Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03368-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03368-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-03368-01
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas
17 de noviembre de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03368-01
Accionante: Policía Nacional
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bucaramanga, diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)
Radicado número: 11001-03-15-000-2023-03368-01
Accionante: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional
Accionados: Juzgado Trece Administrativo de Barranquilla y Tribunal
Administrativo del Atlántico
Referencia: Acción de tutela
Tema: tutela contra providencia judicial.
Subtema 1: defectos fáctico y de desconocimiento del precedente judicial
Subtema 2: pensión de invalidez
Subtema 3: requisito de subsidiariedad – recurso extraordinario de revisión
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación que presentó la parte accionante en contra de la
sentencia del 25 de agosto de 2023, que fue proferida por la Sección Primera del
Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de tutela
La Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional formuló solicitud de
amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso, que
consideró vulnerados por el Juzgado Trece Administrativo de Barranquilla y el
Tribunal Administrativo del Atlántico, con ocasión de las sentencias emitidas por
estas autoridades, respectivamente, el 23 de noviembre de 2021 y el 19 de
septiembre de 2022, dentro del proceso con radicado núm. 08001-33-33-013-2020-
00055-01.
1.2. Hechos probados
1.2.1. Gustavo Adolfo Orozco Licona estuvo vinculado a la Policía Nacional desde
el año 2000 y hasta el 20 de agosto de 2014, y mediante Resolución 02017 del 11
de diciembre siguiente dicha institución le reconoció pensión de invalidez que fue
liquidada con base en la hoja de vida de servicios núm. 72214400 del 17 de octubre
del mismo año.
El 30 de abril de 2019 presentó escrito en el que solicitó a la Policía Nacional que,
por un lado, modificara la hoja de servicios núm. 72214400 de 2014 en el sentido
de incrementar su salario básico en un 4.05% correspondiente a la sumatoria de la
diferencia entre el aumento de su sueldo en el 2001, el 2002, el 2003 y el 2004 y lo
que debió aumentar en atención al IPC1 de esos años; y, por otro lado, que oficiara
a la Caja de Sueldos de Retiro para lo de su cargo. La anterior petición fue negada
en Resolución núm. S-2019-028281 del 30 de mayo de 2019.
1 Índice de Precios al Consumidor.
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1.2.2. En consecuencia, Gustavo Adolfo Orozco Licona radicó demanda en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en contra de la
Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, con las pretensiones de
que el juez administrativo inaplicara por inconstitucionales los Decretos 2737 de
2001, 745 de 2002, 3552 de 2003 y 4158 de 2004 que aumentaron el salario en un
porcentaje inferior al IPC, declarara la nulidad del acto administrativo núm. S-2019-
028281 de 2019, ordenara la modificación de su hoja de servicios núm. 72214400
en el sentido de aumentar sus ingresos correspondientes a los años 2001, 2002,
2003 y 2004 en un 4.05%, y, en consecuencia, ordenara la reliquidación de su
pensión de invalidez.
Como fundamento de sus pretensiones, manifestó que del 2001 al 2004 estuvo en
servicio activo en la Policía Nacional, que el Gobierno Nacional dispuso para esos
años un incremento salarial inferior al porcentaje del IPC, y que la suma total de la
diferencia porcentual asciende a un 4.05%. También expuso el régimen salarial de
la fuerza pública, el concepto de salario, su periodicidad, su poder adquisitivo y su
incidencia en prestaciones futuras, en particular, como base para efectos de liquidar
la pensión.
1.2.3. El asunto correspondió conocerlo al Juzgado Trece Administrativo de
Barranquilla, bajo el radicado núm. 08-001-33-33-013-2020-00055-01, autoridad
que, en sentencia del 23 de noviembre de 2021, declaró la nulidad del acto
demandado, ordenó a la Policía Nacional a reajustar la pensión de invalidez de la
que es beneficiario el señor Orozco Licona, con base en el IPC, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 para los años 2001, 2002, 2003 y
2004 y la condenó a pagar las diferencias causadas en las mesadas como
consecuencia de lo anterior, con efectos fiscales a partir del 30 de abril de 2015.
Para lo anterior, el despacho judicial explicó el régimen jurídico de la pensión de
invalidez para miembros de la fuerza pública y su reajuste anual. Indicó que son
beneficiarios de un régimen especial, pues están excluidos del sistema general de
seguridad social en los términos de los artículos 1502 y 2183 de la Constitución y
2794 de la Ley 100 de 1993, y que el artículo 1515 del Decreto 1212 de 1990
estableció el principio de oscilación conforme al cual las asignaciones de retiro y
2 “ARTICULO 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes
funciones:
[…]
19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse
el Gobierno para los siguientes efectos:
[…]
e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso
Nacional y la Fuerza Pública;
[…]”
3 “ARTICULO 218. La ley organizará el cuerpo de Policía.
La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo
fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y
libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz.
La ley determinará su régimen de carrera, prestacional y disciplinario”.
4 “El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la presente Ley no se aplica a los miembros
de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto ley 1214 de
1990, con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los
miembros no remunerados de las Corporaciones Públicas.
[…]”.
5 “ARTICULO 151. Oscilación de asignaciones de retiro y pensiones. Las asignaciones de retiro y
las pensiones de que trata el presente Decreto, se liquidarán tomando en cuenta las variaciones que
en todo tiempo se introduzcan en las asignaciones de actividad para cada grado y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 140 de este Decreto. En ningún caso aquéllas serán inferiores al
salario mínimo legal. Los Oficiales y Suboficiales o sus beneficiarios no podrán acogerse a normas
que regulen ajustes prestacionales en otros sectores de la Administración Pública, a menos que así
lo disponga expresamente la Ley.
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pensiones se debían incrementar en el mismo porcentaje que los miembros en
actividad.
Manifestó que el referido artículo 279 fue modificado por la Ley 238 de 1995, en el
sentido de disponer que los sectores excluidos del sistema general sí tienen derecho
a los beneficios contenidos en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, es decir, que
las pensiones sean incrementadas teniendo en cuenta el IPC con el fin de que
mantengan su poder adquisitivo.
En el caso concreto, el juzgado encontró probado que Orozco Licona fue retirado
del servicio activo por incapacidad absoluta; que su mesada correspondió al 85%
del sueldo básico de un subintendente, más las siguientes partidas: 5% por prima
de retorno a la experiencia, 1/12 parte de las primas de servicios, vacaciones y
navidad, y subsidio de alimentación; que del 2001 al 2004 se desempeñó como
patrullero de la Policía Nacional; y que los incrementos salariales para esos años
fueron inferiores al IPC respectivo; y concluyó:
“[…] la pensión de invalidez que devenga el actor debe reajustarse con base en el
Índice de Precios al Consumidor; conclusión a la que se llega, atendiendo los
precisos mandatos de la Ley 238 de 1995 y de la aplicación del principio de
favorabilidad en materia laboral, dado que, en el asunto en estudio, es más favorable
para el demandante la aplicación de la referida Ley, que la Ley 4ª de 1992 y el
Decreto Ley 1211 de 1990.
En conclusión, el reajuste de la pensión de invalidez del actor debe hacerse con
base en el índice de precios al consumidor certificado por el DANE para el año 2004
de acuerdo al porcentaje del IPC del dado durante los años 1999 y 2002, por ser
más favorables las disposiciones contenidas en la ley 100 de 1993, como ya se
mencionó […]”
1.2.4. En contra de la anterior decisión, las partes demandante y demandada
presentaron recursos de apelación. El primero, argumentó que el juzgado de
primera instancia analizó la litis desde una perspectiva jurídica que no corresponde
con los cargos del líbelo introductorio, ya que este desvió el estudio a examinar la
aplicación de las Leyes 100 de 1993 y 238 de 1995, y el medio de control buscó el
reajuste del salario conforme al IPC para reliquidar la pensión. No obstante,
presentó desistimiento del recurso que fue aceptado por la autoridad judicial.
Por su lado, la Policía Nacional en su recurso de apelación sustentó que al actor no
le era aplicable el Decreto 1212 de 1990 que reformó el estatuto de oficiales y
suboficiales, sino lo dispuesto en el Decreto 32 de 1995 que desarrolló la carrera
profesional del nivel ejecutivo, comoquiera que en los años 2001 a 2004 el
demandante fue patrullero y subintendente.
Agregó que reconocía que las mesadas pensionales por expreso mandato del
artículo 48 Superior no podían perder su poder adquisitivo, motivo por el que
aquellas que hayan incrementado en menos que el IPC, debían ser reliquidadas.
No obstante, sostuvo que:
“Ahora bien, en lo que estamos diametralmente opuestos frente a la sentencia objeto
de impugnación, consiste en que los salarios de los funcionarios que se encuentren
en servicio activo o en ejercicio de sus funciones, se les aplique el mismo
tratamiento, y para el efecto es necesario recordar que en el plenario quedó
demostrado que al actor le fue reconocida la pensión de invalidez mediante
Resolución 3275 del 19 de agosto de 2014, de conformidad con los requisitos
establecidos en el Decreto 1091 de 1990”.
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Para lo anterior, citó la sentencia del 17 de septiembre de 20216 emitida por el
Tribunal Administrativo del Atlántico y la sentencia de la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado del 22 de noviembre de 2018 que abordó un
problema jurídico similar al caso concreto7, y concluyó:
“Así pues, de lo dicho por el Consejo de Estado en el referido pronunciamiento, se
tiene que el actor se retiró del servicio por disminución de la capacidad laboral del
89%, devengando un salario básico de $1.504.325, de acuerdo con la hoja de
servicios que milita en su historia laboral, siendo que el salario mínimo establecido
para esa misma anualidad ascendía a la suma de $616,000, por lo que el
equivalente a dos (2) SMLMV., correspondían para esa misma anualidad a la suma
de $1.232.000, resultando claro que el actor tuvo unos ingresos mensuales
superiores a los dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes. En ese orden,
no lo cobija la limitación que se impone al derecho constitucional de los servidores
públicos a mantener el poder adquisitivo del salario, comoquiera que la misma tiene
como destinatarios aquellos que tengan un salario no superior a los dos (2) SMLMV”.
1.2.5. En segunda instancia, la Sala de Decisión A del Tribunal Administrativo del
Atlántico emitió sentencia, el 19 de septiembre de 2022, en la que confirmó el fallo
del 23 de noviembre de 2021. Como fundamento de su decisión, planteó como
problema jurídico si el actor tenía derecho al reajuste de la pensión de invalidez con
aplicación del IPC, de los años 1997 a 2004.
Para resolver el problema, el Tribunal abordó el marco normativo y jurisprudencial
de la asignación de retiro de las fuerzas militares y de policía. En concreto, indicó
que el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 previó que las pensiones del sistema
general de seguridad social tendrían como indicador para su incremento el IPC del
año inmediatamente anterior, y que el artículo 279 excluyó de su ámbito de
aplicación a las fuerzas militares y de policía.
Además, que en virtud de los artículos 150, 217 y 218 Superiores y 1 de la Ley 4 de
1992, el Gobierno Nacional expidió el régimen especial de las fuerzas militares, y
que en el Decreto 1211 de 1990 dispuso el principio de oscilación según el cual las
6 Radicado núm. 08-001-33-33-004-2019-00251-00:
“Ahora bien, esta Sala en diversos procesos ha ordenado el incremento de algunas asignaciones de
retiro con fundamento en el I.P.C., pero ese fundamento jurídico no puede utilizarse para modificar
la escala gradual porcentual con el fin de ajustar asignaciones salariales, en la medida que los
debates son disímiles, pues el reajuste de las asignaciones de retiro se refiere a los incrementos
realizados durante los años 1997 al 2004, deviene del artículo 14 de la Ley 100 de 1990, aplicable a
los miembros de la Fuerza Pública en virtud de la Ley 238 de 1995, tema que ha sido objeto de
numerosos pronunciamientos por parte del Consejo de Estado, lo cual no guarda relación con lo
pretendido por el actor, en tanto se enmarca en el reajuste del salario que devengó en actividad”.
7 Radicado núm. 25000-23-42-000-2013-04748-01:
“59. Como se puede observar de todo lo expuesto, se tiene en primer orden que, para las anualidades
en que reclama el actor le fue reconocido un reajuste por debajo del IPC, ello per se no desconoce
el ordenamiento constitucional y legal, puesto que, la Carta Superior protege el derecho
constitucional a mantener el poder adquisitivo del salario y que ello comprende que cada año éste
sea reajustado para todos los servidores cobijados por la ley anual de presupuesto, pero no
necesariamente, que dicho incremento deba hacerse con aplicación únicamente de la variación
porcentual del IPC del año inmediatamente anterior.
60. Además, conforme la regla jurisprudencial fijada por la Corte Constitucional C-1433 de 2000, se
tiene que no puede el Gobierno nacional hacer incrementos inferiores al IPC a quien devengue hasta
dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes, condición que no cumple el actor en la medida
que su salario para las anualidades 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, siempre estuvo por
encima dicha cuantía… el actor durante las anualidades 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004
devengó salarios por encima o superiores del equivalente a dos (2) salarios mínimos legales
mensuales vigentes, por consiguiente, no lo cobija la limitación que se impone al derecho
constitucional de los servidores públicos a mantener el poder adquisitivo del salario, como quiera
que la misma tiene como destinatarios aquellos que tengan un salario no superior a los dos (2)
salarios mínimos legales mensuales, de tal manera que, para el caso del accionante al percibir
salarios superiores a dicho monto podía ser objeto de limitación, es decir, su salario podía ser
reajustado en una proporción menor a la de la inflación causada en año inmediatamente anterior”.
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asignaciones de retiro y pensiones debían ser incrementadas en el mismo
porcentaje que a los miembros en actividad para cada grado.
Manifestó que, sin embargo, la Ley 238 de 1995, que adicionó el artículo 279 de la
Ley 100 de 1993, permitió que los sectores exceptuados del régimen general de
seguridad social fueran beneficiarios de los derechos contenidos en el artículo 14
ibidem. Finalmente, recordó que con el artículo 42 del Decreto 4433 de 2004, se
mantuvo el principio de oscilación, bajo la premisa de que por ningún motivo el
incremento pensional podía ser inferior al aumento del smlmv8. En ese orden,
consideró:
“De lo probado en el proceso así como del marco legal y jurisprudencial del reajuste
de las asignaciones de retiro y/ o pensiones del personal retirado de la Fuerza
Pública, es claro entonces, que a partir de la vigencia de la Ley 238 de 1995, el
grupo de pensionados de los sectores excluidos de la aplicación de la Ley 100 de
1993, tienen derecho al reajuste de sus pensiones o asignaciones de retiro teniendo
en cuenta la variación porcentual del IPC certificado por el DANE como lo dispuso
el artículo 14 de la última de las normas citadas”.
En el caso concreto, el Tribunal denotó que “el señor Luis Alberto de Castro Rubio”
fue retirado del servicio “por voluntad de la Dirección General” el 20 de agosto de
2014, que le fue reconocida pensión en Resolución 02017 de 2014, y que presentó
solicitud de reliquidación de su prestación, la cual le fue negada. En tal sentido,
sostuvo:
“Ahora bien, dado que el actor reclama el reajuste de su pensión de invalidez, con
base en el IPC, para la Sala es evidente que al demandante le asiste derecho a
acceder al reajuste respecto a los años 1997 a 2004, en los años que le sea más
favorable, como quiera que, como se señaló anteriormente, a partir de la entrada en
vigencia del Decreto 4433 de 31 de diciembre de 2004, dicho reajuste ya no se haría
más de conformidad con el índice de precios al consumidor, sino con aplicación del
principio de oscilación, previsto en el artículo 42 del citado Decreto, ya que a partir
de dicha fecha los aumentos realizados por el Gobierno Nacional han sido más
favorables.
De conformidad con lo expuesto, la respuesta al primer interrogante jurídico es un
SÍ, si se debe tiene derecho el actor al reajuste de su pensión de invalidez, con la
aplicación del porcentaje de ajuste anual de I.P.C. en los años que le sean más
favorables”.
1.3. Pretensiones y argumentos de la acción de tutela
La Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional solicitó al juez
constitucional que declare que las sentencias del 23 de noviembre de 2021 y del 19
de septiembre de 2022 vulneraron los derechos fundamentales invocados a la
igualdad y al debido proceso, que deje sin efectos dichas providencias, y que ordene
al Tribunal Administrativo del Atlántico que dicte un fallo de reemplazo en el que
acate el precedente fijado sobre la materia por la Corte Constitucional y el Consejo
de Estado.
Como sustento de sus pretensiones, la parte accionante indicó que las providencias
objeto de censura incurrieron en un defecto fáctico, porque estas, a pesar de que el
demandante estuvo en servicio activo de “1997 a 2004”, reconocieron un derecho
reservado a los pensionados del régimen general y sus homólogos del régimen
especial de las fuerzas militares, pues son situaciones administrativas y jurídicas
distintas. Sostuvo que aun cuando expuso este argumento en primera y segunda
instancia, las autoridades accionadas “omitieron el pronunciamiento frente a ello” y
8 Salario mínimo legal mensual vigente.
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tampoco expusieron las pruebas que sustentaron su decisión.
De otra parte, la tutelante afirmó que se configuró un vicio por desconocimiento del
precedente jurisprudencial, pues el juzgado y el tribunal no tuvieron en cuenta que,
si bien el Consejo de Estado ha sido unánime en establecer que las asignaciones
de retiro de la fuerza pública deben equipararse a las pensiones del régimen general
y por lo tanto los incrementos de estas prestaciones deben estar sujetos al IPC, lo
cierto es que no ocurre lo mismo con los miembros en ejercicio de funciones o en
actividad.
Para lo anterior, citó la sentencia del 4 de noviembre de 2021 proferida por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado9, el fallo de tutela del
19 de abril de 2018 emitido por la Sección Primera de la misma Corporación10, la
sentencia del 3 de octubre de 2022 del Tribunal Administrativo del Atlántico11.
1.4. Trámite en primera instancia
1.4.1. En primera instancia, la Sección Primera del Consejo de Estado profirió auto,
el 26 de junio de 2023, en el que admitió la tutela, vinculó a Gustavo Adolfo Orozco
Licona, y ordenó notificar a los sujetos procesales12.
1.4.2. El Juzgado Trece Administrativo de Barranquilla sintetizó el trámite que
impartió dentro del proceso con radicado núm. 2020-00055-01 y el fundamento de
su sentencia del 23 de noviembre de 2021, y afirmó que la tutela resulta
9 Radicado núm. 25000-23-42-000-2018-00589-01:
“En consecuencia, la normativa que rige los reajustes solicitados es la vigente al momento en que
se causó ese derecho, es decir, para este caso, los incrementos son los que resultan de la aplicación
del principio de oscilación y, solo sería viable conceder ajustes con base en el IPC en caso de que
este sea más favorable en años posteriores al reconocimiento de la asignación de retiro; aspecto
que se desarrollará en el acápite subsiguiente con el fin de determinar su procedencia o no, según
lo requerido por el libelista en el recurso de alzada.
En conclusión: no es procedente el reajuste de la asignación salarial que devengó el demandante en
vigencia del vínculo laboral conforme al Índice de Precios al Consumidor, DADO QUE ESTE SOLO
SE DEPRECA DE LAS ASIGNACIONES DE RETIRO, por cuanto el sueldo básico se reajusta de
conformidad con la Ley 4ª de 1992”.
10 Radicado núm. 11001-03-15-000-2018-00349-01:
“Asimismo, la Sección Segunda del Consejo de Estado señaló que, en vigencia de la Ley 238 de
1995 el reajuste por favorabilidad de las asignaciones de retiro anteriormente señalada, en cada
caso concreto aplica desde el año de 1996 hasta el 2004, toda vez que a partir del 1.º de enero de
2005 a través de la expedición del Decreto 4433 de 2004, se implementó nuevamente la aplicación
del principio de oscilación, en virtud del cual las asignaciones de retiro tendrán en cuenta la totalidad
de las variaciones que en todo tiempo se introduzcan a las asignaciones que se devengan en
actividad, con base en la escala gradual porcentual decretada por el Gobierno Nacional, esto con el
fin de garantizar la igualdad de remuneración a quienes han cesado en la prestación de sus servicios.
Por tanto, en el caso del actor no se produjo tal afectación, teniendo en cuenta que el reconocimiento
de su asignación de retiro fue en el año 2013, es decir, que para el período de 1996 a 2004 se
encontraba en servicio activo y en ese orden de ideas no se produjo el desconocimiento del
precedente judicial alegado, toda vez que la situación fáctica del presente caso es totalmente
diferente a lo establecido en la sentencia proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado”.
11 Radicado núm. 01001-33-33-004-2021-00239-01:
“En ese orden de ideas, al contrastar las actuaciones administrativas acusadas, en las que CASUR
denegó lo solicitado por el actor, con el ordenamiento jurídico, no surge una disonancia de éstas con
las normas constitucionales que amerite su exclusión Inter Partes por virtud de artículo 4 superior.
Conclusión de lo manifiesto, debe establecer la Sala que no hay lugar a que se ordene reajustar los
salarios devengados por el actor durante los años 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, así pues,
la respuesta al interrogante jurídico planteado es un NO; no debe la entidad accionada incrementar
los salarios del actor, mientras el tiempo reclamado, teniendo como porcentaje el IPC; lo que sirve
de fundamento para determinar, el deber de confirmar la decisión y responder al segundo
planteamiento con un SÍ”.
12 Documento contenido en el índice 4 del expediente digital de tutela de primera instancia en Samai,
con certificado núm. F63BA33A4A9476E6 7ADED65849AD6973 D6FDEDC771F17CE3
2FFB30C07FDFEEC7.
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improcedente contra providencias judiciales ya que no era el medio para revivir
términos o agotar una tercera instancia. Por tal motivo, solicitó fuera rechazada13.
1.4.3. Por su parte, el Tribunal Administrativo del Atlántico reiteró que, del marco
jurídico y las pruebas aportadas al proceso ordinario, en la sentencia del 19 de
septiembre de 2022 concluyó que el demandante tenía derecho a que su pensión
fuera reajustada conforme al IPC hasta el 2004, pues en adelante rigió el principio
de oscilación14.
1.5. Sentencia de tutela de primera instancia
La Sección Primera del Consejo de Estado profirió sentencia de primera instancia,
el 25 de agosto de 202315, en la que declaró improcedente la acción de tutela
presentada por la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, en la
medida en que consideró que no superó el requisito de relevancia constitucional.
Explicó que el escrito de amparo fue utilizado por el tutelante para reabrir el debate
surtido en el proceso ordinario, ya que está dirigido a controvertir la decisión que lo
finalizó e insistir en que el señor Orozco Licona en el periodo de 1997 a 2004 estuvo
en servicio activo y por lo tanto el incremento de su sueldo esto acorde con los
Decretos 133 de 1995, 107 de 1996, 122 de 1997, 058 de 1998, 062 de 1999.
De otra parte, el juez de primera instancia adujo que las sentencias invocadas del 4
de noviembre de 2021 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, y del 19 de abril de 2018 emitido por la Sección Primera de la
misma Corporación, no fueron invocadas por el demandado en el recurso de
apelación interpuesto en el proceso ordinario, a pesar de que pudo hacerlo por ser
anteriores a los fallos objeto de tutela, por lo que se trata de argumentos nuevos.
En cuanto a la providencia del 3 de octubre de 2022 emitida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, esta no constituye precedente para esa misma
Corporación, porque fue posterior a la sentencia de segunda instancia del proceso
ordinario.
1.6. Impugnación
1.6.1. La Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional presentó
memorial en el que impugnó la sentencia del 25 de agosto de 2023, reiteró los
argumentos de la solicitud de amparo. Además, citó el artículo 320 del Código
General del Proceso (CGP) que regla que la competencia del juez ordinario de
segunda instancia está limitada a los reparos del apelante, que en el caso concreto
fueron la errónea aplicación del régimen pensional a periodos en servicio activo, y
el desconocimiento de la postura del Consejo de Estado consistente en que el
Estado tiene la obligación de incrementar solo las mesadas inferiores a 2 salarios
mínimos.
Aseguró que, precisamente, el Tribunal Administrativo del Atlántico guardó silencio
frente a los cargos de apelación y se limitó a indicar el marco normativo en que
13 Documento contenido en la carpeta zip en el índice 8 del expediente digital de tutela de primera
instancia en Samai, con certificado núm. 6DA071EB91922B84 662EB67461057B25
ED40D9B4110C8112 7626ED18F2495805.
14 Documento contenido en la carpeta zip en el índice 11 del expediente digital de tutela de primera
instancia en Samai, con certificado núm. FBCCD268381A469B 71B100AAE368076E
595DBE116EFADCA1 8A5339C207415486.
15 Documento contenido en el índice 14 del expediente digital de tutela de primera instancia en
Samai, con certificado núm. 2263F887102CC925 B790D6C378ECC9A8 0C01BA785645FBCC
B6C6A01F119ACAB3.
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sustentó su decisión para concluir que el señor Orozco Licona tenía derecho a la
reliquidación de su mesada pensional de conformidad con el IPC. En tal sentido,
sostuvo que la autoridad judicial se sustrajo de estudiar los reparos del recurso como
le imponía el artículo 320 del CGP.
En relación con la relevancia constitucional, afirmó que estuvo superada y esta
radicó en la omisión de la accionada de cumplir con sus obligaciones; aseguró que
no es cierto que pide una nueva valoración del material probatorio; y, finalmente,
consideró que los operadores judiciales deben conocer los pronunciamientos que
en sus materias sean emitidos por sus órganos de cierre o, por lo menos, realizar la
consulta necesaria para tomar sus decisiones.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
La Sala tiene competencia para conocer de la impugnación presentada, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia y en el
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.
2.2. Legitimación en la causa
La legitimación en la causa por activa de la Nación, Ministerio de Defensa
Nacional, Policía Nacional, se encuentra acreditada, puesto que fue la demandada
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado núm. 08001-
33-33-013-2020-00055-01 en el que fueron proferidas las sentencias del 23 de
noviembre de 2021 y del 19 de septiembre de 2022 que, según afirmó, vulneraron
sus derechos fundamentales, y, por lo tanto, es titular de los derechos
fundamentales cuyo amparo pretende.
También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Juzgado Trece
Administrativo de Barranquilla y del Tribunal Administrativo del Atlántico, en la
medida en que fueron, respectivamente, las autoridades que emitieron los fallos
que, según la tutelante, vulneraron sus derechos fundamentales.
2.3 Procedibilidad de la acción
En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, de forma preliminar, realizar
un examen de procedibilidad general de la acción; pues, solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de
fondo sobre la problemática jurídica que el actor plantea en función de los defectos
que aduce a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales16.
16 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se
concretan en los defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si
en una decisión judicial se presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente
para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece
de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen
del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material
de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se
origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales,
en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo
lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que
implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad
de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte
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2.3.1. Relevancia constitucional. En las acciones de tutela contra providencias
judiciales, “la función del juez de tutela no es la de fungir como una instancia
adicional del procedimiento judicial que se cuestiona pues ello desconocería la
competencia y finalidad de administración de justicia por parte de los jueces
naturales, así como su autonomía funcional”17.
Quien solicita el amparo debe cumplir con la carga de exponer las razones por las
que el reproche a una providencia que ha hecho tránsito a cosa juzgada trasciende
de la controversia litigiosa propia de la causa ordinaria18, a una cuestión con
relevancia constitucional, en términos de los defectos definidos por la
jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control constitucional
concreto19.
En el presente asunto, contrario a lo que afirmó el juez de tutela de primera
instancia, esta Sala considera que la solicitud de amparo sí supera el requisito de
relevancia constitucional, por cuanto los reparos son consistentes en explicar por
qué razones el Juzgado Trece Administrativo de Barranquilla y del Tribunal
Administrativo del Atlántico vulneraron derechos fundamentales.
En concreto, el tutelante expuso que las autoridades accionadas: i) valoraron
indebidamente las pruebas del proceso, pues aplicaron el marco jurídico que regula
el incremento de las mesadas de los pensionados a la situación del señor Orozco
Licona durante un periodo en el cual estuvo en servicio activo; y, ii) desconocieron
el precedente judicial del Consejo de Estado que ha sido unánime en establecer que
las asignaciones de retiro de la fuerza pública deben equipararse a las pensiones
del régimen general, lo que no ocurre con los miembros en ejercicio de funciones o
en actividad.
Estos cargos, no suponen agotar una tercera instancia judicial, en la medida en que,
precisamente, la Policía Nacional sostuvo que los presentó en el proceso ordinario
y que no fueron resueltos. En consecuencia, superado el requisito de relevancia
constitucional, la Sala continuará con el estudio del requisito de subsidiariedad.
2.3.2. Subsidiariedad
Uno de los requisitos de procedibilidad es la subsidiariedad, que impide que la
acción de tutela se use como un medio principal, alternativo o supletorio de los
mecanismos ordinarios que el legislador tiene previsto para controvertir las
decisiones judiciales, con el fin de: (i) prevenir la intromisión indebida de una
autoridad distinta a la que adelanta el proceso ordinario; (ii) que no se alteren o
sustituyan de manera fraudulenta los mecanismos de defensa diseñados por el
Legislador; y (iii) que los ciudadanos observen un mínimo de diligencia en la gestión
de sus asuntos, pues no es esta la forma de enmendar deficiencias, errores o
Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los
jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme al mandato consagrado en el
artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados.
17 Sentencia de la Corte Constitucional T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
18 “No se trata de convertir la tutela en un mecanismo ritualista, sino de exigir una actuación razonable
para conciliar la protección eficaz de los derechos fundamentales, con los principios y valores en
juego, al controvertir una providencia judicial”. Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019.
Por supuesto, el fallador de tutela requiere examinar que, de esos asuntos legales, no se desprendan
violaciones a los derechos y deberes constitucionales, pues, de ser así, adquieren relevancia
constitucional inmediata. Corte Constitucional. Sentencia T-1031 de 2001, citada por la Corte
Constitucional en las sentencias T-114 de 2002 y T-136 de 2015.
19 Cfr. sentencia C-590 de 2005.
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descuidos, ni de recuperar oportunidades vencidas al interior de un proceso
judicial20.
En la sentencia T-396 del 2014, la Corte Constitucional delimitó los siguientes tres
eventos que hacen improcedente la tutela contra providencia judicial por no superar
el requisito de subsidiariedad:
“(i) cuando el asunto está en trámite; (ii) en el evento en que no se han agotado los
medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios; y (iii) si se usa para revivir
etapas procesales en donde se dejaron de emplear los recursos previstos en el
ordenamiento jurídico”.
Así, un riguroso estudio de este requisito evita que la tutela sea utilizada para
controvertir situaciones jurídicas consolidadas que tuvieron su oportunidad de ser
discutidas ante el juez natural.
2.3.2.1. Caso concreto.
En el asunto bajo estudio, la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía
Nacional presentó escrito de tutela en contra del Juzgado Trece Administrativo de
Barranquilla y del Tribunal Administrativo del Atlántico, porque consideró que
incurrieron en los defectos fáctico y de desconocimiento del precedente en las
sentencias del 23 de noviembre de 2021 y del 19 de septiembre de 2022, emitidas
respectivamente, dentro del proceso con radicado núm. 08001-33-33-013-2020-
00055-01.
De manera específica, los cargos de amparo consisten en que, por un lado, a pesar
de que el señor Orozco Licona estuvo en servicio activo de “1997 a 2004”, en el
proceso ordinario se le reconoció que en ese periodo tuvo derecho al incremento de
su sueldo conforme al IPC, no obstante que dicho derecho está reservado para los
pensionados respecto de sus mesadas; por otro lado, que desconoció las
sentencias del 4 de noviembre de 2021 proferida por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado21, el fallo de tutela del 19 de abril de 2018 emitido
por la Sección Primera de la misma Corporación22, y la sentencia del 3 de octubre
20 Corte Constitucional. Sentencia T-017 de 2012.
21 Radicado núm. 25000-23-42-000-2018-00589-01:
“En consecuencia, la normativa que rige los reajustes solicitados es la vigente al momento en que
se causó ese derecho, es decir, para este caso, los incrementos son los que resultan de la aplicación
del principio de oscilación y, solo sería viable conceder ajustes con base en el IPC en caso de que
este sea más favorable en años posteriores al reconocimiento de la asignación de retiro; aspecto
que se desarrollará en el acápite subsiguiente con el fin de determinar su procedencia o no, según
lo requerido por el libelista en el recurso de alzada.
En conclusión: no es procedente el reajuste de la asignación salarial que devengó el demandante en
vigencia del vínculo laboral conforme al Índice de Precios al Consumidor, DADO QUE ESTE SOLO
SE DEPRECA DE LAS ASIGNACIONES DE RETIRO, por cuanto el sueldo básico se reajusta de
conformidad con la Ley 4ª de 1992”.
22 Radicado núm. 11001-03-15-000-2018-00349-01:
“Asimismo, la Sección Segunda del Consejo de Estado señaló que, en vigencia de la Ley 238 de
1995 el reajuste por favorabilidad de las asignaciones de retiro anteriormente señalada, en cada
caso concreto aplica desde el año de 1996 hasta el 2004, toda vez que a partir del 1.º de enero de
2005 a través de la expedición del Decreto 4433 de 2004, se implementó nuevamente la aplicación
del principio de oscilación, en virtud del cual las asignaciones de retiro tendrán en cuenta la totalidad
de las variaciones que en todo tiempo se introduzcan a las asignaciones que se devengan en
actividad, con base en la escala gradual porcentual decretada por el Gobierno Nacional, esto con el
fin de garantizar la igualdad de remuneración a quienes han cesado en la prestación de sus servicios.
Por tanto, en el caso del actor no se produjo tal afectación, teniendo en cuenta que el reconocimiento
de su asignación de retiro fue en el año 2013, es decir, que para el período de 1996 a 2004 se
encontraba en servicio activo y en ese orden de ideas no se produjo el desconocimiento del
precedente judicial alegado, toda vez que la situación fáctica del presente caso es totalmente
diferente a lo establecido en la sentencia proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado”.
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de 2022 del Tribunal Administrativo del Atlántico23, que abordaron la materia objeto
de discusión; y, finalmente, que el juez ordinario de segunda instancia accionado no
resolvió los cargos de la apelación.
Pues bien, del análisis de las sentencias del 23 de noviembre de 2021 y del 19 de
septiembre de 2022, y del estudio de los reparos de la tutela, la Sala observa que
la Policía Nacional, si bien aduce la configuración de los defectos fáctico y de
desconocimiento del precedente, lo cierto es que sus argumentos exponen una
eventual incongruencia en la que incurrieron las autoridades accionadas al aplicar
un régimen previsto para las personas pensionadas a una situación que se configuró
cuando el demandante estuvo en servicio activo. Ahora, cabe denotar que los fallos
acusados en sede constitucional impusieron a la tutelante la obligación de cubrir
sumas periódicas de carácter pensional.
En ese orden, resulta oportuno recordar que la vulneración del principio de
congruencia ha sido considerada como una causal de nulidad originada en la
sentencia24, que y el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 CPACA,
prescribe, como causal del recurso extraordinario de revisión, la existencia de una
“nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede
recurso de apelación”.
Además, cabe denotar que el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 permite que
administradoras de pensiones soliciten la revisión, mediante el procedimiento
dispuesto para el recurso extraordinario de revisión, de providencias judiciales que
“hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a
fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o
pensiones de cualquier naturaleza”.
De lo expuesto, la Sala encuentra que la Nación, Ministerio de Defensa Nacional,
Policía Nacional –como autoridad que ordenó el reconocimiento y pago de la
pensión de invalidez a Gustavo Adolfo Orozco Licona– puede agotar el recurso
extraordinario de revisión en contra de la sentencias del 23 de noviembre de 2021
y del 19 de septiembre de 2022, para que, en ese escenario judicial, discuta si
incurrieron en una causal de nulidad por incongruencia, o si fue reconocida una
suma periódica con violación del debido proceso o que excede lo que corresponde,
de acuerdo con las causales previstas en el artículo 20 ibidem.
Al respecto, es preciso tener en cuenta que la Policía Nacional se encuentra en
oportunidad para interponer el recurso extraordinario de revisión, de acuerdo con el
artículo 251 del CPACA, pues las causales 5 del artículo 250 ibidem y la contenida
en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 pueden ser invocadas, respectivamente,
23 Radicado núm. 01001-33-33-004-2021-00239-01:
“En ese orden de ideas, al contrastar las actuaciones administrativas acusadas, en las que CASUR
denegó lo solicitado por el actor, con el ordenamiento jurídico, no surge una disonancia de éstas con
las normas constitucionales que amerite su exclusión Inter Partes por virtud de artículo 4 superior.
Conclusión de lo manifiesto, debe establecer la Sala que no hay lugar a que se ordene reajustar los
salarios devengados por el actor durante los años 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, así pues,
la respuesta al interrogante jurídico planteado es un NO; no debe la entidad accionada incrementar
los salarios del actor, mientras el tiempo reclamado, teniendo como porcentaje el IPC; lo que sirve
de fundamento para determinar, el deber de confirmar la decisión y responder al segundo
planteamiento con un SÍ”.
24 Consejo de Estado, Sala Veintidós Especial de Decisión, sentencia del 2 de febrero de 2016, radicado No.
11001031500020150234200: “(…) la causal de revisión contenida en el numeral 5º del artículo 250 del CPACA
–antes 6 del artículo 188 del C.C.A.-, es decir, nulidad originada en la sentencia, se puede configurar cuando el
fallo objeto de revisión ha desatendido la congruencia interna y/o la externa, pues, en uno y otro caso, el fallador
incurre en una clara violación del debido proceso, artículo 29 constitucional, dado que la providencia proferida
en esos términos resulta contraria a las formas propias de cada juicio…”. Posición reiterada recientemente por
esta Subsección en la sentencia del 2 de abril de 2020, proferida dentro del expediente con radicado No. 11001-
03-15-000-2019-05184-01.
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dentro de 1 año o los 5 años siguientes a la ejecutoria de la respectiva sentencia, y
en el caso particular, el fallo del 19 de noviembre de 2022 fue notificado el 25 de
enero de 2023.
En consecuencia, dado que la Policía Nacional tiene a su alcance otro medio de
defensa judicial para controvertir la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo
del Atlántico del 19 de noviembre de 2022, no obstante, no lo ha ejercido, y, tampoco
expuso la posible configuración de un perjuicio irremediable, el requisito de
subsidiariedad de la tutela contra providencia judicial no fue superado, lo que
impone declarar improcedente la solicitud de amparo constitucional.
En conclusión, la Sala confirmará la sentencia del 25 de agosto de 2023 proferida
por la Sección Primera del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción
de tutela interpuesta por la Nación, Ministerio de Defensa Judicial, Policía Nacional,
pero por las razones expuestas en la presente providencia, esto es, que no quedó
superado el requisito de subsidiariedad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 25 de agosto de 2023 proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado, pero por las razones expuestas en esta
providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados, por
el medio más expedito, y comunicarla a la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado.
TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de Sala
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Magistrado (E)25
DACJ
25 VF
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