Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-03176-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-03176-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2023-03176-00
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
20 de octubre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá DC, 20 de octubre de 2023
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03176-00
Demandante: Concesión Túnel de Aburrá Oriente SA
Demandado: Consejo de Estado – Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Relevancia constitucional
Síntesis del caso: La autoridad demandante enjuició la Sentencia de segunda instancia,
mediante la cual se confirmó la decisión de negar las pretensiones de la demanda, en un
asunto de carácter tributario en el que se discutía la base gravable respecto de la
contribución parafiscal para la promoción del turismo.
De conformidad con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver,
en primera instancia, la acción de tutela presentada por la Concesión Túnel
de Aburrá - Oriente SA contra la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Posición de la parte demandada y
terceros.
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 13 de junio de 2023, la Concesión Túnel de Aburrá - Oriente SA, por
intermedio de apoderado judicial, presentó acción de tutela contra la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, por la presunta vulneración de su
derecho fundamental al debido proceso, con ocasión de la Sentencia de 1
de diciembre de 2022, proferida dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho No. 25000-23-37-000-2017-00929-02.
2. A título de amparo constitucional, la autoridad demandante solicitó
(se trascribe):
“1. Que se declare que la Sección Cuarta del Consejo de Estado incurrió en una
vía de hecho en el fallo de segunda instancia que profirió el 1 de diciembre de
2022 dentro del expediente 25000-23-37-000-2017-00929-02 (26767), (...), por
haber esta haber incurrido en una vía de hecho por: defecto fáctico y
sustantivo, (…) lo que implicó una violación flagrante al derecho fundamental
al debido proceso de mi poderdante.
1 Artículo 86 de la Constitución Política, los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015 y 1983 de 2017 y el
Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03176-00
Demandante: Concesión Túnel de Aburrá - Oriente SA
Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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2. Que, como consecuencia de la anterior declaración, se deje sin efecto el
fallo de segunda instancia proferido el 1 de diciembre de 2022 por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado dentro del expediente 25000-23-37-000-2017-
00929-02 (26767).
3. Que, como consecuencia de las anteriores declaraciones, y ante las
evidentes vías de hecho en que incurrió la Sección Cuarta del Consejo de
Estado, (…) pido que el juez constitucional ordene al Consejo de Estado,
Sección Cuarta, pronunciarse en segunda instancia, fijando los criterios
constitucionales que deben ser tenidos en cuenta para la expedición de la
nueva providencia, criterios que deben incluir necesariamente el
pronunciamiento de las pretensiones solicitadas frente al Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo.”
3. Como hechos relevantes, del escrito de tutela y sus anexos se
destacan los siguientes:
4. 1) La Concesión Túnel de Aburrá de Oriente SA presentó ante el Fondo
Nacional del Turismo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo - FONTUR,
la contribución parafiscal para la promoción del turismo correspondiente a
los trimestres 1, 2, 3 y 4 para el año 2014, con una base gravable equivalente
a $0, toda vez que, a su juicio, el recaudo de peajes no hacía parte de ese
elemento para el cálculo del tributo.
5. 2) El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo profirió la Resolución
No. 107 del 20 de enero de 2017, por medio de la cual expidió la Liquidación
Oficial de Revisión respecto de la contribución parafiscal presentada, en el
sentido de modificar la base gravable para calcular el tributo. Para ello,
tomó en cuenta los recaudos que se habían realizado por concepto de
peajes en los puestos de Variante, Las Palmas y Santa Elena.
6. 3) La Concesión Túnel de Aburrá de Oriente SA formuló demanda, en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contra el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, con el fin de que se
declarara la nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión de la contribución
parafiscal para la promoción del turismo.
7. Esa demanda tuvo como fundamento que el acto administrativo
demandado desconoció la Ley 1101 de 2006 en su artículo 3 parágrafo 4 y
el Decreto 1074 de 2015, artículo 2.2.4.2.1.4., que, a su juicio, permitían
determinar que la base gravable del tributo estaba integrada por ingresos
operacionales derivados del transporte de pasajeros y no por ingresos
recaudados por concepto de peajes.
8. 4) El 11 de marzo de 2021, la Subsección B de la Sección Cuarta del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió Sentencia en la que negó
las pretensiones de la demanda con fundamento en que la Corte
Constitucional había definido que los concesionarios de carreteras son
aportantes de la contribución parafiscal para la promoción del turismo y
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Decisión: Declara improcedencia
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tienen la obligación de liquidar y pagar ese tributo con base en el transporte
de pasajeros. En ese orden, señaló que el concesionario tenía la carga de
la prueba de demostrar que el recaudo se originó por una actividad
diferente al de transporte de pasajeros, como la actividad de carga, pero
no lo hizo.
9. 5) Esa decisión fue apelada por la Concesión Túnel de Aburrá de
Oriente SA que señaló que no percibió ingresos operacionales por transporte
de pasajeros en la medida en que el servicio que brindaba era el de
concesión, no el de transporte propiamente dicho. Adicional a lo anterior,
indicó que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo determinó, de
manera errónea, que los peajes recaudados correspondían en su totalidad
a vehículos de transporte de pasajeros y que esa concesión no era la
encargada de desvirtuar esa “presunción” a la que llegó la autoridad
administrativa.
10. 6) La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante Sentencia de
1 de diciembre de 2022, confirmó la decisión apelada. Lo anterior, tras
indicar que, en la misma línea en que lo había reiterado la Corte
Constitucional, el Consejo de Estado ha sostenido que los concesionarios de
carreteras son sujetos pasivos de la contribución parafiscal para la
promoción del turismo, cuya base gravable está integrada por los ingresos
operacionales por el transporte de pasajeros, que corresponden a los
obtenidos a través de las distintas modalidades de peaje con exclusión de
los peajes sufragados por vehículos de transporte de carga.
11. Bajo esa postura, indicó que el concesionario era sujeto pasivo de ese
tributo y la base gravable debía calcularse con base en ingresos derivados
del recaudo de las distintas modalidades de peaje, sin incluir los
provenientes de los vehículos de transporte de carga. Finalmente hizo
referencia a que la parte demandante no acreditó que los ingresos que
conformaban la base gravable incluyeran vehículos de transporte de carga.
12. Como fundamento de la vulneración, la sociedad demandante
alegó la configuración de los defectos sustantivo y fáctico, pese a ello, solo
desarrolló el primero.
13. En ese orden, mencionó que fue la Ley 2068 de 2020, la que adoptó
unos criterios técnicos para definir la base gravable del tributo y especificar
que ese elemento de la obligación tributaria hacía referencia al recaudo
obtenido por los ingresos operacionales percibidos por el paso de vehículos
de transporte de pasajeros por peajes. En virtud de lo anterior, consideró que
antes de la expedición de esa ley existía duda sobre la base gravable del
tributo y la liquidación del tributo debía hacerse sobre el transporte de
pasajeros propiamente dicho, como lo estableció la Ley 1101 de 2006.
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14. Agregó que el cálculo del tributo se hizo con fundamento en una
presunción legal según la cual todos los vehículos que pagan peaje en las
categorías 1 y 2 son de transporte de pasajeros, pero no tuvo en cuenta que
el recaudo de peajes también operaba respecto de los vehículos de carga
que hacían parte de dichas categorías.
15. Finalmente, cuestionó que la autoridad judicial demandada le
impusiera la carga de la prueba de demostrar que la presunción aplicada
sobre el pago de peaje en las categorías 1 y 2, correspondía al servicio de
transporte de carga.
1.2. Posición de la parte demandada y terceros2
16. La Sección Cuarta del Consejo de Estado consideró que lo pretendido
por la parte demandante era utilizar la acción de tutela como una instancia
adicional al proceso judicial ordinario, motivo por el que indicó que la misma
no superaba el requisito de relevancia constitucional y se debía declarar la
improcedencia. Adicional a lo anterior, de manera subsidiaria, solicitó que
negara el amparo solicitado ante la ausencia de vulneración de derechos
fundamentales.
17. La Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela
pues lo pretendido por la parte demandante era reabrir la discusión en un
asunto que fue puesto en conocimiento y resuelto por las autoridades
judiciales competentes para el efecto.
18. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo solicitó que se declarara
la falta de legitimación activa en la causa, en la medida en que el
apoderado de la Concesión Túnel de Aburrá de Oriente SA, quien presentó
la demanda, no acreditó la ausencia del representante legal principal, para
efectos del otorgamiento del poder.
19. Adicional a lo anterior, señaló que la acción de tutela era
improcedente, pues no se superó el requisito de inmediatez en la medida en
que no se interpuso dentro de un término razonable, ya que la sentencia
que se solicita que sea dejada sin efectos fue proferida el 1 de diciembre de
2022 y la acción de tutela solo se interpuso hasta el 14 de junio de 2023.
20. Finalmente, indicó que, en caso de aceptarse la procedencia de la
acción de tutela, no hubo vulneración de derechos fundamentales por
parte de las autoridades accionadas en consideración a que las decisiones
2 Mediante Auto de 20 de junio de 2023, el despacho resolvió (1) admitir la acción de tutela de la referencia, (2)
tener como demandada a la Sección Cuarta del Consejo de Estado, (3) vincular, en calidad de terceros, a la
Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y al Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo y (4) se requirió a la Concesión Túnel de Aburra - Oriente S.A. y a su apoderada para que
allegaran los documentos que acreditaran la ausencia del representante legal principal o, dado el caso allegaran
el poder especial respectivo, para efectos de determinar la representación en la acción de tutela.
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cuestionadas se fundamentaron en el ordenamiento jurídico y las pruebas
obrantes en el expediente.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Legitimación activa en la causa. 2.2. Procedencia de la acción de tutela
contra providencia judicial. 2.3. Conclusiones.
2.1. Legitimación activa en la causa
21. En atención a que la acción de tutela fue presentada por José
Vicente Blanco Restrepo, como apoderado de la Concesión Túnel de
Aburrá - Oriente SA, pero a través de poder concedido por el representante
legal suplente de la sociedad, este despacho, mediante Auto de 20 de junio
de 2023, requirió a la parte demandante para que allegara los documentos
que acreditaran la ausencia del representante legal principal o, en su
defecto, se allegara el poder debidamente conferido.
22. Mediante escrito presentado el 27 de junio de 2023, el apoderado de
la Concesión Túnel de Aburrá - Oriente SA allegó una constancia emitida
por la Directora Administrativa y de Gestión Humana de la sociedad en la
cual se indicó que el representante legal principal estuvo ausente entre el
24 de mayo y el 15 de junio de 2023, por vacaciones.
23. En atención a que el poder fue otorgado el 13 de junio de 2023 (fecha
en la que el representante legal principal de la sociedad se encontraba
ausente), se concluye que sí hay legitimación del suplente para representar
a la sociedad y con ello tenía facultades para conferir el poder presentado.
2.2. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial 3
24. La Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela por no
satisfacer el requisito de relevancia constitucional, pues se advierte que la
Concesión Túnel de Aburrá Oriente SA pretendió someter su pleito a una
instancia adicional al proceso ordinario.
25. Al respecto, debe indicarse que, la relevancia constitucional es uno
los requisitos que deben concurrir para que resulte procedente la acción de
tutela contra providencias judiciales, pues, en los términos de la Corte
Constitucional, (se trascribe) “el juez constitucional no puede entrar a
estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia
constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones”4.
3 El siguiente análisis se hace de conformidad con el orden establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia
T-066 de 2019.
4 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005.
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26. En ese sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia de
5 de agosto de 20145, adujo expresamente que el requisito que se analiza
requiere la conjunción de 2 elementos: (1) la carga argumentativa por parte
del demandante en la que explique la relevancia de la controversia para el
juez de tutela6 y que la solicitud de amparo no se presente con objeto de
obtener una nueva instancia7; y (2) que se trate de una controversia sobre
derechos fundamentales y no asuntos de mera legalidad8.
27. Asimismo, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia
constitucional tiene por finalidades preservar la competencia e
independencia del juez ordinario, restringir la acción de tutela a asuntos
donde se afecten los derechos fundamentales e impedir que esta se
convierta en una instancia adicional9.
28. De la revisión del escrito de tutela, la Sala evidenció que la parte
accionante (1) no cumplió con la carga argumentativa necesaria para
determinar los motivos por los cuales este asunto tenía trascendencia
constitucional y (2) pretendió revivir un debate propio del juez natural sobre
una situación definida y consolidada. Así, buscó que, a través de la acción
de tutela, se estudiara un aspecto que ya fue resuelto, es decir, utilizarla
como una instancia adicional.
29. Lo anterior obedece a que, si bien la parte actora refirió que la
cuestión discutida era de relevancia constitucional en razón a que (se
trascribe): “la sentencia en discusión, desconoció el derecho fundamental
al debido proceso de la sociedad Concesión Túnel Aburrá Oriente S.A
derecho relevante en la institución de la acción de tutela”, lo cierto es que
tal argumento no resulta suficiente para explicar por qué era necesaria la
intervención del juez de tutela, de cara a la decisión adoptada por el juez
de la nulidad y el restablecimiento del derecho, pues se presentó, junto con
los reparos hechos a la decisión enjuiciada, como meras diferencias o
discrepancias interpretativas respecto la decisión del juez natural de la
causa.
30. Además, aunque la parte accionante encuadró sus reparos en unos
defectos, la Sala considera que la intención del demandante era poner de
5 Consejo de Estado. Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01
6 Ídem. “El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela
que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.// A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de
argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el juez pueda determinar si se cumple tal requisito,
so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional.”
7 Ídem. “El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal
adicional. En consecuencia, en caso [de] que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor,
la decisión será rechazarla o declararla improcedente.”
8 Ídem. “La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos fundamentales.
No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.”
9 Corte Constitucional, Sentencias T-422 de 2018 y T-555 de 2019.
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presente una indebida interpretación normativa y jurisprudencial respecto
de la base gravable para el cálculo de la contribución parafiscal para la
promoción del turismo, con el fin de que se realizara un nuevo análisis sobre
ese aspecto y, con fundamento en ello, reabrir el debate sobre la nulidad
del acto que adoptó la liquidación oficial de revisión por parte del Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo.
31. Esos reparos fueron abordados y resueltos por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado a través de la Sentencia de 1 de diciembre de 2022, en
la cual, la referida autoridad judicial hizo claridad en que, de conformidad
con la Sentencia de la Corte Constitucional C-959 de 2007 y las Sentencias
del Consejo de Estado de 6 de julio de 2016, Exp. 21.601; 19 de noviembre
de 2020, Exp. 22.307, y 8 de septiembre de 2022, Exp. 26.051, los
concesionarios de carreteras son sujetos pasivos de la contribución
parafiscal para la promoción del turismo. Adicional a lo anterior indicó que,
de acuerdo con la citada Sentencia C-959 de 2007, la base gravable de la
contribución analizada estaba compuesta por los ingresos operacionales
percibidos por concepto de transporte de pasajeros, que correspondían a
los ingresos derivados del recaudo de las distintas modalidades de peaje,
con excepción de los vehículos de transporte de carga.
32. En virtud de lo anterior, debe señalarse que no se evidenció la
necesidad de intervención del juez de tutela en un asunto que ya fue
resuelto por el juez natural, quien puso de presente las razones por las cuales
consideró que el acto administrativo que determinó la liquidación oficial de
revisión no se encontraba viciado de nulidad.
33. Así las cosas, debe aclarase que las diferencias interpretativas que
existieren entre la parte demandante y el juez natural de la causa no
constituyen, por sí mismas, la justificación para que el juez de tutela revise las
decisiones del juez ordinario. En otras palabras, la presentación de las
discrepancias entre lo decidido por el juez y el criterio de quien enjuicia
dicha decisión, vía tutela, no da por cumplido el requisito de relevancia
constitucional. Más, si se trata de una tutela contra providencia judicial, pues
este es un mecanismo constitucional de amparo de derechos
fundamentales de carácter excepcional.
2.3. Conclusiones
34. Para la Sala existen razones suficientes para tener por no cumplido el
requisito de relevancia constitucional y, en consecuencia, (1) se abstendrá
de estudiar los demás requisitos de procedencia y (2) declarará la
improcedencia de la presente solicitud de amparo.
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Decisión: Declara improcedencia
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En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: RECONOCER personería al abogado José Vicente Blanco
Restrepo identificado con cédula de ciudadanía No. 71.631.158 y portador
de la Tarjeta Profesional No. 44.445 del Consejo Superior de la Judicatura,
como apoderado de la parte actora, en los términos del poder obrante en
el expediente digital.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por la
Concesión Túnel de Aburrá - Oriente SA, por las razones expuestas.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin10.
CUARTO: De no ser impugnada esta providencia, por Secretaría, REMITIR
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
QUINTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Con aclaración de voto
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
10 secgeneral@consejodeestado.gov.co.
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