Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-03169-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-03169-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2023-03169-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
3 de agosto de 2023
Demandante: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla
Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03169-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03169-00
Demandante: DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE
BARRANQUILLA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN CUARTA
Temas: Tutela contra providencia judicial – declara improcedente por
falta de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala resuelve la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y los Decretos 2591 de 1991
y 1069 de 20151.
I. ANTECEDENTES
1.1. La tutela
1. El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, actuando por
intermedio del secretario jurídico, presentó acción de tutela contra el Consejo de
Estado, Sección Cuarta. Con su solicitud de amparo pretende que se le proteja
el derecho fundamental al debido proceso.
2. La anterior garantía, a su juicio, fue vulnerada con ocasión de las
providencias dictadas por la autoridad judicial accionada el 26 de octubre2 y el 9
de diciembre de 20223, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado 08001-23-33-000-2020-00649-01.
1.2. Pretensiones
3. La parte actora solicitó lo siguiente:
1ª Que se ampare el Derecho Fundamental al Debido Proceso (art. 29 C.P.) y al
acceso a la administración de justicia (art. 229 C.P.) del DISTRITO ESPECIAL,
1 Modificado por el artículo 1º del Decreto Nacional 333 de 2021.
2 Admitió el recurso de apelación formulado contra la sentencia de primera instancia.
3 Negó un recurso de reposición promovido contra el auto admisorio.
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Demandante: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla
Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03169-00
INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA y se dejen sin efectos jurídicos
los autos de fecha 26 de octubre de 2022 y 9 de diciembre de 2022, proferidos por
la Magistrada, Dra. MYRIAM STELLA GUTIERREZ DE ARGÜELLO de la
SECCION CUARTA de la Sala de lo Contencioso Administrativo del CONSEJO
DE ESTADO dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
radicado No. 08-001-23-33-000-2020-00649-01 (26842). 2ª Que
consecuencialmente, se ordene a la accionada enviar el expediente a la Sección
Primera del Consejo de Estado por la competencia establecida en el Reglamento
Interno de esta Honorable Corporación. (Sic a toda la cita).
1.3. Hechos
4. La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la
referencia, de la siguiente manera:
5. El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla presentó
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Corporación
Autónoma Regional del Atlántico (en adelante CRA). El medio de control se
dirigió contra las resoluciones 0000659 de 26 de agosto de 2019 «por la cual se
liquidan intereses por giro extemporáneo del primer, segundo, tercer y cuarto
trimestre del año 2018, del porcentaje ambiental a cargo del [distrito tutelante] y
se decreta la existencia de una obligación legal a favor de [la CRA]» y 0001036
de 27 de diciembre de 2019, la cual resolvió un recurso de reposición contra el
anterior acto administrativo.
6. El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C dictó sentencia el 1.º de
junio de 2022, en la que negó las pretensiones propuestas. Explicó que el Decreto
1076 de 2015 reguló el término en el cual los municipios y distritos deben
transferir el concepto del porcentaje ambiental a la corporación para la que sirven
de recaudadores. Asimismo, que el giro extemporáneo de estos recursos causa
intereses moratorios a favor de las corporaciones autónomas regionales.
7. Así las cosas, ante la existencia de una obligación dineraria en favor de la
CRA, es competente para llevar a cabo el proceso de cobro coactivo
correspondiente. Concluyó que no le asiste razón al distrito accionante respecto
a que la accionada no puede cobrar coactivamente los intereses, pues estos son
accesorios de la obligación principal.
8. Inconforme con lo resuelto por el a quo, el distrito apeló la decisión de
primer grado. El recurso fue concedido por auto de 23 de junio de 2022, y
admitido el 26 de octubre del mismo año por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado.
9. El distrito presentó los recursos de reposición y en subsidio súplica contra
el auto admisorio. Afirmó que la Sección Cuarta carecía de competencia para
conocer del asunto, dado que no es de carácter tributario. Insistió en que la
liquidación de los intereses derivados «del giro supuestamente extemporáneo de
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una tasa ambiental entre un sujeto que no es el contribuyente, sino una especie
de recaudador (…)», no puede catalogarse dentro de materia tributaria.
10. Discutió que, de conformidad con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019,
la Sección Cuarta del Consejo de Estado conoce «procesos de nulidad y
restablecimiento del derecho sobre actos administrativos relacionados con
impuestos y contribuciones fiscales y parafiscales, EXCEPTO LAS TASAS». Por
ello, no podía conocer del tema en cuestión.
11. Por auto de 9 de diciembre de 2022, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado negó el recurso de reposición. Explicó que, en un asunto promovido por
la misma parte contra la CRA, con similares supuestos fácticos y jurídicos, se
declaró que la sección sí tenía competencia en este tipo de asuntos, pues los
actos administrativos objeto de estudio se dictaron al interior de un procedimiento
de cobro coactivo4. Por ende, de conformidad con el numeral 6 del artículo 13 del
Acuerdo 080 de 2019, puede conocer del proceso.
12. En cuanto al recurso de súplica, fue rechazado mediante el auto de 24 de
mayo de 2023, por considerarlo improcedente.
1.4. Sustento de la vulneración
13. La parte actora aseveró que el medio de control objeto de esta tutela no
puede considerarse como un asunto de carácter tributario. Refirió que, de
conformidad con el concepto de 12 de mayo de 2005 de la Sala de Consulta y
Servicio Civil del Consejo de Estado, «las transferencias a las corporaciones
autónomas regionales, no es de carácter tributario, pues la actividad de los entes
territoriales consiste en recaudar los dineros de un impuesto con destino a las
entidades que manejan el medio ambiente»5.
14. Insistió en que el proceso debe ser tramitado por la Sección Primera del
Consejo de Estado, pues no es de carácter tributario.
15. Sostuvo que, de conformidad con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 019
de la Sala Plena del Consejo de Estado, la Sección Cuarta no puede decidir de
fondo por el criterio de especialidad con el que están dotadas las Salas,
Secciones y Subsecciones del máximo tribunal de lo contencioso administrativo.
Indicó en que la Sección Primera es la que se encarga de lo no asignado a otras
secciones y de las controversias en materia ambiental.
16. Puso de presente que en un proceso que interpuso bajo los mismos
supuestos fácticos, presentó un incidente de nulidad en el que alegó la falta de
competencia funcional. Sin embargo, su solicitud fue negada mediante
4 Auto de 13 de diciembre de 2021, exp. 08001-23-33-000-2018-01048-01.
5 No precisó el radicado.
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providencia de 24 de septiembre de 20216. Por ello, dado que se tramitó el
proceso con el vicio que le adjudicó, incoó un recurso extraordinario de revisión
que se está tramitando por la Sala Especial de Decisión 26 del Consejo de
Estado7.
17. Señaló que, en la providencia de 9 de diciembre de 2022, la Sección
Cuarta no expuso las razones de hecho y de derecho por las cuales considera
que la Sección Primera no es competente. Por el contrario, la Sección Primera,
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 08001-23-
33-000-2017-01047-01, negó la petición de remisión del proceso por
competencia a la Sección Cuarta y a la Sala Plena del Consejo de Estado para
que tramitara el conflicto de competencia.
18. Estableció que, por auto de 17 de febrero de 2023, la Sección Primera del
Consejo de Estado precisó y argumentó de forma clara y suficiente por qué tenía
competencia para tramitar ese tipo de asuntos8. De modo opuesto, la Sección
Cuarta no explicó, conforme con el reglamento, las razones por las que es
competente.
1.5. Trámite de primera instancia
19. Por auto de 6 de julio de 2023, el ponente de esta decisión admitió la
solicitud de amparo. En consecuencia, ordenó notificar en calidad de accionado
al Consejo de Estado, Sección Cuarta. Asimismo, vinculó en calidad de terceros
con interés al Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C, a la CRA y a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
1.6. Intervenciones
1.6.1. Consejo de Estado, Sección Cuarta
20. Expuso que el asunto en cuestión no satisface el requisito general de la
relevancia constitucional, pues el asunto que se pretende someter a debate fue
definido en la providencia de 9 de diciembre de 2022, en la que se dejó claro que
esta sección es competente para tramitar el asunto.
21. Precisó que, en todo caso, no vulnero el derecho fundamental al debido
proceso. Explicó que los actos acusados se dictaron en el marco de un proceso
de cobro coactivo, y por ello tiene competencia.
22. Puso de presente que, en la decisión que ahora se tutela se indicó que «al
existir una regla especial de competencia en cabeza de la Sección Cuarta del
Consejo de Estado respecto a los procesos de nulidad y restablecimiento que se
6 Radicación 08001-23-33-000-2018-01048-01.
7 Radicación 11001-03-15-000-2022-03745-00.
8 Radicación 08001-23-33-000-2017-01047-01.
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adelanten contra actos administrativos proferidos en el marco del proceso
administrativo de cobro coactivo, no es procedente afirmar que el presente
asunto tiene una naturaleza residual y debía ser conocido por la Sección Primera
de esta Corporación».
23. En ese sentido, precisó que el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 dispone
que la Sección Cuarta asume el conocimiento de los procesos de nulidad y
restablecimiento del derecho relacionados con procesos de cobro coactivo. De
ese modo, dado que las decisiones objetadas en el medio de control son de este
tipo, la Sección Cuarta ostenta la competencia.
24. Por lo anterior, solicitó que se nieguen las pretensiones o se declare que
el mecanismo constitucional es improcedente.
1.6.2. Corporación Autónoma Regional del Atlántico
25. Por intermedio de apoderado judicial, manifestó que carece de
legitimación en la causa por pasiva. Agregó que la declaratoria de la falta de
competencia funcional le corresponde al despacho de conocimiento, pero que,
en todo caso, en lo que atañe a este asunto, ya se surtió tal debate.
26. De conformidad con lo anterior, se debe declarar improcedente este
mecanismo constitucional. Puntualizó que incluso, al interior de otro medio de
control con similares supuestos fácticos, la Sección Cuarta resolvió un incidente
de nulidad, pero al resolverse se expuso que al haberse dictado los actos objeto
del estudio de legalidad en el marco de un proceso de cobro coactivo, es
competente la mencionada colegiatura de cierre.
1.6.3. El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C aportó el expediente
ordinario que se le solicitó, pero no rindió intervención. Del mismo modo, la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, pese a ser notificada del
auto admisorio, guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
27. Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de
tutela presentada por la parte actora contra el Consejo de Estado, Sección
Cuarta. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de
1991, en concordancia con el Decreto 1069 de 2015 modificado por el Decreto
333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
2.2. Cuestión previa
28. La CRA alegó que carece de legitimación en la causa por pasiva, puesto
que las pretensiones van dirigidas a la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
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29. Pese a ser cierto lo anterior, la Sala aclara que la corporación mencionada
fue vinculada como tercera con interés, sin que ello implique que deba satisfacer
de alguna forma lo pedido. Lo anterior porque de accederse a la pretensiones del
actor un proceso ordinario en el que esta entidad es parte cambiaría de sección.
30. Por otra parte, la Sala aclara que, si bien se cuestionan las providencias
de 26 de octubre y 9 de diciembre de 2022, en caso de que se superen los
requisitos especiales de procedibilidad, el estudio se centrará en la segunda de
las decisiones, por ser la que resolvió el recurso de reposición contra la primera.
En ese sentido, corresponde a la que culminó el debate que se pretende
cuestionar por esta vía.
2.3. Legitimación en la causa
31. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento
de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea
el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).
32. Con fundamento en lo expuesto, la Sala advierte que el Distrito Especial,
Industrial y Portuario de Barranquilla promovió el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 08001-23-33-000-2020-00649-01. Por
tanto, es el titular del derecho fundamental cuya protección reclama. En
consecuencia, goza de legitimación en la causa por activa.
33. Por otro lado, la Sala evidencia que el Consejo de Estado, Sección Cuarta
se encuentra legitimado en la causa por pasiva. Lo anterior, por ser la autoridad
que dictó la providencia de 9 de diciembre de 2022.
2.4. Problemas jurídicos
34. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el
material probatorio recaudado y el informe presentado; los problemas jurídicos a
resolver en el caso concreto son los siguientes:
● ¿Se superan los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales?
35. De resultar afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará
lo siguiente:
● ¿El Consejo de Estado, Sección Cuarta vulneró el derecho fundamental al
debido proceso de la parte actora al proferir el auto de 9 de diciembre de 2022,
en el que negó la reposición presentada contra el auto admisorio del recurso de
apelación por carecer de competencia?
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36. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, (ii) los requisitos generales de procedibilidad, y de superarse los
anteriores supuestos, (iii) el caso concreto.
2.5. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
37. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 20129. Lo anterior, porque hasta ese
momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes
posturas sobre este tema10. En la referida sentencia se estableció que la tutela
contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos
especiales y excepcionales11.
38. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 201412. En esta sentencia
se establecieron seis requisitos adjetivos de procedencia13 y ocho defectos
especiales en los que puede incurrir una providencia judicial14.
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de
2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
10 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena
antes reseñado.
11 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto
de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
13 Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del
2014 son: i). Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que
se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance
de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración.
iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto
decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en
el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de sentencias de
tutela.
14 Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando
el funcionario judicial que profirió́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́
completamente al margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el
juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión; iv). Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con
base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el
juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma
de una decisión que afecta derechos fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos
de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de
su órbita funcional; vii). Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario
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39. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y examinar si se configuran
los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes
requisitos generales de procedencia:
i) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) efecto decisivo de la irregularidad procesal.
40. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice
el fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
estudiar si se configura uno o más de los defectos especiales de procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la Sala ha
establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se
requerirá:
i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de
tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión, y,
ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
41. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
42. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad. En caso de encontrarlos superados,
se resolverá si la sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.
2.6. Estudio del requisito general de procedibilidad de la relevancia
constitucional
43. Al respecto, esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de 2022
modificó la postura que venía manejando sobre el estudio del requisito de
relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace
evidente que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin
que se pueda advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una
posible vulneración de una garantía constitucional15.
aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa de la Constitución.
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29
de septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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44. De esta manera, en esa oportunidad, se planteó que el estudio de la
relevancia constitucional debía estar acompasado con los criterios establecidos
por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022, los cuales fueron
acogidos por esta Corporación. En concreto, estos presupuestos se refieren a:
i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;
ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende,
no debe ser un debate exclusivamente legal; y
iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración
ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias
corresponde definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse
en una tercera instancia.
45. Adicionalmente, en el fallo de unificación referenciado la Corte explicó que,
dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se
interponga un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial
“el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”.
46. Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una
alta corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta
que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen relevancia
en términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la
búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y,
por esta vía, en la materialización del principio de igualdad”.
47. Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la
acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
una corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o
formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo
anterior como un eje fundamental para “lograr un correcto entendimiento de los
hechos y del problema jurídico, pues así se previene la irrupción del juez de tutela
en asuntos que no son de su competencia y se garantiza que la cuestión sea
analizada a la luz de la Constitución”.
48. Conforme a lo decidido en anteriores oportunidades, la Sala entrará a
decidir si en el presente caso el asunto reviste o no de relevancia constitucional,
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de conformidad con los criterios antes planteados y atendiendo a los fines
acogidos por la Corte Constitucional y esta Corporación.
2.6.1. Relevancia constitucional en el caso concreto
49. Como se expuso en precedencia, la vulneración alegada por la parte
actora se concretó con las providencias de 26 de octubre y 9 de diciembre de
2022. Se recuerda que, en la primera de las decisiones reprochadas se admitió
el recurso de apelación contra la sentencia dictada en primera instancia, mientras
que en el segundo, se rechazó un recurso de reposición presentado contra el
anterior auto.
50. La parte actora insistió en que la Sección Cuarta no es competente para
tramitar el asunto que se ventila al interior del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 2020-00649-01, por no ser de carácter
tributario. Explicó que se desconoció el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de
la Sala Plena del Consejo de Estado que establece los criterios de especialidad
de las distintas Salas y Secciones de la corporación, y que la autoridad judicial
reprochada no justificó, de conformidad con la norma aludida, por qué podía
conocer el proceso. Asimismo, indicó que la Sección Primera de este organismo
colegiado era la competente y que ello lo había desarrollado ampliamente en otro
medio de control con similares supuestos fácticos y jurídicos.
51. Para la Sala, el asunto que pretende someter a debate del juez
constitucional el ente territorial accionante carece de relevancia constitucional por
las razones que pasan a exponerse.
52. Se comienza por resaltar que la Sección Cuarta del Consejo de Estado
expuso ampliamente las razones por las que considera que tiene competencia
para tramitar el asunto referido. En el mismo sentido, no es cierto que para llegar
a la conclusión de negar el recurso de reposición contra el auto admisorio y
referirse a los reproches del distrito actor, no haya hecho alusión al Acuerdo 080
de 2019 del Consejo de Estado. Lo anterior se observa en la providencia de 9 de
diciembre de 2022, de la siguiente manera:
Ahora bien, esta Sección en providencia del 13 de diciembre de 20216 , en proceso
adelantado por la misma parte demandante y demandada, con supuestos facticos
y jurídicos similares, dispuso “el asunto de referencia sí corresponde a la Sección
Cuarta, ya que se trata de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho
contra los actos proferidos en el marco del procedimiento de cobro coactivo, de
conformidad con el artículo 13, numeral 6, de las reglas de reparto de asuntos de
la Sección Cuarta.” Por lo que no se está frente a una falta de competencia
funcional.
53. Así las cosas, no le asiste razón a la parte actora cuando afirma que se
desconocieron las normas que aludió en su demanda o que no se explicaron con
suficiencia las razones jurídicas conforme a las cuales la Sección Cuarta del
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-03169-00
Consejo de Estado puede tramitar el medio de control mencionado.
54. Pese a lo anterior, la Sala no desconoce que el tutelante puso de presente
que otra demanda bajo similares supuestos fácticos y jurídicos está siendo
definida por la Sección Primera del Consejo de Estado y que, en dicho proceso
la alta corporación también aclaró que tiene la competencia para dilucidar ese
tipo de asuntos.
55. Lo anterior ocurre porque, de conformidad con el artículo 150 de la Ley
1437 de 2011 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo,
conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación». En consecuencia, teniendo en
cuenta que la parte actora presentó un recurso de apelación contra la sentencia
de 1.º de junio de 2022 del Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C el
Consejo de Estado ostenta la competencia para tramitar la segunda instancia.
56. Nótese que la regla de competencia, dispuesta en la Ley 1437 de 2011 no
hace distinción alguna entre las Salas y Secciones del alto tribunal de lo
contencioso administrativo. Si bien el Acuerdo 080 de 2019 dispone en su artículo
13 una serie de lineamientos al interior de la corporación para conocer de los
distintos asuntos, estas reglas son de reparto y no de competencia, como el
mismo tenor literal de la norma en cuestión lo pone de presente al señalar que,
«Para efectos de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo
Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un
criterio de especialización y de volumen de trabajo (…)».
57. Así las cosas, lo que propone la parte actora cae en un desacuerdo frente
a la decisión de la Sección Cuarta del Consejo de Estado de avocar el
conocimiento en segunda instancia de un medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, por considerar que lo debe resolver otra Sección
del mismo cuerpo colegiado. No obstante, se itera, la competencia se la asignó
el legislador al Consejo de Estado sin distinguir entre salas, secciones o
subsecciones.
58. Por ende, no se puede predicar la nulidad por falta de competencia por los
asuntos que sean tramitados en las diferentes secciones de la Sala Contenciosa
Administrativa de esta Corporación alegando que debió ser conocido por otra de
las secciones. En este orden, la distribución de los asuntos judiciales al interior
del Consejo de Estado es una materia que está regulada en una norma infra
legal, pues se reitera la competencia la estableció el legislador en cabeza de toda
la corporación. Por ende, es evidente que el tema planteado en esta acción de
tutela no tiene relevancia constitucional porque cuestiona un tema de distribución
regulado en una disposición que no tiene el rango de ley.
59. Al respecto, la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado en
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el marco de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho contra un acto
que resultó ser de naturaleza precontractual, determinó que, si bien bajo el criterio
de la especialidad el asunto debió ser tramitado por la Sección Primera, tal
circunstancia no acarreaba la nulidad de la actuación porque la competencia era
del Consejo de Estado. En dicha oportunidad se dijo lo siguiente:
[E]n este fallo se concluye que el acto demandado no es <<precontractual>>, lo
que implicaría que debió ser estudiado por la Sección Primera; esta circunstancia
no acarrea la nulidad de la actuación porque la corporación que lo resuelve es el
Consejo de Estado y la división adoptada en el reglamento atañe solamente a la
distribución de trabajo. […]
La norma que indica los asuntos que corresponden a las diferentes secciones del
tribunal son reglas de reparto pero que no afectan su competencia, porque el
legislador es quien define las reglas de competencia. En ese sentido, es
equivalente a lo que ocurre en esta corporación. […] Esto es tan claro que hoy
día el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 indica que la distribución de procesos
entre las secciones tiene <<efectos de repartimiento>>. Igualmente, la Sección
Tercera del Consejo de Estado ha estudiado casos de nulidad y restablecimiento
del derecho de rutas de transporte intermunicipal teniendo en cuenta que es
competente funcionalmente.16
60. De conformidad con lo anterior, para la Sala los reproches de la parte
tutelante carecen de relevancia constitucional, pues caen en simples conjeturas
frente a la interpretación efectuada por la autoridad judicial accionada sobre las
reglas de reparto, las cuales confunde con la competencia legalmente asignada
a este cuerpo colegiado.
61. Así las cosas, la providencia objeto de estudio no es vulneradora de
garantías de raigambre ius fundamental, ni se encuentra razón o fundamento con
carga constitucional que implique que el juez estudie de fondo la decisión citada.
Se itera, el reproche de la parte actora recae en una confusión entre las figuras
de reparto interno y competencia legal, cuya función es exclusiva del legislador.
62. Lo anterior no obsta para aclarar que entre las Secciones del Consejo de
Estado se pueden proponer conflictos sobre el conocimiento de un asunto, de
acuerdo con las reglas de reparto y especialidad previstas en el Acuerdo 080 de
2019, pero estos los proponen las Salas correspondientes y los resuelve el
presidente de la corporación17.
63. En vista de lo esbozado, corresponde declarar que este mecanismo
judicial es improcedente porque no reviste relevancia constitucional dado que no
16 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN
TERCERA, SUBSECCIÓN B. Sentencia Radicación número: 25000-23-36-000-2015-02211-
01(61896) del (8) de septiembre de dos mil veintiuno (2021. Consejero ponente: MARTÍN
BERMÚDEZ MUÑOZ.
17 Así se ha realizado dentro de los expedientes 11001-03-25-000-2017-00233-00, 25000-23-
41-000-2016-00996-01, entre otros.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-03169-00
existe una carga mínima argumentativa que controvierta la providencia de 9 de
diciembre de 2022. Lo anterior, se reitera, porque los cargos de esta tutela se
dirigen a cuestionar por qué una Sección del Consejo de Estado está tramitando
un asunto, cuya competencia tiene legalmente asignada por confundir esta figura
con las reglas de reparto fijadas en el reglamento interno del cuerpo colegiado.
2.7. Conclusión
64. Se declarará improcedente la tutela de la referencia. Lo anterior, porque la
parte actora pretende no trajo en sede de tutela una carga argumentativa mínima
de raigambre constitucional que avale el estudio de la providencia reprochada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación de la CRA.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la tutela formulada por el Distrito
Especial Industrial y Portuario de Barranquilla contra la Sección Cuarta del
Consejo de Estado.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de
su ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Aclara voto
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-03169-00
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
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