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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03368-00

Fecha
25 de agosto de 2023
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03368-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, según lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la ley. 14 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001 03 15 000 2023 03368 00 Accionante: Nación- Ministerio de Defensa- Policía Nacional Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-03368-00

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

25 de agosto de 2023

Radicación: 11001 03 15 000 2023 03368 00
Accionante: Nación- Ministerio de Defensa- Policía Nacional

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2023 03368 00
Accionante: NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA- POLICÍA NACIONAL
Accionados: JUZGADO TRECE ADMINISTRATIVO DE BARRANQUILLA
Y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO, SALA DE
DECISIÓN ORAL A

Tesis: La acción de tutela es improcedente cuando la
controversia planteada por la parte actora pretende
reabrir el debate resuelto por el juez natural.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por la Nación, Ministerio de
Defensa, Policía Nacional, contra las sentencias proferidas, en su orden,
el 23 de noviembre de 2021 y el 19 de septiembre de 20221 por el Juzgado
Trece Administrativo de Barranquilla y la Sala de decisión oral A del
Tribunal Administrativo del Atlántico en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado nro. 08001 33
33 013 2020 00055 00/01.

1
Notificada el 25 de enero de 2023.
1

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Accionante: Nación- Ministerio de Defensa- Policía Nacional

1. SÍNTESIS DEL CASO

La parte actora promovió acción de tutela en contra de las precitadas
sentencias, con el fin de que se amparen los derechos fundamentales al
debido proceso y a la igualdad, y para ello formuló las siguientes
pretensiones2:

“[…] PRIMERA: Que se declare que la sentencia de sentencia (sic)
de primera instancia de fecha 23 de noviembre de 2021, proferido
por el Juzgado 13 administrativo del circuito de barranquilla, y de
segunda instancia del 19 de septiembre de 2022, proferida por el
Honorable Tribunal Administrativo del Atlántico- Sala de Decisión
Oral A, demandante Patrullero GUSTAVO ADOLFO OROZCO LICONA,
Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, violó los derechos
a la Igualdad y al Debido Proceso, de la Nación - Ministerio de
Defensa Nacional - Policía Nacional.

SEGUNDA: Que como consecuencia de la declaratoria anterior, se
conceda el amparo de tutela solicitado por la Policía Nacional, se
DEJE SIN EFECTOS las sentencias citadas, y se ordene al
HONORABLE TRIBUNAL ADMINISTRATIVO del ATLÁNTICO-
SUBSECCIÓN A dentro del término razonable que se considere,
dictar la sentencia de reemplazo, en la cual se acaten los
argumentos jurídicos expuestos en la presente acción y observando
el precedente vertical fijado por la Honorable Corte Constitucional y
Honorable Consejo de Estado en las sentencias relacionado con
negar el incremento de la mesada pensional con base al IPC., por
cuanto para la época del año 1997 a 2004, el actor se encontraba
en actividad, lo cual ha sido ampliamente decantado por el
honorable Consejo de Estado en múltiples sentencias, cuyo
desconocimiento se invocó […] [Mayúsculas y negrillas del escrito de
tutela].

2. SITUACIÓN FÁCTICA

La entidad accionante informó que el señor subintendente Gustavo Adolfo
Orozco Licona, obrando por conducto de apoderado, instauró demanda en
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la
Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, con la finalidad de que se
inaplicaran por inconstitucionales los artículos 15 y 49 del Decreto 1091

2
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03368 00.
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de 1995, el parágrafo del artículo 23 del Decreto 4433 de 2004 y el
parágrafo del artículo 3 del Decreto 1858 de 2012, y se declarara la
nulidad del acto administrativo contenido en el oficio nro. S-2019-
028281/ANOPA-GRULI-1.10 del 30 de mayo de 2019, que le negó el
reconocimiento y pago del subsidio familiar establecido en los Decretos
1212 y 1213 de 1990 y, por consiguiente, el incremento salarial.

Manifestó que la demanda correspondió por reparto al Juzgado Trece
Administrativo de Barranquilla que, en sentencia del 23 de noviembre de
2021, concedió las pretensiones bajo la consideración que, durante los
años 2001 al 2004, el incremento salarial se hizo por debajo del índice de
precios al consumidor - IPC -, con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 89 del Decreto 094 de 1989 y el artículo 30 del Decreto 4433 de
2004, relacionados con el reconocimiento y liquidación de la pensión de
invalidez de los miembros de las fuerzas militares y agentes de la Policía
Nacional.

Señaló que, inconforme con la decisión, presentó recurso de apelación y
la Sala de decisión oral A del Tribunal Administrativo del Atlántico, en
providencia del 19 de septiembre de 2022, la confirmó, indicando que,
“(…) dado que el actor reclama el reajuste de su pensión de invalidez, con
base en el IPC, para la Sala es evidente que al demandante le asiste
derecho a acceder al reajuste respecto a los años 1997 a 2004, en los
años que le sea más favorable, como quiera que, como se señaló
anteriormente, a partir de la entrada en vigencia del Decreto 4433 de 31
de diciembre de 2004, dicho reajuste ya no se haría más de conformidad
con el índice de precios al consumidor, sino con aplicación del principio de
oscilación, previsto en el artículo 42 del citado Decreto (…)”3.

Alegó que las autoridades judiciales accionadas interpretaron
erróneamente el ordenamiento legal que regula la carrera especial de los
miembros de la fuerza pública ya que el ajuste del salario del demandante

3
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
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debía efectuarse conforme los porcentajes establecidos en los Decretos
133 de 1995, 107 de 1996, 122 de 1997, 058 de 1998, 062 de 1999.

Sostuvo que se vulneró el derecho a la igualdad porque, según afirmó,
todas las demandas que se presentaron con el objeto de pretender el
reajuste de las mesadas pensionales con fundamento en el IPC en el
período comprendido entre 1997 a 2004, período en el cual los
demandantes se encontraban en servicio activo, fueron falladas negando
las pretensiones.

Expuso que las providencias cuestionadas desconocieron precedentes
judiciales, y al efecto, citó apartes de la sentencia proferida el 4 de
noviembre de 2021 por la Subsección A, Sección Segunda del Consejo de
Estado, en el proceso identificado con el radicado nro. 25000 23 42 000
2018 00589-014, y de la providencia proferida el 19 de abril de 2018 por
esta Sección en el proceso identificado con el radicado nro. 11001 03 15
000 2018 00349 015.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 22 de junio de 2023 a través del aplicativo
de recepción de tutelas en línea de la página web de la Rama Judicial y
correspondió por reparto a la Sección Primera que, por auto del 26 de
junio de 20236, la admitió y dispuso notificar7 al Juzgado Trece
Administrativo de Barranquilla y a los magistrados que integran el
Tribunal Administrativo del Atlántico como partes accionadas, así como

4
C.P.: William Hernández Gómez.
5
C.P.: Hernando Sánchez Sánchez.
6
Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03368 00.
7
Esta orden se cumplió el 6 de julio de 2023. Visto en el índice 7 de la Sede Electrónica
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vincular8 al señor Gustavo Adolfo Orozco Licona como tercero interesado
en el resultado del proceso.

Igualmente, requirió al Tribunal Administrativo del Atlántico y/o al
Juzgado Trece Administrativo de Barranquilla para que allegara copia
digital del expediente identificado con el radicado nro. 08001 33 33 013
2020 00055 00/01 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho,
el cual fue remitido9.

3.2. La titular del Juzgado Trece Administrativo de Barranquilla rindió
informe10 en el que explicó que en la decisión de primera instancia se
accedió parcialmente a las pretensiones y se declaró la nulidad del acto
acusado, dado que el entonces accionante tenía derecho a que su pensión
de invalidez fuera reajustada con base en el IPC; sin embargo, aclaró que
el reconocimiento no se elevó a los porcentajes solicitados, sino a la
diferencia que con base en los decretos de incremento se tenía frente al
IPC y, además, el derecho se contó a partir del 30 de abril de 2015, dado
que la reclamación administrativa se presentó el 30 de abril de 2019, en
aplicación a la prescripción cuatrienal establecida por el artículo 155 del
Decreto 1212 de 1990.

Adujo que la acción de tutela es improcedente porque la decisión
cuestionada se profirió en derecho, a la luz de la ley y la jurisprudencia,
y agregó que no puede utilizarse como una tercera instancia porque no
fue creada como herramienta para revivir términos, ni etapas procesales
o modificar decisiones judiciales.

3.3. La magistrada ponente de la decisión de segunda instancia
cuestionada presentó escrito11 en el que manifestó que para el caso objeto

8
Esta orden se cumplió el 11 de julio de 2023. Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03368 00.
9
Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03368 00.
10
Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03368 00.
11
Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03368 00.
5

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de estudio, a partir de la vigencia de la Ley 238 de 1995, el grupo de
pensionados de los sectores excluidos de la aplicación de la Ley 100 de
1993, tienen derecho al reajuste de sus pensiones o asignaciones de retiro
teniendo en cuenta la variación porcentual del IPC certificado por el DANE
y, dado que el entonces actor reclamó el reajuste de su pensión de
invalidez con base en el IPC, para la Sala fue evidente que le asistía el
derecho a acceder al reajuste respecto a los años 1997 a 2004.

Expuso que no se configuró una vulneración de los derechos
fundamentales invocados por la entidad accionante y que la motivación
de la providencia objeto de controversia fue clara y ceñida a los
lineamientos jurisprudenciales y normativos, con la debida valoración de
los medios de pruebas que se encontraban en el expediente.

3.4. El señor Gustavo Adolfo Orozco Licona guardó silencio.

3.5. El expediente ingresó al despacho para fallo el 21 de julio de 202312.

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA

4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad
con lo previsto por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de
noviembre de 199113 y el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de
mayo de 2015,14 modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de
abril de 202115, así como con fundamento en el artículo 13 del Acuerdo

12
Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03368 00.
13
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política”
14
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del
derecho” y establece las reglas de reparto de la acción de tutela.
15
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela”.
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nro. 080 del 12 de marzo de 201916 proferido por la Sala Plena del Consejo
de Estado que regula la distribución de negocios entre las secciones.

4.2. HECHOS RELEVANTES

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente17:

4.2.1. El señor Gustavo Adolfo Orozco Licona, a través de apoderado,
promovió demanda en el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho contra la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional,
con la finalidad de que no se aplicaran, por inconstitucionalidad, los
Decretos 2737 de 2001, 745 de 2002, 3552 de 2003 y 4158 de 2004 que
aumentaron su salario para los años 2001, 2002, 2003 y 2004,
respectivamente, y se declarara la nulidad del oficio nro. S-2019-
028281/ANOPA-GRULI-1.10 del 30 de mayo de 2019, que le negó la
modificación de la hoja de servicios nro. 72214400 del 17 de octubre de
2014.

A título de restablecimiento del derecho solicitó se le ordenara a la
demandada realizar el reajuste y la reliquidación de la pensión de
invalidez con base en el IPC establecido por el gobierno nacional para los
años 2001, 2002, 2003 y 2004, y se modificara la hoja de servicios nro.
72214400 del 17 de octubre de 2014, en el sentido de aplicar las primas
de retorno, servicios, vacaciones y navidad, así como el subsidio de
alimentación, como factores salariales y prestacionales del demandante.

4.2.2. La demanda correspondió por reparto al Juzgado Trece
Administrativo de Barranquilla que, en sentencia del 23 de noviembre de
2021, concedió parcialmente las pretensiones.

16
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
17
Lo que se desprende del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado
con el nro. 08001 33 33 013 2020 00055 00/01. Visto en el índice 10 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023
03368 00.
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4.2.3. En contra de la precitada decisión, la entidad accionante interpuso
recurso de apelación y el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de
decisión oral A, en providencia del 19 de septiembre de 2022, la confirmó.

4.3. ANÁLISIS DE LA SALA

Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una
cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin
de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera
de desconocer principios constitucionales como los de cosa juzgada,
debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial

El primer requisito de procedencia que el juez constitucional debe verificar
es la relevancia constitucional y, para ello, se detendrá en (i) los criterios
que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para identificar que
la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional,
para luego, analizarlos en el (ii) caso concreto.

4.3.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha
desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte
de evidente relevancia constitucional18

La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno
de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial es que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que “el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia,
el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué
la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de

18
Este requisito general de procedencia de la acción de tutela fue denominado en esos
términos en la sentencia C – 590 de 2005.
8

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relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las
partes”19.

Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar
claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia
constitucional; de otro modo, si no lo hace, estaría involucrándose en
aspectos que le corresponde resolver al juez natural y, precisamente, esta
es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de relevancia
constitucional20.

A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia
constitucional ha sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y en la sentencia SU – 573 de 2019 explicó que este
requisito persigue tres finalidades21:

(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional
deben estar reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la
relevancia22. De manera que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la

19
Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba
Triviño.
20
En ese mismo sentido, en la sentencia C – 590 de 2005, la Corte Constitucional precisó
que “los fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben
aclarar con transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez
debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra”.
21
Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos
Bernal Pulido. Este criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU 128 de
2021 y SU 103 de 2022.
22
Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la
sentencia del 29 de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de
Estado. Expediente nro. 11001 0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
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acción de tutela será improcedente por no superar la relevancia
constitucional.

4.3.2. Caso concreto

La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, se
detendrá en el examen del tercer criterio que la compone, el cual busca
impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

Frente a este elemento la Corte Constitucional ha dicho que 23 “la tutela
no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos de
mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios”, pues la competencia del juez de
tutela se restringe “a los asuntos de relevancia constitucional y a la
protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a
problemas de carácter legal”. En este orden de ideas, la tutela en contra
de una sentencia dictada, en particular, por una Alta Corte, exige
valorar, prima facie, si la decisión se fundamentó en una actuación
arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial, violatoria de derechos
fundamentales. Solo así se garantizaría “la órbita de acción tanto de los
jueces constitucionales, como de los de las demás jurisdicciones”, en
estricto respeto a la independencia de los jueces ordinarios”.

En la sentencia SU 215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la
tutela contra providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio
de corrección respecto del fallo cuestionado, “circunstancia que excluye
su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron
origen a la controversia judicial. Como se expresó con claridad en la
Sentencia SU-128 de 2021, este “enfoque impide que el mecanismo de
amparo constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia

23
Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos
Bernal Pulido.
10

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adicional para discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación
de la ley que dieron origen a la controversia judicial” (…)”. [Se destaca].

En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través
de la acción de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo
probatorio, o reprocha la convicción que genera en el fallador las pruebas
allegadas al expediente, o la inconformidad en la que se sustenta el
amparo radica en la interpretación de las normas de carácter legal que
regulan el caso, resulta evidente que este mecanismo constitucional está
siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el proceso ordinario y
como una instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo la
autonomía e independencia del juez natural.

La Sala considera que, en este evento, no se cumple el requisito de
relevancia constitucional, comoquiera que el tercer elemento que la
compone, esto es, impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces,
no está superado.

Lo anterior, debido a que la petición de amparo está siendo utilizada por
la entidad accionante para reabrir el debate que se surtió en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho, dado que las inconformidades
formuladas están encaminadas a cuestionar lo allí decidido, puesto que
se afirma que las accionadas interpretaron erróneamente el ordenamiento
legal que regula la carrera especial de los miembros de la fuerza pública,
con el fin de insistir en sede constitucional que, como el señor Orozco
Licona, para el período de 1997 al 2004, tenía la calidad de miembro
activo de la Policía Nacional, el ajuste de su salario debía hacerse acorde
con los porcentajes establecidos en los Decretos 133 de 1995, 107 de
1996, 122 de 1997, 058 de 1998, 062 de 1999.

En ese sentido, comoquiera que la acción de tutela está siendo empleada
para controvertir la valoración probatoria efectuada por el juez natural de
la causa y la interpretación de las fuentes formales aplicadas en las
sentencias cuestionadas, se concluye que, de acuerdo con la
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jurisprudencia constitucional aludida, la petición de amparo no cumple
con el tercer criterio de la relevancia constitucional.

Ahora bien, en cuanto al argumento de la parte actora relacionado con
que las autoridades judiciales accionadas desatendieron las providencias
proferidas el 4 de noviembre de 2021 por la Subsección A, Sección
Segunda, de esta Corporación, en el proceso identificado con el radicado
nro. 25000 23 42 000 2018 00589 01, y el 19 de abril de 2018 por esta
Sección en el proceso identificado con el radicado nro. 11001 03 15 000
2018 00349 01, la Sala observa que no fueron invocadas en el recurso de
apelación interpuesto en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, pese a que tuvo la oportunidad de hacerlo, comoquiera que
fueron dictadas con anterioridad al fallo de primera instancia cuestionado,
de donde se desprende que la acción de tutela está siendo utilizada como
una instancia o recurso adicional para exponer nuevos argumentos que
no fueron discutidos ante el juez natural de la causa y respecto de los
cuales no hubo un pronunciamiento debido a que no fueron objeto de
debate.

De otro lado, en cuanto a la providencia proferida el 3 de octubre del 2022
por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de decisión oral A, en el
proceso identificado con el radicado 08001 33 33 004 2021 00239 01, la
Sala advierte que la providencia invocada no constituye precedente, por
cuanto no fue proferida con anterioridad al fallo que resolvió el recurso de
apelación y que puso fin al proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.

La Sala destaca que el proceso judicial debate sobre las pretensiones, las
excepciones y los hechos que proponen demandante y demandado, y que
la decisión del juez se fundamenta precisamente en las razones de la
demanda y de la contestación, las pruebas y el derecho que ellas ponen
a su disposición, o, en los casos excepcionales que la ley prevé, de
conformidad con las facultades oficiosas que tiene.

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Por lo tanto, en los eventos en los cuales el juez decide precisamente
sobre la controversia que se le ha planteado, otorgándole la razón a
alguna de las partes, simplemente está ejerciendo las funciones que le
han sido atribuidas por la Constitución y la ley, en el ámbito de sus
competencias; y cualquier desconocimiento que a tales atribuciones
hiciera el juez constitucional constituiría claramente un pronunciamiento
por fuera de las competencias que le corresponden, utilizando además el
trámite de una acción que no ha sido diseñada con ese propósito, como
lo es la tutela.

En una condición de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional
el que vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin
competencia, entraría en la valoración legal y fáctica del proceso, para
modificar una decisión del juez competente para conocer del caso, en el
escaso término legal que le da la ley para pronunciarse, y siguiendo un
procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con el evidente riesgo
de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga decirlo, no
tiene la formación requerida.

Bajo tales circunstancias, cuando el juez de la causa se limita a
pronunciarse sobre las cuestiones fácticas y de derecho que fueron el
objeto del debate, porque así le fueron planteadas por el demandante y
el demandado en sus pretensiones, excepciones y hechos, resuelve
simplemente la controversia que le ha sido sometida, atendiendo sus
facultades constitucionales y legales; y no es el juez de constitucionalidad
el llamado a decirle cómo debe decidir el caso en particular, rompiendo
por demás el equilibrio entre las partes que precisamente se garantiza
con el proceso diseñado para dirimir la controversia.

Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha
atendido el debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que
se toma, cuando ella está por fuera de los planteamientos que en los
hechos y en derecho han formulado demandante y demandado, pues, en
este caso, la decisión puede comprometer el núcleo fundamental del

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debido proceso, en su elemento del derecho a la defensa, en la medida
en que tal decisión no haya podido ser controvertida. Pero es evidente
que ese no es el supuesto en la decisión que aquí se examina, ya que la
entidad accionante no alega que el juez se haya desviado de los hechos
o el derecho propuesto en el proceso.

Por lo anotado, sin ser necesario descender en otras consideraciones, la
Sala declarará improcedente la acción de tutela por cuanto no cumple con
el requisito general de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada
por la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, según lo expuesto
en la parte considerativa de esta sentencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria
de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los
términos señalados por la ley.

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Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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