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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03269-00

Fecha
24 de julio de 2023
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03269-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el doctor Jorge Iván Duque Gutiérrez para conocer del asunto de la referencia. SEGUNDO: NEGAR la solicitud de amparo formulada por el señor León Darío Correa Espinal en contra de la Sala de Decisión Quinta del Tribunal Administrativo de Antioquia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. TERCERO: REGISTRAR la presente providencia en la plataforma “SAMAI”. CUARTO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-03269-00

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

24 de julio de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A”
Consejero Ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03269-00
Accionante: LEÓN DARÍO CORREA ESPINAL
Accionado: TRIBUNAL ADIMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA –
SALA QUINTA DE DECISIÓN Y OTRO

Tema: Tutela contra providencias judiciales / derechos
fundamentales a la igualdad, debido proceso y
acceso a la administración de justicia / medio de
control de reparación directa / desconocimiento del
precedente y defecto fáctico / hacinamiento
carcelario

Sentencia de primera instancia

La Sala de Subsección decide la acción de tutela instaurada por el
señor León Darío Correa Espinal, en contra del Juzgado Sexto
Administrativo Oral del Circuito de Medellín y del Tribunal
Administrativo de Antioquia por la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales, ocurrida con ocasión de la expedición de
las providencias del 22 de enero de 2020 y 13 de diciembre de 2022,
respectivamente, proferidas en el curso del medio de control de
reparación directa con radicado núm. 05001-33-33-006-2018-
00125- 00/01.
I. ANTECEDENTES

El accionante solicita la protección de sus derechos fundamentales a
la igualdad, debido proceso y acceso a la administración de justicia

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ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03269-00
Accionante: León Darío Correa Espinal

con sustento en los siguientes supuestos fácticos que la Sala de
Decisión identificó como relevantes en el sub examine:

1. HECHOS

1.1. El 9 de abril de 2018 la parte accionante presentó medio de
control de reparación directa contra la Nación, Ministerio de Justicia
y del Derecho, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –
INPEC y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC
con el fin de que se les declarara patrimonialmente responsables por
los daños sufridos por el señor León Darío Correa Espinal, con
ocasión de las condiciones de reclusión en el centro carcelario de
Medellín “Bellavista” entre el 8 de septiembre de 2011 y el 27 de
noviembre de 2017.

1.2. El conocimiento del proceso correspondió por reparto al
Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Medellín que,
mediante sentencia del 22 de enero de 2020 declaró responsable al
INPEC de los daños a los bienes y derechos constitucional y
convencionalmente protegidos causados al demandante, sin
reconocer indemnización alguna.

1.3. Inconformes con la decisión ambas partes interpusieron
recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Sala Quinta de
Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia que, por medio de
sentencia del 13 de diciembre de 2022, revocó la decisión de primera
instancia y negó las pretensiones de la demanda, al considerar que
no se logró evidenciar la configuración del daño antijuridico que se
pretende endilgar a las entidades demandadas.

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Accionante: León Darío Correa Espinal

2. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

La parte accionante indica que con las providencias proferida por las
autoridades judiciales accionadas se vulneraron sus derechos
fundamentales al acceso a la administración de justicia, igualdad y
debido proceso.

Sostuvo que la autoridad judicial accionada incurrió en un
desconocimiento del precedente, por cuanto desconoció las
sentencias T-153 de 1998, T-388 de 2013 y T-409 de 2015 de la
Corte Constitucional en las que se evidencia la clara crisis que sufre
la población reclusa en Colombia.

De igual forma, señaló que el tribunal accionado omitió la sentencia
del 20 de noviembre del 2020 de la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado dentro del proceso del medio de
control de acción de grupo con radicado núm. 18001-23-33-000-
2013-00216-01, la cual declaró la responsabilidad del Ministerio de
Justicia, INPEC y USPEC, por los daños a la dignidad que sufrieron
las mujeres recluidas en el pabellón femenino del establecimiento
carcelario El Cunduy.

De igual forma, señala que la providencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia adolece de un defecto fáctico dado que
realizó una indebida interpretación del material probatorio, puesto
que no logró evidenciar que sí se configuró un daño antijuridico
causado por las condiciones de hacinamiento a las que fue sometido
durante su reclusión.
3. PRETENSIONES

Con fundamento en lo anterior, solicita:

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Accionante: León Darío Correa Espinal

«PRIMERA: TUTELAR los derechos fundamentales AL DEBIDO PROCESO,
A LA IGUALDAD, AL ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA,
toda vez que el JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL
CIRCUITO DE MEDELLÍN en Sentencia No. 005 del 22 de enero de 2020 y la
SALA QUINTA DE DECISIÓN del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
ANTIOQUIA, en sentencia No. 194 del 13 de diciembre de 2022, (no son
sentencias de tutela), incurrieron en un defecto fáctico, violación directa de la
Constitución y desconocimiento del precedente judicial.

SEGUNDA: QUE SE DEJE SIN EFECTOS la Sentencia No. 005 del 22 de
enero de 2020, proferida por el JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO
ORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN.

TERCERA: ORDENAR al JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, que en el término que se le señale, profiera
una nueva sentencia, atendiendo a la Constitución y al precedente judicial.

CUARTA: ORDENAR a la SALA QUINTA DE DECISIÓN del TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, que en el término que se le determine,
profiera una nueva sentencia adoptando las pruebas y argumentos presentados
sobre el precedente judicial aplicable.»(Sic en toda la cita)

4. INTERVENCIONES

Mediante auto del 22 de junio de 2023 se admitió la acción de tutela
de la referencia y se ordenó notificar al Juzgado Sexto Administrativo
Oral del Circuito de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia
como accionados y a la Nación, Ministerio de Justicia y Derecho, al
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC, y a la Unidad
de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC como terceros
interesados en las resultas del proceso.

4.1. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC
pidió ser desvinculado del presente proceso, toda vez que dicha
entidad no ha incurrido en la vulneración de los derechos
fundamentales alegados por el accionante.

4.2. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República – DAPRE solicitó que se desvincule a dicha entidad de la

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acción de tutela, dada la falta de legitimación en causa por pasiva
que existe en el presente caso.

4.3. La Nación, Ministerio de Defensa argumentó que se deben
negar las pretensiones de la demanda, ya que el accionante dentro
de la demanda de reparación directa no logró acreditar alguna
aflicción o malestar emocional que haya sufrido al momento de
purgar su condena dentro del establecimiento penitenciario y
carcelario.

4.4. El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de
Medellín señaló que las decisiones atacadas no incurrieron en
ninguno de los defectos alegados por la parte accionante, pues al
contrario estima que las providencias fueron proferidas con
observancia al derecho fundamental del debido proceso y aplicando
la normatividad y jurisprudencia vigente correspondiente al asunto
en concreto.

4.5. La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios –
USPEC sostuvo que se desvincule del presente proceso, dado que
dicha entidad no ha vulnerado ninguno de los derechos
fundamentales que el accionante predica. tutela.

4.6. No se rindieron más informes.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Corresponde a esta Sala de Subsección conocer la presente acción
de tutela, de conformidad con lo dispuesto en los decretos 2591 de
1991 y 333 de 2021.

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2. Cuestión previa

El magistrado Jorge Iván Duque Gutiérrez manifiesta encontrarse
incurso en la causal de impedimento consagrada en el numeral 5.º
del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal para conocer de la
acción de tutela de la referencia, toda vez que sostiene una amistad
íntima de muchos años con el magistrado Jorge León Arango Franco,
el cual suscribió la sentencia que se cuestiona. Al efecto, la norma
dispone:

« 5. Que exista amistad íntima o enemistad grave entre alguna de las partes,
denunciante, víctima o perjudicado y el funcionario judicial. » (negrilla de la
Sala)

En virtud de lo anterior, la Sala declarará fundado el impedimento
para conocer del presente asunto manifestado por el consejero Jorge
Iván Duque Gutiérrez, puesto que, en efecto, como lo manifestó, el
señor Jorge León Arango Franco fungió como magistrado de la
providencia del 13 de diciembre de 2022 que es objeto de la acción
de tutela de la referencia, con lo que su afirmación encuadra en el
enunciado normativo invocado, razón por la cual se le separará del
conocimiento de este asunto.

3. Problema jurídico

De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que
el problema jurídico se circunscribe a determinar si la Sala Quinta de
Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, al proferir la
sentencia del 13 de diciembre de 20221 que revocó lo resuelto por

1
La Sala debe precisar que aunque también se cuestiona la sentencia del 22 de enero de 2020 proferida
por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, centrará su análisis en la
providencia del 13 de diciembre de 2022, dado que esta decisión es la que puso fin al proceso y el
accionante utiliza los argumentos para atacar dicha decisión.

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el a quo y negó las pretensiones de la demanda en el marco del
proceso de reparación directa, incurrió en un defecto fáctico y en un
desconocimiento del precedente y, por consiguiente, en la
vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad, debido
proceso y acceso a la administración de justicia de la parte
accionante.

Previamente a lo anterior, se deberá establecer la procedencia de la
acción de tutela contra la providencia judicial cuestionada.

Para dar respuesta a los anteriores planteamientos se procederá a
analizar i) la acción de tutela contra providencias judiciales; ii) los
requisitos de procedibilidad; y, de encontrarla procedente, iii)
defecto fáctico; iv) desconocimiento del precedente; y v) el caso
concreto.

4.1. LA PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional
vigente2 aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta
corporación3, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la
protección material de los derechos fundamentales, cuando éstos
resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello, en
atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del
poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los
valores, principios y derechos que la propia Constitución establece,
y en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de
administrar justicia, es susceptible de ser controlada a través de ese

2
Corte Constitucional. Sentencia C-590-05.
3
Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-03-15-
000-2009-01328-01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.

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mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la carta
le impone.

Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y
residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de
quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el
ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de
procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa
medida las controversias que allí surjan son subsanables en el
contexto del proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara
después de años de elaboración jurisprudencial, los requisitos
generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el
delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la
autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la
necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los derechos
constitucionales fundamentales.

Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la
tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su
interposición, como son: (i) que el asunto que esté sometido a
estudio sea de evidente relevancia constitucional; (ii) que en el
proceso se hayan agotado todos los medios de defensa, tanto
ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de
quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar
un perjuicio irremediable; (iii) que la presentación de la acción
cumpla con el requisito de inmediatez; (iv) que la irregularidad
procesal devenga en sustancial: cuando se trate de una irregularidad
procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los

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derechos fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique
la situación fáctica; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.

En ese orden, la doctrina constitucional ha señalado las causales
especiales, indicando que la acción resulta procedente únicamente
en aquellos eventos en los cuales se vean afectados derechos
fundamentales, al verificar la ocurrencia de uno de los siguientes
eventos: (i) defecto sustantivo, orgánico o procedimental, (ii)
defecto fáctico, (iii) error inducido, (iv) decisión sin motivación, (v)
violación directa de la Constitución, y (vi) desconocimiento del
precedente.

4.1. En el presente caso, la pretensión de amparo constitucional
cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
que habilitan su interposición.

4.1.1. En efecto, esta Sala de Subsección considera que los hechos
que generaron la vulneración como los derechos quebrantados se
encuentran plenamente individualizados.

4.1.2. Asimismo, se encuentra que la sentencia objeto de tutela
carece de recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el
amparo constitucional.

4.1.3. Se observa igualmente que la interposición se dio en un lapso
«razonable y proporcionado», por cuanto la providencia cuestionada
se profirió el 13 de diciembre de 2022 y fue notificada por correo
electrónico enviado en la misma fecha y la tutela se presentó el 15
de junio de 2023.

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4.1.4. Finalmente, el asunto a resolver es de marcada relevancia
constitucional, en la medida que se centra en establecer una posible
vulneración iusfundamental como consecuencia de los defectos
alegados en que, presuntamente, incurrió la autoridad judicial
cuestionada.

4.2. Defecto fáctico

De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto
fáctico se configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que
le permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la
decisión. Sobre el particular la Corte Constitucional4 ha identificado
dos dimensiones en las que puede presentarse:

a. Una dimensión negativa5, que ocurre cuando el juez niega o
valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u
omite su valoración y sin razón valedera da por no probado el
hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y
objetivamente. Esta dimensión, comprende las omisiones en la
valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad
de los hechos analizados por el juez.

b. Una dimensión positiva6, que se presenta generalmente
cuando el juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes
de lo resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido
admitir ni valorar.

4
Véase: Sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de 2010, T-567 de 1998,
T-456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras.
5
Corte Constitucional. Sentencia T-576 de 1993. Magistrado Ponente: Jorge Arango Mejía.
6
Corte Constitucional. Sentencia T-538 de 1994. Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.

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Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la
intervención del juez de tutela en relación con el manejo dado por el
juez natural es, y debe ser, de carácter extremadamente reducido,
toda vez que:

«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no
constituyen defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se presentan al
juez dos interpretaciones de los hechos, diversas pero razonables, le
corresponde determinar al funcionario, en el ámbito su especialidad, cuál
resulta más convincente después de un análisis individual y conjunto de los
elementos probatorios»7.

En ese sentido, no es procedente la acción constitucional, cuando se
encamina a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa
realizada por el juez que ordinariamente conoce de un asunto.

4.3. Desconocimiento del precedente

En materia de decisiones judiciales, se destaca el respeto por el
principio de igualdad (artículo 13 de la C.P.) el cual implica no
solamente la igualdad ante la ley sino también la igualdad de
protección y trato por parte de las autoridades y específicamente la
igualdad en la interpretación y aplicación de la ley por parte de las
autoridades judiciales, preservándose de esta manera la seguridad
jurídica y con ella la certeza en los jueces van a decidir los casos
iguales de la misma forma8.

En ese sentido, el precedente judicial9 es la figura jurídica que sirve
como dispositivo de preservación de la confianza de la ciudadanía

7
Corte Constitucional. Sentencia SU-222 de 2016. Magistrada Ponente: María Victoria Calle Correa.
8
Ver entre otras las sentencias C-836 de 2001, T-1130 de 2003, T-698 de 2004, T-731 de 2006, T-571
de 2007, T-808 de 2007, T-766 de 2008 y T-014 de 2009.
9
En la sentencia SU-053 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado., la Corte Constitucional precisó
que precedente judicial se concibe como “la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un caso
determinado, que, por su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe
necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo”.

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en el ordenamiento, pues no solo hace previsibles las consecuencias
jurídicas de sus actos sino también materializa la igualdad en la
aplicación del derecho10.

En ese orden sentido, la Corte Constitucional ha diferenciado lo que
constituye un antecedente jurisprudencial y el precedente en estricto
sentido11. Por una parte, ha aclarado que antecedente es una
decisión de una controversia anterior a la que se estudia, que puede
tener o no algunas similitudes desde el punto de vista fáctico, pero
lo más importante es que contiene algunos puntos de Derecho que
guían al juez para resolver el caso objeto de estudio y por tanto,
tiene un carácter orientador, lo que no significa que (a) no deba ser
tenido en cuenta por el juez al momento de fallar y (b) que lo exima
del deber de argumentar las razones para apartarse, en virtud de los
principios de transparencia e igualdad”12.

Por otra parte, ha precisado que puede predicarse la existencia de
un precedente, cuando “(i) los hechos relevantes que definen el
asunto pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho
que enmarcan un caso del pasado; (ii) la consecuencia jurídica
aplicada a los supuestos del caso pasado constituye la pretensión del
caso presente; y (iii) la regla jurisprudencial no ha sido cambiada en
una distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho
para su aplicación”13.

No obstante lo anterior, el sometimiento al precedente no puede
convertirse en una camisa de fuerza para el juzgador, por lo que la

10
MARINON, Luiz Guilherme. El precedente en la dimensión de la seguridad jurídica. Ius et Praxis,
2012, vol. 18, no 1, p. 249-266.
11
Sentencia T-109 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
12
Sentencias T-830 de 2012 y T-714 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
13
Sentencia T-794 de 2011. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

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jurisprudencia constitucional ha sostenido que las autoridades
judiciales pueden apartarse válidamente de precedentes previos,
bien sean estos verticales u horizontales14, siempre y cuando
cumplan con (i) la carga de transparencia, de hacer referencia al
precedente del que se va a apartar, y (ii) la carga de
argumentación que les impone el deber de señalar una justificación
razonable, seria, suficiente y proporcionada, en la que manifiesten
las razones por las cuales se apartan de la regla jurisprudencial;
elementos con los que, en palabras de la misma Corte, se portegen
el carácter dinámico del derecho y los principios de autonomía e
independencia que caracterizan la labor judicial15.

5. Caso concreto

En el presente asunto, el señor León Darío Correo Espinal alega que
Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia
vulneró los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y
acceso a la administración de justicia con ocasión de la expedición
de la sentencia del 13 de diciembre de 2022, a través de la cual
revocó la decisión que declaró al INPEC responsable de los daños
causados al accionante dentro del Establecimiento Carcelario y
Penitenciario de Bellavista para en su lugar negar las pretensiones
de la demanda al argumentar que no se logró acreditar la
configuración del daño antijurídico.

Para resolver, esta Sala de Subsección considera que:

14
Se entiende por precedente vertical aquellas decisiones previas promulgadas por un superior
jerárquico y que resultan pertinentes para resolver el caso concreto, y por el horizontal aquellas
decisiones fijadas por una autoridad judicial de la misma jerarquía y que resultan relevantes para
resolver un caso concreto. Al respecto ver la Sentencias T- 589 de 2007.
15
Sentencia T-109 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

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4.1 La parte accionante señaló que el Tribunal Administrativo de
Antioquia incurrió en un desconocimiento del precedente, toda
vez que omitió los pronunciamientos proferidos por la Corte
Constitucional en los que se declaró el estado de cosas
inconstitucional del Sistema Penitenciario y Carcelario que
constataban la violación generalizada de los derechos fundamentales
de la población reclusa.

Al respecto, esta Sala de Subsección considera que el
desconocimiento del precedente no se configuró, puesto que dentro
de la providencia objeto de tutela, la autoridad judicial accionada
estableció lo siguiente:

«Al respecto es de anotar que de acuerdo con la jurisprudencia consolidada de
la Sección Tercera del Consejo de Estado16, en consonancia con la de la Corte
Constitucional, las personas detenidas en centros de reclusión oficiales se
encuentran, respecto del Estado, en una relación de especial sujeción en virtud
de la cual ven limitados algunos de sus derechos y libertades y restringida la
autonomía para responder por su propia integridad; razón por la que, como se
deriva de los pronunciamientos de estas Corporaciones, y tal como lo recordó la
Comisión Interamericana en su informe de 2011 sobre los Derechos Humanos
de las personas privadas de la libertad en las Américas, el Estado “se constituye
en garante de todos aquellos derechos que no quedan restringidos por el acto
mismo de la privación de la libertad”17.

Ahora bien, en virtud de esta garantía, el Estado debe asumir la responsabilidad
por los daños que, causados en el marco específico de la reclusión, implican la
afectación de derechos que no podían entenderse limitados o suspendidos por
ella, como sigue a continuación:

(…)

Así pues, la Sección Tercera ha considerado que el régimen bajo el cual se
estructura la responsabilidad del Estado por los daños causados por cuenta de la
reclusión, pero que no pueden considerarse como inherentes a la misma, es el
objetivo, el cual, como se evidencia en la cita que viene de ser transcrita, ha
encontrado un campo de aplicación privilegiado en los eventos de afectaciones
a la vida y a la integridad psicofísica de los detenidos, pero que puede extenderse

16
Ver, por ejemplo, Sección Tercera, sentencia de 26 de mayo de 2010, exp. 18800.
17
Aprobado por la Comisión el http://www.oas.org/es/cidh/ppl/docs/pdf/PPL2011esp.pdf.
31 de diciembre de 2011.

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a todos los demás casos en los que el daño cuya indemnización se demanda es
el resultado de la vulneración de derechos que de ningún modo pueden
entenderse limitados, restringidos o suspendidos por la privación de la libertad,
como es el caso de la dignidad humana.

Lo anterior sin que se deje de lado la aplicación del régimen general de
responsabilidad, esto es, el fundado en la falla del servicio, el cual debe
privilegiarse cuando se evidencie que la administración penitenciaria
funcionó anormalmente o fue negligente en el cumplimiento de sus deberes.

(…)

Ha explicado la jurisprudencia, que el primer elemento que se debe analizar para
efectos de predicar la responsabilidad estatal es la existencia del daño, como
quiera que “sin daño no hay responsabilidad” y solo ante su acreditación hay
lugar a la determinación de su imputación al Estado18.
A su vez, ha insistido la jurisprudencia que para que este elemento se estructure,
debe reunir ciertas características, tales como19:

i) Que el daño sea antijurídico, entendido como aquel que la persona no tiene el
deber jurídico de soportar, “con ello, entonces, se excluyen las decisiones que se
mueven en la esfera de lo cuestionable o las sentencias que contienen
interpretaciones válidas de los hechos o derechos”20.
ii) Que se lesione un derecho, bien o interés protegido por el ordenamiento legal.
iii) Que el daño es cierto, es decir, que se puede apreciar material y jurídicamente
y, por ende, no se limite a una mera conjetura.

Ahora, sobre esta última característica, reiteró recientemente el Consejo de
Estado:

(…)

Por otra parte, la jurisprudencia del Consejo de Estado colombiano ha señalado
la necesidad de que el daño, para aspirar a ser indemnizado, tiene que estar
revestido de certeza. No puede por tanto tratarse de un daño genérico o hipotético
sino un daño específico:

(...) En este orden de ideas, la certeza del perjuicio hace relación a la evidencia
y seguridad de su existencia, independientemente de que sea presente o futura,
mientras que la eventualidad precisamente se opone a aquella característica,
es decir, es incierto el daño ‘cuando hipotéticamente puede existir, pero

18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias de 13 de
agosto de 2008, exp. 17.412, y de 6 de junio de 2012, exp. 24.633, entre otras.
19
CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN
TERCERA. SUBSECCIÓN A. Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO. Bogotá
D.C., veintidós (22) octubre de dos mil veintiuno (2021). Radicación número: 15001-23-31-000-2011-
00190-01(65510)
20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 27 de abril
de 2006, exp. 14.837, reiterada por la Subsección A, en sentencia del 1 de marzo de 2018, exp. 52.097.

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depende de circunstancias de remota realización que pueden suceder o no’ y,
por lo tanto, no puede considerarse a los efectos de la responsabilidad
patrimonial. Y la concreción del daño se dirige a que el bien que se destruye
deteriora o modifica se precisa finalmente en la determinación o
cuantificación del monto indemnizable21 (se destaca).”22
(…)» (Sic en toda la cita).

En ese sentido, lo primero que se debe destacar es que el tribunal
accionado, a partir de los hechos narrados en el escrito de la
demanda y las pruebas aportadas al trámite del proceso del medio
de control de reparación directa, efectuó el análisis para determinar
la responsabilidad estatal poniendo de presente la calidad del
accionante de persona privada de la libertad y las condiciones
generadas por el hacinamiento carcelario.

Asimismo, el Tribunal Administrativo de Antioquia tuvo en cuenta los
diferentes pronunciamientos realizados tanto por el Consejo de
Estado como por la Corte Constitucional en las sentencias T-153 de
1998, T—388 de 2013 y T-762 de 2015, en los que se determinó
que las personas privadas de la libertad tienen una relación especial
de sujeción respecto del Estado y que eso deriva en que este se
constituya en un garante de todos aquellos derechos que no quedan
restringidos por el acto mismo de la privación de la libertad.

De lo anterior se colige que la Sala de Decisión Quinta del Tribunal
Administrativo de Antioquia, sustentó la decisión de no encontrar
acreditado el elemento de daño antijuridico con fundamento en las
pautas jurisprudenciales que, ha fijado el Consejo de Estado con

21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia
del 27 de enero de 2012, expediente 20.614. Criterio reiterado por esta subsección, entre otras
decisiones, en sentencias del 14 de septiembre de 2017, expediente 44.260, del 28 de septiembre de
2017, expediente 53.447, del 19 de abril de 2018, expediente 56.171, del 13 de agosto de 2020,
expediente 53.664 y del 20 de noviembre de 2020, expediente 55.798.
22
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TERCERA. SUBSECCIÓN A. Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO. Bogotá
D.C., veintidós (22) octubre de dos mil veintiuno (2021). Radicación número: 68001-23-31-000-2011-
00657-01(55928).

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respecto al estudio de los elementos de la responsabilidad estatal,
que le permitió concluir que, que el demandante no logró acreditar
la existencia de un perjuicio cierto, real y personal.

Con fundamento en lo anterior, esta Sala de Subsección encuentra
que en la decisión cuestionada no se incurrió en un desconocimiento
del precedente, puesto que la Sala Quinta de Decisión del Tribunal
Administrativo de Antioquia en aplicación de las reglas
jurisprudenciales aplicables al caso en concreto, resolvió revocar la
decisión proferida por el a quo al no encontrar configurado un daño
antijuridico por parte de las entidades demandadas.

4.2. De igual forma, sostuvo que la autoridad judicial accionada
incurrió en un defecto fáctico al realizar una indebida valoración
del material probatorio allegado al proceso, dado que a partir de las
mismas se logra evidenciar el daño sufrido durante el tiempo que
estuvo recluido en el Establecimiento Carcelario y Penitenciario de
Bellavista.

Al efecto, al abordar el análisis, estableció los hechos probados en
los siguientes términos:

«Ahora bien, en relación con las condiciones específicas del centro penitenciario
Bellavista, en el cual se encontraba recluido el señor León Darío Correa Espinal
para los años 2011 a 2017, inicialmente en el patio 8 y posteriormente en el patio
11, se allegó el siguiente material probatorio:

• Se presentó informe de la Defensoría del Pueblo “sobre la situación
penitenciaria y carcelaria en el área metropolitana de Medellín” para el año 2011,
del que se resaltan las siguientes observaciones:

“Las condiciones generales del establecimiento en donde funciona el establecimiento
penitenciario de mediana seguridad y carcelario “bellavista”, no son las óptimas, se
considera ello por cuanto:

Las instalaciones fueron construidas para recluir a un promedio diario de 2.350 y
en promedio se encuentra allí 7200 internos.

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A pesar del hacinamiento, no se han realizado construcciones o mejoramientos que
permitan una permanencia sin riesgos en cuanto al alcantarillado, acueducto y
servicio de energía.

Los mejoramientos o adecuaciones se encuentran limitadas a las baterías sanitarias
y duchas al interior de los pabellones, pero no se tiene en cuenta la construcción
básica del establecimiento.

La estructura física del establecimiento, presenta goteras, humedades, fisuras, pisos
hundidos, fallas en baterías sanitarias, desagües en su interior y en los pabellones,
celdas y pasillos de ingreso, situación que se agrava en los días de visita femenina y
con niños, los cuales corren un grave riesgo en sus vidas e integridad.”

• Se allegó igualmente “informe sobre visita penitenciaria y carcelaria” realizado
por la Defensoría del Pueblo para el año 2014, en el que se indica que el
establecimiento contaba con una población de 6.685 internos, que representaban
un porcentaje de hacinamiento del 182%. No obstante, no se especifica dicho
porcentaje cómo se distribuía en relación con los patios dispuestos o existentes
en el penal y de conformidad con el registro fotográfico que se anexa a dicho
informe, no se incluye información en relación con el patio 11 donde permanecía
el demandante para la fecha.

• Se encuentra informe sobre “situación penitenciaria y carcelaria” elaborado por
la Defensoría del Pueblo para el año 2016, en el que se hace alusión a las
condiciones encontradas en el pabellón 8 respecto del cual se relata una
condición de hacinamiento, no obstante, se recuerda que para esta fecha el
demandante ya no se encontraba en este pabellón, en tanto había sido trasladado
desde el año 2013 al pabellón 11, respecto del que no se incluye ninguna
información.

• Se allegaron igualmente informes y reportes realizados por la Personería de
Medellín respecto de la situación carcelaria para los años 2011 a 2017, no
obstante, en ellos se incluye información general sobre las condiciones de dichos
establecimientos, sin que sea posible extraer información específica respecto del
aquí demandante.

• Se arrimó igualmente prueba que da cuenta de las actividades de recreación y
deporte adelantadas en el centro penitenciario, con el apoyo del Instituto de
Deportes y Recreación de Medellín- INDER, la realización de labores de
fumigación, manejo de residuos, calidad del agua, entre otros.

• Se allegó igualmente información que reposa en acción de tutela adelantada
ante el Tribunal Superior de Medellín- Sala Laboral, en el que se arriman
fotografías respecto del patio 8 y que dan cuenta de las condiciones de
hacinamiento en el centro penitenciario, las condiciones en que debían dormir,
entre otros.

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• Informes presentados por la Procuraduría General de la Nación, en los que se
alude a las condiciones de hacinamiento del centro penitenciario y aspectos de
infraestructura, atención en salud, alimentación, higiene, entre otros.

• Así mismo, respecto del informe presentado por el demandado- INPEC- se
advierte que entre los años 2011 y 2017, se presentaba en el patio 8 un porcentaje
de hacinamiento de cerca del 339%, mientras que para el patio 11 el porcentaje
correspondía a 0.5%. De otro lado, relata que sobre la distribución de alimentos
los horarios dispuestos eran los siguientes: desayuno entre las 5:30 y las 7:00,
almuerzo entre 9:30 y 12:00 y comida entre 14:30 y 16:30.

Sobre los demás informes existentes, considera la Sala no hay lugar a efectuar
pronunciamiento por cuanto datan de fechas diferentes de aquellas en que
permaneció recluido el señor León Darío en dicho penal, razón por la que si bien
pueden constituir un indicio de la situación al interior de los mismos, no puede
servir de prueba para establecer, sin lugar a equivocaciones, las condiciones que
debió padecer aquel durante su estadía.

(…)

Teniendo en cuenta lo anterior, tal como se expuso anteriormente, a efectos de
determinar la configuración del daño antijurídico como elemento necesario para
estructurar la responsabilidad administrativa en cabeza de las demandadas, es
necesario que dicho daño se presente como cierto, real y personal, no siendo
posible que se parta de supuestos hipotéticos o genéricos.

En este sentido, considera la Sala necesario resaltar que a pesar de que el
problema de hacinamiento en los centros penitenciarios y carcelarios es
suficientemente conocido, ello no basta para perseguir una indemnización dentro
del medio de control de reparación directa, pues se torna necesario que se allegue
suficientes elementos de convicción para acreditar la afectación del sujeto en
particular.

Es así que si bien, le asiste razón al demandante y se constituye en un hecho
notorio, las condiciones en que permanecen recluidos los internos en las
diferentes cárceles del país, entre ellas en la conocida como Bellavista en la
ciudad de Medellín, condiciones que ha reconocido la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado, pueden derivar en una violación de los
derechos fundamentales y las garantías mínimas de que debe gozar esta
población, ello no es suficiente para que, como lo pretende, la parte actora, sin
que se requiera mayor disquisición al respecto, se presuma el daño antijurídico
causado a toda la población carcelaria.

Para ello, se tiene en cuenta que en las decisiones arriba citadas, a través de las
cuales se declaró el estado de cosas inconstitucionales en las penitenciarías del
país, entre ellas se repite, Bellavista, cuando se alude a las condiciones de los
internos se hace mención en forma genérica a las condiciones en que aquellos
permanecen recluidos, así como sucede en los informes rendidos por la
Defensoría del Pueblo, la Personería de Medellín y la Procuraduría General de

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la Nación, sin que sea dable de ellos definir en concreto, la situación o las
condiciones particulares en que permaneció recluido el señor León Darío Correa
Espinal.

Nótese como dentro del texto de la demanda y del recurso de apelación
formulado, la parte actora alude a las circunstancias que en su sentir configuran
el hecho dañoso, dadas por las largas horas de ayuno, la falta de un sitio para
dormir y recibir visita conyugal, baños, elementos de cama y aseo, no obstante,
ninguno de los medios de prueba allegados al plenario, logra dar cuenta de que
estas circunstancias correspondan específicamente a los padecimientos que
debió soportar el señor León durante su reclusión.

Ahora, si bien ha indicado el Consejo de Estado que este tipo de asuntos, en que
se debaten las violaciones al derecho a la integridad de las personas privadas de
la libertad, generadas por el hacinamiento carcelario, se caracterizan por la
limitación en los medios de prueba23, ello no puede derivar en una excusa para
la inactividad probatoria de a quien le corresponde la carga de probar los
supuestos de hecho que originan la petición indemnizatoria; pues ha sido
igualmente enfático el máximo tribunal, en señalar que “las condiciones de
hacinamiento pueden resultar propicias para la causación y exacerbación en la
población reclusa de daños individuales esencialmente inmateriales24, pero no
por ese motivo hay lugar a pretextar la absoluta falta de prueba, con mayor
razón cuando se trata de acciones de carácter indemnizatorio.”25 (Negrillas
de la Sala)

(…)

De acuerdo con lo expuesto, lo cierto es que en el presente asunto, no existe
prueba alguna referida a las condiciones de reclusión del señor León Darío
Correa Espinal y que sustente las afirmaciones expuestas en el libelo introductor
por su apoderado, en el sentido de acreditar que efectivamente debió padecer
todas aquellas situaciones relacionadas con las condiciones de hacinamiento,
situación que se repite, no puede obviarse en este medio de control, máxime si
se tiene en cuenta, que tal como lo expuso la demandada en su recurso de
apelación, aquel pretende derivar el supuesto hecho dañoso de las condiciones
23
CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN
TERCERA. SUBSECCIÓN B. Consejero ponente: ALBERTO MONTAÑA PLATA. Bogotá, D.C.,
veinte (20) de noviembre de dos mil veinte (2020). Radicación número: 18001-23-33-000-2013-00216-
01(AG)
24
De acuerdo con la CIDH, si las condiciones de vida material no satisfacen ciertos estándares mínimos,
pueden afectar la “salud mental” de las personas recluidas y, de esta forma, provocar responsabilidad
internacional del Estado por afectación a la integridad psíquica de las personas. CIDH. Sentencia de 2
de septiembre de 2004. Caso “Instituto de Reeducación del Menor” Vs. Paraguay. En similar sentido,
la Corte Constitucional reconoció en la sentencia T-762/15 [MP. Gloria Stella Ortiz Delgado] que el
alto hacinamiento “(...) se traduce en situaciones de ingobernabilidad y violencia que muchas veces
atentan contra la vida y la integridad de los presos; propicia la propagación de enfermedades y epidemias
que afectan la salubridad pública y la salud de los reclusos; y desdibuja cualquier pretensión
resocializadora y de redención o sustitución de la pena que un condenado pueda tener”.
25
CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN
TERCERA -SUBSECCIÓN A. Tres (3) de octubre de dos mil diecinueve (2019). Radicación número:
70001-23-33-000-2014-00186-01(AG).

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de hacinamiento padecidas, a pesar de que en el patio 11 donde permaneció
recluido desde el año 2013 hasta su salida en el año 2017, dicho pabellón no
presentaba hacinamiento o su porcentaje era mínimo como se desprende del
informe rendido por la entidad, en el que se informa que el porcentaje
correspondía solo al 0.5%.». (Sic en toda la cita)

A partir de lo anterior, advierte la Sala que el Tribunal Administrativo
de Antioquia, en la providencia que se reprocha, realizó un análisis
integral del material probatorio allegado al proceso. En efecto, se
resalta que el fallador de segunda instancia valoró los informes
rendidos por el INPEC en los que evidenció que en el patio 11 donde
permaneció recluido el accionante desde el año 2013 hasta el 2017
el nivel de hacinamiento fue del 0.5 %.

Adicionalmente, se denota que el tribunal accionado tuvo de
presente las condiciones ampliamente expuestas de hacinamiento
en los establecimientos carcelarios y penitenciarios en Colombia que
posiblemente pudieron afectar las condiciones en las que se
encontraba recluso el accionante, sin embargo; a la hora de analizar
integralmente el material probatorio allegado al expediente no
encontró ninguna prueba que acredite que el señor Correa Espinal
sufrió dichas condiciones de hacinamiento durante el periodo que
permaneció recluido.

En consecuencia, esta Sala de Decisión advierte que el tribunal
accionado no omitió la valoración de elementos de convicción
relevantes para la solución del caso concreto en cambio, lo que se
constata es que la providencia acusada fue proferida acorde con las
reglas de la sana crítica.

En ese orden de ideas, no se evidencia que se haya configurado un
defecto fáctico sino que la parte accionante se encuentra inconforme
con la interpretación efectuada por el juez de lo contencioso

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administrativo, situación que, dada la finalidad prevista para la
tutela, sale de la órbita de competencia del juez constitucional.

Señalado lo anterior, encuentra esta Sala de Subsección que las
conclusiones a las que llegó la Sala de Decisión Quinta del Tribunal
Administrativo de Antioquia para resolver el caso no obedecieron a
un capricho o arbitrariedad, ni se fundaron en su simple voluntad,
sino que, por el contrario, se basaron en un razonable ejercicio de
interpretación normativa y jurisprudencial contrastado con los
contornos fácticos del caso, evento en el cual el criterio adoptado
por los jueces naturales de la causa, al ser plausible, debe ser
respetado, en tanto se trata del ejercicio del encargo constitucional
de administrar justicia.

Así las cosas, teniendo en cuenta que la intervención del juez de
tutela se activa únicamente en los casos específicos en que se
evidencia una argumentación defectuosa, abiertamente insuficiente,
o inexistente al punto que se torna arbitraria, y por no advertirse
vulneración alguna de derechos fundamentales, esta Sala de
Subsección negará el amparo solicitado mediante la acción de tutela
de la referencia.

III.DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de
la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,

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FALLA

PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado
por el doctor Jorge Iván Duque Gutiérrez para conocer
del asunto de la referencia.

SEGUNDO: NEGAR la solicitud de amparo formulada por el señor
León Darío Correa Espinal en contra de la Sala de
Decisión Quinta del Tribunal Administrativo de
Antioquia, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de la presente providencia.

TERCERO: REGISTRAR la presente providencia en la plataforma
“SAMAI”.

CUARTO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVÍESE a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en
sesión celebrada el veinticuatro (24) de julio de dos mil veintitrés
(2023)

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado

Impedido
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado

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