Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2017-00929-02
Consejo de Estado · Sección Cuarta
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-37-000-2017-00929-02
Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2017-00929-02
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2017-00929-02
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
1 de diciembre de 2022
Radicado: 25000-23-37-000-2017-00929-02 (26767)
Demandante: Concesión Túnel Aburrá Oriente S.A.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE (E): MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá, D. C., uno (01) de diciembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-37-000-2017-00929-02 (26767)
Demandante: Concesión Túnel Aburrá Oriente S.A.
Demandado: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Temas: Contribución parafiscal para la promoción al turismo. Periodos 1.° a 4.°
de 2014. Base gravable.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia del 11 de marzo de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, que negó las pretensiones de la demanda
y no se pronunció sobre la condena en costas (índice 35)1.
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
Mediante la Resolución nro. 107, del 20 de enero de 2017, el demandado liquidó
oficialmente el tributo denominado «contribución parafiscal para la promoción del
turismo», a cargo de la actora, por los cuatro trimestres del 2014, en cuantía total de
$129.552.022 (índice 2)2.
ANTECEDENTES PROCESALES
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el
artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las siguientes pretensiones
(índice 2):
1. Que se declare la nulidad de la Resolución nro. 107 del 20 de enero de 2017, expedida por el
viceministro de Comercio Exterior encargado de las funciones del despacho de la ministra de
Comercio, Industria y Turismo de Colombia, por medio de la cual "se profiere una liquidación de
revisión", de la contribución parafiscal para la promoción del turismo a cargo de la Concesión Túnel
1 Del repositorio informático Samai del tribunal.
2 Del repositorio informático Samai.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 25000-23-37-000-2017-00929-02 (26767)
Demandante: Concesión Túnel Aburrá Oriente S.A.
Aburra Oriente S.A. (…) correspondiente a los peajes Variante, Las Palmas y Santa Elena, para los
trimestres 1.º, 2.º, 3.º y 4.º del año 2014, resolución que fue notificada por correo certificado el 21 de
febrero de 2017.
2. En caso de que al momento de expedición de la sentencia, la sociedad Concesión Túnel Aburrá
Oriente S.A. hubiere pagado el valor de la contribución impuesta, le solicito condenar al Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo a reintegrar el valor pagado por el demandante, junto con el
reconocimiento a título de lucro cesante de una suma equivalente al interés bancario corriente
causado entre el momento del pago y el momento de la sentencia, o en subsidio de este
reconocimiento, que la suma reintegrada sea debidamente actualizada con base en la variación del
índice de precios al consumidor certificado por el DANE.
3. Igualmente solicitamos que, también en el caso de que el pago se hubiere realizado para el
momento en el cual se dicte sentencia, que las sumas de dinero que la parte demandada debe
reintegrar generen los intereses de que hablan los artículos 192 y 195 del CPACA.
4. Que se dé cumplimiento a la sentencia en los términos y condiciones previstos en el artículo 192
del CPACA.
A los anteriores efectos, invocó como vulnerados los artículos 2.º y el parágrafo 4.º del
artículo 3.º de la Ley 1101 de 2006 y 2.2.4.2.1.4 del Decreto 1074 de 2015, bajo el
siguiente concepto de violación (índice 2):
La demandante aseguró que los ingresos que recaudó por concepto de peajes no eran
base gravable para cuantificar el tributo de la referencia, teniendo en cuenta los artículos
2.º de la Ley 1101 de 2006 y 2.2.4.2.1.4 del Decreto 1074 de 2015, según los cuales la
base imponible estaría conformada por los ingresos operacionales, vinculados a la
actividad sometida a gravamen (i.e. transporte de pasajeros). Al respecto, afirmó que no
percibió ingresos operacionales derivados del transporte de pasajeros, en la medida en
que no prestaba dicho servicio. Y, de todas formas, no era posible fijar la cantidad de
vehículos de categorías I y II que transportaron pasajeros y sufragaron el peaje, sumado
a que el concepto de pasajero era aplicable únicamente al transporte público, de
conformidad con el artículo 2.º de la Ley 769 de 2002.
Contestación de la demanda
El demandado se opuso a las pretensiones de la actora (índice 2)3. Sobre los aspectos de
fondo, insistió en que la actora era sujeto pasivo de tributo en disputa, dada su vinculación
al sector turístico, como lo consideró la Corte Constitucional en la sentencia C-228 de
2009, además de que la base gravable del tributo estaba constituida por los ingresos
operacionales vinculados con la actividad sometida a gravamen, que para el caso de los
concesionarios de carreteras correspondía a los ingresos provenientes del recaudo de
peajes por el transporte de pasajeros de la categoría I conformada por automóviles,
camperos y camiones y la II por buses y busetas, para lo cual resultaba indiferente si los
vehículos pertenecían a empresas dedicadas al transporte público de pasajeros, o si se
trataban de vehículos particulares, de acuerdo con lo decidido por la Corte Constitucional
en la sentencia C-959 de 2007. Seguidamente, precisó que el fundamento del acto
demandado fue la Ley 1101 de 2006, que no la Ley 1558 de 2012, como erróneamente lo
sostuvo la actora, pues esa ley fue declarada inconstitucional.
3 Propuso la excepción de inepta demanda por falta de agotamiento de la actuación administrativa por no
haberse interpuesto recurso de reposición contra la liquidación del tributo, pero fue desestimada por el
tribunal en auto del 09 de octubre de 2018, decisión confirmada por esta corporación a través de providencia
del 22 de noviembre de 2018 (índice 2).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 25000-23-37-000-2017-00929-02 (26767)
Demandante: Concesión Túnel Aburrá Oriente S.A.
Sentencia apelada
El tribunal negó las pretensiones de la demanda (índice 35). Precisó que la base gravable
del tributo en disputa para los concesionarios de carreteras y aeropuertos, quienes fueron
señalados por el legislador como sujetos pasivos, correspondía al ingreso percibido en los
peajes respecto del transporte de pasajeros, exceptuando únicamente el transporte de
carga, como lo analizó la Corte Constitucional en la sentencia C-959 de 2007, pero la
actora no desvirtuó que los ingresos tomados por el demandado para conformar la base
gravable haya incluido el ingreso de peaje por vehículos de transporte de carga, siendo
que a esta le correspondía la carga de la prueba4.
Recurso de apelación
La demandante apeló la decisión del tribunal (índice 2). Para ello, insistió en que no
percibió ingresos operacionales por la prestación del servicio de transporte de pasajeros,
pues de hecho ese servicio solo puede ser prestado por vehículos públicos al tenor del
Código Nacional de Tránsito y Transporte, y dado que su servicio era el de la concesión,
los peajes recaudados no debían ser base imponible porque no es equivalente a prestar
servicio de transporte de pasajeros. Frente a la base imponible, aseguró que el
demandado la determinó teniendo en cuenta los peajes recaudados por todos los
vehículos clasificados según el contrato de concesión en las categorías I y II, presumiendo
equivocadamente que en su totalidad correspondieron a vehículos de transporte de
pasajeros, por lo que a su entender tal presunción no tendría por qué ella desvirtuarla
como lo pretendió el tribunal. En todo caso, expuso que con el acta de tránsito de la
conexión vial Aburrá–Oriente demostró que los vehículos de categorías I y II no
comprendían exclusivamente los vehículos de transporte de pasajeros, pues incluían
vehículos de carga, cuyos peajes cobrados no causaban el tributo en disputa y, agregó,
que en la base imponible no podían incluirse los peajes recaudados por vehículos de
transporte público que no hubieren transitado con pasajeros.
Pronunciamientos sobre el recurso
Las partes guardaron silencio en esta oportunidad. El ministerio público estuvo conforme
con lo decido por el tribunal (índice 11).
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1- Juzga la Sala la legalidad de los actos acusados, atendiendo a los cargos de apelación
formulados por la demandante, en calidad de apelante única, contra la sentencia del
tribunal que negó las pretensiones. Así, se debe establecer si la base gravable de la
«contribución parafiscal para la promoción al turismo» corresponde a los ingresos
operacionales percibidos por el transporte de pasajeros o a los ingresos que recaudó la
actora por concepto de peajes, en función de lo cual se determinará si debía detraerse de
la base imponible los peajes sufragados por vehículos particulares, de transporte de carga,
y aquellos de transporte público que circularon sin pasajeros.
4Una de las magistradas salvó el voto, para lo cual consideró que la Administración tenía la carga de establecer
correctamente la base gravable del tributo a cargo de la actora, lo cual no ocurrió en el sub lite debido a que las
categorías vehiculares tomadas por el demandado para conformar la base gravable de la actora incluían vehículos
dedicados al transporte de carga, como se evidenció en el acta de tránsito del año 2014 (índice 36).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 25000-23-37-000-2017-00929-02 (26767)
Demandante: Concesión Túnel Aburrá Oriente S.A.
2- Al respecto, la actora expone que los ingresos que recaudó por concepto de peajes no
podían conformar la base gravable del tributo discutido, pues los artículos 2.º de la Ley
1101 de 2006 y 2.2.4.2.1.4 del Decreto 1074 de 2015 establecían que la base imponible
correspondía a los ingresos operacionales, vinculados a la actividad sometida a gravamen
(i. e. transporte de pasajeros), pero la demandante no se dedicaba a prestar el servicio de
transporte de pasajeros, por lo que no percibió ingresos gravados con el tributo. Sin
perjuicio de ello, señaló que los vehículos de categorías I y II respecto de los cuales
recaudó los peajes -con los cuales la demandada conformó la base imponible-, también
podían transportar carga, que no únicamente pasajeros y, en todo caso, también debía
detraerse de la base imponible los vehículos particulares, porque solo los vehículos de
transporte público están habilitados para prestar el servicio de transporte de pasajeros,
pero no había forma de efectuar dicha diferenciación, pues, los montos tomados por el
demandado solo atendían a la categoría vehicular empleada para el cobro del peaje, que
corresponde al tipo de vehículo -automóvil, campero, buses, microbuses- pero no a su
uso. Además, aún los vehículos de transporte público que hayan transitado sin pasajeros
no deberían considerarse para tomar el recaudo de los peajes cobrados e integrar la base
imponible, en tanto que no transportaron pasajeros. En el otro extremo, el demandado
indica que su contraparte era sujeto pasivo de la contribución debatida porque estaba
vinculado al sector turístico, tal como lo determinó la sentencia C-228 de 2009, y expone
que la base gravable del tributo estaba constituida por los ingresos provenientes del
recaudo de peajes por el transporte de pasajeros de la categoría I y II, por lo que era
irrelevante si los vehículos pertenecían a empresas dedicadas al transporte público de
pasajeros, o si se trataban de vehículos particulares a los efectos del nacimiento de la
obligación tributaria.
En la sentencia apelada, el tribunal consideró que la base imponible de la contribución
correspondía al ingreso recaudado por la demandante por concepto de peajes respecto
del transporte de pasajeros, salvo el transporte de carga, de conformidad con la sentencia
C-959 de 2007. Adicionalmente, juzgó que a la actora le correspondía desvirtuar que los
ingresos tomados por el demandado para conformar la base gravable incluían los
vehículos que se dedicaban al transporte de carga, pero como no ejercitó esa carga, no
pudo acceder a lo pretendido por la parte demandante.
En ese contexto, le corresponde a la Sala determinar si la base gravable de la
«contribución parafiscal para la promoción al turismo» corresponde a los ingresos
operacionales percibidos por el transporte de pasajeros o a los ingresos que recaudó la
actora por concepto de peajes, en función de lo cual se determinará si debía detraerse de
la base imponible en cuestión los peajes sufragados por vehículos particulares, de
transporte de carga, y aquellos públicos que circularan sin pasajeros.
2.1- Para la época de los hechos, el artículo 2.º de la Ley 1101 de 2006 establecía que la
base imponible de la contribución parafiscal para la promoción al turismo de los
concesionarios de carreteras estaba conformada por los ingresos operacionales
vinculados a la actividad sometida al gravamen, conforme al ordinal 2.3. del artículo 3.º
ibidem. En concordancia con lo anterior, el ordinal 14 del artículo 4.º del Decreto 1036 de
2007, aplicable por razones temporales al sub lite, la base imponible de la contribución en
el caso de los concesionarios de carreteras correspondía a los ingresos operacionales que
percibían por concepto de transporte de pasajeros. Sobre ello, la Corte Constitucional,
mediante sentencia C-959 de 20075, adujo que los concesionarios de carreteras son
5 Mediante la cual, la Corte Constitucional declaró constitucionales el ordinal 14 y el parágrafo 4.º del artículo 3.º la Ley
1101 de 2006, que disponían que los concesionarios de carreteras tenían la calidad de sujetos pasivos de la contribución
en cita, sumado a que la liquidación del tributo referido en cabeza de dichos sujetos debía atender al transporte de
pasajeros.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 25000-23-37-000-2017-00929-02 (26767)
Demandante: Concesión Túnel Aburrá Oriente S.A.
sujetos pasivos de la contribución parafiscal para la promoción del turismo y deben liquidar
la contribución sobre los ingresos operacionales que perciban por concepto de transporte
de pasajeros, para lo cual deben tener en cuenta la modalidad de peaje de conformidad
con las disposiciones correspondientes, y perfectamente diferenciable del transporte de
carga, de acuerdo con lo precisado en la referida sentencia de la Corte Constitucional. Lo
anterior, porque aunque los concesionarios de carreteras no transportan pasajeros, la
labor que emprenden está directamente relacionada con esa actividad, pues, como lo
precisó la Corte Constitucional, la movilidad de los turistas depende en parte de las
condiciones ofrecidas por los concesionarios de carreteras, generándose un vínculo
directo entre la calidad del servicio ofrecido por los concesionarios y la demanda de
quienes viajan con fines turísticos, relación que se traduce en consecuencias económicas,
pues a mayor demanda de servicios más movilización de turistas y, naturalmente, mejor
promoción y desarrollo para este sector [el turístico] de la economía.
Al hilo de la interpretación constitucional, la Sección Cuarta ha sostenido que los
concesionarios de carreteras son sujetos pasivos de la contribución parafiscal para la
promoción del turismo, categoría dentro de la que se encuentra el demandante, en cuyo
caso la base gravable está integrada por los ingresos operacionales por el transporte de
pasajeros, que corresponden a los obtenidos a través de las distintas modalidades de
peaje con exclusión de los peajes sufragados por vehículos de transporte de carga, de
acuerdo con el parágrafo 4.º del artículo 3.º de la Ley 1101 de 2006 y lo analizado en la
sentencia constitucional C-959 de 2007 ya mencionada (sentencias del 06 de julio de
2016, exp. 21601, CP: Martha Teresa Briceño De Valencia, del 19 de noviembre de 2020,
exp. 22307, CP: Milton Chaves García y del 08 de septiembre de 2022, exp. 26051, CP:
Stella Jeannette Carvajal Basto).
2.2- Establecida la regla jurídica aplicable que permitirá desatar la litis, corresponde decidir
con ella el caso objeto de enjuiciamiento. Así, el demandado, mediante Resolución nro.
107 de 2017, determinó que la base gravable del tributo en discusión a cargo de la actora
«corresponde a los ingresos operacionales percibidos por la actividad relacionada con el
turismo, es decir que son los ingresos operacionales que se perciban por el recaudo de
los peajes de las categorías que incluyen vehículos que transportan pasajeros» (índice 2).
Sin embargo, la demandante asegura que el recaudo por concepto de peajes no podía
conformar la base gravable del tributo discutido, en la medida en que los artículos 2.º de
la Ley 1101 de 2006 y 2.2.4.2.1.4 del Decreto 1074 de 2015 establecieron que la base
imponible comprendía los ingresos operacionales, vinculados a la actividad sometida a
gravamen, es decir, transporte de pasajeros. Al respecto, se advierte que, de conformidad
con el precedente de la Sección, la base gravable de la contribución analizada está
compuesta por los ingresos operacionales percibidos por concepto de transporte de
pasajeros, que corresponden a los ingresos derivados del recaudo de las distintas
modalidades de peaje sin someter a imposición los ingresos por recaudos de peajes
asumidos por vehículos de transporte de carga, de acuerdo con la sentencia C-959 de
2007.
Por lo tanto, no le asiste razón a la apelante al asegurar que los ingresos derivados del
recaudo de peajes no podían integrar la base del tributo que le atribuye como sujeto pasivo
la demandada. Asimismo, tampoco es de recibo el argumento de la actora según el cual,
en la medida en que no ejerce la actividad de transporte de pasajeros no percibe ingresos
que fuesen susceptibles de conformar la base gravable, pues en virtud del precedente
expuesto, la movilidad de los turistas depende en parte de las condiciones ofrecidas por
los concesionarios de carreteras, por lo cual la base imponible está conformada por los
ingresos derivados del recaudo de las distintas modalidades de peaje sin incluir los
provenientes de los vehículos de transporte de carga. No prospera el cargo de apelación.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 25000-23-37-000-2017-00929-02 (26767)
Demandante: Concesión Túnel Aburrá Oriente S.A.
2.3- Por otro lado, como se expuso en el fundamento jurídico 2.1, la base imponible del
tributo discutido, para el caso de concesionarios de carreteras como la actora, está
conformada por los ingresos obtenidos por peajes recaudados a vehículos de transporte
de pasajeros, sin que deba formar parte de dicha base los recaudados a vehículos de
transporte de carga, pues no configuran el hecho generador del tributo.
Al respecto, la demandante manifiesta que ese elemento del tributo se determinó teniendo
en cuenta el ingreso derivado de los peajes cancelados por vehículos de transporte de
carga, pues según el acta de tránsito de la conexión vial Aburrá–Oriente, del uno de enero
al 31 de diciembre de 2014, se señala a manera de «considerando» que la categoría I
corresponde a «automóviles, camperos y camiones» y la categoría II a «buses, busetas y
camiones de dos ejes», por lo que, según aduce, se calcularon los ingresos derivados del
cobro de los peajes que conformaban la base imponible incluyendo los vehículos de
transporte de carga (índice 2).
No obstante, observa la Sala que el contrato de concesión para el desarrollo de la
conexión vial Aburrá–Oriente estableció que las categorías en referencia corresponden
únicamente a «automóviles, camperos, camionetas, buses y busetas» (índice 2); en
contraste las restantes categorías, según también lo estipula el contrato de concesión,
corresponden respectivamente a: categoría III «camiones pequeños de dos ejes»,
categoría IV «camiones grandes de dos ejes» y categoría V «camiones de tres y cuatro
ejes». Dicho contrato, de acuerdo con el artículo 30 de la Ley 105 de 1993 debe contener
la fórmula para recuperación de la inversión del concesionario, i.e. peajes y/o valorización;
y siendo el caso de los peajes, la recuperación de la inversión por este medio debe
observar los criterios para fijarlos, entre ellos el criterio diferencial según el tipo de
vehículos (letra d. del artículo 21 ibidem), así que la categorización vehicular reportada en
el acta de tránsito de la concesión vial debía guardar correspondencia con lo estipulado
en el referido contrato, sin perjuicio de que sobre ese aspecto de la categorización se
hubiere modificado el contrato, pero de ello no hay prueba en el plenario, con lo cual, el
acta de tránsito no demuestra que los ingresos que conformaron la base gravable
incluyeran vehículos de transporte de carga. Además de ello, juzga la Sala que tampoco
se acreditó por la parte demandante el monto de los presuntos ingresos por recaudo de
peajes asumidos por vehículos de carga y por aquellos que no llevaban pasajeros, que
aseguró fueron incluidos por el demandado en la base imponible del tributo debatido,
siendo que la actora estaba en la posición de probar el hecho del que pretendía derivar
una consecuencia jurídica de anulación, como lo era el aspecto negativo de la base
imponible (sentencias del 31 de mayo de 2018, exp. 20813, CP: Julio Roberto Piza; del
19 de noviembre de 2020, exp. 22307, CP: Milton Chaves García, del 05 de agosto y del
07 de octubre de 2021, exps. 22478, 23149, CP: Julio Roberto Piza y del 08 de septiembre
de 2022, exp. 26051, CP: Stella Jeannette Carvajal Basto).
Por otra parte, se advierte que la Ley 1101 de 2006 no fijó una exención del tributo en el
caso del recaudo de peajes asumidos por vehículos privados que transitaran con
pasajeros e inclusive de los vehículos de transporte público que al pagar el peaje no
llevaran consigo pasajeros, como equivocadamente lo asegura la actora. Ese argumento
de la demandante fue desarrollado a partir de la comparación que hizo de la norma que
fijó el hecho generador del tributo en discusión por parte de la Ley 1101 de 2006 y la norma
modificatoria prevista en el artículo 16 de la Ley 1558 de 2012 (disposición jurídica
declarada inconstitucional en sentencia C-678 de 2013); sin embargo, a decir de la
jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado ya invocada, resulta
pacífico el entendimiento acerca de que la ley quiso gravar el transporte de pasajeros sin
distinción entre el tipo de vehículos que realice ese supuesto del hecho generador (sea
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 25000-23-37-000-2017-00929-02 (26767)
Demandante: Concesión Túnel Aburrá Oriente S.A.
vehículo de transporte público o privado). De hecho, la jurisprudencia constitucional solo
se refirió a que los ingresos percibidos por el pago de peaje de vehículos de transporte de
carga no integrarían la base imponible, en tanto que no realizaban el hecho generador del
tributo que es el transporte de pasajeros, de manera que la remisión normativa que efectuó
la actora a la Ley 769 de 2002 para sustentar que solo debían conformar la base gravable
los ingresos obtenidos por peajes sufragados por vehículos de transporte público
desatiende el precedente constitucional y de la Sección Cuarta de esta corporación. Cabe
registrarse que, en la Ley 2068 de 2020, el legislador dio claridad sobre la base imponible
del tributo a cargo de los concesionarios de carreteras y aeropuertos, mediantela
modificación introducida al artículo 41 de la Ley 300 de 1996, al precisar que se debía
entender por transporte de pasajeros «el traslado de personas en vehículo de transporte
público o privado». No prospera el cargo y se impone confirmar la sentencia apelada.
3- Finalmente, por no estar probadas en el expediente, la Sala se abstendrá de condenar
en costas en esta instancia, conforme a lo establecido en el artículo 365.8 del CGP.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la sentencia apelada.
2. Sin condena en costas en esta instancia.
Cópiese, notifíquese, comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.