Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2024-00036-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2024-00036-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2024-00036-00
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
9 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., nueve (09) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia : Recurso Extraordinario de Revisión
Radicación : 11001-03-25-000-2024-00036-00 (0603-2024)
Demandante : Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional
Demandado : Gustavo Adolfo Orozco Licona
Tema : Causal de revisión artículo 250-5 de la Ley 1437 de 2011
Decisión : Declara infundado el recurso extraordinario de revisión. No se
acreditó la configuración de nulidad originada en la sentencia de
segunda instancia ni vulneración del debido proceso o del
principio de congruencia.
La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la Nación, Ministerio
de Defensa, Policía Nacional contra la sentencia proferida el 19 de septiembre de 2022
por el Tribunal Administrativo del Atlántico.1
I. ANTECEDENTES
Proceso ordinario
1. Gustavo Adolfo Orozco Licona solicitó que se inapliquen por inconstitucionales los
decretos que fijaron el incremento salarial para los años 2001, 2002, 2003 y 2004
(Decretos 2737 de 2001, 745 de 2002, 3552 de 2003 y 4158 de 2004), así como la nulidad
del oficio S-2019-028281 del 30 de mayo de 2019, mediante el cual la Policía Nacional
negó la modificación de su hoja de servicios. Como consecuencia, pidió que se ordene a
la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional modificar dicha hoja de servicios,
aplicar el porcentaje equivalente al IPC (4,05 %) como faltante del incremento salarial en
esos años y, con base en ello, reajustar y reliquidar su pensión de invalidez desde el 11
de diciembre de 2014, junto con el pago de las diferencias, intereses e indexación
correspondientes.
2. El demandante indicó que ingresó a la Policía Nacional en el año 2000 y permaneció
en servicio activo hasta el 20 de agosto de 2014, periodo durante el cual (especialmente
entre 2001 y 2004) el Gobierno Nacional fijó el incremento salarial de los miembros de la
Fuerza Pública mediante los Decretos 2737 de 2001, 745 de 2002, 3552 de 2003 y 4158
1 Decisión suscrita por los magistrados Judith Romero Ibarra, Cristóbal Christiansen Martelo y Luis Carlos Martelo
Maldonado.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Demandante: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional
de 2004. Agregó que dichos aumentos fueron inferiores al índice de precios al consumidor
(en adelante IPC) certificado por el DANE, lo que generó una diferencia acumulada del
4,05 % en su salario y prestaciones. Posteriormente, al serle reconocida la pensión de
invalidez mediante Resolución 02017 del 11 de diciembre de 2014, liquidada con base
en la Hoja de Servicios 72214400 del 17 de octubre de 2014, consideró que esa diferencia
incidió negativamente en la base de liquidación de su prestación, razón por la cual solicitó
la modificación de dicha hoja de servicios y el reajuste de su pensión, pretensión que fue
negada por la Policía Nacional, lo que motivó la interposición de la demanda.
3. La Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional contestó la demanda y solicitó
negar las pretensiones al sostener que el incremento salarial del actor se realizó conforme
al régimen normativo especial aplicable a los miembros del Nivel Ejecutivo para la época
de los hechos. Indicó que el demandante no puede reclamar beneficios previstos para
otros regímenes de la institución, como los establecidos en los Decretos 1212 y 1213 de
1990, aplicables a oficiales, suboficiales y agentes, pues su situación laboral se encuentra
regida por normas especiales, en particular los Decretos 4433 de 2004 y 1157 de 2014.
Agregó que las condiciones salariales del Nivel Ejecutivo difieren de las de otros
escalafones y que el salario básico de estos uniformados, según su homologación con
los suboficiales, resulta superior a lo pretendido por el demandante, razón por la cual no
existe vulneración de sus derechos ni fundamento jurídico para acceder a las
pretensiones.
4. El Juzgado Trece Administrativo del Circuito de Barranquilla, mediante sentencia del
23 de noviembre de 2021, declaró probada de oficio la excepción de prescripción
respecto de las mesadas causadas con anterioridad al 30 de abril de 2015 y accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda. Consideró acreditado que el demandante
prestó sus servicios como patrullero de la Policía Nacional entre los años 2001 y 2004 y
que los incrementos salariales dispuestos en los decretos expedidos para esas
anualidades fueron inferiores al IPC certificado por el DANE. Con fundamento en el
principio de favorabilidad y en la aplicación del artículo 14 de la Ley 100 de 1993, concluyó
que la pensión de invalidez del actor debía reajustarse con base en el IPC para dicho
período, razón por la cual declaró la nulidad del acto administrativo que negó la solicitud
y ordenó a la entidad demandada reliquidar la prestación y pagar las diferencias
causadas, con efectos fiscales únicamente desde el 30 de abril de 2015 debido al
fenómeno de la prescripción cuatrienal.
5. La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional solicitó revocar la sentencia de
primera instancia al sostener que el Juzgado aplicó de manera equivocada el régimen
jurídico al actor. Señaló que el demandante pertenecía al Nivel Ejecutivo de la Policía
Nacional (grados de patrullero y subintendente), por lo que su situación no se rige por el
Decreto 1212 de 1990, aplicable únicamente a oficiales y suboficiales, sino por las
normas especiales del Decreto 132 de 1995 y del Decreto 1091 de 1995. Asimismo,
afirmó que el IPC no constituye el único criterio para el reajuste salarial de los servidores
públicos, pues el Gobierno Nacional puede fijar los incrementos atendiendo a múltiples
variables macroeconómicas, conforme a la jurisprudencia constitucional y del Consejo de
Estado. Indicó que el hecho de que los aumentos salariales hubiesen sido inferiores al
IPC no implica por sí mismo una vulneración constitucional, y que, en todo caso, la
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Demandante: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional
protección reforzada que impide incrementos por debajo de la inflación solo cobija a
quienes devengan hasta dos salarios mínimos, condición que no cumplía el actor, ya que
su remuneración superaba dicho umbral. Agregó que el Gobierno podía legítimamente
fijar incrementos inferiores al IPC.
6. El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia del 19 de septiembre de
2022, confirmó el fallo de primera instancia al concluir que, a partir de la vigencia de la
Ley 238 de 1995 (parágrafo 4º del artículo 279 de la Ley 100 de 1993), los pensionados
de regímenes especiales excluidos del Sistema General no pierden el beneficio del
reajuste anual por IPC previsto en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, de modo que el
actor podía reclamar el reajuste de su pensión de invalidez con base en dicho indicador
en las anualidades que le resultaran más favorables dentro del marco temporal aplicable;
precisó, además, que con la entrada en vigor del Decreto 4433 de 2004 (art. 42) volvió a
regir el principio de oscilación como regla de incrementos, por lo que el ajuste por IPC
opera solo hasta el límite en que resulte más beneficioso frente a la oscilación, y, con
apoyo en las pruebas (retiro por incapacidad, reconocimiento de la pensión y negativa
administrativa del 30 de mayo de 2019), mantuvo la orden de reconocer el reajuste en
los años en que el IPC superó el incremento aplicado, con efectos fiscales sujetos a la
prescripción declarada en primera instancia.
Demanda del recurso extraordinario de revisión
7. La Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional interpuso recurso extraordinario de
revisión con fundamento en el numeral 5.° del artículo 250 del CPACA, solicitando la
nulidad de las sentencias del 23 de noviembre de 2021 (Juzgado Trece Administrativo de
Barranquilla) y del 19 de septiembre de 2022 (Tribunal Administrativo del Atlántico)
proferidas dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
promovido por el señor Gustavo Adolfo Orozco Licona.
8. Como sustento del recurso, alegó la configuración de una nulidad originada en la
sentencia por vulneración del debido proceso y del principio de congruencia, al
concederse el reconocimiento de un reajuste con base en IPC respecto de anualidades
en las que el actor se encontraba en servicio activo (1997 a 2004), pese a que, en criterio
de la entidad, ese beneficio corresponde a pensionados (asignaciones de retiro) y no a
salarios en actividad; además, sostuvo que tanto el juez de primera como el de segunda
instancia omitieron explicar y probar por qué extendieron esa regla al personal activo,
desconocieron precedente relevante (incluidas providencias del Consejo de Estado,2 un
fallo de tutela3 y una sentencia del propio Tribunal4 sobre la improcedencia de ajustar
salarios en actividad por IPC) y, especialmente, que la segunda instancia no resolvió los
cargos concretos de la apelación, en contravía del artículo 320 del CGP (aplicable por
remisión del artículo 306 del CPACA).
2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencias del 4 de noviembre de 2021, Rad. 25000-23-
42-000-2018-00589-01; y 22 de noviembre de 2018, Rad. 25000-23-42-000-2013-04348-01.
3
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 19 de abril de 2018, Rad. 11001-03-15-000-
2018-00349-01 (AT).
4 Tribunal Administrativo del Atlántico. Sentencia del 3 de octubre de 2022, Rad. 01001-33-33-004-2021-00239-01.
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Demandante: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional
9. En esa línea, reiteró que el reajuste del personal uniformado en servicio activo se rige
por el régimen especial (Constitución, Ley 4.ª de 1992, Ley 100 de 1993 y decretos
anuales del Gobierno), de modo que, para el periodo reclamado, el ajuste salarial debía
hacerse conforme a los decretos que fijaron los incrementos. Asimismo, insistió en que
las sentencias aplicaron un marco normativo inaplicable al caso (Decreto 1212 de 1990)
en lugar de los Decretos Ley 132 de 1995 y el Decreto 1091 de 1995, lo que, a su juicio,
evidencia un yerro determinante que afecta el debido proceso. Por ello, pidió revocar los
fallos cuestionados y, como consecuencia, negar las pretensiones de la demanda
ordinaria.
Contestación del recurso
10. El señor Gustavo Adolfo Orozco Licona guardó silencio.
Ministerio Público
11. El procurador delegado solicitó declarar infundado el recurso extraordinario de
revisión, al considerar que no se configura la causal 5.ª del artículo 250 del CPACA, pues
no se acreditó una nulidad originada en la sentencia por vulneración del debido proceso
o del principio de congruencia. A su juicio, el Tribunal sí examinó la apelación dentro del
marco de competencia de la segunda instancia y los reproches de la entidad apuntan a
reabrir el debate jurídico y probatorio (interpretación y aplicación normativa), lo cual es
ajeno al alcance excepcional del recurso de revisión.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
12. De conformidad con lo previsto en el artículo 249 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), el Consejo de
Estado5 es competente para resolver los recursos extraordinarios de revisión contra las
sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos. Así las cosas, se
abordará el análisis de esta controversia.
Problema jurídico
13. Corresponde a la Sala determinar si los reproches formulados por la Nación,
Ministerio de Defensa, Policía Nacional contra la sentencia del Tribunal Administrativo del
Atlántico se enmarcan en la causal prevista en el numeral 5.° del artículo 250 del CPACA,
esto es, si configuran una nulidad originada en la sentencia por vulneración del debido
proceso o del principio de congruencia.
5 En atención al criterio de especialización laboral y conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12
de marzo de 2019, modificado por el artículo 1.° del Acuerdo 434 de 2024, el conocimiento del asunto corresponde a
la Sección Segunda del Consejo de Estado.
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Análisis del problema jurídico
14. La Sala declarará infundado el recurso extraordinario de revisión, por cuanto los
reproches formulados por la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional no se
enmarcan en la causal prevista en el numeral 5.° del artículo 250 del CPACA, ni
evidencian la existencia de una nulidad originada en la sentencia. En efecto, no se
configura incongruencia ni omisión de motivación, y los cuestionamientos relacionados
con el desconocimiento del precedente o con el marco normativo aplicado corresponden
a discrepancias interpretativas propias del juicio de instancia, ajenas a la finalidad del
recurso extraordinario de revisión, según se expone a continuación.
15. El recurso extraordinario de revisión, previsto en el Capítulo I del Título VI del CPACA,
constituye un mecanismo excepcional de impugnación que permite controvertir
sentencias ejecutoriadas proferidas por autoridades judiciales, cuando concurren
situaciones extraordinarias que afectan de forma sustancial la justicia material de la
decisión. Su finalidad es restablecer dicha justicia frente a vicios graves que no pudieron
alegarse o debatirse dentro del trámite ordinario del proceso, y que por su entidad
justifican la superación del principio de cosa juzgada. En ese sentido, no se trata de una
tercera instancia ni de una vía para reabrir el debate jurídico o probatorio previamente
resuelto, sino de una herramienta procesal reservada a supuestos de extrema relevancia
que comprometen garantías constitucionales fundamentales, como el debido proceso o
la tutela judicial efectiva.
16. En particular, la causal 5.ª del artículo 250 del CPACA establece la procedencia del
recurso extraordinario de revisión cuando se configure una nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso y contra la cual no procede recurso de apelación. Para
que esta causal sea procedente, deben verificarse dos presupuestos: uno consistente en
que la providencia impugnada no sea susceptible del recurso de apelación, y otro
relacionado con la existencia de una nulidad sustancial generada en la propia sentencia.
17. Esta corporación6 ha precisado que dichas nulidades no se limitan exclusivamente a
las previstas de manera taxativa en el Código General del Proceso (CGP), sino que
también comprenden aquellas que, desde una perspectiva constitucional, afectan
gravemente el derecho al debido proceso o vulneran el principio de congruencia en la
actuación judicial.
18. En ese sentido, se han identificado, a título meramente enunciativo, ciertos supuestos
que comprometen derechos fundamentales como el debido proceso, el acceso a la
administración de justicia y la tutela judicial efectiva, "admitiendo que hay lugar a revisar
la sentencia de instancia por vía extraordinaria cuando la decisión (i) es inhibitoria; (ii) se
profiere sin motivación alguna; (iii) transgrede el principio de la no reformatio in pejus; (iv)
condena a un tercero que no ha sido vinculado como parte al proceso; (v) se pronuncia
sobre aspectos que no le corresponden, esto es, sin competencia o jurisdicción, según el
6
Ver entre otras, la sentencia de unificación del 8 de mayo de 2018, expediente 1998-00153; y las del 7 de septiembre
de 2018, Rad. REV 2014-00440-00; 18 de agosto de 2020, Rad. 11001-03-15-000-2017-02369-00; 26 de agosto de
2021, Rad. 11001-03-25-000-2017-00852-00 (4598-17); y del 16 de octubre de 2025, Rad. 11001-03-25-000-2023-
00330-00 (4906-2023).
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caso; (vi) se profiere en un proceso que había terminado por desistimiento, transacción o
perención; (vii) no cuenta con el número de votos requerido para su aprobación y (viii)
desconoce el principio de congruencia7 bien sea por una condena extra, ultra o infra
petita."8. En consecuencia, esta causal tiene como propósito salvaguardar el núcleo
esencial de las garantías procesales, cuando estas resultan afectadas por vicios
insubsanables presentes en la sentencia que puso fin al proceso.
19. Ahora bien, en el presente asunto la entidad recurrente sostiene, en esencia, que se
vulneraron el debido proceso y el principio de congruencia porque en las sentencias de
primera y segunda instancia se concedió un reajuste con fundamento en el IPC respecto
de anualidades en las que el actor se encontraba en servicio activo; se omitió explicar
por qué se extendía ese tratamiento a quien aún no ostentaba la condición de
pensionado; se desconocieron precedentes que, a su juicio, resultaban aplicables; no se
resolvieron los cargos concretos formulados en la apelación; y se acudió a normas que
no regían la situación particular del demandante. Al respecto, se precisa que no procede
examinar las eventuales irregularidades atribuidas a la decisión de primera instancia, por
cuanto el objeto del recurso se circunscribe a la revisión de la providencia definitiva e
inapelable que puso fin al litigio.
20. En lo que concierne al principio de congruencia se resalta que este se entiende
vulnerado cuando en la sentencia se omite pronunciamiento sobre alguna de las
pretensiones, excepciones o argumentos relevantes propuestos por las partes, o cuando
se resuelven cuestiones que no fueron planteadas en el debate judicial. La incongruencia
se configura cuando hay una ruptura evidente entre las pretensiones o cuestiones
jurídicas planteadas y las razones que sustentan la decisión, al punto que se comprometa
la lógica interna del fallo o el derecho al debido proceso de alguna de las partes. En ese
sentido, el recurso extraordinario de revisión no constituye un mecanismo procesal
destinado a controvertir la interpretación jurídica adoptada por el juez de instancia, ni a
revaluar el sentido normativo de la decisión impugnada.
21. Conforme a lo anterior, en el caso concreto no se advierte vulneración del principio
de congruencia, pues la demanda ordinaria estuvo encaminada, precisamente, a obtener
la nulidad del acto que negó la modificación de la hoja de servicios y, como
restablecimiento del derecho, el reajuste de la pensión de invalidez del actor a partir de
la incidencia que, según afirmó, tuvo en su base de liquidación el menor incremento
salarial aplicado entre 2001 y 2004. A su turno, la Policía Nacional en la contestación de
la demanda en el proceso ordinario se opuso a esas pretensiones con fundamento en el
régimen especial aplicable al Nivel Ejecutivo de esa institución. Así, la controversia quedó
delimitada a establecer si la diferencia entre los incrementos salariales reconocidos
durante el tiempo de servicio activo y el IPC podía proyectarse sobre la liquidación de la
pensión de invalidez reconocida en 2014.
22. Bajo ese entendimiento, el Juzgado de primera instancia resolvió el litigio al
considerar que los incrementos salariales dispuestos para los años 2001 a 2004 fueron
7 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 7 de septiembre de 2018, radicación REV 2014-
00440-00.
8 Sentencia de 26 de agosto de 2021, Rad. 11001-03-25-000-2017-00852-00 (4598-17).
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inferiores al IPC y que, en virtud del principio de favorabilidad, ello incidía en la
reliquidación de la pensión de invalidez. Posteriormente, al conocer de la apelación, el
Tribunal Administrativo del Atlántico delimitó expresamente los problemas jurídicos a
determinar si el actor tenía derecho al reajuste de su pensión de invalidez con aplicación
del porcentaje de ajuste anual del IPC para los años reclamados y si debía confirmarse
la sentencia de primera instancia. A partir de esa formulación, desarrolló un análisis
normativo, jurisprudencial y probatorio orientado a resolver exactamente la controversia
planteada por las partes.
23. En consecuencia, en la providencia cuestionada el Tribunal explicó que, a partir de
la Ley 238 de 1995, los pensionados de los regímenes especiales excluidos de la Ley
100 de 1993 no perdieron los beneficios previstos en los artículos 14 y 142 ejusdem.
Precisó que el actor no estaba reclamando el reajuste autónomo de salarios en actividad,
sino el reajuste de su pensión de invalidez ya reconocida; identificó el marco temporal en
que resultaba procedente confrontar el IPC con el principio de oscilación; y, con base en
las pruebas obrantes en el expediente, concluyó que procedía mantener la decisión que
accedió a las pretensiones. Así las cosas, no se configuró una ruptura sustancial entre lo
pedido, lo debatido y lo resuelto, además, se observa que el Tribunal sí explicó por qué
era procedente el reajuste en las anualidades 2001 a 2004.
24. Ahora bien, en el recurso de apelación la Policía Nacional sostuvo, entre otros
aspectos, que el actor pertenecía al Nivel Ejecutivo y no estaba cobijado por el Decreto
1212 de 1990; que el IPC no constituía el único criterio para definir incrementos salariales;
que no toda diferencia entre el aumento decretado y el índice inflacionario suponía una
vulneración constitucional; y que la protección reforzada frente a incrementos inferiores
al IPC no cobijaba al actor por superar el umbral de dos salarios mínimos. Frente a ello,
el Tribunal desarrolló el régimen legal y jurisprudencial del reajuste pensional del personal
retirado de la Fuerza Pública, estudió la incidencia de la Ley 238 de 1995, precisó la
reintroducción del principio de oscilación a partir del Decreto 4433 de 2004 y concluyó
que, tratándose del reajuste de la pensión de invalidez, procedía acudir al IPC en las
anualidades en que resultara más favorable. Así, aunque no replicó uno por uno los
argumentos de la apelación con la misma estructura de argumentos expuesta por la
recurrente, sí resolvió sustancialmente el desacuerdo planteado.
25. Conviene recordar que la congruencia no implica que el fallo deba replicar
literalmente los argumentos expuestos en los escritos procesales, sino que debe existir
una correspondencia sustancial entre lo pedido, lo debatido y lo resuelto. En este caso,
el Tribunal sí ejerció esa labor, pues se ocupó del objeto del recurso, identificó la tesis de
la entidad apelante y, a partir de su propia comprensión jurídica del litigio, confirmó la
decisión de primera instancia. Por tanto, la inconformidad de la recurrente no recae sobre
una ausencia real de pronunciamiento, sino sobre la interpretación desfavorable en que
le fueron resueltos sus reparos.
26. En cuanto al alegado desconocimiento del precedente y la aplicación de normas
presuntamente inaplicables, la Sala observa que esos reproches tampoco tienen
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vocación de prosperidad, pues de manera reiterada9 se ha precisado que el recurso
extraordinario de revisión no fue instituido para cuestionar la labor interpretativa del juez
natural ni el razonamiento jurídico adoptado en la instancia, ni para censurar el eventual
apartamiento de otros pronunciamientos judiciales. Tales aspectos no constituyen, por sí
mismos, una causal autónoma de revisión en los términos del artículo 250 del CPACA.
27. Por consiguiente, al no acreditarse una afectación sustancial del debido proceso ni
un vicio invalidante originado en la providencia recurrida, la causal invocada no se
encuentra demostrada y, en consecuencia, se declarará infundado el recurso
extraordinario de revisión.
Condena en costas
28. El artículo 70 de la Ley 2080 de 2021 modificó el artículo 255 del CPACA,
estableciendo un criterio objetivo para la imposición de costas, consistente en que estas
deben imponerse al recurrente cuando se declare infundado el recurso extraordinario de
revisión.
29. En ese sentido, en el caso concreto procedería la imposición de costas a la actora,
dado que se declarará infundado el recurso extraordinario de revisión. Sin embargo, al
no haberse acreditado su causación, toda vez que la parte accionada no intervino en el
trámite del proceso, no se impondrá condena en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley
III. RESUELVE
PRIMERO. DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto
por la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional contra la sentencia proferida el 19
de septiembre de 2022 por el Tribunal Administrativo del Atlántico dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho radicado 08001-33-33-013-2020-00055-01.
SEGUNDO. NO CONDENAR en costas a la Nación, Ministerio de Defensa, Policía
Nacional, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y ARCHIVAR el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, ver entre otras, la sentencia del 26 de septiembre de 2024,
Rad. 11001-03-25-000-2021-00625-00 (3064-2021).
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Radicación: 11001-03-25-000-2024-00036-00 (0603-2024)
Demandante: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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