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, debía determinar si el daño causado al
señor Gómez Elorza con la mina antipersonal se efectuó con “proximidad
evidente” a un órgano representativo del Estado, en el que se pudiera colegir que
iba dirigido a esa entidad, o que hubiera sucedido en una base militar con
artefactos instalados por el mismo Ejército Nacional, con el fin de predicar la
responsabilidad del Estado.

Luego de encontrar acreditado el daño antijurídico, efectuó el análisis de
imputación en los siguientes términos:

“En este caso, ha quedado demostrado el daño sufrido por los demandantes, pues, se acreditaron
suficientemente las lesiones del señor JULIO MARTÍN GÓMEZ ELORZA, a consecuencia de la
activación de una mina antipersonal – MAP -, el 10 de abril de 2014, en la vereda Santa Inés del
Municipio de Anorí (Antioquia), tal como se mencionara en acápite anterior.

Ahora, a la luz de la sentencia proferida el 07 de marzo de 2018, por la Sala Plena de la Sección
Tercera del Consejo de Estado - arriba citada -, de plano habrá que indicar que Colombia, no ha
infringido su deber de prevenir y respetar los derechos de las víctimas de minas antipersona – MAP -
munición sin explotar – MUSE -, y artefactos explosivos improvisados – AEI, de acuerdo con el
análisis acerca del alcance y naturaleza de la obligación de prevenir las trasgresiones a los derechos
a la vida e integridad personal de las víctimas, y teniendo en cuenta las particularidades del
fenómeno y a la dinámica del conflicto armado.

Aunado a lo anterior, se destaca la creación del marco normativo para adelantar labores de
desminado humanitario y de Educación en el riesgo de minas antipersonal – ERM -, así como las
disposiciones en materia de indemnización adoptada en la ley de víctimas y sus Decretos
Reglamentarios.

14

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-03138-01
Demandante: Julio Martín Gómez Elorza y otros

Recuerda el Alto Tribunal, que el mero hecho de que se presente la violación de un derecho
contemplado en la Convención Americana de Derechos Humanos, no constituye un incumplimiento
de las obligaciones convencionales adquiridas por el Estado.

La Sala Plena del Consejo de Estado, en su jurisprudencia unificadora, resalta los importantes
avances que en materia jurídica ha realizado el Estado colombiano, como parte del cumplimiento de
las obligaciones contraídas con la adopción del tratado de Ottawa, así:

(…)

Por otro lado, en relación con el régimen de responsabilidad por riesgo creado, la sentencia de
unificación plurimencionada, recogió dos eventos en lo que daría lugar a emitir una sentencia
condenatoria. Se refiere, como ya fue anunciado con antelación, a los accidentes con minas
antipersona – MAP -, munición sin explotar – MUSE -, y artefactos explosivos improvisados – AEI,
ocurridos en las bases militares que fueron minadas por el mismo Ejército Nacional, se trate de una
víctima militar o civil, y casos de accidentes con estos artefactos explosivos en una proximidad
evidente a un órgano representativo del Estado, que permita aseverar que el artefacto explosivo iba
dirigido contra agentes de esa entidad.

En este sentido, se verificará si el lugar donde ocurrieron los hechos que dieron origen a la
demanda, se ajustaba a estos presupuestos, esto es, a una proximidad evidente a la entidad; y si el
accidente acaeció en una base militar con artefactos instalados por la misma NACIÓN-MINISTERIO
DE DEFENSA-EJÉRCITO.

Para tal finalidad, se analizarán los medios de prueba que den cuenta de las particularidades del
lugar donde sucedieron los hechos que originaron la presente Litis.

Así, a folios 261 – 263 reposa el Oficio de radicado No. 1471: MDN-CGFMCOEJC-SECEJ-JEMOP-
DIV07-BR-14-BIBOM-CJM-ASJ-1.10 del 29 de mayo de 2016, suscrito por el Mayor Jarol Rolando
Espitia Buitrago – Ejecutivo y segundo Comandante Batallón de Infantería N° 42 “Batalla de
Bomboná”, que al dar respuesta al oficio 1644 expedido por el juzgado de primera instancia, sobre
unos cuestionamientos efectuados, indicó lo siguiente:

“1. “Si tenía o tiene asignadas Tropas del ejército de Nacional, para realizar patrullajes operativos y
campañas en zona rural del municipio de Anorí – Antioquia, más concretamente en las Vereda Santa
Inés y Solano, antes del 10 de abril de 2014 y después de dicha fecha.

Verificado el archivo jurídico operacional del Batallón de Infantería N° 42 Batalla de Bombona se
logra establecer que para esa fecha y en la actualidad en el Municipio de Anorí especialmente en la
zona rural se han venido adelantando Operaciones militares de Seguridad y defensa de la fuerza,
Operaciones de Control territorial y operaciones militares Ofensivas que tiene como propósito
salvaguardar el respeto de los derechos Humanos y la protección de la población Civil, la
infraestructura energética y vial con el fin de Contribuir con el desarrollo energético y vial de la
región. La unidad mantiene control constante y permanente sobre el municipio con la presencia de
tropas cuyo propósito es garantizar la seguridad e impedir el accionar terrorista de los grupos
armados al margen de la ley.

En cuanto si se realizaban Operaciones en la Vereda Santa Inés y Solano antes del 10 de abril de
2014 alrededores se logró establecer que para el mes de marzo y abril de 2014 se realizaban
operaciones de Control Territorial sobre la vereda Solano y en el sector del Pajal del municipio de
ANORÍ Antioquia mediante apoyo inmediato de la base militar el Pajal.

(…)

3. “Que patrulla estaba asignada en la zona en Cuestión y cuento tiempo llevaba en el área.

Verificado el Archivo jurídico Operacional y de acuerdo a lo solicitado se logró establecer que para
esa Fecha la compañía que realizaba operaciones en la Base militar el Pajal asegurando el sector
Económico, social y la población con especial atención en activo estratégico más específicamente
en la Vereda Solano del Municipio de Anorí era la Compañía Dragón del Batallón de Infantería
Batalla de Bombona, también se establece que es la base militar que tenemos más Cercana a la
Vereda Sana Inés.” (Sic para todo y énfasis de la Sala)

Además, el Juzgado Promiscuo Municipal de Anorí, quien fue comisionado por el juez de primera
instancia, recibió, entre otras, la declaración de la señora Duleyma Astrid Escobar Ospina, en
audiencia del diez (10) de junio de dos mil dieciséis (2016). En relación con las particularidades del
sitio donde ocurrió la activación de la mina antipersonal – MAP -, donde resultó lesionado el señor
GÓMEZ ELORZA, y sobre la cercanía a una base militar, manifestó que en pueblo de Anorí (área
urbana) hay dos bases militares, pero para el sector de la vereda Santa Inés, hay una base militar,
que cree que es el Pajal.

Esta versión da cuenta que la base militar más cercana a la vereda Santa Inés del Municipio de
Anorí, es la denominada El Pajal, ubicada en la vereda Solano, circunstancia que coincide con lo
señalado en el Oficio de radicado No. 1471: MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV07-BR-14-
BIBOM-CJMASJ-1.10 del 29 de mayo de 2016, suscrito por el Mayor Jarol Rolando Espitia Buitrago

15

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Demandante: Julio Martín Gómez Elorza y otros

– Ejecutivo y segundo Comandante Batallón de Infantería N° 42 “Batalla de Bomboná”, citado
anteriormente.

Adicionalmente, la Sala retoma el Informe de Peritaje Psicológico de Julio Martín Gómez Elorza,
emitido por la sicóloga Luz Andrea Medina Suárez, en el que consta la entrevista realizada al señor
GÓMEZ ELORZA, el 25 de septiembre de 2014, que sobre el lugar de los hechos de cara a una
proximidad evidente a una base militar, indicó:

(…)”.

Con sustento en el anterior marco probatorio, la autoridad judicial accionada
concluyó que el lugar en el que se activó la mina antipersonal no se encontraba en
una “proximidad evidente”, a un órgano representativo del Estado, con sustento en
lo siguiente:

Con fundamento en lo anterior, para la Sala es claro que el lugar donde se activó la mina
antipersonal – MAP -, que le produjo las lesiones al señor JULIO MARTÍN GÓMEZ ELORZA, el 10
de abril de 2014, fue la vereda Santa Inés del Municipio de Anorí (Antioquia), que de acuerdo con el
material probatorio recolectado en el plenario, no se encontraba en una proximidad evidente a un
órgano representativo del Estado, en el caso concreto, a la NACIÓNMINISTERIO DE DEFENSA-
EJÉRCITO, que permitiera afirmar que dicho artefacto iba dirigido contra agentes de la entidad
accionada.

Aunado a lo anterior, de la prueba practicada en el proceso, no logra acreditarse que, en días
anteriores, algún pelotón del EJÉRCITO NACIONAL, hubiese estado patrullando este sector, como
para inferir que dicho artefacto estaba dirigido a la Fuerza Pública, como maniobra para detener su
avance o con otra finalidad bajo el escenario de la guerra sostenida entre ambas partes.

Lo que sí queda claro, de acuerdo a los testimonios recibos de los señores William Orozco Lopera,
Duleyma Astrid Escobar Ospina, -recibidos en audiencia del diez (10) de junio de dos mil dieciséis
(2016), ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Anorí, quien fue comisionado por el juez de primera
instancia , -, y Eduardo Antonio Isaza Otálvaro, recibido en audiencia de pruebas del 12 de
septiembre de 2016, es que en el sector de la vereda Santa Inés del Municipio de Anorí, hay
presencia de grupos armados al margen de la ley.

A su vez, claramente la activación de la mina antipersonal –MAP- que le produjo las lesiones al
señor JULIO MARTÍN GÓMEZ ELORZA, no sucedió en una base militar con artefactos instalados
por la misma NACIÓNMINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO, pues se itera, esta acontenció en la
vereda Santa Inés del Municipio de Anorí (Antioquia).

En virtud de lo discernido, pese haber sido acreditado el daño sufrido por los demandantes, no se
configuran los demás elementos para predicar la responsabilidad de la entidad accionada NACIÓN-
MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO-, por ninguno de los títulos de imputación analizados, por lo
que serán negadas las pretensiones de la demanda.

Empero, conforme con los lineamientos dados por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, en la sentencia de unificación del 07 de marzo de 2018, con la finalidad de permitir el
restablecimiento de los derechos afectados de los señores JULIO MARTÍN GÓMEZ ELORZA,
MAVILIAN ELENA MARÍN RESTREPO, CARMEN EMILIA ELORZA TABORDA, JOSÉ
GUILLERMO GÓMEZ VILLEGAS, MARTÍN ARNULFO GÓMEZ ELORZA, ROSALBA GÓMEZ
ELORZA, LUISA FERNANDA CÓRDOBA MARÍN, e ISABELA GIRALDO CÓRDOBA, la Sala
ordenará remitir copia de la presente sentencia a la Dirección de Acción Integral Contra Minas
Antipersonal – DAICMA-, a fin de que el hecho se registre en el Sistema de Gestión de Información
Sobre Actividades Relativas a Minas Antipersonal (IMSMA, por sus siglas en inglés), además, de
que los demandantes sean incluidos, si es que ya no lo están, en la ruta de atención y reparación,
para que puedan gozar de todos los servicios asistenciales e indemnizatorios dispuestos para el
goce efectivo de sus derechos. Este trámite será realizado por el juez de primera instancia”.

De lo anterior, se observa que el tribunal accionado se refirió a la Convención de
Ottawa y a la sentencia de unificación 7 de marzo de 2018 de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, para establecer el régimen de responsabilidad aplicable,
en razón a que estaba de por medio un evento en el que resultó afectado una
persona con una mina antipersonal. Enseguida, procedió a estudiar las pruebas
allegadas al expediente y evidenció que el lugar en donde se activó la mina
antipersonal fue en la vereda Santa Inés, la cual no se encontraba en una
“proximidad evidente” a un órgano representativo del Estado, en concreto al
Ejército Nacional, que permitiera afirmar que dicho artefacto iba dirigido contra
agentes de la entidad accionada.

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Por otra parte, el tribunal dispuso la remisión de copias de la sentencia a la
Dirección de Acción Integral Contra Minas Antipersonal – DAICMA, con el fin de
que el hecho se registrara en el Sistema de Gestión de Información sobre
Actividades Relativas a Minas Antipersonal (IMSMA), y que fueran incluidos los
demandantes en la ruta de atención y reparación, para que pudieran gozar de
todos los servicios asistenciales e indemnizatorios dispuestos para el goce
efectivo de sus derechos.

4.2.3. En torno al defecto fáctico, la Corte Constitucional ha considerado que se
configura cuando “(…) se hayan dejado de valorar pruebas legalmente aducidas al
proceso, o que en la valoración de las pruebas legalmente practicadas se haya
desconocido manifiestamente su sentido y alcance y, en cualquiera de estos
casos, que la prueba sobre la que se contrae la vía de hecho tenga tal
trascendencia que sea capaz de determinar el sentido de un fallo. Sólo bajo esos
supuestos es posible la tutela de los derechos fundamentales al debido proceso y
de acceso a la administración de justicia, de manera que cuando los mismos no
satisfagan estas exigencias, no procede el amparo constitucional pues se trata de
situaciones que se sustraen al ámbito funcional de esta jurisdicción”.

Así mismo, ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse el
defecto fáctico: 1) una dimensión negativa que ocurre cuando el juez niega o
valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su
valoración y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que
de la misma emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende las
omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad
de los hechos analizados por el juez; 2) una dimensión positiva, que se presenta
generalmente cuando el juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de
lo resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar
porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas y al hacerlo el fallador
desconoce la Constitución19, o cuando se dan por establecidas circunstancias sin
que exista material probatorio que respalde su decisión20.

Es decir que, dado el carácter restringido y excepcional de la acción de tutela
contra providencias judiciales, no corresponde al juez constitucional reabrir el
debate probatorio o de la interpretación de las normas legales utilizadas para
resolver el caso. Por lo tanto, su labor se limita a evidenciar aquellos errores
manifiestos del fallo, que lo hacen incompatible con los derechos fundamentales.

4.2.4. Descendiendo al caso concreto, la Sala observa que, si bien la autoridad
judicial accionada no mencionó en la sentencia objetada i) el oficio expedido por el
teniente coronel Willinton Benítez Sánchez, comandante del Batallón de
Desminado No. “CR. Gabino Gutiérrez” referente al desminado No. 60, ii) el oficio
de la directora para la Acción Integral contra Minas Antipersonales y iii) la
respuesta brindada por la Gobernación de Antioquia en la que certifican las
estadísticas sobre presencia de minas antipersonas, lo cierto es que esto no
configura el defecto fáctico alegado, con sustento en lo siguiente:

En efecto, se observa que el oficio expedido por el teniente coronel Willinton
Benítez Sánchez, en el que se refirió a la vereda Santa Inés del municipio de Anorí
y si se trataba de un campo minado para el momento de la ocurrencia de los
hechos, indicó que “el Batallón de Desminado No. 60 CR. Gabino Gutiérrez no ha
recibido comunicaciones y/ o requerimientos donde se mencione la presencia o
sospecha de artefactos explosivos (MAO, MUSE O AEI) en las coordenadas
referidas, para la fecha de la ocurrencia ni con anterioridad a esta”. Igualmente, en

19
Sentencia T-781 de 2011, M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto.
20
Sentencia SU-453 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
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este oficio se manifestó que “no ha recibido requerimiento por parte de la
comunidad local, entidades públicas o gubernamentales que refieran labores de
desminado humanitario sobre la vereda Santa Inés del municipio de Anorí”.

De otro lado, el oficio de la directora para la Acción Integral contra Minas
Antipersonales informó que hasta el 10 de abril de 2014 solo se había reportado
un evento en la vereda Santa Inés del municipio de Anorí -4 de septiembre de
2014-, el cual fue destruido.

Por otra parte, la respuesta de la Gobernación de Antioquia al exhorto No. 1621,
en el que informó que “durante los últimos cinco años (2011-2015) se registraron
en el municipio de Anorí 53 víctimas entre civiles y militares de los cuales 9
murieron y 44 quedaron heridos”, sin que se especificara cuántos de esos eventos
ocurrieron en la vereda Santa Inés.

Al respecto, se observa que estas pruebas no demuestran la “proximidad
evidente”, argumento que fue el sustento de la providencia objetada para negar las
pretensiones de la demanda de reparación directa, pues si bien quedó demostrado
que ocurrieron varios eventos en el municipio de Anorí, lo cierto es que solo se
registró uno de estos en la vereda Santa Inés, sin que se evidenciara alguna
cercanía con algún Batallón del Ejército Nacional en la zona en la que se activó el
artefacto explosivo.

En ese orden de ideas, dichas pruebas no resultaban determinantes o con la
incidencia suficiente para cambiar el sentido de la decisión, más aún cuando la
autoridad judicial accionada valoró otros elementos de convicción, en conjunto y
bajo las reglas de la sana crítica, frente a los cuales generó el convencimiento de
que no había lugar a declarar la responsabilidad del Estado.

Por último, se observa que el tribunal accionado al estudiar la respuesta del mayor
Jarol Rolando Espitia Buitrago, segundo comandante del Batallón de Infantería
No. 42 “Batalla de Bomboná”, evidenció que la base militar más cercana a la
vereda Santa Inés del municipio de Anorí, se ubicaba en la vereda Solano.

Adicionalmente, en la declaración del señor Julio Martín Gómez Elorza aportada
en el informe pericial psicológico allegado al plenario, se indicó que al afectado lo
cargaban por turnos “para ir a la base era como hora y media caminando”, lo que
la autoridad judicial al valorar en conjunto con las demás pruebas y en ejercicio de
la sana crítica, consideró que descartaba la “proximidad evidente” y, en
consecuencia, que se debían negar las pretensiones de la demanda,
razonamiento que para la Sala es ajustado a derecho y del que no se desprende
algún análisis caprichoso, arbitrario o ilegal.

Así las cosas, no se encontró acreditado el defecto fáctico alegado por la parte
actora.

4.3. La sentencia objetada no incurrió en los defectos por desconocimiento
del precedente judicial, sustantivo y violación directa de la Constitución

4.3.1. Los accionantes reiteraron la sustentación de estos defectos, conforme lo
indicaron en el escrito de tutela, en que las reglas establecidas en la sentencia de
unificación de 7 de marzo de 2018 de la Sección Tercera del Consejo de Estado
desarrollan una interpretación errada de la Convención de Ottawa y, además, que
se aplicó con efectos retrospectivos a pesar de que de las normas jurídicas tienen
efectos hacía el futuro.

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4.3.2. En torno al defecto por desconocimiento del precedente judicial, es
necesario precisar que la Corte Constitucional ha dicho que la aplicación del
precedente judicial implica que21: «un caso pendiente de decisión debe ser fallado
de conformidad con el (los) caso (s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes
que definen el caso pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho
que enmarcan el caso del pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los
supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del caso presente y (iii) si la
regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más
específica que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación».

El precedente judicial es de dos tipos: (i) el horizontal, que incluye las decisiones
que dictó el mismo juez u otro de igual jerarquía, y (ii) el vertical, que está
conformado por las decisiones de los jueces de superior jerarquía, en especial, las
decisiones de los órganos de cierre de cada jurisdicción.

Para examinar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, por
desconocimiento del precedente judicial, se deben observar las siguientes reglas22:

1. El demandante debe identificar el precedente judicial que se habría desconocido y
exponer las razones por las que estima que se desconoció15.
2. El juez de tutela debe confirmar la existencia del precedente judicial que se habría
dejado de aplicar. Esto es, debe identificar si de verdad existe un caso análogo ya
decidido.
3. Identificado el precedente judicial, el juez de tutela debe comprobar si se dejó de
aplicar.
4. Si, en efecto, el juez natural dejó de aplicarlo, se debe verificar si existen
diferencias entre el precedente y el conflicto que decidió, o si el juez expuso las
razones para apartarse del precedente judicial. Si existen diferencias no habrá
desconocimiento del precedente judicial. Aunque los casos sean similares,
tampoco habrá desconocimiento del precedente si el juez expone las razones
para apartarse.
5. El precedente judicial vinculante es aquel que se encuentra ligado a la razón
central de la decisión (ratio decidendi). La razón central de la decisión surge de la
valoración que el juez hace de las normas frente a los hechos y el material
probatorio en cada caso concreto23.
6. Si no se acató el precedente judicial la tutela será procedente para la protección
del derecho a la igualdad, la tutela judicial efectiva, el debido proceso y la garantía
de la confianza legítima.

4.3.3. En el asunto bajo examen, la Sala observa que los accionantes
manifestaron en el escrito de impugnación que el juez de tutela de primera
instancia interpretó erradamente los argumentos del escrito de tutela frente los
defectos por desconocimiento del precedente judicial, sustantivo y violación directa
de la Constitución, “por cuanto los argumentos de la tutela se encaminaron
precisamente a discutir las consideraciones realizadas en dicha Sentencia de
Unificación sobre la Convención de Ottawa y su cumplimiento por parte del Estado
colombiano”.

Es decir, que de acuerdo con lo expuesto por los demandantes sus reproches son
frente a la sentencia de unificación de 7 de marzo de 2018, proferida por la
Sección Tercera del Consejo de Estado.

21
Sentencia T-158 de 2006, M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto.
22
Sobre el tema, ver entre otras, la sentencia T-482 de 2011, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva.
23
Sobre el tema, la Corte Constitucional ha dicho: “la existencia de un precedente no depende del hecho de que se haya
dictado una sentencia en la cual se contenga una regla de derecho que se estime aplicable al caso. Es necesario que se
demuestre que efectivamente es aplicable al caso, para lo cual resulta indispensable que se aporten elementos de
juicio –se argumente- a partir de las sentencias. Quien alega, tiene el deber de indicar que las sentencias (i) se
refieren a situaciones similares y (ii) que la solución jurídica del caso (su ratio decidendi), ha de ser aplicada en el
caso objeto de análisis. También podrá demandarse la aplicación del precedente, por vía analógica” (se destaca).
19

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Al respecto, la Sala advierte que las pretensiones de la acción de tutela bajo
examen se formularon respecto del fallo de 12 de abril de 2023 del Tribunal
Administrativo de Antioquia. Por consiguiente, la circunstancia de que la parte
actora no esté de acuerdo con las reglas jurisprudenciales precisadas en una
sentencia de unificación no es una razón suficiente para habilitar el estudio de
fondo en el asunto, pues en este caso carecería de interés por no haber sido parte
en el proceso ordinario en el que se dictó esa decisión. Además, este mecanismo
de protección constitucional conforme a su teleología prevista en el artículo 86 de
la Carta Política, no puede usarse con el propósito planteado por el demandante
en la impugnación.

De otra parte, los demandantes advirtieron que las normas jurídicas desde su
promulgación rigen hacia el futuro y no de manera retroactiva o retrospectiva,
razón por la cual la sentencia de unificación de 7 de marzo de 2018 no se debió
aplicar en su caso concreto.

Con respecto al anterior argumento, es necesario precisar que el tribunal
accionado dictó la decisión objetada con sustento en el precedente judicial vigente
en ese momento, es decir, la precitada sentencia de unificación proferida por la
Sección Tercera del Consejo de Estado. Así mismo, se debe indicar que esa
decisión señaló que, con antelación, existían varias posturas y escenarios en los
que la jurisprudencia abordaba la responsabilidad del Estado en casos de daños
por minas antipersona y señalaba que se abordaba, en algunos casos, de
conformidad con el régimen objetivo y en otros con el subjetivo. Además, destacó
que en otros casos se condenaba al Estado por ostentar la posición de garante o
por omitir el deber de protección.

De igual modo, indicó que en pronunciamientos anteriores no existía claridad
frente a la obligación establecida en la Convención de Ottawa respecto de si se
debía condenar al Estado. Por consiguiente, dicha decisión procuró establecer
unas reglas claras que sirvieran a la jurisdicción contencioso administrativa para
abordar los casos relacionados con la responsabilidad del Estado por artefactos
explosivos como las minas antipersonales.

Por último, respecto a la violación directa de la Constitución, valga recordar que se
configura cuando el juez en la decisión desconoce la Carta Política. Ello puede
ocurrir, primero, porque no se aplica una norma fundamental al caso en estudio, lo
cual se presenta porque: (a) al resolver el asunto se dejó de interpretar y aplicar
una disposición legal de conformidad con el precedente constitucional; (b) se trata
de un derecho fundamental de aplicación inmediata; y (c) en las decisiones se
vulneraron derechos fundamentales y no se tuvo en cuenta el principio de
interpretación conforme a la Constitución.

En segundo lugar, porque se aplica la ley al margen de los preceptos consagrados
en la Constitución. En este evento, se ha señalado que los jueces, en sus fallos,
deben tener en cuenta la excepción de inconstitucionalidad contenida en el
artículo 4º superior, en tanto la Carta Política es norma de normas, y cuando existe
incompatibilidad con las disposiciones legales, deben aplicarse de preferencia las
constitucionales 24.

Por lo anterior, se precisa que el solo hecho de invocar la vulneración de los
derechos fundamentales a la igualdad, a la reparación integral, al debido proceso,
de acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, no configura
esta causal específica de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, pues corresponde a la parte demostrar dicha vulneración.

24
Sentencia SU-069 de 2018, M.P.: José Fernando Reyes Cuartas.
20

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Adicionalmente, se observa que no se trata de un escenario en el que exista
incompatibilidad entre las normas legales y la Constitución Política o en el que la
autoridad judicial accionada debió aplicar la excepción de inconstitucionalidad
contenida en el artículo 4 superior.

Así las cosas, la Sala modificará el ordinal segundo de la sentencia proferida por
la Sección Quinta del Consejo de Estado y negará, en su totalidad, las
pretensiones de la acción de tutela por no evidenciarse la configuración de los
defectos fáctico, desconocimiento del precedente judicial, sustantivo y violación
directa de la Constitución. En lo demás, confirmará la sentencia impugnada.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero.- MODIFÍCASE el ordinal segundo de la sentencia de 13 de julio de 2023,
proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, el cual queda así:

“SEGUNDO: NIÉGANSE las pretensiones de la acción de tutela promovida por
los señores Julio Martín Gómez Elorza, Mavilian Elena Marín Restrepo, Luisa
Fernanda Córdoba Marín, quien actúa en nombre propio y en representación
de Isabela Giraldo Córdoba, Carmen Emilia Elorza Taborda, José Guillermo
Gómez Villegas, Martín Arnulfo Gómez Elorza y Rosalba Gómez Elorza,
quienes actúan por conducto de apoderado judicial, contra el Tribunal
Administrativo de Antioquia, por las razones aquí expuestas”.

Segundo.- CONFÍRMASE en lo demás el fallo impugnado.

Tercero.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Quinto.- REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que
surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución
Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

21

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