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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2018-00349-01

Acción de tutela contra providencia judicial

Fecha
19 de abril de 2018
Consejero ponente
Hernando Sánchez Sánchez
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2018-00349-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO. CONFIRMAR, el fallo de tutela proferido el 8 de marzo de 2018 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que negó las pretensiones del amparo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley nro. 2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de este fallo, REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2018-00349-01

Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez

19 de abril de 2018

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE - Inexistencia / REAJUSTE DE ASIGNACIÓN DE RETIRO DE MIEMBRO DE LA FUERZA PÚBLICA CONFORME AL IPC - Límite temporal de aplicación / RÉGIMEN DE ASIGNACIÓN DE RETIRO CON BASE EN EL PRINCIPIO DE OSCILACIÓN - Aplicación

La Sala hará mención a la sentencia de fecha 17 de mayo de 2007 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado para efectos de establecer si en el presente caso hubo o no desconocimiento del precedente judicial (…) la sentencia citada hace referencia al reconocimiento del reajuste de la asignación de retiro durante los años 1997 a 2004, en la medida que con la entrada en vigencia de la Ley 238 de 1995 , las excepciones consagradas en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 presentaron una modificación consistente en que en virtud del principio de favorabilidad y conforme a los artículos 14 y 142 de la Ley 100 de 1993, a los pensionados de los sectores allí contemplados, entre ellos los de las Fuerzas Militares y Policía Nacional, se les podía reajustar la asignación de retiro conforme al índice de precios al consumidor del año inmediatamente anterior certificado por el DANE, siempre que el incremento realizado por el Gobierno Nacional en los Decretos anuales de las asignaciones en actividad de los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional fuera inferior, Asimismo, la Sección Segunda del Consejo de Estado señaló que, en vigencia de la Ley 238 de 1995 el reajuste por favorabilidad de las asignaciones de retiro anteriormente señalada (…) aplica desde el año de 1996 hasta el 2004, toda vez que a partir del 1 de enero de 2005 a través de la expedición del Decreto 4433 de 2004, se implementó nuevamente la aplicación del principio de oscilación, en virtud del cual las asignaciones de retiro tendrán en cuenta la totalidad de las variaciones que en todo tiempo se introduzcan a las asignaciones que se devengan en actividad, con base en la escala gradual porcentual decretada por el Gobierno Nacional, esto con el fin de garantizar la igualdad de remuneración a quienes han cesado en la prestación de sus servicios. Por tanto, en el caso del actor no se produjo tal afectación, teniendo en cuenta que el reconocimiento de su asignación de retiro fue en el año 2013, es decir, que para el período de 1996 a 2004 se encontraba en servicio activo y en ese orden de ideas no se produjo el desconocimiento del precedente judicial alegado, toda vez que la situación fáctica del presente caso es totalmente diferente a lo establecido en la sentencia proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado.

AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO / ADECUADA APLICACIÓN NORMATIVA / RÉGIMEN SALARIAL Y PRESTACIONAL DE LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA - Previsto por el Gobierno Nacional

[E]l actor adujo que el Tribunal incurrió en defecto sustantivo por aplicación indebida de la Ley 4 de 1992. Sin embargo, para la Sala este cargo tampoco está llamado a prosperar, dado que (…) la competencia para fijar el régimen salarial y prestacional de los miembros de la Fuerza Pública, es del Gobierno Nacional y se encuentra consagrada en el literal e), del numeral 19, del artículo 150 de la Constitución Política de Colombia con base en los objetivos y criterios determinados por el Congreso de la República en la Ley 4 de 1992, normativa que en el artículo 13 señaló que para fijar el régimen salarial de los miembros de la Fuerza Pública se debe determinar una escala gradual porcentual, que el Gobierno Nacional decreta anualmente. Ahora bien, para fijar el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública, se determina con base entre otras en la Ley 238 de 1995 para los años 1996 a 2004 anteriormente explicada y en el Decreto 4433 de 2004, a partir del año 2005 que consagra el principio de oscilación. Por tanto, queda claro que con la Ley 4 de 1992 se determinar el incremento anual de los salarios básicos para el personal activo con la asignación fijada por el Gobierno Nacional y el reajuste de las asignaciones de retiro se determina con base en el principio de oscilación.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 150 - NUMERAL 19 / LEY 4 DE 1992 - ARTÍCULO 13 / DECRETO 4433 DE 2004

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de abril de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 11001-03-15-000-2018-00349-01(AC)

Actor: EZEQUIEL TIBASOSA CALIXTO

Demandado: JUZGADO DIECINUEVE (19) ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ Y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

La Sala decide la impugnación presentada por el señor Ezequiel Tibasosa Calixto contra el fallo de tutela proferido el 8 de marzo de 2018 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por medio del cual negó las pretensiones del amparo.

La presente providencia se desarrolla en tres partes: i) antecedentes; ii) consideraciones y iii) resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

I. ANTECEDENTES

La solicitud

El actor, obrando mediante apoderado especial, presentó solicitud de tutela contra la Sección Segunda Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado Diecinueve (19) Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá, por considerar que las sentencias proferidas, respectivamente, el 18 de enero de 2018 y 21 de abril de 2016, vulneraron sus derechos fundamentales invocados supra.

1.2. Presupuestos fácticos

Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la solicitud de tutela son los siguientes:

1.2.1 Señaló que la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, le reconoció el derecho a percibir su asignación de retiro por medio de la Resolución nro. 7326 de 8 de mayo de 2013, para los años 1997, 1999, 2001, 2002, 2003 y 2004, en donde al momento del retiro no se liquidó y reconoció en su hoja de servicios nro. 3-7277929, los porcentajes del Índice de Precios al Consumidor reconocidos por el Gobierno Nacional, certificados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE.

1.2.2 Indicó que radicó ante el Ejército Nacional el 22 de enero de 2014, derecho de petición con el nro. 2014-1151909242, solicitando la reliquidación y reajuste de su asignación de retiro con aplicación del porcentaje más favorable, entre el que decreta anualmente el Gobierno Nacional para el incremento de las asignaciones básicas del personal en servicio activo, y el Índice de Precios al Consumidor que aplica para el incremento de las pensiones del régimen general. En el mismo sentido, elevó petición el 1 de abril de 2014 a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, la cual se radicó con el nro. 34607, solicitando el reajuste de la asignación de retiro con base en el Índice de Precios al Consumidor.

1.2.3 Manifestó que las solicitudes se respondieron de manera desfavorable mediante actos administrativos contenidos en los oficios nro. 2014-5660220961 MDN-CGFM-CE-JEDEH-DIPER-NOM, de fecha 06 de marzo del 2014, y. 211-2014-23608 (CREMIL-34759) de fecha 14 de abril de 2014.

1.2.4 Expresó que fundamentó sus peticiones en el reconocimiento del I.P.C para los años de 1997 al 2004, por ser más favorables que los porcentajes reconocidos por el gobierno y certificados por el DANE, en el reajuste y pago de su asignación de retiro y su incremento año a año del 2005 al 2014 y lo corrido del año 2018, por aplicación del régimen general, por ser más favorable en la leyes 100 de 23 de diciembre de 1993 y 238 de 26 de diciembre de 1995.

1.2.5 El actor presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Juzgado Diecinueve (19) Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá, en contra de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional y la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, con el fin de que se decretara la nulidad de los actos administrativos contenidos en los Oficios nro. 2014-5660220961 MDN-CGFM-CE-JEDEH-DIPER-NOM, de fecha 06 de marzo del 2014, y. 211-2014-23608 (CREMIL-34759) de fecha 14 de abril de 2014.

1.2.6 Sentencia, en primera instancia, proferida el 21 de abril de 2016 en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con número único de radicación 11001-33-35-019-2014-00413-00

El Juzgado Diecinueve (19) Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá, mediante sentencia de 21 de abril de 2016, dirimió la controversia puesta a su conocimiento en el siguiente sentido:

“[…] PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia […]”.

Señaló que:

“[…] Además, se debe aclarar que si bien es cierto, en reiterados pronunciamientos judiciales, se ha efectuado el reajuste de la asignación de retiro de los miembros de la fuerza pública en sus diferentes grados, conforme al incremento del índice de Precios al Consumidor, los argumentos empleados en dichos pronunciamientos, claramente se refieren al personal retirado de la fuerza pública, sin que haya lugar a extender dichos argumentos al personal en servicio activo, pues como ya se mencionó, el Gobierno Nacional cada año expide los decretos que fijan el incremento del salario, atendiendo su situación especial, de tal manera es inviable que el actor pretenda ser beneficiario con los efectos de tales pronunciamientos judiciales, y que los invoque en busca de una modificación de la base salarial no prevista en la ley […]”.

Indicó que el actor entre los años 1997 a 2004 se encontraba en servicio activo, en ese orden de ideas no podía verse beneficiado con el reajuste con base en el IPC, teniendo en cuenta que para esa fecha no devengaba la asignación de retiro.

Manifestó que en el presente caso no se le vulneró al actor su derecho fundamental a la igualdad, toda vez que a diferencia de los miembros de la Fuerza Pública beneficiarios del Índice de Precios al Consumidor, no devengó asignación de retiro sino hasta el año 2013, en donde además el tratamiento especial de reajuste otorgado a favor de los retirados fue establecido por el legislador por medio de la Ley 238 de 26 de diciembre de 1995.

1.2.7 Apelación de la sentencia de 21 de abril de 2016 proferida, en primera instancia, por el Juzgado Diecinueve (19) Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá , dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con número único de radicación 11001-33-35-019-2014-00413-00

El actor apeló la sentencia en primera instancia, solicitando revocar la providencia y, en su lugar, que se accedan a las pretensiones de la demanda.

Adujo que:

“[…] Señor Magistrado se violó el derecho a la igualdad en la aplicación de la ley 238 de 1995, parágrafo 4 que modificó el art. 279 de la ley 100 de 1993, así mismo se reconozca los art. 8, 14, 142 de la referida ley […]”.

Señaló que el Ejército Nacional y la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, no le respetaron la nivelación salarial en sus derechos adquiridos.

1.2.8 Sentencia, en segunda instancia, proferida el 18 de enero de 2018 en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con número único de radicación 11001-33-35-019-2014-00413-00

La Sección Segunda Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dispuso en la parte resolutiva:

“[…] PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el veintiuno (21) de abril de dos mil dieciséis (2016), por el Juzgado Diecinueve Administrativo del Circuito de Bogotá, que negó las pretensiones de la demanda, en el proceso de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia […]”.

El Tribunal en primer lugar indicó que las normas jurídicas que deben regular el caso, son el decreto 1211 de 8 de junio de 1990 y las leyes 4 de 18 de mayo de 1992, 100 de 23 de diciembre de 1993 y 238 de 26 de diciembre de 1995.

Señaló que:

“[…] Hasta hace poco, se consideró que encontrándose los miembros de la Fuerza Pública cobijados por un régimen especial, no era posible aplicarles el régimen general en lo favorable, pues dicha mixtura implicaría una afectación al derecho a la igualdad de los servidores sometidos al régimen general que no tendrían opción de ver mejorados sus derechos, sino a través de una reforma normativa. Sin embargo, fue el mismo legislador a través del precepto mencionado quien ha dispuesto la aplicación parcial de las normas generales que en determinadas circunstancias resulten más favorables a beneficiarios de regímenes especiales, cuando sus disposiciones produzcan un desmejoramiento de los derechos laborales y prestacionales.

Es así como a partir de la vigencia de la Ley 238 de 1995, los pensionados de los sectores excluidos en un principio por la Ley 100 de 1993, tienen derecho a que se les reajusten sus pensiones con base en el Índice de Precios al Consumidor, es decir, que pese a la primacía del régimen especial sobre el general, las pensiones señaladas y reconocidas bajo el imperio de normas especiales, pueden incrementarse por los métodos descritos en los artículos 14 y 142 por expresa disposición de la ley […]”.

Indicó que los incrementos a que hacen referencia las respectivas normas jurídicas, mencionadas con anterioridad, recaen sobre los miembros de las Fuerzas Militares que se encuentren en condición de retiro y que se les haya reconocido la asignación de retiro y que además, que la misma haya sido reconocida con anterioridad al año 2004, teniendo en cuenta que para los años 1997, 1999, 2001, 2002, 2003 y 2004, el principio de oscilación fue inferior al Índice de Precios al Consumidor.

1.3. La solicitud de tutela

1.3.1. Pretensiones

El actor, obrando mediante apoderado especial, solicitó en su escrito de tutela:

“[...] PRIMERA. TUTELAR los derechos que han sido vulnerados, respecto al debido proceso, conexo con la Seguridad Social, protección al trabajo del Art.25, 48, 53 irrenunciabilidad a los derechos mínimos establecidos en las normas, por aplicación de la norma más favorable al actor; protección al mínimo vital y móvil; a una administración de justicia sujeta estrictamente al imperio de la ley; a la confianza legítima en la Administración de Justicia en el derecho de no ser discriminado art.13 C.P; en equidad y justicia del art. 230, derechos vulnerados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda-Subsección “A” y el Juzgado diecinueve Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá, según expediente Nro. 11001-3335-019-2014-413-00.

SEGUNDA: REVOCAR LA SENTENCIA de SEGUNDA INSTANCIA Y PRIMERA INSTANCIA, por haber vulnerado derechos reconocidos por el Gobierno Nacional en la ley 278 de 1996.art 2, ley 238 de 1995.art 1. Parágrafo 4, modificó la ley 100 de 1993. Art. 14, 142, 279, por aplicación del principio constitucional del art 53 en la aplicación de la norma más favorable al trabajador; para el caso siendo inferior los porcentajes reconocidos en la ley 4 de 1992. Art 10 y se condene a la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Ejército Nacional-CREML, a reajustar la asignación de retiro en la Resolución No. 7326 de 2013, en los porcentajes dejados de reajustar y pagar al actor, según el Incremento del índice de Precios al Consumidor, reconocido por el Gobierno y certificado por el DANE, para los años de 1997, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, lo anterior por los cambios en los precedentes de la sentencia 0-432 de 2004 para reconocer que se asimilaba la asignación de retiro a las pensiones de vejez o de jubilación.

TERCERA: SE ORDENE LA REVOCATORIA DE LOS FALLOS del Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-Sub sección “A”, de fecha 18 de enero de 2018 y el fallo del Juzgado diecinueve Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá, de fecha 21 de abril de 2016, radicado 2014-00413-01, condene a los demandados, al reconocimiento, reajuste y pago (indexado) de los porcentajes reconocidos por el Gobierno Nacional y certificados por el DANE, según la ley 278 de 1996 y sus decretos del incremento del salario mínimo legal mensual para los años de 1997 al 2004, y sus incrementos año a año del 2005 al 2018 […]”.

El actor en su escrito de tutela adujo que las accionadas incurrieron en un defecto sustantivo por: i) haber desconocido el precedente judicial sentado por la Sección Segunda del Consejo de Estado y por ii) inaplicación indebida de la Ley 4 de 1992.

1.3.2. Actuación

La Sección Quinta del Consejo de Estado, por auto de 8 de febrero de 2018, admitió la acción de tutela y dispuso notificar a los magistrados de la Sección Segunda Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y al Juzgado Diecinueve (19) Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá concediéndoles el término de tres (3) días para que rindiera informe sobre el particular.

De igual manera, dispuso comunicar al Ministerio de Defensa Nacional-Ejército Nacional – Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, de la presente actuación, en calidad de terceros con interés legítimo.

1.3.3. Informes de las partes accionadas y las partes vinculadas

1.3.3.1. La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, mediante escrito aportado el 16 de febrero de 2018, solicitó declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva y decretar la cosa juzgada.

Señaló que es la Sección Segunda Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y al Juzgado Diecinueve (19) Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá, las autoridades competentes para revisar o adicionar sus propios fallos y no la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, teniendo en cuenta además que esta entidad no vulneró los derechos fundamentales al actor, dado que el asunto en cuestión no es propio del ejercicio de sus funciones legales.

Frente a la configuración de la cosa juzgada, adujo que el actor ya había interpuesto demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, solicitando la nulidad del acto administrativo que negó el reconocimiento y pago de los aumentos de acuerdo a los índices de precios al consumidor (IPC).

En ese orden de ideas, el asunto objeto de la presente acción de tutela, ya tuvo pronunciamiento por parte de la Sección Segunda Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado Diecinueve (19) Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá, que por medio de las sentencias de 18 de enero de 2018 y 21 de abril de 2016, respectivamente, resolvieron la controversia jurídica.
1.3.3.2. Durante el presente trámite, los magistrados de la Sección Segunda Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado Diecinueve (19) Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá, guardaron silencio.

1.4 La sentencia impugnada

La Sección Quinta del Consejo de Estado, resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO: Negar el amparo deprecado por el señor EZEQUIEL TIBASOSA CALIXTO, de conformidad con la motiva de la presente decisión.

SEGUNDO: Negar las peticiones elevadas por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares de acuerdo a lo expuesto en el presente proveído […]”.

Antes de resolver el asunto de fondo, adujo que en el presente caso no se configuraba la cosa juzgada, teniendo en cuenta que en la presente acción de tutela las partes, las pretensiones y sus fundamentos son totalmente diferentes a los que dieron origen al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

Por otro lado, frente a la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, indicó que era improcedente, toda vez que que dicha entidad fue vinculada en calidad de tercero con interés en el presente proceso de tutela y no como demandada.

La Sección Quinta hizo referencia a la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales e indicó que el actor debe acreditar el cumplimiento de los requisitos generales y especiales que han sido desarrollados jurisprudencialmente tanto por la Corte Constitucional como por el Consejo de Estado.

Al estudiar el caso concreto consideró que no se configuraba el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, toda vez que el actor no está en el mismo supuesto fáctico que resolvió la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de 17 de mayo de 2007.

Señaló que:

“[…] La Subsección A, Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el fallo de cierre el proceso ordinario, citó la misma jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que ahora el tutelante manifiesta como desconocida, a partir de la cual, explicó que los incrementos sobre la asignación de retiro de los miembros de las Fuerzas Militares y que haya sido reconocida con anterioridad al año 2004, debe ser reajustada, toda vez que para los años 1997, 1999, 2001, 2002, 2003 y 2004 el principio de oscilación fue inferior al índice de precios al consumidor, evidenciándose un detrimento económico en esta, para los años determinados con anterioridad.

Luego evidenció que, la decisión del Juzgado Diecinueve Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá fue acertada, toda vez que se demostró que al tutelante mediante la Resolución No. 7326 de noviembre de 2013 le fue reconocida y ordenado el pago de la asignación mensual de retiro, efectiva a partir del 01 de diciembre de 2013, visible a folios 56 y 57 del expediente ordinario allegado en calidad de préstamo.

Por otro lado, al tutelante se le reconoció su asignación de retiro en el año 2013, en el caso que estudió la Sección Segunda del Consejo de Estado, aquella había sido en el año de 1987, es decir, en el caso que estudio la Sección Segunda, para los años 1997, 1999, 2001, 2002, 2003 y 2004 el principio de oscilación fue inferior al índice de precios al consumidor, evidenciándose un detrimento económico en esta, para los años determinados con anterioridad, pero en el caso del señor TIBASOSA CALIXTO no existió tal afectación, en razón a que su asignación de retiro fue reconocida, se reitera, en el año 2013 […]”.

1.5. La impugnación

1.5.1. El actor, solicitó que se revoque la sentencia proferida, en primera instancia y, en su lugar, se accedan a las pretensiones del amparo.

Adujó que:

“[…] Señor Magistrado, El Honorable Consejo de Estado-Sección Quinta; se niega a reconocer la ley 238 de 1995, por ser más favorable para el actor, que la ley 4 de 1992 y el decreto 1211 de 1990, al ser comparados los reajustes pensionales derivados del aumento de las asignaciones en actividad de los oficiales y suboficiales del Ejército Nacional establecido en los decretos 122 de 1997, 58 de 1998, 62 de 1999, 2724 de 2000, 2737 de 2001, 745 de 2002, 3552 de 2003, 4158 de 2004, y lo que resultan de la aplicación del artículo 14 de la ley 100 de 1993, se evidencia que la aplicación de este sistema de reajuste resulta ser cuantitaviamente superior según los decretos expedidos con fundamento en la ley 278 de 1996.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia de la Sala

Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículo 1.º y 32 del Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1.º del Decreto nro. 1983 de 30 de noviembre de 2017, por el cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela.

2.2. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

2.3. Problemas Jurídicos

En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala consisten en: i) determinar si, en efecto, es procedente la acción de tutela acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, y de ser así, ii) establecer si la Sección Segunda Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado Diecinueve (19) Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá , al proferir las sentencias de 18 de enero de 2018 y 21 de abril de 2016, respectivamente, incurrieron en defecto sustantivo al i) desconocer el precedente judicial sentado por el Consejo de Estado y ii) al haber aplicado indebidamente la Ley 4 de 1992 dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con número único de radicación 11001-33-35-019-2014-00413-00

Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales; ii) requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad en el caso concreto; iv) el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial como causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales; v) el defecto sustantivo por aplicación indebida de una norma jurídica como causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales; y, finalmente, la vi) solución del caso concreto.

2.4 Procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales

Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello (Rad.: 2009-01328, M.P.: Dra. María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena, en sentencia del 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera - que resulten violatorias de derecho fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la Ley y la propia doctrina judicial.

2.5. Requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales

Esta Sección adoptó como parámetros a seguir los indicados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.

Además de estas exigencias, la Corte, en la mencionada sentencia C–590 de 2005, precisó que era imperioso acreditar la existencia de unos requisitos especiales de procedibilidad, que el propio Tribunal Constitucional los ha considerado como las causales concretas que “de verificarse su ocurrencia autorizan al juez de tutela a dejar sin efecto una providencia judicial”.

Así pues, el juez debe comprobar la ocurrencia de al menos uno de los siguientes defectos: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente; y viii) violación directa de la Constitución.

De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión” que encaje en dichos parámetros.

Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001031500020120220101 (M.P.: Jorge Octavio Ramírez Ramírez).

2.6. Análisis del cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela en el caso concreto

Antes de que la Sala haga un análisis de fondo, la Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida por la Corte Constitucional.

En el caso bajo examen la Sala advierte que la acción de tutela cumple con los requisitos generales de procedibilidad, toda vez que: i) es evidente que la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional, comoquiera que se controvierte la vulneración de los derechos fundamentales del actor invocados supra; ii) cumplió con el principio de inmediatez, en la medida que se interpuso dentro de un plazo razonable después de notificada la sentencia de 18 de enero de 2018, proferida por la la Sección Segunda Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca , iii) no existen medios ordinarios y/o extraordinarios de defensa judicial eficaces y eficientes con los cuales el accionante pueda lograr la protección de los derechos invocados; iv) en la acción de tutela no se alega un defecto procedimental, por lo que no es necesario determinar la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) el señor Ezequiel Tibasosa Calixto identificó los hechos y los derechos cuya vulneración alega; y vi) no se trata de una acción de tutela contra sentencia de tutela.

2.7. El caso concreto

El actor, obrando mediante apoderado especial, presentó solicitud de tutela contra la Sección Segunda Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado Diecinueve (19) Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá, por considerar que las sentencias proferidas, respectivamente, el 18 de enero de 2018 y 21 de abril de 2016, vulneraron sus derechos fundamentales invocados supra.

La Sala debe determinar si, en efecto, la Sección Segunda Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca , incurrió en defecto sustantivo al i) desconocer el precedente judicial sentado por el Consejo de Estado y ii) al haber aplicado indebidamente la Ley 4 de 1992 dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con número único de radicación 11001-33-35-019-2014-00413-00

Para determinar lo anterior, la Sala hará los siguientes análisis: i) el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial como causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales; ii) el defecto sustantivo por aplicación indebida de una norma jurídica como causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales; y, finalmente, iii) analizará el caso en concreto.

2.7.1 Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial

La Sala considera que es necesario señalar que en nuestro ordenamiento jurídico se han desarrollado en torno a las decisiones judiciales, entre otras, las siguientes figuras jurisprudenciales: la doctrina probable, el antecedente jurisprudencial, el precedente jurisprudencial, la sentencia de unificación y la extensión de la jurisprudencia.

Dichas figuras encuentran su fundamento legal en los artículos 4.º de la Ley 169 de 31 de diciembre de 1896 y el 270 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011; así como su respaldo jurisprudencial las sentencias C-836 de 2001; C-816 de 2011; C-179 de 2016; y T-102 de 2014.

En este orden de ideas, la Sala estima, en este caso, precisar los elementos y el alcance del precedente jurisprudencial, teniendo en cuenta que el actor consideró que las sentencias enjuiciadas vulneran sus derechos fundamentales por haber desconocido el precedente judicial establecido por la Sección Segunda del Consejo de Estado relativo al reajuste de la asignación de retiro conforme al Índice de Precios al Consumidor certificado por el DANE para los años 1997 a 2004, por ser más favorable que el incremento señalado por el Gobierno Nacional para dichas anualidades. Ahora bien, la Sala considera llevar a cabo el examen sobre el desconocimiento del precedente jurisprudencial con ocasión del cargo formulado por la actora en la presente acción de tutela.

En relación con esta causal, la Corte Constitucional ha desarrollado, ampliamente, el concepto del precedente judicial, definiéndolo así:

“[…] conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de resolver que por su pertinencia para la resolución de un problema jurídico constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de dictar sentencia […].” (Negrilla fuera de texto).

Así las cosas, la aplicación del precedente judicial en un caso determinado, busca asegurar la eficacia de los principios y derechos fundamentales a la igualdad, a la buena fe, a la seguridad jurídica y a la confianza legítima que, a su vez, garantizan la protección del debido proceso y el acceso efectivo a la Administración de Justicia.

Lo anterior encuentra su fundamento en el criterio desarrollado por la Corte Constitucional, según el cual la actividad interpretativa que se realiza con fundamento en el principio de la autonomía judicial está supeditada al respeto del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, lo que supone, necesariamente que, en casos análogos, los funcionarios judiciales se encuentran atados en sus decisiones, por la regla jurisprudencial que, para el asunto concreto, se haya fijado por el funcionario de superior jerarquía (precedente vertical) o por el mismo juez (precedente horizontal).

En efecto, la Corte Constitucional en sentencia T-457 de 2008 indicó:

“[…] En relación a la aplicación del precedente, esta Sala de Revisión en sentencia T-158 de 2006 señaló: “Por ello, la correcta utilización del precedente judicial implica que un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los) caso(s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del caso presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación […]”. (Negrilla fuera de texto).

Sin embargo, la misma Corte ha precisado que, salvo en materia constitucional, cuya doctrina es obligatoria, la regla del respeto del precedente no es absoluta, debido a que la interpretación judicial no puede tornarse inflexible frente a la dinámica social, ni petrificarse, o convertirse en el único criterio tendiente a resolver una situación concreta.

Lo anterior se traduce en el reconocimiento de un conjunto de supuestos en los cuales resulta legítimo apartarse del precedente judicial vigente, desarrollados jurisprudencialmente y recogidos en pronunciamientos anteriores de la Sala, a saber: i) la disanalogía o falta de semejanza estricta entre el caso que origina el precedente y el que se resuelve con posterioridad; ii) una transformación significativa de la situación social, política o económica en la que se debe aplicar la regla definida con anterioridad con fuerza de precedente; iii) un cambio en el orden constitucional o legal que sirvió de base a la toma de las decisiones adoptadas como precedentes; iv) la falta de claridad o consistencia en la jurisprudencia que debe ser tomada como referente, y, v) la consideración que esa jurisprudencia resulta errónea, por ser contraria a los valores, objetivos, principios y derechos en los que se fundamenta el ordenamiento jurídico.

En efecto, la Sala ha reconocido que, “en los eventos referidos, el juez que se separa del precedente asume una especial carga de argumentación, en virtud de la cual debe exponer, de manera clara, razonada y completa, las razones en las que fundamenta el cambio de posición jurisprudencial”, para lo cual resulta obligatorio referirse a este –al precedente-, analizarlo respecto del caso concreto y fundamentar con suficiencia los motivos y las normas en que se sustenta la decisión de apartarse.

Así las cosas, y como lo ha sostenido la Sala, sólo el desconocimiento injustificado de un precedente es el que da lugar a la configuración del defecto sustantivo, como causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.

2.7.2 Defecto sustantivo por aplicación indebida de una norma jurídica

La Corte Constitucional ha identificado los eventos en que se configura una vía de hecho por defecto sustantivo:

“[…] En sentido amplio se está en presencia del vicio cuando la autoridad judicial emplea una norma inaplicable al caso concreto, deja de aplicar la norma adecuada, o interpreta las normas de tal manera que contraría la razonabilidad jurídica.

En estricto sentido, lo configuran los siguientes supuestos:

El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso concreto, por impertinente o porque ha sido derogada, es inexistente, inexequible o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el Legislador.

No se hace una interpretación razonable de la norma.

Cuando se aparta del alcance de la norma definido en sentencias con efectos erga omnes.

La disposición aplicada es regresiva o contraria a la Constitución.

El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no previstos en la disposición.

La Decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma.

Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial sustentó o justificó de manera insuficiente su actuación.

Procederá entonces el amparo constitucional cuando se acredite la existencia de un defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han presentado anteriormente […]”.

En ese orden de ideas, uno de los eventos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales es cuando el juez incurre en un defecto sustantivo por haber aplicado indebidamente una norma jurídica que sirvió como fundamento para el sentido de la decisión judicial.

Respecto del defecto sustantivo, la Corte Constitucional, ha precisado que este se presenta cuando “la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraría los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica” (Negrilla por la Sala)..

2.8. Análisis del caso concreto

El actor, pretende mediante el ejercicio de la presente acción de tutela que se ordene a la Sección Segunda Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca proferir una nueva providencia en la que aplique el precedente judicial establecido por la Sección Segunda del Consejo de Estado, relativo al reajuste de su asignación de retiro conforme al Índice de Precios al Consumidor certificado por el DANE para los años 1997 a 2004, por ser más favorable que el incremento señalado por el Gobierno Nacional para dichas anualidades y en consecuencia, se accedan a las pretensiones de la demanda.

Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso concreto.

2.8.1 Acervo y análisis probatorios

Sentencia de 17 de mayo de 2007, proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado.
Sentencia de 21 de abril de 2016, proferida por el Juzgado Diecinueve (19) Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá.
Sentencia de 18 de enero de 2018, proferida por la Sección Segunda Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Ahora pasa la Sala a analizar si la sentencia objeto de la presente tutela incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial.
Para la aplicación del precedente judicial al caso concreto es necesario verificar la procedencia de los siguientes criterios: i) que en la ratio decidendi de la sentencia anterior se encuentre una regla jurisprudencial aplicable al caso a resolver; ii) que esta ratio resuelva un problema jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso y, iii) que los hechos del caso sean equiparables a los resueltos anteriormente.
La Sala hará mención a la sentencia de fecha 17 de mayo de 2007 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado para efectos de establecer si en el presente caso hubo o no desconocimiento del precedente judicial.

-Consejo de Estado,Sección Segunda, Sentencia de fecha 17 de mayo de 2007, con ponencia del doctor Jaime Moreno García al resolver un recurso de apelación dentro del marco de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho

El Consejo de Estado en su parte resolutiva, dispuso lo siguiente:
“[…] Revocase la sentencia apelada proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 8 de abril de 2005 en el proceso promovido por José Jaime Tirado Castañeda y, en su lugar se dispone:

1. Declarase que es nulo el oficio 521 del 8 de julio de 2003 proferido por el Director General de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.

2. A título de restablecimiento del derecho, condénase a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional a reconocer y pagar al actor la diferencia en el reajuste anual de su asignación de retiro, teniendo en cuenta el artículo 14 de la ley 100 de 1993, debidamente ajustado su valor, con aplicación de la fórmula dicha, hasta el reajuste pensional del decreto 4433 de 2004.

3. Al mismo título, las sumas adeudadas devengarán intereses comerciales dentro del término establecido en el artículo 176 del CCA y moratorios a partir del vencimiento del mismo.

4. Decláranse prescritas las diferencias de reajuste causadas con anterioridad al 25 de junio de 1999 […]”.
Señaló que:
“[…] Por consiguiente, no existe la menor duda en el sentido de que bajo los mandatos del artículo original 279 de la ley 100 de 1993 los pensionados de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional no era acreedores del reajuste de sus pensiones como lo dispone el artículo 14 de aquella, vale decir, teniendo en cuenta la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior, sino como lo disponía el decreto 1212 de 1990, o sea mediante la oscilación de las asignaciones de los miembros de la Policía Nacional en actividad.

Pero, la ley 238 de 1995, adicionó el artículo 279 de la ley 100 de 1993, con el siguiente parágrafo:

“Parágrafo 4. Las excepciones consagradas en el presente artículo no implican negación de los beneficios y derechos determinados en los artículos 14 y 142 de esta ley para los pensionados de los sectores aquí contemplados.”

Lo cual quiere significar que a partir de la vigencia de la ley 238 de 1995, el grupo de pensionados de los sectores excluidos de la aplicación de la ley 100 de 1993, sí tienen derecho a que se les reajuste sus pensiones teniendo en cuenta la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor certificado por el DANE como lo dispuso el artículo 14 de la última, y a la mesada 14 en los términos del artículo 142 ibídem […].”

Indicó que con fundamento en la ley 238 de 26 de diciembre de 1995 , el grupo de pensionados de los sectores excluidos de la aplicación de la ley 100 de 23 de diciembre de 1993, si gozan del derecho a que se les reajuste sus pensiones con base en la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor certificado por el DANE.

Manifestó que en el presente caso era más favorable la aplicación de la ley 238 de 1995 que la ley 4 de 1992 porque: “[…] al hacer la comparación entre los reajustes pensionales derivados del aumento de las asignaciones en actividad de los oficiales de la Policía Nacional establecidos en los decretos 122 de 1997, 58 de 1998, 62 de 1999, 2724 de 2000, 2737 de 2001 y 745 de 2002 y los que resultan de la aplicación del artículo 14 de la ley 100 de 1993, se evidencia que la aplicación de este sistema de reajuste resulta ser cuantitativamente superior […]”

Con base en el anterior análisis jurisprudencial de la sentencia proferida por el Consejo de Estado, la Sala pasará a estudiar si el Tribunal incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial. Para tal fin hará el estudio del caso concreto, estableciendo si la sentencia constituye o no precedente judicial para el caso concreto.

En el presente caso está plenamente acreditado que al señor Ezequiel Tibasosa Calixto se le reconoció su asignación de retiro en el año 2013, en cambio en el caso que resolvió la Sección Segunda del Consejo de Estado, el retiro se efectuó en el año de 1987, es decir, que en este caso, el reajuste de las asignaciones de retiro para los años 1997, 1999, 2001, 2002, 2003 y 2004 fue inferior al índice de precios al consumidor, acreditándose un detrimento económico en esta, para los años determinados con anterioridad,

En efecto, observa la Sala que, la sentencia citada hace referencia al reconocimiento del reajuste de la asignación de retiro durante los años 1997 a 2004, en la medida que con la entrada en vigencia de la Ley 238 de 1995, las excepciones consagradas en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 presentaron una modificación consistente en que en virtud del principio de favorabilidad y conforme a los artículos 14 y 142 de la Ley 100 de 1993, a los pensionados de los sectores allí contemplados, entre ellos los de las Fuerzas Militares y Policía Nacional, se les podía reajustar la asignación de retiro conforme al índice de precios al consumidor del año inmediatamente anterior certificado por el DANE, siempre que el incremento realizado por el Gobierno Nacional en los Decretos anuales de las asignaciones en actividad de los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional fuera inferior.

Asimismo, la Sección Segunda del Consejo de Estado señaló que, en vigencia de la Ley 238 de 1995 el reajuste por favorabilidad de las asignaciones de retiro anteriormente señalada, en cada caso concreto aplica desde el año de 1996 hasta el 2004, toda vez que a partir del 1.º de enero de 2005 a través de la expedición del Decreto 4433 de 2004, se implementó nuevamente la aplicación del principio de oscilación, en virtud del cual las asignaciones de retiro tendrán en cuenta la totalidad de las variaciones que en todo tiempo se introduzcan a las asignaciones que se devengan en actividad, con base en la escala gradual porcentual decretada por el Gobierno Nacional, esto con el fin de garantizar la igualdad de remuneración a quienes han cesado en la prestación de sus servicios.

Por tanto, en el caso del actor no se produjo tal afectación, teniendo en cuenta que el reconocimiento de su asignación de retiro fue en el año 2013, es decir, que para el período de 1996 a 2004 se encontraba en servicio activo y en ese orden de ideas no se produjo el desconocimiento del precedente judicial alegado, toda vez que la situación fáctica del presente caso es totalmente diferente a lo establecido en la sentencia proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado.

Finalmente, en su escrito de tutela el actor adujo que el Tribunal incurrió en defecto sustantivo por aplicación indebida de la Ley 4 de 1992. Sin embargo, para la Sala este cargo tampoco está llamado a prosperar, dado que el Tribunal la interpretó y aplicó correctamente al caso concreto, teniendo como fundamento lo decidido por la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de 17 de mayo de 2007. Textualmente, señaló:

“[…] Y la Sala encuentra que la ley 238 de 1995 es más favorable para el demandante que la ley 4ª de 1992 y el decreto 1212 de 1990, porque al hacer la comparación entre los reajustes pensionales derivados del aumento de las asignaciones en actividad de los oficiales de la Policía Nacional establecidos en los decretos 122 de 1997, 58 de 1998, 62 de 1999, 2724 de 2000, 2737 de 2001 y 745 de 2002 y los que resultan de la aplicación del artículo 14 de la ley 100 de 1993, se evidencia que la aplicación de este sistema de reajuste resulta ser cuantitativamente superior. […]”

En efecto, la competencia para fijar el régimen salarial y prestacional de los miembros de la Fuerza Pública, es del Gobierno Nacional y se encuentra consagrada en el literal e), del numeral 19, del artículo 150 de la Constitución Política de Colombia con base en los objetivos y criterios determinados por el Congreso de la República en la Ley 4.° de 1992, normativa que en el artículo 13 señaló que para fijar el régimen salarial de los miembros de la Fuerza Pública se debe determinar una escala gradual porcentual, que el Gobierno Nacional decreta anualmente.

Ahora bien, para fijar el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública, se determina con base entre otras en la Ley 238 de 1995 para los años 1996 a 2004 anteriormente explicada y en el Decreto 4433 de 2004, a partir del año 2005 que consagra el principio de oscilación.

Por tanto, queda claro que con la Ley 4 de 1992 se determinar el incremento anual de los salarios básicos para el personal activo con la asignación fijada por el Gobierno Nacional y el reajuste de las asignaciones de retiro se determina con base en el principio de oscilación, es decir, en el mismo porcentaje en que se aumenten las asignaciones en actividad para cada grado.

En ese orden de ideas, debe indicarse que no cualquier actuación del juez da lugar a la configuración del defecto sustantivo, en donde se debe demostrar que obró de manera arbitraria o caprichosa, y trajo como consecuencia la vulneración de derechos fundamentales.

Frente al tema ha dicho la Corte Constitucional:

“[…]…se entiende que una autoridad ha incurrido en un defecto sólo cuando se evidencie un actuar totalmente arbitrario y caprichoso que lesione derechos fundamentales es decir, cuando no respeta los presupuestos de razonabilidad, racionabilidad y proporcionalidad […]”.

Por tanto, para la Sala el Tribunal no incurrió en defecto sustantivo, teniendo en cuenta que profirió su sentencia de manera razonable y ajustada a derecho, en donde no se evidenció por esta Sala una actuación grosera o arbitraria que haya traído como consecuencia la vulneración de los derechos fundamentales del actor.

2.9 Conclusiones de la Sala

Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte motiva de esta sentencia, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por medio del cual negó las pretensiones del amparo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO. CONFIRMAR, el fallo de tutela proferido el 8 de marzo de 2018 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que negó las pretensiones del amparo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley nro. 2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de este fallo, REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Presidente

MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Por el cual se ordena el reconocimiento y pago de la Asignación de Retiro al señor Sargento Primero ( RA) del Ejército EZEQUIEL TIBASOSA CALIXTO”.
Expedido por el Ejército Nacional.
Expedido por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares.
“Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”.
“Por la cual se adiciona el artículo  HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0100_1993_pr005.html" \l "279" 279 de la Ley 100 de 1993”.
Expedido por el Ejército Nacional.
Expedido por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares.
“Por la cual se adiciona el artículo  HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0100_1993_pr005.html" \l "279" 279 de la Ley 100 de 1993”.
Por el cual se reforma el estatuto del personal de oficiales y suboficiales de las fuerzas militares
Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política
Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones
Por la cual se adiciona el artículo  HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0100_1993_pr005.html" \l "279" 279 de la Ley 100 de 1993
En los antecedente de la sentencia del 17 mayo de 2007, Exp. 25000-23-25-000-2003-08152-01(8464-05), se lee:

«En los hechos de la demanda, el actor relató que sirvió en la Policía Nacional por espacio de 36 años largos, habiendo alcanzado el grado de Coronel; que su retiro se produjo a partir del 11 de marzo de 1987 y que la Caja de Sueldos de Retiro demandada le reconoció asignación de retiro o pensión, mediante la resolución 0645 de 1987 expedida por la misma entidad; que el incremento anual se ha dispuesto en la proporción señalada en el sistema de oscilación consagrado en el artículo 151 del decreto 1212 de 1990; que la ley 238 de 1995 adicionó el artículo 279 de la ley 100 de 1993 y dispuso para los incrementos pensionales de la Fuerza Pública que las excepciones consagradas en el referido artículo 279 no implicaban negación de los beneficios y derechos determinados en los artículos 14 y 142 de la ley 100 para los pensionados de los sectores allí contemplados; que lo anterior demuestra que el actor ha debido recibir aumento en su asignación de retiro con fundamento en el Índice de Precios al Consumidor certificado por el DANE del año inmediatamente anterior, pero no con el resultado del sistema de la oscilación antes mencionado; que la aplicación del sistema de oscilación para el reajuste pensional ha perjudicado al demandante, pues desde 1996 hasta el año 2003 se le adeuda la suma de $37’235.502.00; que el actor elevó solicitud ante la Caja demandada para que se le diera aplicación a la ley 238 de 1995, que fue respondida negativamente por medio del oficio acusado; y que el 25 de julio de 2003 el Gobierno Nacional expidió el decreto 2070 que reformó el régimen pensional propio de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, mediante el cual se regresó al sistema de reajuste pensional oscilatorio».
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
Sentencia de 31 de julio de 2012, exp. nro. 11001-03-15-000-2009-01328-02, C.P. María Elizabeth García González.
Corte Constitucional. Sentencia de 3 de septiembre de 2009, Rad.: T-619, Magistrado Ponente: Dr. Jorge Iván Palacio.
Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.
La Sala encuentra acreditado dentro del expediente, que la providencia fue notificada el 1 de febrero de 2018, y la presente acción de tutela fue presentada el 5 de febrero de 2018.

“Sobre reformas judiciales”. (Doctrina probable).
“se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009”. Corte Constitucional, sentencia C – 836 de 9 de agosto de 2001. Expediente D-3374. Actor: Carlos Alberto Maya Restrepo. M.P. Rodrigo Escobar Gil. (Doctrina probable). Corte Constitucional, sentencia C – 816 de 1 de noviembre de 2011. Expediente D-8473. Actor: Francisco Javier Lara Sabogal. M.P. Mauricio González Cuervo. (Sentencias de unificación jurisprudencial). Corte Constitucional, sentencia C – 179 de 13 de abril de 2016. Expediente D-10973. Actora: Erika Nicole González Rojas. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. (Sentencias de unificación jurisprudencial). M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. (Antecedente jurisprudencial). Corte Constitucional. Sentencia T-482 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
Sentencia T- 760A de 2011. M. P.: Juan Carlos Henao Pérez. Sentencia del 13 de mayo de 2008, expediente T-1.806.953, C. P. Humberto Antonio Sierra Porto. Ver sentencias C-083 de 1995, C-037 de 1996, SU-640 de 1998. Sentencia 13 de marzo de 2013. M.P. Guillermo Vargas Ayala. Radicado: 11001-03-15-000-2012-02074-00. Sentencia 18 de abril de 2013. C.P.: Marco Antonio Velilla Moreno. Radicado: 11001-03-15-000-2012-01797-00. Ibídem. Sentencias T-1625 de 2000 y T-161 de 2010. Ver, entre otras, Sentencia 13 de marzo de 2013. M.P. Guillermo Vargas Ayala. Radicado: 11001-03-15-000-2012-02074-00. Sentencia 18 de abril de 2013. C.P.: Marco Antonio Velilla Moreno. Radicado: 11001-03-15-000-2012-01797-00. Sentencias SU-159 de 2002, T-295 de 2005 y T-743 de 2008 todas con ponencia del dr. Manuel José Cepeda Espinosa, T-043 de 2005, T-657 de 2006 ambas con ponencia del dar Marco Gerardo Monroy Cabra, T-686 de 2007 M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-033 de 2010, y T-792 de 2010 ambas con ponencia del Dr. Jorge Iván Palacio Palacio. Sentencia T-189 de 2005 M.P. Manuel José cepeda Espinosa. Sentencia T-205 de 2004 M.P. Clara Inés Vargas Hernández
Sentencia T-800 de 2006 M.P. Jaime Araujo Rentería
Sentencia T-522 de 2001M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
Sentencia SU-159 de 2002 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Sentencias T-051 de 2009 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-1101 de 2005 M.P. Rodrigo Escobar Gil. Sentencias T-462 de 2003 M.P. Eduardo Montealegre Lynnett, T-842 de 2001 M.P. Álvaro Tafur Galvis, y T-814 de 1999. Sentencia T-018 de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviño. Sentencia T-086 de 2007 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Sentencia T-231 de 1994 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Sentencia T-807 de 2004 M.P. Clara Inés Vargas. Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12 de marzo de 2012. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Corte Constitucional, Sentencias SU-159 del 6 de marzo de 2002. M.P. Manuel José Espinosa, T-043 del 27 de enero de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-295 del 31 de marzo de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-657 del 10 de agosto de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-686 del 31 de agosto de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-743 del 24 de julio de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-033 del 1º de febrero de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T-792 del 1º de octubre 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, entre otras
Frente al tema de la configuración del precedente judicial ver Corte Constitucional, sentencia T-292 de 2006. Magistrado ponente: Dr.

Manuel José Cepeda Espinosa.
“Por la cual se adiciona el artículo  HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0100_1993_pr005.html" \l "279" 279 de la Ley 100 de 1993”.
“Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”.

Los hechos del caso fueron narrados por el Consejo de Estado de la siguiente manera:

“el actor relató que sirvió en la Policía Nacional por espacio de 36 años largos, habiendo alcanzado el grado de Coronel; que su retiro se produjo a partir del 11 de marzo de 1987 y que la Caja de Sueldos de Retiro demandada le reconoció asignación de retiro o pensión, mediante la resolución 0645 de 1987 expedida por la misma entidad; que el incremento anual se ha dispuesto en la proporción señalada en el sistema de oscilación consagrado en el artículo 151 del decreto 1212 de 1990; que la ley 238 de 1995 adicionó el artículo 279 de la ley 100 de 1993 y dispuso para los incrementos pensionales de la Fuerza Pública que las excepciones consagradas en el referido artículo 279 no implicaban negación de los beneficios y derechos determinados en los artículos 14 y 142 de la ley 100 para los pensionados de los sectores allí contemplados; que lo anterior demuestra que el actor ha debido recibir aumento en su asignación de retiro con fundamento en el Índice de Precios al Consumidor certificado por el DANE del año inmediatamente anterior, pero no con el resultado del sistema de la oscilación antes mencionado; que la aplicación del sistema de oscilación para el reajuste pensional ha perjudicado al demandante, pues desde 1996 hasta el año 2003 se le adeuda la suma de $37’235.502.00; que el actor elevó solicitud ante la Caja demandada para que se le diera aplicación a la ley 238 de 1995, que fue respondida negativamente por medio del oficio acusado; y que el 25 de julio de 2003 el Gobierno Nacional expidió el decreto 2070 que reformó el régimen pensional propio de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, mediante el cual se regresó al sistema de reajuste pensional oscilatorio”.
Por la cual se adicionó el artículo 279 de la Ley 100.
Frente a la aplicación del Decreto 1211 de 1990.
La Corte Constitucional en la sentencia C-432 de 2004 afirmó que la asignación de retiro se asimilaba a las pensiones de vejez o de jubilación,
Corte Constitucional, Sentencia T-031 de 2016. Magistrado ponente: Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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