Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2014-00630-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2014-00630-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 68001-23-33-000-2014-00630-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
25 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C. veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 68001-23-33-000-2014-00630-01 (1644-2023)
Demandante: Claudia Patricia Galvis Vera
Demandado: Universidad Industrial de Santander y otros
Tema: Relación laboral encubierta/secretaria
Decisión: Modifica sentencia de primera instancia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
________________________________________________________________
ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide los
recursos de apelación presentados por las partes contra la sentencia de 15 de
noviembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander,
mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES1
1.1. Pretensiones de la demanda: Se propusieron las siguientes:
2. Solicitó la nulidad del oficio 05684 del 25 de abril de 2014 expedido por la
Universidad Industrial de Santander, por medio del cual se negó el
reconocimiento de una relación laboral. En consecuencia, se declare, la
existencia de ella en el período comprendido entre 1990 y 2011. A título de
restablecimiento del derecho se establezca el salario real devengado en esos
lapsos con el incremento de ley; se reconozca la diferencia entre el valor pagado
a la actora a través de las cooperativas por concepto de salarios y el salario real
correspondiente a su cargo; se ordene el pago de primas, vacaciones, cesantías
e intereses a las cesantías; de la sanción moratoria por el no pago ni afiliación al
Sistema de Seguridad Social Integral; de la indemnización por despido sin justa
1
004Demanda - Expediente Digital.
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Radicado: 68001-23-33-000-2014-00630-01 (1644-2023)
Demandante: Claudia Patricia Galvis Vera
causa; indemnización por estabilidad laboral reforzada de que trata la Ley 361 de
1997 y los perjuicios morales.
3. Que se le dé cumplimiento a la sentencia de conformidad con los artículos
192 y 195 del CPACA y se condene a la entidad a las costas y agencias en
derecho.
1.2 Hechos que fundamentan la demanda
4. Se indicó que la demandante, Claudia Patricia Galvis Vera estuvo vinculada
mediante contratos de prestación de servicios con la Universidad Industrial de
Santander (UIS) desde 1990 hasta 1999, desempeñando funciones como
secretaria en la sección de servicio de Psico-orientación y Capellanía de la
Sección de Servicios Integrales de Salud y Desarrollo Psico-social de la División
de Bienestar.
5. En los años 2000 y 2001, firmó contratos de trabajo a término fijo inferior a
un año con la cooperativa COASEDUIS LTDA, desempeñando las mismas
funciones de secretaria en la sección de Servicios Integrales de Salud de la
universidad. En este período la Universidad expidió certificaciones, memorandos
y establecía los horarios de trabajo que debía cumplir. Incluso en el año 2002,
recibió una citación de la Oficina de Control Interno Disciplinario de la UIS por
una investigación disciplinaria en su contra.
6. Entre los años 2003 y 2005, suscribió contratos con la Fundación para el
Desarrollo de la Universidad Industrial de Santander (FUNDEUIS) y con la
cooperativa EFICACIA, para continuar con sus funciones secretariales.
7. En varias ocasiones, la actora solicitó al personal de la entidad permisos
para asistir a citas médicas o atender calamidades familiares. También recibió
llamados de atención por incumplimiento de horarios.
8. Desde 2006 hasta 2011, la universidad la contrató a través de diversas
cooperativas, incluyendo EFICACIA S.A., FUNDEUIS y T.I.P. LTDA, con
reducciones salariales progresivas.
9. El 18 de diciembre de 2011 fue liquidado el contrato de trabajo que tenía
con la cooperativa T.I.P, por lo que a partir de ese momento terminó su vínculo
con la entidad demandada.
10. El 28 de febrero de 2011, el Instituto de Seguro Social la calificó con una
pérdida de capacidad laboral del 50.91% debido a diabetes insulino-dependiente,
hipertensión arterial, alteración neurológica episódica, entre otras patologías. En
2012, mediante resolución del Instituto de Seguros Sociales, se le reconoció una
pensión de invalidez basada en el salario mínimo.
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Demandante: Claudia Patricia Galvis Vera
1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración
11. Se indicó que en el caso bajo estudio deben aplicarse los artículos 29 y
31 de la Constitución Política. Artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 y la Ley 80 de
1993.
12. Citó como parámetros jurisprudenciales aplicables una sentencia de la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado2 que trata sobre los
contratos de prestación de servicios y la configuración de la relación laboral
encubierta cuando aquellos son utilizados para esconder una verdadera relación
laboral, en aplicación del principio de la realidad sobre las formales consignados
en el artículo 53 de la Constitución Política.
1.4. Contestación de la demanda
13. 1.4.1 A través de apoderado judicial, la Universidad Industrial de
Santander3 se opuso a la prosperidad de las pretensiones, argumentando la
inexistencia de un vínculo laboral entre las partes.
14. Apuntó que la prueba documental advierte distintas vinculaciones de
tipo laboral, pero no con el ente universitario, sino con terceras entidades. Por lo
tanto, se refutó el argumento según el cual la institución buscó ocultar una
relación laboral mediante la intermediación de terceros. Ya que la contratación
de personal a través de empresas de servicios temporales y outsourcing es una
práctica legalmente permitida para adelantar procesos no misionales, más aún
cuando no existe personal de planta en la entidad que realice esas actividades.
15. Consideró que no se vulneraron los preceptos constitucionales
señalados, ni el principio de la realidad sobre las formas. Por el contrario, la
universidad actuó bajo el amparo de las normas legales y reglamentarias que
permiten la contratación de servicios o procesos con personas jurídicas para
desempeñar funciones que no son propias del ámbito universitario.
16. Propuso como excepciones de mérito: i) inexistencia de vínculo laboral
de tipo contractual y/o legal reglamentario entre la demandante y la UIS; ii)
inexistencia de las obligaciones reclamadas a cargo de la UIS y, iii) prescripción.
17. La entidad demandada llamó en garantía a la Compañía
Suramericana de Seguros S.A.4, LIBERTY SEGUROS S.A.5, SEGUROS DEL
ESTADO S.A.6 y La Previsora S.A Compañía de Seguros Santander7.
2
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN "B"
Consejero ponente: GERARDO ARENAS MONSALVE Bogotá, D.C, quince (15) de junio de dos mil once (2011).
Radicación número: 25000-23-25-000-2007-00395-01(1129-10).
3
018ContestacionDemanda.pdf – Expediente digital.
4
022llamamientoGarantiaSuramericana.pdf – expediente digital
5
023LlamamientoGaratiaLibertySeguros.pdf – expediente digital
6
024LLamamientoGarantiaSegurosEstado.pdf – expediente digital
7
025LlamamientoGarantiaPrevisoraSeguros.pdf – expediente digital
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Demandante: Claudia Patricia Galvis Vera
18. 1.4.2 La llamada en garantía LIBERTY SEGUROS S.A.8 expresó que
no le constan los hechos que sustentan la demanda. Además, se opuso a la
solicitud de llamamiento en garantía y presentó como excepciones las siguientes:
i) falta de legitimación en la causa por pasiva; ii) inexistencia de contrato de
seguro; iii) ineficacia del contrato de seguro por inexistencia del elemento
esencial riesgo; iv) inexistencia de la obligación indemnizatoria por
incumplimiento de la garantía y, v) prescripción.
19. 1.4.3. La llamada en garantía SEGUROS DEL ESTADO S.A.9
manifestó que no le constan los hechos que sustentan la demanda y se opuso a
las pretensiones. Sobre el llamamiento en garantía, dijo que «cualquier
afectación a las pólizas tendientes a afectar la responsabilidad, debe estar
precedida de la ocurrencia del siniestro y de la imputabilidad del mismo al
tomador de la póliza». Por lo tanto, propuso como excepciones las siguientes: i)
ineficacia del llamamiento en garantía; ii) la ocurrencia del siniestro se encuentra
por fuera de la cobertura de las pólizas por la cual es vinculada Seguros del
Estado S.A al proceso; iii) imposibilidad de afectación de la garantía única y las
pólizas suscritas entre las partes; iv) límites de la responsabilidad de la póliza y
v) la excepción genérica.
20. 1.4.4. La llamada en garantía Compañía Suramericana de Seguros
S. A10 contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones y afirmó que no le
constan los hechos. Presentó las siguientes excepciones de mérito: (i) falta de
legitimación en la causa por pasiva; (ii) prescripción y caducidad; (iii) excepción
genérica.
21. 1.4.5 Luego de que LIBERTY SEGUROS S. A. llamara en garantía a la
Cooperativa de Tecnólogos e Ingenieros de la Industria del Petróleo y
Afines T.l.P. LTDA esta última contestó la demanda oponiéndose a las
pretensiones, argumentando que no le adeuda suma de dinero a la demandante
en razón las relaciones laborales que mantuvieron entre los años 2009 y 2011.
Propuso como excepciones: (i) indebido llamado en garantía; (ii) prescripción, y
iii) la genérica.
22. 1.4.6 La Previsora S.A. Compañía de Seguros11 contestó la demanda
oponiéndose a las pretensiones y propuso como excepciones de mérito: (i)
preclusión de la oportunidad para vincular al proceso a la sociedad llamada en
garantía; (ii) falta de legitimación en la causa por pasiva; (iii) ausencia de
responsabilidad del asegurador por inexistencia de cobertura que ampare
incumplimiento de las obligaciones laborales del contratante; (iv) limitación de la
responsabilidad del asegurador con base en el contrato de seguro y, v) genérica.
8
CONTESTACION DE DEMANDA Y LLTO GTÍA.pdf – expediente digital
9
039RespuestaLlamamientoGarantia.pdf – expediente digital
10
Archivo 044 del expediente digital.
11
Archivo 128 expediente digital.
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II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA12
23. El Tribunal Administrativo de Santander profirió sentencia el 15 de
noviembre de 2022, mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda (sin condenas en costas). En consecuencia, ordenó reconocer y
pagar a favor de la señora Claudia Patricia Galvis Vera, aquellas prestaciones
sociales distintas a la prima de servicio, vacaciones, cesantías e intereses de
cesantías, que durante el período comprendido entre los años 2000 a 2011 haya
devengado o recibido el personal de planta de la entidad que cumpliera funciones
de secretaria. En este evento, los factores salariales por reconocer deberán
liquidarse conforme el valor mensual pactado por cada contrato. Expresó que en
virtud de los contratos a término fijo que suscribió la demandante con las
distintas empresas recibió además de su salario, el pago de prima de servicio,
vacaciones, cesantías e intereses de cesantías.
24. Con relación a las cotizaciones a pensión, el cálculo del ingreso base de
cotización o IBC pensional de la demandante, se deberá tomar como referencia
el valor de los honorarios pactados en cada contrato, mes a mes, y si existiera
diferencia entre los aportes realizados por la demandante y los que se debieron
efectuar, la entidad demandada debe cotizar al respectivo fondo de pensiones la
suma faltante por concepto de aportes a pensión, solo en el porcentaje que le
correspondía como empleador.
25. La demandante deberá acreditar las cotizaciones que realizó al Sistema
General de Seguridad Social en pensiones, durante el tiempo que duraron los
referidos vínculos contractuales, y en la eventualidad de que no las hubiese
hecho, o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar o
completar, según el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajador.
26. Asimismo, ordenó que las sumas dinerarias reconocidas, sean ajustadas en
los términos del artículo 187 de la Ley 1437 de 2011.
27. Para arribar a las anteriores conclusiones, consideró el tribunal que con las
pruebas presentadas al proceso se acreditó la existencia de una relación laboral
entre los años 2000 y 2011. Dijo que se había probado la prestación personal
del servicio y la remuneración, ya que la demandante ejerció actividades como
secretaria en el área psicosocial de la entidad demandada y como contribución
recibió el pago de unos salarios y prestaciones sociales por parte de la
«Cooperativa o empresas con la que tercerizaba el suministro de personal a la
universidad».
28. Que la subordinación se acreditó, pues las pruebas evidenciaron el control
efectivo que ejerció la UIS sobre la demandante en las tareas permanentes que
cumplía dentro de su estructura organizativa. De las documentales, se tuvieron
en cuenta memorandos y comunicaciones internas dirigidas a la actora, en los
12
146SentenciadePrimeraInstacia – Expediente digital
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Demandante: Claudia Patricia Galvis Vera
que se le impartían órdenes y se realizaba seguimiento a sus actividades. Así
mismo, los registros de permisos solicitados por escrito para ausentarse de sus
funciones y la iniciación de un proceso disciplinario por parte de la Oficina de
Control Interno de la UIS en su contra.
29. Las pruebas testimoniales también confirmaron la existencia de
subordinación, pues los declarantes indicaron que la actora estaba sujeta a
instrucciones directas de funcionarios de la UIS y cumplía un horario de trabajo
fijado por la institución, lo que denotó la necesidad permanente de los servicios
prestados.
30. Con fundamento en lo expuesto, el tribunal concluyó que la UIS implementó
un esquema de tercerización con el fin de simular una relación de prestación de
servicios y ocultar una verdadera relación laboral con la demandante, valiéndose
de contratos con diferentes empresas intermediarias para evitar su
responsabilidad como empleador directo.
31. En lo que respecta a los períodos laborados, el tribunal reconoció el
comprendido entre los años 2000 y 2011, pues se constató que durante este
lapso la actora ejecutó funciones de manera ininterrumpida y estuvo sometida a
la dirección y control de la universidad. No obstante, negó el reconocimiento del
período comprendido entre 1990 y 1999, debido a la falta de pruebas suficientes
que permitieran acreditar una continuidad laboral. En particular, se evidenció que
la demandante solo fue convocada en algunas oportunidades para suplir
licencias temporales y no se aportaron documentos que demostraran la
existencia de una vinculación constante durante esos años.
32. Se negó el reconocimiento de indemnización por despido sin justa causa,
así como el pago de sanción moratoria, al no haberse acreditado la procedencia
de dichos conceptos dentro de la controversia planteada.
33. Por último, se exoneró de responsabilidad a las empresas llamadas en
garantía, debido a la ausencia de elementos probatorios que demostraran que
actuaron como empleadoras reales de la demandante o que tuvieran un control
efectivo sobre la ejecución de los contratos que esta última suscribió.
III. RECURSOS DE APELACIÓN
34.
3.1. La Universidad Industrial de Santander13 presentó recurso de
apelación a través de su vocero judicial, quien solicitó que se revocara la
sentencia de primera instancia y se denegaran las pretensiones de la demanda.
Sostuvo que la demandante tuvo una relación laboral directa con las empresas
de servicios temporales y outsourcing (COASEDUIS, FUNDEUIS, EFICACIA y
T.I.P. Ltda.), quienes le cancelaron sus salarios, prestaciones sociales y demás
obligaciones de seguridad social.
13
147RecursoApelacionDdo.pdf – expediente digital
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35.
La entidad no celebró contratos con cooperativas de trabajo para cubrir una
intermediación laboral, por el contrario, las empresas que fungieron como
proveedores de personal COASEDUIS, FUNDEUIS, EFICACIA y T.I.P. Ltda., lo
hicieron en calidad de sociedades civiles y comerciales, con el fin de que el
personal estuviese vinculado bajo un contrato de trabajo, y las empresas fueran
los únicos empleadores y, por tanto, cancelaran los salarios y prestaciones
sociales.
36.
Además, la universidad no utilizó la figura de los contratos outsourcing para
desarrollar sus funciones misionales (docencia, investigación y extensión), en el
entendido que la demandante desarrolló actividades de apoyo, como lo son las
de secretaría.
37.
3.2. El apoderado de la parte demandante14 presentó recurso de apelación
parcial en contra de la sentencia, argumentando que la relación laboral con el
ente universitario entre los años 1990 y 1999 se encuentra debidamente
demostrada. Para tal fin, destaca los testimonios de Luz Marina Villamizar
Caballero, Álvaro Triana Ramírez y Graciela Peña de la Verde.
Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir
previas las siguientes,
IV. CONSIDERACIONES
4.1. Competencia
38. El Consejo de Estado es competente para resolver los recursos de
apelación interpuestos de acuerdo con el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo15.
39. De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del
Código General del Proceso16, la competencia del juez de segunda instancia está
circunscrita solamente a lo expuesto por el apelante, pero cuando ambas partes
hayan apelado toda la sentencia o cuando quien no apeló hubiere adherido al
recurso, el superior resolverá sin limitación. No obstante, en el presente caso,
como cada una de las partes presentó recurso de apelación en aspectos
puntuales de la decisión de primera instancia, la competencia en segunda
instancia se ceñirá a lo dispuesto en los recursos.
14
149RecursoApelacionDte.pdf – expediente digital
15
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda
instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
administrativos […]».
16
«Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba
adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.»
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4.2. Problema jurídico
40. De acuerdo con los argumentos expuestos en los recursos de
apelación, el problema jurídico se contrae a resolver los siguientes interrogantes:
41. ¿Entre la señora Claudia Patricia Galvis Vera y la Universidad Industrial
de Santander existió una relación laboral encubierta en el período comprendido
entre 1990 y 2011?
42. De encontrarse acreditada la existencia de la relación laboral
encubierta, se estudiará ¿si sobre tal vínculo contractual acaeció en todo o en
parte el fenómeno de la prescripción trienal? y ¿si la actora tiene derecho al pago
de las prestaciones sociales que devenga un funcionario de planta de la entidad
así como a los perjuicios morales reclamados?
4.4. De la relación laboral encubierta o subyacente
43. Enlo relacionado con el derecho al trabajo, el artículo 53 Constitucional
consagra los derechos fundamentales de los trabajadores relacionados con la
igualdad de oportunidades, remuneración mínima vital y móvil proporcional a la
cantidad y calidad de trabajo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales, situación más favorable al trabajador en caso
de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho y
primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por las partes.
44. En lo que respecta al contrato estatal de prestación de servicios el numeral 3.º
del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, señala que no son fuente de una relación
laboral ni generan la obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales; sin
embargo, la jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte Constitucional ha
admitido que tal disposición no es aplicable cuando se demuestran los elementos
configurativos de una relación laboral, a saber: la subordinación continuada, la
prestación personal del servicio y la remuneración.
45. En esa lógica, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, la Sección
Segunda del Consejo de Estado reiteró ciertos criterios elaborados por la
jurisprudencia para identificar, en el marco de los contratos de prestación de
servicios, el elemento de la subordinación, en cuanto requisito sine qua non para
declarar la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, a saber:
i) el lugar de trabajo, ii) el horario de las labores, iii) la dirección y control efectivo
de las actividades a ejecutar, que se materializa, por ejemplo, con el ius variandi o
con la inserción del prestador del servicio en el círculo rector, organizativo o
disciplinario de la entidad; y iv) que las actividades o tareas a desarrollar
correspondan de manera idéntica, semejante o equivalente a las que
tienen asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los
elementos configurativos de la relación laboral5.
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46. En ese orden de ideas, cuando se acredite que el servicio se prestó de manera
personal, fue remunerado y en el desarrollo del mismo se siguieron - en cualquier
momento -órdenes o instrucciones, -en cuanto al modo, tiempo o cantidad de
trabajo-, y/o el contratante impuso reglamentos al contratista, que desbordan la
coordinación que debe existir entre ellos a la hora de ejecutar el objeto
contractual, se da paso a la continuada dependencia propia de los vínculos
de trabajo y se configura la relación laboral encubierta, pues el contratista no
ejerció su labor con independencia.
4.5. Análisis de la Sala frente al primer problema jurídico
47. Frente a la prestación personal de sus servicios a favor de la
Universidad Industrial de Santander, se tienen los siguientes contratos, en los
períodos, objetos, obligaciones y valores que a continuación se señalan:
Empresa empleadora Tipo de Inicio Fin Objeto del contrato Salario
contrato, lugar mensual
de servicio y
cargo
Cooperativa de Contrato 1 de 30 de junio EL EMPLEADOR contrata los servicios $391.114
Egresados UIS - individual de febrero de de 2000 personales del TRABAJADOR y éste se
17
COASEUIS LTADA trabajo a término 2000 obliga: a) a poner al servicio del
fijo inferior a un EMPLE.ADOR toda su capacidad normal de
año. trabajo, en forma exclusiva en el desempeño
Lugar de de las funciones propias del oficio mencionado
servicio: UIS – y en las labores anexas y complementarias del
Servicios mismo, de conformidad con las órdenes e
integrales de instrucciones que le imparta EL
salud EMPLEADOR. b) a no prestar directa ni
Cargo: indirectamente servicios laborales a otros
Secretaria EMPLEADORES, ni a trabajar por cuenta
Otrosí No.1 1 de julio 30 propia en el mismo oficio durante la jornada
de 2000 noviembre laboral y dentro de la vigencia de este contrato
2000 y, c) a guardar absoluta reserva sobre los
Otrosí No.2 1 de 22 de hechos, documentos, informaciones y en
diciembre diciembre general, sobre todos los asuntos y materia que
de 2000 de 2000 lleguen a su conocimiento por causa o con
ocasión de su contrato de trabajo
15 días hábiles de interrupción (del 23 de diciembre de 2000 al 17 de enero de 2001)
Cooperativa de Contrato 18 de 31 de julio Igual objeto $391.114
Egresados UIS - individual de enero de de 2001
18
COASEUIS LTADA trabajo a término 2001
fijo inferior a un
año.
Lugar de
servicio: UIS –
Servicios
integrales de
salud
Cargo:
Secretaría
Otrosí No.119 1 de agosto 21 de
de 2001 diciembre
de 2001
10 días hábiles de interrupción (del 22 de diciembre de 2001 al 9 de enero de 2002)
Fundación para el Contrato 10 de 20 de Prestación del servicio como secretaria $414.581
Desarrollo de la individual de enero de diciembre
Universidad Industrial de trabajo a término 2002 de 2002
Santander – fijo inferior a un
FUNDEUIS20 año.
Lugar de
servicio: UIS –
Servicios
integrales de
salud
Cargo:
Secretaría
14 días hábiles de interrupción (del 21 de diciembre de 2002 al 15 de enero de 2003)
17
003AnexosDemanda.pdf - Expediente digital pág. 163
18
003AnexosDemanda.pdf - Expediente digital pág. 221
19
003AnexosDemanda.pdf - Expediente digital pág. 223
20
Certificado expedido por la entidad contratante el 27 de mayo de 2010, deja claridad sobre el salario mensual, las
labores ejecutadas y los periodos de contratación de la demandante. Ello permite a la Sala concluir con claridad su
prestación del servicio en este periodo. 003AnexosDemanda.pdf - Expediente digital pág. 441
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Demandante: Claudia Patricia Galvis Vera
Fundación para el Contrato 16 de 30 de abril Igual al primer contrato $414.581
Desarrollo de la individual de enero de de 2003
Universidad Industrial de trabajo a término 2003
Santander – fijo inferior a un
FUNDEUIS21 año.
Lugar de
servicio: UIS –
Servicios
integrales de
salud
Cargo:
Secretaría
EFICACIA S.A22 Contrato por 2 de mayo 22 de Prestación de servicios como secretaría 414.581
obra o labor 2003 diciembre
contratada de 2003
13 días hábiles de interrupción (del 23 de diciembre de 2003 al 14 de enero de 2004)
EFICACIA S.A23 Contrato por 15 de 31 de Prestación de servicios como secretaría 414.581
obra o labor enero de enero de
contratada 2004 2004
Fundación para el Contrato de 1 de 30 de Prestación del servicio como secretaria $414.581
Desarrollo de la trabajo a término febrero de agosto de
Universidad Industrial de fijo inferior a un 2004 2004
Santander – año.
FUNDEUIS24 Lugar de
servicio: UIS –
Servicios
integrales de
salud
Cargo:
Secretaría
Fundación para el Contrato de 1 de 23 de Prestación del servicio como secretaria $431.164
Desarrollo de la trabajo a término septiembre diciembre
Universidad Industrial de fijo inferior a un de 2004 de 2004
Santander – año.
FUNDEUIS25 Lugar de
servicio: UIS –
Servicios
integrales de
salud
Cargo:
Secretaría
15 días hábiles de interrupción (del 24 de diciembre de 2004 al 16 de enero de 2005)
Fundación para el Contrato de 17 de 22 de Prestación del servicio como secretaria $520.073
Desarrollo de la trabajo a término enero de diciembre
Universidad Industrial de fijo inferior a un 2005 de 2005
Santander – año.
FUNDEUIS26 Lugar de
servicio: UIS –
Servicios
integrales de
salud
Cargo:
Secretaría
15 días hábiles de interrupción (del 23 de diciembre de 2005 al 15 de enero de 2006)
Fundación para el Contrato 16 de 30 de junio Igual objeto $520.013
Desarrollo de la individual de enero de de 2006
Universidad Industrial de trabajo a término 2006
Santander – fijo inferior a un
FUNDEUIS27 año.
Lugar de
servicio: UIS –
Servicios
integrales de
salud
Cargo:
Secretaría
Empresa EFICACIA S.A. Contrato de obra 1 de julio 15 de Dicho contrato tuvo como objeto que la $545.297
28
o labor de 2006 diciembre demandante cumpliera «con el servicio
de 200629 adjudicado mediante la Resolución 815 de
21
003AnexosDemanda.pdf - Expediente digital pág. 248
22
083EntregaDocumentosFundeuis.pdf - Expediente digital pág. 294
23
083EntregaDocumentosFundeuis.pdf - Expediente digital pág. 294
24
Certificado expedido por la entidad contratante el 27 de mayo de 2010, deja claridad sobre el salario mensual, las
labores ejecutadas y los periodos de contratación de la demandante. Ello permite a la Sala concluir con claridad su
prestación del servicio en este periodo. 003AnexosDemanda.pdf - Expediente digital pág. 441
25
Certificado expedido por la entidad contratante el 27 de mayo de 2010, deja claridad sobre el salario mensual, las
labores ejecutadas y los periodos de contratación de la demandante. Ello permite a la Sala concluir con claridad su
prestación del servicio en este periodo. 003AnexosDemanda.pdf - Expediente digital pág. 441
26
Certificado expedido por la entidad contratante el 27 de mayo de 2010, deja claridad sobre el salario mensual, las
labores ejecutadas y los periodos de contratación de la demandante. Ello permite a la Sala concluir con claridad su
prestación del servicio en este periodo. 003AnexosDemanda.pdf - Expediente digital pág. 441
27
003AnexosDemanda.pdf - Expediente digital pág. 334
28
003AnexosDemanda.pdf - Expediente digital pág. 168
29
Constancia de finalización certificado expedido por eficacia S.A 003AnexosDemanda.pdf - Expediente digital pág. 362
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Radicado: 68001-23-33-000-2014-00630-01 (1644-2023)
Demandante: Claudia Patricia Galvis Vera
Lugar de 2006 emanada de la rectoraría de la UIS» para
trabajo: desarrollar funciones secretariales30.
Universidad
Industrial de
Santander
Cargo:
Secretaría
14 días hábiles de interrupción (del 16 de diciembre de 2006 al 10 de enero de 2007)
Empresa EFICACIA Contrato de obra 11 de 15 de Igual objeto al anterior $545.297
S.A.31 o labor enero de marzo de
2007 2007
Fundación para el Contrato 16 de 23 Prestación del servicio como secretaria $569.726
Desarrollo de la individual de marzo de diciembre
Universidad Industrial de trabajo a término 2007 de 2007
Santander – fijo inferior a un
FUNDEUIS32 año
Lugar de
servicio: UIS –
Servicios
integrales de
salud
Cargo:
Secretaría
15 días hábiles de interrupción (del 24 de diciembre de 2007 al 16 de enero de 2008)
Fundación para el Contrato 17 de 30 de Igual objeto $569.726
Desarrollo de la individual de enero de marzo de
Universidad Industrial de trabajo a término 2008 2008
Santander – fijo
FUNDEUIS33 Otrosí al 1 de abril 30 de abril
contrato de de 2008 de 2008
trabajo a término
fijo34
Fundación para el Contrato 21 de mayo 19 de $602.143
Desarrollo de la individual de de 2008 diciembre
Universidad Industrial trabajo a término de 2008
de Santander – fijo
FUNDEUIS Fundación Lugar de
para el Desarrollo de la trabajo:
Universidad Industrial Universidad
de Santander – Industrial de
FUNDEUIS35 Santander
Cargo:
Secretaría
14 días hábiles de interrupción (del 20 de diciembre de 2008 al 14 de enero de 2009)
Fundación para el Contrato 15 de 30 de abril Prestar los servicios como secretaria $602.143
Desarrollo de la individual de enero de de 2009
Universidad Industrial de trabajo a término 2009
Santander – fijo inferior a un
FUNDEUIS36 año
Cooperativa de Contrato de 1 de mayo 20 de Prestar los servicios como secretaria $648.327
tecnólogos e ingenieros trabajo a término de 2009 diciembre
de la industria del fijo inferior a un de 2009
petróleo y afines T.P.I año.
LTDA.37 Lugar de
trabajo:
Universidad
Industrial de
Santander
Cargo:
Secretaría
14 días hábiles de interrupción (del 21 de diciembre de 2009 al 13 de enero de 2010)
30
EL EMPLEADOR contratará los servicios personales de EL TRABAJADOR y este por su parte se obliga para con él
a: 1.1. Poner a su servicio toda su capacidad normal de trabajo en forma exclusiva en el desempeño de las funciones
propias del oficio mencionado y las labores anexas y complementarlas del mismo, de conformidad con las órdenes que
le imparta, tanto EL EMPLEADOR como sus representantes. 1.2. Aceptar dentro de la empresa y el territorio nacional
cualquier cargo o traslado que no implique desmejoramiento en sus condiciones de trabajo o remuneración. 1.3.
Laborar en la jornada normal del trabajo en la forma y términos dispuestos por EL EMPLEADOR con las limitaciones y
excepciones que establece la ley; por tanto, no se pagará trabajo extraordinario que no haya sido ordenado por EL
EMPLEADOR o sus representantes y expresamente se conviene que están excluidos de las regulaciones sobre jornada
máxima legal los trabajadores de que trata el Artículo 162 del C.S. del T. 1.4. Abstenerse de ejecutar labores por fuera
de la Empresa que afecten su organismo o salud, o que en alguna forma impidan prestar el servicio convenido
31
003AnexosDemanda.pdf - Expediente digital pág. 348
32
Certificado expedido por la entidad contratante el 27 de mayo de 2010, deja claridad sobre el salario mensual, las
labores ejecutadas y los periodos de contratación de la demandante. Ello permite a la Sala concluir con claridad su
prestación del servicio en este periodo. 003AnexosDemanda.pdf - Expediente digital pág. 441
33
003AnexosDemanda.pdf - Expediente digital pág. 388
34
003AnexosDemanda.pdf - Expediente digital pág. 392
35
003AnexosDemanda.pdf - Expediente digital pág. 396
36
003AnexosDemanda.pdf - Expediente digital pág. 419
37
Certificado expedido por la entidad contratante el 16 de junio de 2009, donde se deja claridad sobre el salario mensual,
las labores ejecutadas y los periodos de contratación permiten a la Sala concluir con claridad la prestación del servicio de
la demandante en este periodo. 003AnexosDemanda.pdf - Expediente digital pág. 424
www.consejodeestado.gov.co 11
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Radicado: 68001-23-33-000-2014-00630-01 (1644-2023)
Demandante: Claudia Patricia Galvis Vera
Cooperativa de Contrato de 14 de 30 de abril Prestar los servicios como secretaria $661.294
tecnólogos e ingenieros trabajo a término enero de de 201039
de la industria del fijo inferior a un 2010
petróleo y afines T.P.I año38
LTDA Lugar de
trabajo:
Universidad
Industrial de
Santander
Cargo:
Secretaría
Fundación para el Contrato de 1 de mayo 30 de Igual objeto $661.294
Desarrollo de la trabajo a término de 2010 noviembre
Universidad Industrial de fijo inferior a un de 2010
Santander – año41
FUNDEUIS40 Lugar de
trabajo:
Universidad
Industrial de
Santander
Cargo:
Secretaría
Otrosí al 1 de 16 de
contrato de diciembre diciembre
trabajo a término de 2010 de 2010
fijo42
15 días hábiles de interrupción (del 17 de diciembre de 2010 al 10 de enero de 2011)
Fundación para el Contrato de 11 de 31 de julio Prestación del servicio como secretaría $661.294
Desarrollo de la trabajo a enero de de 201144
Universidad Industrial de término fijo 2011
Santander – inferior a un
FUNDEUIS43 año
Lugar de
trabajo:
Universidad
Industrial de
Santander
Cargo:
Secretaría
Cooperativa de Contrato de 1 de agosto 16 de Prestación del servicio como secretaría $682.257
tecnólogos e ingenieros trabajo a de 2011 diciembre
de la industria del término fijo de 2011
petróleo y afines T.P.I inferior a un
LTDA 45 año.
Lugar de
trabajo:
Universidad
Industrial de
Santander
Cargo:
Secretaría
48. En torno a la prestación personal del servicio, la parte demandante
sostiene que contrario a lo indicado en la sentencia de primera instancia, sí se
encuentra acreditada con las pruebas la ejecución de sus actividades en favor
de la Universidad Industrial de Santander entre 1990 y 1999, pero sin la claridad
de la forma de su vinculación.
49. Por ello la Sala considera, al igual que el a quo, que con ese material
probatorio no es posible determinar de manera clara las condiciones de tiempo,
modo y lugar en que presuntamente la actora laboró en este período.
38
003AnexosDemanda.pdf - Expediente digital pág. 438
39
Certificado expedido por la entidad contratante el 16 de junio de 2009, donde se deja claridad sobre el salario mensual,
las labores ejecutadas y los periodos de contratación permiten a la Sala concluir con claridad la prestación del servicio de
la demandante en este periodo. 003AnexosDemanda.pdf - Expediente digital pág. 424
40
003AnexosDemanda.pdf - Expediente digital pág. 443
41
003AnexosDemanda.pdf - Expediente digital pág. 438
42
003AnexosDemanda.pdf - Expediente digital pág. 463
43
Certificado expedido por la entidad contratante el 11 de abril de 2011, donde se deja claridad sobre el salario mensual,
las labores ejecutadas y los periodos de contratación permiten a la Sala concluir con claridad la prestación del servicio de
la demandante en este periodo. 003AnexosDemanda.pdf - Expediente digital pág. 473
44
003AnexosDemanda.pdf - Expediente digital pág. 474
45
Certificado expedido por la entidad contratante el 17 de diciembre de 2011, donde se deja claridad sobre el salario
mensual, las labores ejecutadas y los periodos de contratación permiten a la Sala concluir con claridad la prestación del
servicio de la demandante en este periodo. 003AnexosDemanda.pdf - Expediente digital pág. 172
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Demandante: Claudia Patricia Galvis Vera
50. Lo anterior, porque de las documentales se tiene que la jefa de la
División de Recursos Humanos de la Universidad Industrial de Santander
expidió certificados el 19 de agosto de 1998 y el 4 de mayo de 1999. En ellos,
dejó constancia de que la señora Claudia Patricia Galvis prestó sus servicios en
la entidad desde 1990. Sin embargo, no especificó el tipo de vinculación, las
fechas de inicio y finalización en que ella se dio, si fue continua o interrumpida,
las funciones desempeñadas u objetos contractuales, o los salarios y/o
honorarios recibidos durante esos períodos.
51. Lo mismo sucede con los documentos que refieren los ofrecimientos de
trabajo que la demandante recibió de la universidad para desempeñar funciones
como «secretaria de tiempo completo» entre 1996 y 1999. Aunque en estos
documentos se indica el cargo, el tiempo de servicio y la suma a pagar, también
especifican que las ofertas debían aceptarse por escrito, con la declaración
jurada de que no se incurría en inhabilidad o incompatibilidad para el servicio.
Por ello, aun de ser aceptados en gracia de discusión, no es posible determinar
con certeza los períodos de aceptación del ofrecimiento ni la duración efectiva
de la vinculación de la actora.
52. También se observan dos oficios emitidos por el jefe de servicios
integrales de salud y la jefa de servicio de asistencia y desarrollo psicosocial,
en donde solicitaron la contratación de la demandante para los períodos
comprendidos en 1998 y 199946, empero, más allá de enunciar la solicitud, estos
documentos no permiten determinar tampoco los extremos de la vinculación,
los factores recibidos y/o períodos en los que se perfeccionó la contratación.
53. De los testimonios tampoco es posible corroborar la existencia de una
relación laboral encubierta en el lapso en estudio, pues la testigo Luz Marina
Villamizar indicó que conoció a la demandante desde el 1985 cuando trabajó en
su oficina cubriendo licencias47 y que a partir de 199048 ingresó a la universidad
para realizar funciones secretariales durante 20 años49. El testigo Álvaro
Alyamani Ramírez dijo que trató con la demandante desde 1996 o 1997 cuando
ella prestó sus servicios como secretaria50 y él fue estudiante de la universidad
y Graciela Peña De Laverde explicó que tuvo conocimiento de la actora desde
199051 cuando ingresó a trabajar en el servicio de psico-orientación de bienestar
universitario.
54. Aunque los testigos al unísono manifestaron que la demandante antes
de 1999 prestó sus servicios en la entidad, sus declaraciones no son suficientes
46
003AnexosDemanda.pdf - Expediente digital pág. 185
47
«trabajó en mi oficina cubriendo licencias desde 1985 por un periodo de aproximadamente tres años».
48
«Pregunta: Señora Luz Marina, en su relato usted también menciona que luego la señora Claudia ingresó a trabajar
en la universidad, ¿usted recuerda más o menos por qué época fue? Contestó: Sí, ella ingresó, en mi oficina fue como
más o menos unos tres o cuatro años, yo creo que por allá después del 90»
49
«Pregunta: Señora Luz Marina, en su relato también decía que usted esporádicamente se encontraba con ella cuando
iba a bienestar universitario, manifieste al despacho por cuánto tiempo usted la vio desarrollando esas labores de
secretaría o estuvo con ella. Contestó: Bueno, muchísimos años, yo creo que por unos 20 años (…)»
50
«Yo conocí a Claudia en el año entre 96 y 97, fue a bienestar en la dependencia donde estaba la doctora Gilma, la
doctora Elcia Ramírez y la doctora Marcela (…) y la única secretaria que había cuando eso era Claudia (…)»
51
«(…) Yo empecé a laborar en el año 76 en la UIS (…) Al poco tiempo, en el año 80 y algo, me trasladaron a la División
de Bienestar. Al poco tiempo, en el año 90, llegó Claudia a trabajar en la parte de psicorientación (…)»
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Demandante: Claudia Patricia Galvis Vera
para constatar el tipo de vinculación, sus extremos y remuneración recibida por
sus servicios52.
55. Por lo tanto, aunque el análisis integral de las pruebas sugiere que la
actora prestó sus servicios en la entidad antes de 1999, no son suficientes para
establecer las condiciones de tiempo, modo y lugar en que desarrolló su labor.
De forma que el reparo de la demandante sobre la acreditación de la prestación
personal del servicio entre 1990 y 1999, no prospera.
56. Por otra parte, del expediente sí se logra extraer la prestación del
servicio de la actora entre el 1 de febrero de 2000 y el 16 de diciembre de 2011
como secretaria en las instalaciones de la Universidad Industrial de Santander
con la suscripción de múltiples contratos de trabajo a término y fijo y obra o labor
con las siguientes empresas de servicios temporales y outsourcing: la
Cooperativa de Egresados UIS - COASEUIS LTDA53, la Fundación para el
Desarrollo de la Universidad Industrial de Santander – FUNDEUIS54, EFICACIA
S.A.55, Cooperativa de Tecnólogos e Ingenieros de la Industria del Petróleo y
Afines T.P.I LTDA56.
57. Igualmente, se prueba el elemento de la remuneración, con las
cláusulas de los contratos suscritos y los certificados expedidos por la entidad
contratante.
58. En cuanto al elemento esencial de la relación laboral, esto es, el de la
continuada subordinación y dependencia, se recuerda que, la Sala sobre este
elemento ha afirmado que «implica una superioridad jerárquica en el esquema
organizacional de quien se atribuye esta facultad sobre el subordinado»,
mientras que la coordinación «más que una facultad es una obligación que el
estatuto de contratación estatal, por medio de las normas que lo rigen, impone a
los entes públicos que desarrollen cualquier tipo de convenio con rubros oficiales,
y que deben realizar para garantizar la correcta ejecución del objeto contractual.
Dicha obligación incluye facultades de carácter administrativo, que implican
regularizar algunas funciones, el definir horarios en la prestación del servicio
contratado e incluso el suministro de algunos elementos, que identifiquen al
contratista con la comunidad; empero, coordinar de ningún modo lleva implícita
la superioridad jerárquica contenida de la subordinación»57.
52
En oportunidad precedente esta Subsección ha tenido la oportunidad de referirse sobre la validez de las declaraciones
para corroborar la prestación del servicio del demandante cuando se pretende la declaratoria de una relación laboral
encubierta. Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Subsección A. Rad: 25000-23-
42-000-2017-06139-01 (0713-2021). C.P: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ. Bogotá, D. C., treinta (30) de mayo de dos
mil veinticuatro (2024).
53
En los periodos que comprenden entre 01/02/2000 - 30/06/2000, 01/07/2000 - 30/11/2000, 01/12/2000 - 22/12/2000,
18/01/2001 - 31/07/2001 y 01/08/2001 - 21/12/2001.
54
En los periodos que comprenden entre 10/01/2002 - 20/12/2002, 16/01/2003 - 30/04/2003, 01/02/2004 - 30/08/2004,
01/09/2004 - 23/12/2004, 17/01/2005 - 22/12/2005, 16/01/2006 - 30/06/2006, 16/03/2007 - 23/12/2007, 17/01/2008 -
30/03/2008, 01/04/2008 - 30/04/2008, 21/05/2008 - 19/12/2008, 15/01/2009 - 30/04/2009, 01/05/2010 - 30/11/2010,
01/12/2010 - 16/12/2010 y 11/01/2011 - 31/07/2011.
55
En los periodos que comprenden entre 02/05/2003 - 22/12/2003, 15/01/2004 - 31/01/2004, 01/07/2006 - 15/12/2006 y
11/01/2007 – 15/03/2007.
56
En los periodos que comprenden entre 01/05/2009 - 20/12/2009, 14/01/2010 - 30/03/2010 y 01/08/2011 - 16/12/2011.
57
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 29 de julio de 2021,
expediente:3536-2018, magistrado ponente: William Hernández Gómez.
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Demandante: Claudia Patricia Galvis Vera
59. Para ello, se tendrán en cuenta los criterios determinados por esta
Corporación en la sentencia de unificación SUJ-025-CES2- 2021.
60. En el caso concreto, se tiene que la universidad disiente en el recurso de
apelación de la declaratoria de una relación laboral encubierta con la
demandante. En su criterio, si bien la actora fue subordinada, lo fue de las
empresas de servicios temporales y outsourcing que la contrataron. Por lo tanto,
no se configuró una tercerización laboral con la universidad como beneficiario
del servicio.
61. Así pues, respecto al lugar de trabajo, se tiene del análisis en conjunto del
acervo probatorio y bajo la sana crítica, que la demandante prestó sus servicios
como secretaria en las instalaciones de la Universidad Industrial de Santander.
62. En cuanto al horario de trabajo, las pruebas permiten concluir que la
actora en el desarrollo de sus actividades debía cumplir con un horario de oficina.
63. En concreto, de las documentales se extraen diversos memorandos
internos, entre los que se destacan el proferido por la jefe de división de bienestar
universitario en el año 2005, en el que le informa a la señora Claudia Patricia el
cumplimiento de un horario estricto entre las 7:00 am 12 am y de 2:00 a 6:00 pm;
y el enviado en el año 2007, donde la jefa de sección de servicios integrales de
salud y psicosocial le requiere para la observancia del horario impuesto a los
funcionarios de la sección salud de la división de bienestar de la universidad,
añadiendo que tenía que «informar por escrito a la jefatura de la sección
solicitando el respectivo permiso» en caso de ausencia.
64. Los testigos igualmente manifestaron que la demandante cumplía un
horario de labores. Por ejemplo, la señora Luz Marina Villamizar58 al ser
interrogada sobre este particular, expuso que la actora tenía que cumplir con los
mismos horarios que tenían los funcionarios de la entidad y, en ciertas
oportunidades, dependiendo de la carga laboral, se quedaba en la oficina tiempo
extra al horario.
65. El señor Anderson Gelvez Dueñas, afirmó que cuando cumplió actividades
como tutor de un programa de estudiantes de la universidad, tuvo contacto
directo con la demandante y conoció que ella en el desarrollo de sus funciones
secretariales llegaba a la oficina a las «7 u 8 de la mañana (…) y hasta las 6 de la
tarde que era el tiempo máximo que yo pasaba en esa área, ya el resto del tiempo pues
estaba en mis labores como estudiante».
66. Asimismo, el señor Álvaro Alyamani Ramírez expuso que la actora siempre
cumplía un horario para el desarrollo de sus actividades, que se extendía entre
58
«Pregunta UIS: ¿Sabe usted si la señora Claudia cumplía horarios y en caso afirmativo qué horarios eran los que
prestaba ella en su servicio? (…) Contestó: Sí señora, allá pues los horarios igualitos que a los empleados de la
universidad, digamos de 8 a 12, de 2 a 6, ahorita pues ya cambiaron, pero ella sí me comentaba que a veces le tocaba
quedarse pues hasta tardecito, de hecho a mediodía, pues depende de lo que uno hace, también tiene que cumplir con
esas cosas»
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Demandante: Claudia Patricia Galvis Vera
las 8 am a 12 pm y de 2 pm a 6 o 7 pm59. Y la señora Graciela Peña De Laverde
expuso que el horario de servicios de la demandante era de 8 am a 12 pm y de
2 pm a 6 pm, pero generalmente esa jornada se extendía hasta las 8 pm60.
67. De las pruebas en mención, la Sala considera que se acreditó que la
demandante cumplía con un horario de trabajo de manera diaria entre 7:00 u
8:00 am a 12:00 pm y de 2:00 a 6:00 pm, siendo en ocasiones extendido el
periodo de actividades con ocasión a la carga laboral que tuviera, impuesto por
la entidad demandada.
68.
En cuanto a la dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar:
Es de recordar que, de acuerdo con la sentencia de unificación previamente
referenciada de 9 de septiembre de 2021, este indicio constituye uno de los
aspectos más relevantes para identificar la existencia o no del elemento de
subordinación. En ese sentido, «lo que debe probar el demandante es su inserción
en el círculo rector, organizativo y disciplinario de la entidad, de manera que demuestre
que esta ejerció una influencia decisiva sobre las condiciones en que llevó a cabo el
cumplimiento de su objeto contractual».
69. En este sentido, contrario a lo sostenido por la entidad demandada en su
recurso de apelación, la Sala observa del material probatorio la inserción de la
demandante en el circulo rector, organizativo y disciplinario de la misma, pues
para el cumplimiento de sus actividades como secretaria estuvo sujeta de
manera recurrente a las ordenanzas e indicaciones provenientes del personal
interno de la universidad. Asimismo, recibió instrucciones y medidas
disciplinarias para desempeñar sus funciones conforme a los parámetros
internos.
70. Lo anterior demuestra que, aunque la demandante fue contratada mediante
empresas de tercerización, la universidad utilizó estas contrataciones de manera
indebida para eludir sus obligaciones como real empleadora.
71. En efecto, las pruebas documentales en el expediente evidencian que, de
forma reiterada, personal de la universidad impartió órdenes a la demandante
sobre las condiciones de tiempo, modo y lugar en que debía prestar sus
servicios.
72. Por ejemplo, en memorando del 1 de febrero de 2000, la jefa de la Sección
de Servicios Integrales de Salud prohibió a la demandante realizar labores de
mensajería, compras o funciones asignadas a otras personas, exigiéndole su
estricto cumplimiento. En memorial del año 2001, la misma autoridad instó a la
actora a que implementara ciertos parámetros institucionales de «sistemas de
59
«(…) yo iba allá a las 8, a las 12, a primera hora a las 2, a las 6, a las 7 de la noche, que a veces tenía estudiantes en
la noche y ella estaba ahí (…) Entonces digamos como cumplir horario, siempre. Antes como que me parece que abusaba
un poco del tiempo, se quedaba más del tiempo que tenía que quedar»
60
«Pregunta: Manifieste al despacho si usted tiene conocimiento de cuál era el horario que cumplía la señora Claudia.
Contestó: Se suponía que de 8 a 12 y de 2 a 6, pero ni ella ni yo cumplíamos ese horario. Siempre permanecíamos 8,
a veces hasta 8 de la noche, a veces más. El horario del mediodía siempre estábamos en la oficina laboral».
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datos de historia clínica, formulación, agenda semanal de trabajo y demás procesos
administrativos asistenciales» a partir del 1 de junio de 2001.
73. El 16 de abril de 2002 le fue enviado memorando a la señora Claudia
Patricia Galvis Vera en donde se realizaron direccionamientos para la ejecución
de sus actividades profesionales, entre las que se encuentran no pasar llamadas
telefónicas salvo casos urgentes o que la utilización de los elementos de las
oficinas, como los computadores, eran de uso exclusivo de los profesionales. De
manera similar, en un memorando del 4 de noviembre de 2004, la jefa de la
Sección de Servicios Integrales de Salud y Psicología de la Universidad Industrial
de Santander llamó la atención a la demandante sobre acontecimientos
ocurridos en su oficina, instándola a coordinar las acciones internas para
garantizar el adecuado uso de los electrodomésticos61.
74. Además, se observan en el expediente los requerimientos puntuales que
recibió la actora por personal de la universidad para el estricto cumplimiento de
la jornada laboral. En concreto, se destaca el ya aludido memorando interno del
año 2005, en el cual el jefe de la división de bienestar universitario le recordó el
cumplimiento del horario laboral y necesidad de cubrir las 48 horas semanales.
Adicionalmente en memorando interno del 13 de marzo de 2007, la jefa de
Sección de Servicios Integrales de Salud y Psicosocial requirió a la demandante
por no encontrarse en su sitio de trabajo a las 8:20 a.m. reiterándole que « los
horarios en la entidad empezaban a las 8:00 a.m.».
75.
En igual sentido, los documentos evidencian los llamados de atención que
recibió, entre los que se destaca el realizado el 8 de mayo de 2006 por la jefa de
la sección de servicios integrales de salud y psicosocial, por «diversas situaciones
inseguras, ocasionadas por la negligencia de los funcionarios en el cuidado de los
bienes de la universidad». El 8 de febrero de 2007, se le llamó la atención por no
cumplir con el horario de trabajo y se le indicó que, en caso de ausencia, «era
necesario informar por escrito a la jefatura de la sección solicitando el respectivo
permiso».
76. Los testigos, en concordancia con los documentos, refirieron que la
demandante en desarrollo de sus actividades cumplía órdenes provenientes del
personal interno de la entidad. Por ejemplo, al ser interrogado sobre los
mandatos recibidos por la demandante, el señor Anderson Gelvez Dueñas
afirmó que las profesionales del área de psico-orientación le asignaban las
actividades a desempeñar: «Bueno, directamente Claudia apoyaba a los
profesionales de psicorientación, pues particularmente recuerdo el nombre de la doctora
María Claudia, de Deisi, de Gilma y pues las otras psicólogas (…) básicamente los
profesionales en esa área le daban indicaciones a Claudia sobre las labores que debía
desempeñar y ella asignaba las citas para todos los profesionales que estaban ahí».
61
El memorial la cuestión dice lo siguiente: «Teniendo en cuenta que, en el día de ayer lunes 8 de noviembre de 2004,
se quedaron las luces y el aire acondicionado prendidos, y las puertas abiertas, sin que ninguna persona se hubiere
responsabilizado de apagar y asegurar esta dependencia, me permito pasar a todos un llamado de atención y una solicitud
para coordinar acciones de forma tal que esta situación no vuelva a repetirse. La señora Claudia Patricia Galvis Vera,
queda encargada de apagar el aire acondicionado a las 6:00 de la tarde, de manera que las actividades que se realicen
posterior a esta hora se harán a temperatura ambiente abriendo ventanas si es necesario (…)».
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77. El señor Álvaro Alyamani Ramírez en sintonía con lo anterior, expuso que
la demandante recibía órdenes del personal interno de la universidad: «Pregunta:
Señor Álvaro, manifiesta el despacho, usted desarrolló unas labores de tutoría en la
universidad cuando se encontraba como estudiante, de acuerdo a lo que usted ha
manifestado dentro del relato. Sí, quién la ordenaba ella, quién ejecutaba órdenes sobre
ella. Contestó: Las tres, la señora Gilma era la que más la requería para cualquier cosa,
«Claudia venga acá, por favor hágame esto, hágame aquello y tal, Marcela, la psicóloga
también, ella la citaba bastante, Claudia necesito que me hagas esto, necesito que me
hagas aquello, y Elsida Ramírez, es que creo que Elsida llegó un poco después, pero
las tres la citaba para hacer listas, para una cantidad de cosas, pues labores de
secretaria, uno siempre vio que la secretaria era ella (…) Pregunta: La señoras, las
señoras que usted menciona, Elsida, Marcela, ¿ellas ocupaban algún cargo, usted tiene
conocimientos si ellas ocupaban algún cargo dentro de la dirección de división, dentro
de la división de bienestar universitario de la universidad? Contestó: La señora Gilma
era la que prácticamente dirigía la sección de asistencia pedagógica de estudiantes de
psicología y lo que tenía que ver con proyectos de asesoría para el mejoramiento del
rendimiento académico, que era el programa de tutores, esa era la doctora Gilma
Puentes, la psicóloga Marcela, ella era únicamente la parte de psicología y luego se
encargó del programa Metamorfeando (sic), que era el programa que se encargaba de
hacer el paso de estudiantes de primer semestre a la vida universitaria, y Elsida Ramírez
era encargada de psicopedagogía, o sea, ella hacía unas charlas específicas para
tutores, para estudiantes con problemas académicos, hacía un seguimiento a ciertos
procesos que eran más que todo de bienestar».
78.
La señora Graciela Peña De Laverde por su parte, sostuvo: «Pregunta:
manifieste si tiene conocimiento al despacho, como ya lo mencionó, de quiénes eran las
que daban órdenes a la señora Claudia. Contestó: A ver, estaba la trabajadora social
Gilma Puentes, estaba la psicóloga Marcela Hernández, estaba Elsida Ramírez, es que
son varias que incluso estuvieron por servicios prestados, que eran profesionales, pero
también a su vez le daban órdenes a ella. Ella tenía que hacer de secretaria de todas
(…) Pregunta: ¿Puede usted informarnos quién asignaba las funciones de la señora
Claudia? Contestó: Ella, como digo, pertenecía a la División de Servicios de Salud y la
jefe era la doctora Elida, quien era la jefe de psicorientación, entonces ellos tenían la
asignación de las funciones, funciones que estaban respaldadas por la universidad
industrial porque existe un manual de funciones que está aprobado. (…) Pregunta:
Como usted nos manifestó, ella recibía órdenes del personal de planta y de las
profesionales que laboraban en esta división, pero entonces ella como tal, como no se
trataba de una empleada de planta de la universidad, ¿quién la asignaba directamente?
O sea, usted me dice que estaba bajo la dirección de esta dependencia, pero ¿quién
asignaba las funciones de ella? Había una persona que decía dentro de la organización,
de la división. ¿Claudia labora para estas y estas dependencias? Contestó: Sí,
nuevamente vuelvo y le digo, pertenecía al servicio médico, como tal la doctora Elida
Jacob era la jefe del servicio médico, quien imponía tales funciones para tales personas,
nombraba a la gente y aparte de eso le daban sus funciones que estaban establecidas
en un manual y cada vez que se contrataba, se le adjuntaba la contratación, la fotocopia
de las funciones establecidas».
79.
Nótese que los declarantes fueron coherentes en expresar que la actora
recibía múltiples órdenes de sus superiores jerárquicos dentro de la División de
Bienestar Universitario de la Universidad Industrial de Santander, por lo que sus
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actividades eran asignadas por sus jefes inmediatos, que referenciaron como
Gilma Puentes, Marcela Hernández, Elsida Ramírez y Elida Jacob.
80.
Igualmente, se advierte que la testigo Luz Marina Villamizar62 expresó que
la demandante debía pedir permiso para ausentarse del servicio. Esta afirmación
se corrobora con las pruebas documentales del expediente, de donde se extrae
que la demandante, en reiteradas oportunidades los solicitó a la jefe de Servicios
Integrales de Salud – División de Bienestar Universitario en los meses de
noviembre de 200363, septiembre de 200464, octubre de 200565, junio de 200666,
julio de 200667 marzo de 200768, septiembre de 200869 y marzo de 201070.
81.
Asimismo, existe constancia que a la demandante le fue adelantado un
proceso disciplinario por la oficina de control interno de la Universidad Industrial
de Santander entre los años 2002 y 2004, el cual, si bien fue archivado mediante
auto del 20 de enero de 2004, denota su inserción en el círculo rector,
organizativo y disciplinario de la universidad, pues antes de su clausura, se
adelantaron distintas etapas en las que fue investigada y citada para conocer del
material probatorio que fundamentó la apertura de la investigación y para rendir
versión libre.
82.
De esa manera, contrario a lo indicado por la entidad recurrente, la
exposición de las pruebas del caso permite colegir que las actividades realizadas
por la demandante fueron subordinadas en tiempo, modo y lugar por el personal
de planta de la División de Bienestar Universitario de la entidad demandada. Lo
que desvirtúa el argumento esbozado por la entidad referente a que en el
desarrollo del servicio no fungió como verdadero empleador de la actora. Y
aunque se argumentó en el recurso que las empleadoras fueron las empresas
de servicios temporales y de outsourcing, su contratación vulneró los preceptos
jurídicos que regulan estas figuras.
83.
En efecto, la contratación mediante empresas de servicios temporales
(EST) está regulada en los artículos 71 a 94 de la Ley 50 de 1990, que autoriza
la vinculación de personal de forma temporal para el desarrollo de actividades
misionales a otras empresas en los eventos señalados en el artículo ibidem, esto
es: i) cuando se trate de las labores ocasionales, accidentales o transitorias que
se refiere el artículo 6º del Código Sustantivo del Trabajo, ii) cuando se requiere
reemplazar personal en vacaciones, en uso de licencia, en incapacidad por
enfermedad o maternidad, iii) para incrementos en la producción, el transporte,
las ventas de productos o mercancías, los períodos estacionales de cosechas y
62
«No señora, (…) como cualquier funcionario responsable, si ella necesitaba ausentarse tendría que hablar con su jefe
inmediato (…)».
63
003AnexosDemanda.pdf - Expediente digital pág. 22
64
003AnexosDemanda.pdf - Expediente digital pág. 165
65
003AnexosDemanda.pdf - Expediente digital pág. 310
66
003AnexosDemanda.pdf - Expediente digital pág. 326
67
003AnexosDemanda.pdf - Expediente digital pág. 368
68
003AnexosDemanda.pdf - Expediente digital pág. 358
69
003AnexosDemanda.pdf - Expediente digital pág. 407
70
003AnexosDemanda.pdf - Expediente digital pág. 435
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en la prestación de servicios, por un término de seis meses prorrogable hasta
por seis meses más.
84.
En consecuencia, el término permitido para contratar personal mediante
empresas de servicios temporales en el presente caso se superó, y aunque la
entidad alegó en el recurso que las actividades desplegadas por la demandante
no eran inherentes y misionales, lo cierto es que dichas funciones si fueron
permanentes y necesarias para lograr la concreción de distintos servicios que la
entidad proporcionaba a sus usuarios. Asimismo, las pruebas allegadas se
acreditó la existencia de los elementos que constituyen la relación laboral
encubierta.
85.
Por lo tanto, atendiendo ese principio constitucional de prevalencia de la
realidad sobre las formas, la Sala estima que, con el análisis del acervo
probatorio, se descubrió la verdadera esencia de la relación entre las partes.
Siendo la Cooperativa de Egresados UIS - COASEUIS LTDA, la Fundación para
el Desarrollo de la Universidad Industrial de Santander – FUNDEUIS, EFICACIA
S.A., Cooperativa de tecnólogos e ingenieros de la industria del petróleo y afines
T.P.I LTDA empleadores aparentes y verdaderos intermediarios de la relación
laboral.
86.
Bajo estas premisas, tal como ha enfatizado esta Sala en diversas
ocasiones, es evidente que la Ley 50 de 1990, en su artículo 71, permite la
contratación con empresas de servicios temporales, pero dentro de los límites
precisos establecidos en el artículo 77 de la misma norma. Por lo tanto, contrario
a lo indicado por la entidad recurrente, no es apropiado recurrir a la contratación
de empresas de servicios temporales cuando se trata de llevar a cabo
actividades permanentes al propósito de la entidad, aun cuando se afirme que
en su desarrollo se cumplió con el pago de las contraprestaciones de ley por
parte del empleador aparente, ya que esto implicaría un desconocimiento de los
principios constitucionales que regulan la función pública, como ocurrió en este
caso71.
87.
Por lo anterior, se evidencia el cumplimiento de los elementos de prestación
personal del servicio, remuneración y subordinación, propios de una relación
laboral encubierta existente entre la entidad con la demandante. Pues de las
pruebas se extrae las acciones subordinantes que imprimió sobre el servicio
desarrollado por esta. En consecuencia, no prospera el sustento de alzada
elevado por la parte demandada contentivo a la inexistencia de relación laboral
en el sub examine.
88.
Ahora, de acuerdo con los lineamientos establecidos por esta Sección, si
bien se confirmó la existencia de una relación laboral encubierta, ello no implica
que la demandante obtenga la categoría de empleada pública, pues no median
71
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2022, exp. 52001-23-33-000-2014-
00412-01 (2388-2017) M. P. William Hernández Gómez
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los componentes necesarios para la existencia de una relación legal o
reglamentaria en los términos del artículo 122 de la Carta Política.
Análisis de la Sala frente al segundo problema jurídico
De la prescripción
89. Comprobada la existencia de la relación laboral encubierta entre la
demandante y la entidad, corresponde establecer si durante su vinculación se
presentaron interrupciones que permitan configurar la prescripción trienal de los
derechos prestacionales a reconocer, de conformidad con lo dispuesto en las
sentencias de unificación de 26 de agosto de 2016 proferida por esta Sección72
y de 9 de septiembre de 202173.
90. No obstante, visto el cuadro correspondiente a los contratos de prestación
de servicios suscrito por la demandante, se aprecia que entre la finalización de
un contrato y el inicio del siguiente no se presentaron interrupciones significativas
y superiores a los 30 días hábiles, término que ha dispuesto esta Corporación
jurisprudencialmente74 como razonable para entender que operó el fenómeno de
la solución de continuidad entre cada uno de los contratos de prestación de
servicios.
91. En consecuencia, la demandante tiene derecho al pago de las acreencias
laborales causadas durante todo el período de su vinculación con la universidad,
comprendido entre el 1.º de febrero de 2000 y el 16 de diciembre de 2011.
92. Lo anterior, por cuanto no transcurrió un término superior a tres (3) años
entre la finalización del vínculo (16 de diciembre de 2011), y la presentación de
la reclamación administrativa (2 de abril de 2014), y la demanda fue presentada
el 22 de julio de 2014, esto es dentro de la oportunidad legal para que no se
configurara el medio exceptivo.
Del reconocimiento de las prestaciones sociales ordenados en la sentencia
de primera instancia
93. Constatado que no operó el fenómeno de la prescripción, procede el
estudio del restablecimiento del derecho del que son acreedoras las
demandantes. Esto se materializa a través del reconocimiento y pago de las
prestaciones dejadas de percibir durante el período en que prestó sus servicios
como secretaria a favor de la entidad demandada.
72
«1. Unificase la jurisprudencia respecto de las controversias relacionadas con el contrato realidad, en particular en lo
concerniente a la prescripción, en el sentido de que: (…) (vi) el estudio de la prescripción en cada caso concreto será
objeto de la sentencia, una vez abordada y comprobada la existencia de la relación laboral;(…)» Consejo de Estado
Sección Segunda Sentencia Unificación Bogotá, D.C, veinticinco 25 de agosto de dos mil dieciséis (2016). Rad Int: (0088-
2015). C.P: Carmelo Perdomo Cueter.
73
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Sentencia Unificación Bogotá, D.C, 9 de
septiembre de 2021. Rad SUJ-025-CE-S2-2021.
74
SUJ-025-CE-S2-2021.
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94. En ese sentido, deben tenerse en cuenta las prestaciones sociales del
orden legal recibidas por los servidores públicos liquidadas conforme a los
honorarios pactados en los respectivos contratos de prestación de servicios.
95. Ahora bien, en primera instancia, el tribunal condenó a la entidad al
reconocimiento y pago, en favor de la demandante, de aquellas prestaciones
sociales distintas a la prima de servicio, vacaciones, cesantías e intereses de
cesantías, que durante el período comprendido entre los años 2000 a 2011 haya
devengado o recibido el personal de planta de la entidad que cumpliera funciones
de secretaria. En este evento, los factores salariales por reconocer deberán
liquidarse conforme el valor mensual pactado por cada contrato.
96. Bajo el entendido de que el a quo ordenó el reconocimiento y pago de las
prestaciones sociales de orden legal que devengan los empleados públicos de la
entidad que cumplen las mismas funciones que la demandante, pero sin
determinar expresamente cuáles son aquellas distintas a las señaladas, la Sala
modificará esa decisión precisando que la demandante tiene derecho al
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales previstas en los Decretos
1042 y 1045 de 1978, esto es: vacaciones, prima de vacaciones, cesantías e
intereses a las cesantías y prima de navidad por el período comprendido
entre el 1.º de febrero de 2000 y el 16 de diciembre de 2011. Como de las
mencionadas no excluyó expresamente el a quo la prima de vacaciones y la
prima de navidad, se dispondrá su reconocimiento en segunda instancia como
precisión de aquellas que ha debido devengar la contratista. En todo caso la
demandante no tiene derecho a la prima de servicios ni a la bonificación por
servicios prestados, pues estos emolumentos fueron otorgados a los empleados
territoriales a partir de 2015 y 2016, respectivamente, época posterior al vínculo
aquí acreditado.
97. Asimismo, respecto de la dotación de calzado y vestido de labor que
fue prevista en la Ley 70 de 1988 para ser suministrados a los empleados del
sector público; se tiene que el Decreto 1978 de 1989, por medio del cual se
reglamentó parcialmente la aludida ley, determinó que los trabajadores
permanentes vinculados mediante relación legal y reglamentaria, o por contrato
de trabajo, tienen derecho a que las entidades (territoriales o nacionales) les
suministren de forma gratuita cada 4 meses un par de zapatos y un vestido,
siempre y cuando devengaran una remuneración mensual inferior a dos salarios
mínimos vigentes y hayan trabajado en la entidad por lo menos 3 meses de forma
ininterrumpida. El suministro de los elementos se debe hacer los días 30 de abril,
30 de agosto y 30 de diciembre de cada año.
98. En ese sentido, se verificará si la demandante tiene derecho al
reconocimiento y pago de la dotación y calzado con base en la comparativa
establecida entre los dos salarios mínimos legales mensuales vigentes con el
promedio de los honorarios pactados en cada uno de sus contratos entre 1.º de
febrero de 2000 y el 16 de diciembre de 2011:
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Año Monto del Doble salario Promedio mensual de honorarios
salario mínimo pactados para cada contrato
mínimo
2000 $260.100 $520.200 $391.114
2001 $286.000 $572.000 $391.114
2002 $309.000 $618.000 $414.581
2003 $332.000 $664.000 $414.581
2004 $358.000 $716.000 $414.581
2005 $381.500 $763.000 $520.073
2006 $408.000 $816.000 $545.297
2007 $433.700 $867.400 $569.726
2008 $461.500 $923.000 $602.143
2009 $496.900 $993.800 $648.327
2010 $515.000 $1.030.000 $661.294
2011 $535.600 $1.071.200 $682.257
99. Con lo expuesto, se advierte que la actora devengó una asignación
mensual inferior a dos (2) salarios mínimos legales vigentes. Por tal motivo, y
conforme a lo establecido en el artículo 3 del Decreto 1978 de 1989, tiene
derecho al reconocimiento del valor compensatorio por la dotación y vestido que
debió suministrarles la entidad en el período comprendido entre el 1.º de febrero
de 2000 y el 16 de diciembre de 2011.
100. Frente al subsidio de alimentación, el auxilio de transporte y el
calzado y vestido de labor como su reconocimiento y pago procede para
aquellos empleados que no tuvieron una asignación básica que haya superado
los dos salarios mínimos mensuales legales vigentes, la cual la parte
demandante tiene derecho a estos emolumentos.
101. En relación con el calzado y vestido de labor, su reconocimiento deberá
realizarse en dinero por haberse producido el retiro del servicio, a título de
restablecimiento del derecho, por cada año de servicio, teniendo en cuenta el
valor establecido por dicha entidad en cada vigencia fiscal al momento de la
adquisición de la dotación.
102. Y a pesar de haber devengado menos de dos salarios mínimos legales
mensuales vigentes no se condenará al pago del auxilio de transporte porque de
los desprendibles de pagos y liquidación de los contratosallegados al proceso se
advierte que este concepto le fue pagado a la demandante.
103. En suma, la Sala solo reconocerá como prestación adicional y diferente a
las reconocidas en primera instancia la prima de vacaciones, la prima de navidad,
el subsidio de alimentación, conforme la siguiente liquidación:
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LIQUIDADO AÑO HASTA DONDE SE INDEXA 2026
# SALARIO AUXILIO AUXILIO
AUXILIO AUXILIO TOTAL
IPC IPC Dia # meses PROMED. DE DE
Desd DE DE ANUAL
FINA INICIA s complpo MENSUA TRANSPT. ALIMENT
e TRANSPT ALIMEN SALARIO
L L por r año L POR INDEXAD INDEXAD
. T S
año AÑO O O
2000 8,75
feb a 158,1 11 330 391.114 0 0 23.431 423.552
dic 7 143.408
2001 7,65
ene
334 11,1 391.114 0 0 25.540 528.060
18 a 158,1
21 dic 7 4.354.403
2002 6,99
en 10
341 11,3 414.581 0 0 26.920 609.147
a 20 158,1
dic 7 4.712.404
2003
ene
334 11,1 414.581 0 0 28.805 85.851
16 a 158,1
dic 22 7 53,07 4.615.668
2004 55,51
ene
15 a
225 7,5 414.581 0 0 30.675 87.405
30 de
agost 158,1
o 7 3.109.358
2004 55,99
sep 1- 158,1 113 3,7 431.164 0 0 30.675 86.656
dic 23 7 1.624.051
2005 58,70
ene
335 11,1 520.073 0 0 32.363 87.204
17- 22 158,1
dic 7 5.807.482
2006 60,48
ene
164 5,4 520.013 0 0 33.982 88.871
16 a 158,1
30 jun 7 2.842.738
2006 61,33
julio a 158,1 135 4,5 545.297 0 0 33.982 87.640
dic 15 7 2.453.837
2007
ene
64 2,1 545.297 0 0 35.512 88.749
11-15 158,1
mar 7 63,29 1.163.300
2007 64,82
16
277 9,2 569.726 0 0 35.512 86.654
mar a 158,1
23 dic 7 5.260.470
2008 67,51
en 17
103 3,4 569.726 0 0 37.533 87.937
a 30 158,1
ab 7 1.956.059
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2008 69,80
may
208 6,9 602.143 0 0 37.533 85.051
21 -19 158,1
dic 7 4.174.858
2009 71,38
105 3,5 602.143 0 0 40.412 89.548
en15- 158,1
30ab 7 2.107.501
2009 71,20
may- 158,1 230 7,6 648.327 0 0 40.412 89.775
dic20 7 4.970.507
2010 73,45
ene
332 11 661.294 0 0 41.221 88.767
14-dic 158,1
16 7 7.318.320
2011 75,42
ene
200 6,6 661.294 0 0 42.528 89.189
11-31 158,1
jul 7 4.408.627
2011 76,19
ag 1- 158,1 136 4,5 682.257 0 0 42.528 88.288
16 dic 7 3.092.898
INTERES
PRIMA PRIMA
SOBRE
CESANTI PRIMA DE PRIMA PRIMA DE VACACIO PRIMA DE
LA
CESANTI A DE SERVICI DE NAVIDAD VACACIO N DE VACACIO
CESANTI
A INDEXAD SERVICI O NAVIDA INDEXAD N INDEXAD VACACIO N
A
A O INDEXAD D A A N INDEXAD
INDEXAD
A A
A
10.770.1 194.687.3
0 0 0 0 0 49 65 0 0 6.333 114.485
0 0 0 0 0 376.679 7.788.150 0 0 193.281 3.996.246
0 0 0 0 0 406.806 9.205.214 0 0 209.100 4.731.518
0 0 0 0 0 399.342 1.190.200 0 0 205.682 613.015
0 0 0 0 0 266.360 758.966 0 0 139.143 396.472
0 0 0 0 0 134.805 380.819 0 0 72.483 204.762
0 0 0 0 0 500.881 1.349.647 0 0 257.036 692.597
0 0 0 0 0 238.738 624.358 0 0 126.188 330.012
0 0 0 0 0 207.881 536.124 0 0 108.615 280.117
0 0 0 0 0 96.180 240.366 0 0 51.627 129.024
0 0 0 0 0 451.666 1.102.130 0 0 232.849 568.183
0 0 0 0 0 163.474 383.004 0 0 86.872 203.533
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Radicado: 68001-23-33-000-2014-00630-01 (1644-2023)
Demandante: Claudia Patricia Galvis Vera
0 0 0 0 0 0 0 0 0 184.795 418.755
0 0 0 0 0 177.903 394.212 0 0 93.706 207.642
0 0 0 0 0 422.219 937.955 0 0 220.014 488.758
0 0 0 0 0 630.931 1.358.671 0 0 323.937 697.579
0 0 0 0 0 372.672 781.564 0 0 195.506 410.013
0 0 0 0 0 260.125 540.017 0 0 136.904 284.212
CONSOLIDADO
AUXILIO PRIMA
DE AUXILIO DE
INTERES
TRANSPT DE CESANTI CESANTI SERVICI PRIMA DE VACACION PRIMA DE BONIFICACI
E ALIMENT AS A O NAVIDAD ES VACACION ÒN POR
INDEXAD INDEXAD INDEXAD INDEXAD INDEXAD INDEXAD INDEXADA ES SERVICIO
O O A O A A S INDEXADA INDEXADA
$
$ $
$0 $0 $0 $0 222.258.7 $0 $0
2.878.344 14.766.923
64
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES
INDEXADAS: $ 239.904.031
104. En consecuencia, a la demandante le corresponden por concepto de
prestaciones sociales la suma de $239.904.031, motivo por el cual se modificará
la decisión de primera instancia, ordinal 2 literal a) parte resolutiva, se revocará
el literal c) de dicho ordinal por encontrarse ajustada la condena en su valor; y
se confirmará en lo demás.
2.6. De la condena en costas en segunda instancia
105. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
106. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
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Demandante: Claudia Patricia Galvis Vera
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.
107. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida, que en
este caso son la demandante y demandada, por no haber prosperado los
argumentos de sus recursos; la liquidación y ejecución se regirá conforme al
artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión contenida en el primer inciso
del artículo 188 del CPACA.
108. En este contexto procesal, como no prosperaron los argumentos de
ninguna de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas en esta
instancia.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley.
FALLA:
PRIMERO: MODIFICAR el ordinal 2 literal a) de la parte resolutiva de la sentencia
del 15 de noviembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander, el cual quedará así:
«a. La Universidad Industrial de Santander- UIS debe reconocer y pagar a
favor de la señora Claudia Patricia Galvis Vera, la suma de doscientos
nueve millones novecientos cuatro mil treinta y un pesos $239.904.031 por
concepto de las prestaciones sociales liquidadas por el período
comprendido entre el 1.º de febrero de 2000 y el 16 de diciembre de 2011,
conforme lo indicado en la motivación.
Asimismo, deberá reconocer y pagar a la parte actora la dotación de vestido y
calzado de labor, teniendo en cuenta el valor establecido por la entidad en
cada vigencia fiscal al momento de la adquisición de la dotación en el
período mencionado».
TERCERO: REVOCAR el literal c del numeral 2 de la sentencia, por cuanto la
condena aquí liquidada contiene el ajuste de valor.
CUARTO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.
QUINTO: NO CONDENAR en costas en segunda instancia.
SEXTO: ACÉPTESE la renuncia al pode Angie Daniela Bernal Caballero como
vocera judicial de la llamada en garantía Seguros del Estado S.A. de acuerdo
con los documentos consignados en el índice 16 aplicativo SAMAI segunda
instancia.
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Demandante: Claudia Patricia Galvis Vera
SÉPTIMO: ACÉPTESE la renuncia der al poder de Juan Carlos Valencia
Guarín, como vocera judicial de la llamada en garantía Cooperativa de
Tecnólogos e Ingenieros de la Industria del Petróleo y Afines T.I.P. de
acuerdo con los documentos consignados en el índice 18 aplicativo SAMAI
segunda instancia.
OCTAVO: ACÉPTESE la renuncia al poder de Daniel Jesús Peña Arango, como
vocera judicial de la llamada en garantía La Previsora S.A. Compañía de
Seguros. Y RECONOZCASE personería para actuar en procura de los intereses
de la Previsora S.A. Compañía de Seguros al abogado Sergio Julián Santoyo
Silva, de acuerdo con los documentos consignados en los índices 22 y 25 del
aplicativo SAMAI segunda instancia
NOVENO: EFECTÚENSE las anotaciones correspondientes en el sistema de
gestión judicial SAMAI y una vez en firme esta providencia devuélvase el
expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
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