Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-03725-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-03725-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-03725-00
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
25 de agosto de 2023
Radicación: 11001 03 15 000 2023 03725 00
Accionante: Marcela Esther Bermúdez Niño
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2023 03725 00
Accionante: MARCELA ESTHER BERMÚDEZ NIÑO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
Tesis: La acción de tutela es improcedente cuando la
controversia planteada por la parte actora pretende
reabrir el debate resuelto por el juez natural.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela presentada por la señora Marcela Esther
Bermúdez Niño contra la sentencia proferida el 9 de junio de 2023 por la
Subsección B, Sección Segunda, del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado nro. 11001 33 42 054 2020 00057 01.
1. SÍNTESIS DEL CASO
La parte actora promovió acción de tutela en contra de la precitada
sentencia, con el fin de que se ampare su derecho fundamental al debido
proceso, y para ello formuló la siguiente pretensión1:
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radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03725 00.
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Accionante: Marcela Esther Bermúdez Niño
“[…] restablecer en derecho y en los términos de la Constitución,
este irregular fallo de segunda instancia preferido por el Tribunal
Superior de Cundinamarca Sección Segunda Sub Sección B de fecha
9 de junio de 2023, del cual he sido víctima de vulneración de mis
derechos más fundamentales a un debido proceso y a la prevalencia
del fondo sobre las formas en las relaciones laborales […]”.
2. SITUACIÓN FÁCTICA
La accionante informó que en el año 2015 se vinculó, mediante contrato
de prestación de servicios profesionales, a la Unidad Administrativa
Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y
Contribuciones Parafiscales - UAE ITRC y prestó sus servicios a la oficina
asesora de tecnologías de la información para la revisión, evaluación y
acompañamiento técnico en la contratación de la entidad.
Manifestó que la mencionada vinculación se prorrogó por períodos
ininterrumpidos de un año, desde el 1 de julio de 2015 hasta el 31 de
diciembre de 2018.
Señaló que la relación contractual se trató de una verdadera relación
laboral e indicó que, en virtud de la no renovación de su contrato, el 2 de
septiembre de 2019, radicó derecho de petición ante la UAE ITRC
solicitando el reconocimiento y pago de las acreencias laborales producto
de la relación laboral existente; sin embargo, el 16 de octubre de 2019 se
le resolvió de manera negativa su petición.
Anotó que, ante tal negativa, presentó recurso de reposición y en subsidio
apelación y por medio de las Resoluciones nro. 709 del 27 de noviembre
de 2019 y nro. 774 del 18 de diciembre de 2019 se resolvieron dichos
recursos, respectivamente, confirmando la decisión, bajo el argumento
que lo que existió entre las partes fue una relación de carácter
contractual.
Expuso que, actuando por conducto de apoderado, instauró demanda en
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra
de la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Unidad
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Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas
y Contribuciones Parafiscales – UAE ITRC, con el fin que se declarara la
nulidad del oficio nro. 2-2019-010438 del 16 de octubre de 2019 y de las
Resoluciones nro. 709 del 27 de noviembre y 774 del 18 de diciembre de
2019.
Informó que la demanda correspondió por reparto al Juzgado Cincuenta
y Cuatro Administrativo de Bogotá que, en sentencia del 19 de septiembre
de 2022, concedió las pretensiones al encontrar probados los elementos
de la relación laboral correspondientes a la subordinación, la prestación
personal del servicio y la remuneración.
Señaló que, en contra de la precitada decisión, la entonces demandada
interpuso recurso de apelación y el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, en sentencia del 9 de
junio de 2023, la revocó.
Alegó que la autoridad judicial accionada hizo una indebida valoración
probatoria y explicó que la sentencia cuestionada “(…) presenta un
ostensible defecto fáctico, porque a pesar de haberse aportado a la
demanda administrativa todas las pruebas que demostraron: (i) una
verdadera relación laboral, (ii) la prestación personal del servicio (iii) la
remuneración o pago por parte de la Entidad ITRC y, iv) la evidente
subordinación, con la - falta de autonomía e independencia continuada
por casi 4 años de la relación “contractual”, ciertamente laboral con el
ITRC, el juez de segunda instancia no les proporcionó el valor probatorio
verdadero que se les debía dar, en este sentido, el juez careció totalmente
de apoyo probatorio que le permitiera la aplicación del supuesto legal en
el que sustentó su decisión, conculcando con ello derechos de orden
fundamental (…)”2.
2
Ibídem.
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3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada el 7 de julio de 2023 a través del aplicativo de
recepción de tutelas en línea de la página web de la Rama Judicial y
correspondió por reparto a la Sección Primera que, por auto del 12 de
julio de 20233, la admitió y dispuso notificar4 a los magistrados que
integran la Subsección B, Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca como parte accionada, así como vincular5 a la Nación -
Ministerio de Hacienda y Crédito Público y a la Unidad Administrativa
Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y
Contribuciones Parafiscales - UAE ITRC, como tercero interesado en el
resultado del proceso.
Igualmente, requirió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca y/o al
Juzgado Cincuenta y Cuatro Administrativo de Bogotá para que allegara
copia digital del expediente identificado con el radicado nro. 11001 33 42
054 2020 00057 01 del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, el cual fue remitido6.
3.2. El magistrado ponente de la providencia cuestionada rindió informe7
en el que manifestó que los argumentos descritos en dicha decisión no
fueron producto de una valoración inadecuada, o mucho menos
inventados por el tribunal accionado, sino que obedecieron a una
verificación de las pruebas documentales y testimoniales que reposaban
en el proceso contencioso.
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Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03725 00.
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Esta orden se cumplió el 18 de julio de 2023. Visto en el índice 7 de la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03725 00.
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Ibídem.
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Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03725 00.
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Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03725 00.
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Concluyó que no es de recibo que, a través de la acción de tutela, se
pretendan desvirtuar las pruebas recaudadas y que eran de pleno
conocimiento de la parte, quien, agregó, no agotó los mecanismos
ordinarios procesales con los que contaba para refutarlas o tacharlas de
falsas.
3.3. La apoderada de la Unidad Administrativa Especial Agencia del
Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales - UAE
ITRC presentó escrito8 en el que aseveró que el tribunal accionado “(…)
hizo un análisis entre el contrato de prestación de servicios y el contrato
realidad, partiendo de lo manifestado en la demanda, en la contestación
realizada por la defensa, en el diferente material probatorio debatido
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, el cual
contó con todas las garantías constitucionales y legales propias de la
jurisdicción contenciosa administrativa, además de los diferentes
pronunciamientos jurisprudenciales de las altas cortes de cierre,
concluyendo de manera acertada que no se encontró acreditado la
subordinación o dependencia requisito indispensable para conjurarse el
contrato realidad (…)”.
3.4. El subdirector jurídico del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
allegó escrito9 en el que señaló que no ha vulnerado, ni por acción ni por
omisión, los derechos fundamentales de la accionante, y que esa cartera
ministerial carece de competencia para acceder a lo pretendido en la
acción de tutela, comoquiera que no puede intervenir en las decisiones
adoptadas por los despachos judiciales.
Sostuvo que la acción de tutela no debe ser utilizada como una tercera
instancia dentro del trámite jurisdiccional, “(…) ni un mecanismo de
defensa que reemplace aquellos otros diseñados por el legislador que se
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Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03725 00.
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Visto en el índice 12 y 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03725 00.
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utilice con el fin de subsanar omisiones de los interesados y con lo que se
pretenda corregir oportunidades vencidas dentro de un proceso (…)”.
Solicitó que se declare la improcedencia de la solicitud de amparo y que
se desvincule al ministerio del trámite tutelar.
3.5. El expediente ingresó al despacho para fallo el 28 de julio de 202310.
4. CONSIDERACIONES DE LA SALA
4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad
con lo previsto por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de
noviembre de 199111 y el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de
mayo de 2015,12 modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de
abril de 202113, así como con fundamento en el artículo 13 del Acuerdo
nro. 080 del 12 de marzo de 201914 proferido por la Sala Plena del Consejo
de Estado que regula la distribución de negocios entre las secciones.
4.2. CUESTIÓN PREVIA
En relación con la solicitud de desvinculación que formuló el subdirector
jurídico del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se advierte que la
petición no es procedente, comoquiera que se vinculó al citado ministerio
por tener interés en las resultas del proceso, atendiendo a que la demanda
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Visto en el índice 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03725 00.
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“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política”
12
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del
derecho” y establece las reglas de reparto de la acción de tutela.
13
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela”.
14
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
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de nulidad y restablecimiento del derecho que es objeto de esta acción
fue promovida contra dicha cartera ministerial.
4.3. HECHOS RELEVANTES
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente15:
4.3.1. La señora Marcela Esther Bermúdez Niño, actuando a través de
apoderado, promovió demanda en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación - Ministerio de Hacienda y
Crédito Público y la Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector
General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales – UAE ITRC,
con la finalidad de que (i) se declarara la nulidad del oficio nro. 2-2019-
010438 del 16 de octubre de 2019 y las Resoluciones nro. 709 del 27 de
noviembre y 774 del 18 de diciembre de 2019 y (ii) se declarara la
existencia del contrato realidad entre las partes. A título de
restablecimiento del derecho solicitó se le ordenara a la demandada
reconocer y pagar todas las prestaciones laborales a las que tenía
derecho.
4.3.2. La demanda correspondió por reparto al Juzgado Cincuenta y
Cuatro Administrativo de Bogotá que, en sentencia del 19 de septiembre
de 2022, concedió las pretensiones.
4.3.3. En contra de la precitada decisión, la accionante interpuso recurso
de apelación y el Tribunal Administrativo Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección B, en providencia del 9 de junio de 2023, la revocó.
15
Lo que se desprende del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado
con el nro. 11001 33 42 054 2020 00057 01. Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica
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4.4. ANÁLISIS DE LA SALA
Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una
cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin
de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera
de desconocer principios constitucionales como los de cosa juzgada,
debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.
El primer requisito de procedencia que el juez constitucional debe verificar
es la relevancia constitucional y, para ello, se detendrá en (i) los criterios
que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para identificar que
la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional,
para luego, analizarlos en el (ii) caso concreto.
4.4.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha
desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte
de evidente relevancia constitucional16
La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno
de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial es que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que “el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia,
el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué
la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las
partes”17.
16
Este requisito general de procedencia de la acción de tutela fue denominado en esos
términos en la sentencia C – 590 de 2005.
17
Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba
Triviño.
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Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar
claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia
constitucional; de otro modo, si no lo hace, estaría involucrándose en
aspectos que le corresponde resolver al juez natural y, precisamente, esta
es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de relevancia
constitucional18.
A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia
constitucional ha sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y en la sentencia SU – 573 de 2019 explicó que este
requisito persigue tres finalidades19:
(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional
deben estar reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la
relevancia20. De manera que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la
acción de tutela será improcedente por no superar la relevancia
constitucional.
18
En ese mismo sentido, en la sentencia C – 590 de 2005, la Corte Constitucional precisó
que “los fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben
aclarar con transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez
debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra”.
19
Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos
Bernal Pulido. Este criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU 128 de
2021 y SU 103 de 2022.
20
Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la
sentencia del 29 de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de
Estado. Expediente nro. 11001 0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
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4.4.2. Caso concreto
La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, se
detendrá en el examen del tercer criterio que la compone, el cual busca
impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
Frente a este elemento la Corte Constitucional ha dicho que21 “la tutela
no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos de
mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios”, pues la competencia del juez de
tutela se restringe “a los asuntos de relevancia constitucional y a la
protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a
problemas de carácter legal”. En este orden de ideas, la tutela en contra
de una sentencia dictada, en particular, por una Alta Corte, exige
valorar, prima facie, si la decisión se fundamentó en una actuación
arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial, violatoria de derechos
fundamentales. Solo así se garantizaría “la órbita de acción tanto de los
jueces constitucionales, como de los de las demás jurisdicciones”, en
estricto respeto a la independencia de los jueces ordinarios”.
En la sentencia SU 215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la
tutela contra providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio
de corrección respecto del fallo cuestionado, “circunstancia que excluye
su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron
origen a la controversia judicial. Como se expresó con claridad en la
Sentencia SU-128 de 2021, este “enfoque impide que el mecanismo de
amparo constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia
adicional para discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación
de la ley que dieron origen a la controversia judicial” (…)”. [Se destaca].
21
Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos
Bernal Pulido.
10
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En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través
de la acción de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo
probatorio, o reprocha la convicción que genera en el fallador las pruebas
allegadas al expediente, o la inconformidad en la que se sustenta el
amparo radica en la interpretación de las normas de carácter legal que
regulan el caso, resulta evidente que este mecanismo constitucional está
siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el proceso ordinario y
como una instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo la
autonomía e independencia del juez natural.
La Sala considera que, en este evento, no se cumple el requisito de
relevancia constitucional, comoquiera que el tercer elemento que la
compone, esto es, impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces,
no está superado.
Lo anterior, debido a que la petición de amparo está siendo utilizada por
la accionante para reabrir el debate que se surtió en el proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho, dado que las inconformidades formuladas
están encaminadas a controvertir la valoración que el juez natural de la
causa hizo sobre el acervo probatorio frente a la existencia del contrato
realidad, en tanto que alega que, “(…) a pesar de haberse aportado a la
demanda administrativa todas las pruebas que demostraron: (i) una
verdadera relación laboral, (ii) la prestación personal del servicio (iii) la
remuneración o pago por parte de la Entidad ITRC y, iv) la evidente
subordinación, con la - falta de autonomía e independencia continuada
por casi 4 años de la relación “contractual”, ciertamente laboral con el
ITRC, el juez de segunda instancia no les proporcionó el valor probatorio
verdadero que se les debía dar (…)”22.
En ese sentido, comoquiera que la acción de tutela está siendo empleada
para controvertir la valoración probatoria efectuada por el juez natural de
22
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la causa, se concluye que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional
aludida en referencia, la petición de amparo no cumple con el tercer
criterio de la relevancia constitucional.
La Sala destaca que el proceso judicial debate sobre las pretensiones, las
excepciones y los hechos que proponen demandante y demandado, y que
la decisión del juez se fundamenta precisamente en las razones de la
demanda y de la contestación, las pruebas y el derecho que ellas ponen
a su disposición, o, en los casos excepcionales que la ley prevé, de
conformidad con las facultades oficiosas que tiene.
Por lo tanto, en los eventos en los cuales el juez decide precisamente
sobre la controversia que se le ha planteado, otorgándole la razón a
alguna de las partes, simplemente está ejerciendo las funciones que le
han sido atribuidas por la Constitución y la ley, en el ámbito de sus
competencias; y cualquier desconocimiento que a tales atribuciones
hiciera el juez constitucional constituiría claramente un pronunciamiento
por fuera de las competencias que le corresponden, utilizando además el
trámite de una acción que no ha sido diseñada con ese propósito, como
lo es la tutela.
En una condición de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional
el que vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin
competencia, entraría en la valoración legal y fáctica del proceso, para
modificar una decisión del juez competente para conocer del caso, en el
escaso término legal que le da la ley para pronunciarse, y siguiendo un
procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con el evidente riesgo
de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga decirlo, no
tiene la formación requerida.
Bajo tales circunstancias, cuando el juez de la causa se limita a
pronunciarse sobre las cuestiones fácticas y de derecho que fueron el
objeto del debate, porque así le fueron planteadas por el demandante y
el demandado en sus pretensiones, excepciones y hechos, resuelve
simplemente la controversia que le ha sido sometida, atendiendo sus
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facultades constitucionales y legales; y no es el juez de constitucionalidad
el llamado a decirle cómo debe decidir el caso en particular, rompiendo
por demás el equilibrio entre las partes que precisamente se garantiza
con el proceso diseñado para dirimir la controversia.
Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha
atendido el debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que
se toma, cuando ella está por fuera de los planteamientos que en los
hechos y en derecho han formulado demandante y demandado, pues, en
este caso, la decisión puede comprometer el núcleo fundamental del
debido proceso, en su elemento del derecho a la defensa, en la medida
en que tal decisión no haya podido ser controvertida. Pero es evidente
que ese no es el supuesto en la decisión que aquí se examina, ya que la
accionante no alega que el juez se haya desviado de los hechos o el
derecho propuesto en el proceso.
Por lo anotado, sin ser necesario descender en otras consideraciones, la
Sala declarará improcedente la acción de tutela por cuanto no cumple con
el requisito general de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por la Nación
– Ministerio de Hacienda y Crédito Público, atendiendo lo señalado en la
parte motiva.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada
por la señora Marcela Esther Bermúdez Niño, según lo expuesto en la
parte considerativa de esta sentencia.
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Radicación: 11001 03 15 000 2023 03725 00
Accionante: Marcela Esther Bermúdez Niño
TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria
de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los
términos señalados por la ley.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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