Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04077-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04077-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-04077-00
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
14 de septiembre de 2023
Radicación: 11001 03 15 000 2023 04077 00
Accionante: Ramón Elías López Barreto
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2023 04077 00
Accionante: RAMÓN ELÍAS LÓPEZ BARRETO
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
Tesis: La acción de tutela es improcedente cuando el debate
planteado por la parte actora no implica la afectación del
núcleo esencial de los derechos fundamentales que
invoca.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Ramón Elías
López Barreto, contra el auto proferido el 28 de junio de 2023 por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado nro. 76001 33
33 012 2022 00069 01.
1. SÍNTESIS DEL CASO
La parte actora promovió acción de tutela en contra del precitado auto,
con el fin de que se amparen los derechos fundamentales al debido
proceso, igualdad, seguridad social y mínimo vital, y para ello formuló las
siguientes pretensiones1:
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Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 04077 00.
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Accionante: Ramón Elías López Barreto
“[…] Que de manera transitoria, para evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable y mientras se surte el proceso judicial ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, se protejan mis
derechos fundamentales al debido proceso, la igualdad, la seguridad
social, el mínimo vital y el principio de favorabilidad laboral, y en
consecuencia, se proceda a REVOCAR Y/O DEJAR SIN EFECTO la
decisión adoptada por El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
Magistrados Zorany Castillo Otalora, Ana Margoth Chamorro y Víctor
Adolfo Hernández, mediante Auto Interlocutorio No. 489 del (28) de
junio de 2023, que ordenó la medida cautelar solicitada consistente
en la suspensión provisional de la Resolución SUB 185209 de (06)
de agosto de 2021, es decir, del pago de mi mesada pensional por
vejez, afectando mi mínimo vital, mis condiciones humanas, mi
dignidad, calidad de vida y la de mi familia en las dimensiones en
las cuales me venía desarrollando […]” (Mayúsculas del escrito de
tutela).
2. SITUACIÓN FÁCTICA
El accionante informó que la Administradora Colombiana de Pensiones,
Colpensiones, promovió demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho, con el fin de que se declarara la nulidad de la Resolución nro.
SUB 185209 del 6 de agosto de 2021, a través de la cual Colpensiones le
reconoció la pensión de vejez y, que, dicha entidad solicitó la suspensión
provisional del precitado acto administrativo.
Manifestó que la demanda le correspondió por reparto al Juzgado Doce
Administrativo del Circuito de Cali, que por auto del 16 de enero de 2023
negó la medida cautelar.
Señaló que, inconforme con la decisión, Colpensiones presentó recurso de
apelación, el cual fue decidido mediante providencia del 28 de junio de
2023 por el Tribunal Administrativo del Valle de Cauca, en el sentido de
revocar el auto del 16 de enero de 2023 proferido por el a quo y decretar
la suspensión provisional de la Resolución nro. SUB 185209 del 6 de
agosto de 2021, por la que Colpensiones le reconoció la pensión de vejez
al señor López Barreto.
Indicó que en el recurso de apelación presentado en contra del auto de
16 de enero de 2023, por el que se negó la suspensión provisional de la
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referida resolución, Colpensiones alegó que el operador judicial debía
analizar la figura de la compatibilidad pensional; sin embargo, a su juicio,
esa figura no justifica la necesidad de la medida que riñe con sus derechos
fundamentales.
Adujo que en el recurso de apelación Colpensiones también sostuvo que
la compatibilidad pensional es la única figura que habilita a la persona que
percibe una pensión extralegal a continuar cotizando ante Colpensiones
para obtener la pensión legal por vejez; no obstante, el accionante
consideró que según el parágrafo 2 del artículo 60 de la convención
colectiva que obra en el expediente, la jubilación reconocida es compatible
en un 100% con la pensión legal por vejez reconocida por Colpensiones,
por lo que afirmó que sí estaba habilitado para seguir cotizando hasta
cumplir los requisitos para acceder a la pensión legal por vejez.
Expresó que Colpensiones también alegó en el proceso ordinario que él
no era beneficiario de la compatibilidad pensional, razón por la que las
únicas cotizaciones que se debieron tener en cuenta para el
reconocimiento pensional son las que se hicieron hasta el momento de
retiro del servicio, esto es, hasta el 2008, fecha para la que no había
acumulado 1.300 semanas necesarias para acceder a la pensión de vejez.
Sobre el particular, estimó que no se le puede generar un perjuicio por
un yerro jurídico de Colpensiones al momento de emitir el acto
administrativo y que, según el concepto BZ_2018_58147 de la oficina
asesora de asuntos legales de Colpensiones “(…) …cuando el origen de la
pensión es extralegal, procede su acumulación, con independencia de la
fuente de financiación y siempre que las partes así lo hayan pactado, y se
cumplan los presupuestos normativos para generar la pensión de vejez
(…)”.
Aseveró que en el auto del 28 de junio de 2023, que ahora se ataca, el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca señaló que la litis versaba
sobre la compatibilidad pensional de la mesada reconocida pero, a su
juicio, si bien el debate gira alrededor de la compartibilidad o la
compatibilidad pensional, ello no constituye un elemento determinante
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para adoptar una medida tan gravosa, máxime cuando eso es lo que se
va a discutir al interior del proceso.
Expuso que el hecho de que Colpensiones hubiera afirmado en el proceso
ordinario que el señor Ramón Elías López gozaba de dos pensiones sin
tener derecho a ello no justifica la medida adoptada en el auto
cuestionado, ya que cuando el origen de una pensión es extralegal,
procede su acumulación con independencia de la fuente de financiación y
siempre que las partes así lo hubieran pactado y se cumplan los
presupuestos normativos para generar la pensión de vejez.
Manifestó que en su caso la pensión de jubilación fue reconocida conforme
a lo previsto en la convención colectiva y la pensión de vejez como fruto
de los aportes y cotizaciones válidas, para las que estaba autorizado
según lo dispuesto por el parágrafo del artículo 18 del Decreto 758 de
1990.
Arguyó que el acto administrativo cuya nulidad se pretende en el proceso
ordinario no adolece de algún vicio de legalidad y, agregó, que no se
acreditó la mala fe de su parte para obtener el reconocimiento pensional,
pues actuó con la convicción de que le asistía el derecho a ello.
Citó la sentencia del 19 de enero de 2016 proferida por el Consejo de
Estado dentro del expediente 4520-20152 y mencionó que en su caso no
se afecta la estabilidad financiera del sistema pensional, toda vez que la
pensión extralegal fue reconocida en virtud de la convención colectiva de
trabajo, asumida por el municipio de Palmira en su totalidad, y la pensión
de vejez encuentra su financiación en los periodos de cotización del
trabajador.
Adujo que según la sentencia C-133 de 1993 emitida por la Corte
Constitucional y la sentencia del 9 de marzo de 2010 proferida por la Corte
Suprema de Justicia dentro del expediente nro. 34299, “(…) los recursos
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C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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que administra el ISS, así provengan de las cotizaciones de entes públicos
con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, no
gozan de la calidad de públicos, por lo cual, en principio, la percepción de
una asignación pagada por el ISS no es incompatible con la de otra
asignación del tesoro público (…)”, por lo que, consideró que no existe
incompatibilidad ni causa legal justa para haber decretado una medida
cautelar gravosa que vulnera sus derechos fundamentales.
Insistió en que la pensión de jubilación convencional que le reconoció el
municipio de Palmira y la pensión de vejez que se discute en el proceso
ordinario, son compatibles debido a que así lo dispuso la Convención
Colectiva de Trabajo suscrita por el empleador y el sindicato de
trabajadores, es decir, “(…) la fuente de derechos de la jubilación es el
acuerdo colectivo y de la pensión legal de vejez es la ley (…)”, lo que se
dijo en la sentencia del 26 de abril de 2017, proferida por la Corte
Suprema de Justicia dentro del proceso radicado con el número SL6116-
2017.
Expuso que el auto atacado fue proferido con desconocimiento del
precedente, defecto fáctico y violación directa de la Constitución “(…) pues
la corporación accionada no dieron (sic) aplicación a la reiterada
jurisprudencia laboral, constitucional y de su órgano de cierre, sobre el
fenómeno jurídico de la compatibilidad y compartibilidad pensional, se
actuó sin el apoyo probatorio suficiente para dar aplicación a un supuesto
legal, sin reunir los requisitos para tal procedencia y vulnerando la
constitución nacional infringiendo con su decisión de manera directa los
artículos 13, 29, 48 y 53 de la constitución nacional (…)”.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
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3.1. La tutela fue radicada el 27 de julio de 2023 a través del aplicativo
de recepción de tutelas en línea de la página web de la Rama Judicial y
correspondió por reparto a la Sección Primera que, por auto del 28 de
julio de 20233, la admitió y dispuso notificar4 al Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, como parte accionada, así como vincular5 al Juzgado
Primero Administrativo del Circuito de Cali y a la Administradora
Colombiana de Pensiones, Colpensiones, como terceros interesados en el
resultado del proceso.
Igualmente, requirió al precitado juzgado y al Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca para que allegara copia digital del expediente identificado
con el radicado nro. 76001 33 33 012 2022 00069 00/01 del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, el cual fue remitido6.
3.2. El magistrado del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
ponente de la decisión atacada, rindió informe7 en el que expuso que no
ha vulnerado los derechos invocados por el accionante y que la
providencia del 28 de junio de 2023 contiene las argumentaciones
necesarias con las cuales la Sala de Decisión de esa Corporación, de
manera unánime, resolvió revocar la decisión proferida por el a quo en el
proceso ordinario, que negaba la medida cautelar.
Adujo que en el auto censurado se dijo que la única razón que imponía a
la Sala el decreto de la medida cautelar era la protección de la estabilidad
financiera del sistema pensional y el interés público, pues el señor López
Barreto estaría disfrutando de dos pensiones sin tener derecho a ello,
según lo narrado por la entidad demandante en el proceso ordinario.
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Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 04077 00.
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Esta orden se cumplió el 2 de agosto de 2023. Visto en el índice 7 de la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 04077 00.
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Esta orden se cumplió el 11 de julio de 2023. Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03368 00.
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Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 04077 00.
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Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03368 00.
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Accionante: Ramón Elías López Barreto
Agregó que en la decisión atacada el tribunal optó por adoptar una
postura protectora de los derechos del pensionado pero también del erario
público por lo que resolvió decretar la medida cautelar “(…) supeditada a
que se acredite en el proceso que el demandado está percibiendo la
pensión convencional reconocida por el municipio de Palmira, de lo
contrario, Colpensiones deberá continuar pagando al señor López Barreto
la mesada pensional hasta tanto se defina de fondo el caso en la sentencia
que ponga fin al proceso (…)”.
En atención a lo anterior, afirmó que no podría considerarse que con la
decisión se afectó el derecho al mínimo vital del accionante, debido a que
el ingreso pensional se encuentra protegido por la decisión adoptada.
3.3. Por correo electrónico remitido a la Secretaría General de esta
Corporación el 4 de agosto de 20238 el Juzgado Primero Administrativo
del Circuito de Cali informó que el proceso con radicación nro. 76001 33
33 012 2022 00069 00 era de conocimiento del Juzgado Doce
Administrativo del Circuito de Cali.
A su vez, la oficina de apoyo de los juzgados administrativos de Cali de la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali, envió el
3 de agosto de 2023 un correo electrónico al Juzgado Doce Administrativo
de Cali con el asunto “notifica actuación procesal RAD. 2023-04077-00”9.
Por su parte, el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Cali remitió
el expediente digital del proceso 76001 33 33 012 2022 00069 00 y no
rindió informe.
3.4. La directora de la Dirección de Acciones Constitucionales de la
Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, presentó
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Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
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Ibidem.
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escrito10 en el que manifestó que el tribunal accionado aplicó las normas,
preceptos constitucionales y la jurisprudencia pertinente en la materia y,
además, sostuvo que las actuaciones de la autoridad judicial no
transgredieron, violaron o amenazaron los derechos fundamentales del
señor Ramón Elías López.
Estimó que decidir de fondo las pretensiones del accionante y acceder a
las mismas, invade la órbita del juez ordinario y excede las competencias
del juez constitucional, en la medida en que no se probó la vulneración a
los derechos fundamentales invocados ni la existencia de un perjuicio
irremediable.
3.5. El expediente ingresó al despacho para fallo el 15 de agosto de
202311.
4. CONSIDERACIONES DE LA SALA
4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad
con lo previsto por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de
noviembre de 199112 y el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de
mayo de 2015,13 modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de
abril de 202114, así como con fundamento en el artículo 13 del Acuerdo
nro. 080 del 12 de marzo de 201915 proferido por la Sala Plena del Consejo
de Estado que regula la distribución de negocios entre las secciones.
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Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
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radicado nro. 11001 03 15 000 2023 04077 00.
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“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política”
13
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del
derecho” y establece las reglas de reparto de la acción de tutela.
14
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela”.
15
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
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4.2. HECHOS RELEVANTES
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente:
4.2.1. Mediante la Resolución nro. SUB 185209 del 6 de agosto de 2021,
la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, reconoció el
pago de una pensión de vejez a favor del señor Ramón Elías López
Barreto16.
4.2.2. La Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones,
presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra
del señor Ramón Elías López Barreto, en la que formuló las siguientes
pretensiones17:
“[…] 1. Que se declare la Nulidad de la Resolución No. SUB 185209
de 06 de agosto de 2021 por la cual Colpensiones reconoció una
pensión de vejez al señor RAMON ELIAS LOPEZ BARRETO,
identificado con CC No. 16,263,618, a partir del del 26 de mayo de
2021, según lo establecido en la ley 797 de 2003, toda vez que no
acredita las semanas requeridas para ser beneficiario de la
prestación.
2. A título de restablecimiento del derecho, se ORDENE al señor
RAMON ELIAS LOPEZ BARRETO, identificado con CC No. 16,263,618,
REINTEGRAR el valor económico que resulte de las sumas recibidas
por concepto de mesada pensional desde el reconocimiento del
derecho, hasta que se conceda la nulidad de la resolución SUB
185209 de 06 de agosto de 2021 […]”. (Mayúsculas del original).
Asimismo, como medida cautelar, solicitó la suspensión provisional de la
Resolución nro. SUB 185209 de 06 de agosto de 2021, por la que
Colpensiones le reconoció una pensión de vejez al accionante.
4.2.3. La demanda correspondió por reparto al Juzgado Doce
Administrativo del Circuito de Cali que, luego de admitirla, por auto del
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Accionante: Ramón Elías López Barreto
16 de enero de 2023, negó la medida cautelar de suspensión provisional
solicitada por Colpensiones18.
4.2.4. Inconforme con la decisión, Colpensiones presentó recurso de
apelación que fue decidido por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca y dispuso19:
“[…] PRIMERO: REVOCAR el auto del 16 de enero de 2023
proferido por el Juzgado Primero Administrativo de Cali, que negó la
suspensión provisional del acto administrativo que reconoció una
pensión de vejez al señor RAMÓN ELIAS LOPEZ BARRETO.
SEGUNDO: DECRETAR LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL de la
resolución No. SUB 185209 del 06 de agosto de 2021, mediante la
cual se le reconoció la pensión de vejez al señor RAMON ELIAS
LOPEZ BARRETO.
LA SUSPENSIÓN DEL ACTO ESTARÁ SUPEDITADA a que se
acredite en el proceso que el señor RAMON ELIAS LOPEZ BARRETO
está percibiendo la pensión convencional reconocida por el Municipio
de Palmira, de lo contrario, COLPENSIONES DEBERÁ continuar
pagando al demandado la mesada pensional hasta tanto se defina
de fondo el caso, en la sentencia que ponga fin al proceso […]”.
(Resaltado y subrayas del original).
4.3. ANÁLISIS DE LA SALA
Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una
cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin
de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera
de desconocer principios constitucionales como los de cosa juzgada,
debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.
El primero de los requisitos generales que el juez constitucional debe
examinar para establecer si la acción de tutela es procedente contra
providencia judicial es la relevancia constitucional, para ello, la Sala
analizará (i) los criterios que la jurisprudencia constitucional ha
18
Ibidem.
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Accionante: Ramón Elías López Barreto
desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte de
evidente relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el (ii) caso
concreto.
4.3.1. El requisito general de relevancia constitucional
La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno
de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial es que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que “el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia,
el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué
la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las
partes”20.
Lo anterior, implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar
claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia
constitucional; de otro modo, si no lo hace, estaría involucrándose en
aspectos que le corresponde resolver al juez natural y, precisamente, esta
es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de relevancia
constitucional.
A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia
constitucional ha sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, y en la sentencia SU – 573 de 2019 explicó que este
requisito persigue tres finalidades21:
20
Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba
Triviño.
21
Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos
Bernal Pulido. Este criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU 128 de
2021 y SU 103 de 2022.
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Accionante: Ramón Elías López Barreto
(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional
deben estar reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la
relevancia22. De manera que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la
acción de tutela será improcedente por no superar la relevancia
constitucional.
4.3.2. Caso concreto
Bajo los anteriores parámetros jurisprudenciales, la Sala examinará el
primer criterio de la relevancia constitucional, para determinar si, en el
caso, este requisito general de procedencia está cumplido.
En cuanto a la primera finalidad, esto es, restringir el ejercicio de
la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que
afecten los derechos fundamentales
La Corte Constitucional, en la sentencia SU 573 de 2019, explicó que este
primer elemento de la relevancia supone que “(…) el caso [debe
involucrar] algún debate jurídico que gir[e] en torno al contenido, alcance
y goce de algún derecho fundamental (…)”.
En esa medida, este primer criterio, implica que la acción de tutela que
se promueva contra una providencia judicial debe proponer un debate
22
Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la
sentencia del 29 de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de
Estado. Expediente nro. 11001 0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
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sobre el contenido, alcance o goce de un derecho fundamental, pues sólo
así se podrá establecer que el asunto es evidentemente de naturaleza
constitucional; ello quiere significar que, quien interpone una acción de
tutela, tiene la carga de identificar cuál es el derecho fundamental que
estima afectado y explicar los motivos por los cuales considera que la
sentencia atacada lo está vulnerando.
En consonancia con lo dicho, la Corte Constitucional, en la sentencia SU
573 de 2019, manifestó que “la acreditación de esta exigencia [el
requisito de relevancia constitucional], más allá de la mera adecuación
del caso a un lenguaje que exponga una relación con derechos
fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de una
restricción prima facie desproporcionada a un derecho fundamental, que
no es lo mismo que una simple relación con aquel”. [Se destaca] Este
criterio23 fue reiterado en las sentencias SU 128 de 202124, SU 103 de
202225 y SU 215 de 202226.
El criterio jurisprudencial contenido en las precitadas sentencias,
consistente en que, para superar el requisito de relevancia, no basta con
la mera enunciación de los derechos fundamentales, sino que supone por
parte del actor la carga de justificar razonablemente la existencia de una
restricción prima facie desproporcionada respecto de un derecho
fundamental, evidencia que es precisamente esa la razón por la cual es
necesario que, para la acreditación de este primer elemento que compone
23
Además, en un pronunciamiento anterior, esto es, en la sentencia T – 422 de 2018,
la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional confirmó la decisión de la Sección
Primera del Consejo de Estado que había declarado improcedente la acción de tutela por
no cumplir con los requisitos de relevancia constitucional e inmediatez; en cuanto a la
relevancia, la Corte indicó, entre otras razones, que el requisito de relevancia no estaba
cumplido por cuanto: “si bien la parte actora asegura que las providencias demandadas
desconocen sus derechos fundamentales, la relevancia constitucional de un asunto no
se determina con la mera enunciación de los derechos fundamentales presuntamente
comprometidos, sino mediante la acreditación razonable de una presunta amenaza o
vulneración de los mismos”.
24
Corte Constitucional. Sentencia SU – 128 del 6 de mayo de 2021. M.P.: Cristina Pardo
Schlesinger.
25
Corte Constitucional. Sentencia SU – 103 del 17 de marzo de 2022. M.P. Alejandro
Linares Cantillo.
26
M.P.: Natalia Ángel Cabo.
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a la relevancia constitucional, la parte interesada en el escrito de tutela,
(1) invoque la vulneración de derechos fundamentales, (2) exponga los
motivos por los cuales considera la sentencia atacada está vulnerando
tales derechos fundamentales, y (3) compruebe que la transgresión
suponga un atentado contra el núcleo esencial de los derechos invocados,
requisitos que exigen del juez de tutela un examen de los motivos
aducidos por la parte actora para afirmar que hay amenaza o vulneración
de un derecho fundamental, comparadas con el núcleo esencial del
mismo.
Ello porque si, en efecto, la vulneración del derecho acontece en lo que
se denomina su núcleo esencial, solo así es posible advertir que el caso
reviste la relevancia o trascendencia necesaria para permitir que, por vía
de este mecanismo, se logre exceptuar en un juicio constitucional el
principio de cosa juzgada que orienta todo el andamiaje institucional en
el que se funda nuestro sistema jurídico. Con este propósito, el juez no
podrá limitarse a convalidar el requisito de la relevancia constitucional con
la sola mención de un derecho fundamental, pues deberá evaluar si, de
acuerdo con los argumentos expresados en el escrito correspondiente,
hay amenaza o violación efectiva del mismo.
El núcleo esencial de un derecho fundamental ha sido entendido por la
jurisprudencia de la Corte Constitucional como “el ámbito intangible del
derecho cuyo respeto se impone a las autoridades y a los particulares”27
y ha explicado que el núcleo esencial es “esa parte del derecho que lo
identifica, que permite diferenciarlo de otros y que otorga un necesario
grado de inmunidad respecto de la intervención de las autoridades
públicas. En sentido negativo debe entenderse el núcleo esencial de un
derecho fundamental como aquel sin el cual un derecho deja de ser lo que
es o lo convierte en otro derecho diferente o lo que caracteriza o tipifica
al derecho fundamental y sin lo cual se le quita su esencia fundamental”28.
27
Corte Constitucional. Sentencia T – 426 del 24 de junio de 1992. M.P.: Eduardo
Cifuentes Muñoz.
28
Corte Constitucional, sentencia C-756 de 2008.
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Por ello, la Sala examinará el contenido o el núcleo esencial de los
derechos fundamentales invocados por el accionante, dado que, de
advertirse su afectación prima facie en la faceta constitucional, se
desprendería que el asunto es de naturaleza constitucional, en la medida
que compromete o involucra el contenido, alcance o goce de un derecho
fundamental.
En el asunto bajo examen, la parte actora señaló que el auto controvertido
vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad,
seguridad social y mínimo vital.
-) Frente al derecho fundamental al debido proceso:
Al respecto, lo primero que la Sala precisa es que, bajo los lineamientos
jurisprudenciales expuestos por la Sala Plena de la Corte Constitucional
en las sentencias SU 573 de 2019, SU 128 de 2021 y SU 103 de 2022, se
tiene que no está acreditada la exigencia de la relevancia constitucional
cuando la parte actora se limita a invocar la vulneración del derecho
fundamental al debido proceso, sin justificar las razones por las cuales
estima que la providencia atacada lo afectó, sino que, en criterio de la
Corte Constitucional, “se exige demostrar, de manera razonable, una
restricción desproporcionada sobre alguno(s) de sus elementos
[contenido o núcleo esencial]”29; esto es, que el interesado alegue la
vulneración del derecho al debido proceso en su faceta constitucional o,
dicho de otra manera, que identifique dentro del núcleo esencial cuál de
las garantías que los componen resultan comprometidas con ocasión de
la sentencia controvertida en la acción de tutela.
La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que el núcleo
esencial, o el contenido, del debido proceso está integrado por las
siguientes garantías mínimas30:
29
Corte Constitucional. SU 103 del 17 de marzo de 2022. M.P: Alejandro Linares Cantillo.
30
Corte Constitucional, Sentencia C- 341 de 2014.
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“(…) La jurisprudencia constitucional ha definido el derecho al debido
proceso como el “(…) conjunto de garantías previstas en el
ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección
del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para
que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la
aplicación correcta de la justicia. Hacen parte de las garantías del
debido proceso:
(i) el derecho a la jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al
libre e igualitario acceso a los jueces y autoridades administrativas,
a obtener decisiones motivadas, a impugnar las decisiones ante
autoridades de jerarquía superior, y al cumplimiento de lo decidido
en el fallo;
(ii) el derecho al juez natural, identificado como el funcionario con
capacidad o aptitud legal para ejercer jurisdicción en determinado
proceso o actuación, de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la
calidad de las personas y la división del trabajo establecida por la
Constitución y la ley;
(iii) el derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los
medios legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión
favorable. De este derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los
medios adecuados para la preparación de la defensa; los derechos a
la asistencia de un abogado cuando sea necesario, a la igualdad ante
la ley procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas las demás
personas que intervienen en el proceso;
(iv) el derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un
tiempo razonable, lo cual exige que el proceso o la actuación no se
vea sometido a dilaciones injustificadas o inexplicables;
(v) el derecho a la independencia del juez, que solo es efectivo
cuando los servidores públicos a los cuales confía la Constitución la
tarea de administrar justicia, ejercen funciones separadas de
aquellas atribuidas al ejecutivo y al legislativo y
(vi) el derecho a la independencia e imparcialidad del juez o
funcionario, quienes siempre deberán decidir con fundamento en los
hechos, conforme a los imperativos del orden jurídico, sin designios
anticipados ni prevenciones, presiones o influencias ilícitas (…)”.
La Sala considera que el requisito de relevancia constitucional no está
satisfecho frente al derecho fundamental al debido proceso, toda vez que
la parte actora no cumplió con la exigencia de explicar, en modo alguno,
los motivos por los cuales el auto atacado vulnera la faceta constitucional
de este derecho y, además, lo señalado en el escrito de tutela no permite
evidenciar prima facie que la providencia controvertida afecte el contenido
del derecho al debido proceso.
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-) Frente al derecho fundamental a la igualdad:
Este derecho podría resultar comprometido cuando las autoridades
judiciales profieren decisiones sin tener en cuenta el precedente. En este
caso, la parte interesada se limitó a citar la sentencia del 19 de enero de
2016 proferida por el Consejo de Estado en el expediente 4520-201531,
la sentencia C-133 de 1993 emitida por la Corte Constitucional y las
sentencias del 9 de marzo de 201032 y del 26 de abril de 201733 proferidas
por la Corte Suprema de Justicia.
En lo relativo a la sentencia del 19 de enero de 2016 proferida por el
Consejo de Estado en el expediente 4520-201534, se advierte que la parte
actora no cumplió con la carga de identificar cuál fue la regla
jurisprudencial que estima era aplicable, lo que implica señalar cuál fue
el problema jurídico resuelto en uno y otro caso, así como demostrar la
identidad entre las pretensiones, los hechos y los fundamentos de
derecho.
Frente a la sentencia C-133 de 1993 emitida por la Corte Constitucional,
la Sala ha dicho en reiteradas oportunidades que 35 “(…) en razón a la
naturaleza de la acción pública de inconstitucionalidad, cuya finalidad es
garantizar la integridad y la supremacía del orden constitucional objetivo,
la defensa de los derechos subjetivos es una consecuencia derivada de su
ejercicio, pero no constituye su fin directo; en ese sentido, tales
providencias no pueden considerarse como precedente judicial en la
solución de un caso particular; ello sin perjuicio de su alcance
interpretativo que es de obligatoria observancia para los administradores
de justicia al resolver los casos concretos (…)”.
31
C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
32
Proferida dentro del expediente con radicado nro. 34299.
33
Proferida dentro del expediente con radicado nro. SL6116-2017
34
C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
35
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia
del 16 de agosto de 2018. M.P. Oswaldo Giraldo López. Expediente radicación nro.
11001-03-15-000-2018-01366-01.
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En cuanto a las sentencias de la Corte Suprema de Justicia citadas por la
parte, la Sala ha sostenido que no constituyen precedente, en la medida
que no son vinculantes para la jurisdicción de lo contencioso
administrativo36.
Por lo anotado, la Sala considera que prima facie el auto censurado no
compromete el derecho fundamental a la igualdad, toda vez que, la parte
actora no identificó cuál era la regla jurisprudencial que era aplicable a
este caso, y respecto de las providencias proferidas por la Corte
Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, se tiene que no constituyen
precedente por lo señalado.
-) Frente al derecho fundamental al mínimo vital:
La jurisprudencia constitucional ha indicado que le corresponde al
accionante demostrar la vulneración del mínimo vital, señalando qué
necesidades básicas están siendo insatisfechas, pues “no sólo basta hacer
una afirmación llana respecto de la afectación del mínimo vital, sino que
dicha aseveración debe venir acompañada de pruebas fehacientes y
contundentes de tal afectación, que le permitan al juez de tutela tener la
certeza de tal situación”37.
Asimismo, la Corte Constitucional ha sostenido que para establecer si
frente a un determinado caso se ha vulnerado este derecho fundamental
“(…) el juez constitucional deberá verificar cuáles son aquellas
necesidades básicas o gastos mínimos elementales en cabeza del
individuo, indispensables para garantizar la salvaguarda de su derecho
fundamental a la vida digna, y evaluar si la persona está en capacidad de
satisfacerlos por sí mismo, o por medio de sus familiares (…)”38.
36
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia
del 18 de junio de 2021. M.P. Hernando Sánchez Sánchez. Expediente radicación nro.
11001-03-15-000-2021-02797-00.
37
Corte Constitucional. Sentencia T – 237 del 26 de febrero de 2001. M.P.: Rodrigo
Escobar Gil.
38
Corte Constitucional. Sentencia T-678 del 16 de noviembre de 2017. M.P. Carlos
Bernal Pulido.
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En el asunto bajo examen, se advierte que el señor Ramón Elías López
Barreto no acreditó con prueba alguna la afectación de su derecho
fundamental al mínimo vital, por lo que frente a este derecho tampoco
está superado el requisito de relevancia constitucional.
-) Frente al derecho fundamental a la seguridad social:
En cuanto al concepto de la seguridad social, la Corte Constitucional ha
sostenido que hace referencia a la totalidad de las medidas que propenden
por el bienestar de la población en lo relacionado con la protección y
cobertura de unas necesidades que han sido socialmente reconocidas39,
y ha explicado que según el Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales “(…) el derecho a la seguridad social incluye el derecho a
obtener y mantener prestaciones sociales, ya sea en efectivo o en especie,
sin discriminación, con el fin de obtener protección, en particular
contra: a) la falta de ingresos procedentes del trabajo debido a
enfermedad, invalidez, maternidad, accidente laboral, vejez o muerte de
un familiar; b) gastos excesivos de atención de salud; c) apoyo familiar
insuficiente, en particular para los hijos y los familiares a cargo (…)”40.
En el caso concreto, se tiene que mediante el auto atacado el Tribunal
Administrativo de Valle del Cauca decidió decretar la suspensión
provisional de la Resolución nro. SUB 185209 del 6 de agosto de 2021,
por la que Colpensiones le reconoció la pensión de vejez al señor Ramón
Elías López Barreto; no obstante, supeditó la suspensión del acto a que
se acreditara en el proceso que está percibiendo la pensión convencional
reconocida por el municipio de Palmira, de lo contrario, indicó que
Colpensiones debía continuar pagando al demandado la mesada pensional
hasta tanto se defina de fondo el caso, en la sentencia que ponga fin al
proceso.
39
Corte Constitucional. Sentencia T-043 del 5 de febrero de 2019. M.P. Alberto Rojas
Ríos.
40
Ibidem.
19
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De ese modo, la Sala advierte que, en los términos en los que fue
proferido el auto atacado, la decisión adoptada no compromete prima
facie el derecho fundamental a la seguridad social, por cuanto en la parte
resolutiva se indicó que “(…) LA SUSPENSIÓN DEL ACTO ESTARÁ
SUPEDITADA a que se acredite en el proceso que el señor RAMON ELIAS
LOPEZ BARRETO está percibiendo la pensión convencional reconocida por
el Municipio de Palmira, de lo contrario, COLPENSIONES DEBERÁ
continuar pagando al demandado la mesada pensional hasta tanto se
defina de fondo el caso, en la sentencia que ponga fin al proceso (…)”.
En ese sentido, si el contenido del derecho a la seguridad social implica la
protección de unos riesgos, entre ellos, la falta de ingresos procedentes
de un trabajo debido a la vejez, la decisión del auto censurado procura
proteger al aquí accionante de dicho riesgo, al resolver que la suspensión
del pago de la pensión por parte de Colpensiones solo será procedente si
se acredita que está percibiendo la pensión convencional reconocida por
el municipio de Palmira. Es decir que el riesgo que protege la seguridad
social no quedó desprotegido, lo que implica que no se advierta prima
facie que este derecho resulte comprometido con la providencia atacada.
Por lo anotado, y sin ser necesario descender en otras consideraciones, la
Sala declarará improcedente la acción de tutela por cuanto no cumple con
el requisito general de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada
por el señor Ramón Elías López Barreto, según lo expuesto en la parte
considerativa de esta sentencia.
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SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria
de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los
términos señalados por la ley.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado
Aclara voto
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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