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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03249-00

Fecha
19 de julio de 2023
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03249-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva de la Gobernación de Santander. 11 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Leyla Martínez Rey Demandado: Tribunal Administrativo de Santander Radicado: 11001-03-15-000-2023-03249-00 SEGUNDO: DECLARAR improcedente la presente acción de tutela por no superar el requisito de relevancia constitucional. TERCERO: NOTIFICAR a las partes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: En el caso que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-03249-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

19 de julio de 2023

Demandante: Leyla Martínez Rey
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03249-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03249-00
Demandante: LEYLA MARTÍNEZ REY
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Tema: Tutela contra providencia judicial. Falta de relevancia
constitucional

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala en primera instancia la acción de tutela formulada por conducto de
apoderado judicial por la señora Leyla Martínez Rey contra el Tribunal Administrativo de
Santander. Esto, de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069
de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena de esta Corporación.

1. ANTECEDENTES
1.1. La tutela

1. La señora Leyla Martínez Rey presentó acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Santander1. Con la solicitud de amparo la parte actora pretende la
protección de su derecho fundamental al debido proceso.

2. En sentir de la parte accionante, la transgresión de las citadas garantías
constitucionales se consolidó con el fallo de 16 de marzo de 2023, proferido por el
Tribunal Administrativo de Santander, mediante el cual se revocó la providencia del
30 de septiembre de 2022, dictada por el Juzgado Quince Administrativo del Circuito
Judicial de Bucaramanga por medio de la cual se le había reconocido la pensión de
gracia2.

1.2. Pretensión constitucional

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó:

4.1 Se TUTELE el derecho constitucional fundamental del DEBIDO PROCESO.

1
La tutela se presentó el 15 de junio de 2023.
2
Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado N. ° 68001-3333-015-2019-00160-00/01.

1
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Demandante: Leyla Martínez Rey
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03249-00

4.2. S deje sin efectos la sentencia de fecha 16 de marzo de 2023 proferida por
el Tribunal Administrativo de Santander y como consecuencia se ordene a dicho
Tribunal se profiera un nuevo fallo de segunda instancia aplicando la
Constitución, la Ley y la Jurisprudencia del Consejo de Estado.

4.3. Vincular al JUZGADO QUINCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
JUDICIAL DE BUCARAMANGA y a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONSTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP- para que ejerzan el derecho de defensa. (SIC
a toda la cita y mayúsculas del texto original).

1.3. Hechos

La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la referencia, de la
siguiente manera:

4. La señora Leyla Martínez Rey solicitó a Cajanal EICE en liquidación, hoy Unidad
de Gestión Pensional y Parafiscales – UGPP (en adelante UGPP), el reconocimiento y
pago de la pensión de gracia.

5. Mediante resolución Nº. 54068 del 19 de mayo de 2011, la UGPP negó el
reconocimiento de la pensión de gracia al no acreditar haber estado vinculada al 31 de
diciembre de 1980 como docente oficial de carácter territorial.

6. Inconforme con lo anterior, la parte actora presentó demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la UGPP. En esta
solicitó la nulidad de la Resolución Nº. 54608 del 19 de mayo de 2011 y a título de
restablecimiento del derecho, el reconocimiento y pago de la pensión de gracia vitalicia
de jubilación3.

7. El proceso le correspondió al Juzgado Quince Administrativo del Circuito Judicial
de Bucaramanga. Esa autoridad judicial, mediante fallo de 30 de septiembre de 2022,
declaró la nulidad parcial del acto administrativo. El a quo consideró que la demandante
cumplía con las exigencias establecidas para ser acreedora de la pensión de jubilación
de gracia y que en ese orden de ideas le asistía derecho a que le fuera reconocida,

3
Las pretensiones de la demanda fueron principalmente:
PRIMERA: Que es nula la resolución No. 54608 del 19 de mayo de 2011 mediante la cual se le negó el
reconocimiento y pago de la pensión gracia a favor de mi representado (a).
SEGUNDA: Que como consecuencia de la Nulidad, se condene a la UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN
SOCIAL – UGPP- a reconocer y pagar al (a) señor (a) LEYLA MARTINEZ REY identificado (a) con la
cedula de ciudadanía No.63.278.010 la Pensión Gracia Vitalicia de Jubilación a partir del día siguiente al
de haber cumplido (20) años de servicio a la educación y cincuenta (50) de edad, cuyas mesadas iniciales
deben ser liquidadas en cuantía equivalente al setenta y cinco (75%) del promedio de lo devengado por
concepto de sueldos y demás factores salariales en el último año de servicios inmediatamente anterior al
cumplimiento de los requisitos de edad y tiempo de servicio, junto con los reajustes legales
correspondientes.
TERCERA: Tomar los tres años anteriores a la fecha de radicación de la presente demanda para efectos
de aplicar la prescripción trienal. (…).

2
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liquidada y pagada4.

8. Contra la anterior decisión, la entidad demandada interpuso recurso de apelación.
Este último fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Santander. Esa corporación
judicial, mediante providencia del 16 de marzo de 2023, revocó la decisión de primera
instancia, y expuso que no se logró comprobar el cumplimiento de uno de los requisitos
que consistía en ostentar una vinculación de carácter nacionalizada o territorial anterior
al 31 de diciembre de 1980.

1.4. Sustento de la vulneración

9. La parte actora alegó que la autoridad judicial vulneró su derecho fundamental a
al debido proceso con base en los siguientes fundamentos:

10. Manifestó que la decisión del ad quem omitió aplicar la jurisprudencia vertical
obligatoria proferida por el Consejo de Estado en sentencia de unificación del 21 de junio
de 2018 complementada por la decisión del 11 de agosto de 2022.

11. Consideró que se incurrió en una indebida valoración probatoria de la siguiente
documentación:

• Copia auténtica del Decreto No. 1111 del 4 de mayo de 1979 suscrito por el
gobernador de Santander, el secretario de Educación y el director de Planeación que
establecía en el artículo 2 «A partir del 7 de mayo de 1979 concédanse 30 días de licencia
sin remunerar a MARY BUSTOS ANAYA, Coordinadora de Practicas en la Escuela la
Normal de San Gil y nómbrese en su reemplazo mientras dura la licencia concedida, a
la licenciada LEYLA MARTÍNEZ REY, con 2ª. Categoría en el Escalafón de Enseñanza
Secundaria»5: Por cuanto en observancia de la sentencia de unificación, esta prueba
permitía concluir que la vinculación había sido de tipo departamental.

• Copia de la diligencia de posesión Nº. 1016 del 14 de mayo de 1979 y constancia
Nº. 0419 del 23 de junio de 2008 expedido por la Secretaría de Educación de Santander
en donde se reflejaba «que a LEYLA MARTINEZ REY (…) se le han procesado los
siguientes sueldos como DOCENTE, en el departamento de Santander pagos con
Recursos del Sistema General de Participaciones»: Con estos documentos afirmó que
se despejaba la duda en cuanto al tipo de vinculación.

12. Arguyó que se contrarió la mencionada sentencia de unificación, al calificar de
nacional el tipo de vinculación por el hecho que la docente fue pagada con recursos de
la Nación.

13. Afirmó que el tiempo laboral cuestionado trabajado por la accionante debía ser

4
El a quo manifestó que su estatus jurídico de pensionada se consolidó el 25 de julio de 2007, fecha en la
que cumplió los 50 años de edad requeridos, toda vez que a dicha calenda ya contaba con 20 años de
servicio como docente territorial, con vinculación al servicio oficial antes del 31 de diciembre de 1980.
5
Sic a toda la cita.

3
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tenido en cuenta para el reconocimiento y pago de la pensión de gracia porque reunía
los requisitos establecidos en la Ley y en la sentencia de unificación.

14. Finalmente relacionó dos providencias proferidas por el Consejo de Estado6, en
donde se amparó el derecho fundamental al debido proceso y a la igualdad en casos
similares al suyo.

1.5. Trámite de la acción de tutela

15. Mediante auto del 21 de junio de 2023, el magistrado ponente admitió la tutela y
dispuso la notificación del Tribunal Administrativo de Santander. También se ordenó
vincular como terceros con interés en las resultas del proceso al Juzgado Quince
Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, a la Unidad de Gestión Pensional y
Parafiscales (UGPP), al Departamento de Santander – Secretaría de Educación y a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

16. Adicionalmente, solicitó a la autoridad accionada y al Juzgado Quince
Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, copia íntegra digital del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado N. ° 68001-33-33-015-2019-00160-
00/01.

1.6. Intervenciones

17. Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron
las siguientes intervenciones:

1.6.1. Tribunal Administrativo de Santander

18. Remitió el link del expediente solicitado.

1.6.2. Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP)

19. En primer lugar, manifestó que verificados los aplicativos de consulta dispuestos
por su entidad, se evidenció que la accionante poseía prestación pensional con la
Fiduprevisora, circunstancia que desvirtuaba la afectación al mínimo vital y a la salud, lo
que hacía improcedente la intervención del juez constitucional.

20. Respecto a los hechos y pretensiones de la tutela, afirmó que la accionante no
acreditó los requisitos exigidos por la ley para ser beneficiaria de la pensión de gracia,
pues no se encontró plenamente acreditada su vinculación como docente antes del 31
de diciembre de 1980, lo que significa que las decisiones adoptadas en los actos
administrativos objeto de proceso judicial se encontraban conforme a lo dispuesto en la
Ley.

6
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 25 de octubre de 2019 (11001-03-15-
000-2019-02867-01) y Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 16 de julio de 2020 (11001-03-
15-000-2020-00802-01).

4
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21. Añadió que lo pretendido por la accionante era sustituir una decisión judicial
proferida por el juez natural de la causa y que se proceda a reconocer a su favor la
pensión lo que resultaba improcedente porque el juez ordinario ya se pronunció.

22. Adicionalmente a su juicio no se superaba el requisito de subsidiariedad en razón
a que no se evidenció que se hubiera promovido un recurso extraordinario en donde
controvirtiera las inconformidades que acciona.

23. Arguyó que en el presente caso no se cumplieron ninguno de los requisitos
generales ni específicos para que procediera la acción de tutela, en efecto no se
configuró ni el defecto sustantivo7 ni el fáctico alegado por la parte actora.

24. Finalmente consideró que no se vulneró el debido proceso dado que dentro del
proceso contencioso se le garantizó los derechos a la contradicción y a la defensa, así
mismo, manifestó que existe cosa juzgada pues la actuación cuestionada ya se resolvió
y se discutió.

1.6.3. Gobernación de Santander

25. Solicitó la desvinculación toda vez que carece de legitimación en la causa por
pasiva. Esto, bajo el entendido que la Secretaría de Educación Departamental no era
competente para pronunciarse de fondo acerca de las pretensiones de la tutela, como si
lo era la UGPP.

26. El Juzgado Quince Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, pese a
ser notificado en debida forma, guardó silencio.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

27. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por la
señora Leyla Martínez Rey contra el Tribunal Administrativo de Santander. Lo anterior,
de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, el artículo
37 del decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto
333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Legitimación en la causa

28. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve la
acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de las
pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el sujeto frente
a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

7
Se aclara que se trata de un error por parte de la UGPP, pues la parte actora no alegó defecto sustantivo.

5
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Demandante: Leyla Martínez Rey
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29. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que la señora
Leyla Martínez Rey se encuentra legitimada en la causa por activa. Esto, porque figura
como demandante en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho N. ° 68001-
33-30-15-2019-00160-00/01. Por tanto, es titular del derecho fundamental al debido
proceso.

30. Por su parte, esta Colegiatura encuentra que el Tribunal Administrativo de
Santander se encuentra legitimado en la causa por pasiva al ser la autoridad que profirió
la decisión reprochada en esta oportunidad.

2.3. Cuestión previa

31. La Gobernación de Santander alegó la falta de legitimación en la causa por pasiva.
Por ende, solicitó ser desvinculado del presente proceso. La sala negará tal petición,
comoquiera que su vinculación fue en calidad de tercero con interés y no como
accionado.

2.4. Problema jurídico

32. El primer problema jurídico que subyace al caso en concreto consiste en
determinar si concurren los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela.

33. De encontrarse superados los mismos, la Sala analizará lo siguiente:

34. ¿El Tribunal Administrativo de Santander vulneró los derechos fundamentales de
la parte actora con ocasión de la decisión del 16 de marzo de 2023, que presuntamente
incurrió en los defectos fáctico y desconocimiento del precedente? Esta providencia se
revocó la sentencia de primera instancia y se negó las pretensiones de la demanda
instaurada en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
con el fin de obtener la pensión de gracia.

35. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i)
el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) los requisitos generales de procedibilidad, los cuales, de
encontrarse superados junto con las demás exigencias, se procederá al análisis de (iii)
el caso concreto.

2.5. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

36. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de criterios
que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, en
fallo de 31 de julio de 20128. Lo anterior, porque hasta ese momento, las distintas

8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012, M.P.
María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.

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Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este tema9. En la
referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias judiciales sí es
procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y excepcionales10.

37. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una acción
de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de esta
Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 201411. En esta sentencia se
establecieron seis requisitos generales de procedencia12 y ocho defectos especiales en
los que puede incurrir una providencia judicial13.

38. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y establecer si se configura los
defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes requisitos
generales de procedencia:

i) que la tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) Efecto decisivo de la irregularidad procesal.

9
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
10
Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”.
11
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de 2014,
M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
12
Los seis requisitos generales de procedibilidad establecidos en la sentencia de unificación del 05 de
agosto del 2014 son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que
se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la
persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable;
iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término
razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. iv); Cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; v) Que la parte
actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
13
Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para
ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́ completamente al margen del
procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; iv) Defecto material o sustantivo,
como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que
presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; v) Error inducido, que
se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que
implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos
de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita
funcional; vii). Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte
Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la
eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerad y viii)
Violación directa de la Constitución.

7
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39. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos,
se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno o más
de los defectos materiales o especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial. En este mismo sentido, la sala ha establecido que, para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o
razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en
el sentido de la decisión y ii) que con la acción no se intente reabrir el debate de instancia.

40. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada como
una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

41. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad, en especial el de inmediatez y, solo en el caso
de encontrarlos superados, se resolverá si la sentencia censurada incurrió en los
defectos aludidos.

2.6. Estudio del requisito general de procedibilidad de la relevancia
constitucional

42. En primer lugar, se advierte que el Alto Tribunal Constitucional adoptó el término
“relevancia constitucional” en la sentencia C-590 de 200514. En esta providencia se
señaló que la acción de tutela contra providencia judicial sólo es procedente cuando se
cumplan ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, dentro de los que se encuentra
la relevancia constitucional. Sobre esta exigencia, en aquella oportunidad se advirtió:

Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se
mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar
con toda claridad y de forma expresa por qué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes15. (Subrayado fuera de texto).

43. Con fundamento en lo anterior, la Corte Constitucional ha logrado significativos
avances en torno a los criterios que llevan a determinar cuándo se cumple con esta

14
Durante el periodo comprendido entre 1992 y 2005 hasta aquí, es claro que el Alto Tribunal
Constitucional si bien aún no contemplaba como requisito general para la procedibilidad de la acción de
tutela, la relevancia constitucional, lo cierto es que de manera indirecta sí hacía alusión a ella, al señalar
que: a) la solicitud de amparo no se constituye como una tercera instancia; b) que no se instituyó para
controvertir la interpretación hecha por los jueces ordinarios en una decisión judicial; c) que no es
procedente para estudiar asuntos netamente económicos. Esto, bajo el entendido que las discusiones de
orden legal escapan del radio de acción de garantías superiores.
15
Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005.

8
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exigencia. Así, en la sentencia SU-215 de 202216, el Alto Tribunal unificó los criterios que
se deben analizar a la hora de determinar si un asunto reviste o no de relevancia
constitucional. La Sala los expondrá estos parámetros en el siguiente gráfico para mayor
entendimiento:

Finalidad de la relevancia constitucional Parámetros que se deben tener en cuenta para verificar si se
cumple con los cometidos de la relevancia constitucional

Respeto por las competencias de las jurisdicciones. El caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un
asunto meramente legal y/o económico, es decir, la cuestión “debe revestir una
“clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional.

Relevancia constitucional -
La protección de la autonomía e independencia de los La controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o económica: La
jueces. tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se

sentencia Corte
restringe a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de
los derechos [fundamentales] y no a problemas de carácter legal.” En este orden,
se reitera que el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de
amparo trascienda la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los

Constitucional 2022
jueces naturales”.

la preservación de la específica finalidad de la acción de Carga argumentativa mínima: La acción de tutela debe plantear argumentos
tutela, instituida para la protección y restablecimiento de suficientes dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera
los derechos fundamentales. grave un derecho fundamental.

la prevención del uso indebido de la acción como una El examen de la acción de tutela dirigida contra decisiones de las altas cortes debe
instancia adicional de los procesos adelantados ante las ser estricto lo que implica verificar que en efecto se haya presentado una
jurisdicciones competentes o para la solución de actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los derechos
discusiones de naturaleza eminentemente legal fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe representar
una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para definir
controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal.

44. A su vez, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
en sentencia de unificación del 5 de agosto del 201417, adoptó de manera expresa la
posición de la Corte Constitucional establecida en la sentencia C-590 de 2005 sobre los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela.

45. En concreto sobre la relevancia constitucional, en aquella oportunidad señaló que
este requisito tiene dos cometidos fundamentales: i) proteger el principio constitucional
de la autonomía funcional de los jueces; y ii) evitar que la acción de tutela se torne en un
instrumento para involucrarse en asuntos que corresponde a otras jurisdicciones.

46. Finalmente, esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de 202218 modificó
la postura que venía manejando sobre el estudio del requisito de relevancia
constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace evidente que los

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A través de esta decisión judicial, la Corte Constitucional revisó las sentencias proferidas en primera y
segunda instancia por las Secciones Quinta y Primera del Consejo de Estado, dentro de una acción de
tutela formulada por Producciones RTI S.A.S. contra la Sección Cuarta de este mismo órgano de cierre.
Tras abordar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo que reproche una decisión judicial para
superar el requisito de la relevancia constitucional, la Corte Constitucional esbozó que el mecanismo de
tutela formulado por RTI S.A.S. no cumplía con este postulado. Lo anterior, porque (i) no tenía la identidad
para interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o desarrollar el alcance de un derecho
fundamental; (ii) involucraba un debate eminentemente legal; (iii) planteaba una discusión
preponderantemente económica; y, (iv) no cumplía con la carga argumentativa y explicativa rígida porque
no se demostraba la grave violación de los derechos fundamentales invocados.
17
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 05 de agosto de 2014,
M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29 de
septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-03249-00

temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin que se pueda advertir la
necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una posible vulneración de una
garantía constitucional.

47. De esta manera, esta Sala de Decisión, planteó que el estudio de la relevancia
constitucional debía estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte
Constitucional y acogidos por esta Corporación, que en concreto se refieren a:

i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;

ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo solo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende, no
debe ser un debate exclusivamente legal; y

iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta
la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de un
derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde definirlas
a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse en una tercera instancia.

48. Conforme a lo decidido en anteriores oportunidades, la Sala entrará a decidir si
en el presente caso el asunto reviste o no relevancia constitucional, de conformidad con
los criterios antes planteados y atendiendo a los fines acogidos por la Corte
Constitucional y esta Corporación.

2.7. Análisis del requisito de relevancia constitucional en el caso en concreto

49. Como quedó expuesto en los antecedentes de este proveído, la parte actora
considera que la decisión del 16 de marzo de 2023 está viciada de los defectos fáctico y
desconocimiento del precedente. A su juicio, el Tribunal Administrativo de Santander
incurrió en los yerros relacionados al realizar una indebida valoración probatoria y
desconocer el precedente judicial contenido en la sentencia de unificación jurisprudencial
proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado el 21 de junio de 2018.

50. Ahora bien, en criterio de la Sala, la discusión planteada carece de relevancia
constitucional porque lo perseguido por la accionante es una discusión probatoria que se
circunscribe a reabrir un debate zanjado ampliamente en el proceso ordinario, que
consistió en establecer si la accionante reunía los requisitos para acceder a la pensión
de gracia.

51. De tal suerte que los argumentos expuestos en esta instancia constitucional no
están justificados en una vulneración a derechos fundamentales, sino a una
inconformidad con una decisión que no es acorde con sus intereses. Esta situación

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resulta contraria a la naturaleza del juez constitucional que está llamado a proteger
aquellas garantías fundamentales vulneradas y a proferir decisiones encaminadas a
restablecer las mismas.

52. Bajo este escenario el juez de tutela no está llamado a reemplazar al juez de la
causa y a decidir las controversias de las instancias ordinarias, máxime si resulta
evidente que se trata de una inconformidad con un aspecto que ya fue resuelto por una
autoridad judicial.

53. Es importante resaltar que el simple hecho de existir diferencias de criterio en la
interpretación de las normas de rango legal no puede implicar calificar una providencia
como arbitraria o caprichosa, ni desconocer que su caso fue estudiado en el marco de la
normativa vigente, la sana crítica y la jurisprudencia.

54. En esta medida, se evidencia que se trata de una diferencia de criterio entre la
postura de la parte actora y el examen realizado por el Tribunal Administrativo de
Santander en virtud de su autonomía e independencia judicial, que lo llevaron a
determinar, basado en la jurisprudencia vigente y en el material probatorio, que la
accionante no cumplía con los requisitos establecidos para acceder al reconocimiento y
pago de la pensión de gracia.

55. Dicho lo anterior, para que un juez constitucional pueda inmiscuirse en un análisis
probatorio es porque se encuentra ante la existencia de una arbitrariedad flagrante y
manifiesta, pues la acción de tutela no puede convertirse en una tercera instancia que
revise las actuaciones judiciales de los jueces de procesos ordinarios y que aquello
genere imponer su apreciación sobre los medios de convicción utilizados para resolver
los casos a su cargo.

56. En ese orden de ideas, esta Sección advierte que en el caso sub examine, no es
posible afirmar que la decisión adoptada por la autoridad judicial accionada haya
incurrido en una vulneración de garantías fundamentales, que amerite un nuevo estudio
y pronunciamiento por parte de un juez constitucional sin que con ello se lesionen los
principios de cosa juzgada y de seguridad jurídica. Se trata de la reiteración de unos
argumentos ya discutidos y que han quedado resueltos de manera razonable por parte
del juez ordinario, haciendo uso de su autonomía, actividad que solo encuentra su límite
cuando el juzgador incurre en arbitrariedad o capricho, escenario que no se advierte en
el caso concreto.

57. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa
por pasiva de la Gobernación de Santander.

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SEGUNDO: DECLARAR improcedente la presente acción de tutela por no superar el
requisito de relevancia constitucional.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
Ley 2591 de 1991.

CUARTO: En el caso que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081

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