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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2020-00003-01

Fecha
26 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2020-00003-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: ADICIONAR el numeral 6 de la sentencia de 19 de mayo de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda – Sala Tercera de decisión, en el sentido de que los aportes pensionales deberán efectuarse por todo el tiempo de la relación laboral, incluido el declarado prescrito, salvo el de las interrupciones; conforme lo dicho en la motivación. SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada. TERCERO: NO CONDENAR en costas en segunda instancia. www.consejodeestado.gov.co 32 Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia Radicado: 66001-23-33-000-2020-00003-01(4276-2022) Demandante: Angela María Gutiérrez Marín CUARTO: EFECTÚENSE las anotaciones correspondientes en el sistema de gestión judicial SAMAI y una vez en firme esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 66001-23-33-000-2020-00003-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

26 de noviembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C. veinte (20 de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 66001-23-33-000-2020-00003-01 (4276-2022)
Demandante: Angela María Gutiérrez Marín
Demandado: E.S.E Hospital Mental Universitario de Risaralda

Tema: Relación laboral subyacente o encubierta/ auxiliar de
enfermería.

Decisión: Adiciona sentencia de primera instancia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

ASUNTO

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra de la
sentencia de 19 de mayo de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de
Risaralda, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1 Pretensiones de la demanda1

• La parte demandante solicitó que se declare la nulidad del acto
administrativo emitido por la E.S.E Hospital Mental Universitario de Risaralda
identificado con oficio de 27 de junio de 2019 (notificado el 19 de julio de 2019).

• Que se declare la existencia de un contrato realidad entre Ángela María
Gutiérrez Marín y la E.S.E Hospital Mental Universitario de Risaralda en el
período comprendido entre el 1 de agosto de 2010 «hasta la fecha en que deje
de trabajar para la entidad», cuando prestó sus servicios como auxiliar de
enfermería.

1 01Cuaderno1.pdf Expediente Digital

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Radicado: 66001-23-33-000-2020-00003-01(4276-2022)
Demandante: Angela María Gutiérrez Marín

• Que se condene a la E.S.E Hospital Mental Universitario de Risaralda al
pago en favor de la demandante de los siguientes factores: suministro de
calzado y vestido durante todo el tiempo en que duró la vinculación; horas
extras; reajustes de salario; primas de servicio y navidad; cesantías e intereses
a las cesantías; vacaciones no canceladas; el reintegro de lo pagado por
concepto de seguridad social en pensiones e impuestos de estampillas.

• Que se realice la indexación de las sumas solicitadas hasta la fecha
efectiva del pago y que se condene a la E.S.E Hospital Mental Universitario de
Risaralda al pago de las costas y agencias en derecho.

1.2. Hechos que fundamentan la demanda

La señora Ángela María Gutiérrez Marín relata, a través de su apoderado
judicial, que prestó sus servicios como auxiliar de enfermería en favor de la
E.S.E Hospital Mental Universitario de Risaralda de la siguiente manera:

i) Inició a trabajar en la E.S.E. el 1 de agosto del 2010 hasta el 31 de diciembre
de 2011 a través de la cooperativa de trabajo asociado porvenir conforme los
lineamientos de la entidad.

ii) A partir del 1 de enero de 2012 hasta el 30 de junio de 2013, estuvo vinculada
de manera directa a la E.S.E Hospital Mental Universitario de Risaralda
mediante contratos de prestación de servicios.

iii) Desde el 1 de julio de 2013 hasta el 31 de agosto de 2014 estuvo vinculada
a la Cooperativa Temporales Gestionar S.A.S, pero continuó prestando su
servicio en las instalaciones de la E.S.E Hospital Mental Universitario de
Risaralda.

iv) La E.S.E demandada «reasumió» su condición de empleador, vinculándola
nuevamente mediante contratos de prestación de servicios en el periodo
comprendido entre el 1 de junio de 2014 al 31 de enero de 2017.

v) Desde el 1 de febrero de 2017 hasta el 31 de enero de 2019 prestó sus
servicios en la E.S.E por intermedio de la empresa temporal de empleo Avanza
S.A.S.

De manera que, se aduce que la actora pese a ser contratada de diferentes
maneras y por conducto de empresas tercerizadas, siempre ha prestado su
servicio solamente a la E.S.E Hospital Mental Universitario de Risaralda.

Para el desarrollo de sus funciones, contaba con un jefe directo en las
instalaciones del hospital, el cual era el jefe de enfermería, quien le daba
órdenes en cuanto a los horarios y la prestación del servicio. En particular,
sostiene que cumplió con una jornada laboral establecida por la entidad que

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Demandante: Angela María Gutiérrez Marín

comprendía de «6 horas de 7 am a 1 pm», al día siguiente «de 1 pm a 7 pm» y
en otras ocasiones de 12 horas seguidas de «7 pm a 7 am», para un total de
48 horas semanales y 192 horas mensuales. Agregando que debía estar
disponible «en cualquier momento incluso si no era dentro del horario de
trabajo».

Expone además que, era necesario la utilización de todos los elementos
proporcionados por la entidad y, a parte del servicio contratado, la E.S.E le
exigía su asistencia de manera obligatoria a las reuniones que convocara el
gerente o el jefe de enfermería.

Por lo anterior, se presentó derecho de petición a la E.S.E Hospital Mental
Universitario de Risaralda, con el fin de que le fueran canceladas a la
demandante todas las acreencias laborales y prestacionales no pagadas en
virtud de la relación laboral subyacente configurada entre las partes. No
obstante, la entidad emitió respuesta negativa de fondo el 27 de junio de 2019
(notificada el 19 de julio de 2019).

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la violación

Se invocó en la demanda la violación de las siguientes disposiciones
constitucionales y legales: Constitución Política, artículos 25 y 53. Ley 10 de
1990, artículo 30; Decreto 2922 de 1966 artículos 1 y 2; Decreto 1045 de 1978,
artículo 33; Decreto 1919 de 2002; Código Sustantivo del Trabajo y de la
Seguridad Social artículos 57, 65 y 340.

Como concepto de violación, aduce que, una vez demostrados los elementos
constitutivos de la relación laboral encubierta2 en la ejecución del servicio a
través de figuras distintas, es necesario que se reconozcan a la actora las
prerrogativas prestacionales a las que tienen derecho los funcionarios de planta
de la entidad, tales como los salarios y las prestaciones sociales.

1.4. Contestación de la demanda

La E.S.E Hospital Mental Universitario de Risaralda3 respondió la demanda
indicando su oposición a las pretensiones. Al efecto, expuso que no existe
fundamento jurídico o fáctico que conlleve a la responsabilidad de la entidad en
relación con los hechos que se indican, dado que, por una parte, la E.S.E en
un período vinculó a la actora para ejecutar varios contratos de prestación de
servicios que generan únicamente derecho al pago de los honorarios,
excluyendo el pago a las prestaciones sociales.

Por la otra, en los períodos en que la señora Ángela Gutiérrez prestó sus
servicios por conducto de las cooperativas de trabajo, dichas entidades le

2 Prestación personal del servicio, remuneración y subordinación.
3 03ContestacionDemanda Expediente Digital

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cancelaron sus actividades a modo de compensaciones, sin que manifestara
alguna inconformidad; y por último, en el lapso en que prestó sus servicios por
medio de empresas de servicios temporales, la E.S.E actuó dentro de las
obligaciones que le asistían de acuerdo a los contratos de prestación de
servicios que suscribió con ellas; quienes eran las encargadas de cancelarle
sus salarios, prestaciones sociales y la afiliación a la seguridad social integral.

Igualmente, manifiesta que la legalidad de las actuaciones de la entidad en la
contratación de la actora se sustenta en que la prestación de sus servicios
mediante las cooperativas de trabajo no superó el término de 6 meses,
prorrogable por 6 meses más, como establece la legislación de la materia.

De esa manera, propuso como excepciones las siguientes: i) prescripción; ii)
solución de continuidad en la alegada relación contractual; iii) cobro de lo no
debido; iv) inexistencia de solidaridad; v) compensación, y, vi) genérica.

1.5. Sentencia de primera instancia4

El Tribunal Administrativo de Risaralda – Sala Tercera de Decisión dictó
sentencia sobre el presente asunto el 19 de mayo de 2022, en la cual declaró
la nulidad del acto administrativo demandado, se declaró parcialmente probada
la excepción de prescripción y se accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda (sin condena en costas). Concretamente, la parte resolutiva de la
providencia en cita dispuso lo siguiente:

«1. SE DECLARA PARCIALMENTE PROBADA LA EXCEPCIÓN DE
PRESCRIPCIÓN extintiva del derecho, respecto de los períodos comprendidos hasta
el 30 de junio de 2013 inclusive, de conformidad con lo argumentado en la parte
motiva de esta sentencia.

2. SE DECLARA LA NULIDAD del Oficio calendado 27 de junio de 2019, mediante el
cual fue negado el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales
correspondientes, solicitadas por la parte demandante, proferido por la ESE Hospital
Mental Universitario de Risaralda, conforme las razones expresadas en la parte
considerativa de la presente providencia.

3. Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento del
derecho, SE CONDENA a la ESE Hospital Mental Universitario de Risaralda a pagar
en favor de la demandante Ángela María Gutiérrez Marín las prestaciones laborales de
orden legal a las cuales tiene derecho, incluyendo vacaciones, cesantías, intereses a
las cesantías y primas legales a que haya lugar, tomando como base los honorarios
contractuales derivados de los contratos de prestación de servicios correspondientes a
los períodos en los cuales se demostró la existencia de la relación laboral y en los
cuales no operó el fenómeno de la prescripción, es decir, del 01 de julio de 2014 al 31
de diciembre de 2014, del 01 de enero de 2015 al 31 de mayo de 2015, del 01 de
junio de 2015 al 31 de diciembre de 2015, del 01 de febrero de 2016 al 31 de agosto
de 2016, del 01 de septiembre de 2016 al 31 de diciembre de 2016, de acuerdo con
las consideraciones de este fallo.

4. Igualmente, SE CONDENA a la ESE Hospital Mental Universitario de Risaralda, a
pagar en favor de la demandante, las diferencias prestacionales entre los valores que
fueron reconocidas y pagadas en su favor en virtud de la vinculación como trabajadora

4 39SentenciaPrimeraInstancia.pdf Expediente Digital

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Demandante: Angela María Gutiérrez Marín

en misión a través de la empresa de servicios temporales AVANZA S.A.S, para el
período comprendido entre el 01 de febrero de 2017 al 31 de diciembre de 2017, del
16 de enero de 2018 al 14 de enero de 2019 y del 15 de enero de 2019 al 11 de febrero
de 2019, los cuales se liquidarán con base en los salarios pactados entre la
demandante y la E.S.T., todo dentro del marco de las consideraciones del presente
proveído.

5. Se CONDENA a la entidad demandada al pago compensatorio en dinero, en favor
de la demandante, de las dotaciones de vestido y calzado de labor causadas del 01 de
febrero al 31 de diciembre de 2017 y del 16 de enero al 31 de diciembre de 2018, por
las razones expresadas en la parte considerativa de esta providencia.

6. La entidad demandada deberá tener en cuenta los honorarios pactados en todos los
contratos celebrados y calcular el ingreso base de cotización (IBC) pensional de la
actora, mes a mes, a fin de establecer si existe diferencia entre los aportes realizados
por aquella como contratista y los que se debieron efectuar, caso en el cual, SE
ORDENA cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de
aportes a pensión, solo en el porcentaje que le correspondía en su calidad de
empleador. Para tales efectos, la parte actora deberá acreditar las cotizaciones que
realizó al sistema durante los vínculos contractuales y en la eventualidad de que no las
hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar o
completar, según sea el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajadora, de
acuerdo con las consideraciones de esta providencia.

7. El tiempo laborado bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios, se debe
computar para efectos pensionales.

8. Se condena a la demandada a efectuar los ajustes de valor sobre las sumas que
resulten a favor de la demandante según el índice de precios al consumidor, de
conformidad con el inciso final del artículo 187 del C.P.A.C.A., para lo cual se observará
lo señalado en la parte motiva de este fallo.

9. La entidad demandada dará cumplimiento al presente fallo en los términos referidos
en el artículo 192 del CPACA.

10. Se niegan las demás súplicas de la demanda, por lo razonado en la parte motiva
de este proveído (…)»

Para arribar a las anteriores conclusiones, encontró acreditada la configuración
de los elementos esenciales de la relación laboral encubierta; exponiendo en
cuanto a la prestación de servicios realizados por conducto de las empresas
tercerizadas de trabajo, que no se encontraban probados los períodos que la
demandante indicó haber ejecutado a través de la cooperativa Porvenir y la
temporal Gestionar con Calidad S.A.S. pero si se acreditó, el período laborado
por medio de la empresa de servicio temporal Avanza S.A.S. En concreto, como
argumentos para sustentar lo anterior, el a quo manifestó lo siguiente:

i) Cooperativa de trabajo asociado Porvenir: Si bien obra constancia de los
contratos de prestación de servicios suscritos5 entre la cooperativa de trabajo
asociado Porvenir con la E.S.E Hospital Mental Universitario de Risaralda en
los períodos comprendidos entre el 1 de agosto de 2010 al 31 de diciembre de
2011, lo cierto es que no existía prueba que dejara constancia de la vinculación
entre la demandante con la cooperativa; teniendo en cuenta que en los
documentos aportados con la demanda no se encuentra el nombre de la actora

5 Contratos de prestación de servicios No. 043 de 2008, 04 de 2009, 011 de 2009, 002 de 2010 y 007 de

2011.
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en las planillas de autoliquidación de los afiliados o los contratos que pudo
suscribir con la cooperativa. De modo que, durante este lapso no demostró de
manera fehaciente que hiciera parte de la empresa para cumplir con los
contratos suscritos con la E.S.E.

ii) Empresa de Servicio Temporal Temporales Gestionar con Calidad
S.A.S: En torno al período comprendido entre el 1 de julio de 2013 al 31 de
mayo de 2014, reposan en el plenario los contratos de prestación de servicios
suscritos6 entre la E.S.E con la empresa Temporales Gestionar con Calidad
S.A.S, con el objeto de «contratar procesos – subprocesos y procedimientos,
asistenciales y administrativos, de forma total o parcial mediante la modalidad
de operador externo, sin que exista subordinación jurídica».

No obstante, entorno a la vinculación de la demandante con la empresa
tercerizada, dijo el a quo que en el expediente obraba oficio de 22 de
septiembre de 2021, reiterado el 13 de enero de 2022 proferido por el
representante legal de Temporales Gestionar con Calidad S.A.S. en el que
comunicó que la señora Angela María Gutiérrez Marín no fue vinculada a dicha
empresa como auxiliar de enfermería para la E.S.E Hospital Mental
Universitario de Risaralda. De modo que, se coligió que la actora no acreditó
mediante los diferentes medios de prueba que prestó sus servicios como
trabajadora en misión en favor de la entidad demandada en el aludido periodo.

iii) Empresa de Servicio Temporal Avanza S.A.S: Se expuso que la
demandante prestó su servicio desde el 1 de febrero de 2017 hasta el 31 de
enero de 20197, mediante contrato laboral celebrado con la Empresa de
Servicio Temporal Avanza S.A.S para trabajar en misión como auxiliar de
enfermería en la E.S.E Hospital Mental Universitario de Risaralda, según dejó
constancia el certificado expedido por la empresa tercerizada. A su vez, acotó
el a quo que en el expediente obraban los contratos de prestación de servicios
suscritos entre el ente hospitalario con la empresa de servicio temporal. Por lo
que, a partir de esos elementos de juicio, se tuvo por acreditado las funciones
ejecutadas por la actora de manera tercerizada al servicio de la entidad
demandada para realzar funciones de auxiliar de enfermería.

Por su parte, en torno a la prestación del servicio de la demandante a partir de
la celebración directa de contratos de prestación de servicios con la E.S.E, se
estableció que en el plenario obraba constancia de la suscripción de contratos
entre las partes en los períodos comprendidos entre el año 2012 y 2017 de la
siguiente manera: del 11 de enero al 31 de marzo de 2012, 1 de abril al 31 de
julio de 2012, 1 de agosto al 31 de octubre de 2012, 1 de noviembre al 31 de
diciembre de 2012, 1 de enero al 28 de febrero de 2013, 1 de marzo al 30 de
junio de 2013, 1 de julio al 31 de diciembre de 2014, 1 de enero al 31 de mayo

6 Contratos de prestación de servicios No. 130-2013; 003-2014 y 062-2014
7 Concretamente en los siguientes periodos: Desde el 1 de febrero de 2017 al 31 de diciembre de 2017,

del 16 de enero de 2018 al 14 de enero de 2019 y del 15 de enero de 2019 al 11 de enero de 2019
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de 2015, 1 de junio de 2015 al 31 de diciembre de 2015, 1 de febrero al 31 de
agosto de 2016 y del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2016.

Por ello consideró el tribunal que la actora demostró haber prestado sus
servicios como auxiliar de enfermería mediante contratos de prestación de
servicios y por intermediación de empresas tercerizadas de trabajo; que se
probó el requisito de la remuneración, con los contratos celebrados entre las
partes.

Con relación al requisito de la subordinación o dependencia, consideró que la
entidad demandada no probó «en ningún momento» que la labor desempeñada
por la demandante fuera ejercida de manera independiente. Por el contrario, a
partir de la presunción de subordinación que recae sobre la labor de enfermería,
aunado a los elementos probatorios que yacen en el expediente, concluyó la
existencia de una relación laboral subyacente entre las partes.

En torno a la prescripción de los derechos reclamados, señaló que si bien en la
demanda la actora manifestó que las prestaciones reclamadas debían ser
reconocidas desde el 1 de agosto de 2010 «hasta la fecha en que dejara de
trabajar para la entidad», dentro del plenario se encontró probada únicamente
la prestación de su servicio en el período comprendido entre el 11 de enero de
2012 al 11 de febrero de 2019 mediante contratos de prestación de servicios y
con la empresa de servicio temporal Avanza S.A.S; y posteriormente, mediante
Resolución No. 088 del 07 de febrero de 2019 por nombramiento como auxiliar
de enfermería en el área de salud código 412 grado 01 en la E.S.E.
posesionada el 12 de febrero de 2019, por lo que la prestación de su servicio
de forma tercerizada fue hasta el 11 de febrero de 2019.

Así las cosas, sobre las interrupciones acaecidas en la prestación del servicio,
consideró el a quo que se había configurado la solución de continuidad en el
período comprendido entre el 30 de junio de 2013 y el 1 de julio de 2014, ya
que transcurrió exactamente un año entre ambos contratos, sin que existiera
prueba en el plenario de la prestación del servicio de la actora en ese tiempo.
Por tanto, se debió presentar la reclamación administrativa dentro de los tres
años siguientes al 30 de junio de 2013 en aras de obtener el reconocimiento de
las prestaciones sociales, es decir, hasta el 30 de junio de 2016, y comoquiera
que la reclamación administrativa se presentó el 27 de mayo de 2019, sobre
las prestaciones anteriores al 30 de junio de 2013 acaeció el fenómeno de la
prescripción trienal.

En cambio, no ocurrió lo mismo sobre las prestaciones sociales configuradas
entre el 1 de julio de 2014 y el 11 de febrero de 2019, pues la labor fue ejecutada
por la actora de manera ininterrumpida y su reclamación fue presentada dentro
de los tres años siguientes a la finalización del vínculo8.

8 Es decir, el 27 de mayo de 2019.

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Como consecuencia de lo anterior, reconoció las prestaciones sociales
liquidadas de conformidad con los honorarios cancelados. Por otro lado, en lo
referente al período laborado como trabajadora en misión mediante la empresa
Avanza S.A.S9, se explicó que tenía derecho al reconocimiento y pago en el
periodo ejecutado de las diferencias prestacionales de los valores que le fueron
reconocidos como trabajadora en misión y los que debió recibir como auxiliar
de enfermería.

También reconoció el pago de dotación de calzado y vestido labor en los
periodos comprendidos en los años 2017 y 2018, ya que devengó emolumentos
menores a los dos salarios mínimos. Y si bien en el año 2019 la actora devengó
en enero y febrero, de igual modo un salario menor a los dos salarios mínimos,
lo cierto era que no cumplió con los tres meses laborados en el año, es decir,
hasta abril, que establece el Decreto Reglamentario No. 1978 de 1989 para
hacerse acreedora de dicho reconocimiento prestacional.

Por último, negó el pago a la sanción moratoria por la falta de pago de las
cesantías; al reintegro de los valores asumidos por la actora como contratista
por concepto de aportes a seguridad social en salud, pensión y ARL; al
reintegro del valor descontado por concepto de retención en la fuente y
estampillas; al pago de horas extras, dominicales, festivos y trabajo
suplementario.

1.6. Recurso de apelación

1.6.1. La E.S.E Hospital Mental Universitario de Risaralda10 presentó
recurso de apelación en contra de la decisión de primera instancia con el fin
que fuera revocada totalmente. Para tal efecto, propuso como argumentos del
recurso los siguientes:

• No comparte el criterio del a quo de encontrar acreditados los tres elementos
del contrato realidad, ya que, como explicó en la contestación de la demanda,
en el presente caso se «está frente a la figura de un contrato de prestación de
servicios regido por la Ley 80 de 1993, que hace legal su aplicación». De modo
que las prestaciones sociales que fueron reconocidas no tienen asidero jurídico
y, por tanto, deben ser revocadas exonerando a la entidad demandada de toda
responsabilidad.

• En primera instancia se condenó a la E.S.E. al pago en favor de la
demandante de las diferencias prestacionales causadas con ocasión al período
en que prestó sus servicios como trabajadora en misión de la empresa Avanza
S.A.S entre el 1 de febrero de 2017 al 31 de diciembre de 2017, del 16 de enero

9 Del 1 de febrero de 2017 al 31 de diciembre de 2017; del 16 de enero de 2018 al 14 de enero de 2019
y del 15 de enero de 2019 al 11 de febrero de 2019.
10 41ApelacionDemandada.pdf Expediente digital.

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Demandante: Angela María Gutiérrez Marín

de 2018 al 14 de enero de 2019 y del 15 de enero de 2019 al 11 de febrero de
2019. Por lo tanto, la E.S.E cumplió con las obligaciones que le eran inherentes
en relación con los contratos de prestación de servicios suscritos entre la
demandante con la empresa de servicios temporales Avanza S.A.S, por lo que
es esta última la responsable del pago de los salarios, las prestaciones y la
seguridad social.

Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir
previas las siguientes,

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo11. De igual manera, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del
Proceso12, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a lo
expuesto por el apelante y, comoquiera que, en el caso de la referencia apeló
únicamente la parte demandada, su resolución se ceñirá a los argumentos
planteados en el recurso.

2.2. Problema jurídico

De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, el
problema jurídico se contrae a resolver los siguientes interrogantes:

¿Entre la señora Ángela María Gutiérrez Marín y la E.S.E Hospital Mental
Universitario de Risaralda existió una relación laboral encubierta en el período
en que la primera prestó su servicio como auxiliar de enfermería mediante
contrato de prestación de servicios y como trabajadora en misión de la empresa
temporal de empleo Avanza S.A.S.?

De probarse esa relación laboral encubierta, ¿hubo o no interrupciones en el
término de su duración, asimismo, si esa relación se encuentra o no afectada
por el fenómeno de la prescripción?

Si como consecuencia, de la existencia de esa relación laboral encubierta
¿tiene derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales dejadas
de percibir con ocasión a dicho vínculo; así como de las diferencias

11 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de

las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
12 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los

argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.»
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prestacionales causadas con ocasión al período en que prestó sus servicios
como trabajadora en misión de la empresa Avanza S.A.S?

2.3. De la relación laboral encubierta o subyacente

En lo relacionado con el derecho al trabajo, el artículo 53 Constitucional
consagra los derechos fundamentales de los trabajadores relacionados con la
igualdad de oportunidades, remuneración mínima vital y móvil proporcional a la
cantidad y calidad de trabajo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales, situación más favorable al trabajador en
caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de
derecho y primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por las
partes.

Asimismo, esa norma establece que los convenios internacionales sobre el
derecho al trabajo, debidamente ratificados por el Estado colombiano, forman
parte de la legislación interna (bloque de constitucionalidad laboral). Por esta
razón, desde el ámbito del derecho internacional, el principio de «salario igual
por un trabajo de igual valor», desarrollado por el artículo 2 del Convenio 111
de la OIT,13 constituye, junto con otros principios convencionales,14 un axioma
laboral de aplicación directa en el ordenamiento jurídico interno.

Ahora bien, al margen de lo previsto para el derecho al trabajo, en lo que
respecta al contrato estatal de prestación de servicios (uno de los instrumentos
de gestión pública y de ejecución presupuestal más importantes de la
Administración para satisfacer sus necesidades y asegurar el cumplimiento de
los fines del Estado), el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 lo
recoge como un tipo de negocio jurídico o contrato típico, en los siguientes
términos:

«3. Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con
personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con
personal de planta o requieran conocimientos especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales
y se celebrarán por el término estrictamente indispensable.»

Como se ve, el anterior precepto establece, de manera expresa, que los
contratos de prestación de servicios no son fuente de una relación laboral ni

13 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.
14 Como Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José́ de
Costa Rica), Colombia ratificó el «Protocolo de San Salvador: Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales», adoptado en San
Salvador, el 17 de noviembre de 1988, el cual en sus artículos 6 y 7 consagra el derecho al trabajo como
«(...) la oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño
de una actividad lícita libremente escogida o aceptada».
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generan la obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales; sin embargo,
la jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte Constitucional ha admitido
que tal disposición no es aplicable cuando se demuestran los elementos
configurativos de una relación laboral, a saber: la subordinación continuada, la
prestación personal del servicio y la remuneración (artículo 23 del Código
Sustantivo del Trabajo).

En esa lógica, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, la Sección
Segunda del Consejo de Estado expuso la necesidad de generar una
interpretación vinculante respecto del entendimiento del contrato estatal de
prestación de servicios contemplado en el mencionado artículo 32 de la Ley 80
de 1993, y la forma en que queda desvirtuado para dar lugar a la declaratoria
de una relación laboral encubierta o subyacente.

Lo anterior, teniendo en cuenta que toda relación jurídica que implique
conductas o actividades laborales, incluidas, claro está, aquellas en las que el
Estado es el empleador, deberá ser analizada en consideración de los derechos
fundamentales de los trabajadores previstos en el señalado artículo 53 de la
Constitución y en los convenios internacionales sobre el trabajo, debidamente
ratificados por el Estado.

En tal sentido, en el citado fallo de unificación, al analizarse los elementos del
contrato de trabajo (subordinación, prestación personal del servicio y
remuneración), se reiteraron ciertos criterios elaborados por la jurisprudencia
para identificar, en el marco de contratos estatales de prestación de servicios,
el elemento de la subordinación, en cuanto condición sine qua non para
declarar la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, a saber:

i) el lugar de trabajo, en el que precisó que en la actualidad se puede
matizar ante el surgimiento de una «nueva realidad laboral, fruto de
las innovaciones tecnológicas»;
ii) el horario de las labores, resaltando que el establecimiento o
imposición de jornadas laborales o turnos deberá ser valorado en
función del objeto contractual convenido;
iii) la dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar, que se
materializa, por ejemplo, con el ius variandi o con la inserción del
prestador del servicio en el círculo rector, organizativo o disciplinario
de la entidad; y
iv) que las actividades o tareas a desarrollar correspondan de manera
idéntica, semejante o equivalente a las que tienen asignadas los
servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos
configurativos de la relación laboral.

No obstante lo anterior, la Sección precisó que aun cuando se acrediten los
mencionados elementos del contrato de trabajo, lo que emerge entre el
contratista y la entidad es una relación laboral, gracias a la aplicación del
principio de la primacía de la realidad sobre las formas; pero, de ninguna

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manera, una vinculación legal y reglamentaria, por lo que no es posible darle la
categoría de empleado público a quien prestó sus servicios sin satisfacer las
exigencias del artículo 122 de la Carta Política15.

Finalmente, sobre este punto, determinó que incumbe al actor demostrar,
además de la prestación personal de sus servicios a cambio de una
remuneración, la existencia de unas condiciones de subordinación o
dependencia continuada, en las que el representante de la entidad contratante
o la persona que él designe, ostentó la facultad de exigirle el cumplimiento de
órdenes perentorias y de obligatoria observancia, en cualquier momento, en
cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo.

Expuestos los anteriores fundamentos, la Sección Segunda determinó las
siguientes reglas de unificación:

(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente
indispensable», al que alude el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80
de 1993, es el señalado en los estudios previos y en el objeto del
contrato, el cual, de acuerdo con el principio de planeación, tiene que
estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a favor de
la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna
manera, con ánimo de permanencia.

(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles,
entre la finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como
término de la no solución de continuidad, el cual, en los casos que se
exceda, podrá flexibilizarse en atención a las especiales circunstancias
que el juez encuentre probadas dentro del expediente.

(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de
la Seguridad Social en salud, por parte de la Administración, es
improcedente la devolución de los valores que el contratista hubiese
asumido de más, en tanto se recaudaron como recursos de naturaleza
parafiscal.

En la primera regla, la sentencia fue enfática en destacar la importancia de dar
cabal cumplimiento al principio de planeación, el cual exige a las entidades
estatales, so pena incluso de nulidad, la utilización de sus recursos de la
manera más eficiente; por esta razón, el «término estrictamente indispensable»
puede advertirse en la fase precontractual, pues es allí donde la entidad
justifica, en función del objeto a contratar y de los recursos disponibles, el
tiempo máximo que estima imprescindible para la ejecución de un contrato
futuro. De ahí que los contratos de prestación de servicios no puedan
concatenarse indefinidamente en el tiempo, cuando se suscriben con personas
naturales.

15 Al respecto, ver entre otras la sentencia de esta Sección de 13 de mayo de 2010; radicado 76001-23-

31-000-2001-05650-01(0924-09); C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez.
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En la segunda regla, la sentencia de unificación estableció en 30 días hábiles,
en principio y como marco de referencia, el término de solución de continuidad
para aquellos contratos de prestación de servicios que presenten
interrupciones, cuya consecuencia jurídica es la de establecer la prescripción
de derechos una vez declarada la relación laboral subyacente. En
consecuencia, de no superarse dicho lapso, se puede concluir «la existencia
de una unidad de vínculo contractual» siempre y cuando «se constate que los
objetos contractuales y las obligaciones emanadas de ellos son iguales o
similares y apuntan a la satisfacción de las mismas necesidades».

A este respecto, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, se reiteró
que la Sección Segunda del Consejo de Estado, en punto a la prescripción de
derechos prestacionales derivados de la relación laboral encubierta o
subyacente, ha venido aplicando la postura de la sentencia de unificación del
25 de agosto de 201616, según la cual, en caso de encontrarse acreditada la
relación laboral, quien pretenda su reconocimiento debe reclamarlo dentro de
los tres años siguientes contados a partir de la finalización del vínculo
contractual, y, en aquellos casos donde se presente solución de continuidad
entre contratos, debe analizarse la prescripción frente a cada uno de ellos, a
partir de sus fechas de finalización17, por lo que de no presentarse la
reclamación en ese período, operará el fenómeno prescriptivo, salvo en lo
relacionado con los aportes a pensión que no están sometidos a dicho
término18.

En igual sentido, mediante providencia de 11 de noviembre de 2021, la Sección
Segunda aclaró que el término de la solución de continuidad unificado solo
cobra relevancia si se configuran los elementos establecidos en el artículo 23
del Código Sustantivo del Trabajo, pues, de no estarlo, no existe una relación
laboral cuya duración deba ser examinada.

Finalmente, en la tercera regla, la Sección Segunda consideró improcedente la
devolución de los aportes a la Seguridad Social en salud efectuados por el
contratista en exceso, por «constituir estos aportes obligatorios de naturaleza
parafiscal».

16 Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-025-CE-S2-2021.
17 En los precisos términos de la sentencia de unificación, se indicó: «[…] Pero en aquellos contratos de

prestación de servicios, pactados por un interregno determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene
un lapso de interrupción, frente a cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus
fechas de finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es
precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le corresponderá al juez
verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será excluida de reconocimiento y examinada
en detalle en cada caso particular, en aras de proteger los derechos de los trabajadores, que han sido
burlados por las autoridades administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación
de servicios. […]» (Negrita fuera del texto)
18 Siendo deber del juez administrativo pronunciarse en todos los casos, aun si no se hubiesen deprecado

de forma expresa, en el sentido de ordenar que se realicen los aportes sobre las diferencias que se
demuestren causadas, mes a mes, respecto de la parte que le correspondía a la entidad contratante como
empleadora.
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Las reglas de unificación en cita constituyen precedente vinculante en los
términos de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, en armonía con los
artículos 270 y 271 ejusdem, para todos los casos que se encuentren en estudio
en la vía judicial y administrativa.

2.4. Análisis de la Sala frente al primer problema jurídico

El material probatorio recaudado en el proceso demuestra lo siguiente:

• Derecho de petición presentado el 27 de mayo de 2019 19 por Ángela María
Gutiérrez Marín, mediante apoderado a la E.S.E Hospital Mental Universitario
de Risaralda, por el cual solicitó la declaratoria de la existencia de una relación
laboral subyacente entre las partes en el período en el cual prestó sus servicios
como auxiliar de enfermería directamente por contratos de prestación de
servicios y por intermedio de empresas tercerizadas de trabajo, desde agosto
de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2011. Como consecuencia de ello, solicitó
el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales, tales como: primas,
cesantías, intereses a las cesantías, entre otros conceptos.

• Oficio del 27 de junio de 2019 proferido por la E.S.E Hospital Mental
Universitario de Risaralda20, mediante el cual responde negativamente la
solicitud planteada por la actora. Para tal fin, la entidad puso de presente los
siguientes argumentos:

«(…) no es posible acceder a su pretensión de declaratoria de existencia de
unas prestaciones personales de servicios regidas por contratos de trabajo, en
atención a que si bien su procurada estuvo vinculada a la ESE, dicha relación
estuvo regulada por unos contratos de prestación de servicios en apoyo a la
gestión, regidos en un todo por disposiciones ajenas a las propias de un
servidor público, por Cooperativas de Trabajo Asociado que le cancelaron
todos sus emolumentos a título de compensaciones, o por Empresas de
Servicios Temporales que igualmente le retribuyeron no solo el salario sino las
prestaciones sociales que dichos vínculos generaron (…)».

• Certificados expedidos por la jefe de Talento Humano de la E.S.E Hospital
Mental Universitario de Risaralda del 19 de junio de 2019, en los cuales deja
constancia que la señora Angela María Gutiérrez Marín no fue funcionaria de
la ESE, solo tuvo contratos de prestación de servicios21, no se encontró soporte
documental donde se evidencie su participación a reuniones22 y que en el
desarrollo de su servicio no se le hizo entrega de dotación23.

• Certificado expedido por la subdirectora administrativa de la E.S.E Hospital
Mental Universitario de Risaralda Pereira del 21 de julio de 202124, en la que

19 01Cuaderno1.pdf Expediente digital Pág. 43
20 01Cuaderno1.pdf Expediente digital Pág. 49
21 01Cuaderno1.pdf Expediente digital Pág. 52
22 01Cuaderno1.pdf Expediente digital Pág. 51
23 Ibidem.
24 16RespuestaHomeris Expediente digital

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se discrimina la planta de cargos y salarios devengados por los empleados.
Dentro de tal acto, se observa la existencia del cargo de «auxiliar en salud»
código 412, grado 02, con un total de 12 cargos de planta.

• Manual de funciones de la E.S.E25 en el que se advierte la existencia del cargo
«Auxiliar de la Salud», nivel asistencial, código 412, grado 2, ubicado en la
dependencia de Subdirección Científica, en el que se advierte que su jefe
inmediato es el «enfermero jefe».

• Acuerdo No. 006 del 24 de agosto de 2006, por medio del cual se adopta el
reglamento interno de trabajo de la E.S.E Hospital Mental Universitario de
Risaralda Pereira26.

• Certificado expedido por el jefe de talento humano de la E.S.E Hospital Mental
Universitario de Risaralda del 26 de diciembre de 201927, en el cual deja
constancia que Ángela María Gutiérrez Marín «labora desde el 12 de febrero
de 2019 en la entidad como auxiliar área salud código 412, grado 01, nombrada
mediante Resolución No. 088 de 7 de febrero de 2019».

• Especificación de los factores salariales a los que tienen derecho los
empleados públicos de la planta de personal de la E.S.E Hospital Mental
Universitario de Risaralda, en los que se detallaron los siguientes: prima de
vacaciones, vacaciones, prima de navidad y cesantías. Además, en torno a los
factores salariales a los que tienen derecho se dijeron los siguientes:
bonificación por servicios prestados y prima de vacaciones28.
• Certificado expedido el 13 de diciembre de 201629 por la subdirectora
administrativa de la E.S.E Hospital Mental Universitario de Risaralda, en el que
se deja constancia de la ejecución de los siguientes contratos de prestación de
servicios por la actora como auxiliar de enfermería en favor de la entidad: 179-
2012, 018-2013, 080-2013, 070-2014, 007-2015, 013-2015, 015-2016 y 116-
2016.

• Contratos de prestación de servicios No. 022-200830, suscrito entre la E.S.E
Hospital Mental Universitario de Risaralda y la cooperativa multifuncional de
servicios profesionales «COOMULTISERPRO CTA» con el objeto de que la
contratista se comprometiera «solidariamente con sus asociados o personal
vinculado a realizar labores profesionales, administrativas y técnico-operativas,
que se requieran para el normal desempeño del objeto de la entidad en los
diferentes procesos que ejecuta para el desarrollo de su misión, en el período
comprendido entre el 1 de enero hasta el 29 de febrero de 2008».

25 01Cuaderno1.pdf Expediente digital Pág. 53
26 01Cuaderno1.pdf Expediente digital Pág. 57
27 01Cuaderno1.pdf Expediente digital Pág. 100
28 16RespuestaHomeris Expediente digital
29 01Cuaderno1.pdf Expediente digital Pág. 102
30 02AnexosDemandaCdFl13 Expediente digital

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• Contratos de prestación de servicios No. 043-200831, No.004-200932, No.
011-200933, No. 002-201034, No. 007-201135 suscritos entre la E.S.E Hospital
Mental Universitario de Risaralda y la cooperativa de trabajo asociado Porvenir
«COOTRASPOR» con el objeto de que esta última mediante sus asociados o
personal vinculado realizara las labores profesionales, administrativas y
técnico-operativas, que se requieran para el normal desempeño del objeto de
la entidad, en los períodos comprendidos entre el 19 de abril al 31 de diciembre
de 200836, 1 al 31 de enero de 200937, 1 de febrero al 31 de marzo de 200938,
1 de enero al 30 de junio de 201039 y 1 de enero al 31 de diciembre de 201140
• Contrato de prestación de servicios No. 040-200941 suscrito entre la E.S.E
Hospital Mental Universitario de Risaralda y cooperativa de trabajo asociado
«COOPSALUD» C.T.A con el objeto que esta última ejecutara el proceso
técnico administrativo de facturación y cartera de los servicios de salud
prestados por la entidad a los usuarios de las diferentes administradoras de
planes de beneficios EPSs, ARPs, entes territoriales y particulares, con los
cuales se tengan suscritos contratos de prestación del servicio de salud, en los
períodos comprendidos entre el 1 de abril al 31 de diciembre de 2009.

• Contratos de prestación de servicios No. 006-201042 y No. 006-201143
suscritos entre la E.S.E Hospital Mental Universitario de Risaralda y la
cooperativa de trabajo asociado «SURGIR», con el objeto de que esta última
contratara los procesos – subprocesos y procedimientos administrativos de
forma total o parcial mediante la modalidad de operador externo, en los
períodos comprendidos entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2010 44 y 1
de enero al 31 de diciembre de 201145.

• Contratos de prestación de servicios No. 130-201346, No.003-201447 y No.
062-201448 suscritos entre la E.S.E Hospital Mental Universitario de Risaralda
y la empresa temporal gestionar con calidad S.A.S «TEMPO GESTIONAR»,
con el objeto de que esta última contratara procesos – subproceso y
procedimientos, asistenciales y administrativos, de forma total o parcial,
mediante la modalidad de operador externo, en los períodos comprendidos

31 02AnexosDemandaCdFl13 Expediente digital
32 02AnexosDemandaCdFl13 Expediente digital
33 02AnexosDemandaCdFl13 Expediente digital
34 02AnexosDemandaCdFl13 Expediente digital
35 02AnexosDemandaCdFl13 Expediente digital
36 No. 043-2008
37
No.004-2009
38 No. 011-2009
39 No. 002-2010
40 No. 007-2011
41 02AnexosDemandaCdFl13 Expediente digital
42 02AnexosDemandaCdFl13 Expediente digital
43 02AnexosDemandaCdFl13 Expediente digital
44 No. 006-2010
45 No. 006-2011
46 02AnexosDemandaCdFl13 Expediente digital
47 02AnexosDemandaCdFl13 Expediente digital
48 02AnexosDemandaCdFl13 Expediente digital

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entre: 1 de julio al 31 de diciembre de 201349, 1 al 31 de enero de 201450 y 1
de febrero al 30 de junio de 201451.

• Certificado expedido por el representante legal de la empresa Temporales
Gestionar con Calidad S.A.S el 22 de septiembre de 202152, que deja
constancia que Ángela María Gutiérrez Marín «no fue vinculada con nuestra
empresa como auxiliar de enfermería para la ESE HOSPITAL MENTAL
UNIVERSITARIO DE RISARAL (sic) (…) según los archivos de TEMPORALES
GESTIONAR CON CALIDAD SE ENCUENTRA inactiva».

• Informes de ejecución contractual de Ángela María Gutiérrez Marín en
desarrollo de los contratos de prestación de servicios No. 033-2012, No. 126-
2012 y 079-2012 en los que se observan los formatos de prestación del servicio
en cumplimiento de sus funciones en los turnos establecidos por la entidad en
las jornadas de mañana, tarde y noche, cumpliendo un total de 192 horas
mensuales en los meses de julio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre
de 2012.

• Informe de ejecución contractual en desarrollo del contrato de prestación de
servicios No. 007-201553 y No. 136-201554 en el que se observa el control de
programación de actividades de la actora, las cuales eran realizados por la
entidad con base en el «cumplimiento del manual de funciones de la
institución»; así como las constancias de turnos realizados en las jornadas de
mañana, tarde y noche, en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo,
junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2015.

• Informe de ejecución contractual en desarrollo de los contratos de prestación
de servicios No. 015-2016 y No. 116-2016, en el que se observa el control de
programación de actividades desarrollado por la actora en la ejecución de los
contratos, así como las constancias de turnos realizados en las jornadas de
mañana, tarde y noche en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo,
junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2016.

• Contratos de prestación de servicios suscritos entre Ángela María Gutiérrez
Marín y la E.S.E Hospital Mental Universitario de Risaralda:

No. contrato Fecha de Fecha de Objeto Valor
o adición inicio terminación
033-201255 11 de enero 31 de marzo de Contratar los $4.400.000
de 2012 2012 servicios
079-201256 1 de abril de 31 de julio de técnicos laboral $6.000.000
2012 2012 en auxiliar de

49 No. 130-2013
50 No.003-2014
51 No. 062-2014
52 27RespuestaTempogestionar Expediente digital
55 02AnexosDemandaCdFl13 Expediente digital
56 02AnexosDemandaCdFl13 Expediente digital

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enfermería a
nivel asistencial
de conformidad
a lo establecido
con las
funciones de su
cargo, Guías de
enfermería,
principios y
valores
institucionales
para el
cumplimiento
de 192 horas
mensuales.
126-201257 1 de agosto de 31 de octubre Prestar $4.500.000
2012 de 2012 servicios
179-201258 1 de 31 de diciembre técnicos $3.000.000
noviembre de de 2012 laborales en
2012 auxiliar de
enfermería a
nivel asistencial
con el fin de dar
cumplimiento a
las
requisiciones
por horas que
sean
necesarias para
el normal
funcionamiento
del hospital,
hasta el monto
máximo
establecido en
el presente
contrato.
018-201359 1 de enero de 28 de febrero de Prestar ***
2013 2013 servicios
técnicos
laborales en
auxiliar de

55 02AnexosDemandaCdFl13 Expediente digital
56 02AnexosDemandaCdFl13 Expediente digital
57 02AnexosDemandaCdFl13 Expediente digital
58 02AnexosDemandaCdFl13 Expediente digital
59
Si bien no obra copia en el expediente del contrato de prestación de servicios No. 018-2013, constancia
de su celebración lo da el certificado expedido el 13 de diciembre de 2016 (01Cuaderno1.pdf Expediente
digital Pág. 102) expedido por la subdirectora administrativa de la E.S.E Hospital Mental Universitario de
Risaralda, donde se observa claramente los extremos contractuales, las partes que lo firmaron, el objeto
contractual y su interventor. Además, la entidad demandada al contestar la demanda puntualmente
reconoció como parcialmente ciertos los hechos quinto y sexto, propiamente en cuanto a que entre las
partes se celebraron contratos de prestación de servicios desde el 1 de enero de 2012 hasta el 30 de
junio de 2013, periodo en el que se encuentra el desarrollado en el contrato No. 018-2013, que transcurrió
entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2013. De modo que, para la Sala, es claro que no existe discusión
respecto a la suscripción del contrato en cita, máxime teniendo en cuenta que en la apelación incoada por
la entidad no se desconoce la celebración de los contratos de prestación de servicios realizados entre las
partes y, en cambio, se alega la inexistencia de una relación laboral y si contractual.
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Demandante: Angela María Gutiérrez Marín

enfermería a
nivel
asistencial,
según
propuesta
adjunta para el
buen
funcionamiento
del Hospital.
080-201360 1 de marzo de 30 de junio de Prestar $6.180.000
2013 2013 servicios
técnicos
laborales en
auxiliar de
enfermería a
nivel asistencial
con el fin de dar
cumplimiento a
las
requisiciones
por horas que
sean
necesarias para
el normal
funcionamiento
del hospital,
hasta el monto
máximo
establecido en
el presente
contrato.
Interrupción de 365 días (1 año)
070-201461 1 de julio de 31 de diciembre Prestar $9.600.000
2014 de 2014 servicios
007-201562 1 de enero de 31 de mayo de Técnicos $8.295.000
2015 2015 laborales en
136-201563 1 de junio de 31 de diciembre Auxiliar de $11.613.000
2015 de 2015 Enfermería a
nivel asistencial
de conformidad
a las, Guías de
enfermería,
principios y
valores
institucionales
para el
cumplimiento
de 192 horas
mensuales
según

60 02AnexosDemandaCdFl13 Expediente digital
61 02AnexosDemandaCdFl13 Expediente digital
62 01Cuaderno1.pdf Expediente digital Pág. 36
63 02AnexosDemandaCdFl13 Expediente digital

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Demandante: Angela María Gutiérrez Marín

propuesta
adjunta y para
el buen
funcionamiento
del Hospital
015-201664 1 de enero de 31 de marzo de Prestar $5.276.160
201665 2016 servicios
116-201666 1 de abril de 31 de diciembre Técnicos $17.312.400
2016 de 2016 laborales en
011-201767 1 de enero de 20 de enero de Auxiliar de $1.245.760
2017 2017 Enfermería a
nivel asistencial
de conformidad
a las, Guías de
enfermería,
principios y
valores
institucionales,
según
propuesta
adjunta y para
el buen
funcionamiento
del Hospital.

• Contratos de prestación de servicios suscritos entre la E.S.E Hospital Mental
Universitario de Risaralda y la empresa de servicios temporales Avanza S.A.S:

No. contrato Fecha de Fecha de Objeto Valor
o adición inicio terminación
No.066- 1 de febrero 31 de julio de El contratista se $866.172.444
201768 de 2017 2017 compromete a
suministrar el
personal
profesional en
el área médico
asistencial y
afines en misión
a la E.S.E
Hospital Mental
Universitario de
Risaralda, por
solicitud
expresa del
hospital.
Además,
prestará el
contratista por

64 01Cuaderno1.pdf Expediente digital Pág. 30
65 Según deja constancia el acta de inicio del contrato de prestación de servicios, que yace
02AnexosDemandaCdFl13 Expediente digital
66 01Cuaderno1.pdf Expediente digital Pág. 33
67 01Cuaderno1.pdf Expediente digital Pág. 33
68 02AnexosDemandaCdFl13 Expediente digital

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su propia
cuenta y riesgo,
teniendo en
cuenta los
perfiles
profesionales
solicitados para
tales efectos
por la ESE
como médicos
psiquiatras,
médicos
generales,
enfermeras
jefes, auxiliares
de enfermería,
psicólogos
especializados,
psicólogos
generales,
trabajadora
social, ingeniero
de sistemas,
coordinador de
facturación y
cartera, auxiliar
de facturación y
citas, secretaría
de gerencia,
secretaría de
sub gerencia,
conductor y los
demás que la
institución
requiera.
No. 160- 18 de 31 de diciembre El contratista se $81.632.220
201769 diciembre de de 2017 compromete a
2017 suministrar el
personal
profesional en
el área médico
asistencial y
afines en misión
a la E.S.E
Hospital Mental
No.027- 15 de enero 14 de junio de El contratista se $335.124.886
201870 de 2018 2018 compromete a
suministrar el
personal
profesional en
el área médico
asistencial,

69 02AnexosDemandaCdFl13 Expediente digital
70 02AnexosDemandaCdFl13 Expediente digital

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administrativo y
afines en misión
a la E.S.E
Hospital Mental
Universitario de
Risaralda
No. 077- 18 de 31 de diciembre El contratista se $459.287. 945
201871 septiembre de de 2018 compromete a
2018 suministrar el
No. 001- 1 de enero de 14 de enero de personal $114.275.956
201972 2019 2019 profesional en
No. 020- 15 de enero 31 de enero de el área médico $737.415.766
201973 de 2019 2019 asistencial
administrativos
y afines en
misión a la
E.S.E Hospital
Mental
Universitario de
Risaralda, por
solicitud
expresa del
hospital.
• Certificado expedido por el representante legal de Avanza S.A.S, el 16 de
noviembre de 202174, el cual deja constancia que Angela María Gutiérrez Marín
laboró en dicha empresa por contrato obra o labor enviada como trabajadora
en misión para la E.S.E Hospital Mental de Risaralda «HOMERIS» en los
siguientes periodos:

Cargo Salario Fecha de ingreso Fecha de retiro
Auxiliar de $1.000.000 1 de febrero de 2017 31 de diciembre de
enfermería 2017
$1.082.536 16 de enero de 2018 14 de enero de 2019
$1.082.536 15 de enero de 2019 11 de febrero de
2019

• Liquidación definitiva de los contratos de obra o labor celebrados entre Ángela
María Gutiérrez Marín con la empresa Avanza S.A.S, por la prestación de su
servicio como auxiliar de enfermería en la E.S.E Hospital Mental Universitario
de Risaralda75, para los siguientes períodos: i) entre el 1 de febrero de 2017 y
el 31 de diciembre de 2017; ii) entre el 1 de enero de 2018 al 16 de enero de
2019; iii) entre el 15 de enero de 2019 y el 11 de febrero de 2019. En tales
liquidaciones se advierte que dentro de los factores prestacionales incluidos se
encuentra el pago de cesantías, vacaciones en dinero, intereses a las
cesantías y primas.

71 02AnexosDemandaCdFl13 Expediente digital
72 02AnexosDemandaCdFl13 Expediente digital
73 02AnexosDemandaCdFl13 Expediente digital
74 29RespuestaAvanzaSAS.pdf Expediente digital
75 23RespuestaAvanzaSAS Expediente digital

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Del anterior material probatorio, se tiene demostrada la prestación personal
del servicio de la demandante como auxiliar de enfermería, comoquiera que,
en un primer momento, fue contratada por la E.S.E enjuiciada mediante
contratos de prestación de servicios en los períodos comprendidos entre el 11
de enero de 2012 al 20 de enero de 2017, salvo los tiempos de interrupción.
De la misma manera, se probó que a través de la empresa de servicio temporal
Avanza S.A.S. también prestó sus servicios a la demandada así: del 1 de
febrero de 2017 al 31 de diciembre de 2017; del 16 de enero de 2018 al 14 de
enero de 2019 y del 15 de enero de 2019 al 11 de febrero de 2019.

De la misma manera, con esos elementos de juicio y demás documentales
aportadas al plenario, se demuestra el segundo elemento de la relación laboral,
esto es, la contraprestación o remuneración, que se refiere a las sumas de
dinero recibidas por la demandante durante la ejecución de sus labores; montos
que se encuentran descritos en los contratos de prestación de servicios
expuestos en los cuadros que anteceden, así como en los recibos de
liquidación definitiva realizada por la empresa Avanza S.A.S en desarrollo de
los contratos celebrados con la actora para el desarrollo de su servicio en favor
de la E.S.E enjuiciada.

En cuanto al elemento esencial de la relación laboral esto es, el de la
continuada subordinación y dependencia, se recuerda que, de acuerdo con
lo previsto en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo consiste en la
facultad que le asiste al empleador para exigirle al trabajador «el cumplimiento
de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de
trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo
de duración del contrato».

Elemento respecto del cual, la Sala ha afirmado que «implica una superioridad
jerárquica en el esquema organizacional de quien se atribuye esta facultad
sobre el subordinado», mientras que la coordinación «más que una facultad
es una obligación que el estatuto de contratación estatal, por medio de las
normas que lo rigen, impone a los entes públicos que desarrollen cualquier tipo
de convenio con rubros oficiales, y que deben realizar para garantizar la
correcta ejecución del objeto contractual. Dicha obligación incluye facultades
de carácter administrativo, que implican regularizar algunas funciones, el definir
horarios en la prestación del servicio contratado e incluso el suministro de
algunos elementos, que identifiquen al contratista con la comunidad; empero,
coordinar de ningún modo lleva implícita la superioridad jerárquica contenida
de la subordinación»76.

En el caso concreto, se tiene acreditado que la demandante estuvo vinculada
por alrededor de 8 años a la E.S.E Hospital Mental Universitario de Risaralda

76 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 29 de julio

de 2021, expediente:3536-2018, magistrado ponente: William Hernández Gómez.
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ejerciendo labores de enfermería y cumpliendo un mismo objeto contractual77,
por lo que resulta necesario establecer indicios que determinen la existencia de
subordinación en la ejecución de las labores realizadas en el presente asunto,
atendiendo lo expuesto por esta Corporación en la sentencia de unificación
SUJ-025-CES2-2021 en la que precisó como tales los siguientes:

“i) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico facilitado por la
entidad para que el contratista lleve a cabo sus actividades. Sin embargo, ante el
surgimiento de una nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones tecnológicas, la
Sala Plena estimó necesario matizar esta circunstancia, por lo que el juzgador debe
valorarla, en cada caso concreto, atendiendo a las modalidades permitidas para los
empleados de planta.

ii) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición de una
jornada de trabajo al contratista no implica, necesariamente, que exista
subordinación, y, por consiguiente, que la relación contractual sea simulada. Así,
ciertas actividades de la Administración (servicios de urgencia en el sector salud o
vigilancia, etc.) habitualmente requieren la incorporación de jornadas laborales y de
turnos para atenderlas. Por ello, si bien la exigencia del cumplimiento estricto de un
horario de trabajo puede ser indicio de la existencia de una subordinación subyacente,
tal circunstancia deberá ser valorada en función del objeto contractual convenido.

iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien sea a través
de la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al
modo, tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición de reglamentos internos, o el
ejercicio del poder de disciplina o del ius variandi, la dirección y control efectivo de las
actividades del contratista constituye uno de los aspectos más relevantes para
identificar la existencia o no del elemento de la subordinación. En ese sentido, lo que
debe probar el demandante es su inserción en el círculo rector, organizativo
disciplinario de la entidad, de manera que demuestre que esta ejerció una influencia
decisiva sobre las condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento de su objeto
contractual. Así, cualquier medio probatorio que exponga una actividad de control,
vigilancia, imposición o seguimiento por parte de la entidad, que en sana crítica se
aleje de un ejercicio normal de coordinación con el contratista, habrá de ser valorado
como un indicio claro de subordinación.

iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que tienen
asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos
configurativos de la relación laboral. El hecho de que el servicio personal
contratado consista en el cumplimiento de funciones o en la realización de tareas
idénticas, semejantes o equivalentes a las asignadas en forma permanente a los
funcionarios o empleados de planta de la entidad, puede ser indicativo de la existencia
de una relación laboral encubierta o subyacente, siempre y cuando en la ejecución
de esas labores confluyan todos los elementos esenciales de la relación laboral a los
que se refiere el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo.”

Así pues, siguiendo los criterios previamente expuestos, se procederá a
determinar la existencia de la subordinación en el presente asunto a partir de
los siguientes ítems:

77 De la lectora generalizada de los contratos de prestación de servicios celebrados entre la E.S.E con la

demandante, así como de los certificados que dejan constancia de su servicio tanto por contrato como
por medio de la empresa de servicio temporal Avanza S.A.S, se concluye que aquella tenía como
funciones las de prestar su servicio como auxiliar de enfermería.
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I) Lugar de trabajo: Del análisis en conjunto del acervo probatorio y bajo la
sana crítica, se concluye que el lugar en el cual la actora desarrolló sus
funciones, ya sea en desarrollo de los contratos de prestación de servicios
suscritos con la entidad, así como en calidad de trabajadora en misión de la
empresa Avanza S.A.S, fue en las instalaciones de la E.S.E Hospital Mental
Universitario de Risaralda y en los contratos directamente con ésta, prestó
también sus servicios personales en sus dependencias.

II) La dirección y el control efectivo de las actividades a ejecutar: De la
lectura de las obligaciones contractuales y laborales realizadas por la
demandante, aunado al análisis efectuado por la Sala de las pruebas
documentales encontradas en el plenario, se desprende que las labores
ejecutadas por la actora, contrario a lo indicado por la parte recurrente, no
fueron realizadas acorde al principio de autonomía y coordinación, por el
contrario, se fundaron en la sujeción a las directrices emitidas por sus jefes
inmediatos relacionadas con las funciones a ejecutar, el lugar de desempeño y
turnos78 para esos efectos.

Ello se advierte de la sujeción que existía, para el cumplimiento de sus
obligaciones, a las indicaciones realizadas por el personal que cumplía
funciones de supervisión de los contratos ejecutados, quienes realizaban
intervenciones pormenorizadas y categorizaban el servicio a partir de las
funciones instituidas a cargo de las auxiliares de enfermería de planta de la
entidad en el manual de funciones79. Además, la ausencia de autonomía de la
actora se corrobora con el hecho que, para el desarrollo de su servicio era
necesario que acatara las guías de enfermería, los principios y valores
institucionales de la E.S.E80, con lo que se advierte su inserción en el circulo
rector y organizativo de la entidad.

Además, es de resaltar que el personal interno de la entidad que realizaba las
labores de supervisión y control de las actividades ejecutadas por la actora era
el enfermero jefe, quien, a su vez, según se observa en el manual de funciones,
resulta ser el superior jerárquico del personal asistencial «auxiliar en salud»81
quienes cumplían funciones análogas a las desarrolladas por la actora, tal y
como se desarrollará en el acápite siguiente.

Asimismo, conforme al criterio de esta sección la labor de enfermería no puede
desempeñarse de manera independiente y autónoma, pues quienes la ejercen
no pueden, con se evidencia en el presente asunto, definir el lugar o el horario

78 Dentro del expediente obra constancia que, para la ejecución de las funciones contratadas, era
necesario que la demandante cumpliera con horarios que trascendían en jornadas de mañana, tarde y
noche, cuya verificación estaba a cargo del enfermero jefe.
79 01Cuaderno1.pdf Expediente digital Pág. 53
80 Vrg Contrato de prestación de servicios No. 079-2012 «Contratar los servicios técnicos laboral en

auxiliar de enfermería a nivel asistencial de conformidad a lo establecido con las funciones de su cargo,
Guías de enfermería, principios y valores institucionales para el cumplimiento de 192 horas mensuales».
81 01Cuaderno1.pdf Expediente digital Pág. 53

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en que prestan sus servicios; ni tampoco suspender su ejecución sin que medie
alguna justificación, pues, de hacerse, se pondría en riesgo la prestación del
servicio de salud. Aunado al hecho que, por regla general, la prestación de este
servicio se encuentra regulado por las directrices que al respecto establezca el
personal médico a cargo de los cuidados y tratamientos que requieran los
pacientes a fin de garantizar de manera íntegra el servicio – derecho
fundamental de la salud. De modo que, con todo, sobre la labor de enfermería
recae, en principio, un indicio per se de subordinación, dirección y control en su
ejecución82, el cual fue corroborado en el presente caso.

iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que
tienen asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan
los elementos configurativos de la relación laboral:

Al respecto, debe tenerse de presente que la Ley 100 de 1993, en su artículo
194 reguló que «La prestación de servicios de salud en forma directa por la
Nación o por las entidades territoriales, se hará principalmente a través de las
empresas sociales del Estado, que constituyen una categoría especial de
entidad pública descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y
autonomía administrativa, creadas por la ley o por las asambleas o concejos,
según el caso, sometidas al régimen jurídico previsto en este capítulo» y en su
artículo 195 señaló el régimen jurídico indicando que «2. El objeto debe ser la
prestación de los servicios de salud, como servicio público a cargo del Estado
o como parte del servicio público de seguridad social». Luego, en el Decreto
1876 de 1994 se estableció que el objeto de las empresas sociales del Estado
«será la prestación de servicios de salud, entendidos como un servicio público
a cargo del Estado y como parte integrante del sistema de seguridad social en
salud».

De tal manera que, teniendo la E.S.E Hospital Mental Universitario de Risaralda
la función de prestación del servicio público de salud permite afirmar que las
funciones ejecutadas por la aquí demandante a su servicio tienen una relación
directa con el objeto de la entidad y no podían ejecutarse de manera esporádica
y a criterio de la contratista, dado el carácter asistencial de la actividad
ejecutada.

Además, con las pruebas aportadas al caso concreto se constata la existencia
de personal de planta que prestó los servicios realizados por la actora en las
mismas condiciones y calidades. En concreto, se observa el certificado
expedido por la subdirectora administrativa de la E.S.E del 21 de julio de 2021,
en el cual advierte que en la planta de cargos de la entidad existe el de «auxiliar
en salud» código 412, grado 02, cuyas obligaciones, expuestas en el manual

82 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 21 de abril

de 2016, expediente 2820-2014, magistrado ponente: Bertha Lucía Ramírez de Páez. Reiterado en
sentencia de 16 de junio de 2022, C.P. Gabriel Valbuena Hernández, radicado interno 4679-2019.
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de funciones de la entidad83, resultan ser similares a las realizadas por la actora
tal y como se procede a exponer:

Funciones de las auxiliares en salud Obligaciones realizadas por la
demandante establecidas en los informes
de ejecución
«1. Hacer recibo y entrega de turno según los «1. Conteo de pacientes.
horarios establecidos en la programación de 2. Entrega y recibo de turnos.
turnos y actividades, verificar durante el mismo 3. Revisión de inventarios del servicio
el estado y funcionamiento de equipos, 4. Apertura de Lockers
instrumentos y elementos de trabajo ubicados 5. Supervisión de aseo personal de Ptes
bajo su responsabilidad. (Baño de Ptes)
6. Aseo de Unidades (Tendido de camas)
2. Contar a los paciente, organizar el kardex, 7. Vigilar y controlar ingesta del desayuno
brindar asistencia en el baño y cambio de ropa 8. Administración de medicamentos (Registro
a pacientes, cumplir con las frecuencias de de Mto)
suministro de medicamentos y toma de signos 9. Conteo del stock de medicamentos
vitales ordenadas por el médico, identificar las 10. Chequeo de Historia clinica y cambios
dietas especiales para pacientes e informarlo al 11. Control de signos vitales
servicio de alimentación, elaborar tarjetas de 12. Supervisión del área
tratamiento detallando en orden nombre del 13. Entrega de media mañana
paciente, tratamiento realizado, dosis y hora, 14. Acompañamiento del paciente en su plan
brindar cuidado directo y apoyo emocional a los terapéutico
pacientes permitiéndoles que socialicen los 15. Acompañamiento y supervisión
sentimientos, observar rigurosamente a 16. Notas de enfermería
pacientes de alto riesgo y aquellos que están a 17. Verificación de unidades
su cargo e informar oportunamente al 18. Preparación y administración del
profesional responsable sobre situaciones de medicamento
emergencia y riesgos que observe en los 19.Facturación, ingreso de pacientes nuevos
paciente, orientar al paciente según su estado 20. Administración de merienda
sobre las diferentes actividades que se realicen 21. Vigilar patrón de sueño he informar
en la entidad. Consignar todas las actividades cambios
desarrolladas con los pacientes en las historias 22. Entrega de turno»
clínicas, cumpliendo las normas institucionales
vigentes sobre la materia.

3. Hacer arreglo de la unidad de servicio,
organizar medicamentos y verificar inventarios,
velar por el buen funcionamiento de equipos,
instrumentos y elementos de servicio bajo su
cuidado. Recoger la ropa sucia y entregarla
inventariada. Diligenciar los registros
estadísticos pertinentes con las actividades
desarrolladas en cumplimiento de sus
funciones.

4. Realizar recepción a los pacientes que
vienen a consulta por urgencias y hacer la
apertura de la historia clínica para los pacientes
nuevos en dicho servicio; hacer ingresos,
traslados y egresos de pacientes entre
servicios, preparar los pacientes para T.E.C.,
colaborar en el procedimiento y acompañarlos
en la recuperación, hacer inmovilización de
pacientes cuando el médico lo ordene y/o el
caso lo amerite; prestar primeros auxilios en los
casos en los que así se requiera.

5. Hacer los recibos de caja en el sistema y
físicamente por todo pago efectuado por los

83 01Cuaderno1.pdf Expediente digital Pág. 53

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pacientes. Responder por los dineros
recaudados en el servicio de urgencias y
registrar en el cuaderno los recibos de caja y
facturas utilizadas diariamente (….)»

Con lo anterior, es claro que la entidad demandada a través de la contratista
hoy demandante pretendió cubrir las funciones que le son permanentes;
situación para lo cual vale reiterar que esta Sección en la sentencia de
unificación SUJ-025-CE-S2-2021, precisó como regla de unificación que las
entidades del Estado al momento de celebrar contratos de prestación de
servicios, deben guiarse del objeto a contratar, ajustado a la necesidad del
servicio en lineamiento del principio de planeación, a fin de que las labores a
ejecutar a través de dicha figura contractual resulten ser de carácter temporal
y en ningún caso permanente.

Contrario a ello, con lo expuesto hasta este punto, se advierte que, a través de
los distintos contratos de prestación de servicios suscritos con la actora, la
entidad demandada buscó de manera reiterada suplir su necesidad
permanente de prestar el servicio de salud. Con lo que además de
desmejorar las condiciones laborales de la demandante como personal
tercerizado que ejecutaba sus funciones misionales, incumplió el mandato
previsto en el artículo 122 de la Constitución Política, según el cual se requiere
que el empleo público sea provisto por la respectiva planta de personal y con
base en el presupuesto correspondiente84.

Máxime teniendo en cuenta que, dentro de la planta del personal de la entidad,
se acreditó la existencia de un cargo análogo a sus funciones, esto es, «auxiliar
en salud» código 412, grado 02. De forma que era necesario, siguiendo las
disposiciones contenidas en la Ley 909 de 200485, que dispusiera la creación
de plantas temporales que suplieran la necesidad de los servicios requeridos y
realizado por la demandante. Al no hacerlo y, en cambio, permitir que la
demandante realizara las funciones que le son propias mediante distintos
contratos es claro que se desvirtúan los parámetros de la prestación del servicio
independiente de la contratista y, en consecuencia, se configura la existencia
de la relación laboral subyacente.

Por otra parte, con ocasión a la vinculación realizada mediante empresas de
servicios temporales (EST), en los artículos 71 a 94 de la Ley 50 de 1990, se
regula dicha figura siendo autorizadas para ayudar de forma temporal en el
desarrollo de actividades misionales a otras empresas, lo cual implica el
suministro de trabajadores en misión únicamente en los eventos señalados en
el artículo 77 íb, esto es: i) cuando se trate de las labores ocasionales,
accidentales o transitorias a que se refiere el artículo 6º del Código Sustantivo
del Trabajo, ii) cuando se requiere reemplazar personal en vacaciones, en uso

84 SENTENCIA C-307 DE 2023.
85 «Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia

pública y se dictan otras disposiciones».
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de licencia, en incapacidad por enfermedad o maternidad, iii) para incrementos
en la producción, el transporte, las ventas de productos o mercancías, los
períodos estacionales de cosechas y en la prestación de servicios, por un
término de seis meses prorrogable hasta por seis meses más.

En consecuencia, se tiene que el término legal permitido para contratar
personal a través de empresas de servicios temporales en el presente caso se
superó, y la labor para la cual se contrató a la demandante a través de Avanza
S.A.S es la misma que venía desarrollando desde el año 2012 por contratos de
prestación de servicios celebrados directamente con la entidad, es decir que,
en aplicación del principio constitucional de primacía de la realidad sobre las
formas, se desvirtuó en este caso la teología de la empresa de servicios
temporales.

Por lo tanto, atendiendo ese principio constitucional de prevalencia de la
realidad sobre las formas, la Sala estima que, del análisis del acervo probatorio,
se descubrió la verdadera esencia de la relación existente entre las partes,
siendo la EST un empleador aparente y verdadero intermediario, y por ende el
usuario E.S.E Hospital Mental Universitario de Risaralda un empleador ficticio,
razón por la cual, debe tenérsele como verdadero contratante, dado que los
servicios personales prestados eran de carácter permanente y, por tanto, la
contratación lo fue para ejercer labores propias y necesarias del demandado y
la circunstancia de que se acudiera a las EST constituye la forma con la cual
se pretendió disfrazar la necesidad de las funciones y desconocer el carácter
que las funciones ejecutadas eran ordinarias de E.S.E enjuiciada y propias del
personal de enfermería de planta, como se expuso en precedencia.

Bajo estas premisas, tal como ha enfatizado esta Sala en diversas ocasiones,
es evidente que la Ley 50 de 1990, en su artículo 71, permite la contratación
con empresas de servicios temporales, pero dentro de los límites precisos
establecidos en el artículo 77 ibidem. Por lo tanto, contrario a lo indicado por la
entidad recurrente, no es apropiado recurrir a la contratación de empresas de
servicios temporales cuando se trata de llevar a cabo actividades permanentes
o inherentes al propósito de la entidad, aun cuando se afirme que en su
desarrollo se cumplió con el pago de los honorarios por dicho servicio, ya que
esto implicaría un desconocimiento de los principios constitucionales que
regulan la función pública, como ocurrió en este caso86.

En ese orden de ideas, se evidencia el cumplimiento de los elementos de
prestación personal del servicio, remuneración y subordinación, propios de una
relación laboral, sin que pueda predicarse la existencia de un vínculo de
coordinación en las actividades ejecutadas por la demandante, como lo
sostiene la entidad demandada en su recurso de apelación; pues de esos
mismos medios de convicción se advierte con claridad meridiana que en

86 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2022, exp. 52001-23-

33-000-2014-00412-01 (2388-2017) M. P. William Hernández Gómez
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realidad existió entre las partes una relación laboral subyacente, en donde la
demandante ejecutó sus labores de manera subordinada a través de la
imposición de turnos, labores y lugar de prestación de servicios con base en
los criterios misionales de la entidad; debiéndose en consecuencia, confirmar
la sentencia de primera instancia en este aspecto, dado que no prosperó el
sustento de alzada de inexistencia de relación laboral en el sub examine.

Ahora, de acuerdo con los lineamientos establecidos por esta Sección, si bien
se confirmó la existencia de una relación laboral encubierta, ello no implica que
la demandante obtenga la categoría de empleada pública, pues no median los
componentes necesarios para la existencia de una relación legal o
reglamentaria en los términos del artículo 122 de la Carta Política.

2.5. Análisis de la Sala frente al segundo problema jurídico

Una vez comprobada la existencia de la relación laboral encubierta entre la
contratista y la entidad pública, corresponde determinar si esta fue objeto o no
de interrupción.

Para tal fin, se debe precisar que la Sala utilizará la regla de unificación
proferida por la Sección Segunda de esta Corporación en la sentencia SUJ-
025-CE-S2-2021, referenciada ut supra, la cual establece el término de 30 días
hábiles entre la finalización de un periodo y el comienzo del siguiente como
limitante para determinar la no solución de continuidad, no siendo ello camisa
de fuerza para la flexibilización de dicho interregno temporal cuando el juez de
lo contencioso administrativo encuentre probado en el proceso la inexistencia
de interrupción contractual entre las partes.

Dicho lo anterior, el material probatorio revela que la actora prestó sus servicios
de dos maneras, por contratos de prestación de servicios celebrados
directamente con la demandada así: del 11 de enero de 2012 al 31 de marzo
de 2012, 1 de abril de 2012 al 31 de julio de 2012, 1 de agosto de 2012 al 31
de octubre de 2012, 1 de noviembre de 2012 al 31 de diciembre de 2012, 1 de
enero de 2013 al 28 de febrero de 2013, 1 de marzo de 2013 al 30 de junio de
2013, 1 de julio de 2014 al 31 de diciembre de 2014, 1 de enero de 2015 al 31
de mayo de 2015, 1 de junio de 2015 al 31 de diciembre de 2015, 1 de enero
de 2016 al 31 de marzo de 2016, 1 de abril de 2016 al 31 de diciembre de 2016
y 1 de enero de 2017 al 20 de enero de 2017.

Y por intermedio de la empresa Avanza SAS en los períodos comprendidos
entre el 1 de febrero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017; del 16 de enero de
2018 y el 14 de enero de 2019 y del 15 de enero de 2019 al 11 de febrero de
2019.

En la relación laboral directa con la ESE se presentó una interrupción de un año
(del 1 de julio de 2013 al 30 de junio de 2014), y con la empresa Avanza SAS

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se dio una por espacio de 7 días hábiles (entre el 21 de enero de 2017 y el 31
de enero de 2017) y de 9 días hábiles (del 1 al 15 de enero de 2018); por lo
tanto, se presentaron dos relaciones laborales a saber: i) del 11 de enero de
2012 al 30 de junio de 2013; y ii) del 1 de julio de 2014 al 11 de febrero de 2019.

Razón por la cual, la parte demandante para la primera relación laboral
encubierta tenía hasta el 30 de junio de 2016 y para la segunda hasta el 11 de
febrero de 2022, para presentar la respectiva reclamación administrativa, pero
como ello ocurrió el 27 de mayo de 2019, es evidente que operó el fenómeno
de la prescripción respecto de la primera; no ocurriendo lo mismo con la
segunda pues la reclamación se encuentra dentro de los 3 años siguientes a la
terminación de esa relación laboral por haber luego ingresado la demandante
a la planta de personal de la entidad y por haberse instaurado la demanda el
15 de enero de 2020, tal y como lo determinó el tribunal.

En ese orden de ideas, le asiste el derecho a la demandante al reconocimiento
de las prestaciones sociales causadas del 1 de julio de 2014 al 11 de febrero
de 2019, salvo las interrupciones.

Empero se adicionará el numeral 6 de la sentencia recurrida en el sentido de
que los aportes pensionales deberán efectuarse por todo el tiempo de la
relación laboral, incluido el declarado prescrito, pues se trata de un derecho
imprescriptible e irrenunciable, salvo el de las interrupciones, pues ello no
quedó clarificado en la decisión apelada, decisión con la cual no se afecta la no
reformatio in pejus del apelante único, pues como bien lo ha dicho la Corte
Suprema de Justicia se trata de un derecho subjetivo exigible judicialmente y
dado el carácter irrenunciable del mismo no puede ser objeto de dimisión por
su titular y tampoco puede extinguirse por el paso del tiempo o por imposición
de las autoridades.

En ese sentido, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema Justicia, ha
indicado: «Recuérdese, que no podrá la actuación del ad quem equipararse a
la vulneración del principio de no reformatio in pejus, cuando se trata de
derechos mínimos e irrenunciables del trabajador, pues sin duda estos deberán
tenerse como parte integrante del recurso vertical y, en esa medida, ser
resueltos de fondo»87

De esta manera, la Sala considera que existe consonancia entre la adición que
se propone realizar con lo debatido dentro del proceso, e incluso con lo decidido
por el tribunal, quien efectuó el reconocimiento de los aportes sin especificar
los períodos que cobijaba tal decisión.

87 Corte Suprema de Justicia sentencia de 4 de julio de 2018, magistrada ponente: doctora Clara Cecilia
Dueñas Quevedo, SL2808-2018. (ver radicados (SL8613-2017 y SL12869-2017).
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2.6. De la condena en costas en segunda instancia

El artículo 188 del CPACA establece que «salvo en los procesos en que se
ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas,
cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil».

Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que, para
imponer condena en costas, en vigencia del CPACA, se atendía una valoración
objetiva, en la que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran
causado y en la medida de su comprobación, sin considerar factores subjetivos
como la buena fe o la temeridad de las partes.

Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080
de 2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar
que «en todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando
se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de
fundamento legal».

De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está
llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la
sustentación jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es
procedente o no imponer costas a cargo de alguna de ellas.

En esos términos al hacer extensiva esa interpretación al caso bajo análisis, de
la revisión del recurso de apelación, no puede observarse dicha situación,
contrario a ello, en el recurso se sustentaron las razones en defensa jurídica de
sus intereses y, por ende, no se condenará en costas.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley.

FALLA:

PRIMERO: ADICIONAR el numeral 6 de la sentencia de 19 de mayo de 2022,
proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda – Sala Tercera de decisión,
en el sentido de que los aportes pensionales deberán efectuarse por todo el
tiempo de la relación laboral, incluido el declarado prescrito, salvo el de las
interrupciones; conforme lo dicho en la motivación.

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.

TERCERO: NO CONDENAR en costas en segunda instancia.

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CUARTO: EFECTÚENSE las anotaciones correspondientes en el sistema de
gestión judicial SAMAI y una vez en firme esta providencia devuélvase el
expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVAN DUQUE GUITÉRREZ
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley y el art. 186 del
CPACA.

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