Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2014-00412-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2014-00412-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 52001-23-33-000-2014-00412-01
Consejero ponente: William Hernandez Gomez
7 de abril de 2022
Radicación: 52001-23-33-000-2014-00412-01 (2388-2017)
Demandante: Mónica Lucia Zambrano Rosero
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá, D.C., siete (7) de abril de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 52001-23-33-000-2014-00412-01 (2388-2017)
Demandante: MÓNICA LUCÍA ZAMBRANO ROSERO
Demandada: NACIÓN, MINISTERIO DEL INTERIOR; DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA1; AGENCIA COLOMBIANA PARA LA
REINTEGRACIÓN DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS
EN ARMAS2
Tema: Existencia de relación laboral.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011
ASUNTO
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide el recurso
de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia
proferida el 24 de febrero de 2017 por el Tribunal Administrativo de Nariño que
denegó las pretensiones de la demanda.
DEMANDA
La señora Mónica Lucía Zambrano Rosero, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 de la Ley
1437 de 2011, demandó a la Nación, Ministerio del Interior; Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República; y la Agencia Colombiana para
la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas, para lo cual formuló,
en síntesis, las siguientes:
Pretensiones3
1. Declarar la nulidad de los siguientes actos administrativos:
• Oficio OFI14-003675/JMSC 5202023 del 26 de febrero de 2014 expedido por
el Secretario General de la Agencia Colombiana para la Reintegración de
Personas y Grupos Alzados en Armas.
• Oficio OFI14-00015850/JMSC 52040 del 25 de febrero de 2014 expedido por
la Jefe del Área de Talento Humano del Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República.
1
En adelante DAPRE.
2
En adelante ACR.
3
Folios 209 y 218 (Integración demanda), C1.
2
Radicación: 52001-23-33-000-2014-00412-01 (2388-2017)
Demandante: Mónica Lucia Zambrano Rosero
• Oficio OFI14-000005156/SGH-4030 del 12 de febrero de 2014 expedido por
la Subdirectora de Gestión Humana del Ministerio del Interior
2. Como consecuencia de las anteriores declaraciones, y a título de
restablecimiento del derecho solicitó:
• Declarar la existencia de una relación laboral entre la señora Mónica
Zambrano Rosero y las sucesivas entidades así:
i) con el Patrimonio Autónomo DAPRE, Fondo de Programas Especiales para
La Paz, administrado por la Fiduprevisora S.A., entre el 25 de noviembre de
2005 y el 31 de agosto de 2006;
ii) con el Ministerio del Interior entre el 1.° de septiembre de 2006 y el 12 de
abril de 2007;
iii) con el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Alta
Consejería para la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos
Alzados en Armas, entre el 13 de abril y el 30 de junio de 2007;
iv) con el Patrimonio Autónomo CERLALC, representada por la Fiduagraria,
entre el 5 de julio de 2007 y el 28 de febrero de 2009;
v) con el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Alta
Consejería para la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos
Alzados en Armas, entre el 5 de marzo del 2009 y el 31 de diciembre de 2011;
vi) con la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos
Alzados en Armas entre el 26 de enero y el 15 de diciembre de 2012.
• Condenar al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,
Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica de Personas y
Grupos Alzados en Armas, al Ministerio del Interior, a la Agencia Colombiana
para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas, y a la
Presidencia de la República, a pagar solidariamente una indemnización de
perjuicios equivalente a:
a) Las diferencias que existieron entre la remuneración recibida por la
demandante y el salario que le correspondía recibir si hubiese estado
vinculada como empleada pública, en un cargo que debió ser creado para
dichos efectos durante el periodo comprendido entre el 25 de noviembre
del 2005 y el15 de diciembre de 2012. Además del valor por concepto de
prestaciones sociales entre el 25 de noviembre de 2005 y el 30 de
diciembre de 20114, con las escalas de remuneración fijadas por el
gobierno cada año para dicho cargo.
b) El valor por concepto de prestaciones sociales que hubiese percibido
vinculada como empleada pública de la Agencia Colombiana para la
Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas, desde el 30 de
diciembre de 2011 hasta el 15 de diciembre de 2012, para cuando fue
creada la planta de personal de la ACR.
c) Los aportes al sistema general de seguridad social en salud y pensiones
durante el periodo comprendido entre el 25 de noviembre de 2005 y el 31
de diciembre de 2012, con el salario base de liquidación para la época
4
Fecha creación de la planta de personal de la ACR mediante Decreto 4975 de 2011.
3
Radicación: 52001-23-33-000-2014-00412-01 (2388-2017)
Demandante: Mónica Lucia Zambrano Rosero
como empleada pública, en el cargo correspondiente (Profesional
Especializado, Código 2028, Grado 23) y las escalas de remuneración
fijadas por el gobierno cada año para dicho cargo.
d) La indexación de las sumas anteriormente relacionadas.
Fundamentos fácticos5
1. La Ley 368 de 1997 creó el Fondo de Programas Especiales para la Paz, como
una cuenta especial del DAPRE, el cual tenía por objeto la financiación de
programas de paz encaminados a fomentar la reincorporación a la vida civil de
grupos alzados en armas que demostraran la voluntad de incorporarse a ésta a
través de la desmovilización y la dejación de las armas.
2. Entre el Fondo de Programas Especiales para la Paz y la Fiduprevisora S.A.
se suscribió un encargo fiduciario de administración y pago 110 de 2005, cuyo
objeto era la transferencia de los recursos entregados al Fondo por el Ministerio
del Interior y de Justicia, con el objeto de que la fiduciaria los administrara,
invirtiera, elaborara los convenios y los contratos y realizara los pagos que el
fideicomitente le indicara; y con la finalidad de crear instrumentos de apoyo ágil,
eficiente y seguro para el adecuado cumplimiento del Programa para la
Reincorporación a la Vida Civil de las Personas y Grupos Alzados en Armas del
Ministerio del Interior y de Justicia.
3. La señora Mónica Lucia Zambrano Rosero estuvo vinculada así:
a. El DAPRE, Fondo de Programas Especiales para la Paz, Fiduprevisora S.A.,
desde el 25 de noviembre de 2005 hasta el 31 de agosto de 2006, en virtud
del contrato de prestación de servicios 084-93-2005, cuyo objeto era
«gestionar y coordinar la atención de los servicios de apoyo psicosocial para
los beneficiarios del programa de reincorporación a la vida civil de personal y
grupos alzados en armas radicados en el municipio de Pasto».
b. Productividad Empresarial Ltda., desde el 1.° de septiembre de 2006 hasta el
12 de abril de 2007, como trabajadora en misión para la entidad usuaria
Ministerio del Interior y Justicia por medio de contrato de obra o labor
contratada, con la misma connotación de las funciones ejercidas en el
contrato de prestación de servicios 084-93-2005.
c. El DAPRE, Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica de
Personas y Grupos Alzados en Armas, desde el 13 de abril de 2007 hasta el
13 de junio de la misma anualidad, en virtud del contrato de prestación de
servicios 369, con objeto de «prestar atención psicosocial a la población
objeto de la Alta Consejería para la reintegración social y económica de
personas y grupos alzados en armas en la ciudad de Pasto.»
d. El Patrimonio Autónomo CERLALC, administrado por la Fiduagraria S.A.
desde el 5 de julio de 2007 al 28 de febrero de 2009, a través de contrato de
prestación de servicios, cuyo objeto era «coordinar y hacer seguimiento a las
estrategias, metas y actividades establecidas por la ACR que permitían
cumplir con la Política de Reintegración diseñada para el área de influencia
del centro de servicios de Pasto».
e. El DAPRE, Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica de
Personas y Grupos Alzados en Armas, desde el 5 de marzo de 2009 al 31 de
diciembre de 2011 en virtud de los contratos de prestación de servicios 419,
1096 de 2009; 369 de 2010 y 521 de 2011, cuyos objetos fueron los de
«gerenciar, liderar, coadyuvar en la implementación de estrategias de
reintegración en el centro de servicios principal o los satélites que le sean
5
Folios 209 a 216 (Integración demanda), C1.
4
Radicación: 52001-23-33-000-2014-00412-01 (2388-2017)
Demandante: Mónica Lucia Zambrano Rosero
asignados por el supervisor y coordinar en la zona respectiva la ejecución de
las estrategias de atención y cobertura a los participantes en el proceso de
Reintegración».
2. Las labores desarrolladas a través de los diferentes vínculos fueron realizadas
de forma personal por la demandante; con dedicación de tiempo completo, bajo
indicaciones y órdenes por parte de superiores sobre la forma cómo debía cumplir
sus funciones; y para lo cual recibió una remuneración.
3. Así mismo, afirmó que las funciones por ella desempeñada eran las de un
empleado público, y que estas no eran de carácter temporal sino permanente.
4. A través del Decreto 4975 del 30 de diciembre de 2011 se creó la planta de
personal de la Agencia Colombiana para la Reintegración, que incluyó el cargo
de «Profesional Especializado, Código 2080, Grado 23», al cual se le asignaron
las funciones que desempeñó la señora Zambrano Rosero. No obstante, esta no
fue nombrada en ninguno de los cargos creados.
5. Entre el 26 de enero de 2012 y el 31 de diciembre del mismo año, estuvo
vinculada con la ACR6, a través de contrato de prestación de servicios 295, el
cual tenía como objeto «coadyuvar en la implementación de las estrategias de
reintegración en el centro de servicios y/ o lo satélites según lo establecido en el
contrato»
6. Las funciones que desarrolló en virtud de este último también fueron prestadas
en forma personal, remuneradas, con dedicación de tiempo completo, bajo
indicaciones, y órdenes de sus superiores sobre como ejecutar sus actividades
con continua subordinación o dependencia, con lo cual se encubrió una
verdadera relación con el cumplimiento de los tres elementos del contrato de
trabajo.
7. Las distintas vinculaciones celebradas por la demandante con las diferentes
empleadoras fueron coincidentes casi en su totalidad, en cuanto a las
obligaciones contractuales de cada uno de los contratos.
DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL
La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias de modo que la
relación entre ella y la sentencia es la de «tuerca y tornillo», porque es guía y
ajuste de esta última. De esta manera se preserva la congruencia que garantiza
el debido proceso, razón por la cual el juez al proferir la sentencia debe resolver
el litigio en forma concordante con los hechos, las pretensiones y las
excepciones; puntos que fueron condensados y validados por los intervinientes
al precisar el «acuerdo sobre el desacuerdo» en la audiencia inicial. De allí que
los problemas jurídicos adecuadamente formulados y aceptados por las partes
se convierten en una eficiente guía para el decreto de las pruebas, las
alegaciones, la sentencia y sustentación de los recursos pertinentes. Por lo dicho,
la audiencia inicial es el punto de partida más legítimo y preciso para fundamentar
adecuadamente la sentencia.
Resumen de las principales decisiones
Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)
En el acta se consignó lo siguiente al momento de decidir las excepciones:
6
Folio 116
5
Radicación: 52001-23-33-000-2014-00412-01 (2388-2017)
Demandante: Mónica Lucia Zambrano Rosero
«[…] PRIMERO.– DECLARAR no probadas las excepciones previas
denominadas: “INEPTA DEMANDA POR INDEBIDA REPRESENTACIÓN
DE LA NACIÓN” y “PRESCRIPCIÓN” formuladas por la apoderada legal
del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDECIA DE LA
REPÚBLICA por las razones expuestas en precedencia.
SEGUNDO: sobre las excepciones denominadas: “LEGALIDAD DEL ACTO
ADMINISTRATIVO DEMANDADO, INEXISTENCIA DE
RESPONSABILIDAD LEGAL, LA CALIDAD DE FUNCIONARIO PÚBLICO
DEBE ADQUIRIRSE CONFORME A LO DISPUESTO POR LA LEY e
INEXISTENCIA DEL RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO” por tener la
connotación de mérito o de fondo, se resolverán en la correspondiente
sentencia. […]» (mayúsculas y negrillas del texto original)
Se notificó la decisión en estrados y las partes no interpusieron recursos.
Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)
El litigio se fijó en los siguientes términos:
«[…] examinar si a la parte demandante le asiste o no el derecho a la
estructuración de un contrato laboral. […].
¿Existió o no entre las entidades accionadas y la actora una verdadera
relación laboral de tipo legal y reglamentario, que dé lugar a la declaratoria
de los actos administrativos demandados y al reconocimiento de perjuicios y
de prestaciones sociales y demás emolumentos laborales dejados de
cancelar?»
Se notificó la decisión en estrados y no se presentaron recursos.
SENTENCIA APELADA7
Mediante sentencia proferida el 24 de febrero de 2017, el Tribunal Administrativo
de Nariño negó las súplicas de la demanda presentada por la señora Mónica
Lucía Zambrano Rosero, con fundamento en las siguientes razones:
En primer lugar, señaló que el análisis se centraría en la subordinación y
dependencia continuada, por lo que consideró necesario referirse en primer
término a los antecedentes de la Agencia Colombiana para la Reintegración, para
lo cual indicó que fue creada el 3 de noviembre de 2011, como una unidad
administrativa especial adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia
de la República, y que tenía como objetivo fortalecer la implementación de la
política de reintegración del gobierno colombiano, política que tenía como
antecesor el Programa para la Reincorporación de la Vida Civil, del Ministerio del
Interior y de Justicia, que funcionó entre el 2003 y el 2006.
Sobre el particular, precisó que el Programa para la Reincorporación de la Vida
Civil era «un programa de reintegración enfocado en el individuo, que buscaba
reformar y preparar a las personas desmovilizadas, a través de atención
psicosocial, capacitación académica y acceso al sistema nacional de salud,
además del aporte de una mensualidad económica», el cual tenía una
connotación de corto plazo, y que se vio superado por congestión del sistema,
dado el creciente número de desmovilizaciones individuales y colectivas.
7
Folios 403 a 411
6
Radicación: 52001-23-33-000-2014-00412-01 (2388-2017)
Demandante: Mónica Lucia Zambrano Rosero
Luego, resaltó que para responder a las exigencias del proceso de
desmovilización, se creó en 2006 la Alta Consejería Presidencial para la
Reintegración, en el que se pasó de programas de corto a largo plazo, «con
mayor capacidad de cobertura y gestión, y con mejores herramientas y capacidad
para realizar acompañamiento a los desmovilizados». En ese sentido, puntualizó
que los anteriores antecedentes permitían evidenciar la motivación sobre la forma
de vinculación de personal a estos programas, esto es, dado su funcionamiento
temporal y excepcional, así como que no se podían mantener relaciones
laborales en tanto solo eran creados según necesidad, sin que se pensara como
una medida permanente.
En segundo lugar, y de acuerdo con lo anterior, señaló que la demandante estuvo
vinculada entre noviembre de 2005 y agosto de 2006 con el Fondo de Programas
Especiales para la Paz – Fiduprevisora S.A.; entre septiembre de 2006 y abril de
2007 con Productividad Empresarial Ltda., como trabajadora en misión en el
Ministerio del Interior y de Justicia; entre abril y junio de 2007 con la Alta
Consejería para la Reintegración Social y Económica de las Personas y Grupos
Alzados en Armas, a partir de lo cual, consideró que no existía una relación
laboral que se pudiera deducir de alguna entidad en concreto, por cuanto la
prestación de servicios «respondía a las necesidades que se presentaban en
determinados momentos frente a la ejecución de programas» implementados por
el Estado, de modo que su vinculación fue variable y, por lo tanto, encontró
demostrada la ausencia de permanencia.
En tercer lugar, frente a la prueba testimonial indicó que de las declaraciones de
Manuel Andrés Pantoja Ospina y Andrés Mauricio Jaramillo Vallejo, se podía
concluir que las funciones que desarrolló la demandante siempre fueron las
contratadas; que el nivel central hacía el seguimiento de metas, y que fue en
virtud de su incumplimiento que se prescindió de sus servicios. De acuerdo con
lo anterior, concluyó que no se demostró que la contratista recibiera órdenes para
el ejercicio de sus labores, sino que se hacía una evaluación de resultados por
parte del supervisor del contrato; además, que el cumplimiento de horario se
justificaba por la constante cantidad de personas que asistía al centro de servicio,
lo cual, consideró, era transversal al objeto contractual, y que aun cuando portaba
carné de identificación, este indicaba su calidad de contratista.
En consecuencia, afirmó que en el sub examine no se logró demostrar la
existencia de una relación laboral, puesto que ninguna de sus funciones
desarrolladas estuvieron por fuera de lo contratado, la entidad contratante realizó
un seguimiento del cumplimiento de metas sin que mediasen órdenes o
instrucciones sobre la forma de realizar su trabajo y, con sustento en la finalidad
transitoria que, en un inicio, tenía el programa gubernamental, señaló no era
posible presumir el elemento de subordinación.
RECURSO DE APELACIÓN8
La señora Mónica Lucía Zambrano Rosero apeló la sentencia de primera
instancia, para lo cual manifestó que la prueba documental y testimonial permite
acreditar con contundencia la prestación de servicio permanente y subordinada,
en tanto no podía ejecutar de manera autónoma las labores que le imponían las
entidades demandadas.
En ese sentido, no desconoció el hecho de que la Agencia Colombiana de
Reintegración no fue creada inicialmente de forma permanente, pero que la
8
Folios 447 a 448.
7
Radicación: 52001-23-33-000-2014-00412-01 (2388-2017)
Demandante: Mónica Lucia Zambrano Rosero
necesidad del servicio obligó al Gobierno Nacional a crear una planta de personal
en el que se incluyó un cargo con las mismas funciones que ella realizaba como
contratista. Por lo anterior, señaló no compartir la conclusión a la que llegó el
tribunal, porque la libelista nunca fue autónoma para realizar las actividades para
las cuales fue contratada, no pudo conformar su propio equipo de trabajo, el cual
era escogido y designado desde la Agencia Colombiana de Reintegración, el
horario de trabajo también era determinado por esta última, para lo cual agregó
que no podía considerarse válido el hecho de que la contratista debía acogerlo
por tratarse del periodo de atención al público.
Frente a la prueba testimonial señaló que los deponente fueron sus compañeros
de trabajo dentro de las mismas instalaciones en la ciudad de Pasto, así como
que estos refirieron claramente sobre las funciones de carácter permanente, el
control que era ejercido desde el nivel central, que la atención de usuarios no era
autónoma sino que estuvo subordinada al cumplimiento de cronogramas y metas
impuestas por un coordinador, y que mientras estuvo vinculada, la prestación del
servicio fue continuada y permanente, a pesar de las interrupciones entre un
contrato y el otro.
Para concluir expresó que con los dichos de los testigos se demostró que la
demandante prestó sus servicios y atendió tareas de naturaleza intrínseca de la
Agencia Colombiana para la Reintegración, en forma continua e ininterrumpida,
y subordinada a los directivos de esta institución. En consecuencia, solicitó
revocar en integralidad la sentencia proferida en primera instancia y, en su lugar,
acoger las pretensiones de la demanda.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
La parte demandante9 reiteró los argumentos expresados en el recurso de
alzada.
El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República10 y la
Agencia Colombiana para Reintegración11 ratificaron los argumentos
expuestos a lo largo del proceso y solicitaron confirmar la decisión de primera
instancia.
El Ministerio Público guardó silencio según constancia secretarial visible a folio
475.
CONSIDERACIONES
Competencia
De conformidad con el artículo 150 del CPACA, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual forma,
según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda
instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el
recurso de alzada.
Problemas jurídicos
Con fundamento en los anteriores argumentos, los problemas jurídicos que se
debe resolver en esta instancia son los siguientes:
9
Folio 467 a 468.
10
Folios 470 a 472.
11
Folios 473 a 474.
8
Radicación: 52001-23-33-000-2014-00412-01 (2388-2017)
Demandante: Mónica Lucia Zambrano Rosero
1. ¿En el presente caso, quién es el llamado a responder por las condenas que
surjan con ocasión de la declaratoria de la existencia de una relación laboral
encubierta?
2. ¿La señora Mónica Lucía Zambrano Rosero demostró la configuración de los
elementos de la relación laboral durante el tiempo que estuvo vinculada con
las entidades demandadas, a través de contratos de prestación de servicios
suscritos directamente, y con empresas de intermediación laboral?
En caso afirmativo,
3. ¿Hay lugar a declarar probada la excepción de prescripción extintiva del
derecho, al haber transcurrido más de tres años entre la finalización de todos
o algunos de los periodos contractuales y la reclamación administrativa?
4. ¿Al declararse la existencia de la relación laboral con ocasión de los contratos
de prestación de servicios suscritos directamente con la entidad demandada,
y las vinculaciones mediante terceros intermediarios, cómo debe
restablecerse el derecho de la demandante?
5. ¿Hay lugar a reembolsar a la demandante las sumas pagadas por concepto
de aportes al sistema de seguridad social en salud y pensión?
Marco normativo y jurisprudencial
En lo relacionado con el derecho al trabajo, el artículo 53 constitucional consagra
los derechos fundamentales de los trabajadores relacionados con la igualdad de
oportunidades, remuneración mínima vital y móvil proporcional a la cantidad y
calidad de trabajo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en
normas laborales, situación más favorable al trabajador en caso de duda en la
aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho y primacía de la
realidad sobre las formalidades establecidas por las partes.
Asimismo, el artículo 53 ejusdem establece que los convenios internacionales
sobre el derecho al trabajo, debidamente ratificados por el Estado colombiano,
forman parte de la legislación interna (bloque de constitucionalidad laboral). Por
esta razón, desde el ámbito del derecho internacional, el principio de «salario igual
por un trabajo de igual valor», desarrollado por el artículo 2 del Convenio 111 de la
OIT,12 constituye, junto con otros principios convencionales,13 un axioma laboral
de aplicación directa en el ordenamiento jurídico interno.
Ahora bien, al margen de lo previsto para el derecho al trabajo, en lo que respecta
al contrato estatal de prestación de servicios (uno de los instrumentos de gestión
pública y de ejecución presupuestal más importantes de la Administración para
satisfacer sus necesidades y asegurar el cumplimiento de los fines del Estado),
el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 lo recoge como un tipo de
negocio jurídico o contrato típico, en los siguientes términos:
«3. Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales
para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de
la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando
12
Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.
13
Como Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José́ de Costa
Rica), Colombia ratificó el «Protocolo de San Salvador: Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales», adoptado en San Salvador,
el 17 de noviembre de 1988, el cual en sus artículos 6 y 7 consagra el derecho al trabajo como «(...) la
oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño de una
actividad lícita libremente escogida o aceptada».
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Radicación: 52001-23-33-000-2014-00412-01 (2388-2017)
Demandante: Mónica Lucia Zambrano Rosero
dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran
conocimientos especializados.
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y
se celebrarán por el término estrictamente indispensable.»
Como se ve, el anterior precepto establece, de manera expresa, que los contratos
de prestación de servicios no son fuente de una relación laboral ni generan la
obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales; sin embargo, la
jurisprudencia de esta corporación y de la Corte Constitucional ha admitido que
tal disposición no es aplicable cuando se demuestran los elementos
configurativos de una relación laboral, a saber: la subordinación continuada, la
prestación personal del servicio y la remuneración (artículo 23 del Código
Sustantivo del Trabajo).
En esa lógica, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, la Sección
Segunda del Consejo de Estado expuso la necesidad de generar una
interpretación vinculante respecto del entendimiento del contrato estatal de
prestación de servicios contemplado en el mencionado artículo 32 de la Ley 80
de 1993, y la forma en que este queda desvirtuado para dar lugar a la declaratoria
de una relación laboral encubierta o subyacente.
Lo anterior, teniendo en cuenta que toda relación jurídica que implique conductas
o actividades laborales, incluidas, claro está, aquellas en las que el Estado es el
empleador, deberá ser analizada en consideración de los derechos
fundamentales de los trabajadores previstos en el señalado artículo 53 de la
Constitución y en los convenios internacionales sobre el trabajo, debidamente
ratificados por el Estado.
En tal sentido, en el citado fallo de unificación, al analizarse los elementos del
contrato de trabajo (subordinación, prestación personal del servicio y
remuneración), se reiteraron ciertos criterios elaborados por la jurisprudencia
para identificar, en el marco de contratos estatales de prestación de servicios, el
elemento de la subordinación, en cuanto condición sine qua non para declarar la
existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, a saber:
i) el lugar de trabajo, en el que precisó que en la actualidad se puede matizar ante el
surgimiento de una «nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones
tecnológicas»;
ii) el horario de las labores, resaltando que el establecimiento o imposición de jornadas
laborales o turnos deberá ser valorado en función del objeto contractual convenido;
iii) la dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar, que se materializa, por
ejemplo, con el ius variandi o con la inserción del prestador del servicio en el círculo
rector, organizativo o disciplinario de la entidad; y
iv) que las actividades o tareas a desarrollar correspondan de manera idéntica,
semejante o equivalente a las que tienen asignadas los servidores de planta,
siempre y cuando se reúnan los elementos configurativos de la relación laboral.
No obstante lo anterior, la Sección precisó que aun cuando se acrediten los
mencionados elementos del contrato de trabajo, lo que emerge entre el
contratista y la entidad es una relación laboral, gracias a la aplicación del principio
de la primacía de la realidad sobre las formas; pero, de ninguna manera, una
vinculación legal y reglamentaria, por lo que no es posible darle la categoría de
empleado público a quien prestó sus servicios sin satisfacer las exigencias del
artículo 122 de la Carta Política.14
14
Al respecto, ver entre otras la sentencia de esta Sección de 13 de mayo de 2010; radicado 76001-23-31-000-
2001-05650-01(0924-09); C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez
10
Radicación: 52001-23-33-000-2014-00412-01 (2388-2017)
Demandante: Mónica Lucia Zambrano Rosero
Finalmente, sobre este punto, determinó que incumbe al actor demostrar,
además de la prestación personal de sus servicios a cambio de una
remuneración, la existencia de unas condiciones de subordinación o
dependencia continuada, en las que el representante de la entidad contratante o
la persona que él designe, ostentó la facultad de exigirle el cumplimiento de
órdenes perentorias y de obligatoria observancia.
Expuestos los anteriores fundamentos, la Sección Segunda determinó las
siguientes reglas de unificación:
(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente indispensable», al
que alude el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el señalado en los
estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el principio de
planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a
favor de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna manera, con
ánimo de permanencia.
(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no solución
de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en atención a
las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del expediente.
(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la Seguridad
Social en salud, por parte de la Administración, es improcedente la devolución de los
valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como
recursos de naturaleza parafiscal.
En la primera regla, la sentencia fue enfática en destacar la importancia de dar
cabal cumplimiento al principio de planeación, el cual exige a las entidades
estatales, so pena incluso de nulidad, la utilización de sus recursos de la manera
más eficiente; por esta razón, el «término estrictamente indispensable» puede
advertirse en la fase precontractual, pues es allí donde la entidad justifica, en
función del objeto a contratar y de los recursos disponibles, el tiempo máximo
que estima imprescindible para la ejecución de un contrato futuro. De ahí que los
contratos de prestación de servicios no puedan concatenarse indefinidamente en
el tiempo, cuando se suscriben con personas naturales.
En la segunda regla, la sentencia de unificación estableció en 30 días hábiles, en
principio y como marco de referencia, el término de solución de continuidad para
aquellos contratos de prestación de servicios que presenten interrupciones, cuya
consecuencia jurídica es la de establecer la prescripción de derechos una vez
declarada la relación laboral subyacente. En consecuencia, de no superarse
dicho lapso, se puede concluir «la existencia de una unidad de vínculo contractual»
siempre y cuando «se constate que los objetos contractuales y las obligaciones
emanadas de ellos son iguales o similares y apuntan a la satisfacción de las mismas
necesidades».
A este respecto, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, se reiteró
que la Sección Segunda del Consejo de Estado, en punto a la prescripción de
derechos prestacionales derivados de la relación laboral encubierta o
subyacente, ha venido aplicando la postura de la sentencia de unificación del 25
de agosto de 2016,15 según la cual, en caso de encontrarse acreditada la relación
laboral, quien pretenda su reconocimiento debe reclamarlo dentro de los tres
años siguientes contados a partir de la finalización del vínculo contractual, y, en
aquellos casos donde se presente solución de continuidad entre contratos, debe
15
sentencia de unificación jurisprudencial CE-SUJ2-005
11
Radicación: 52001-23-33-000-2014-00412-01 (2388-2017)
Demandante: Mónica Lucia Zambrano Rosero
analizarse la prescripción frente a cada uno de ellos, a partir de sus fechas de
finalización,16 por lo que de no presentarse la reclamación en ese periodo,
operará el fenómeno prescriptivo, salvo en lo relacionado con los aportes a
pensión que no está sometidos a dicho término.17
En igual sentido, mediante Auto del 11 de noviembre de 2021, la Sección
Segunda aclaró que el término de la solución de continuidad unificado solo cobra
relevancia si se configuran los elementos establecidos en el artículo 23 del
Código Sustantivo del Trabajo, pues, de no estarlo, no existe una relación laboral
cuya duración deba ser examinada.
Finalmente, en la tercera regla, la Sección Segunda consideró improcedente la
devolución de los aportes a la Seguridad Social en salud efectuados por el
contratista en exceso, por «constituir estos aportes obligatorios de naturaleza
parafiscal».
Las reglas de unificación en cita constituyen precedente vinculante en los
términos de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, en armonía con los
artículos 270 y 271 ejusdem, para todos los casos que se encuentren en estudio
en la vía judicial y administrativa. En tal virtud, se procede a resolver el caso
concreto a la luz de dichos parámetros.
De las empresas de servicios temporales y las relaciones jurídicas que
surgen con los trabajadores en misión y las empresas usuarias
El marco normativo de las empresas de servicios temporales está contenido en
la Ley 50 de 28 de diciembre de 199018 y el Decreto 24 de 199819, modificado por
el Decreto 50320 de esa misma anualidad. Es así como en el artículo 71 de la
prenotada Ley 50 de 1990, definió lo que es una Empresa de Servicios
Temporales en los siguientes términos:
«Es empresa de servicios temporales aquella que contrata la prestación de servicios
con terceros beneficiarios para colaborar temporalmente en el desarrollo de sus
actividades, mediante la labor desarrollada por personas naturales, contratadas
directamente por la empresa de servicios temporales, la cual tiene con respecto de
éstas el carácter de empleado».
En este orden de ideas, se entiende que el objeto de las empresas de servicios
temporales es suministrar a un tercero la prestación de un servicio temporal o
transitorio de personas naturales, frente a las cuales la EST tiene la calidad de
empleador, dicho tercero es calificado por la ley como el usuario quien es «toda
persona natural o jurídica que contrate los servicios de las empresas de servicios
temporales.» (Art. 73).
16
En los precisos términos de la sentencia de unificación, se indicó: «[…] Pero en aquellos contratos de
prestación de servicios, pactados por un interregno determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un
lapso de interrupción, frente a cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas
de finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es precisamente
la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le corresponderá al juez verificar si existió o no
la citada interrupción contractual, que será excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso
particular, en aras de proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de servicios. […]» (Negrita fuera
del texto)
17
Siendo deber del juez administrativo pronunciarse en todos los casos, aun si no se hubiesen deprecado
de forma expresa, en el sentido de ordenar que se realicen los aportes sobre las diferencias que se
demuestren causadas, mes a mes, respecto de la parte que le correspondía a la entidad contratante como
empleadora.
18
Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones.
19
Por el cual se reglamenta el ejercicio de la actividad de las empresas de servicios temporales.
20
Por el cual se modifica y adiciona el Decreto número 0024 del 6 de enero de 1998, que reglamenta el
ejercicio de la actividad de las Empresas de Servicios Temporales
12
Radicación: 52001-23-33-000-2014-00412-01 (2388-2017)
Demandante: Mónica Lucia Zambrano Rosero
Así mismo, en el artículo 74 ibídem, consagra la clasificación de los trabajadores
de dichas empresas de la siguiente manera:
«Los trabajadores de las EST son de dos clases: trabajadores de planta, que
desarrollan su actividad en las dependencias de las EST; y trabajadores en misión,
que son aquellos que la empresa de servicios temporales envía a las dependencias
de sus usuarios a cumplir la tarea o servicio contratado por éstos».
De acuerdo con la normatividad referenciada en precedencia, las empresas de
servicios temporales conforman una modalidad de trabajo en la que no existe
vínculo directo entre quien se beneficia del trabajo y el trabajador que lo realiza
o presta el servicio.
Ahora, el artículo 77 de la Ley 50 de 1990 establece los eventos de procedencia
de la contratación de servicios a través de las empresas de servicios temporales
EST así:
«Artículo 77. Los usuarios de las empresas de servicios temporales sólo podrán
contratar con éstas en los siguientes casos:
1. Cuando se trate de las labores ocasionales, accidentales o transitorias a que se
refiere el artículo 6o del Código Sustantivo del Trabajo.
2. Cuando se requiere reemplazar personal en vacaciones, en uso de licencia, en
incapacidad por enfermedad o maternidad.
3. Para atender incrementos en la producción, el transporte, las ventas de productos
o mercancías, los períodos estacionales de cosechas y en la prestación de servicios,
por un término de seis (6) meses prorrogables hasta por seis (6) meses más».
Dichas causales de procedencia se fundamentan en la intención del legislador de
proteger a los trabajadores temporales con el objeto de que los usuarios no burlen
sus garantías laborales cuando en realidad requieren los servicios de
trabajadores de manera permanente.
En tal sentido, la Corte Constitucional en sentencia C-330 de 199521, al estudiar
la constitucionalidad del numeral 3 del artículo 77 de la Ley 50 de 1990 consideró
que la finalidad de esta norma es «la protección de los trabajadores, para que las
empresas no abusen de la posibilidad de contratar trabajadores temporales,
haciendo a un lado los permanentes». Del mismo modo, indicó la Corte que las
causales para la procedencia de esta figura, atienden a que el trabajo es un
derecho que goza de especial protección del Estado (art. 25 CP) y a que éste
tiene la obligación de proteger a las personas que por su condición económica
se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta, en tanto «en la compleja
relación empresa de servicios temporales, usuario y trabajador, la parte más débil es
este último».
Bajo estos supuestos, es claro que la Ley 50 de 1990 en su artículo 71 permite
la contratación con empresas de servicios temporales, pero bajo los precisos
límites del artículo 77 ibídem, motivo por el cual, al igual que lo ha expresado la
Sala en los casos en que ha aplicado el principio de la primacía de la realidad
para reconocer la existencia del contrato realidad, no resulta viable acudir a la
contratación de empresas de servicios temporales cuando se trate del desarrollo
de actividades permanentes o propias del objeto de la entidad, pues de ser así,
21
M.P. Jorge Arango Mejía
13
Radicación: 52001-23-33-000-2014-00412-01 (2388-2017)
Demandante: Mónica Lucia Zambrano Rosero
se estarían desconociendo principios constitucionales que rigen la función
pública.
Primer problema jurídico
¿En el presente caso, quién es el llamado a responder por las condenas que
surjan con ocasión de la declaratoria de la existencia de una relación laboral
encubierta?
Al respecto, la Subsección sostendrá la siguiente tesis: de conformidad con la
evolución normativa del Fondo de Programas Especiales para la Paz, la entidad
llamada a responder por las condenas a que haya lugar con ocasión de la
declaratoria de la existencia de una relación laboral corresponderá a aquella o
aquellas, respecto de la(s) cual(es) se verifique(n) los tiempos de vinculación
contractual que, dadas las circunstancias del PRVC, podría ser el Ministerio del
Interior y de Justicia, el DAPRE - Alta Consejería Presidencial para la
Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas, y/o
la Agencia para la Reintegración y Normalización.
Por medio del artículo 9 de la Ley 368 de 1997, se creó el Fondo de Programas
Especiales para La Paz, «como una cuenta especial del Departamento Administrativo
de la Presidencia de la República, sin personería jurídica, administrada como un sistema
separado de cuentas», cuyo objeto era la «financiación de programas de paz
encaminadas a fomentar la reincorporación a la vida civil de grupos alzados en armas,
que demuestren su voluntad de incorporarse a la vida civil mediante su desmovilización
y la dejación de armas.»
Con la Ley 418 de 1997 se crearon las normas tendientes a dotar al Estado
Colombiano de «[…] instrumentos eficaces para asegurar la vigencia del Estado Social
y Democrático de Derecho y garantizar la plenitud de los derechos y libertades
fundamentales reconocidos en la Constitución Política y/o los Tratados Internacionales
aprobados por Colombia»; así mismo, el parágrafo 1.º del artículo 6 de dicho
compendio, dispuso que el Gobierno Nacional reglamentaría «una subcuenta en el
Fondo de Programas Especiales para la Paz creado por la Ley 368 de 1997, con el fin
de financiar los planes, programas y estrategias que se implementarán en los territorios
que se establezcan como zonas estratégicas de intervención integral. La financiación de
estos planes, programas y estrategias provendrán de recursos adicionales del
presupuesto público, recursos de cooperación internacional y aportes del sector
privado.»
A su turno, el parágrafo del artículo 14 de la Ley 434 de 1998, modificó el inciso
primero del artículo 10 de la Ley 368 de 1997, e incluyó en el objeto del Fondo
de Programas Especiales para La Paz «[…] la financiación de las acciones que
realice el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia […]».
El artículo 25 de la Ley 782 de 2002 que prorrogó y modificó la Ley 418 de 1997
«dispone que las personas desmovilizadas bajo el marco de acuerdos con las
organizaciones armadas al margen de la ley o en forma individual podrán beneficiarse,
en la medida que lo permita su situación jurídica, de los programas de reincorporación
socioeconómica que para el efecto establezca el Gobierno Nacional»; es por ello que,
a efectos de facilitar a los desmovilizados mecanismos que les permitieran
incorporarse a un proyecto de vida de manera segura y digna, que se promulgó
el Decreto 128 de 2003 para reglamentar lo pertinente en materia de
reincorporación a la sociedad civil, en donde se previó que la política conducente
a desarrollar el programa de reincorporación a la sociedad y los beneficios
socioeconómicos reconocidos, sería fijada por el Ministerio del Interior, en
coordinación con el Ministerio de Defensa Nacional.
14
Radicación: 52001-23-33-000-2014-00412-01 (2388-2017)
Demandante: Mónica Lucia Zambrano Rosero
Por su parte, el Decreto 200 de 2003 estableció como una de las funciones del
Ministerio del Interior y de Justicia la de diseñar, coordinar, ejecutar y evaluar la
política de Estado dirigida a la reincorporación a la vida civil de personas o grupos
armados y organizados al margen de la ley, que se desmovilicen o hagan
dejación voluntaria de las armas, en coordinación con el Ministerio de Defensa
Nacional.
Así, de conformidad con el artículo 45 de la Ley 489 de 1998, que señala que
cuando, por mandato legal o en razón de sus características, existan funciones a
cargo de dos o más ministerios, departamentos administrativos o entidades
descentralizadas, el Gobierno Nacional podrá crear comisiones intersectoriales,
se ordenó, mediante el Decreto 1262 de 2004, la creación de la Comisión
Intersectorial para la Reincorporación a la Vida Civil de las Personas y Grupos
Alzados en Armas, adscrita al Ministerio del Interior y de Justicia, la cual estaría
encargada «de la coordinación y orientación superior de la ejecución de los programas
y actividades relacionados con reincorporación a la vida civil de personas o grupos
armados y organizados al margen de la ley, que se desmovilicen o hagan dejación
voluntaria de las armas».
Comisión bajo la cual operó el Programa para la Reincorporación a la Vida Civil
de las Personas y Grupos Alzados en Armas hasta el año 2006, cuando por virtud
del artículo 1 del Decreto 3041 de 2006, se modificó la estructura del Ministerio
del Interior y de Justicia, y se dispuso que las funciones señaladas en el numeral
7, artículo 2 y en el numeral 19, artículo 6 del Decreto 200 de 2003, relacionadas
con la coordinación y dirección para desarrollar el PRVC, serían cumplidas por el
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, DAPRE.
Para los anteriores efectos, el Decreto 3043 de 2006 creó en el Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República, la Alta Consejería para la
Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas, la
cual desarrolló el mencionado programa durante 5 años.
Con la expedición del Decreto 4138 de 2011 se creó la Agencia Colombiana para
la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas, ACR, como una
«unidad administrativa especial, del orden nacional, con personería jurídica, autonomía
administrativa, financiera, presupuestal y patrimonio propio, denominada […], adscrita al
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República».
En punto a los contratos vigentes celebrados por el DAPRE en el marco de las
funciones asignadas a la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración, el
artículo 23 de dicho decreto, indicó:
«Artículo 23. Contratos Vigentes. Los contratos y convenios actualmente vigentes
celebrados por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,
cuyo objeto corresponda a las funciones y actividades propias de la Alta Consejería
Presidencial para la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos
Alzados en Armas, se entienden subrogados a la Agencia Colombiana para la
Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas, la cual continuará con su
ejecución en los mismos términos y condiciones.
[…]
El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, a través del
Fondo de Programas Especiales para la Paz, continuará ejecutando, hasta tanto se
efectúen las adecuaciones presupuestales, las apropiaciones presupuestales
comprometidas hasta la entrada en funcionamiento de la Agencia Colombiana para
la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas. Este procedimiento se
aplicará para la ejecución de las cuentas por pagar y las reservas presupuestales
de las vigencias fiscales de 2010 y 2011.
15
Radicación: 52001-23-33-000-2014-00412-01 (2388-2017)
Demandante: Mónica Lucia Zambrano Rosero
Los contratos que versen o hayan tenido por objeto actividades propias o
relacionadas con las funciones y actividades propias de la Alta Consejería
Presidencial para la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos
Alzados en Armas serán liquidados por la Agencia para lo cual el Departamento
Administrativo de la Presidencia deberá remitirle la documentación que se requiera».
Con ocasión de la emisión del Decreto 897 de 2017, la unidad administrativa
cambió su nombre a la de Agencia para la Reincorporación y Normalización,
ARN, y para todos los efectos de sus funciones será referida con dicha
denominación.
Bajo el anterior recuento normativo, encuentra la Sala que la ejecución del
programa PRVC, estuvo inicialmente bajo la dirección de dos entidades del orden
nacional, que se sucedieron en su continuidad sin que existiera subrogación entre
una y otra de los derechos y obligaciones surgidos con ocasión del mismo, y que
corresponden al Ministerio del Interior y de Justicia, y al Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República – Alta Consejería Presidencial
para la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en
Armas.
En lo que atañe a esta última, entiende la Subsección que, de conformidad con
las disposiciones referenciadas, las obligaciones contractuales que se
encontraran vigentes al ingreso en la vida jurídica de la ARN, serían subrogadas,
dando continuidad a las mismas en términos y condiciones.
En conclusión: la determinación de la persona jurídica llamada a responder ante
la posible declaración de existencia de un contrato realidad en el asunto que se
discute, dependerá de los tiempos en los que se acredite la vinculación
contractual, y la verificación de los beneficiarios del servicio prestado por la
demandante, que bien podría ser el Ministerio del Interior y de Justicia; el DAPRE
– Alta Consejería Presidencial para la Reintegración Social y Económica de
Personas y Grupos Alzados en Armas; y/o la ARN.
Segundo problema jurídico
¿La señora Mónica Lucía Zambrano Rosero demostró la configuración de los
elementos de la relación laboral durante el tiempo que estuvo vinculada con las
entidades demandadas, a través de contratos de prestación de servicios
suscritos directamente, y con empresas de intermediación laboral?
Al respecto, la Subsección sostendrá la siguiente tesis: de conformidad con el
análisis jurídico y probatorio, en el caso de la señora Mónica Lucía Zambrano
Rosero se encuentran demostrados los tres elementos que configuran una
verdadera relación laboral, razón por la cual, en virtud del principio de la primacía
de la realidad sobre las formalidades, hay lugar a declarar su existencia.
Sobre el asunto sometido a discusión
Advierte la Sala que, en el presente asunto, la demandante pretende la
declaración de la existencia de una relación laboral sin solución de continuidad,
entre ella y las entidades que a continuación se enuncian y por los periodos que
se identifican seguidamente; y, en consecuencia, que se ordene el
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales de ley y demás acreencias
laborales que surjan con ocasión de dicha declaratoria.
16
Radicación: 52001-23-33-000-2014-00412-01 (2388-2017)
Demandante: Mónica Lucia Zambrano Rosero
i) con el Patrimonio Autónomo DAPRE, Fondo de Programas Especiales para
La Paz, administrado por la Fiduprevisora S.A., entre el 25 de noviembre de
2005 y el 31 de agosto de 2006;
ii) con el Ministerio del Interior entre el 1.° de septiembre de 2006 y el 12 de
abril de 2007;
iii) con el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Alta
Consejería para la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos
Alzados en Armas, entre el 13 de abril y el 30 de junio de 2007;
iv) con el Patrimonio Autónomo CERLALC, representada por la Fiduagraria,
entre el 5 de julio de 2007 y el 28 de febrero de 2009;
v) con el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Alta
Consejería para la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos
Alzados en Armas, entre el 5 de marzo del 2009 y el 31 de diciembre de 2011;
vi) con la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos
Alzados en Armas entre el 26 de enero y el 15 de diciembre de 2012.
El tribunal de primera instancia consideró no acreditado el vínculo laboral aducido
por la señora Mónica Zambrano Rosero, toda vez que el carácter de la
vinculación de la demandante denotaba temporalidad al prestar sus servicios
para el desarrollo de programas que eran creados a necesidad del Gobierno
Nacional; así mismo, el hecho de haber estado prestando sus servicios para
varias entidades, a través de diferentes vinculaciones impedía determinar la
entidad respecto de la cual podría haberse declarado la existencia de la relación
laboral; finalmente, sostuvo que las pruebas testimoniales permitían concluir que
las funciones desarrolladas por la interesada siempre estuvieron en el marco de
las labores contratadas, de manera que, con base en tales argumentos estimó
no demostrado el elemento de la subordinación.
No obstante, según se desprende del recurso de alzada presentado por la
demandante, en el presente asunto hay lugar a declarar la existencia de una
relación laboral encubierta entre las partes y, por lo tanto, es procedente el
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales reclamadas por la señora
Zambrano Rosero, pues la prueba testimonial da cuenta de los elementos
constitutivos del contrato realidad; y, la permanencia de su cargo se encuentra
sustentada en el hecho de que, al crearse la planta de personal de la Agencia
Colombiana de Reintegración, el Gobierno Nacional lo incluyó con las mismas
funciones por ella desempeñadas.
De acuerdo con lo anterior, precisa esta Subsección que quien pretende la
declaratoria de existencia de una relación laboral oculta bajo la modalidad de
contratación por prestación de servicios, tiene el deber de demostrar, a través de
los medios probatorios a su disposición, la configuración de los elementos
esenciales del contrato de trabajo.
Así las cosas, y de acuerdo a la documentación obrante en el expediente, se
observa que la señora Mónica Zambrano Rosero prestó sus servicios al Ministerio
del Interior, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y
la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en
Armas, de la siguiente manera22:
22
Folios 116 a 170 contratos y certificaciones.
17
Radicación: 52001-23-33-000-2014-00412-01 (2388-2017)
Demandante: Mónica Lucia Zambrano Rosero
Vinculación contractual con la Fiduciaria La Previsora S.A., administradora
del encargo fiduciario DAPR-FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA
LA PAZ
N.º de Periodo Valor Objeto Folio
contrato u
orden
084-93-2005 25/11/05 $13.266.667 Bajo las directrices del PROGRAMA DE 159 a 170,
31/08/06 REINTEGRACIÓN A LA VIDA CIVIL DE C1.
PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS
PRVC, gestionar y coordinar la atención de los
servicios de apoyo psicosocial para los
beneficiarios del PRVC radicados en la Municipio
de pasto.
Vinculación como trabajadora en misión a través de Productividad
Empresarial Ltda.
N.º de Periodo Valor Objeto Folio
contrato u
orden
01/09/06 Laboró en la compañía como trabajador en misión 147, C1.
12/04/07 para la empresa usuaria Ministerio del Interior y de
Justicia Programa para la Reincorporación a la
Vida Civil de Grupos y Personas Alzadas en
Armas, desempeñando el cargo de Profesional.
Vinculación contractual directa con el Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República – Alta Consejería para la Reintegración Social
y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas
N.º de Periodo Valor Objeto Folio
contrato u
orden
CPS 369/07 13/04/07 $57.200.000 Brindar los servicios profesionales para 151, C1.
30/06/07 desarrollar en la jurisdicción (departamento o
ciudad) indicada, la propuesta de atención
psicosocial a la población objeto de la Alta
Consejería para la Reincorporación Social y
Económica de Personas y Grupos Alzados en
Armas – Alta Consejería de acuerdo con los
lineamientos que esta establezca. El servicio será
prestado en la ciudad de pasto.
Vinculación contractual con el Patrimonio Autónomo CERLALC –
Fiduagraria S.A.
N.º de Periodo Valor Objeto Folio
contrato u
orden
05/07/07 $16.800.000 Contratación de los servicios profesionales para 154, C1.
31/01/08 desarrollar y aplica la propuesta de atención
psicosocial a la población beneficiaria del
Programa Nacional para la Reintegración Social y
Económica de Personas y Grupos Alzados en
Armas, en el o los municipios que le sean
asignados por el supervisor de la orden, de
acuerdo con las necesidades del Programa y los
lineamientos de la Unidad de Reintegración Social
– Apoyo Psicosocial.
01/02/08 $7.800.000 Coordinador y ejecutar la estrategia de atención y 152, C1.
30/04/08 cobertura del Programa Nacional para la
Reintegración Social y Económica de Personas y
Grupos Alzados en Armas – Red Nacional de
Atención – en el centro de servicio de la ACR
ubicado en Pasto.
02/05/08 $40.000.000 Coordinar y hacer seguimiento a las estrategias, 153, C1.
28/02/09 metas y actividades establecidas por la ACR que
18
Radicación: 52001-23-33-000-2014-00412-01 (2388-2017)
Demandante: Mónica Lucia Zambrano Rosero
permitan cumplir con la Política de Reintegración
diseñada para el área de influencia del Centro de
Servicio Pasto.
Vinculación contractual directa con el Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República – Alta Consejería para la Reintegración Social
y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas
N.º de Periodo Valor Objeto Folio
contrato u
orden
CPS 419/09 05/03/0923 $37.800.000 Prestar los servicios profesionales para gerencia 129 a 132,
04/10/09 el centro de servicios satélites que le sea C1.
asignado, por el supervisor y coordinador en la
zona respectiva, la ejecución de la estrategia de
atención y cobertura de los participantes en el
proceso de Reintegración.
CPS 1096/09 27/10/09 $33.555.200 Prestar los servicios profesionales para gerencia 133 a 139,
10/06/10 el centro de servicios satélites que le sea C1.
asignado, por el supervisor y coordinador en la
zona respectiva, la ejecución de la estrategia de
atención y cobertura de los participantes en el
proceso de Reintegración.
CPS 369/10 21/06/10 $29.960.000 Prestar los servicios profesionales para liderar el 126 a 128,
31/12/10 centro de servicios satélite que le sea asignado y C1.
coordinar en su jurisdicción la implementación de
las estrategias de reintegración según lo
establecido en el contrato.
CPS 521/11 12/01/11 $52.280.200 Prestar con plena autonomía técnica y 140 a 144,
31/12/11 administrativa, sus servicios profesionales para y 156, C1.
coadyuvar en la implementación de la estrategia
de reintegración en el centro de servicio y/o los
satélites.
Vinculación contractual directa con la Agencia Colombiana para la
Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas, ACR
N.º de Periodo Valor Objeto Folio
contrato u
orden
CPS 295/12 27/01/12 $67.000.000 Prestar con plena autonomía técnica y 116 a 123,
31/12/12 administrativa, sus servicios profesionales para C1.
coadyuvar en la implementación de la estrategia
de reintegración en el centro de servicio y/o los
satélites.
La anterior relación probatoria permite colegir que, entre el 25 de noviembre de
2005 y el 31 de diciembre de 2012, la libelista prestó sus servicios profesionales
para el desarrollo del Programa para la Reincorporación a la Vida Civil de Grupos
y Personas Alzadas en Armas a las entidades demandadas, mediante
vinculación contractual y a través de empresas de servicios temporales.
Ahora bien, en el caso concreto y conforme con el recurso de apelación, se
advierte que la inconformidad planteada en la alzada consiste en una supuesta
insuficiente valoración del material probatorio por parte del tribunal, según la cual,
no se configuró el elemento de la subordinación y dependencia continuada.
En ese sentido, la Subsección verificará si la señora Zambrano Rosero logró
acreditar la prestación personal del servicio, remunerada y bajo continua
subordinación y dependencia.
a) La prestación personal del servicio.
23
Folio 145, C1. Refiere que en este contrato se presentó una terminación anticipada.
19
Radicación: 52001-23-33-000-2014-00412-01 (2388-2017)
Demandante: Mónica Lucia Zambrano Rosero
Para esta Subsección está acreditado que la señora Mónica Lucía Zambrano
Rosero prestó de forma personal sus servicios con ocasión a los diferentes
contratos celebrados, para desarrollar funciones requeridas en cumplimento de
los objetos contractuales contenidos en los contratos que suscribió, como se
relacionó al analizar los extremos temporales de la relación.
b) Remuneración por el servicio prestado.
Frente al elemento de la remuneración, la Sala puede inferir razonablemente que
a la señora Mónica Lucía Zambrano Rosero se le cancelaban periódicamente las
sumas reconocidas a título de honorarios en los diferentes contratos de
prestación de servicios. Ello se advierte, principalmente, de las cláusulas
relacionadas con: i) el valor de los contratos; y ii) la forma de pago en la cual se
estipulaban los montos mensuales que recibiría la demandante por sus servicios.
c) Subordinación y dependencia continuada
Este elemento esencial del contrato de trabajo, según el artículo 23 del CST24, es
considerado por la doctrina como el determinante para distinguir la relación
laboral de las demás prestaciones de servicios, y que faculta al empleador para
exigir el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al tiempo,
modo o cantidad de labores, así como para imponerle reglamentos y el poder
disciplinario, teniendo en cuenta para ello, los límites constitucionales que
imponen el respeto a la dignidad humana del trabajador y sus derechos mínimos,
es decir, bajo criterios de razonabilidad y sin arbitrariedad. De acuerdo con lo
anterior, la subordinación parte del poder de dirección respecto a las actividades
de trabajo y como potestad disciplinaria del empleador para conservar el orden
en la empresa, pero únicamente en lo atinente al ámbito laboral.
Sobre el particular, la Corte Constitucional en sentencia C-386 de 2000 indicó:
«[…] La subordinación del trabajador al empleador como elemento distintivo
y definidor del contrato de trabajo ha sido entendida, según la concepción
más aceptable por la doctrina y la jurisprudencia, como un poder jurídico
permanente de que es titular el empleador para dirigir la actividad laboral del
trabajador, a través de la expedición de órdenes e instrucciones y la
imposición de reglamentos, en lo relativo a la manera como éste debe realizar
las funciones y cumplir con las obligaciones que le son propias, con miras al
cumplimiento de los objetivos de la empresa, los cuales son generalmente
económicos.
Se destaca dentro del elemento subordinación, no solamente el poder de
dirección, que condiciona la actividad laboral del trabajador, sino el poder
disciplinario que el empleador ejerce sobre éste para asegurar un
comportamiento y una disciplina acordes con los propósitos de la
24
«Artículo 23. Elementos esenciales. <Artículo subrogado por el artículo 1o. de la Ley 50 de 1990. El
nuevo texto es el siguiente:>
1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos esenciales:
[…]
b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, que faculta a éste
para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de
trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo
ello sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los
tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen al país;
[…]» (Subraya la Sala).
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Radicación: 52001-23-33-000-2014-00412-01 (2388-2017)
Demandante: Mónica Lucia Zambrano Rosero
organización empresarial y el respeto por la dignidad y los derechos de aquél.
[…]»25
Colofón de lo expuesto, como subordinación y dependencia continuada se debe
entender el elemento esencial y configurativo de la relación laboral, según el cual
el empleador, en ejercicio de su potestad de dirección, puede exigir a sus
empleados el acatamiento de órdenes e instrucciones sobre el modo y la cantidad
de trabajo, el cumplimiento de horarios para el desarrollo de este, y la imposición
de los reglamentos internos, en cualquier momento, respetando la dignidad del
trabajador y sus derechos mínimos constitucionales y laborales.
Bajo tal entendimiento, se tiene que la parte demandante sustentó su recurso de
apelación sobre la base de que, la ejecución de labores propias del objeto social
de las entidades demandadas, y la creación de una planta de personal en la
Agencia Colombiana para Reintegración, en la cual se incluyó un cargo
equivalente con las mismas funciones que desarrollaba la demandante, permiten
concluir que prestó sus servicios para la Nación, Ministerio del Interior; el
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República; y la Agencia
Colombiana para la Reintegración, en forma permanente e ininterrumpida y bajo
continua subordinación.
En ese sentido, dado que la objeción de la demandante se centró en el hecho de
que la prueba tanto documental como testimonial dan cuenta de la configuración
de los aspectos esenciales del contrato realidad, y que, para esta Sala los
elementos de prestación personal del servicio y de remuneración o
contraprestación, propios de la relación laboral, se encuentran debidamente
acreditados en el sub examine, se procede entonces a realizar el análisis
correspondiente al elemento de la subordinación y dependencia continuada, para
lo cual se estudiará, en primer término, la prueba testimonial allegada al
plenario26.
• En primer lugar, el señor Manuel Andrés Pantoja Ospina indicó que:
«[…] Yo ingresé a la Alta Consejería para la Reintegración, en este tiempo se llamaba así, en
octubre de 2008, en la ciudad de Pasto, cuando me presenté en la sede del centro de servicio
estaba a cargo la doctora Mónica Zambrano, ejerció como gerente de este centro de servicio. -
yo me desempeñaba como profesional jurídico para la atención de personas desmovilizadas, mi
vinculación con la Alta Consejería fue mediante la figura de contrato de prestación de servicios,
tenía a cargo la parte jurídica, los beneficios jurídicos de las personas desmovilizadas y también
la asesoría jurídica para los funcionarios miembros que conformaban el centro de servicio de la
ciudad. La señora Mónica Zambrano se encargaba de la gerencia, de la representación de la Alta
Consejería a nivel del departamento de Nariño. Cumplía los roles pues que eran encargados
directamente desde la oficina principal en la ciudad de Bogotá, y también del control hacia los
diversos funcionarios o contratistas del centro de servicio, […] roles que determinaba la Alta
Consejería y que debían ser cumplidos con los profesionales en términos generales.
PREGUNTA: Algo más le consta o esto es todo lo que usted tiene conocimiento. RESPUESTA:
Pues la vinculación finalizaba o cesaba a finales de cada año, se iniciaba al siguiente año. Los
roles de Mónica cambiaron, pero las funciones seguían siendo las mismas, inicialmente era
gerente, después fue líder del centro de servicio, coordinadora, pero siempre ha desempeñado
las mismas funciones en el quehacer diario. PREGUNTA: Sírvase manifestar si sabe o recuerda
cómo fue la vinculación de la demandante con la institución. RESPUESTA: Todo el tiempo de
permanencia fue mediante un contrato que se suscribía con el funcionario representante de la
Alta Consejería, tengo conocimiento de que la Alta Consejería cuando inició existían solamente,
creo que 3 funcionarios, estaba el Alto Consejero, el consejero auxiliar y el asesor jurídico, pero
el resto de la planta personal fue mediante contrato de prestación de servicios. En el 2011 hubo
una modificación a la planta de personal donde se cambió la estructura interna de la Alta
Consejería y cambió el nombre a Agencia Colombiana para la Reintegración. Se crearon unos
cargos a nivel nacional, pero a nivel regional no se crearon esos cargos, no recuerdo bien qué
25
Magistrado ponente Antonio Barrera Carbonell.
26
Folios 371 a 376, C1.
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Radicación: 52001-23-33-000-2014-00412-01 (2388-2017)
Demandante: Mónica Lucia Zambrano Rosero
otras ciudades, incluyendo pasto. Pasto debió haber estado dentro de esa reforma que se hizo,
mas sin embargo, se hicieron nombramientos a nivel nacional, pero en Pasto no, en Pasto siguió
trabajando bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios, desempeñando las mismas
funciones de funcionarios ya nombrados en otras ciudades. PREGUNTA: Usted menciona que la
demandante se vinculó mediante contrato de prestación de servicios, usted sabe o recuerda los
términos en los que se consignaba el contrato: tiempo de duración, funciones, remuneración,
salud, pensiones, etcétera. RESPUESTA: Bien, la modalidad era igual, cuando yo ingresé a la
Alta Consejería la doctora Mónica ya se encontraba laborando y la modalidad de contrato para
todos los colaboradores del centro de servicio fue igual. Las funciones desempeñadas
correspondían a parámetros que fijaba directamente la Agencia y había una verificación
prácticamente permanentemente, cumplimiento de metas y envío de matrices donde se
visualizaba el trabajo realizado, bien por la gerente del centro de servicio, como la de los demás
profesionales del centro de servicio. El pago de salud y pensión, como para todos, correspondía
a cada uno de los profesionales. La remuneración mediante la presentación de cuenta de cobro,
anexando otros documentos que indicaban el cumplimiento de las obligaciones. En lo referente
a los viajes, porque teníamos que desplazarnos dentro del departamento de Nariño a los sitios
donde se encontraba el personal desmovilizado, lo cubría directamente la Agencia a través del
pago de los tiquetes aéreos, como los viáticos por gastos que tuviéramos con ocurrencia al
desplazamiento. PREGUNTA: Sírvase manifestar si usted sabe o recuerda si la demandante
tenía un superior jerárquico y de quién recibía órdenes directamente. RESPUESTA: Inicialmente,
cuando se llamaba Alta Consejería, era directamente el Alto Consejero, el doctor Frank Pearl. Posterior a las modificaciones internas que tuvo la Agencia, estuvo creo que de gerente general
Joshua Mitrotti, después de eso estuvo creo que Guísela de Andreis que se desempeñaba como
directora programática de reintegración y era ella quien le respondía o tenía que rendirle cuentas,
pues del cumplimiento de metas en el departamento de Nariño. PREGUNTA: Para el pago de la
remuneración mensual qué requisitos y trámites debía cumplir la demandante. RESPUESTA: Bien, me refiero porque eran los mismos requisitos, entonces supongo que eran los medios, para
ello había un formato que manejaba la agencia en el cual se relacionaba el valor de la totalidad
del contrato y mensualmente pues se iba haciendo un descuento […], también del pago de salud
y pensión, se anexaba también una certificación del cumplimiento de funciones, si mal no
recuerdo y estos documentos eran remitidos a Bogotá y una relación también de desplazamientos
para el correspondiente pago de los viáticos. PREGUNTA: La demandante, cuando requería de
permisos o licencias, etcétera, a quién debía solicitarlos ella directamente, sabe usted eso. RESPUESTA: Pues debió haber sido al superior inmediato, […] PREGUNTA: Usted sabe si la
demandante cumplía horario de trabajo y quién se lo imponía a ella. RESPUESTA: horario de
trabajo, en la página web siempre aparecía que los centros de servicios cumplían un horario de
atención al público de 8 de la mañana a 5 de la tarde, entonces era necesario estar en ese tiempo,
todos estábamos en el centro de servicio cumpliendo horario por la atención al público y la
atención personalizada que teníamos frente a los desmovilizados. Permisos claro, las ausencias
de oficina, pues tenían que tramitarse directamente con la persona encargada en Bogotá, al igual
que la autorización de desplazamientos o requerimientos médicos que tuvieran. PREGUNTA: Pero ese horario, quién lo imponía, algún directivo, una circular o aparecía en la página. RESPUESTA:
Aparecía en la página, en la página web, y las instrucciones que recibíamos de
Bogotá a través de correos electrónicos acerca de las jornadas, pues de atención a los
desmovilizados que se presentaban bien dentro del centro de servicio o los desplazamientos que
hacíamos a diferentes municipios, había un cronograma de trabajo con un horario establecido
previamente. PREGUNTA: Sírvase manifestar si sabe, si la parte demandada le entregaba a la
demandante algunos distintivos para acreditarla como trabajadora o empleada de la institución. RESPUESTA: Sí, todos los funcionarios, todos los trabajadores teníamos un carnet distintivo. PREGUNTA: Recuerda que decía ese carnet más o menos. RESPUESTA: Sí, tuvimos dos
carnets en los cuales, decía contratista. PREGUNTA: Usted sabe las razones por las cuáles la
demandante fue desvinculada de la institución demandada. RESPUESTA: Eso fue para el año
2011, diciembre de 2011. Entiendo que fue una reestructuración, una evaluación de resultados,
cumplimiento de metas, el seguimiento que hacía directamente la Agencia respecto al trabajo de
cada centro de servicio. PREGUNTA: Sírvase decir si sabe o recuerda si las funciones que
realizaba la demandante eran de coordinación o de subordinación en la institución. RESPUESTA: Considero que se mezclaban señor magistrado, habían unas metas que cumplir, con algún
seguimiento diario mediante correos electrónicos, y todas las labores que se desempeñaron en
el centro de servicio están supeditadas al cumplimiento de esas metas. Apoderada parte
demandante. PREGUNTA: Doctor Manuel usted refirió que en su calidad de funcionario de la
Alta Consejería para la Reintegración ustedes estaban obligados a realizar viajes,
desplazamientos. ¿Usted puede referir al respecto de los viajes quién los programaba, eran
ustedes autónomos o era directamente la doctora Mónica autónoma en programar esa clase de
viajes, a qué obedecían estos desplazamientos? RESPUESTA: Habían directrices directamente
del nivel nacional que indicaban la necesidad de hacer contacto con personas desmovilizadas
para hacerle seguimiento al proceso de reintegración, esos desplazamientos eran o debían ser
coordinados con Bogotá, para después hacer una programación interna y presentar un
cronograma de viajes. PREGUNTA: Ustedes eran autónomos en la fijación de ese cronograma o
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Demandante: Mónica Lucia Zambrano Rosero
debían obedecer instrucciones desde Bogotá. RESPUESTA: Obedecíamos instrucciones de
Bogotá, porque la intención era estar en contacto con las personas desmovilizadas. PREGUNTA: Usted sabe en qué fechas la demandante prestó los servicios para la Alta Consejería para la
Reintegración, sabe usted cuándo ella entró y cuándo se desvinculó. RESPUESTA: Cuando yo
entré en octubre 2008, la doctora Mónica ya se encontraba laborando y lo hizo hasta diciembre
de 2011, que fue cuando se desvinculó. Tengo conocimiento que ella se vinculó, creo en 2006 o
2007, no, no estoy muy seguro. PREGUNTA: Usted refiere que en el 2011 hubo una modificación
a la planta de personal de la Alta Consejería y también cambió de nombre y se creó una planta
de personal. En ese tiempo existía un funcionario de planta que cumplía las mismas funciones
que realizaba la doctora Mónica. RESPUESTA: En el 2011 sí. PREGUNTA: Con anterioridad a
esa fecha existían funcionarios de planta que realizaban las mismas funciones que la doctora
Mónica. RESPUESTA: No, no existe. Apoderada de la parte demandada “ACR” (Olga Lucía
Paiva Rocha). PREGUNTA: Cuál fue su relación con la Agencia Colombiana para la
Reintegración, bajo qué modalidad estuvo prestando servicios en la agencia y en qué tiempo con
la Agencia Colombiana para la Reintegración. RESPUESTA: Fue la misma modalidad antes y
después como contratista. PREGUNTA: Usted en qué año fue contratista de la Agencia
colombiana para la reintegración. RESPUESTA: En octubre del año 2008 empecé funciones o
vínculo laboral con la Alta Consejería. PREGUNTA: Con la Alta Consejería porque en ese
momento la Agencia Colombiana para la Reintegración no existía. RESPUESTA: Es cierto. PREGUNTA: Usted tuvo un contrato de prestación de servicios con la Agencia colombiana para
la Reintegración durante el año 2012, podría manifestarle al despacho quién fue la supervisora
de su contrato. RESPUESTA: Fue la doctora Mónica Lucia Zambrano. PREGUNTA: Usted
recuerda bajo qué modalidad se vinculó a la Sra. Mónica Zambrano en la Agencia Colombiana
para la Reintegración. RESPUESTA: Contrato de prestación de servicios y estábamos todos bajo
la misma modalidad. PREGUNTA: Qué tiempo de duración tuvo este contrato de ella con la
Agencia. RESPUESTA: Los contratos normalmente eran anuales, enero a diciembre […] en una
ocasión se presentó una terminación anticipada, se modificó el término contractual, pero, era
anual. PREGUNTA: Pero específicamente con la Agencia cuánto duró la doctora Mónica. RESPUESTA: Entiendo que duró hasta diciembre 2011 con la Agencia colombiana para la
reintegración, permítame corrijo algo, en el 2011 se dio la modificación y ella trabajó hasta
diciembre de 2012. PREGUNTA: Se dio la modificación de qué, podría explicar cuál fue la
modificación. RESPUESTA: primero cambió el nombre de nominación de la entidad, paso de Alta
Consejería para la reintegración, a Agencia Colombiana para la Reintegración. Anteriormente,
cómo lo anoté, existían, tengo conocimiento, 3 funcionarios que eran el Alto Consejero, el
consejero auxiliar y el asesor jurídico y el resto de la planta de personal, por así decirlo, eran
contratistas. En la modificación o en la reestructuración que tuvo la entidad y cambió la
denominación Agencia Colombiana para la Reintegración, se creó una planta de personal con
funcionarios que fueron nombrados de manera paulatina o progresiva, esa situación se dio a nivel
nacional y excluyó a algunos centros donde las personas que estaban a cargo del manejo
continuaron con la modalidad, cumpliendo las mismas funciones, ya de funcionarios que fueron
nombrados por la Agencia Colombiana para la Reintegración PREGUNTA: Pero quisiera que
hiciera una aclaración, los que estaban nombrados por la Agencia Colombiana para la
Reintegración estaban como en otros territorios, dice usted a nivel de Pasto no hubo planta. RESPUESTA: No hubo planta. PREGUNTA:
Todos, la gente que desempeñaba o que estaban
vinculadas con la entidad, estaban era a través de contrato de prestación de servicios, el caso
también es específico para usted, verdad. RESPUESTA: Si, es cierto. PREGUNTA: Usted
estando bajo la modalidad de prestación de servicios, realizaba labores de coordinación o de
subordinación. RESPUESTA: Sí, yo desempeñaba labores de coordinación, mi función era muy
específica, yo era profesional jurídico y brindaba orientación jurídica a los desmovilizados y
orientación jurídica también al personal que se encontraba en el centro de servicio. PREGUNTA: Usted recibía órdenes, instrucciones de alguien para adelantar su labor o era totalmente
independiente. RESPUESTA: No era independiente porque recibía instrucciones directamente de
la oficina Jurídica de la Agencia. PREGUNTA: Usted como también estuvo vinculado como
contratista de la Agencia, cumplía un horario. RESPUESTA: Debía estar a las 8:00 de la mañana,
la salida a mediodía y hasta las 6:00 de la tarde normal. PREGUNTA: Usted debía solicitar
permiso. RESPUESTA: indicaba que iba a salir de la oficina a cumplir cualquier otra función. PREGUNTA: Qué relación pues mantuvo usted con la Sra. Mónica Zambrano desde el punto de
vista laboral, pues cómo fue su relación mientras estuvo bajo la modalidad de contratista en la
Agencia Colombiana para la Reintegración. RESPUESTA: Bien, si es en términos laborales la
relación laboral que existe es la coordinación, el manejo de información, las instrucciones
normales que se daban, las reuniones de seguimiento al avance en el cumplimiento de metas de
los demás profesionales, como las que yo tenía que reportar a Bogotá. PREGUNTA: Usted nos
podría contar específicamente cuáles eran las labores de coordinación que realizaba la señora
Mónica Zambrano en la sede del grupo territorial aquí en pasto respecto a la reintegración. RESPUESTA: Inicialmente, pues tenía la representación de la Agencia o de la entidad a nivel
territorial. Entre las funciones que tenía era hacer los contactos con diferentes entidades, bien de
orden municipal o de orden departamental para poder posicionar el programa de reintegración en
el departamento. La programación de diferentes reuniones, los enlaces con estas entidades, el
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Demandante: Mónica Lucia Zambrano Rosero
apoyo que deberían o que se podría lograr con entes territoriales o nivel municipal, la verificación
también del cumplimiento de las obligaciones de los demás profesionales que integraban el centro
de servicio y reporte de las mismas o de inconvenientes a Bogotá. PREGUNTA: Usted recuerda
quién era el supervisor del contrato de Mónica Zambrano. RESPUESTA: Me refería a 3 personas
de acuerdo a los 3 momentos que tuvo la entidad Inicialmente a Dr. Frank, Joshua Mitrotti que
entiendo que está de director de la Agencia y Gisela de Andreis que creo fue la última directora
programática de la integración, a quienes rindió cuentas, por así decirlo la doctora Mónica. PREGUNTA: Usted nos podría decir y manifestar dentro de su declaración que para efectuar el
pago del contrato se debían cumplir con determinados requisitos, hablaba en su momento de la
cuenta de cobro y que se debían también relacionar que les hacían como un seguimiento como
a las obligaciones suscritas dentro del contrato, entonces quisiera que nos explicará cómo se
hacía finalmente la el diligenciamiento de esta cuenta de cobro y los informes que se presentaban
al supervisor sobre el cumplimiento de contrato. RESPUESTA: Primero quiero aclarar que no
recuerdo que dijera cuenta de cobro, eso quiero ser enfático, era un formato que indicaba el valor
del contrato y cómo se iba reduciendo en la medida que se iban generando los pagos, bien era
una hoja que contenía esa información, era más más de tipo contable, a ese documento se le
anexaba los formatos de pago, la evidencia del pago de salud y pensión, el informe de actividades
mensual. Era un reporte que era necesario enviar a Bogotá, se establecía en el cumplimiento de
metas mensual, que debía reportarse a Bogotá para el seguimiento que hacía Bogotá sobre eso. PREGUNTA: Podría indicarnos cuáles eran las tareas que desempeñaba el supervisor de su
contrato, cómo desempeñaba la señora Mónica, la labor de supervisión. RESPUESTA: Vía correo
electrónico, Bogotá me envía indicaciones sobre el desarrollo de mis actividades se las copiaba
también a la doctora Mónica bien hacíamos reuniones de trabajo Donde está verificado el
cumplimiento del seguimiento a las labores y desempeñar dentro del rol como profesional jurídico
este tipo de actividades. Apoderada del Departamento Administrativo de la Presidencia de
la República (María Yohana Carillo Carreño). PREGUNTA: Usted tiene conocimiento si la
demandante tuvo alguna vinculación con alguna otra entidad Y en el periodo que ella presenta la
demanda desde el 2006 al 2013. RESPUESTA: No tengo conocimiento. PREGUNTA: Usted
como funcionario de la jurídica, tiene conocimiento desde donde se hacía la contratación, desde
la ciudad de Bogotá o directamente aquí en la ciudad de Pasto. RESPUESTA: Desde Bogotá. PREGUNTA: Y había algún procedimiento para la contratación que documentó usted como
contratista qué se les exigía, qué documentos para poder contratar y firmar el contrato de
prestación de servicios. RESPUESTA: A ver a mí me vincularon directamente en Bogotá, yo me
encontraba en esa ciudad, imagino que era igual para los demás, pues la presentación de hoja
de vida, la afiliación, una constancia de habilitación a salud y pensión, documentos, bueno,
fotocopia de la cédula, certificado, antecedentes disciplinarios, antecedentes fiscales pasado
judicial, los documentos que soliciten o me solicitaron en ese momento a mí. PREGUNTA: Dentro
del contrato había se resaltaba algo donde decía que la clase de vinculación del contrato era
regido por ley 80 del año 1993. RESPUESTA: Obviamente pues los contratos de prestación de
servicios llevan unas cláusulas que hace relación al tipo de vinculación o contratación que se está
adelantando. Es cierto que tienen esas cláusulas y me acuerdo de esas cláusulas en esa. PREGUNTA:
En ese contrato también existía alguna cláusula donde se decía que sus tareas a
desarrollar o el objeto a desarrollar dentro de ese contrato era de con plena autonomía, con pleno
consentimiento y demás, según el artículo que reseña la ley 80. MAGISTRADO (Despacho): Recalificaré la pregunta, está inducida la respuesta. Replantea la pregunta o la formula el
magistrado. Tiene la palabra doctora Carillo, gracias señor magistrado. Pues lo único que yo
quiero manifestar es si él tenía ese consentimiento, si existía una cláusula donde decía que era
con su plena autonomía y consentimiento del firmar, pues no decía que se firma este contrato
con conocimiento de la cláusula donde dice, de acuerdo a la Ley 80 de 1993, que es con plena
autonomía y consentimiento para desarrollar el objeto del contrato. RESPUESTA: En razón a mi
profesión, pues yo conozco las diferencias entre las distintas modalidades de contratación,
obviamente un contrato de prestación de servicio tiene unas cláusulas que van encaminadas a
ese, indicando obviamente que no existe una relación laboral con la persona que está haciendo
contrato. Pero una cuestión es lo que dice el documento y otra cuestión es lo que realmente está
haciendo. PREGUNTA: Usted me dice que en el formato Donde se tenía que allegar
mensualmente para el pago era un formato, no era una cuenta de cobro, no era que se anexaba
unos términos de las tareas que se desarrollaban mes a mes. RESPUESTA: Está pidiendo
información sobre un documento que era bastante complejo porque era el nivel contable si yo
comparo una cuenta de cobro normal, una cuenta de cobro, dice la entidad, tal debe a fulano de
tal la suma de tanto por concepto de X valores, este documento que maneja o manejaba en ese
tiempo la agencia era bastante complejo, una numeración, unas fechas, un período, un valor total
y un valor que si va desagregando en la medida que se van haciendo los pagos, eso es lo que
recuerdo del documento, pero que el documento dijera cuenta de cobro, no lo recuerdo, no lo
tengo presente que dijera o que tuviera. Apoderada de la parte demandada Ministerio de
Interior (Gutiérrez Jaramillo). PREGUNTA: Señor Manuel, dentro de las tareas o metas que
usted dice que cumplía eran acordes al objeto del contrato de los contratistas que para la época
en que usted laboraba con la entidad, se ajustaban al objeto de contrato o eran diferentes. RESPUESTA: desbordaba en algunas ocasiones, porque se recibían otras instrucciones, que no
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Demandante: Mónica Lucia Zambrano Rosero
estaban dentro del contrato. PREGUNTA: Esas instrucciones eran de su supervisor o eran de
otro funcionario. RESPUESTA: en mi caso de Bogotá, de diferentes personas, no necesariamente
del supervisor. PREGUNTA: conoce si las directrices que le hacían a la señora Mónica eran del
supervisor o de un funcionario diferente. RESPUESTA: No lo recuerdo. Ministerio Público.
PREGUNTA: Doctor Manuel, tenga la bondad y nos comenta si, en la Agencia colombiana para
la reintegración o anteriormente la Alta Consejería para la Reintegración existía un manual de
funciones en donde estuvieran especificadas las funciones, concretamente de la señora Mónica
Zambrano rosero, como coordinadora regional. RESPUESTA: Para la época de Alta Consejería
desconozco el manual de funciones cuando se creó la Agencia, si se creó un manual de
funciones, sí existían funciones específicas para el rol, el rol que estaba desempeñando la doctora
Mónica. PREGUNTA: Usted nos comenta que la doctora Mónica Zambrano terminó su
vinculación con la agencia colombiana en diciembre del 2012, usted sabe si después de la salida
de ella de la entidad fue reemplazada y en qué modalidad la reemplazó la persona que haya
llegado al cargo, es decir, fue nombrada o también se vinculó con contrato de prestación de
servicios. RESPUESTA: La Agencia hizo un proceso de selección abierto en el cual después de
hacer la verificación, pues de idoneidad de las personas, vínculo mediante contrato a un ex
contratista de otro centro de servicio, no recuerdo de qué centro de servicio, pero era también
profesional de la Agencia. PREGUNTA: A propósito de la pregunta, usted sabe si la doctora
Mónica Zambrano, cuando entró a laborar agotó todo algún proceso de selección. RESPUESTA:
Desconozco esa parte porque yo entré cuando ya estaba laborando. PREGUNTA: Y en su caso
Dr. RESPUESTA: Hubo un proceso de selección. PREGUNTA: Usted, nos comentaba también
que la doctora Mónica Zambrano tenía que solicitar permiso a alguien del nivel central, pero usted
conoce si ella efectivamente solicitó, hizo uso de estos permisos si le fueron concedidos y le
fueron negados. RESPUESTA: Lo desconozco porque eran más bien como charlas internas
dentro del centro de servicio, me voy al médico porque tengo cita médica o voy a acompañar a X
persona porque está enferma. Recuerdo que, si hacía la gestión, normalmente era
telefónicamente o vía correo electrónico. PREGUNTA: Usted nos comentaba que las funciones
se medían a través de cumplimiento de metas. Estas metas igual nos comentó que se
desbordaban en ocasiones el objeto contractual ampliemos un poquito esta respuesta.
RESPUESTA: Lo hago de acuerdo al trabajo que yo desempeñé bien. PREGUNTA: Esto se
puede contextualizar en las funciones de la doctora Mónica Zambrano. RESPUESTA: Bueno, lo
voy a hacer de manera general, habían ocasiones en los cuales Bogotá pedía una información
supongamos datos estadísticos sobre atención a desmovilizados, bien sea salud o información
para el trabajo y la información de último momento, que era necesaria desarrollarla inmediato,
por los requerimientos que hacía la entidad, en ocasiones era necesario dejar otro tipo de
actividades para poder desarrollar puntualmente ese tipo de solicitudes que hacía Bogotá
implicaba el manejo de todo el equipo para brindar la información consolidada, informe y remitirlo.
[…]»
• Por su parte, el señor Andrés Mauricio Jaramillo Vallejo sostuvo lo siguiente:
«[…] Tengo conocimiento de las labores que desempeñaba la doctora Mónica Sambrano. Yo
ingresé en ese momento a la Alta Consejería para la Reintegración en el 2007, Me desempeñaba
como asistente de atención, es decir, que recepcionaba solicitudes, quejas y reclamos de los
participantes del programa de las personas que llegaban a solicitarle, también se gestionaba la
resolución de estas de estas solicitudes y pues, bueno, desarrollado algunas otras actividades
que me requería. Mónica Zambrano era mi supervisora del contrato pues a ella le rendía yo
informe si lo hacía, las solicitudes necesarias conforme a mis actividades dentro de la Agencia o
Alta Consejería en ese momento. PREGUNTA: Que sabe sobre la situación de ella.
RESPUESTA: A bueno la doctora Mónica desarrollaba, hasta donde recuerdo supervisaba los
contratos de todos los compañeros del Centro de Servicios, adelantaba la gestión frente a
comisiones, viáticos que se requerían, para la atención de los participantes en el en el
departamento. Eso implicaba, que cuando un participante vivía en cualquier municipio del
departamento, los profesionales debíamos desplazarnos hasta allá para para su atención. Igual
la doctora Mónica hacia como de enlace con el nivel central, digamos que el nivel central tenía
unos requerimientos, relacionados con metas, servicios y atenciones que nosotros realizábamos
a los participantes del programa y la doctora Mónica era la encargada también digamos de
canalizar esa información al nivel central. PREGUNTA: Sírvase manifestar si le consta como fue
la vinculación de la demandante con la institución, bajo qué modalidad, si usted sabe los términos,
etcétera. RESPUESTA: Bueno, lo que recuerdo es que era un contrato de prestación de
servicios, cierto, se renovaba cada cierto mes, no tengo muy presentes como con las fechas, pero
normalmente los contratos se renovaban cada 10 meses, si no estoy mal, bueno, hasta ahí.
PREGUNTA: En el caso de la demandante, específicamente usted conoció los términos en los
cuales, ella fue contratada por la institución, lo del contrato, remuneración, funciones, pensiones,
salud, tiene conocimiento de ella específicamente. RESPUESTA: Pues bueno, la verdad es que
no podría decir mucho acerca del contrato de ella, pero pues lo que recuerdo es que era en
prestación de servicios. PREGUNTA: Usted sabe, recuerda, si ella tenía un superior jerárquico y
si sabe los nombres pueden manifestarlo. RESPUESTA: Entiendo que ella le rendía cuentas al
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doctor Frank, estamos hablando más o menos del 2007 al si no estoy mal, 2010, entiendo yo que
ella rendida informes directamente a esta persona que entiendo es, era en ese momento el
supervisor del contrato. PREGUNTA Usted puede explicarnos cómo era la forma que la institución
le pagaba a la demandante su remuneración mensual, que requisitos o trámites se hacían. RESPUESTA: La remuneración estaba supeditada a la presentación de un informe de
actividades, pues acorde a su contrato, se presentaba el informe como requisito para el pago de
sus honorarios, se adelantaba, pues una, digamos como una el informe, hasta donde recuerdo lo
realizaba, con la información de los contratistas que laboramos en ese momento y ella necesita
hacer también un pago de salud y pensión y adelantar, como es ese trámite previo o digamos
adjuntar ese ese pago al informe de actividades, para que le hagan el respectivo desembolso de
sus honorarios, hasta donde yo entiendo se lo hacían a una cuenta bancaria de su nombre. PREGUNTA: Usted sabe, recuerda, cuando la demandante pedía permiso o licencias a quien lo
solicitaba y si era directamente aquí en Pasto, Bogotá o cómo era ese procedimiento. RESPUESTA: los permisos entiendo que los hacía directamente a Bogotá entendería yo que el
supervisor de su contrato, pero realmente no sabría decir exactamente a quién, porque bueno,
eso no estaba dentro de mis conocimientos en ese momento, entonces aquí en pasto, no tenía
ella una persona que aquí a quien le pueda responder, sino que lo hacía directamente al nivel
central. PREGUNTA: Usted sabe o recuerda si la demandante cumplía con un horario de trabajo
y quién le imponía su horario de trabajo. RESPUESTA Nosotros atendíamos persona y teníamos,
digamos unas condiciones de atención dadas, por la demanda de nuestros participantes en ese
momento, entonces sí tenemos como un horario de atención a los que la doctora Mónica, también
se acogía, estamos hablando de horario de oficina de 8 a 12, de 2 a 5 de la tarde, si no estoy mal
en los que se hacía la atención que está abierta la oficina, para la atención de los de los
participantes y en ese tiempo, también se hacía algún otro tipo de gestión relacionados con las
posiciones que teníamos en ese momento, entonces digamos que en ese en ese sentido, si
tenemos un horario de trabajo y la doctora Mónica, también lo asumía. PREGUNTA: Usted sabe,
recuerda, si la demandante portaba algún distintivo de la institución para poder llevar a cabo su
trabajo. RESPUESTA: Si, es decir, tenía el carnet de la “ACR”, eso era como una condición de
portarlo, como como parte de nuestro trabajo, sí señor. PREGUNTA: Usted recuerda que decía
el carnet aproximadamente. RESPUESTA: Bueno, esa es una pregunta de memoria muy dura,
Agencia Colombiana para la Reintegración, el nombre de la persona. La verdad es que no, no
recuerdo muy bien. No puedo recordar eso. PREGUNTA: El carnet distinguía demandante como
contratista, por ejemplo, sí decía contratista. RESPUESTA: SÍ, decía contratistas. PREGUNTA: Usted sabe aproximadamente los términos y fechas aproximadamente, en las cuales, la
demandante estuvo vinculada con la institución. RESPUESTA: Puedo recordar cuando yo
ingresé, ella estaba en ese momento Alta Consejería en el 2007 y yo puedo dar fe de cuando yo
ingresé, fue junio, perdón mayo de 2007 y durante voy a hacer un poquito de cuentas, sería hasta
el 2012, si no estoy mal, hasta el 2012 que ella estuvo vinculada con en ese momento ya Agencia
colombiana para la Reintegración. PREGUNTA: Por el conocimiento que usted nos acaba de
exponer, Usted puede decir si, él si la demandante realizaba funciones de subordinación o de
coordinación administrativa. RESPUESTA:
Entiendo que ya recibía unas directrices de nivel
central, tenía a algunas personas que le que le hacían requerimientos y entendería yo que es
que se encargaba de llevar acabo de ejecutar esas solicitudes a nivel central acá en la región, a
la vez, digamos coordinaba al equipo de trabajo que tenía a su cargo aquí en el centro de
servicios de Pasto y hasta donde entiendo se respondía, la doctora Mónica respondía por las
actividades que le exigían del nivel central, entonces, entenderé yo que hay algo de subordinación
allí. PREGUNTA: Usted sabe o recuerda, si antes de la vinculación de la demandante a la
institución ese cargo ya existía en la institución y qué modalidad tenía ese ese cargo. RESPUESTA: Usted me habla de otro de otros en otras ciudades, en las otras ciudades o aquí
en pasto. PREGUNTA: ¿El cargo de ella que tenía ya existía en la institución anteriormente o fue
creado con ella a la vinculación o cómo funcionaba eso? RESPUESTA: Bueno, aquí en el centro
de servicios, en cuando se está hablando del 2007, fue el año en el que se creó el centro de
servicios de la ACR, aquí en pasto, entonces no existía ese cargo, entiendo yo que en otros, en
otros departamentos donde el programa pues estaba arrancando, digamos en el mismo momento
ya existían personas que estaban encargadas de la coordinación de centros de servicios, no
sabría decirle en modalidad de trabajo de contrato estaban ellos, pero si tengo entendido que sí
estaban ya o por lo menos ese cargo ya estaba creado en otras partes. PREGUNTA: Usted sabe
cuáles fueron las razones por las cuales, la demandante ya no fue vinculada con la institución. RESPUESTA: Bueno realmente no podría decir exactamente qué pasó, hubo una evaluación,
según recuerdo un encuentro a nivel nacional de coordinadores de centros de servicios es una
evaluación de algunos desempeños en cuanto a meta en cuanto a objetivos conseguidos. Entendería que unas cifras que no estaban acordes a la atención en el Departamento de Nariño
y probablemente, haya sido por el incumplimiento de algunas cifras, algunas metas que la doctora
Mónica no continuó en el cargo que tenía. Apoderada de la parte demandante. PREGUNTA: Señor Andrés Mauricio, Usted podría referir si las funciones que desempeñaba la doctora Mónica
se requerían de manera permanente a partir del momento en que usted dice que se vinculó
también a la gente a la Alta Consejería para la Reintegración. RESPUESTA: Qué pena cuando
usted dice permanente a qué se refiere. PREGUNTA: Me refiero a que, si la necesidad de la
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atención a estas personas a quienes iban dirigidos los programas se requería de manera
permanente, allá. RESPUESTA: Sí, claro, pues la atención era continua, no se podía parar con
la atención porque estábamos digamos, atendiendo personas en un proceso de reintegración que
requería una atención continua, por ejemplo, en el aspecto de salud, la gestión se tenía que hacer
en cualquier momento del año, porque era una obligación de la Agencia en ese momento, que
las personas que llegaban ingresen al sistema de salud o al sistema educativo o a los procesos
de atención psicosocial dependiendo de lo que pues estamos de su ruta de reintegración en el
momento entonces, digamos que el requerimiento de atención era permanente, continua, no
importaba realmente sí, sí era fin de año o había fiestas acá, o sea, eso no había, no había
ninguna, ningún pare. PREGUNTA: Usted ha referido que para efectos de verificar la prestación
ella tenía un supervisor, usted podría referir qué funciones ejercía ese supervisor frente a la
doctora Mónica. RESPUESTA: Bueno, como les decía hace un momento hay unas había unas
condiciones, unos requerimientos que le hacían de nivel central al centro de servicios
relacionados con la atención a los participantes y ya a su adecuada, digamos a la ruta de
reintegración que ellos seguían, había unas directrices de nivel nacional que se aplicaban en
todos los centros de servicios y por supuesto nosotros teníamos que cumplir también con esas
con esas condiciones. A la doctora Mónica la exigían, que digamos todos esos tipos de atención
dentro de la ruta de reintegración de cada participante se cumplan. Y ella era digamos la directa
responsable de que él es el centro de servicios cumpla con esas con ese tipo de atención
entonces, diría yo que si existía unas exigencias directas que le decía a su supervisor, en cuanto
a las atenciones que nosotros realizamos dentro del centro de servicios. PREGUNTA: Esos
requerimientos que le hacía el supervisor estaban dentro del objeto del contrato de la doctora
Mónica o sobrepasaban ese objeto iban más allá de lo que ella había suscrito con la Alta
Consejería y posteriormente con la Agencia. RESPUESTA: bueno esa es una pregunta
complicada, había unas condiciones del contrato que digamos que todas las condiciones del
contrato, la doctora Mónica las debía cumplir y existían algunas situaciones en las que desde mi
posición podría percibir que le exigían un poco más porque en definitiva a ella le se renovaban
los contratos de los contratistas y no podíamos tener digamos un pare en la atención de nuestros
participantes entonces, normalmente la doctora Mónica era la que asumía estos tiempos extras
en los que no se podía o no se tenía a los contratistas completo, recuerdo que a la doctora Mónica
le hacían unas prórrogas de contrato, cuando el centro de servicios no tenía la totalidad de
contratistas a disposición, entonces me parece que si le tocaba hacer un poco más, tenía unas
actividades extras dentro de sus labores. PREGUNTA La doctora Mónica era autónoma para
conformar este grupo de trabajo, es decir, ella tenía la posibilidad de vincular a personas
contratistas como usted. RESPUESTA: No, el proceso de contratación siempre lo hicieron desde
el nivel central había como unas condiciones de idoneidad que tendrían que ver como con los
perfiles que buscaban dentro de la Agencia para cumplir con las tareas a cabalidad, entonces se
hace un proceso de selección es bastante complejo, bastante duro con revisión de hojas de vida,
con entrevistas y hasta donde yo puedo recordar siempre se hizo desde el nivel central. PREGUNTA: La doctora Mónica qué funciones cumplía frente a usted. RESPUESTA: Ella era mi
supervisora del contrato. PREGUNTA: Sabe usted si la doctora Mónica tenía que programar
viajes para cumplir el objeto contractual con el que ella fue vinculada a la Alta Consejería y
posteriormente a la Agencia. RESPUESTA:
Sí, ella se desplazaba bastante diría yo, tenía que
aparte de los de los desplazamientos a Bogotá, que, pues eran frecuentes, también se hacían
algunos desplazamientos dentro del departamento para adelantar gestiones frente a entes
territoriales, sobre todo no en función de las atenciones que nosotros hacíamos, como les decía
antes en cuanto a salud en cuanto a la vinculación al sistema educativo en algunos momentos
era necesario que la doctora Mónica se desplace para que adelante reuniones con personas que
podían tomar decisiones más certeras, en el municipio que le corresponde, entonces si ella
viajaba PREGUNTA: Y esos viajes quien los programaba ella de manera autónoma obedecían
directrices del nivel central. RESPUESTA: Eran las dos circunstancias me parece, a la doctora
Mónica la requerían de nivel central ella viajaba y también se programaban algunos viajes
relacionados con la gestión que ya ella realizaba en algunos municipios entonces se programaban
digamos unos viajes con anticipación que los aprobaban o no del nivel central dependiendo de la
pertinencia de ese momento o del requerimiento de la gestión que la doctora Mónica adelantaba
en el departamento. PREGUNTA: Quién cancelaba esos viajes la doctora Mónica directamente
o había que recobrar esos viáticos o se hacía una disponibilidad de parte de la Agencia o de la
Alta Consejería. RESPUESTA: la Alta Consejería, bueno, se hacían las solicitudes de los viáticos
y la Alta Consejería los reembolsaba sí, es decir, que estaban por fuera de los honorarios
mensuales. PREGUNTA: Sabe usted cuáles era el valor mensual que recibía como remuneración
la doctora Mónica. RESPUESTA: Pues no sabría el monto exacto, tendría que estaba alrededor
de los 5 millones de pesos, pero no la verdad, no tengo el monto exacto. Apoderada de la parte
demandada “ACR” (Olga Lucía Paiva Rocha). PREGUNTA: Quisiera que nos dijeran si para el
caso específico de pasto había otra persona en planta que desempeñaba las mismas funciones
de la Sra. Mónica Zambrano, me refiero a el objeto de su contrato, que era “coadyuvar en la
implementación de las estrategias de reintegración en el centro de servicio y todas esas labores
de coordinación”, había otra persona acá en pasto que hacía lo mismo. RESPUESTA: No, señora. PREGUNTA: Usted, que fue contratista de la Agencia, nos manifiesta que la señora Mónica
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Zambrano fue la supervisora de su contrato quisiera que nos dijera si ella en condición de
supervisora del contrato a usted le exigía un horario. RESPUESTA: Digamos que la exigencia no
venía precisamente de la doctora Mónica, pero digamos tenemos unos horarios de atención
cierto, que los cumplíamos sí, entonces estábamos hablando de 8 a 12 y de 2 a 5 de la tarde,
más o menos, porque había una demanda de atención en el centro de servicios, entonces no se
cumplía ese horario. PREGUNTA: Usted considera como contratista que fue de la Agencia
Colombiana para la Reintegración y que se podría ejecutar un contrato de prestación de servicios
cuando usted no tiene asignadas unas labores y podría directamente ejecutar esas labores fuera
del horario, teniendo en cuenta que lo que estamos haciendo es aplicando una política estatal de
reintegración donde debemos atender un determinado número de personas y unas necesidades
que se presentan en el momento. RESPUESTA: Usted se refiere a que hay una, digamos, que
podríamos haber hecho las mismas actividades por fuera del centro de servicio, no entendí muy
bien la pregunta. PREGUNTA: Si usted como contratista podría estar totalmente aislado de la
entidad desempeñar unas funciones sin tener una coordinación que le permita establecer y decirle
qué actividades debe realizar y en qué tiempos. Magistrado (Despacho). Objeción aceptada. Puede reformular la pregunta. PREGUNTA: Usted como contratista de la entidad debía
desarrollar unas actividades que estaban directamente relacionados con la política de
reintegración. RESPUESTA: Sí, señora. PREGUNTA: Dentro de esas actividades se podrían
desarrollar de manera independiente. RESPUESTA: Nosotros obedecíamos a un cronograma de
actividades mensual, tenemos unas actividades planeadas durante el mes que respondía a
requerimientos de nivel central, Entonces digamos que no teníamos esa independencia para
decidir qué hacíamos o que nosotros respondíamos a un cuadro de metas, un cuadro de objetivos
de la de la Agencia que tenía que ver con los requerimientos de nuestros participantes en cuanto
a salud, educación, atención, sicosocial, procesos jurídicos, cualquier necesidad, aquellos que
ellos tenían debíamos tener como un plan de acción que nos permitía desarrollar actividades en
el departamento a cabalidad tratando de hacer la cobertura de todos los participantes en ese
momento no teníamos digamos como autonomía en cuanto a las actividades que nosotros
podríamos programar tenemos que supeditarnos a lo que el nivel central nos exigía, entonces no
sé si respondo a la pregunta, pero yo diría que no teníamos ese tipo de autonomía para decidir
qué hacemos o que no hacíamos en ese en ese momento. PREGUNTA: Es decir, ustedes tenían
unas labores que estaban sujetas a una coordinación del nivel central. RESPUESTA: Había una
coordinación del nivel central que se canalizaba por la doctora, por medio de la doctora Mónica,
para que nosotros las ejecutamos acá en Nariño. PREGUNTA: manifestaba usted dentro del
interrogatorio que los contratos en la agencia se renovaban quisiera que nos explicara eso, cómo
se renovaba el contrato, cuál era el procedimiento de renovación o si se hacían nuevos contratos. RESPUESTA: Bueno, no sé si utilice bien el término, Teníamos un rango de tiempo en el que
funciona nuestro contrato. Normalmente, entre los 8 o 10 meses y había un periodo de pausa si
lo puede llamar así en el que el que después quedábamos digamos por fuera de la de la Agencia
y luego pues nos hacían un contrato diferente, no sé si eso sea renovación, pero el contrato era
otro radicado, otro número de contrato, incluso había algunos cambios en las en las funciones
pero no sé si ese término renovación pues no sé qué pasa, Pues ahí, en ese sentido, entonces
eso sería como más o menos la explicación. PREGUNTA: A nivel de esta ciudad de Pasto en el
centro de servicios de la Agencia Colombiana para la Reintegración existía planta de personal. RESPUESTA: funcionario se refiere usted.
PREGUNTA: si me refiero a funcionarios. RESPUESTA: No, señora. PREGUNTA: Usted hasta qué año estuvo vinculado con la Agencia
RESPUESTA: Hasta el 15 de diciembre de 2013. Apoderada del Departamento Administrativo
de la Presidencia de la República (María Yohana Carillo Carreño). PREGUNTA: Para
desarrollar las tareas asignadas por la coordinación de Bogotá, usted decía que habían unos
tiempos para desarrollarlas, pudo haber sucedido que durante esos tiempos no se hubiera podido
ejecutar tales tareas esa coordinación les ampliaba tiempo para que las pudieran ejecutar, esto
teniendo en cuenta que de pronto se sucedían causas exógenas a la voluntad de ustedes esta
coordinación les podía emplear el término para rendir lo que se les exigía. RESPUESTA: No sé
si tengo clara esa pregunta cuando se dice tiempo se refiera a digamos unos plazos estipulados
para la atención de sí tenemos unos tiempos que se relacionaban con el tipo de atención, por
ejemplo, había una atención psicosocial que requería los lapsos de tiempo de 1 o 2 meses, una
vez el participante ingresa a la Agencia y luego se programaba unas atenciones mensuales. En
cuanto al ingreso al sistema de salud y el sistema educativo, era una cuestión digamos como de
tiempo asociada a las instituciones que prestaban el tipo de atención en el ingreso al sistema de
salud era pues prácticamente inmediato teníamos una gestión adelantada con las instituciones
de salud que nos permitían acceder directamente al ingreso de nuestros participantes al sistema
de salud, con el sistemas educativo teníamos una cuestión de digamos de flexibilidad en cuanto
al ingreso pero se supeditaba también a que haya una disponibilidad de cupos y que los tiempos
nos coincidan un poco porque ellos se adelantaba en educación por ciclos que obligaba a estar
digamos dentro de los de los tiempos que las instituciones educativas daban para ingresos y para
el respectivo proceso educativo entonces digamos que ahí tenemos que esperar un poco, puede
ser que 1 o 2 meses para que la persona pueda ingresar al sistema educativo en general tenemos
unas disposiciones de tiempo que se relacionaban como con la ruta de reintegración, es decir,
que el participante no podía tener espacios muertos, digamos, de los que él no esté realizando
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actividades o no esté vinculado en ese momento en la en la Agencia la atención tiene que hacerse
de inmediato si, era una atención que requería una un tipo de medición de tiempo digamos que
muy estricto porque podíamos poner en riesgo al participante en cuanto a su ruta en cuanto a esa
que la persona llegaba a la vida civil en unas condiciones y entonces teníamos unas condiciones
de tiempo que debemos cumplir para que para que todos estos riesgos se bajen al mínimo,
entonces digamos que por ese lado sí debíamos cumplir con unos requisitos de tipo bastante
estrictos. PREGUNTA: Ustedes recibirán unos pagos mensualmente bajo la modalidad de
contrato de prestación de servicio esos pagos, cómo se efectuaban Eso tenían que hacerlos a
una cuenta de ustedes o ir a una oficina y firmar una documentación. RESPUESTA: A mi me
consignaban en la cuenta. PREGUNTA: Qué protocolo para que usted pudiera suscribir en esos
contratos de prestación de servicios que documentación tenía que allegarse a al momento de la
suscripción o para elaborar el contrato. RESPUESTA: Bueno habían unos formatos que nos
enviaban directamente del nivel central, tenemos que diligenciar la hoja de vida del sector público
SIGEC, tenemos que diligenciar esto, tener al día las condiciones normales de Procuraduría,
Contraloría, de pasado judicial de Rut, nuestra tarjeta profesional para los psicólogos, Bueno,
creo que eran unos documentos que nos exigían. PREGUNTA: Para realización del pago les
exigían de las tareas mensuales o no, no les exigían desarrolladas las tareas que se habían
ejecutado durante el mes. RESPUESTA: Si nosotros teníamos un sistema de cargue de
información en los que se reflejaba las actividades que nosotros íbamos realizando, entonces
digamos que había una información actualizada de la gestión que nosotros hacíamos y la
consigna vamos directamente al sistema. Aparte de eso también realizamos un informe de
actividades mensual que era como el requisito para recibir los honorarios. PREGUNTA: Para la
ejecución del trabajo a desarrollar las tareas, el objeto del contrato, dentro del contrato se
plasmaban unos términos, unas obligaciones o algo así por el estilo, unos términos, la vigencia
de tal día a tal fecha. RESPUESTA: Sí, había un objeto contractual había unos términos,
específicos para cada contrato. PREGUNTA: Y se dio cumplimiento a ellos o en algún momento
la Agencia incumplió y el trabajador siguió trabajando fuera del término especificado. RESPUESTA: Yo diría que se dio cumplimiento. Apoderada de la parte demandada Ministerio
de Interior (Gutiérrez Jaramillo). PREGUNTA: Me podría indicar si conoce o conoció el contrato
de la Sra. Mónica Zambrano. RESPUESTA: No de primera mano. PREGUNTA: Conoció o no
conoció el contrato. RESPUESTA: No. PREGUNTA: Conoce el objeto del contrato de la Sra. Mónica Zambrano. RESPUESTA: Bueno, tendré que decir que no. PREGUNTA: Me podría
indicar cómo supervisora de su contrato la señora Mónica cómo verificaba el cumplimiento de su
contrato. RESPUESTA: Bueno, lo hacía por medio del sistema de información que nosotros
manejamos, cada contratista tenía un usuario en el que lo usábamos para subir la información al
sistema, es una información en tiempo real, ella tenía la posibilidad de revisar cifras lo que
nosotros íbamos haciendo, además que tenemos un contacto permanente dentro del centro de
servicios para nosotros enterarla a ella de lo que íbamos realizando día a día, hacíamos reuniones
semanales tenemos comité en el que se socializaba las actividades que se realizaron durante la
semana y bueno rendíamos informes mensuales para que ella tenga digamos esa información
consignada y eso nos servía de requisito para recibir nuestros honorarios. PREGUNTA: Esos
informes que usted dice que entregaban hacía parte de las obligaciones contractuales o era un
requerimiento de la supervisora o así, aparte de un procedimiento para la cuenta de cobro de sus
honorarios. RESPUESTA:
Era un punto de nuestro contrato que debíamos rendir informes
mensuales, también era un requisito para acceder a nuestros honorarios, si esas dos condiciones. PREGUNTA: Dentro de su contrato hay una cláusula de autonomía frente a las actividades que
ustedes desarrollaba, en su contrato había alguna cláusula que le permitiera ser autónomo en
sus funciones. RESPUESTA: ¿Cuándo usted es autónomo que a qué se refieren? PREGUNTA: Por lo general los contratos de prestación de servicios, conllevan una cláusula de autonomía en
el ejercicio o el desarrollo de la obra a realizar, Mi pregunta es en su contrato, estaba. RESPUESTA: Eso no lo puedo recordar realmente. PREGUNTA: Usted me puede decir cuál era
el objeto de su contrato o las obligaciones que estaban contempladas allí a desarrollar de acuerdo
al cargo que usted desarrollaba. RESPUESTA: Dentro de la Alta Consejería hablando del 2007,
está el objeto contractual era atender solicitudes, quejas y reclamos, más adelante cambien de
labores y estaba encargado de la vinculación del sistema de educación a los participantes y luego
cambió el objeto contractual y se convirtió en el nombre del contrato era de integrador, en el que
asumíamos como toda la ruta de reintegración en cuestión, se hacía una malgama de todas las
los beneficios que el participante recibía en el momento y el profesional las desarrolladas
hablando de la atención psicosocial de salud, educación ese sería. PREGUNTA: Su supervisora
de contrato le impartía órdenes o directrices relacionadas con el objeto del contrato. RESPUESTA: Había unas directrices que ella nos hacía llegar digamos, teníamos unas
obligaciones contractuales ahí, que debemos cumplirlas hasta donde yo entiendo directrices que
estaban dentro de repito de las directrices nacionales, sí entonces nosotros desarrollábamos
todas las actividades que en definitiva nacían de los contratistas o los profesionales
reintegradores en todo el país, vemos las mismas directrices para todos. PREGUNTA: De
acuerdo a su respuesta anterior que hacían era atenciones y respondían quejas, me dijo
discúlpeme en la respuesta anterior, su objeto de contrato. RESPUESTAS: quejas y reclamos. PREGUNTA: Dentro del mismo contrato le decían en qué horario o en que sitio usted debía
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prestar ese servicio. RESPUESTA: En el contrato decía que debíamos atender las solicitudes en
el centro de servicios y el centro de servicios tenía una disposición de horarios a nivel nacional. PREGUNTA: disculpen le estoy preguntando en el contrato de prestación de servicios, no lo que
ustedes realizab, sino lo que dice el contrato. RESPUESTA: No puedo recordar si decía
exactamente que había unos horarios de atención, nosotros obedecíamos al servicio que se
prestaba a la Agencia en ese momento de atención a los participantes que tenía un horario
estipulado. PREGUNTA: Ósea al momento de firmar su contrato usted era consciente de que
usted va a prestar en determinado tiempo un servicio. / Magistrado (Despacho) Objeción
aceptada se le solicita la apoderada replantea la pregunta. PREGUNTA: Tiene usted
conocimiento si había alguna orden impartida de orden central en la cual la señora Mónica
Zambrano debía cumplir un horario. RESPUESTA: No tenemos conocimiento. Agente del
Ministerio público. Señor Andrés Mauricio tenga la bondad y nos explica algunos puntos, le voy
a hacer las siguientes preguntas tomadas de su narración, simplemente para dar claridad Primero
se ha dicho que la doctora Mónica Zambrano estaba sujeta al cumplimiento de unas metas. PREGUNTA: Usted sabe si ella como coordinadora de acá de Nariño, tenía autonomía en la
elaboración de esas metas y Bogotá simplemente se las aprobaba o Bogotá las imponía o al
menos ella tenía alguna injerencia en la formulación de dichas metas. RESPUESTA: Bueno, las
metas se estipulaban desde Bogotá, si había como unos requerimientos generales de atención o
digamos, de la Política de Reintegración, se basaba en unas condiciones generales a nivel
nacional, que también hacían que se contextualicen un poco en las regiones nosotros de alguna
forma formulábamos un plan de acción que no permitía desarrollar nuestras actividades dentro
del departamento teniendo en cuenta que la Política de Reintegración en la parte de digamos de
ejecución como tal tenía que acondicionarse a las situaciones regionales, pero en general, toda
la atención la hacíamos basándonos en las Políticas de Reintegración de nivel central. PREGUNTA: Pero entonces sí tenían autonomía para la elaboración del plan de acción. RESPUESTA: un plan de acción que se ajustaba a los requerimientos de nivel central. PREGUNTA: También usted mencionaba o al menos así lo entendí yo que se mandaba un
cronograma de viajes, lo hacían ustedes para que lo apruebe el nivel central, me aclara ese punto,
por favor. RESPUESTA: Sí dentro de las condiciones de atención se requería que los
profesionales viajen a los municipios donde residían los participantes del programa del momento
entonces, como decía antes, ellos debían recibir digamos unas atenciones específicas en cuanto
a atención psicosocial, el ingreso al sistema de salud y el de educación, entre otras cosas, el
apoyo jurídico, otras cosas que se ofrecían ahí, pero esto se debía realizar en el lugar de
residencia del participante eso obligaba a que a que formulemos unos cronogramas de viajes
para atenderlos los teníamos que hacer por adelantado sí y eso lo aprobaba nivel central. PREGUNTA: Con respecto a la autonomía por decirlo así de la doctora Mónica Zambrano en
relación con permisos y licencias, usted sabe a quién solicitaba estos permisos y si alguna vez le
fueron concedidos o le fueron negados. RESPUESTA: Bueno realmente no tengo recuerdo de
licencias, no de permisos que haya solicitado entiendo yo que lo hace directamente al nivel central
supervisor del contrato, pero realmente no recuerdo eso. PREGUNTA: usted también nos
comentaba que los contratos tenían un término definido de aproximadamente 10 meses, una vez
concluía un contrato y antes de firmar el siguiente es la entidad realizaba algún tipo de
convocatoria o simplemente lo renovaba con el mismo contratista.
RESPUESTA: se dieron
circunstancias en las que existían necesidad de contratar a alguien más si porque aumentó la
demanda o porque se miraba la necesidad de que otro profesional ingrese, entonces si se abría
una convocatoria, para las personas que estábamos dentro de la “ACR” se hacia una renovación,
nos vamos haciendo un nuevo contrato en el siguiente periodo, pero si hubo alguna vez uno o
dos años en los que sí se requirió contratar, abrir una convocatoria para contratar a alguien más. PREGUNTA: Usted también estuvo vinculado a la entidad a través de contratos de prestación de
servicio, le preguntó usted también ha interpuesto demandas en el mismo sentido de la que hoy
nos ocupa. RESPUESTA: No, señora. Magistrado (Despacho) PREGUNTA: Sírvase decir si
sabe o recuerda sí a la demandante durante el tiempo en que ella estuvo vinculada para la
renovación de los contratos hubieron algunos lapsos o tiempos en los cuales, ella no tuvo
contratación, usted sabe algo de eso. RESPUESTA: Unas renovaciones de contrato que se
tenían unos lapsos de tiempo en los que recuerdo ella no estaba contratada, como le decía hace
un rato dentro de las actividades que se realizaban en el centro de servicios era necesario que
exista una persona que esté gestionando las diferentes atenciones a los participantes y por eso
tenía digamos una cierta continuidad la doctora Mónica más qué diría yo, más que los otros
contratistas, pero sí tengo recuerdos de algunos lapsos de tiempo en los que ella no estuvo
contratada eran relativamente cortos estoy hablando de días pero si existieron. PREGUNTA: De
acuerdo a su respuesta durante ese tiempo en que ella no estuvo contratada, quien ejercía las
funciones de ellas en la institución, si recuerda. RESPUESTA: No sabría decirlo exactamente
porque digamos que no estaba como dentro de mis labores, bueno no le ponía como mucha
atención a esa situación, pero entendería yo que hasta que la doctora Mónica se vinculaba de
nuevo se aplazaban algunas cosas que requerían de la atención de en ese momento de la
coordinadora, pero no sabría responder exactamente la respuesta porque bueno no estaba dentro
desde mi conocimiento en ese momento. PREGUNTA: Usted ha dicho que en algún lapso la
demandante no estuvo vinculada, es decir, hubieron unos espacios de interrupción le preguntó
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Demandante: Mónica Lucia Zambrano Rosero
en esos espacios ella iba a trabajar a la institución. RESPUESTA: Bueno sí, recuerdo que a pesar
de que no había un contrato de por medio había cosas que continúan pendientes ahí y ella
necesitaba ponerse al frente entonces si ella asistía digamos como para, estas circunstancias se
daban básicamente al final de año calendario entonces era necesario que alguien digamos se
apersone de algunas actividades que quedaban inconclusas con los participantes y yo recuerdo
que ella lo hacía. […]»
Análisis probatorio
A efectos de atender los planteamientos expuestos en el recurso de apelación
presentado por la parte demandante, procede la Sala a realizar el análisis de las
pruebas documentales y testimoniales recaudadas en el curso del proceso.
Se advierte en primer lugar, que la señora Mónica Lucía Zambrano Rosero
ejerció funciones como contratista al servicio de la Nación, Ministerio del Interior
y de Justicia; del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
– Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica de Personas y
Grupos Alzados en Armas; y de la Agencia Colombiana para la Reintegración de
Personas y Grupos Alzados en Armas, en el marco de, entre otras, las siguientes
obligaciones contractuales:
«1. Gerenciar las actividades del CS buscando que las mismas se articulen y estén
de acuerdo con las estrategias y las metas asignadas por la ACR. 2. Planear,
organizar y ejecutar y controlar actividades del CS que sean acordes a los planes
de acción regionales misionales de la ACR de las actividades adicionales que
permitan el cumplimiento de las estrategias y metas en el tiempo establecido 3.
Presentar las sugerencias a las respectivas áreas de tal manera que generen valor
agregado a dichos planes de acción. 4. Establecer relaciones con las instituciones
públicas y privadas del orden local o departamental que permitan apoyar la
ejecución de las estrategias de la política de reintegración. 5. Gestionar los recursos
financieros técnicos por parte de las instituciones que permita complementar la
estrategia de reintegración a nivel territorial. 6. Revisar los resultados de las
estrategias a través de los indicadores de cubrimiento de los frentes de acción, de
presupuesto y atención a los participantes. Y hacer retroalimentación mensual
sobre los mismos a las gerencias de cada una de las áreas involucradas. 7. Velar
por el cumplimiento de los valores, políticas, protocolos y estrategias de
comunicación establecidas por la ARC. 8. Cumplir y hacer que se cumpla el
protocolo de atención y prevención de riesgos diseñados por la UPAR para los
participantes y los profesionales del CS. 9. Apoyar al grupo de procesos
organizacionales en la selección de contratistas de acuerdo con la necesidad del
ACR. 10. Apoyar al grupo de procesos organizacionales en la selección de
contratistas de acuerdo con las necesidades del ACR. 10. Liderar y convocar la
implementación de los comités de acompañamiento regional y mesas sectoriales,
así como hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por ellos y promover la
regionalización de la política de reintegración. 11. Hacer seguimiento a los
compromisos que generen en las mesas de trabajo, planes de desarrollo y comités
de acompañamiento a través de los informes de gestión. 12. Liderar el comité
disciplinario para casos especiales de participantes atendiendo las disposiciones
legales sobre la materia. 13. revisar en el comité semanal de seguimiento de
actividades del CS y ajustar los avances en metas y estrategias propuestas por
cada una de las áreas misionales de la ACR. 14. Representar a las ACR en los
comités locales de DDR. 15. Realizar el informe de seguimiento del SC respectivo.
16. Presentar el informe de diagnóstico departamental - proceso de Reintegración
el cual deberá contener el avance de la estrategia local. 17. Presentar los informes
que le sean requeridos de su área de influencia. 18. Ejecutar y hacer seguimiento
al instructivo de desplazamiento de los contratistas.»
«1. Asesorar la planeación y ejecución y hacer seguimiento al cumplimiento de
metas y los planes de acción asignados a su CS en el marco de las estrategias de
la ACR. 2. Presentar informes de resultados. 3. Apoyar a la unidad de
comunicaciones en la divulgación y su posicionamiento del proceso de
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Demandante: Mónica Lucia Zambrano Rosero
reintegración. 4. Supervisar a los contratistas asignados al CS. 5. Contactar y hacer
seguimiento a las instituciones públicas, empresas y fundaciones privadas y
organizaciones internacionales a nivel local que generen valor al proceso de
reintegración. 6. Apoyar a la unidad funcional de comunicaciones de su región y con
las demás audiencias que sean identificadas como estrategias bajo sus
lineamientos. 7. Promover la socialización permanente de los instructivos de
seguridad integral de la ACR y controlar y supervisar su cumplimiento por parte de
los contratistas. 8. Atender los casos de riesgo de participantes bajo las directrices
de protocolo de orientación y apoyo a desmovilizados en riesgo y gestionar de
acuerdo a los estándares de cobertura, calidad y eficiencia los casos de riesgo de
participantes del proceso. 9. Informar de manera oportuna a las autoridades de su
jurisdicción sobre los riesgos de los participantes, contratistas e instalaciones. 10.
Supervisar el cumplimiento de los diferentes procesos y procedimientos operativos
y administrativos del CS. 11. Asesorar en la implementación de los procedimientos
relacionados con el archivo e incluir en los informes mensuales el estado de gestión
documental.»
«1. Formular en coordinación con el equipo del centro de servicios la ejecución de
los planes de trabajo que permita la implementación y seguimiento de la política de
reintegración en la jurisdicción del centro de servicios. 2. Propender por el adecuado
funcionamiento del centro de servicios asignado. 3. Realizar las gestiones y
seguimientos a los casos de resto de participantes. 4. Efectuar el seguimiento al
avance, culminación de los participantes en la ruta de reintegración. 5. Verificar que
se realice el registro oportuno de la información SIR de manera confiable y
actualizada. 6. Generar espacios con actores externos para el desarrollo de la
política de integración en su jurisdicción de acuerdo a las características regionales.
7.Verificar que los procesos y procedimientos por la entidad sean aplicados al
centro de servicios asignado. 8. Participar de los consejos, juntas, comités y demás
instancias en las que sea designado o que permitan las articulaciones de las
políticas de reintegración. 9. Guiar el proceso para la promoción de espacios de
convivencia y reconciliación de acuerdo al marco normativo vigente que rige la
política de integración»
Las actividades aquí descritas resultan coincidentes con la referencia efectuada
por los testigos en la audiencia de pruebas al indicar, que el rol desempeñado
por la señora Zambrano Rosero era de carácter gerencial, de liderazgo y
coordinación del centro de servicios para la atención de los programas de
reincorporación y reintegración a la vida civil de las personas y los grupos
alzados en armas, como política diseñada y estructurada por el Gobierno
Nacional.
Las diferentes labores contenidas en el marco obligacional de los contratos de
prestación de servicios denotan la importancia del cargo ejecutado por la
demandante, en el funcionamiento de la unidad prestadora del servicio, pues
refieren la atención de asuntos misionales, al encontrarse en la necesidad de
acogerse a los planes de acción asignados desde la ACR, luego ARN, en el
ámbito de sus propias estrategias institucionales; de formular planes para la
implementación y seguimiento de la política de reintegración en la jurisdicción
que le fue encomendada, a través del centro de servicios; la verificación de los
procesos del nivel central en la unidad correspondiente; la participación en
comités y otras instancias para articular las políticas de reintegración; la revisión
y retroalimentación de resultados de las estrategias de la ACR; y el seguimiento
al cumplimiento de los valores y protocolos de comunicación de la entidad, entre
otros.
Así mismo, a nivel estructural y funcional, su rol comportaba una labor de
coordinación y administración del centro de servicios y de su personal, al
identificarse que ejecutó actividades relacionadas con la implementación de
procedimientos operativos; de gestión documental; de verificación de protocolos
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Demandante: Mónica Lucia Zambrano Rosero
de atención y prevención de riesgos tanto del personal del centro de servicios
como de los usuarios; de apoyo en los procesos de selección de contratistas,
conforme los requerimientos de la ACR y de su supervisión.
Los deponentes informaron entonces que el ya mencionado centro de servicios,
cuya jurisdicción era el departamento de Nariño, sede principal en la ciudad de
Pasto, se encontraba a cargo o gerenciado por la señora Mónica Lucía
Zambrano Rosero, quien además fungía como representante de la Alta
Consejería Presidencial para la Reintegración y cumplía roles encargados
directamente desde la oficina central, ubicada en la ciudad de Bogotá.
Pese a que, con ocasión de la transformación que fue teniendo el programa y la
política gubernamental de reintegración a la vida civil de personas y grupos
alzados en armas, los roles o cargos desempeñados por la interesada,
cambiaron de denominación, las funciones por ella desplegadas mantuvieron
unidad de objeto con variaciones en su titulación, pero que en esencia
representaban la ejecución de funciones misionales y administrativas del centro
de servicios como unidad que materializaba los lineamientos dictados por la
ACR, luego ARN.
Tal era el espectro de sometimiento a las directrices del orden nacional que, la
verificación de metas e índices de cumplimiento se efectuaban directamente con
la oficina central, a donde se remitían las matrices de seguimiento al trabajo
realizado por la gerente del centro de servicios y los demás profesionales
vinculados con la unidad.
Vale la pena resaltar dentro de la labor de liderazgo desempeñada por la señora
Mónica Lucía Zambrano Rosero, la relacionada con el trámite y gestión de viajes
y desplazamientos a zonas de interés dentro de la jurisdicción asignada, a
efectos de hacer seguimiento a los casos de los usuarios del centro de servicios,
en cada una de las etapas del programa de reintegración; así como la de
coordinación con otras autoridades territoriales para la implementación de la
política de reincorporación, estructurada por el Gobierno Nacional.
En punto a dichos desplazamientos, se precisa que los mismos eran autorizados
por la oficina principal en la ciudad de Bogotá, quienes además, eran los que
solventaban las expensas de dichos viajes, al parecer, bajo la denominación de
viáticos, no incluidos en los honorarios pactados en los contratos de prestación
de servicios.
Ahora, se desprende de las declaraciones recepcionadas que, por la naturaleza
y proceso evolutivo del programa de reintegración, a nivel estructural no existía
una planta de personal ni un sistema jerárquico funcional que permitiera de
manera clara identificar la designación de superiores o autoridades más allá de
quienes asumieron en su momento el cargo de Alto Consejero o Director de la
ACR o ARN. Sin embargo, los deponentes coinciden en indicar que la
demandante reportaba su labor y el cumplimiento de las metas del centro de
servicios a su cargo, directamente al representante de la entidad en el orden
nacional.
Deviene también de la relación probatoria que, a pesar de no obrar documento
que de cuenta de la obligatoriedad en el cumplimento de horarios por parte de la
convocante, la naturaleza de sus actividades, que debían ubicarse bajo los
lineamientos de las entidades demandadas, requerían la prestación constante
del servicio en un horario definido de 8:00 am a 5:00 pm.
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Demandante: Mónica Lucia Zambrano Rosero
La determinación horaria así prevista, se encontraba visible en la página web de
la entidad, implicando con ello un permanente sometimiento de los profesionales
del centro de servicios a los parámetros de atención de usuarios dispuestos por
el nivel central y ,en consecuencia, de su coordinadora, la señora Zambrano
Rosero.
En lo que atañe a la solicitud de permisos, los declarantes sostuvieron que los
mismos debían ser tramitados directamente con la oficina nacional en la ciudad
de Bogotá, quién además, disponía de las solicitudes de desplazamiento y otro
tipo de requerimientos efectuados por los contratistas del centro de servicios de
la ciudad de Pasto.
Refirieron también los deponentes que debían portar carnet que los identificara
como personal vinculado con la ACR, posteriormente ARN; circunstancia fáctica
que refleja la necesidad de investir de autoridad a los prestadores del servicio,
de manera que puedan reflejar una identidad institucional y ser observados como
el medio a través del cual el Estado se encuentra cumpliendo una función
misional.
Sobre la continuidad de la relación contractual, se tiene que el desarrollo de las
actividades del centro hacían imperativo la permanente disposición del servicio
a los usuarios; ello, aunado a lo declarado por los testigos refleja consistencia
en la necesaria atención y seguimiento de personas en proceso de reintegración,
por virtud del deber misional de la entidad demandada.
De la relación documental de los contratos de prestación de servicios, en cuadro
que antecede, deviene también la necesidad que tenía el programa,
posteriormente la ACR y luego la ARN, de contar con el servicio de la
demandante, pues no de otra forma se justifica la no temporalidad de su
vinculación en el rol de coordinadora, o gerente del centro de servicios.
Al respecto llama la atención lo señalado por el señor Andrés Mauricio Jaramillo
Vallejo al precisar que, cuando la unidad no tenía el personal suficiente para
atender la demanda de servicio, la interesada debía suplir dichas deficiencias lo
que comprendía la ejecución de actividades extras dentro de sus labores
cotidianas.
Para puntualizar este aspecto se resalta que, conforme a lo recopilado en las
declaraciones, una vez desvinculada la demandante de la entidad, la misma
procedió a efectuar un proceso de selección con miras a proveer el cargo que
venía desempeñando la señora Zambrano Rosero, circunstancia que evidencia
una vez más la relevancia de contar con una persona que, con las calidades
requeridas, diera continuidad al servicio prestado a los usuarios por la
demandada, en el departamento de Nariño.
En lo que atañe a la existencia del cargo desempeñado por la señora Mónica
Lucía Zambrano Rosero, se recuerda que dada la naturaleza inicial del programa
para la reintegración de personas y grupos alzados en armas, el mismo no había
sido creado, y que solo con posterioridad al Decreto 4975 de 2011 «Por el cual se
establece la Planta de Personal de la Agencia Colombiana para la Reintegración de
Personas y Grupos Alzados en Armas y se dictan otras disposiciones», se dispuso la
inclusión del cargo denominado Profesional Especializado Código 2028, Grado
23.
Aluden los testigos que, es con ocasión de la creación de la planta de personal
en el año 2011, que se puede determinar la existencia de un cargo con funciones
equivalentes a las ejecutadas por la demandante. A su turno, la libelista señaló
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en su escrito de demanda que el cargo que podría ser considerado para los
precisos efectos del presente proceso, como asimilable al desempeñado por ella
es el que responde al nombre de Profesional Especializado Código 2028, Grado
23.
Sin embargo, encuentra la Sala que dicho cargo fue suprimido por virtud del
Decreto 2413 de 2012 de la planta global, para luego ser creado en el Despacho
del Director General, y que, durante el tiempo en que el mismo estuvo vigente,
no se profirió el acto administrativo que desarrollara el manual específico de
funciones y competencias laborales de los empleados de la planta de personal
en mención, por lo que atendiendo al principio positivisado de la carga de la
prueba, no tiene esta Corporación elementos de juicio que permitan corroborar
que las actividades que hubiese desplegado el Profesional Especializado Código
2028, Grado 23, correspondieran a las ejecutadas por la señora Mónica Lucía
Zambrano Rosero.
Con todo, para esta Subsección resulta claro que, contrario a lo aducido por el
tribunal de primera instancia, las pruebas allegadas en el curso del proceso
permiten dilucidar que, si bien las funciones desempeñadas por la señora
Zambrano Rosero se encontraban enmarcadas dentro del alcance de los objetos
de los contratos de prestación de servicios que suscribió con las entidades
demandadas, y de lo certificado por la empresa de servicios temporales, debió
cumplir y acatar instrucciones y directrices a instancias de las mismas, por
superiores que determinaban su desempeño, el cumplimiento de horarios, y el
sometimiento a trámites administrativos.
Ahora, a efectos de determinar las partes que intervinieron en los acuerdos
bilaterales, y que por tanto fueron beneficiarias de la prestación del servicio de la
demandante, conviene remitirse al recuento normativo desarrollado en el primer
problema jurídico que se abordó en la presente providencia para, al amparo del
mismo, determinar cuál o cuáles de las entidades convocadas debe(n) responder
por las condenas que surjan con ocasión de la existencia de la relación laboral
encubierta.
Encuentra la Sala que, entre el DAPRE – Fondo de Programas Especiales para
La Paz y la sociedad Fiduciaria la Previsora S.A., se suscribió el contrato de
encargo fiduciario de administración y pagos No. 110 de 2005, cuyo objeto era
«[…] La entrega por parte de EL FIDEICOMITENTE a LA FIDUPREVISORA de recursos
entregados al Fondo de Programas Especiales para La Paz por parte del MINISTERIO
DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA con el objeto que LA FIDUPREVISORA los administre,
invierta, elabore los convenios y los contratos y realice los pagos que EL
FIDEICOMITENTE le indique, con cargo a los recursos administrados […]; con la
finalidad de crear un instrumento de apoyo ágil, eficiente y seguro para el adecuado
cumplimiento del PROGRAMA PARA LA REINCORPORACIÓN A LA VIDA CIVIL DE
LAS PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS del MINISTERIO DEL INTERIOR
Y DE JUSTICIA, exclusivamente en lo que respecta a desmovilizaciones colectivas
[…]»27.
En el marco del anterior contrato de encargo fiduciario, se suscribió entre la
Sociedad Fiduciaria La Previsora S.A. y la señora Mónica Lucía Zambrano
Rosero, el contrato de prestación de servicios 084-93-2005 de 2005.
A su turno, consta en el expediente que, para el año 2006 y parte del 2007, la
demandante laboró por intermedio de la EST Productividad Empresarial Ltda.
como trabajadora en misión para el Ministerio del Interior y de Justicia, con el
objetivo de desarrollar labores relacionadas con el Programa para la
Reincorporación a la Vida Civil de Grupos y Personas Alzadas en Armas, PRVC.
27
Contrato de prestación de servicios No. 084-93-2005 (fls. 159 a 167, C1.)
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Así, se tiene que los anteriores contratos rigieron hasta el año 2007, la relación
laboral probada entre la interesada y el Ministerio del Interior y de Justicia como
entidad encargada funcionalmente de ejecutar la política encaminada a
materializar el programa de reincorporación a la sociedad de las personas y
grupos que quisiesen dejar de manera voluntaria las armas; de lo que deviene
que fue ésta, la entidad era la beneficiaria del servicio prestado por la señora
Zambrano Rosero y con respecto de la cual, se determinó la configuración de los
elementos del contrato realidad por el periodo comprendido entre el 25 de
noviembre de 2005 al 12 de abril de 2007.
Posteriormente, la vinculación contractual de la interesada se dio con la Agencia
para la Reincorporación y Normalización, ARN, al haber suscrito de manera
sucesiva contratos de prestación de servicios con el DAPRE - Alta Consejería
para la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en
Armas, con el Patrimonio Autónomo CERLALC – Fiduagraria S.A. y con la ARN,
quien por virtud del artículo 23 del Decreto 4138 de 2011, previamente en cita,
se subrogó en los derechos y obligaciones de los contratos vigentes a la entrada
en rigor de dicho compendio.
En ese sentido, los elementos constitutivos de la relación laboral que surgieron
entre la señora Mónica Lucía Zambrano Rosero y el DAPRE – Alta Consejería,
persistieron en el tiempo por el lapso comprendido entre el 13 de abril de 2007 y
el 31 de diciembre de 2012, conforme se desprende del análisis probatorio
efectuado en líneas que preceden.
En conclusión: al haberse demostrado en el proceso la presencia de los
elementos que configuran una relación laboral encubierta o subyacente, debe
declararse la existencia de una relación laboral encubierta entre el Ministerio del
Interior y de justicia; y la Agencia para la Reincorporación y Normalización, ARN
con la señora Mónica Lucía Zambrano Rosero, por los períodos arriba
referenciados.
Tercer problema jurídico.
¿Hay lugar a declarar probada la excepción de prescripción extintiva del derecho,
al haber transcurrido más de tres años entre la finalización de todos o algunos de
los periodos contractuales y la reclamación administrativa?
La Subsección sostendrá la siguiente tesis: los interesados en la declaratoria de
existencia de un contrato realidad no pueden exonerarse de su deber de reclamar
el derecho dentro de los tres años siguientes a la finalización del vínculo
contractual; es por ello que, en el presente caso se encuentra configurado el
fenómeno jurídico de la prescripción extintiva respecto de algunas de las
prestaciones sociales a las que tendría derecho la demandante, toda vez que
transcurrieron más de tres años entre la terminación de uno de los vínculos
contractuales y la reclamación administrativa.
Prescripción aplicada al contrato realidad
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En materia de derechos laborales de los empleados públicos, los artículos 41 del
Decreto 3135 de 196828 y 102 del Decreto 1848 de 196929 (reglamentario del
primero), regulan que las acciones que emanen de los derechos consagrados en
dichas normas prescriben en tres años contados desde que la respectiva
obligación se haya hecho exigible.
Particularmente, en cuanto al reconocimiento de la existencia de la relación
laboral encubierta a través de un contrato de prestación de servicios, esta
Sección, en sentencia de unificación jurisprudencial del 25 de agosto de 2016,
estipuló las siguientes reglas respecto a la prescripción extintiva de los derechos
salariales y prestacionales derivados del contrato realidad30:
«[…] i) Quien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con el Estado y, en
consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación del
principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, deberá reclamarlos
dentro del término de tres años contados a partir de la terminación de su vínculo
contractual.
ii) Sin embargo, no aplica el fenómeno prescriptivo frente a los aportes para pensión,
en atención a la condición periódica del derecho pensional y en armonía con los
derechos constitucionales a la igualdad e irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
laborales y los principios de in dubio pro operario, no regresividad y progresividad.
iii) Lo anterior, no implica la imprescriptibilidad de la devolución de los dineros
pagados por concepto de aportes hechos por el trabajador como contratista, pues
esto sería un beneficio propiamente económico para él, que no influye en el derecho
pensional como tal (que se busca garantizar), sino en relación con las cotizaciones
adeudadas al sistema de seguridad social en pensiones, que podrían tener
incidencia al momento de liquidarse el monto pensional.
iv) Las reclamaciones de los aportes pensionales adeudados al sistema integral de
seguridad social derivados del contrato realidad, por su carácter de imprescriptibles
y prestaciones periódicas, también están exceptuadas de la caducidad del medio de
control (de acuerdo con el artículo 164, numeral 1, letra c, del CPACA).
v) Tampoco resulta exigible el agotamiento de la conciliación extrajudicial como
requisito previo para demandar a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, dado que al estar involucrados en este tipo de
controversias (contrato realidad) derechos laborales irrenunciables (cotizaciones
que repercuten en el derecho a obtener una pensión), que a su vez comportan el
carácter de ciertos e indiscutibles, no son conciliables.
vi) El estudio de la prescripción en cada caso concreto será objeto de la sentencia,
una vez abordada y comprobada la existencia de la relación laboral, pues el hecho
de que esté concernido el derecho pensional de la persona (exactamente los aportes
al sistema de seguridad social en pensiones), que por su naturaleza es
imprescriptible, aquella no tiene la virtualidad de enervar la acción ni la pretensión
principal (la nulidad del acto administrativo que negó la existencia del vínculo
laboral).
28
«Artículo 41. Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este decreto prescribirán en
tres años contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible.
El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre un derecho o
prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual.»
29
«Artículo 102. Las acciones que emanen de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968 y en
este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la respectiva obligación se
haya hecho exigible.
El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o empresa obligada, sobre un
derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual.»
30
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia de Unificación Jurisprudencial CE-SUJ2-05 del 25 de
agosto de 2016. Consejero Ponente Dr. Carmelo Perdomo Cuéter. Radicación 23001-23-33-000-2013-
00260-01 (0088-2015).
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vii) El juez contencioso-administrativo se debe pronunciar, aunque no se haya
deprecado de manera expresa, respecto de los aportes al sistema de seguridad
social en pensiones, una vez determinada la existencia del vínculo laboral entre el
demandante y la agencia estatal accionada, sin que ello implique la adopción de una
decisión extra petita, sino una consecuencia indispensable para lograr la efectividad
de los derechos del trabajador. […]». (Subrayado de la Subsección)
Conforme con lo previsto en la sentencia de unificación jurisprudencial citada, en
su aparte aquí transcrito, se tiene que:
• El término para exigir el reconocimiento de una relación laboral con el Estado
es de tres años, contados a partir de la terminación del vínculo contractual, y
que pasado dicho tiempo se extingue el derecho a solicitar las prestaciones
que se deriven de aquella.
• En aquellos casos donde existe interrupción entre los contratos de prestación
de servicios y en su ejecución, debe analizarse la prescripción frente a cada
uno de ellos, a partir de sus fechas de finalización.
Sobre el particular, la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016 indicó:
«[…] Pero en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un
interregno determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de
interrupción, frente a cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir
de sus fechas de finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia
del contrato realidad es precisamente la vocación de permanencia en el servicio.
Por consiguiente, le corresponderá al juez verificar si existió o no la citada
interrupción contractual, que será excluida de reconocimiento y examinada en
detalle en cada caso particular, en aras de proteger los derechos de los
trabajadores, que han sido burlados por las autoridades administrativas al encubrir
una relación laboral bajo contratos de prestación de servicios. […]». (Subrayado de
la Subsección)
Ahora, si bien es cierto que esta Sala ha sostenido en varias ocasiones,
particularmente en el año 2018, que cuando existen múltiples contratos u órdenes
de prestación de servicios y entre uno y otro se presentaban interrupciones de al
menos un día, debe considerarse suficiente para determinar la interrupción del
vínculo contractual, de manera que a partir de la finalización de cada uno de estos
periodos debe iniciar la contabilización del término de prescripción, lo anterior fue
revaluado ante la disparidad de criterios sobre el momento a partir del cual ha de
contarse el fenómeno extintivo del derecho.
En tal sentido, y de conformidad con la sentencia de unificación del 9 de
septiembre de 202131, esta Sección ha adoptado un nuevo enfoque que
considera menos lesivo para efectos de contabilizar dicho lapso, en tanto que se
ha dispuesto fijar un período de treinta (30) días hábiles como indicador temporal
de la no solución de continuidad entre contratos sucesivos de prestación de
servicios, sin que este, se itera, constituya una «camisa de fuerza» para el juez
contencioso que, en cada caso y de acuerdo con los elementos de juicio que
obren dentro del plenario, habrá de determinar si se presentó o no la rotura del
vínculo que se reputa laboral.
Lo anterior permite aclarar que, en caso de múltiples vinculaciones contractuales
en los que se presenten interrupciones, debe entenderse que, para efectos de
31
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Radicado: 05001-23-33-
000-2013-01143-01 (1317-2016). Bogotá, D. C., nueve (9) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).
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determinar la fecha a partir de la cual empieza a correr el término prescriptivo, no
habrá solución de continuidad cuando entre contrato y contrato no transcurran
más de 30 días hábiles (sin perjuicio de que el juez contencioso pueda determinar
un término superior en un caso específico).
En otras palabras, si entre uno y otro vínculo contractual no transcurren más de
30 días hábiles de interrupción, el juez contencioso deberá determinar que no
existió solución de continuidad, de modo que no podrá tener como extremo para
contabilizar la prescripción la finalización del primer vínculo, en tanto, se reitera,
a la luz de la jurisprudencia se debe entender que no hubo una ruptura del vínculo
laboral y, por consiguiente, se debe contabilizar como una única relación.
Ahora bien, para la Sala resulta pertinente exponer que, de establecerse la no
solución de continuidad, los efectos jurídicos de dicha declaración serán
solamente los de concluir que, a pesar de haberse presentado interrupciones
entre uno y otro contrato, no se configura la prescripción de los derechos que
pudiesen derivarse de cada vínculo contractual. Razonamiento del cual debe
concluirse que del hecho de que no hubo solución de continuidad solo lleva
aparejado la no configuración de la prescripción extintiva frente a la reclamación
de reconocimiento de la relación laboral encubierta, y no puede interpretarse
como una obligación de la entidad pública a liquidar las prestaciones a las cuales
resulte condenada, sobre los tiempos en los que se interrumpió la relación
contractual.
Conforme a lo anotado en el segundo problema jurídico, para la Sala está
plenamente acreditada la vinculación de la demandante con el Ministerio del
Interior, así como con la Agencia para la Reincorporación y Normalización, a
través de contratos de prestación de servicios y de empresas de servicios
temporales, en los siguientes lapsos:
Vinculación con el Ministerio del Interior: del 25 de noviembre de 2005 al 12 de
abril de 2007.
Vinculación con la ARN: del 13 de abril de 2007 al 31 de diciembre de 2012.
Como se ha indicado previamente, y vale la pena reiterar, la demanda persigue,
entre otros aspectos, el reconocimiento y pago de las acreencias laborales por el
periodo en que la señora Mónica Lucía Zambrano Rosero prestó sus servicios a
las entidades demandadas, durante el periodo comprendido entre el 25 de
noviembre de 2005 y el 15 de diciembre de 2012.
Así, de conformidad con lo señalado en la multicitada sentencia de unificación, el
estudio de la prescripción deberá efectuarse siempre que se aborde y compruebe
la existencia de la relación laboral reclamada, pues el hecho de que esté
contenido el derecho pensional, que se recuerda, es imprescriptible no implica
que esa imprescriptibilidad se haga extensiva a los demás derechos laborales
que derivan del contrato realidad.
En ese sentido, y para los precisos efectos de esta decisión, se debe tener en
cuenta que, de conformidad con lo previamente indicado, la demandante sostuvo
dos vinculaciones con dos entidades diferentes, que comprendieron distintas
relaciones laborales debidamente acreditadas; es por ello que, la última fecha en
la que la señora Zambrano Rosero estuvo vinculada contractualmente con el
Ministerio del Interior, corresponde al 12 de abril de 2007 y a su vez, la última
fecha en la que prestó sus servicios a la ARN, fue el 31 de diciembre de 2012.
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Encuentra entonces la Sala que, de acuerdo al Oficio OFI14-000005156-SGH-
4030 del 12 de febrero de 2014, la solicitud administrativa que perseguía el
reconocimiento y pago de las acreencias laborales fue radicada ante el ente
ministerial el 6 de febrero de 2014.
A su turno, consta en Oficio OFI14-003675/JMSC 5202023 del 26 de febrero de
2014, que la reclamación correspondiente fue recibida por la entonces ACR
(Agencia Colombiana para la Reintegración) el 6 de febrero de 201432.
De manera que, por tratarse de vinculaciones interrumpidas al servicio público,
el término para contar la prescripción extintiva debe empezar a partir de la
finalización de cada uno de los periodos laborados, lo que quiere decir que para
el presente asunto y, de acuerdo a lo estimado en los problemas jurídicos que
anteceden, el plazo para reclamar los derechos prestacionales derivados del
último lapso de vinculación laboral con el Ministerio del Interior, comprendido
entre el 25 de noviembre de 2005 al 12 de abril de 2007, corrió hasta el 12 de
abril de 2010, por lo que debe concluirse que prescribieron las prestaciones
causadas en el periodo anotado.
No ocurre así con las prestaciones laborales causadas en el tiempo de la relación
laboral comprobada con la ARN, esto es, entre el 13 de abril de 2007 y el 31 de
diciembre de 2012, por cuanto el plazo para elevar la petición de reconocimiento
y pago de las mismas, corrió hasta el 31 de diciembre de 2015, y la reclamación
administrativa, se itera, fue presentada el 6 de febrero de 2014.
No obstante, de acuerdo con la sentencia de unificación del 26 de agosto de
2016, la prescripción no puede aplicarse a los aportes que por pensión se debían
realizar por parte del empleador, que en este caso corresponden al Ministerio del
Interior y a la ARN33.
Dicha regla jurisprudencial tiene fundamento en: i) la irrenunciabilidad de los
beneficios mínimos laborales34; ii) el principio in dubio pro operario35; iii) el
derecho constitucional fundamental a la igualdad36 y; iv) el principio de no
regresividad en armonía con el mandato de progresividad37.
De igual forma, la sentencia de unificación en cita ordenó al Juez Administrativo
estudiar en todos los procesos en los cuales proceda el reconocimiento de la
relación laboral o contrato realidad, aunque no se haya solicitado expresamente,
32
Folios 25 a 32 y 33 a 35, C1.
33
«[…] En este orden de ideas, las reclamaciones de los aportes pensionales adeudados al sistema integral
de seguridad social derivados del contrato realidad, por su carácter de imprescriptibles y prestaciones
periódicas, están exceptuadas no solo de la prescripción extintiva sino de la caducidad del medio de control
(de acuerdo con el artículo 164, numeral 1, letra c, del CPACA)33, y por ende, pueden ser solicitados y
demandados en cualquier momento, puesto que la Administración no puede sustraerse al pago de los
respectivos aportes al sistema de seguridad social en pensiones, cuando ello puede repercutir en el derecho
de acceso a una pensión en condiciones dignas y acorde con la realidad laboral, prerrogativa que posee
quien ha servido al Estado mediante una relación de trabajo.[…]»
34
«[…] que se orienta a que las prerrogativas reconocidas en las preceptivas que rigen la relación entre
empleadores y trabajadores no se modifiquen en perjuicio de estos últimos, por cuanto tienen relación directa
con el mejoramiento constante del nivel de vida y la dignidad humana.»
35
«[…] conforme al cual en caso de duda ha de prevalecer la interpretación normativa más favorable a los
intereses del trabajador, premisa contenida tanto en el artículo 53 de la Constitución Política como en el 21
del Código Sustantivo del Trabajo.»
36
«[…] en virtud del cual el Estado debe propender por un trato igualitario para todos aquellos que prestan
(o han prestado) sus servicios al Estado bajo una verdadera relación laboral, cualquiera que sea su
denominación (servidor público o contratista), a quienes habrá de protegerse especialmente la posibilidad
de acceder a un derecho pensional.»
37
«[…] que implica el avance o desarrollo en el nivel de protección de los trabajadores, en armonía con el
mandato de progresividad, que se encuentran consagrados en las normas de derecho internacional que
hacen parte del bloque de constitucionalidad […]»
40
Radicación: 52001-23-33-000-2014-00412-01 (2388-2017)
Demandante: Mónica Lucia Zambrano Rosero
el tema concerniente a las cotizaciones adeudadas por la administración al
Sistema de Seguridad Social en Pensiones.
Y, en consecuencia, precisó que la imprescriptibilidad frente a los aportes a
seguridad social en pensiones no opera frente a la devolución de los dineros
pagados por concepto de aportes hechos por el trabajador como contratista, sino
en relación con las cotizaciones adeudadas al sistema de seguridad social que
podrían tener incidencia al momento de liquidarse el monto pensional.
Para el efecto, indicó que la administración se encuentra en la obligación de
determinar mes a mes si existe diferencia entre los aportes que se debieron
efectuar y los realizados por el contratista, y cotizar al respectivo fondo de
pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión solo en el
porcentaje que le correspondía al empleador.
En conclusión y de conformidad con los razonamientos precedentes, considera
esta Subsección que a la señora Mónica Lucía Zambrano Rosero se le extinguió
el derecho, por prescripción, a los emolumentos deprecados como son las
cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, primas, entre otros, a que
habría lugar a reconocer y pagar entre el 25 de noviembre de 2005 y el 12 de
abril de 2007, excepto en lo relacionado con los aportes a seguridad social en
pensiones por tratarse de una prestación imprescriptible.
En punto al reconocimiento y pago de los aportes al sistema pensional que se
encuentran a cargo del Ministerio del Interior, debe aclararse que los mismos solo
corresponden al lapso durante el cual, la demandante estuvo vinculada por virtud
del contrato de prestación de servicios suscrito con la Fiduciaria La Previsora
S.A., pues conforme se observa en certificación expedida por el Gerente
Operativo de la EST Productividad Empresarial S.A.S., del 25 de febrero de 2014,
«[…] durante la vigencia y al momento de la terminación del vínculo laboral, pagó a su
representada la totalidad de salarios, prestaciones sociales, vacaciones y demás
acreencias laborales a las que tenía derecho, realizando las cotizaciones al sistema
integral de seguridad social, con el salario pactado [….]»38.
Frente a las prestaciones y aportes al sistema pensional, causados entre el 13
de abril de 2007 y el 31 de diciembre de 2012, no se presentó el fenómeno de
la prescripción en tanto que fueron reclamados dentro de los tres años siguientes
a la finalización del último periodo contractual (que corresponde al sostenido con
la ARN).
Cuarto problema jurídico
¿Al declararse la existencia de la relación laboral con ocasión de los contratos de
prestación de servicios suscritos directamente con la entidad demandada, y las
vinculaciones mediante terceros intermediarios, cómo debe restablecerse el
derecho de la demandante?
Restablecimiento del derecho derivado de la existencia de la relación
laboral
Esta Subsección ha venido expresando que el contrato de prestación de servicios
no puede constituirse en un instrumento para desconocer los derechos laborales
y conforme a ello, en aras de hacer evidente la relación laboral sobre las formas
que pretendan ocultarla, es dable acudir al precepto constitucional del artículo 53
de la Constitución Política que contempla la primacía de la realidad sobre las
38
Folio 89, C1.
41
Radicación: 52001-23-33-000-2014-00412-01 (2388-2017)
Demandante: Mónica Lucia Zambrano Rosero
formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales y la
irrenunciabilidad a los beneficios mínimos instituidos en las normas, con la
finalidad de exigir la especial protección en igualdad de condiciones de quienes
realizan la misma función pero en calidad de servidores públicos.
Así las cosas, la consecuencia de probar la existencia de la relación laboral o de
la vinculación legal y reglamentaria es el reconocimiento de la indemnización
equivalente a las prestaciones sociales que no se cancelaron a la demandante.
Empero, el reconocimiento de la aludida relación, no implica conferir la condición
de empleado público, en tanto que, para que ello suceda, se deben acreditar los
requisitos regulados en los artículos 122 y 125 de la Constitución Política, por
ende, el restablecimiento del derecho se ordena a título indemnizatorio, por las
prestaciones sociales dejadas de percibir.
Al respecto, la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, dictada por
esta corporación, señaló:
«[…] Frente al anterior panorama jurisprudencial, resulta imperioso unificar el
precedente con el fin último de acoger el criterio que sea más favorable a los
ciudadanos que acuden ante la justicia contencioso-administrativa en busca de
obtener el reconocimiento de los derechos que eran inherentes a una relación
laboral pero que la Administración disfrazó con la suscripción de un contrato estatal,
para lo cual ha de advertirse que el restablecimiento del derecho es una
consecuencia lógica de la nulidad que se decreta, ya que una vez ejecutoriada la
sentencia que así lo declara, el acto administrativo desaparece del mundo jurídico,
por lo que los derechos y situaciones afectados deben volver a su estado inicial, es
decir, que en las controversias de contrato realidad hay lugar a reconocer las
prestaciones que el contratista dejó de devengar y el tiempo de servicios con fines
pensionales, pues su situación jurídica fue mediante un contrato estatal, pero que
en su ejecución se dieron los elementos constitutivos de una relación laboral, que
en caso de haber sido vinculado como empleado público hubiese tenido derecho a
las mismas prestaciones que devengan los demás servidores de planta de la
respectiva entidad.
Por consiguiente, no resulta procedente condenar a la agencia estatal demandada
al pago de las prestaciones a las que tenía derecho el contratista-trabajador a título
de reparación integral de perjuicios, dado que estas se reconocen como efecto de
la anulación del acto que las negó, pese a su derecho a ser tratado en igualdad de
condiciones que a los demás empleados públicos vinculados a través de una
relación legal y reglamentaria, esto es, a pesar de tener una remuneración
constituida por los honorarios pactados, le fue cercenado su derecho a recibir las
prestaciones que le hubiere correspondido si la Administración no hubiese usado la
modalidad de contratación estatal para esconder en la práctica una relación de
trabajo.
Pero lo anterior no es óbice para que la persona (demandante) reclame el pago de
los perjuicios que estime le fueron causados por el acto presuntamente ilegal, pues
en virtud del artículo 138 del CPACA “Toda persona que se crea lesionada en un
derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la
nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el
derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño”, sin embargo, aquellos
deben acreditarse a través de los medios probatorios que el sistema normativo
prevé.
Ahora bien, en lo que atañe al ingreso sobre el cual han de calcularse las
prestaciones dejadas de percibir por el docente vinculado por contrato de prestación
de servicios, cabe anotar que este corresponderá a los honorarios pactados […]»
42
Radicación: 52001-23-33-000-2014-00412-01 (2388-2017)
Demandante: Mónica Lucia Zambrano Rosero
En punto a cuáles son las prestaciones sociales susceptibles de ser reconocidas,
es del caso precisar que, esta Subsección, en providencia del 21 de junio de
201839, indicó:
«“[…] Ahora bien, en este punto con el fin de determinar cuáles son las
prestaciones sociales que se deberán reconocer a título de reparación del daño
integral al declararse una relación de carácter laboral, la Sala acude a la clasificación
que se ha hecho de estas prestaciones sobre la base de quien debe asumirlas.
En ese orden de ideas, se encuentran las que son asumidas por el empleador
directamente y las que se prestan o se reconocen de forma dineraria por el Sistema
de Seguridad Social Integral.
Dentro de las prestaciones sociales que están a cargo directamente del empleador
se encuentran las ordinarias o comunes como son entre otras las primas, las
cesantías; y las prestaciones sociales que se encuentran a cargo del Sistema
Integral de Seguridad Social son la salud, la seguridad social, los riesgos
profesionales y el subsidio familiar, que para ser asumidas o reconocidas por cada
sistema debe mediar una cotización.
Así, que en caso de que exista un contrato de trabajo o se posea la calidad de
servidor público la cotización debe realizarse por el empleador en el caso del
sistema de riesgos profesionales y del sistema de subsidio familiar y en el caso de
cotizaciones a los sistemas de pensión y salud deben realizarse por el empleador y
el empleado en forma compartida según los porcentajes establecidos en la Ley para
cada caso […]”40»
De acuerdo con lo anterior, es claro que en el componente de restablecimiento
del derecho que se otorga a título indemnizatorio para los casos en que se
demostrase la existencia del contrato realidad, la condena se limita al pago de
las prestaciones sociales ordinarias que devenga un empleado público en similar
situación.
Encuentra la Subsección que, de conformidad con los planteamientos del libelo
introductorio, la demandante solicita el reconocimiento y pago de las diferencias
que existieron entre los honorarios percibidos y el salario que debió
corresponderle de haberse creado el cargo de manera oportuna, al momento de
iniciar su prestación de servicios a las entidades demandadas; así como el valor
por concepto de prestaciones sociales generadas entre el 25 de noviembre de
2005 y el 15 de diciembre de 2012, para lo cual refiere la creación del cargo
Profesional Especializado, Código 2028, Grado 23.
Al respecto, se tiene que el Decreto 4975 de 2011, previó en su artículo 1.º la
planta de personal de la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas
y Grupos Alzados en Armas, incluyendo el cargo denominado Profesional
Especializado, Código 2028, Grado 23.
A su turno el Decreto 2413 de 2012, por medio del cual se modificó dicha planta
de personal, suprimió el cargo en comento, entonces perteneciente a la planta
global de la ACR, para luego crearlo en el Despacho del Director General.
Obra en el expediente certificación allegada por la Asesora de Talento Humano
39
Ver sentencia del 21 de junio de 2018, con ponencia del Suscrito ponente, dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 08001-23-31-000-2011-00413-01 (1608-14),
interpuesta por la señora Zunilda Mercedes Domínguez Moreno en contra de la E.S.E. Hospital Local de
Malambo.
40
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda Subsección B, Sentencia del
18 de septiembre de 2014, Expediente No. 68001-23-33-000-2013-00161-01 (0739-2014) Actor: Elkin
Hernández Abreo.
43
Radicación: 52001-23-33-000-2014-00412-01 (2388-2017)
Demandante: Mónica Lucia Zambrano Rosero
de la ACR, el 18 de julio de 2016,41 en el que informó el salario correspondiente
para el cargo Profesional Especializado, Código 2028, Grado 23, y los factores
de liquidación de las prestaciones sociales.
Observa la Sala que los actos administrativos que desarrollaron el Manual
Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la
Planta de Personal de la Dirección General de la Agencia para la Reincorporación
y la Normalización, fueron proferidos a partir del año 2016, y que el último de
aquellos, correspondiente a la Resolución 1416 de 2020, contempla dentro de los
cargos de la Dirección General, el ya mencionado Profesional Especializado.
Al respecto es de anotar, que al no existir para la época en que la demandante
estuvo vinculada con la ARN, el puesto de trabajo con respecto del cual pretende
se efectúe la liquidación de las diferencias salariales y prestaciones sociales
dejadas de percibir (con ocasión de la relación laboral encubierta), ni el manual
de funciones que permitiera corroborar el ejercicio de labores asimilables (en el
tiempo en que se verificó el ejercicio de actividades de la interesada y la
existencia del cargo aludido), no es posible disponer el reconocimiento en los
términos por ella solicitados.
Es por eso que, en atención a los lineamientos jurisprudenciales previamente
referenciados, el ingreso sobre el cual habrán de calcularse las prestaciones
dejadas de percibir por la demandante, corresponderá a los honorarios pactados
en los acuerdos bilaterales suscritos entre la convocante y el DAPRE - Alta
Consejería para la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos
Alzados en Armas; EL Patrimonio Autónomo CERLALC – Fiduagraria S.A.; y la
ARN.
En ese orden de ideas, la señora Zambrano Rosero tiene derecho al
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales comunes como son: i) las
cesantías e intereses a las cesantías; ii) la compensación de las vacaciones en
los porcentajes que correspondan de acuerdo con los tiempos laborados por
cada contrato; iii) la porción correspondiente a las primas que legalmente
perciben los empleados públicos con similares funciones y cargo de la ARN, en
el tiempo laborado por la demandante.
Las anteriores prestaciones serán reconocidas por los periodos contractuales
debidamente acreditados del 13 de abril de 2007 y el 31 de diciembre de 2012,
excluyendo las causadas con base en los contratos suscritos entre 25 de
noviembre de 2005 y el 12 de abril de 2007, por prescripción extintiva del
derecho.
Quinto problema jurídico
¿Hay lugar a reembolsar a la demandante las sumas pagadas por concepto de
aportes al sistema de seguridad social en salud y pensiones?
Al respecto la Sala sostiene la siguiente tesis: de conformidad con la sentencia
de unificación del 9 de septiembre de 2021, el reconocimiento al que hay lugar
en materia de seguridad social, específicamente frente a los aportes a salud y
pensión, comprende únicamente el pago de los porcentajes que debieron haber
sido cotizados por los empleadores al fondo de pensión respectivo, durante el
tiempo en que se acreditó la relación laboral.
41
Folios 352 a 355, C1.
44
Radicación: 52001-23-33-000-2014-00412-01 (2388-2017)
Demandante: Mónica Lucia Zambrano Rosero
Como se indicó en precedencia, la sentencia de unificación del 26 de agosto de
2016 ordenó al Juez Administrativo estudiar en todos los procesos en los cuales
proceda el reconocimiento de la relación laboral o contrato realidad, aunque no
se haya solicitado expresamente, el tema concerniente a las cotizaciones
adeudadas por la administración al Sistema de Seguridad Social en Pensiones
Dicha circunstancia conlleva a que también se verifiquen las reglas
jurisprudenciales desarrolladas por la sentencia de unificación del 9 de
septiembre de 2021 que, en materia de devolución de los aportes efectuados al
Sistema de Seguridad Social en Salud, por los beneficiarios de una relación
laboral comprobada, señaló:
«[…]
161. Finalmente, por albergar el fundamento de la interpretación que aquí se adopta,
merece especial consideración lo señalado por la misma Corte Constitucional en la
Sentencia C-895 de 2009, que frente a la protección constitucional de los recursos
de la Seguridad Social y la destinación específica de los aportes a salud y pensión,
expuso, de manera concreta, lo siguiente:
Teniendo en cuenta este mandato superior, la jurisprudencia ha reconocido de
manera uniforme y pacífica que los recursos que ingresan al Sistema de
Seguridad Social, tanto en salud como en pensiones, con independencia de la
denominación que de ellos se haga (cotizaciones, aportes, cuotas moderadoras,
copagos, tarifas, deducibles, bonificaciones, etc.), no pueden ser utilizados
para propósitos distintos a los relacionados con la seguridad social debido
a su naturaleza parafiscal. Al referirse al alcance del artículo 48 de la
Constitución en este aspecto, la Corte ha explicado lo siguiente:
“En relación con dicho precepto superior [artículo 48 CP] la Corte
Constitucional en numerosas decisiones de tutela ha estado llamada a
examinar el tratamiento que se debe dar a los recursos de la seguridad
social que se encuentren depositados en entidades financieras en
liquidación para asegurar precisamente el mandato de destinación y
utilización exclusiva de los recursos de las instituciones de seguridad
social.
Al respecto la Corte ha hecho énfasis en i) la naturaleza parafiscal de los
recursos de la seguridad social tanto en materia de salud como en
pensiones ii) en el tratamiento particular que debe dársele a dichos
recursos en los procesos de liquidación de las entidades financieras y iii)
en la imposibilidad de asimilar el caso de los depósitos de recursos
parafiscales de la seguridad social en las entidades financieras con las
indemnizaciones debidas por concepto de contratos de reaseguro de las
enfermedades de alto costo”.
3.1.2 Esta Corporación de manera reiterada ha precisado en efecto que los
recursos que ingresan al Sistema de Seguridad Social, tanto en Salud (C-577/97,
C-542/98, T-569/99, C1707/00) como en pensiones (C-179/97), llámense
cotizaciones, aportes, cuotas moderadoras, pagos compartidos, copagos, tarifas,
deducibles o bonificaciones, son en realidad contribuciones parafiscales de
destinación específica, en cuanto constituyen un gravamen, fruto de la soberanía
fiscal del Estado, que se cobra obligatoriamente a determinadas personas para
satisfacer sus necesidades de salud y pensiones y que, al no comportar una
contraprestación equivalente al monto de la tarifa fijada, se destinan
también a la financiación global bien del Sistema General de Seguridad
Social en Salud, bien del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones
(C086/02, C-789/02). [Negrilla fuera de texto].
162. En definitiva, es claro que las anteriores sentencias se encuentran en armonía
con el artículo 48 de la Carta, que consagra expresamente que «no se podrán
45
Radicación: 52001-23-33-000-2014-00412-01 (2388-2017)
Demandante: Mónica Lucia Zambrano Rosero
destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad Social para fines
diferentes a ella»,42 […].
163. En atención a la naturaleza parafiscal de los recursos de la Seguridad Social,
el parágrafo del artículo 182 de la Ley 100 de 1993 ordena a las empresas
promotoras de salud (EPS) manejar los recursos provenientes de las cotizaciones
de los afiliados «en cuentas independientes del resto de rentas y bienes de la
entidad». Esto, porque tales dineros únicamente pueden ser previstos y empleados
para garantizar la prestación de los servicios sanitarios en los dos regímenes
(subsidiado y contributivo), sin que quepa destinarlos para otros presupuestos.
Asimismo, estos recursos ostentan la condición de ingresos no gravados
fiscalmente, pues su naturaleza parafiscal (establecida en la Ley 100 de 1993, en
desarrollo del artículo 48 constitucional) prohíbe su destinación y utilización para
fines distintos a los consagrados en ella.
164. Las anteriores razones han conducido a esta Sección43 a considerar
improcedente la devolución de los aportes a salud realizados por el contratista, a
pesar de que se haya declarado a su favor la existencia de una relación laboral
encubierta. Como se ha indicado, en función de su naturaleza parafiscal,44 estos
recursos son de obligatorio pago y recaudo para un fin específico y, por tanto,
independientemente de que se haya prestado o no el servicio de salud, no
constituyen un crédito a favor del interesado, pues su finalidad era garantizar la
prestación de los servicios sanitarios para los dos regímenes que integran el
sistema, «lo que excluye la posibilidad de titularidad que sobre los mismos pretenda
el actor ejercer».45
165. Por consiguiente, dado que corresponde al contratista sufragar dicha
contribución, en tanto está obligado por la ley a efectuarla,46 no es procedente
ordenar su devolución, aunque se haya declarado la existencia de una relación
laboral encubierta. Además, reembolsar estos aportes implicaría contradecir al
legislador, cuya voluntad, como se expuso, buscaba que su recaudo fuera
directamente a las administradoras de servicios de salud, por tratarse, se itera, de
contribuciones de pago obligatorio con una destinación específica y con carácter
parafiscal.
166. En ese orden de ideas, la Sala unifica su jurisprudencia en el sentido de
precisar que, frente al hecho consumado de la no afiliación a las contingencias
de salud y riesgos laborales por parte de la Administración, es improcedente
el reembolso de los aportes que el contratista hubiese realizado de más, por
constituir estos aportes obligatorios de naturaleza parafiscal».
De lo que se sigue la improcedencia del traslado de montos reconocidos por
concepto de salud, a favor de la persona beneficiaria de un contrato realidad.
En cuanto al pago de las cotizaciones realizadas al sistema de seguridad social
en pensiones, este aspecto de retribución, originado en la declaración de la
existencia de la relación laboral, se acompasa con la imprescriptibilidad de los
derechos pensionales en los términos definidos en la sentencia de unificación del
26 de agosto de 2016, y a los que se aluden en acápite precedente.
42
Corte Constitucional, Sentencia C – 824 de 2004. M.P. Rodrigo Uprimy Yepes.
43
Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B. Radicado 76001 23 33 000 2012 00288 01 (3681
2013) C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
44
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia de 28 de septiembre de 2016. Radicación 76001 23 33
000 2012 00288 01 (3681 2013) C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
45
Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B. Radicado 76001 23 33 000 2012 00288 01 (3681
2013) C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
46
Situación que también cambia y amerita mención especial con la entrada en vigor del Decreto 1273 de
2018 « Por el cual se modifica el artículo 2.2.1.1.1.7, se adiciona el Título 7 a la Parte 2 del Libro 3 del
Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, en relación al pago y
retención de aportes al Sistema de Seguridad Integral y Parafiscales de los trabajadores independientes y
modifica los artículos 2.2.4.2.2.13 y 2.2.4.2.2.15 del Decreto 1072 de 2015, Único Reglamentario del Sector
Trabajo»
46
Radicación: 52001-23-33-000-2014-00412-01 (2388-2017)
Demandante: Mónica Lucia Zambrano Rosero
Se reitera pues que, dicha prerrogativa no ampara la devolución de los dineros
pagados por concepto de aportes hechos por el trabajador como contratista, sino
las cotizaciones adeudadas que podrían afectar la liquidación del monto
pensional, y que se derivan de la relación de trabajo comprobada, que comprende
la obligación, a cargo del empleador, de efectuar los correspondientes aportes al
sistema.
De manera que no hay lugar a la reclamación de devolución de los pagos
efectuados por este concepto por parte del contratista, sino al efectivo pago del
porcentaje de cotización al sistema pensional que le correspondía al contratante
por virtud de la mencionada relación de trabajo.
En esa medida, el beneficio derivado de la declaratoria de existencia de una
relación laboral encubierta entre un particular y una entidad pública, en materia
de seguridad social, solo abarca la obligación de la administración de determinar
mes a mes si existe diferencia entre los porcentajes de cotización que se debieron
efectuar por ésta y los realizados por el contratista para, en consecuencia, cotizar
al respectivo fondo la suma faltante por concepto de aportes a pensión, en el
porcentaje que le concernía como empleador.
Por tal motivo, en aplicación de las reglas de unificación aludidas, no resulta
procedente la devolución de los valores pagados por la demandante por concepto
de salud; y el reconocimiento a que hay lugar, en materia pensional, solo
comprende el traslado de los aportes al fondo respectivo, en el porcentaje que le
correspondía al contratante, conforme quedó suficientemente aclarado en líneas
que anteceden.
Decisión de segunda instancia
De acuerdo con las razones que anteceden, esta revocará la sentencia de
primera instancia y en su lugar:
Declarará la nulidad de los actos administrativos contenidos en los Oficios OFI14-
003675/JMSC 5202023 del 26 de febrero de 2014 y OFI14-000005158-SGH-
4030 del 12 de febrero de 2014, expedidos por la Agencia para la
Reincorporación y Normalización, ARN y por el Ministerio del Interior,
respectivamente.
Como consecuencia, se declarará la existencia del contrato realidad entre la
señora Mónica Lucía Zambrano Rosero y el Ministerio del Interior, únicamente
por los siguientes periodos: entre el 25 de noviembre de 2005 y el 12 de abril de
2007.
Igualmente, declarará la existencia del contrato realidad entre la señora Mónica
Lucía Zambrano Rosero y la Agencia para la Reincorporación y Normalización,
ARN, únicamente por los siguientes periodos: entre el 13 de abril de 2007 y el 30
de junio de 2007; el 5 de julio de 2007 y el 30 de abril de 2008; el 2 de mayo de
2008 y el 28 de febrero de 2009; el 5 de marzo de 2009 y el 4 de octubre de 2009;
el 27 de octubre de 2009 y el 10 de junio de 2010; el 21 de junio de 2010 y el 31
de diciembre de 2010; el 12 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2011; y el
27 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012.
Declarará parcialmente probada la excepción de prescripción extintiva de las
prestaciones sociales a que tendría derecho la señora Mónica Lucía Zambrano
Rosero, por el periodo comprendido entre el 25 de noviembre de 2005 y el 12 de
abril de 2007. No obstante lo anterior, la demandante tiene derecho a que el
47
Radicación: 52001-23-33-000-2014-00412-01 (2388-2017)
Demandante: Mónica Lucia Zambrano Rosero
Ministerio del Interior, realice las cotizaciones a pensión, por dicho periodo, por
tratarse de una prestación imprescriptible.
A título de restablecimiento del derecho, condenará a la Agencia para la
Reincorporación y Normalización a reconocer y pagar a la señora Mónica Lucía
Zambrano Rosero las prestaciones sociales de orden legal a las cuales tiene
derecho, causadas durante el periodo laboral comprendido entre el 13 de abril de
2007 y el 31 de diciembre de 2012, para lo cual se tomará como base de
liquidación el valor pactado por honorarios en los respectivos contratos de
prestación de servicios.
Se precisa que las prestaciones a que haya lugar a pagar, solo deberán ser
reconocidas por los tiempos efectivamente laborados, de acuerdo con los
contratos de prestación de servicios, esto es, sin lugar a incluir los lapsos en los
que entre estos, hubo interrupciones.
Así mismo, condenará a la Agencia para la Reincorporación y Normalización y al
Ministerio del Interior a realizar las cotizaciones a pensión a favor de la señora
Mónica Lucía Zambrano Rosero, por el periodo durante el cual se comprobó la
relación laboral, esto es, entre el 25 de noviembre de 2005 y el 12 de abril de
2007; así como entre el 13 de abril de 2007 y el 31 de diciembre de 2012,
respectivamente, para lo cual deberá observar, el lapso efectivamente ejecutado
de los contratos y las determinaciones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
Para tales efectos, deberán tomar el ingreso base de cotización o IBC pensional47
de la demandante, dentro de los periodos laborados por prestación de servicios,
excepto sobre los periodos sobre los cuales no se acreditó la relación laboral,
incluidos aquellos sobre los cuales se declaró la prescripción, mes a mes, y si
existe diferencia entre los aportes realizados por la señora Zambrano Rosero
como contratista y los que se debieron efectuar, cotizar al respectivo fondo de
pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión, solo en el
porcentaje que les correspondía como empleadores. Para efectos de la
respectiva condena, deberá tomarse como base de liquidación el valor pactado
por honorarios en los respectivos contratos.
En ese sentido, la demandante deberá acreditar las cotizaciones que realizó al
Sistema General de Seguridad Social en pensiones durante el tiempo que
duraron los referidos vínculos contractuales, y en la eventualidad de que no las
hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar o
completar, según el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajadora.
Las sumas reconocidas serán reajustadas con la siguiente fórmula:
R= Rh x Índice final
Índice inicial
Según la cual el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico
(Rh), que es el que corresponde a la prestación social, por el guarismo que
resulta de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE
(vigente a la fecha de ejecutoria esta sentencia) por el índice inicial (vigente para
la fecha en que debería efectuarse el pago).
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Para el efecto y según la sentencia de unificación jurisprudencial CE-SUJ2-005 del 25 de agosto de
2016, el ingreso sobre el cual han de calcularse las prestaciones dejadas de percibir, corresponderá a los
honorarios pactados en el contrato de prestación de servicios.
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Radicación: 52001-23-33-000-2014-00412-01 (2388-2017)
Demandante: Mónica Lucia Zambrano Rosero
Finalmente, negará las demás pretensiones de la demanda.
Condena en costas
Esta Subsección en providencias de 7 de abril de 201648, sobre la condena en
costas en vigencia del CPACA, determinó el criterio objetivo-valorativo, para la
imposición de condena en costas, bajo los siguientes fundamentos:
a) El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en
costas, al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo valorativo»
–CPACA-.
b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá»
sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o
parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos
ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente
realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye
la mala fe o temeridad de las partes.
d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se
fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según
sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos
más vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la
complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887
de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).
e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado
por éstas.
f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el
despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP49, previa
elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.
g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.
Por tanto, y en ese hilo argumentativo, en el presente caso condenará en costas
a la parte demandada en ambas instancias, con sustento en lo reglado por el
numeral 4 del artículo 365 del Código General del Proceso, toda vez que se
revocará totalmente la sentencia proferida por el tribunal de primer grado.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
48
Al respecto ver sentencia de 7 de abril de 2016, expedientes: 4492-2013, actor: María del Rosario
Mendoza Parra y 1291-2014, Actor: José Francisco Guerrero Bardi.
49
«ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente
quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]».
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Demandante: Mónica Lucia Zambrano Rosero
Primero: Revocar la sentencia del 24 de febrero de 2017 por el Tribunal
Administrativo de Nariño, que negó las pretensiones de la demanda que, en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, promovió
la señora Mónica Lucía Zambrano Rosero contra la Nación – Ministerio de Interior;
el Departamento Administrativo de la Presidencia para la Republica – Agencia
Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas, ACR;
y la Agencia para la Reintegración y Normalización, ARN.
En su lugar,
Segundo: Declarar la nulidad de los actos administrativos contenidos en los
Oficios OFI14-003675/JMSC 5202023 del 26 de febrero de 2014 y OFI14-
000005158-SGH-4030 del 12 de febrero de 2014, expedidos por la Agencia para
la Reincorporación y Normalización, ARN y por el Ministerio del Interior,
respectivamente.
Tercero: Como consecuencia de lo anterior, declarar la existencia del contrato
realidad entre la señora Mónica Lucía Zambrano Rosero y el Ministerio del
Interior, únicamente por los siguientes períodos: entre el 25 de noviembre de
2005 y el 12 de abril de 2007.
Cuarto: Declarar la existencia del contrato realidad entre la señora Mónica Lucía
Zambrano Rosero y la Agencia para la Reincorporación y Normalización, ARN,
únicamente por los siguientes períodos: entre el 13 de abril de 2007 y el 30 de
junio de 2007; el 5 de julio de 2007 y el 30 de abril de 2008; el 2 de mayo de 2008
y el 28 de febrero de 2009; el 5 de marzo de 2009 y el 4 de octubre de 2009; el
27 de octubre de 2009 y el 10 de junio de 2010; el 21 de junio de 2010 y el 31 de
diciembre de 2010; el 12 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2011; y el 27
de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012.
Quinto: Declarar parcialmente probada la excepción de prescripción extintiva de
las prestaciones sociales a que tendría derecho la señora Mónica Lucía
Zambrano Rosero, por el período comprendido entre el 25 de noviembre de 2005
y el 12 de abril de 2007. No obstante lo anterior, la demandante tiene derecho a
que el Ministerio del Interior, realice las cotizaciones a pensión, por dicho periodo,
por tratarse de una prestación imprescriptible.
Sexto: A título de restablecimiento del derecho, condenar a la Agencia para la
Reincorporación y Normalización a reconocer y pagar a la señora Mónica Lucía
Zambrano Rosero las prestaciones sociales de orden legal a las cuales tiene
derecho, causadas durante el periodo laboral comprendido entre el 13 de abril de
2007 y el 31 de diciembre de 2012, para lo cual se tomará como base de
liquidación el valor pactado por honorarios en los respectivos contratos de
prestación de servicios.
Se precisa que las prestaciones a que haya lugar a pagar, solo deberán ser
reconocidas por los tiempos efectivamente laborados, de acuerdo con los
contratos de prestación de servicios, esto es, sin lugar a incluir los lapsos en los
que entre estos, hubo interrupciones.
Séptimo: Condenar a la Agencia para la Reincorporación y Normalización y al
Ministerio del Interior a realizar las cotizaciones a pensión a favor de la señora
Mónica Lucía Zambrano Rosero, por el período durante el cual se comprobó la
relación laboral, esto es, entre el 25 de noviembre de 2005 y el 12 de abril de
2007; así como entre el 13 de abril de 2007 y el 31 de diciembre de 2012,
respectivamente, para lo cual deberá observar, el lapso efectivamente ejecutado
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Radicación: 52001-23-33-000-2014-00412-01 (2388-2017)
Demandante: Mónica Lucia Zambrano Rosero
de los contratos y las determinaciones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
Para tales efectos, deberán tomar el ingreso base de cotización o IBC pensional50
de la demandante, dentro de los periodos laborados por prestación de servicios,
excepto sobre los periodos sobre los cuales no se acreditó la relación laboral,
incluidos aquellos sobre los cuales se declaró la prescripción, mes a mes, y si
existe diferencia entre los aportes realizados por la señora Zambrano Rosero
como contratista y los que se debieron efectuar, cotizar al respectivo fondo de
pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión, solo en el
porcentaje que les correspondía como empleadores. Para efectos de la
respectiva condena, deberá tomarse como base de liquidación el valor pactado
por honorarios en los respectivos contratos.
En ese sentido, la demandante deberá acreditar las cotizaciones que realizó al
Sistema General de Seguridad Social en pensiones durante el tiempo que
duraron los referidos vínculos contractuales, y en la eventualidad de que no las
hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar o
completar, según el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajador.
Octavo: Las sumas reconocidas deberán ser reajustadas conforme con la
fórmula expuesta en la parte considerativa de esta providencia. De igual forma,
la entidad demandada dará cumplimiento al presente fallo, conforme con los
artículos 192 y 195 del CPACA.
Noveno: Negar las demás pretensiones de la demanda conforme los
razonamientos expuestos en la parte considerativa de esta sentencia.
Décimo: Condenar en costas en ambas instancias a la Nación – Ministerio del
Interior y a la Agencia para la Reincorporación y Normalización, por las razones
expuestas en esta providencia.
Décimo primero: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al
Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma del
Consejo de Estado denominada «SAMAI».
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
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Para el efecto y según la sentencia de unificación jurisprudencial CE-SUJ2-005 del 25 de agosto de
2016, el ingreso sobre el cual han de calcularse las prestaciones dejadas de percibir, corresponderá a los
honorarios pactados en el contrato de prestación de servicios.
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Radicación: 52001-23-33-000-2014-00412-01 (2388-2017)
Demandante: Mónica Lucia Zambrano Rosero
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
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