Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-03176-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-03176-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2023-03176-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
18 de enero de 2024
Demandante: Concesión Túnel de Aburrá Oriente S.A.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03176-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D.C., dieciocho (18) de enero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03176-01
Demandante: TUNEL DE ABURRÁ ORIENTE S.A.
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN CUARTA
Temas: Tutela contra providencia judicial. Ausencia del requisito de
relevancia constitucional. Confirma improcedencia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA SOLICITUD
La Sala resuelve la impugnación presentada por la parte demandante contra la
sentencia de 20 de octubre de 2023, por medio de la cual el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B declaró la improcedencia de la acción de tutela de la
referencia.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo
La Concesión Túnel de Aburrá Oriente S.A., por conducto de apoderado judicial, el 13
de junio de 2023 instauró acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección
Cuarta, con el fin de que se proteja su derecho fundamental al debido proceso.
La referida garantía constitucional la consideró vulnerada con ocasión de la
providencia de 1. ° de diciembre de 2022 dictada por la Sección Cuarta del Consejo
de Estado, a través de la cual confirmó el fallo de 11 de marzo de 2021 del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B que negó las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por
la parte actora contra el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. El asunto se
identificó con el radicado 25000-23-37-000-2017-00929-02.
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Demandante: Concesión Túnel de Aburrá Oriente S.A.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03176-01
1.2. Pretensiones
La parte actora solicitó:
1. Que se declare que la Sección Cuarta del Consejo de Estado incurrió en una vía de
hecho en el fallo de segunda instancia que profirió el 1 de diciembre de 2022 dentro del
expediente 25000-23-37-000-2017-00929-02 (26767), (...), por haber esta haber
incurrido en una vía de hecho por: defecto fáctico y sustantivo, (…) lo que implicó una
violación flagrante al derecho fundamental al debido proceso de mi poderdante.
2. Que, como consecuencia de la anterior declaración, se deje sin efecto el fallo de
segunda instancia proferido el 1 de diciembre de 2022 por la Sección Cuarta del Consejo
de Estado dentro del expediente 25000-23-37-000-2017-00929-02 (26767).
3. Que, como consecuencia de las anteriores declaraciones, y ante las evidentes vías
de hecho en que incurrió la Sección Cuarta del Consejo de Estado, (…) pido que el juez
constitucional ordene al Consejo de Estado, Sección Cuarta, pronunciarse en segunda
instancia, fijando los criterios constitucionales que deben ser tenidos en cuenta para la
expedición de la nueva providencia, criterios que deben incluir necesariamente el
pronunciamiento de las pretensiones solicitadas frente al Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo. 1
1.3. Hechos
Los supuestos que a continuación se relacionan, son relevantes para la decisión que
se adoptará en la sentencia:
La Concesión Túnel de Aburrá de Oriente S.A. presentó ante el Fondo Nacional del
Turismo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo - FONTUR, la contribución
parafiscal para la promoción del turismo correspondiente a los trimestres 1, 2, 3 y 4
para el año 2014, con una base gravable equivalente a $0, toda vez que, a su juicio,
el recaudo de peajes no hacía parte de ese elemento para el cálculo del tributo.
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo profirió la Resolución No. 107 del 20 de
enero de 2017, por medio de la cual expidió la Liquidación Oficial de Revisión respecto
de la contribución parafiscal presentada, en el sentido de modificar la base gravable
para calcular el tributo. Para ello, tomó en cuenta los recaudos que se habían realizado
por concepto de peajes en los puestos de Variante, Las Palmas y Santa Elena.
La Concesión Túnel de Aburrá de Oriente S.A. formuló demanda, en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contra el Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo, con el fin de que se declarara la nulidad de la
Liquidación Oficial de Revisión de la contribución parafiscal para la promoción del
turismo.
Esa demanda tuvo como fundamento que el acto administrativo demandado
desconoció la Ley 1101 de 2006 en su artículo 3. ° parágrafo 4. ° y el Decreto 1074 de
1
Transcripción del texto original con posibles errores.
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2015, artículo 2.2.4.2.1.4., que, a su juicio, permitían determinar que la base gravable
del tributo estaba integrada por ingresos operacionales derivados del transporte de
pasajeros y no por ingresos recaudados por concepto de peajes.
El 11 de marzo de 2021, la Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia en la que negó las pretensiones de
la demanda con fundamento en que la Corte Constitucional había definido que los
concesionarios de carreteras son aportantes de la contribución parafiscal para la
promoción del turismo y tienen la obligación de liquidar y pagar ese tributo con base
en el transporte de pasajeros. En ese orden, señaló que el concesionario tenía la carga
de demostrar que el recaudo se originó por una actividad diferente al de transporte de
pasajeros, como la actividad de carga, pero no lo hizo.
Esa decisión fue apelada por la Concesión Túnel de Aburrá de Oriente SA que señaló
que no percibió ingresos operacionales por transporte de pasajeros en la medida en
que el servicio que brindaba era el de concesión, no el de transporte propiamente
dicho. Adicional a lo anterior, indicó que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
determinó, de manera errónea, que los peajes recaudados correspondían en su
totalidad a vehículos de transporte de pasajeros y que la concesión no era la
encargada de desvirtuar esa «presunción» a la que llegó la autoridad administrativa.
La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante Sentencia de 1. ° de diciembre
de 2022, confirmó la decisión apelada, luego de concluir lo siguiente:
(i) En atención a lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia C-959 de
2007, los concesionarios de carreteras son sujetos pasivos de la contribución
parafiscal para la promoción del turismo y se debe liquidar sobre los ingresos
operacionales por concepto de transporte de pasajeros, por lo que se debe tener en
cuenta la modalidad de peaje dentro de lo cual es sencillamente diferenciable el de
transporte de carga que se encuentra excluido en virtud del parágrafo 4.º del artículo
3.º de la Ley 1101 de 2006.
(ii) Según la anterior regla, no le asistía razón a la parte demandante al afirmar que
los ingresos derivados del recaudo de peajes no podían integrar la base del tributo,
puesto que la movilidad de los turistas depende de las condiciones ofrecidas por los
concesionarios de carreteras, es decir, el turismo está relacionado con el servicio que
prestan dichos concesionarios.
(iii) Al revisar el contrato de concesión para el desarrollo de la conexión vial Aburrá-
Oriente, advirtió que en dicho documento se estableció que la categoría de vehículos
automotores I y II correspondían únicamente a «automóviles, camperos, camionetas,
busetas y busetas», lo cual no correspondía con lo estipulado en el acta de tránsito de
la concesión, esto es, que la categoría I está integrada por automóviles, camperos y
camiones, mientras que la categoría II comprendía buses, busetas y camiones de dos
ejes.
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(iv) De conformidad con el artículo 30 de la Ley 105 de 1993, el contrato debe
contener «la fórmula para recuperación de la inversión del concesionario, i.e. peajes
y/o valorización», por ello, la categorización vehicular reportada en el acta de tránsito
de la concesión vial debía guardar correspondencia con lo estipulado en el referido
negocio jurídico.
(v) No existe en el plenario, prueba de que el contrato se hubiere modificado en
consonancia con el acta de tránsito de la concesión vial.
(vi) Tampoco acreditó la parte demandante el monto de los presuntos ingresos por
recaudo de peajes asumidos por vehículos de carga y por aquellos que no llevaban
pasajeros, frente a lo cual aseguró que fueron incluidos en la base imponible del tributo
debatido, «siendo que la actora estaba en la posición de probar el hecho del que
pretendía derivar una consecuencia jurídica de anulación, como lo era el aspecto
negativo de la base imponible».
(vii) Finalmente, precisó que la Ley 1101 de 2006 no fijó una exención del tributo en el
caso del recaudo de peajes asumidos por vehículos privados que transitaran con
pasajeros e inclusive de los vehículos de transporte público que al pagar el peaje no
llevaran consigo pasajeros. La única exclusión existente en la norma aplicable, es la
relativa al transporte de carga, lo que es un entendimiento pacífico tanto por la Corte
Constitucional como por el Consejo de Estado.
1.4. Fundamentos de la solicitud2
Como fundamento de la vulneración, la sociedad demandante alegó la configuración
de los defectos sustantivo y fáctico, pese a ello, solo desarrolló el primero.
En ese orden, mencionó que fue la Ley 2068 de 2020, la que adoptó unos criterios
técnicos para definir la base gravable del tributo y especificar que ese elemento de la
obligación tributaria hacía referencia al recaudo obtenido por los ingresos
operacionales percibidos por el paso de vehículos de transporte de pasajeros por
peajes. En virtud de lo anterior, consideró que antes de la expedición de esa ley existía
duda sobre la base gravable del tributo y la liquidación del tributo debía hacerse sobre
el transporte de pasajeros propiamente dicho, como lo estableció la Ley 1101 de 2006.
Agregó que el cálculo del tributo se hizo con fundamento en una presunción legal
según la cual todos los vehículos que pagan peaje en las categorías I y II son de
transporte de pasajeros, pero no tuvo en cuenta que el recaudo de peajes también
operaba respecto de los vehículos de carga que hacían parte de dichas categorías.
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Las transcripciones del acápite de los fundamentos son citas del texto original con posibles errores.
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Finalmente, cuestionó que la autoridad judicial demandada le impusiera la carga de
demostrar que la presunción aplicada sobre el pago de peaje en las categorías I y II
correspondía al servicio de transporte de carga.
1.5. Trámite de la acción de tutela
Con auto de 20 de junio de 2023 el ponente del primer grado admitió la solicitud de
amparo, dispuso tener como autoridad judicial accionada al Consejo de Estado,
Sección Cuarta, y vinculó como terceros con interés al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B y a la Nación - Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo.
De otro lado, le reconoció personería jurídica al abogado de la parte accionante y
requirió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B la
remisión del expediente.
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones y publicaciones ordenadas, se recibieron los siguientes
informes:
1.6.1. El Consejo de Estado, Sección Cuarta consideró que lo pretendido por la parte
demandante era utilizar la acción de tutela como una instancia adicional al proceso
judicial ordinario, motivo por el que indicó que esta no superaba el requisito de
relevancia constitucional y se debía declarar la improcedencia. De manera subsidiaria,
solicitó que se negara el amparo solicitado ante la ausencia de vulneración de
derechos fundamentales.
1.6.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección
B solicitó que se declarare improcedente la acción de tutela por cuanto lo pretendido
por la parte demandante es recabar en una discusión que fue zanjada por las
autoridades judiciales competentes para el efecto.
1.6.3. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo solicitó que se declare la falta
de legitimación activa en la causa, en la medida en que el apoderado de la Concesión
Túnel de Aburrá de Oriente SA, quien presentó la demanda, no acreditó la ausencia
del representante legal principal, para efectos del otorgamiento del poder.
Adicional a lo anterior, señaló que la acción de tutela no supera el análisis del requisito
de inmediatez, en atención a que la sentencia que puso fin al proceso ordinario fue
proferida el 1. ° de diciembre de 2022 y la acción de tutela solo se interpuso hasta el
«14 de junio de 2023».
Finalmente, indicó que, en caso de aceptarse la procedencia de la acción de tutela, no
hubo vulneración de derechos fundamentales por parte de la autoridad accionada en
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consideración a que la decisión de 1. ° de diciembre de 2022 se fundamentó en el
ordenamiento jurídico y en las pruebas obrantes en el expediente.
1.7. Sentencia de primera instancia3
Con fallo de 20 de octubre de 2023, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B declaró improcedente la acción de tutela de la referencia por no
encontrar superado el análisis de relevancia constitucional, debido a que, los cargos
elevados en este mecanismo tutelar se limitan a presentar inconformidades de
interpretación legal y judicial respecto del análisis realizado por la autoridad censurada,
lo que de plano deja en evidencia que se pretende usar esta sede como una instancia
adicional a la causa ordinaria por cuanto tales argumentos fueron abordados por el
juez ordinario.
Por último, en relación con la petición del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
relativa a que se declare la falta de legitimación en la causa por activa de la Concesión
Túnel de Aburrá Oriente S.A., el a quo constitucional no accedió a ello luego de
exponer las siguientes consideraciones:
21. En atención a que la acción de tutela fue presentada por José Vicente Blanco
Restrepo, como apoderado de la Concesión Túnel de Aburrá - Oriente SA, pero a través
de poder concedido por el representante legal suplente de la sociedad, este despacho,
mediante Auto de 20 de junio de 2023, requirió a la parte demandante para que allegara
los documentos que acreditaran la ausencia del representante legal principal o, en su
defecto, se allegara el poder debidamente conferido.
22. Mediante escrito presentado el 27 de junio de 2023, el apoderado de la Concesión
Túnel de Aburrá - Oriente SA allegó una constancia emitida por la Directora
Administrativa y de Gestión Humana de la sociedad en la cual se indicó que el
representante legal principal estuvo ausente entre el 24 de mayo y el 15 de junio de
2023, por vacaciones.
23. En atención a que el poder fue otorgado el 13 de junio de 2023 (fecha en la que el
representante legal principal de la sociedad se encontraba ausente), se concluye que sí
hay legitimación del suplente para representar a la sociedad y con ello tenía facultades
para conferir el poder presentado.
1.8. Impugnación
Con escrito radicado oportunamente el 28 de noviembre de 2023, la sociedad
accionante insistió en los cargos del escrito de tutela en el sentido de resaltar que el
caso de la referencia sí es relevante constitucionalmente, debido a que procura la
materialización de su derecho al debido proceso, el cual ve cercenado con ocasión de
la decisión de la Sección Cuarta del Consejo de Estado por cuanto incurrió en una vía
de hecho al «modificar el alcance de la norma sustantiva que debió aplicarse»,
refiriéndose al «párrafo 4 del artículo 3 de la Ley 1101 de 2006», en el cual se establece
3
Fallo que se notificó vía electrónica el 21 de noviembre de 2023.
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la base gravable de la Contribución Parafiscal Para la Promoción del Turismo, como
consecuencia de un análisis errado de los supuestos fácticos. En ese orden, resaltó:
[…] la violación al derecho fundamental del debido proceso de la CONCESIÓN TÚNEL
ABÚRRA ORIENTE S.A., se puede afirmar que la tutela tiene una alta relevancia
constitucional porque, teniendo en cuenta la naturaleza del asunto, es un tema que
termina siendo de gran importancia para la seguridad jurídica de las concesionarias de
carreteras y de aeropuertos del país, quienes son los sujetos activos responsables del
cobro de la contribución al turismo y quienes tienen el derecho a ser juzgados con base
en las normas existencias y sin desconocimiento de los derechos ya adquiridos conforme
a la normatividad colombiana. Es decir, este es un tema que no solo afecta los derechos
de la accionante sino, en general, de muchos actores en la infraestructura vial y
aeroportuaria en el país. Por ende, reviste de relevancia constitucional.4
2. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra el fallo de
tutela de 20 de octubre de 2023, por medio del cual el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B declaró la improcedencia de la acción de tutela, de conformidad
con los artículos 32 del Decreto 2591 de 1991 y el 2.2.3.1.1.3. del Decreto 1069 de
2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como el Acuerdo 80 del 12 de marzo
de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la sala determinar si procede confirmar, modificar o revocar la
providencia de 20 de octubre de 2023, por medio de la cual el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B declaró improcedente esta solicitud de amparo.
Para resolver el anterior planteamiento, se analizarán los siguientes temas: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el estudio de los
requisitos de procedibilidad adjetiva y, de encontrarse superados; (iii) el caso concreto.
2.3. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20125 unificó
la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema6.
4
Transcrito del texto original con posibles errores.
5 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela -
Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth García
González.
6
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
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Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales7. Sin
embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio, pues
la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el momento
jurisprudencialmente».
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 8, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la
Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de
la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.4.1. Para la sala resulta necesario anunciar que, en consonancia con el análisis
efectuado por el a quo, el requisito de relevancia constitucional no se advierte
superado en el asunto de la referencia, marco en el cual la solicitud de amparo
elevada por la Concesión Túnel de Aburrá Oriente S.A. no cumple con las reglas
establecidas por la Corte Constitucional en la sentencia de unificación 215 de 16 de
junio de 2022.
2.4.1.1. En el referido fallo la alta corte señaló que, en tratándose del ejercicio de
acciones de tutela contra providencia judicial, se requiere que el interesado proponga
un debate que gire en torno a la validez de la decisión que considera vulneradora de
sus garantías fundamentales, más no un juicio de corrección de la providencia
reprochada por cuanto esta circunstancia excluye «su formulación para la discusión
de asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia judicial».
Tal criterio es reiteración del contenido en la sentencia SU-128 de 2021, oportunidad
en la que se concretó que el referido enfoque «impide que el mecanismo de amparo
constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir
los asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la
controversia judicial».
En ese sentido, la jurisprudencia del órgano de cierre en materia constitucional ha
hecho énfasis en la necesidad de que este medio especial esté revestido de relevancia
constitucional, debido a que está ligado al carácter subsidiario de la acción y en la
especialidad de los jueces competentes de las causas ordinarias con el fin de evitar
7
Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
8 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,
Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
8
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que en esta sede se emitan pronunciamientos que comprenden la esfera funcional de
otras autoridades judiciales.
Corolario, es menester que, como primera medida, el accionante cumpla con la carga
de exponer con suficiencia la «restricción desproporcionada» a las garantías
superiores invocadas con ocasión del fallo censurado, puesto que no es viable el
estudio del fondo del caso a partir del «simple alegato de la vulneración a los derechos
fundamentales».
En la mencionada sentencia SU-128 de 2021, sobre el particular se expuso:
El juez constitucional no puede estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada
importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión
de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.
Luego, en la SU-215 de 2022 se advirtió que la exigencia que se analiza debe cumplir
con las siguientes finalidades:
(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones;
(ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces;
(iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la
protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y
(iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de los
procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de
discusiones de naturaleza eminentemente legal.9
Igualmente, en el citado fallo unificador se fijaron las siguientes reglas que el juez de
tutela debe verificar al momento de analizar si el caso objeto de su atención satisface
el requisito de relevancia constitucional. Para tal efecto, se puntualizó que:
a) El caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a
un asunto meramente legal y/o económico10; es decir, el reclamo debe ser
«trascendente para la interpretación del estatuto superior, su aplicación y
desarrollo eficaz y para la determinación del contenido y alcance de los
derechos fundamentales».11
b) La controversia no debe girar en torno a una discusión meramente legal y/o
económica, esto es, cuando se limita a: (1) la determinación de aspectos legales
como la correcta interpretación o aplicación de una norma, con la excepción de
los casos en que de esta se «desprendan violaciones a los derechos y deberes
9
Parafraseo de la SU 2015 de 2022.
10
Sentencia SU-103 de 2022.
11
Sentencia SU-573 de 2019.
9
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constitucionales»; y/o (2) cuando sea evidente su naturaleza o contenido
económico, por tratarse de una controversia estrictamente monetaria con
connotaciones particulares o privadas, que no representen un interés
general”12. En este orden, el examen de la relevancia constitucional exige que
la solicitud de amparo trascienda la simple inconformidad con las decisiones
adoptadas por los jueces naturales.
c) En la acción de tutela se deben exponer argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la decisión judicial afectó de manera grave una prerrogativa
fundamental, debido a que es necesaria «la acreditación de esta exigencia, más
allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación
con derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de
una restricción desproporcionada a un derecho fundamental».13
d) Finalmente, cuando se trate de acciones de tutela dirigidas contra decisiones
proferidas por una alta corte, el examen de este requisito debe ser más
riguroso14, es decir, se debe constatar la existencia de una actuación u omisión
arbitraria por parte de la autoridad judicial que derive en la violación de derechos
fundamentales, toda vez que estas colegiaturas actúan como tribunales de
cierre.
2.4.1.2. Ahora, al descender al análisis del escrito inicial y el de impugnación, esta
colegiatura no avizora que las inconformidades de la Concesión Túnel de Aburrá
Oriente S.A. contengan la carga argumentativa requerida. Es decir, al tratarse de una
tutela contra providencia judicial, es indispensable que la parte accionante, además de
identificar los yerros de los cuales adolece la decisión, así como las garantías
superiores que considera vulneradas, exponga con suficiencia las razones del por qué
el asunto implica la intervención del fallador de esta sede.
Si bien la empresa accionante resaltó que en este caso se configuró una vulneración
al debido proceso, lo cierto es que hasta este punto del debate no se advierte, a priori,
que la decisión de 1. ° de diciembre de 2022 sea arbitraria, irrazonable o caprichosa
debido a que en el marco de su autonomía judicial el juez del medio de control ordinario
determinó, en lo que atañe a los reparos planteados en esta acción de tutela, que la
entidad accionante sí era sujeto pasivo del tributo plurimencionado; la base gravable
del impuesto si debía calcularse sobre los ingresos por peajes de pasajeros; el extremo
demandante no demostró cuáles fueron los ingresos por transporte de carga pese a
era su deber acreditarlo; y que la Ley 1101 de 2006 únicamente excluyó de la referida
base, lo relativo al transporte de carga, todo, de conformidad con lo señalado en la
sentencia C-959 de 200 de la Corte Constitucional.
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Ibídem.
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Sentencias SU-573 de 2019 y SU-128 de 2021.
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Sentencia SU-573 de 2019.
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Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03176-01
Tal afirmación deviene de manera indiscutible, del hecho correspondiente a que la
controversia propuesta en esta sede por la Concesión Túnel de Aburrá Oriente S.A. se
circunscribe a un debate de interpretación meramente legal y judicial que se abordó
en el recurso de apelación contra la decisión del a quo que negó las pretensiones de
la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida contra el Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo, al haberse cimentado en que se desconoció su
derecho al debido proceso al denegar las pretensiones de la demanda tras confirmar
que la base gravable de la contribución parafiscal para la promoción del turismo está
integrada por los ingresos operacionales por el transporte de pasajeros, que
corresponden a los obtenidos a través de las distintas modalidades de peaje, excepto,
los sufragados por vehículos de transporte de carga, último aspecto que no fue
demostrado por el por el la entidad accionante.
Esto es así, en atención a que los reparos de la solicitud de amparo están dirigidos a
que esta corporación analice y determine si el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo, al proferir profirió la Resolución No. 107 del 20 de enero de 2017, por medio
de la cual expidió la Liquidación Oficial de Revisión, malinterpretó lo señalado por el
legislador en el «párrafo 4 del artículo 3 de la Ley 1101 de 2006» y consideró que todos
los vehículos que pagan peaje en las categorías I y II son de transporte de pasajeros.
Ello, con el fin de demostrar que la sentencia de 1. ° de diciembre de 2022 debe dejarse
sin efectos porque, en criterio de la entidad demandante, lejos de pretender usar la
acción de tutela como una tercera instancia del proceso ordinario, lo que procura es
conjurar la transgresión de su garantía superior por parte de la autoridad censurada
que definió la realidad jurídica de Concesión Túnel de Aburrá Oriente S.A. en el marco
del trámite de la demanda ordinaria, en un sentido desfavorable a sus intereses.
En otras palabras, la inconformidad elevada por la sociedad accionante se circunscribe
a recabar una discusión meramente legal y económica que es propia del juez natural
y frente a la cual tuvo la oportunidad de ejercer la defensa de sus derechos en el
recurso de apelación. Esto, habida cuenta de que se empeña en probar en esta sede
subsidiaria, que el «párrafo 4 del artículo 3 de la Ley 1101 de 2006» no se aplicó en
debida forma.
En ese contexto, queda en evidencia que la solicitud de amparo se empleó como una
instancia adicional a la causa natural, debido a que no va más allá de la iteración de
las inconformidades que se debatieron en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, en consecuencia, no cuenta con un ejercicio de
sustentación desde la esfera constitucional y de la violación de la garantía que la
empresa actora alegó como desatendida, que demuestre lo urgente de la intervención
del juez de tutela y de su pronunciamiento en el asunto de la referencia.
No es suficiente que la parte interesada refiera que con la decisión censurada se
transgredieron determinados derechos superiores, por el contrario, es menester que
quien se considera afectado, cumpla con el deber de argumentar el concepto de la
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vulneración que se deriva de una providencia judicial en abierta contradicción de los
postulados constitucionales, que implique en esta sede un análisis de fondo frente a la
decisión cuestionada.
Pretender que este medio se emplee como ejercicio de una tercera sede del proceso
agotado, con el fin de que se deje sin efectos el proveído dictado por el órgano de
cierre en la materia y que se ordene proferir una decisión en el sentido que la
Concesión Túnel de Aburrá Oriente S.A. considera correcto, es atentatorio de los
principios de autonomía judicial, debido proceso y legalidad que son pilares en el
ejercicio de la función jurisdiccional. Además, porque esta sala de decisión no advierte
una transgresión palmaria, sino una simple inconformidad de la parte actora frente a
la decisión que no le resultó favorable.
Así las cosas, es evidente que este medio de amparo carece de la carga argumentativa
suficiente a través de la cual se justifique la relevancia del caso a partir de la exposición
del concepto de la violación, lo cual implica un ejercicio explicativo jurídico y lógico que
le permita a esta colegiatura advertir una prominente vulneración de sus prerrogativas
superiores con ocasión de la providencia dictada por la autoridad censurada, en el
sentido riguroso que señaló la Corte Constitucional en las sentencias de unificación
215 y 103 de 2022.
En resumen, la sala no evidencia un argumento sólido que demuestre la infracción de
las garantías constitucionales invocadas, que amerite superar el requisito de
relevancia constitucional en tratándose de acción de tutela contra providencia judicial;
ello comoquiera que: (i) el escrito de tutela carece de la carga argumentativa elevada
a un rango constitucional; (ii) cuestiona una decisión dictada por el órgano de cierre;
(iii) se planteó un debate meramente legal y económico sobre el cual ya hubo un
pronunciamiento razonable por parte del juez natural de la causa ordinaria; y (iv) no se
evidencia una vulneración palmaria derivada de la providencia de 1. ° de diciembre de
2022, que implique la intervención del operador de tutela.
Todo lo anterior, da lugar a que esta sala de decisión confirme el fallo que declaró la
improcedencia de la solicitud de amparo de la referencia.
2.5. Conclusión
La sala confirmará la sentencia de 20 de octubre de 2023, por medio de la cual el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B declaró la improcedencia de la
acción de tutela promovida por la Concesión Túnel de Aburrá Oriente S.A. contra el
Consejo de Estado, Sección Cuarta, por no satisfacer el estudio de la relevancia
constitucional.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
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Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03176-01
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 20 de octubre de 2023 dictada por el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección B.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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