Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06428-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06428-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-06428-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
28 de abril de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 28 de abril de 2025
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06428-01
Demandante: Martha Lucía Arteaga Quiroga
Demandado: Tribunal Administrativo de Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL| Inmediatez - confirma
Síntesis del caso: La parte actora enjuició las providencias de primera y segunda instancia
que negaron las pretensiones de una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho,
relacionada con el reconocimiento de una relación laboral.
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a decidir la
impugnación presentada por la parte actora contra la Sentencia de 7 de
febrero de 2025, por la cual la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado declaró improcedente la solicitud de amparo por
incumplimiento del requisito de inmediatez2.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Sentencia de primera instancia e
impugnación.
1.1. Posición de la parte actora
1. El 22 de noviembre de 2024, Martha Lucía Arteaga Quiroga, por medio
de apoderado judicial, presentó una acción de tutela contra el Juzgado 10
Administrativo de Ibagué y el Tribunal Administrativo de Tolima, por la
presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad, debido
proceso y seguridad jurídica, con ocasión de la Sentencia de primera
instancia de 1 de junio de 2020 y la Sentencia de segunda instancia de 21
de marzo de 2024, proferidas, respectivamente por las autoridades judiciales
accionadas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
No. 73001-33-33-751-2015-00218-00/01.
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo No. 80 de 2019 de esta Corporación.
2 (se trascribe) “PRIMERO: Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por la señora Martha Lucía
Arteaga Quiroga contra el Tribunal Administrativo del Tolima y el Juzgado Décimo Administrativo de Ibagué, por
las razones expuestas”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06428-01
Demandante: Martha Lucía Arteaga Quiroga
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirmar
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2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se
trascribe):
“1. Se declare la nulidad de las decisiones judiciales que negaron las
pretensiones de la señora Arteaga.
2. Se ordene el reconocimiento de la relación laboral y los derechos derivados.
3. Se tutele el derecho a la igualdad y a la seguridad jurídica, se garantice el
respeto al principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades.
4. Se sirva proteger de inmediato de los derechos fundamentales que usted
considere han sido vulnerados”.
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
destacan los siguientes:
4. 1) Martha Lucía Arteaga Quiroga suscribió contratos de prestación de
servicios en diferentes periodos, comprendidos entre el 2008 y el 2012, con el
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República - DAPRE, la
Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados
en Armas - ACR3 y con el Centro Regional para el fomento del libro en
América Latina y el Caribe - CERLALC.
5. 2) La ACR, mediante la Resolución No. 63 de 5 de marzo de 2012,
nombró en provisionalidad a Martha Lucía Arteaga Quiroga en el cargo de
profesional especializado, código 2028, grado 21 de la planta global, para
desempeñar las mismas funciones que ejecutaba en calidad de contratista.
Luego, mediante el Decreto 2413 de 27 de noviembre de 20124, suprimió 23
cargos de la planta global de la ACR, entre ellos el de la señora Arteaga
Quiroga.
6. 3) Ante esta situación, la accionante presentó un derecho de petición
a las entidades demandadas, y solicitó que se declarara la existencia de
una relación laboral durante los períodos en que estuvo vinculada con estas,
y, como consecuencia, se ordenara el reintegro al cargo que venía
desempeñado y el pago de las diferencias salariales y de las prestaciones
sociales dejadas de percibir.
7. 4) En respuesta a las peticiones de la demandante, el DAPRE rechazó
el reconocimiento de la relación laboral. Por su parte, la ACR respondió al
oficio, e informó a la señora Arteaga Quiroga que el cargo había sido
suprimido. En relación con la CERLALC, no obtuvo respuesta alguna.
3 Hoy Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).
4 Por el cual se modifica la planta de personal de la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y
Grupos Alzados en Armas. (se trascribe) “ARTÍCULO 1°. Suprímense (sic) de la planta de personal de la Agencia
Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas, los cargos que a continuación se
describen: (...)”.
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Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirmar
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8. 5) El 1 de septiembre de 2015, Martha Lucía Arteaga Quiroga presentó
una demanda, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, contra la Nación - Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República, la Agencia Colombiana
para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas - ACR (hoy
Agencia para la Reincorporación y la Normalización - ARN) y Fiduagraria, en
representación del patrimonio autónomo Centro Regional para el fomento
del libro en América Latina y el Caribe, con el fin de que se declarara la
nulidad de los actos administrativos derivados de su petición y, a título de
restablecimiento el derecho, la existencia de una relación laboral con
dichas entidades, el reintegro y el pago de las diferencias salariales,
prestaciones sociales dejadas de percibir.
9. 6) Mediante Sentencia de 1 de junio de 2020, el Juzgado 10
Administrativo de Ibagué negó las pretensiones de la demanda y condenó
en costas a la parte demandante, tras encontrar configuradas la autonomía
e independencia en la prestación del servicio. Inconforme con dicha
decisión, la parte demandante presentó recurso de apelación5.
10. 7) El Tribunal Administrativo de Tolima, en Sentencia de 21 de marzo
de 2024, confirmó la sentencia de primera instancia y condenó en costas a
la parte demandante, con fundamento en que, aunque se acreditó los
elementos correspondientes a la prestación personal del servicio y la
remuneración como retribución de este, no sucedió lo mismo con la
subordinación, pues no se demostró que la demandante estuviera sujeta a
órdenes y que no contara con autonomía e independencia dentro del
DAPRE, la ACR y la CERLAC, al encontrarse bajo las directrices de un jefe
inmediato y al cumplimiento de horario laboral durante la prestación de sus
servicios profesionales.
11. 8) El 11 de junio de 2014, el apoderado de la parte demandante
solicitó la aclaración del Auto de 4 de junio de 2024 que liquidó y fijó las
costas procesales, al considerar que estas eran muy elevadas y que no se
especificó de forma clara las operaciones aritméticas realizadas para fijar
las agencias en derecho de primera y segunda instancia, por lo que, el
Juzgado 10 Administrativo de Ibagué la resolvió, en el sentido de aclarar la
liquidación y especificar la suma total de las agencias en derecho de
primera y segunda instancia.
12. Como fundamento de la vulneración, la parte actora adujo que las
providencias enjuiciadas incurrieron en desconocimiento del precedente
5 Índice 2 en el aplicativo SAMAI. En dicho recurso, la parte actora insistió en que sí se configuraron los elementos
propios de una relación laboral en los diferentes contratos suscritos con las diferentes entidades, por existir una
línea de continuidad en el tiempo de prestación personal del servicio, y una subordinación porque (se trascribe)
“en todo momento recibió directriz sobre la labor que debía desempeñar e igualmente, para el cumplimiento
óptimo de su cargo debía trabajar en un horario establecido, así la modalidad contractual a la cual fue sujeta se
entendiera de otra manera”.
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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirmar
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porque no se tuvo en cuenta una providencia del Consejo de Estado sobre
el reconocimiento de una relación laboral6, lo que implicó una transgresión
a los principios de igualdad y seguridad jurídica, pilares esenciales del
ordenamiento jurídico colombiano.
13. Además, invocó un defecto fáctico debido a que las pruebas
testimoniales y documentales aportadas en el proceso ordinario, sin
especificar cuáles, no fueron valoradas integralmente, ni de la misma forma
que el Consejo de Estado lo hizo en el caso anterior, para acreditar la
existencia de subordinación, continuidad y personalización en las funciones
desempeñadas por la accionante, lo que, a su juicio, constituyó una omisión
grave que afectó directamente los derechos fundamentales invocados y
desconoció la primacía de la realidad sobre las formalidades.
1.2. Sentencia de primera instancia e impugnación
14. Mediante Sentencia de 7 de febrero de 2025, la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de
tutela por no cumplir con el requisito de inmediatez, ya que se observó que
la Sentencia de 21 de marzo de 2024 fue notificada el 5 de abril de 2024 y
quedó ejecutoriada el 9 de abril de 2024, mientras que la solicitud de tutela
fue radicada el 22 de noviembre de 2024. A partir de lo anterior, concluyó
que transcurrió un término de 7 meses y 12 días desde la ejecutoria de la
decisión enjuiciada para que la parte actora acudiera al juez constitucional.
Además, no encontró circunstancias especiales que justificaran la tardanza.
15. La parte actora impugnó la providencia. Solicitó que se revocara la
decisión de primera instancia y se declarara que el requisito de inmediatez
fue indebidamente aplicado y no fue flexibilizado.
16. El sustento de lo anterior se enmarcó en los siguientes 3 argumentos: 1)
el desconocimiento de un precedente judicial, toda vez que el Consejo de
Estado, en un caso idéntico al de Martha Lucía Arteaga Quiroga, determinó
la existencia de una relación laboral encubierta bajo contratos de
prestación de servicios7; 2) la flexibilización del requisito de inmediatez y la
protección constitucional reforzada, con ocasión de la edad avanzada de
la accionante (66 años) y las Sentencias T-122 de 2021 y SU-499 de 2’16 de
la Corte Constitucional; y 3) la imposibilidad de presentar la tutela antes y en
un tiempo razonable por las condiciones de salud de la señora Arteaga
Quiroga, como hipertensión arterial, artritis, prediabetes, bradicardia, entre
otros, para lo cual adjuntó historias clínicas.
6 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia de 7 de abril de 2022, Rad. 52001-23-33-000-
2014-00412-01.
7 Ibidem.
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2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido. 2.1. Identificación de la providencia objeto de estudio. 2.2. Fijación de la
controversia. 2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. 2.4.
Conclusiones.
2.1. Identificación de la providencia objeto de estudio
17. La Sala centrara su análisis en los reparos planteados frente a la
Sentencia de 21 de marzo de 2024, pues, si bien también se enjuició la
Sentencia de 1 de junio de 2020, proferida por el Juzgado 10 Administrativo
de Ibagué, lo cierto es que, dicha decisión fue impugnada, por lo que la
providencia del Tribunal Administrativo de Tolima fue la que definió de fondo
el litigio. Además, ante una eventual decisión favorable a la solicitud de
amparo, será la autoridad que resolvió la controversia en segunda instancia,
la encargada de dar cumplimiento a lo que se ordene.
2.2. Fijación de la controversia
18. Determinar si la acción de tutela presentada por Martha Lucía
Arteaga Quiroga contra el Tribunal Administrativo de Tolima cumplió, o no,
con el requisito de inmediatez, dadas las fechas de notificación de la
providencia enjuiciada y presentación de la solicitud de amparo. En el
evento en el que este interrogante sea resuelto de forma afirmativa, deberá
establecerse, una vez verificados los demás requisitos de procedencia de la
acción de tutela contra providencia judicial, si la Sentencia de 21 de marzo
de 2024 incurrió en los defectos fáctico y desconocimiento del precedente,
en relación con el reconocimiento de la existencia de una relación laboral,
al caso particular de la accionante. En ese orden, la Sala procederá a
confirmar, modificar y revocar la decisión de tutela de primer grado.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
19. La Sala confirmará la sentencia de tutela de primera instancia que
declaró la improcedencia la acción de tutela por no cumplir con el requisito
de inmediatez, por las razones que pasan a explicarse:
20. La Corte Constitucional8 ha sostenido que, aunque la acción de tutela
no tiene un término de caducidad, la misma debe presentarse dentro de un
“término razonable y proporcionado”, contado a partir del hecho u omisión
generadora de la vulneración o amenaza de derechos fundamentales,
pues, de no ser así, se afectaría la seguridad jurídica, los derechos de
terceros, e incluso, se desnaturalizaría la acción misma. Aunado a ello, en
relación con la acción de tutela contra providencias judiciales, se
8 Sentencia SU-018 de 2018.
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comprometería la cosa juzgada y la firmeza de las decisiones judiciales, por
lo cual, según la Corte, aquí, el examen de inmediatez debe ser más estricto.
21. En ese orden, la Corte Constitucional ha señalado que el estudio y
análisis de la inmediatez se debe efectuar a partir del concepto de
razonabilidad, (se trascribe) “teniendo en cuenta las particularidades de
cada caso concreto”.
22. Por su parte, la Sala Plena de esta Corporación, mediante Sentencia
de unificación de 5 de agosto de 20149, estableció, como regla general, que
el mecanismo de amparo debe promoverse en un plazo máximo de 6 meses
contados a partir de la notificación o ejecutoria de la providencia objeto de
reproche constitucional. No obstante, al igual que la Corte Constitucional,
sostuvo que (se trascribe) “en cada caso concreto deberá evaluarse este
requisito a fin de que no se desvirtúe la razón de ser de la acción de tutela”.
23. Así, para estudiar o valorar la inmediatez en concreto y establecer si
la acción es procedente, se ha considerado que el plazo oportuno es de 6
meses, salvo que, según la Corte Constitucional, se configuren alguna de
estas circunstancias, que no son taxativas, en el caso sometido a revisión: (1)
el accionante presente razones válidas para su tardanza en presentar la
acción constitucional, (2) que a pesar del paso del tiempo, la vulneración o
amenaza de los derechos fundamentales continúe y sea actual o (3) que la
exigencia de la interposición de la acción en un término razonable resulte
desproporcionada, dadas las circunstancias de debilidad manifiesta en la
que se encuentra el demandante.
24. En el presente caso, tal como lo señaló en su momento el juez de
tutela de primera instancia, se advierte que, entre el día a la notificación de
la Sentencia de 21 de marzo de 2024 [9/4/202410]11, incluso, de la ejecutoria
[12/4/2024]12 y la presentación de la solicitud de amparo [22/11/2024],
transcurrieron más de 7 meses, sin que se hubiera demostrado una
circunstancia especial que impidiera ejercer la acción de tutela dentro del
término fijado como razonable. Esto cobra mayor relevancia si se considera
que la acción de tutela no requiere formalidades para su presentación y
que la accionante estaba representada por un apoderado judicial en el
proceso ordinario. Así las cosas, existen motivos suficientes para confirmar la
decisión impugnada.
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de unificación por importancia
jurídica de 5 de agosto de 2014. Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
10 El mensaje de datos fue enviado el 5 de abril de 2024.
11 Índice 13 del proceso de la referencia en primera instancia, donde consta el proceso ordinario.
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Cabe precisar que la aclaración que se presentó contra el auto que que liquidó y fijó las costas procesales
(párrafo 11 de esta providencia) no incide en la ejecutoria de la sentencia.
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25. Ahora, si bien, en el escrito de impugnación, el apoderado de la
señora Arteaga Quiroga alegó, por un lado, que la señora gozaba de una
especial protección constitucional por ser una persona de la tercera edad,
lo que justificaría una flexibilización del requisito de inmediatez, y, por otro
lado, que había sufrido un deterioro significativo en su estado de salud que
le impidió presentar la acción de tutela antes, lo cierto es que estos
argumentos no son procedentes. En primer lugar, debe indicarse que dicho
contexto, por sí mismo, no impedía la presentación de la acción de tutela,
ya que esta, se reitera, se presentó a través del apoderado judicial. Además,
estas circunstancias no fueron ni alegadas ni, mucho menos, probadas en el
escrito de tutela como razones que justificaran la imposibilidad de ejercer la
acción dentro del plazo establecido.
26. De acuerdo con lo expuesto anteriormente, es importante señalar que
la impugnación no constituía la oportunidad procesal adecuada para
plantear las justificaciones sobre el incumplimiento del requisito de
inmediatez, pues aquella tiene como objetivo específico cuestionar la
decisión de primera instancia, y no está diseñada para introducir nuevos
argumentos o razones que, en principio, debieron haber sido presentados
en su momento oportuno, es decir, en el escrito de tutela, y cuya valoración
puede implicar un desconocimiento del derecho de defensa de la parte
accionada.
2.4. Conclusiones
27. Tras corroborar que no se superó el requisito de inmediatez, la Sala se
abstendrá de pronunciarse sobre los demás requisitos de procedibilidad, así
como de los defectos alegados y confirmará la decisión de primera
instancia.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 7 de febrero de 2025, por la cual la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró
improcedente la solicitud de amparo.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que, para interponer cualquier
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Demandante: Martha Lucía Arteaga Quiroga
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirmar
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solicitud contra la misma, deberán dirigirla, dentro del término legal, al
correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin13.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
13 secgeneral@consejodeestado.gov.co
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