Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03249-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03249-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-03249-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
14 de septiembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03249-01
Demandante: Leyla Martínez Rey.
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Temas: Tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del
derecho para reclamar el reconocimiento y pago de la pensión
gracia / Defecto fáctico y desconocimiento del precedente judicial.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala la impugnación formulada por Leyla Martínez Rey, en contra de la
sentencia proferida el 19 de julio de 2023 por el Consejo de Estado, Sección Quinta,
mediante la cual se decidió la solicitud de amparo de la referencia.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud1
Leyla Martínez Rey promovió solicitud de tutela con el fin de que se amparará su
derecho fundamental al debido proceso, el cual consideró vulnerado con ocasión de
la sentencia proferida el 16 de marzo de 2023 por Tribunal Administrativo de
Santander, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado 68001-3333-015-2019-00160-01.
Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:
i) Leyla Martínez Rey, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, impetró demanda en contra de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social 2, con el fin de que se declarara la nulidad de los actos
administrativos a través de los cuales se le negó el reconocimiento y pago de una
pensión gracia.
1 Ver índice 2 de SAMAI en el expediente 11001031500020230178000. Archivo denominado
«ED_2ESCRITODETUTELA(.pdf) NroActua 2»
2 En adelante UGPP
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03249-01
Demandante: Leyla Martínez Rey.
ii) El Juzgado Quince Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga,
mediante sentencia proferida el 30 de septiembre de 2022, accedió a las súplicas
de la demanda con fundamento en que, efectivamente, la parte demandante
cumplía los requisitos exigidos y por tanto, le asistía derecho a que se le
reconociera, liquidará y pagará «la pensión gracia a partir del 25 de julio de 2007
(fecha de adquisición del estatus de pensionada al cumplir con el requisito de edad), por
contar con más de 20 años de servicios y 50 años de edad, teniendo en cuenta lo
devengado en el año anterior a la adquisición del estatus pensional (25 de julio de 2006
y el 25 de julio de 2007)». En contra de esta decisión la parte demandada interpuso
recurso de apelación.
iii) El Tribunal Administrativo de Santander, a través de la sentencia del 16 de
marzo del 2023, revocó lo resuelto por el a quo al considerar que, la demandante
no cumple con el tiempo exigido para otorgar la pensión gracia, en tanto, «la
vinculación que la aquí demandante tuvo antes del 31.12.1980, tiene el carácter de
nacional, debido a la naturaleza jurídica de la Escuela Normal Superior de Señoritas de
San Gil. La Ley 54 de 1966, nacionalizó la Escuela Normal Superior de Señoritas de San
Gil, que en principio fue creada por el departamento de Santander ».
iv) En relación con esa decisión, la parte demandante considera que la
corporación judicial demandada vulneró su derecho fundamental al debido
proceso al incurrir en defecto fáctico por indebida valoración probatoria, respecto
de aquellas pruebas que dejan ver que su vinculación, durante el lapso referido,
fue de carácter territorial, así como el hecho de que sus acreencias fueron
pagadas con recursos del Sistema General de Participaciones, es decir, con
recursos territoriales.
Por otra parte, consideró que se incurrió en desconocimiento del precedente
judicial del Consejo de Estado 3, existente al respecto.
1.1.2. Pretensiones
Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó lo siguiente:
«[…] 4.1. Se TUTELE el derecho constitucional fundamental del DEBIDO PROCESO.
4.2. Se deje sin efectos la sentencia de fecha 16 de marzo de 2023 proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander y como consecuencia se ordene a dicho Tribunal se profiera
un nuevo fallo de segunda instancia aplicando la Constitución, la Ley y la Jurisprudencia
del Consejo de Estado.
4.3. Vincula al JUZGADO QUINCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE
BUCARAMANGA y a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y COTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL –
UGPP – para que ejerzan el derecho de defensa […]».
3 Al respecto, citó las siguientes sentencias: i) del 21 de junio de 2018 con radicado 25000-23-42-000-
2013-04683-01ii) del 25 de octubre de 2019 con radicado 11001-03-15-000-2019-02867-01; iii) del 16
de julio de 2020 con radicado 11001-03-15-000-2020-00802-01..
2
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03249-01
Demandante: Leyla Martínez Rey.
1.2. Informes rendidos en el proceso
1.2.1. El Tribunal Administrativo de Santander4 si bien allegó copia digital del
expediente requerido, guardó silencio respecto a la solicitud de amparo.
1.2.2. La UGPP5 afirmó que el asunto es improcedente no cumplir con el requisito de
subsidiariedad, toda vez que el demandante contaba con el recurso extraordinario de
revisión, del cual no se probó que se hubiera acudido. Así como también alegó la
configuración de cosa juzgada puesto que, lo que se pretende ya se resolvió, se
discutió y culminó con la negativa de lo pretendido por no tener derecho a ello, así
que, la demandante no puede pretender convertir a la tutela en una tercera instancia
para revisar las decisiones adoptadas por el juez competente.
1.2.3. La Gobernación de Santander6 solicitó su desvinculación del presente asunto,
por falta de legitimación en la causa por pasiva, en tanto, no es la autoridad llamada
a pronunciarse respecto a las pretensiones de la demandante.
1.2.4. el Juzgado Quince Administrativo de Bucaramanga7 si bien allegó copia
digital del expediente requerido, guardó silencio respecto a la solicitud de amparo.
1.3 Sentencia de primera instancia8
El Consejo de Estado, Sección Quinta, mediante sentencia del 19 de julio de 2023
declaró improcedente la solicitud de tutela al considerar que el asunto no tiene
relevancia constitucional, en atención a que lo pretendido por el demandante es reabrir
un debate jurídico en una instancia adicional, el cual ya fue resuelto por el juez natural
al pronunciarse sobre cada uno de los reparos formulados en la demanda, donde no
se observa violación a las garantías y derechos fundamentales de la demandante, que
hiciera necesario la intervención del juez de tutela.
1.4. Escrito de impugnación9
Leyla Martínez Rey impugnó la sentencia de primera instancia, para lo cual reiteró los
argumentos expuestos en el escrito de tutela.
4 Ver índice 9 de SAMAI en el expediente 11001031500020230324900. Archivo denominado
«RECIBEPRUEBAS_68001333301520190016(.zip) NroActua 9»
5 Ver índice 10 de SAMAI en el expediente 11001031500020230324900. Archivo denominado
«RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_RV_ACCIONDETUTELA(.zip) NroActua 10»
6 Ver índice 11 de SAMAI en el expediente 11001031500020230324900. Archivo denominado
«RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_MEMO20230324900P(.pdf) NroActua 11»
7 Ver índice 13 de SAMAI en el expediente 11001031500020230324900. Archivo denominado
«RECIBEPRUEBAS_ONEDRIVE_1_1772023(.zip) NroActua 13»
8 Ver índice 15 de SAMAI en el expediente 11001031500020230324900. Archivo denominado
«SENTENCIA(.pdf) NroActua 15 »
9 Ver índice 29 de SAMAI en el expediente 11001031500020230324900. Archivo denominado
«RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_NUEVODOC20230726(.pdf) NroActua 21»
3
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03249-01
Demandante: Leyla Martínez Rey.
2. Consideraciones
En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las pruebas
que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el
siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra
providencia judicial; iii) problema jurídico y iv) análisis de la Sala.
2.1. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1382 de 200010 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 201911, esta Sala es
competente para conocer la presente impugnación contra la sentencia de tutela
proferida por el Consejo de Estado, Sección Quinta.
2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial
En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo del
Consejo de Estado12 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas
que en su interior se habían desarrollado sobre el tema.13 Al respecto señaló lo
siguiente:
«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio
de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en
esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia
de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. [Resalta la Sala]. […]»
Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es necesario
estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar
si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual corresponde verificar cuáles
son esos «parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente» como se indica en
aquella decisión.
10 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
11 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-
01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
13 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-03249-01
Demandante: Leyla Martínez Rey.
Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena,14 adoptó los criterios expuestos
por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para establecer la
procedencia de la tutela como mecanismo residual y excepcional para la protección
de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese
sentido, se consideró que esta solicitud se puede presentar además contra decisiones
de las altas cortes que desconozcan derechos fundamentales.
Ahora bien, la Corte Constitucional15 ha señalado que la solicitud de amparo debe
cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea relevante
en la constitución; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se haya presentado
dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez; y iv) que se haya
acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado los recursos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la
protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla con uno de esos
presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el amparo solicitado y
no se analizará el fondo del asunto.
A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos,16 el juez
deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad judicial,
a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales
que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad de la solicitud de
amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los requisitos
específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de tal
trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos fundamentales. 17
Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad que
incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el debate
que se había planteado en la instancia correspondiente.
2.3. Problema jurídico
La Sala deberá definir si: ¿El Tribunal Administrativo de Santander, vulneró el derecho
fundamental al debido proceso de Leyla Martínez Rey con ocasión de la sentencia del
16 de marzo de 2023, a través de la cual revocó la decisión de primera instancia que
le accedió la pretensión de reconocimiento de la pensión gracia, con lo cual incurrió,
presuntamente, en defecto fáctico por falta de valoración probatoria y
desconocimiento de precedente?
2.4. Análisis de la Sala
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,
Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos
Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
15 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-
590 de 2005.
16 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
17 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-03249-01
Demandante: Leyla Martínez Rey.
2.4.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de tutela
y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado, procederá
a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.
2.4.2. Desconocimiento del precedente
En este punto, en cuanto al desconocimiento de precedente alegado se recuerda que
un análisis sistemático del artículo 230 de la Constitución Política permite afirmar que
le corresponde a los jueces respetar los precedentes de las altas cortes como un
imperativo derivado del principio de igualdad; y, un medio para promover la seguridad
jurídica, la confianza de la sociedad en la estabilidad, la predictibilidad de las
decisiones judiciales y la unificación de la interpretación de las normas jurídicas.
Además, el principio de legalidad ordena un manejo adecuado de estos, como medio
para erradicar la arbitrariedad en las decisiones judiciales, presupuesto esencial del
Estado Social de Derecho.
Al respecto, la Corte Constitucional ha considerado que el precedente es toda decisión
previa adoptada en su mayoría por los órganos de cierre de las diferentes
jurisdicciones que, por abordar un problema jurídico originado en hechos idénticos o
semejantes desde un punto de vista jurídico relevante al que debe resolver el juez,
debe ser tenido en cuenta como condición de eficacia del principio de igualdad. El
valor jurídico del precedente implica entonces la obligación de seguir el curso de
decisión trazado en la ratio decidendi de una o varias sentencias previas, salvo si
existen razones jurídicas poderosas que impongan modificarlo.
Esas razones pueden provenir de un cambio en el ordenamiento positivo, de la
modificación de las bases axiológicas del sistema jurídico o de una drástica
transformación de las condiciones sociales en las que se adoptaron aquellas
decisiones, y que estas sean de tal entidad que las torna en injustas o incorrectas en
el orden de cosas actual. De igual manera, el juez puede apartarse del precedente si,
pese a la existencia de algunas similitudes entre uno y otro caso, encuentra diferencias
de mayor peso que justifican un tratamiento diverso a la situación objeto de estudio.
Por último, eventos en los que se evidencia una incongruencia en el sentido de
decisiones precedentes, relevan al juez de su obediencia pues, en términos prácticos,
no existe un precedente claro que lo vincule.
En cualquier caso, el juez debe cumplir una carga de transparencia, para lo cual
corresponde identificar los precedentes relevantes; de suficiencia, esto es, dar a
conocer las razones que en su concepto justifican el cambio de dirección decisional,
y precisar por qué esa modificación lleva a una mejor interpretación del orden jurídico
y que, además de ello, reporta mayores beneficios que el detrimento en la seguridad
jurídica y la igualdad que se derivará de la desobediencia al precedente.
2.4.3. Defecto fáctico
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-03249-01
Demandante: Leyla Martínez Rey.
El defecto fáctico, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional,18 tiene una
dimensión negativa y otra positiva.
La primera se configura cuando en desarrollo de la actividad probatoria el juez omite
la «valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos
analizados por el juez»,19 «o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o
la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente».20 La segunda, se
acredita cuando el operador judicial «aprecia pruebas que no ha debido admitir ni valorar
porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas».21
Empero, la intervención del juez constitucional en el análisis de las pruebas que
adelanta el juez natural, solo se justifica cuando resulta en una manifiesta vía de hecho
y, tiene una clara incidencia en el sentido de la decisión; por supuesto, en vigencia y
garantía de los derechos constitucionales fundamentales.
2.4.4. Caso concreto
Leyla Martínez Rey acudió al juez de tutela con el fin de que se ampararan sus
derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efecto la sentencia
proferida el 16 de marzo de 2023 por el Tribunal Administrativo de Santander, en
cuanto revocó la decisión de primera instancia y en su lugar, le negó el reconocimiento
de la pensión gracia.
Lo anterior, al considerar que la referida decisión judicial incurrió en defecto fáctico
por no valorar aquellos documentos que dan cuenta de su vinculación como docente
nacionalizado y no como nacional; asimismo, en desconocimiento del precedente
judicial del Consejo de Estado que ha fijado reglas de interpretación respecto a la
pensión gracia y de cómo probar la calidad de docente territorial.
En efecto, la demandante refirió que no se valoraron (i) el Decreto 1111 del 4 de mayo
de 1979, mediante el cual el gobernador del departamento de Santander, la nombró
para cubrir una licencia con segunda categoría en el Escalafón de Enseñanza
Secundaria, (ii) copia de la diligencia de posesión 1016 del 14 de mayo de 1979 y (iii)
la constancia con CONSECUTIVO 0419 del 23 de junio de 2008 expedida por la
Gobernación de Santander, Secretaria de Educación; donde consta que fue docente
en ese departamento, respecto de los cuales resaltó que fueron proferidos por
autoridades territoriales, por lo que su vinculación fue de carácter territorial.
Para mayor claridad del asunto, la Sala recuerda el análisis efectuado por el Tribunal
Administrativo de Santander, en la sentencia acusada:
18 Corte Constitucional, sentencias SU-159 de 2002, T-781 de 2011, T-267 de 2013, SU-172 de 2015,
T-605 de 2015, T-463 de 2016 y T-643 de 2016 entre otras.
19 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
20 Sentencia SU-159 de 2002, MP. Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araujo Rentería, Rodrigo
Escobar Gil y Alfredo Beltrán Sierra.
21 Sentencia T-538 de 1994.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-03249-01
Demandante: Leyla Martínez Rey.
«[…] 1. La docente Leyla Martínez Rey, ostentó una vinculación al servicio docente
antes del 31.12.1980, esta afirmación se prueba con el Acta de posesión No. 101 del
14.05.1979, en la que consta, la posesión de la aquí demandante como coordinadora de
prácticas en la Escuela Normal Superior de San Gil (Pág. 36 archivo OneDrive 01)
2. La vinculación que la aquí demandante tuvo antes del 31.12.1980, tiene el carácter
de nacional, debido a la naturaleza jurídica de la Escuela Normal Superior de
Señoritas de San Gil. La Ley 54 de 1966, nacionalizó la Escuela Normal Superior de
Señoritas de San Gil, que en principio fue creada por el departamento de Santander, a
partir del 01.01.1962, en tal virtud, en su Art. 2 dispuso:
¨Artículo 2º. En consecuencia, en el Presupuesto Nacional, Ministerio de Educación
Nacional, se apropiarán las partidas necesarias y suficientes para atender tanto al pago del
personal directivo, profesoras, material de enseñanza, dotación y becas. ¨
Previo a concluir resalta la Sala que, únicamente obra prueba de los actos administrativos
de nombramiento, en los que no consta el vínculo, o la naturaleza del mismo, y, no se
cuenta con certificación de la autoridad nominadore que dé cuenta del tipo de vinculación
al que se encuentra sometido la docente, siendo entonces, resolver, de forma objetiva de
acuerdo a la naturaleza jurídica de la escuela normal superior a la que estuvo vinculada
antes del 31.12.1980.
En consecuencia, es para la Sala la naturaleza jurídica de la Escuela Normal Superior de
Señoritas de San Gil, la que determina el carácter nacional de la vinculación que a la aquí
demandante ostentó con anterioridad al 31.12.1980, situación que, como se reseñó previo
a la formulación del problema jurídico, era el requisito que la UGPP alega como incumplido,
pues insiste, asistiéndole razón, en que dicha vinculación tiene el carácter de nacional, y
por ende, no puede tenerse en cuenta para el reconocimiento de la pretendida pensión
gracia[…]».
Como se observa, en la sentencia cuestionada en sede de tutela, se valoraron la
totalidad de las pruebas aportadas al expediente, y se hizo referencia expresamente
a los actos que dan cuenta de la posesión de la docente Leyla Martínez Rey antes
del 31 de diciembre de 1980, esto es, el acta de posesión 101 del 14 de mayo de
1979, con ocasión del nombramiento contenido en el Decreto 1111 del 4 de mayo de
1979 para cubrir una licencia en el cargo de Coordinadora de Practicas en la Normal
Superior de San Gil, y el consecutivo 0419 que certificó con qué recursos se le canceló
el sueldo durante este periodo, respecto de lo cual la autoridad judicial demandada
concluyó:
«[…] Es importante resaltar que, si bien la prueba documental que certifica que, el pago de
los salarios devengados por la aquí demandante se hizo con dineros provenientes del
Sistema General de Participaciones, por si sola, no es suficiente
para determinar al carácter de la referida vinculación, la disposición legal, objetiva, que
dispone la naturaleza nacional de la escuela Normal Superior de Señoritas de San Gil, si
lo es, máxime cuando la misma Ley determina que, el pago de las acreencias labores se
hará con recursos de la Nación.
En consecuencia, al no poder tenerse en cuenta la vinculación al servicio docente que tuvo
la demandante entre el 14 de mayo y el 06 de junio de 1979, para efectos del cumplimiento
del requisito consistente en, ostentar una vinculación de carácter nacionalizada o territorial
anterior al 31.12.1980, contrario a lo resuelto por el A Quo, no le asiste derecho a la aquí
demandante al reconocimiento y pago de la Pensión Gracia, se insiste, por no cumplir con
la totalidad de los requisitos, específicamente, por no contar con una vinculación de
carácter territorial, anterior al 31.12.1980, razón por la que, se revocará la sentencia de
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-03249-01
Demandante: Leyla Martínez Rey.
primera instancia, y en su lugar se negarán las pretensiones de la demanda[…]».
Es así que para esta Sala, el Tribunal Administrativo de Santander no desconoció la
sentencia de unificación del 21 de junio de 201822, en la cual se estableció que para
probar la calidad del docente «[s]e requiere copia de los actos administrativos donde conste
el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a
ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto,
también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé
cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el
docente oficial es de carácter territorial. […]». [Resalta la Sala].
Dicho ello, la autoridad judicial demandada valoró la totalidad de las pruebas
aportadas, sin embargo, consideró que el Decreto 1111 de 1979, el acta de posesión
101 de 1979 y la certificación que da cuenta del origen de los recursos con los que se
le canceló el sueldo a la demandante en ese periodo, no permitían establecer con
suficiente claridad que la plaza que ocupó hubiese sido prevista como territorial, en
tanto no lo precisaban, como se puede evidenciar:
A juicio de la Sala, la autoridad judicial demandada no incurrió en defecto fáctico ni en
desconocimiento del precedente en tanto valoró los actos de nombramiento de Leyla
Martínez Rey como Coordinadora de Prácticas en la Normal Superior de San Gil,
precisamente, en los términos considerados en la sentencia de unificación CE-SUJ-
SII-11-2018 del 21 de junio de 2018, en aras de establecer el derecho o no al
reconocimiento de la pensión gracia pretendida.
22Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia CE-SUJ-SII-11-2018 del 21 de junio de 2018,
expediente 3805-2014
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-03249-01
Demandante: Leyla Martínez Rey.
Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica del
juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones adoptadas
dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la vulneración de
derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se encontró probado.
En vista de lo anterior, lo que existe es una inconformidad con el resultado de la
valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la medida en
que aquella visión de los hechos presentada por la autoridad judicial demandada
cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, por lo que, se reitera,
este mecanismo no puede convertirse en una instancia adicional.
En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que la parte
demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala revocará la decisión proferida
en primera instancia mediante la cual declaró improcedente la solicitud de tutela por
falta de relevancia constitucional para, en su lugar, negar el amparo de los derechos
fundamentales de Leyla Martínez Rey.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B,
justicia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Revocar la sentencia proferida el 19 de julio de 2023 por el Consejo de
Estado, Sección Quinta. En su lugar, negar el amparo de los derechos fundamentales
de Leyla Martínez Rey, en la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal
Administrativo de Santander, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente
documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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